Policy paper Ley 1990 de 2019

Pérdidas y desperdicios de alimentos en Colombia Análisis de la ley 1990 de 2019

Juan David Verano Celis Política pública y seguridad alimentaria y nutricional Universidad Nacional de Colombia

POLICY PAPER RESUMEN El presente documento presenta una revisión teórica de las pérdidas y desperdicios de alimentos, su comportamiento, causas, consecuencias y dimensiones, tanto a nivel mundial como a nivel regional, nacional y departamental. Se presenta la situación del país de acuerdo con organismos internacionales, y por revisión de estudios previos realizados por entidades como la DNP, el MSPS y FENALCO, haciendo así un diagnóstico del fenómeno.

Colombia ha mostrado un compromiso frente a la situación mundial y nacional, por lo que después del compromiso con los ODS ha formulado la ley 1990 de 2019 que objeta la creación de una política nacional integral contra las pérdidas y desperdicios de alimento, estableciendo sus objetivos y medidas. La ley, en su fase inicial de implementación, es objeto de análisis en este documento que presenta los resultados obtenidos de las categorías: objetivos, actores y medidas, además de identificar los vacíos estructurales, conceptuales y técnicos de esta. La política presenta fortalezas como el compromiso con los ODS, pero a su vez presenta debilidades como no contar con un financiamiento que imposibilita una implementación adecuada.

Igualmente, se presenta una experiencia internacional de política pública que puede servir de referente para la formulación de la política nacional integral contra las pérdidas y desperdicios de alimentos. De esta manera, luego de una revisión teórico, un diagnóstico de la situación, el reconocimiento de una

Ig experiencia referente y el análisis de la ley 1990 de 2019, se presentan unas recomendaciones de implementación para la normatividad del tema en Colombia, todo lo anterior con el fin de aportar un insumo para la formulación de la política pública nacional que actualmente se encuentra en construcción.

INTRODUCCIÓN Las pérdidas y desperdicios de alimentos se han definido como la merma que existe en todas las etapas de la cadena de suministro de alimentos, desde la producción inicial hasta su consumo final (FAO, +2015). La disminución de estás pérdidas y desperdicios se ha convertido en un reto a nivel mundial que se cuantifica en los Objetivos de Desarrollo Sostenible donde uno de los compromisos establece la meta 12.3 “De aquí a 2030, reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per cápita mundial en la venta al por menor y a nivel de los consumidores y reducir las pérdidas de alimentos en las cadenas de producción y suministro, incluidas las pérdidas osteriores a la cosecha” (ONU, 2015).

Fotografía tomada de: canva.com

Aproximadamente un tercio de los alimentos a nivel mundial se pierden o se desperdician, mientras que el hambre en el mundo está en aumento, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en 2019 el número de personas que padecen hambre alcanzó los 820 millones. Las pérdidas y desperdicios de alimentos atentan contra todas las escalas del derecho humano a la alimentación adecuada y a la seguridad alimentaria y nutricional en todas sus dimensiones.

Actualmente existen diversas razones por las que se pierden o desperdician alimentos, algunas que no son de responsabilidad directa de las personas que intervienen en la cadena de suministro de alimentos como las condiciones climáticas y las plagas que atacan cultivos, sin embargo, la mayoría de razones están relacionadas con las personas, es decir que son responsabilidad de la humanidad, entre estas se pueden identificar los hábitos de consumo, los malos canales de distribución y canales de de mercado, las decisiones de producción, deficiencias en infraestructura y tecnología y la falta de coordinación entre los diversos sectores que intervienen en las diferentes etapas: producción, transporte, procesamiento, venta y consumo.

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Teniendo en cuenta lo anterior, es fundamental que las naciones cuenten con políticas públicas que reconozcan la realidad de la problemática en su territorio indagando así por un diagnóstico de las razones y que permitan proponer estrategias y medidas que abarquen a todos los actores involucrados en las pérdidas y desperdicios de alimentos, y se ratifique el compromiso internacional por la reducción de este fenómeno desde la implementación de acciones que encaminen la solución de la problemática hacia el cumplimiento del derecho humano a la alimentación y nutrición adecuada, con un enfoque sostenible como su propia concepción ya lo incorpora.

