Narcoalcalde

LUNES 27 DE FEBRERO DE 2012

LA POLÍTICA 3

unomásuno

Julián Ricalde Magaña

*Pruebas de que edil de Cancún, recibió 60 mdp de los Beltrán Leyva *Denuncia ciudadana muestra cómo el crimen compra la impunidad política *En diversos estados, gobernadores y alcaldes otorgan protección al hampa JAVIER CALDERÓN, ALEJANDRO ÁBREGO GONZÁLEZ, ROBERTO MELÉNDEZ INVESTIGACIÓN

L

a advertencia lanzada por el Presidente Felipe Calderón el 7 de diciembre del año pasado de que la narcopolítica está convertida en real amenaza para la democracia y los mexicanos en el proceso electoral del 2012, cobró vigencia ante una denuncia ciudadana llegada a la redacción de unomásuno, que prueba que las mafias se han enquistado en el poder público en el estado de Quintana Roo. Julián Javier Ricalde Magaña, actual alcalde del municipio de Benito Juárez (Cancún) emanado de las siglas del PAN-PRD-PT-CONVERGENCIA (¡Gran coalición!), recibió el 15 de mayo del 2010 ¡60 millones de pesos! del Cártel de los hermanos Beltrán Leyva, para garantizar su triunfo electoral y la asunción al poder en el ayuntamiento politicamente más codiciado del estado de Quintana Roo. Ese 7 de diciembre

Felipe Calderón Hinojosa, llamó a la sociedad, a los partidos y a los medios de comunicación, a “levantar la voz para frenar la intención del crimen organizado” de apoderarse de la democracia mexicana.

“Tenemos que obligar a que el pueblo de México no deje avanzar más la sombra del crimen organizado sobre la vida pública y menos sobre la vida política y electoral del país. Todo el que tenga voz en el partido, en el Congreso, en el Senado, en los congresos locales, en las dirigencias estatales, en los medios, todo el que tenga voz tiene que alzarla para parar esta amenaza”, expresó.

Hoy esa advertencia se convierte en cruda realidad no sólo por las averiguaciones en proceso contra tres ex gobernadores del PRI de Tamaulipas; los escándalos que han

Julián Javier Ricalde Magaña, en el cual se compromete a pagar a la orden de Héctor Beltrán Leyva, 60 millones de pesos ¡Imagínese!

Deuda criminal por campaña política Lo oscuro detrás del pagaré firmado por el político de la “Gran Alianza”, Julián Javier Ricalde Magaña, el 15 de mayo del 2010, es evidente, pues en el mismo no se especificó para qué serían utilizados esos 60 millones de pesos, sólo establece que la millonaria cantidad deberá pagarse a

Julián Ricalde Magaña

en l a sede nacional del P A N , durante el homenaje póstumo al secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora y otros funcionarios fallecidos en trágico accidente aéreo, el Jefe del Ejecutivo Federal,

quedado en eso, de políticos de casi todas las siglas partidistas relacionados con diferentes cárteles de la droga, sino por la denuncia presentada en esta redacción, en la cual obra copia del pagaré signado por el hoy presidente municipal de Benito Juárez (Cancún),

Héctor Beltrán Leyva, el 30 de septiembre de 2011, de lo contrario, causará intereses del 10 por ciento mensual a partir de esa fecha.

Unomásuno no podía aceptar la denuncia tan simplemente y por esa razón se requirió de un documento en el cual pudiese un especialista verificar la autenticidad de la firma ahí estampada.

Por ello, para verificar la autenticidad de la firma de Julián Javier Ricalde Magaña, se cotejó con la de la copia de la credencial de elector que presentó durante la entrega del dinero

que se realizó en el domicilio ubicado en Retorno Guanábana, Manzana 14, lote 18 C 7, en la población de Cancún, Quintana Roo, es decir como única garantía exigida por el clan de los Beltrán Leyva, quedó el “poder de la firma” del político.

Aunque en el pagaré, que por cierto no marca pagos mensuales, sino su total liquidación el 30 de septiembre de 2011, es decir 5 meses después de que Ricalde Magaña tomó posesión del Ayuntamiento de Benito Juárez, no ha cumplido con el pago de 60 millones de pesos que recibió de parte de un grupo del crimen organizado para financiar su campaña y garantizar el triunfo electoral.

