ECONOMÍA ECONOMIA
a
Los Actuarios ante el reto de las pensiones públicas Gregorio Gil de Rozas Presidente del Instituto de Actuarios Españoles El Instituto de Actuarios Españoles ha presentado un Informe sobre la situación de la Seguridad Social española. Ha sido el primer informe que como profesión hemos realizado, fruto del trabajo de grandes expertos nacionales en la materia, y en el que hemos tenido en consideración las mejores prácticas internacionales. En el exhaustivo documento Informe sobre la Seguridad Social española: situación actual y perspectivas futuras se revisan todos los indicadores actuales de nuestro sistema de pensiones, así como sus proyecciones a corto, medio y largo plazo. Cierto es que la sucesión de informes sobre la situación de la Seguridad Social española es continua. Todos hacen referencia a la necesidad de llevar a cabo reformas estructurales para afrontar los problemas a los que se enfrenta el denominado Pilar 1 de la previsión social, las pensiones públicas. Reformas que en algunos casos se llegaron a aprobar, pero que como consecuencia de la visión de corto plazo que preside con tanta frecuencia la agenda política española, se encuentran suspendidas. Necesidad de reformas Nosotros también reivindicamos la necesidad de reformas. ¿Por qué? Porque el sistema público de pensiones tiene problemas. Y varios. Uno de ellos es la falta de equidad. Las aportaciones realizadas al sistema y las prestaciones pagadas por los cotizantes, no guardan relación. Tampoco mantiene la equidad intrageneracional. Se penaliza a los que se jubilan antes de la edad ordinaria, y se bonifica ligeramente a quienes prolongan su actividad después de aquella. Y como no se tiene en cuenta la esperanza de vida, se beneficia a quienes se jubilan en la actualidad. En 2013 se aprobó la aplicación de un Factor de Sostenibilidad, que venía a iniciar el camino hacia la relación entre las cotizaciones y la jubilación vinculada a la esperanza de vida. En la actualidad, la esperanza de vida a los 65 años es de más de 20 años, cuando hace unas décadas esa cifra era inferior a 15 años. Se ha suspendido esta medida, aunque los más optimistas apelan a que no ha sido derogada y podría volver a ponerse en vigor. El saldo financiero es un buen indicador de la salud de nuestro sistema de pensiones. En la actualidad, el saldo contributivo, aquel que mide la diferencia entre ingresos y gastos contributivos desde un enfoque de caja, está en situación de déficit, de unos 20.000 millones de euros en 2019, lo que supone el 1,6% del PIB. 8 de cada 10 euros del déficit de las Administraciones Públicas provienen del sistema de pensiones. Grecia y Portugal tuvieron que recortar el gasto para reducir el déficit público, a instancias de la Unión Europea, y la vía elegida por ambos gobiernos fue reducir las pensio24 g Profesiones
nes, por ser una medida que se puede aplicar con carácter inmediato. Se ha pasado en 12 años de tener un superávit en 2007 de 18.000 millones de euros, a tener un déficit esperado en 2019 de 20.000 millones de euros. La crisis económica es uno de los elementos que justifican esta diferencia en estos años. Pero no es la única. Existe un problema estructural que surge por el déficit actuarial que se arrastra desde mucho antes. Sostenibilidad actuarial La sostenibilidad actuarial se mide poniendo en relación lo aportado como cotizaciones sociales respecto a lo que se recibe en forma de pensión. Hasta 2011, por cada euro que se aportaba al sistema, éste devolvía 1,44 euros. Este valor pasó a ser 1,28 con las reformas que se aprobaron aquel año, que consistieron principalmente en incrementar la edad de jubilación, los años de cotización, y el periodo de cálculo de la pensión. Como sostenemos en nuestro informe, hasta que no ha aflorado el déficit financiero, no se ha dado a conocer el déficit actuarial, pese a los esfuerzos que numerosos actuarios e investigadores venían anunciando. El futuro no parece que vaya a ser positivo para las pensiones. Las proyecciones prevén, de aplicarse la revalorización conforme al IPC, un déficit contributivo de casi un 5% del PIB en 2050. Y no hay indicios de que, a diferencia de lo que está llevando a cabo Macron en Francia, se vaya a tratar de corregir el déficit actuarial ni estructural del sistema. Propuesta de soluciones Pero hay soluciones. Nuestra misión nos obliga a poner encima de la mesa la necesidad de reformar el sistema en profundidad, para eliminar los desequilibrios que los que padece. Es necesaria una mayor transparencia respecto a lo cotizado y a las expectativas. También que exista una autoridad independiente que informe de la situación financiera y actuarial de la Seguridad Social, y del impacto de las medidas que se pretendan implantar. Y finalmente, recomendamos incorporar automatismos para paliar los problemas estructurales, como se realizó en 2011. El Instituto de Actuarios Españoles, como Sociedad Civil y Corporación de Derecho Público que aglutina la profesión de Actuario, está a disposición de los poderes ejecutivo y legislativo para contribuir a resolver un problema que dejamos en herencia a quienes vienen detrás, y para hacer efectivo el Artículo 50 de la Constitución Española: “Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad”. nº 182 g noviembre-diciembre 2019