Aunque Colombia cuenta con fuentes de información que reportan datos relacionados con la pérdida y desperdicio de alimentos, hasta el año 2016 no existía una medición de esta merma a lo largo de toda la cadena productiva, por lo que se hizo evidente la necesidad de un compromiso sustancial del país para con la problemática, así en primer lugar se publica el estudio de pérdidas y desperdicios de alimentos

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del Departamento Nacional de Planeación, y luego la aprobación de la ley 1990 de 2019 por medio de la cual se crea la política para prevenir la pérdida y el desperdicio de alimentos y se dictan otras disposiciones. El objetivo de la ley es establecer medidas para reducir estos fenómenos, contribuyendo al desarrollo sostenible desde la inclusión social, la sostenibilidad ambiental y el desarrollo económico, promoviendo una vida digna para todos los habitantes. Del mismo modo, esta política busca un manejo adecuado de los alimentos desde la sensibilización, formación, movilización y responsabilización de todos los actores de la cadena de suministro de alimentos (productores, procesadores, distribuidores, consumidores y asociaciones) a nivel local, departamental y nacional.

Por medio de este documento, con base en un análisis de la ley 1990 de 2019 relacionado con su abordaje a la problemática de pérdidas y desperdicios, se identificarán las principales fortalezas y debilidades de la política con el objetivo de concluir en recomendaciones que aporten al fortalecimiento de esta ley y su objetivo de reducir pérdidas y desperdicios de alimentos. Asimismo, reconocer políticas públicas a nivel internacional que hayan sido

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formuladas con el objetivo de reducir y prevenir el fenómeno que tiene lugar en el sistema agroalimentario con el fin de generar también recomendaciones de implementación para la normatividad del tema en Colombia, todo lo anterior con el fin de aportar un insumo para la formulación de la política pública nacional que actualmente se encuentra en construcción.

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA La pérdida y el desperdicio de alimentos es el término que recoge la diferencia que existe entre la producción de alimentos y el consumo final de estos, es decir que corresponde a la disminución de la cantidad de los alimentos a lo largo de la cadena de suministro. La diferencia que existe entre pérdidas y desperdicios viene dada por la etapa en la que ocurre la disminución, en este caso se clasifica como pérdida cuando ocurre entre la etapa de producción agropecuaria y la etapa de procesamiento industrial, mientras que se considera desperdicio cuando se produce en las etapas de distribución, comercialización o consumo (FAO, 2017).

Extensos informes de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura dan cuenta de la realidad del problema a nivel mundial. Estimaciones de la FAO para el año 2019 reportan que alrededor del 14% de los alimentos se pierden a nivel mundial en las primeras etapas de la cadena de suministro de alimentos, en Asia central y meridional este porcentaje de pérdida de alimentos sobrepasa el 20%, mientras que territorios como Australia y Nueva Zelanda tiene un porcentaje de pérdidas del 5.8%, en esta medición de las pérdidas de alimentos, para América Latina y el Caribe se

reporta un promedio de 11,6%. En la Figura 1. Se puede apreciar la distribución porcentual de la pérdida por grupo de alimentos, donde se evidencia que hay una diferencia marcada en grupos como las frutas y hortalizas y en raíces, tubérculos y cultivos oleaginosos con porcentajes que sobrepasan el 20% e inclusivo llegan hasta el 25%, mientras que existen otros grupos de alimentos como los cereales y legumbres que tienen un porcentaje de pérdidas del 8.6% (FAO, 2019).

Figura 1. Distribución porcentual (%) de las pérdidas por grupos de alimentos Cereales y legumbres

Frutas y hortalizas

Carne y productos de origen animal

Raíces, tubérculos y cultivos oleaginosos

Otros 0%

10%

20%

Fuente: FAO, 2019.

Mientras que el índice de pérdidas anteriormente expuesto es calculado por la FAO, el índice de desperdicio de alimentos es calculado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y aún no se encuentran disponibles estas estimaciones.

