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ECONOMÍA

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Entrevista a GERARDO GUTIÉRREZ ARDOY, director general del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)

«El derecho a la formación a lo largo de toda la vida laboral tiene que formar parte del contrato social» Elisa McCausland En el 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, me gustaría comenzar por la concepción popular del empleo y la economía en este marco semántico, así como el derecho al trabajo digno entendido como derecho humano. ¿La sociedad lo percibe de esa manera o se trata de una semántica que le es ajena al empleo y la formación ligada al puesto de trabajo? En la Conferencia que tuvimos en Barcelona los pasados 19 y 20 de octubre, donde se habló de las políticas activas de empleo en relación al Año Europeo de las Competencias, una de las principales conclusiones a las que se llegó, y así lo explicitamos, es que el derecho a la formación, el derecho a la actualización de las competencias a lo largo de toda la vida laboral, tiene que formar parte del contrato social que se está renovando en Europa en estos momentos. Hablamos del contrato social que, tras la II Guerra Mundial, dio lugar en Europa al Estado del bienestar al cual se incorporaron determinados derechos humanos, como el derecho a la sanidad y a la educación. Más adelante, los derechos civiles. Es cierto que la parte de la formación, como tú has apuntado inicialmente, igual que la educación, está incorporada incluso como derecho fundamental en nuestra propia Constitución, pero la formación ligada al empleo no suele concebirse como derecho humano; no entra en esta dinámica del lenguaje. No obstante, una de las conclusiones de la Conferencia de Barcelona del pasado octubre ha sido, precisamente, incorporar dicha formación al contrato social debido a que uno de los mejores instrumentos que existen a día de hoy para luchar a favor de la igualdad es, sin duda, este tipo de formación, que permite evitar que las clases medias —o lo que se ha conocido hasta ahora como clases medias— se terminen desligando del mercado de trabajo. Has citado el Año Europeo de las Competencias, iniciativa de la Unión Europea (UE) que tiene como objetivo promover y mejorar las competencias y habilidades de los ciudadanos en toda Europa. ¿Qué balance hacéis desde el SEPE de lo llevado a cabo hasta el momento, y que ha tenido una especial presencia durante el semestre de la Presidencia española del Consejo de la UE? Hacemos un balance positivo. Nos quedan casi seis meses por delante, pues se trata de una campaña que acaba el próximo mayo de 2024. Recientemente nos hemos dado cita en Canarias para celebrar el Consejo de Administración de la Red de Servicios Públicos de Empleo Europeos, y los directores generales de los veintisiete servicios públicos de empleo a nivel europeo, más Noruega, hemos tenido muy en cuenta el Año Europeo de las Competencias, y hemos 22 g Profesiones

hecho balance. Porque, no han sido solamente las administraciones públicas las que han estado impulsando esta iniciativa, sino también distintas instituciones privadas, entidades sin ánimo de lucro, como la Fundación Laboral de la Construcción. Tenemos, además, un espacio web donde se van sumando todos los eventos relacionados, así como los avances que se han ido dando en el ámbito de las competencias. Es voluminoso y ha ido calando en la sociedad. Pero, reitero, tenemos todavía cinco meses para seguir trabajando. La formación continua es un pilar esencial de las profesiones colegiadas; profesiones ejercidas, además, por una clase media a la que has hecho alusión previamente. Preguntarte por la sensibilidad del SEPE en lo referido a sus necesidades formativas y cómo se puede trabajar desde los Consejos Generales y Colegios Profesionales para mejorar sus condiciones laborales. El pasado septiembre, en el marco de la jornada organizada por Unión Profesional a la que fui invitado, se puso de manifiesto la importancia y el peso específico que tienen los profesionales colegiados en nuestra sociedad. Efectivamente, una gran parte de esa clase media de la que hemos hablado en el inicio de la entrevista está ligada al ejercicio profesional, por lo que se ha de hacer especial hincapié en este ámbito para mantener las competencias que les son propias, así como estimular la certificación de dichas competencias. Otra de las conclusiones de la Conferencia de Barcelona fue que, más allá de que las personas tengan unas determinadas competencias, hace falta concretar en algún documento la acreditación de las mismas. Se está haciendo un trabajo especialmente intenso en este momento, también con la Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional, abundando en todo lo que tiene que ver con la evaluación y acreditación de competencias, y esto, en el marco de las profesiones colegiadas, creo que puede ser muy importante. Uno de los proyectos que estamos llevando a cabo en estos últimos meses tiene que ver con una convocatoria de microcréditos, y que ha interesado al Consejo de Ingenieros Técnicos Industriales (COGITI), para garantizar las muchas competencias que han de tener estos profesionales. Que miles de profesionales puedan tener la posibilidad de acceder a la formación y que luego exista una acreditación de las competencias adquiridas es algo en lo que tenemos que avanzar. Creo que se trata de uno de los valores añadidos que, entiendo, alberga una entidad como Unión Profesional: aglutinar los intereses de las profesiones colegiadas con el objeto de construir y compartir entre las distintas profesiones. Veo un importante camino ahí para avanzar juntos, y creo que tenemos una buena base para hacerlo.

nº 206 g noviembre-diciembre 2023


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