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Especial
La gestión de emergencias desde la óptica profesional
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Emiliana Vicente González Presidenta del Consejo General del Trabajo Social
SOCIAL
Las catástrofes, bien sean naturales (inundaciones, sequías, terremotos, aludes, o las pandemias) o de origen antrópico (guerras, accidentes, incendios y acciones terroristas, entre otras), son situaciones generadoras de emergencia. Ninguna de ellas es nueva, pero nunca la población ha estado tan expuesta a ellas como ahora. Existe por ello una creciente preocupación por enfrentar este tipo de sucesos, que se presentan de un modo imprevisto y repentino, que produce un elevado número de víctimas a corto plazo. Las situaciones de emergencia son múltiples y heterogéneas, pero no lo son menos las necesidades que generan y los recursos de todo tipo precisos para una respuesta eficaz. A esto se añaden las emergencias sociales individuales que se producen continuamente en la cotidianidad y que en numerosas ocasiones no son detectadas por los sistemas tradicionales de protección como son personas mayores en soledad, mujeres en situación de maltrato, etc. Además de los sistemas públicos de protección civil y de seguridad, los distintos sistemas de protección social cobran también un papel primordial. Tal y como se determina en el Plan Estatal, los Planes Territoriales y la legislación específica, las profesionales que en ellos trabajan (normalmente en los grupos de acción social o logísticos) deben estar preparadas, capacitadas y formadas para articular respuestas rápidas frente a las problemáticas sociales y necesidades de las personas afectadas con ayuda de su cartera de recursos y prestaciones, o incluso generando nuevos. Las estructuras colegiales también pueden contribuir y apoyar en una emergencia con efectivos, sobre todo en momentos de mayor crisis. Es una oportunidad para que los colegios profesionales realicen acciones en esta área profesional a través de la responsabilidad social corporativa con la sociedad, la visibilidad de la profesionalidad de sus colegiadas en este tipo de situaciones, y el fomento de la formación e investigación.
Vicente Gambau i Pinasa Presidente del Consejo General de la Educación Física y Deportiva La vorágine de acontecimientos que hemos vivido en los últimos años han dado cuenta de lo importante que es estar preparados. Las acciones de anticipación y prevención son claves para evitar el caos, las actuaciones sin base científica o las situaciones que, sin las precauciones necesarias, vulneren los derechos de las personas. Esa anticipación y prevención parte de una base muy clara: el conocimiento y la experiencia especializada. Son las y los profesionales altamente cualificados los que pueden ofrecer soluciones a hipótesis que todavía no se han dado. Pero, sin lugar a dudas, lo que nos han mostrado estos tiempos oscuros es que cooperar y colaborar son dos verbos necesarios. Por eso, ante las emergencias, no solo se ha de contar con profesionales colegiadas y colegiados, y todo lo que ello conlleva, sino también con equipos inter y multidisciplinares con la visión complementaria de las diferentes profesiones.
Lourdes Menacho Vega Presidenta del Consejo General de Colegios de Educadoras y Educadores Sociales Las profesiones liberales, especialmente las del ámbito socioeducativo y sanitario, que intervenimos directamente con las personas, hemos afrontado las crisis y situaciones de emergencia creciendo ante la adversidad, aportando nuestra experiencia, acompañamiento, compromiso y resiliencia en los momentos más difíciles. La Educación Social forma parte del grupo de profesionales que están presentes en todas las situaciones críticas y proporcionan servicios esenciales a los colectivos más vulnerables. Hemos constatado la necesidad de crear una comunidad que reconozca el valor del trabajo en red, encaminado a mejorar la atención desde las profesiones, sin jerarquías ni privilegios establecidos en los servicios prestados, en la que sigamos demostrando empatía, solidaridad y reconocimiento. La ética y la profesionalidad se hacen indispensables en el orden actual, y en el futuro, para garantizar intervenciones de calidad en la resolución y gestión de conflictos y en la atención a las personas. nº 198 g julio-agosto 2022
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