Es importante hacer una profundización de las etapas de la cadena de suministro de alimentación donde se dan las pérdidas y desperdicios: en la producción agropecuaria debido a elección del momento inadecuado para la recolección, a las condiciones climáticas y las prácticas utilizadas en la recolección y la manipulación, en el momento del almacenamiento de los alimentos antes del

30%

transporte y comercialización se producen pérdidas significativas a causa de prácticas y decisiones inadecuadas que hacen que los productos tengan una vida útil más corta, durante el momento del transporte es fundamental una buena estructura y una logística comercial eficaz para evitar la pérdida de alimentos, el uso de envases es determinante en la conservación de los alimentos, y generalmente las pérdidas en esta etapa de la cadena se deben al mal funcionamiento técnico de los equipos de transporte y a errores humanos. De este momento en adelante se denominan desperdicios, en los comercios o puntos de venta (mercados, plazos, tiendas, etc) las causas de la generación de desperdicios están relacionadas con la vida útil limitada de algunos productos, a necesidad de que los alimentos cumplan con determinadas características que busque el consumidor: color, forma y tamaño, y la variabilidad de la demanda, en el hogar o consumo final de los alimentos las causas del desperdicio de alimentos están relacionadas con una mala planificación de las compras, confusión de las etiquetas y un almacenamiento inadecuada (FAO, 2019).

Las pérdidas y desperdicios de alimentos no ocurren de igual manera en todos los países, ni en la región ni a nivel mundial, en aquellos con un nivel mayor de industrialización los desperdicios son más importantes que las pérdidas, concentrándose la merma en la etapa de consumo, mientras que a menor nivel de desarrollo las pérdidas son mucho mayores, concentrándose en las etapas de producción, transformación y almacenamiento.

Este fenómeno puede explicarse por el nivel de industrialización con el que se cuenta a lo largo de la cadena de suministro de alimentos, en países como Colombia, donde las pérdidas son

mayores a los desperdicios, se debe principalmente a las limitaciones en infraestructura, como, por ejemplo, malas instalaciones, deficientes servicios de transporte, problemas en el almacenaje, en particular, fallas en la refrigeración, pérdidas durante la elaboración y el envasado, además de la falta de capacidades que como consecuencia hacen que la producción, la cosecha, la elaboración y el transporte de alimentos no sean eficientes. Estas causas que contribuye a que las pérdidas sean mayores que en países industrializados, son aún más difíciles de garantizar para pequeños productores debido a que todas estas operaciones se realizan a pequeña escala, donde la falta de infraestructura y tecnología, como problemas estructurales, no solo resultan en la pérdida de alimentos sino en el aumento de las transacciones comerciales que disminuyen los ingresos y aumentan la inseguridad alimentaria.

Colombia ha avanzado en el cálculo de las pérdidas y desperdicios que ocurren en el país, algunas investigaciones han sido realizadas por el Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) con la FAO, otros por la Federación Nacional de Comerciantes (FENALCO), sin embargo, estas estadísticas han reportado información de pérdidas y desperdicios en el país en etapas específicas de la cadena alimentaria y/o en grupos específicos de alimentos. En el 2012, de acuerdo con la FAO y el MSPS en Colombia se perdió el 39% de la oferta total de frutas y verduras de ese año. Es evidente que el país, en concreto, no contaba, hasta el año 2016, con una medida de la pérdida y del desperdicio de alimentos a lo largo de toda la cadena de suministro.

En Colombia, para el año 2016 el Departamento

Nacional de Planeación (DNP) publicó el documento “Pérdida y desperdicio de alimentos en Colombia: estudio de la Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas” con el fin de contar con un cálculo agregado para el país y definir una agenda de trabajo estimando la pérdida y el desperdicio de alimentos en el territorio nacional, planteando unos lineamientos para la reducción de la problemática en cada etapa de la cadena alimentaria e identificando a los actores relevantes en su implementación.

El estudio tuvo como refería teórica dos documentos, el realizado por el Instituto Sueco de Alimentos y Biotecnología para el FAO del año 2015 y el realizado por el grupo técnico de Pérdidas y Mermas de Alimentos de la Cruzada Nacional contra el hambre en el 2013. Los resultados del documento arronjaron que, con un total de 28,5 millones de toneladas disponibles de alimentos, en Colombia se pierden y desperdician un total de 9,76 millones de toneladas, es decir que, por cada 3 toneladas de alimentos disponibles, se pierde o desperdicia 1 tonelada. Las pérdidas corresponden al 64%, es decir que, la merma ocurre en las etapas

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iniciales de la cadena de suministro: producción, postcosecha, almacenamiento y procesamiento, mientras que el restante 36% corresponde a los desperdicios que según su definición son los que corresponden a los momentos de distribución, venta y consumo final (DNP, 2016).

