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Las medidas fiscales y financieras ante la crisis del coronavirus Gloria Lalanda Directora de Publicaciones Fiscal, Financiero, Contables La crisis sanitaria provocada por la epidemia de coronavirus ha desatado en España un despliegue sin precedentes de disposiciones legales dictadas con la finalidad de paliar, compensar y mitigar los daños colaterales ocasionados por el confinamiento de la ciudadanía, la hibernación de la actividad económica y la práctica paralización de las administraciones públicas. Medidas que ha sido necesario adoptar para detener la propagación de los contagios entre la población, a falta de la existencia de una vacuna o de un tratamiento efectivo de cura. Hasta trece reales decretos leyes (del RD-ley 6/2020 al RD-ley 18/2020) han sido promulgados en el escaso periodo de sesenta días, a los que hay que sumar un sinfín de órdenes ministeriales y resoluciones aprobadas por la Administración central del Estado. No obstante, y como es lógico, las de mayor calado han sido las adoptadas por el Gobierno al amparo del Estado de Alarma, activado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
Respecto a las medidas tributarias, se habilitado el aplazamiento durante seis meses del ingreso de las deudas tributarias que se encontraran en período voluntario o ejecutivo correspondiente a todas aquellas declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones cuyo plazo de presentación e ingreso hubiera finalizado a partir del 13 de marzo. Otra de las medidas, muy demandas por los profesionales tributarios, ha sido el aplazamiento hasta el 20 de mayo de las declaraciones trimestrales de IVA y los pagos fraccionados de IRPF y el Impuesto sobre Sociedades del primer trimestre del año, así como las facilidades de cambio entre el régimen de módulos y el de estimación directa. En cuanto a las medidas de carácter financiero, entre otras, se ha dispuesto una línea de financiación específica a través del Instituto de Crédito Oficial para atender las necesidades de liquidez de las empresas y trabajadores autónomos, así como de las actividades relacionadas que se estén viendo afectadas por la actual situación y se ha permitido que las empresas que han recibido préstamos de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa puedan aplazar su reembolso.
Unión Profesional contribuye a la consulta de la CEOE con medidas de apoyo para las profesiones Dentro del plan de acción que Unión Profesional está llevando a cabo en diferentes frentes de carácter técnico y político para afrontar la crisis de salud pública y la crisis socioeconómica a tal efecto, uno de los pilares fundamentales es la economía. Concretamente, aquello que tenga que ver con apoyar el desempeño de los y las profesionales, así como el funcionamiento adecuado de las corporaciones colegiales. Una consulta ambiciosa Entre las acciones, se encuentra la contribución a la consulta que lanzó la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), culminada a finales de mayo, y que reflejaría finalmente el documento Estrategia España para la recuperación de la crisis del COVID-19. El objetivo es «identificar un conjunto de medidas destinadas a la recuperación de la economía española tras la crisis que ha provocado la emergencia sanitaria» y cuyo alcance es ambicioso. Como bien se apunta, se trata de que el Gobierno, el tejido empresarial y la sociedad puedan ser capaces de ofrecer una respuesta eficaz. Para ello, las medidas tienen un enfoque defensivo destinado a paliar los riesgos existentes, y proactivo para detectar palancas de desarrollo y que el relanzamiento socioeconómico se produzca de forma deseable. Profesiones, determinantes para la sociedad En la consulta, donde han participado otros sectores como la cons22 g Profesiones
trucción, la industria, el turismo o la energía, se consideró particularmente de interés reflejar la relevancia e influencia determinante y estratégica de las profesiones colegiadas en el desempeño del país. Un sector dentro del terciario, el de las profesiones, que supera el 11% del Valor Añadido Bruto de la economía española, el 13% de la ocupación directa junto con un 8% de empleo indirecto e inducido, además de casi el 20% del tejido empresarial. Esencialmente, microempresas en forma de despachos, estudios, clínicas, locales, etc. Además, cuenta con medio millón de autónomos, entre los cuales, 180.000 son mutualistas alternativos. Un balance cuyo funcionamiento solo es eficiente y cuenta con la certidumbre necesaria que demandan los agentes socioeconómicos gracias al sistema de profesiones colegiadas articulado por las corporaciones colegiales. Sobre la contribución Respecto a la contribución de UP, integrada en los capítulos pertinentes del documento de la CEOE, tanto para el ejercicio profesional, como para las corporaciones colegiales se puede destacar la propuesta de líneas de crédito y préstamos específicas, sectorializar el análisis de riesgos, mayor coordinación entre el Instituto de Crédito Oficial (ICO), las corporaciones colegiales y las entidades bancarias, articular un beneficio fiscal por mantenimiento o creación de empleo, reforzar el marco profesional, o el fomento del Desarrollo Profesional Continuo (DPC). nº 185 g mayo-junio 2020