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Julián Rica

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La derrama de esos 60 millones de pesos en la campaña electoral del perredista, hoy presidente municipal del Ayuntamiento de Benito Juárez, demuestra que ese dinero sucio, producto de las utilidades de las actividades criminales de los Beltrán Leyva, fue “lavado” en actividades de proselitismo político, hecho como en otros que ya son públicos, demuestra tal y como lo advirtiera en diciembre pasado el Presidente de la República, que la narcopolítica, está presente en el país.

Ante ello, en la denuncia ciudadana, recibida en esta Casa Editorial, se dicen temerosos de que el paradisiaco Cancún, se entregue como “pago” a las actividades criminales del Cártel de los Beltrán Leyva, que podrían gozar de la protección de las autoridades locales para extender su red de venta y tráfico de drogas, otras como el secuestro, la extorsión, por lo que adelantaron que solicitarán el apoyo del Gobierno Federal.

impuestos para evitar las transacciones en efectivo, ha sido poco menos que imposible detectar esas “maletas de dinero”, sobre todo en las campañas políticas.

De ahí la urgencia de que la Cámara de Diputados suba en estos días al pleno el dictamen de la nueva Ley contra el Lavado de Dinero, atorado en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, donde se toman nuevas medidas, como la de obligar a todos los prestadores de servicios y a notarios públicos, a informar a la autoridad correspondiente de cualquier transacción financiera o compra en efectivo mayor a los 200 mil pesos.

Por ello esta Casa Editorial, en cumplimiento de su responsabilidad social, pondrá en manos de la Procuraduría General de la República, esta denuncia ciudadana, adjuntando los citados documentos, con el fin de que inicie la averiguación correspondiente ante la evidencia irrefutable de la entrega de 60 millones de pesos del crimen organizado a la campaña política del hoy presidente munici-

No se investiga el lavado de dinero De acuerdo a la denuncia ciudadana, se evidenció la ineficiencia en las investigaciones de lavado de dinero, pues ni la Unidad de Inteligencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), ni en la Procuraduría General de la República (PGR), o en el Sistema de Administración Tributaria (SAT), a pesar de los “candados”

Julián Ricalde Magaña.

pal de Quintana Roo, Julián Javier Ricalde Magaña.

De acuerdo al pagaré que se pondrá en manos de la PGR, el edil Ricalde Magaña recibió en efectivo los 60 millones de pesos para su campaña política de manos de Héctor Beltrán Leyva, hermano de Arturo, muerto después de dos horas de balazos en un enfrentamiento con el Ejército Mexicano en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, el 16 de diciembre de 2009.

Averiguaciones bien sustentadas Ante esta nueva evidencia de la infiltración del crimen organizado, ya no sólo entre candidatos y campañas políticas, sino hasta en el mismo poder público, la advertencia presidencial de diciembre pasado, debe poner en alerta no sólo a las autoridades con responsabilidad para investigar las próximas campañas electorales, tanto la federal, como en los estados que cambiarán gobernadores, ayuntamientos y congresos locales.

Lo anterior justifica no sólo la investigación que procesa la PGR contra los tres ex

Félix González Canto

gobernadores de Tamaulipas, principalmente contra Tomás Yarrington, señalado por cuatro testigos de la DEA (Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos), de haber recibido del “Cártel del Golfo” y “Los Zetas”, diversas cantidades de efectivo, de acuerdo a la acusación contra Antonio Peña Argüelles, presunto lavador de dinero y supuesto contacto entre narcotraficantes y políticos de ese estado.

Igualmente, que la advertencia lanzada en Michoacán, por el Presidente Felipe Calderón, de que el narcotráfico había metido “mano negra” en el proceso no fue con tintes electorales, sino una realidad, que como se ve, con esta nueva denuncia, es una amenaza real contra la democracia y los mexicanos, que pueden ser gobernados por criminales.

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Otros que deben ser investigados En el PRI, sobran los ejemplos cons-

Fidel Her

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alde Magaña

tatados y de presuntos como Mario Villanueva Madrid, Joaquín Hendricks y Félix González Canto en Quintana Roo; Arturo Montiel, incluso Enrique Peña Nieto, en el Estado de México; José Murat y Ulises Ruiz, en Oaxaca; Fidel Herrera Beltrán, en Veracruz; Mario Marín Torres, en Puebla, entre otros en cuyos gobiernos sentaron sus reales los cárteles del crimen organizado.