En la Figura 2. Se expone la distribución de pérdidas y desperdicios por etapa de cadena de suministro de alimentos.

Estos resultados apuntan hacia los énfasis que deberían tener las políticas públicas que se generen en torno al tema de pérdidas y desperdicios de alimentos, el reconocimiento de las etapas donde producen más pérdidas o más desperdicios es un factor clave para identificar a los principales actores que deben contemplar las políticas, así, las medidas que se dispongan en una política pública deberían priorizar los eslabones de la cadena donde más pérdidas y desperdicios ocurren. En otros resultados también se encuentra la distribución de las pérdidas y desperdicios por grupo de alimentos, así, de los 9.76 millones de toneladas perdidas y desperdiciadas, 6.1 corresponden a frutas y verduras (62%), 2.4 millones a raíces y tubérculos (25%), 772.000 toneladas a cereales (8%), 269.000 a cárnicos (3%) y 227.000 a Figura 2. Distribución porcentual (%) de PYD por etapa de la cadena de suministro Consumo 15.6%

Producción 40.5% Distribución 20.6%

Procesamiento industrial 3.5% Poscosecha y almacenamiento 19.8%

Fuente: DNP, 2016.

otros grupos de alimentos como productos lácteos y legumbres (2%) (DNP, 2016).

La DNP también analizó el comportamiento de las pérdidas y desperdicios de alimentos por territorio, exponiendo como resultado que el mayor nivel de participación en la pérdida nacional es de la región centro-oriental con 1.7 millones de toneladas de pérdidas de alimentos (27.7%), luego la región Caribe con el 18.2%, el eje cafetero con 17.1% al igual que la región pacífica, la orinoquia con el 10.9% y la región con menor producción de pérdidas de alimentos es la región centro-sur con el 9% del total nacional. En cuanto a los desperdicios, el comportamiento cambio un poco, siendo la orinoquia la región con menor producción de desperdicios (2%), y la centro-oriental en el primer lugar generando el 48,3% de los desperdicios nacionales.

La Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) ha sido definida en el CONPES 113 de 2007 como “la disponibilidad suficiente y estable de alimentos, el acceso y el consumo oportuno y permanente de los mismos en cantidad, calidad e inocuidad por parte de todas las personas, bajo condiciones que permitan su adecuada utilización biológica, para llevar una vida saludable y activa.” Por lo que las pérdidas y desperdicios de alimentos representan una realidad casi excluyente con la SAN, los desperdicios por un lado pueden ser resultado de una sobreproducción de alimentos, es decir, que Colombia está produciendo más alimentos de los que se requieren, por eso sobran. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja.

Según la Encuesta Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (ENSIN) de 2015, reporta que el 54,2% de los hogares colombianos se encuentran en inseguridad

alimentaria, es decir más de la mitad de los hogares presentan dificultades de disponibilidad, de acceso o de consumo de alimentos, además de posiblemente presentar condiciones que no permitan su aprovechamiento biológico ni el aseguramiento de su calidad e inocuidad. La ENSIN reporta que el 10.8% de los niños y niñas entre los 0 y 4 años a nivel nacional presenta retraso en talla (signo de desnutrición crónica), el 7.4% de los niños y niñas entre los 5 y 12 años igualmente, y el 2.4% de adultos entre los 18 y 64 años presenta delgadez (deficiencia de peso).

Las pérdidas y desperdicios de alimentos impactan la sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios debido a la utilización no sostenible de los recursos naturales, mientras que al mismo tiempo reducen la disponibilidad local y mundial de alimentos, generando menores ingresos para los productores y aumentando los precios para los consumidores.

Dado lo anterior, y según informes de seguridad alimentaria y nutricional de la FAO, la causa de la inseguridad alimentaria en Colombia no radica en la disponibilidad de alimentos, esta casi que se limita a la imposibilidad de acceder a ellos.

Por ello, en un escenario donde, por cada 3 toneladas producidas de alimentos se pierde o desperdicia 1, mientras que 5 de cada 10 hogares sufren de inseguridad alimentaria y nutricional, es primordial, para avanzar en la lucha contra el hambre, que todos los actores nacionales reconozcan y actúen en la búsqueda de soluciones que abordan las diferentes dimensiones y posturas del tema.

Los actores claves en la cadena de suministro de alimentos, que son los mismos que deben ser abarcados como beneficiarios y como responsables del fenómeno en las políticas

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públicas, se pueden condensar en tres grandes grupos: los productores de alimentos que a su vez se dividen en dos grupos, los pequeños y medianos productores quienes hacen parte de la economía campesina y familiar, y por otro lado las entidades y asociaciones industriales, comerciales e institucionales que son aquellas que participan en el procesamiento o transformación, preparación, conservación, distribución y venta o servicio de alimentos, luego se encuentran las organizaciones no implicadas directamente en la producción de alimentos, pero que si tienen un papel fundamental en la defensa de las políticas públicas y que pueden operar en los ámbitos local, regional, nacional o internacional, ocupándose tanto de la recuperación de alimentos como de prestar apoyo a las iniciativas de disminución de pérdidas y desperdicios, incluida allí la academia.

Finalmente, el último actor involucrado en el problema es el gobierno que está conformado por las dependencias del orden local y nacional, con responsabilidades en materia de alimentos y problemáticas relacionadas con la pérdida y el desperdicio de alimentos.

REFERENTE INTERNACIONAL Aunque la política nacional cuya creación es objetada por la ley 1990 de 2019 se espera sea un referente de política pública para la reducción del fenómeno de las pérdidas y desperdicios a nivel de Latinoamérica y el caribe, es importante revisar lo que hay hasta el momento de políticas públicas en la región. Para efectos de este documento, se analizó la ley 30988 de Perú por la que se promueve la reducción y prevención de pérdidas y desperdicios de alimentos, bajo las mismas categorías de análisis a las que se sometió la ley colombiana.

De esta manera, Perú cuenta con una ley que promueve la reducción y previene el fenómeno de las pérdidas y desperdicios de alimentos. La ley 30988, que cuenta con recursos y financiación, tuvo un acompañamiento técnico en su formulación permitiendo que los vacíos conceptuales que presenta sean muy poco, además en su ámbito de aplicación menciona el fomento de la participación de la población civil y el sector académico para promover los objetivos y acciones que establece la política.

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Sería importante que Colombia, tome como referente una ley como la peruana que amplía el concepto de pérdida y desperdicio de alimentos, estableciendo medidas seccionadas por elementos fundamentales para el marco conceptual de la problemática: acciones estratégicas de capacitación en buenas prácticas para reducir y prevenir las pérdidas y desperdicios de alimentos, programas o proyectos para reducir y prevenir las pérdidas y desperdicios de alimentos, acciones estratégicas para promover la participación ciudadana, acciones estratégicas para fomentar la investigación en reducción y prevención de pérdidas y desperdicios de alimentos, acciones estratégicas para promover prácticas en reducción y prevención de pérdidas y desperdicios de alimentos, educación en la reducción y prevención de pérdidas y desperdicios de alimentos y coordinación intersectorial e intergubernamental.

MARCO ANALÍTICO La ley 1990 del 02 de agosto de 2019, por medio de la cual se crea la política para prevenir la pérdida y el desperdicio de alimentos, establece medidas para reducir los fenómenos contribuyendo al desarrollo sostenible desde la inclusión social, la sostenibilidad ambiental y el desarrollo económico, promoviendo una vida digna para todos los habitantes. La política plantea que la reducción de las pérdidas y desperdicios implica procesos de sensibilización, formación, movilización y responsabilización de los actores implicados en esta problemática socioambiental, que para la política son los

productores, procesadores, distribuidores de productos alimenticios, consumidores y asociaciones a nivel local, departamental y nacional para realizar un manejo adecuado de los alimentos teniendo en cuenta que la prioridad como destino final es el consumo humano.