Dentro de la lista negra priísta, se cuentan los investigados por la PGR y la DEA, los ex gobernadores de Tamaulipas, Manuel Cavazos Lerma, Tomás Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández Flores, mientras por el PAN, dejaron cuentas pendientes en Morelos, Sergio Estrada Cajigal; en Jalisco, el “gober piadoso”, Emilio González Márquez, mientras que por el PRD, resuenan los escándalos de Amalia García, en

del Herrera Beltrán

Zacatecas, y Leonel Godoy Rangel, en Michoacán.

El gobierno de Arturo Montiel Rojas, considerado uno de los más corruptos en el Estado de México con la entrada del siglo XXI, derivó incluso en denuncias por enriquecimiento inexplicable, una averiguación previa por lavado de dinero en la PGR e indagaciones de la Secretaría de Hacienda y Comisión Nacional Bancaria, por cuentas en millones de dólares depositados en instituciones de Estados Unidos a su nombre y de su hijo Juan Pablo Montiel Yáñez, al igual que otras quedaron en escándalo mediático.

Sin embargo, el 6 de junio de 2007, el gobernador Enrique Peña Nieto cerró el expediente en contra de su “tío” por “no encontrar evidencias suficientes” del ilícito e inexplicable enriquecimiento de Arturo Montiel, régimen donde no sólo se registró una descarada sobrefacturación, sino una “invasión” de los cárteles de la droga que en su momento llevaron a reconocer al hoy precandidato del PRI a la Presidencia, que muchos capos habían elegido la entidad mexiquense como su lugar de residencia.

A los ex gobernadores sospechosos de vínculos con el narcotráfico, se suman Mario Marín Torres, de Puebla, conocido como el “gober precioso”, quien no sólo salió impune de su participación en una red de pederastia y turismo sexual infantil que llegaba hasta Cancún, sino que dejó una deuda en la entidad superior a los 10 mil millones de pesos.

Fidel Herrera Beltrán, ex gobernador de Veracruz, no sólo hubo evidencia del desvío de dinero a las campañas políticas en apoyo de su sucesor, sino que a últimas fechas se le ha involucrado en nexos con el crimen organizado, sobre todo luego que

a Javier Duarte se le decomisaron 25 millones de pesos en efectivo en el Aeropuerto de Toluca, al parecer destinados a la campaña de Peña Nieto, para compra de “tamales”.

El último bajo sospecha de ligas con el crimen organizado es el actual gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, no sólo por la presencia de las mafias en casinos y casas de juego, sino por los recientes hechos en el penal de Apodaca, en donde asesinaron a 44 reos para proteger la fuga de 30 sanguinarios “Zetas”, que además está confirmado, gozaban de privilegios en ese centro de reclusión.

Hasta el momento los sangrientos hechos ya costaron la “renuncia” del general Javier del Real Magallanes, quien fungía como secretario de Seguridad Pública de la entidad, y otros altos funcionarios de la administración estatal, que ameritan una investigación a fondo de las autoridades federales.

Por su parte, en el bando de ex gobernadores panistas, por las denuncias con nexos con el narcotráfico, se cuenta Sergio Estrada Cajigal, quien cobró renombre primero por inaugurar el “helicóptero del amor”, aeronave que le regaló su suegro “El Azul” Juan José Esparragosa, utilizado por el ex mandatario para satisfacer sus correrías

amorosas.

El senador perredista Graco Ramírez, denunció la relación del ex gobernador Estrada Cajigal con el narcotraficante Enrique Yepes (a) “El Jarocho”, quien dicen, asesinó por órdenes del mandatario al mafioso Benjamín “El Chino” González, por un conflicto que éste tenía con Diego Salinas, funcionario de Capufe.

Por su parte el “gober piadoso” de Jalisco, Emilio González Márquez, se hizo famoso por su desvío de recursos del Fondo de Desastres, para obras clericales o eventos televisivos. Entre ellos 67 millones a un acto juvenil de Televisa, 90 millones a la construcción del Santuario de los Mártires Cristeros, un millón para remozar la parroquia de Yahualquila, entre otros. Su gestión está marcada por su ultraderechismo confesional, nepotismo y por la reciente recuperación del territorio jalisciense por los cárteles de la droga, que se hacen de nuevo presentes con sanguinarias matanzas.

Es así como llegamos a las palabras del Presidente Felipe Calderón Hinojosa, de que la delincuencia está financiando campañas electorales o más bien son los mismos que se quieren proteger obteniendo protección en territorios de los estados y municipios del país, otros cobijados con “fuero” y con esto el pulpo del narco y delincuencia alcanza dimensiones amenazantes para la nación y el Estado de Derecho.

Tomás Yarrington