La ley 1990 establece que la misma debe ser aplicada a todos los actores de la cadena de suministro de alimentos se encuentren directa o indirectamente relacionados con el sector de alimentos, y sin distinción de naturaleza jurídica, carácter público o privado y nacionales o extranjeras con actividad en el país.

En el capítulo II se hace mención de los objetivos que tendrá la política nacional contra la pérdida y el desperdicio de alimentos, como contribuir al derecho humano a la seguridad alimentaria y nutricional de la población colombiana, impulsar medidas que prevengan las pérdidas y desperdicios de alimentos, promover prácticas de producción y procesamiento de alimentos y elaborar estrategias y programas destinados a la promoción de sistemas alimentarios socialmente adecuados y ambientalmente sostenibles, que abarquen a su vez, la configuración de las dietas y el consumo, Impulsar estrategias destinadas a garantizar la eficiencia de la cadena de suministro de alimentos, garantizar que todos los actores intervinientes en la cadena de suministro de alimentos, con especial énfasis en los campesinos, las mujeres y los pequeños productores, sean beneficiarios de la política pública, entre otros objetivos.

Luego, la ley, en su capítulo III, establece las medidas contra la pérdida y el desperdicio de

alimentos apuntando más exactamente a la ineficiencia en la cadena de suministro de alimentos. Allí, se establece que el Gobierno nacional cuenta con un (1) año para diseñar e implementar una política pública integral que permita disminuir las pérdidas y desperdicios de alimentos en la cadena de suministro de alimentos y que coadyuve las disposiciones establecidas en la ley 1990 de 2019. El capítulo IV de la ley establece que el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) será el encargado de realizar los cálculos de las pérdidas y desperdicios de alimentos en el país, así como reportar datos tanto a nivel nacional como regional, departamental y municipal, estableciendo además que esta medida se debe realizar anualmente, para que el Gobierno publique un reporte año a año de acuerdo a las unidades acogidas para el país, es decir, peso (kg) y precio de producción (pesos). Finalmente, en el capítulo V se establece el sistema de sanción, vigencia y derogatoria de la ley.

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Con el fin de identificar las fortalezas y debilidades de la política frente al manejo del fenómeno en el país, se debe realizar un análisis a profundidad de lo establecido por la política.

Para efectos del documento, este análisis se hace por diferentes categorías de análisis: objetivos de la política, actores involucrados y medidas establecidas.

Los objetivos de una política pública son objeto de análisis debido a su importancia en la respuesta a la problemática social para la que fue formulada la política, es decir que, en este caso analizar los objetivos de la política facilitará el análisis de esta frente a su pertinencia en la situación de la pérdida y desperdicio de alimentos en el país. Así, la importancia de enfocar el análisis en los objetivos de la política responde a la evaluación de la coherencia entre lo que necesita el país y lo que establece la política desde un punto de vista estratégico a inmediato, mediano y largo plazo, teniendo en cuenta que los objetivos son los que deben dar cuenta de los beneficios a los que la política contribuirá y por lo tanto permiten extraer la importancia que tiene, en este caso, la ley para la realidad del país.

En segundo lugar, el análisis del ámbito de aplicación de la ley es provechoso teniendo en cuenta que, una política pública debe contemplar a todos los actores involucrados en la problemática social (en este caso ambiental también) y hacerlos parte de las medidas, de los beneficios y de las obligaciones que en esta se establezcan. Por ello, al tratarse de una problemática tan amplia, es importante hacer un análisis de los actores que se contemplaron en la ley, deteniendo ese análisis en cada una de las etapas de la cadena de suministro de alimentos, tanto los actores que se involucran

en las pérdidas de alimentos (etapa de producción, almacenamiento y transporte) como los involucrados en los desperdicios de alimentos (comercializadores y consumidores principalmente), además, cabe resaltar que las políticas públicas no deben olvidar a las instituciones y demás organizaciones que representan a la sociedad civil y también la academia, por su papel de agentes clave al momento de la formulación, implementación y seguimiento de la política.

Finalmente, la última categoría de análisis, para fines de este documento, corresponde a las medidas establecidas por la ley frente al objetivo de reducir el fenómenos de pérdidas y desperdicios, ya que, es este análisis el que permite identificar si la política realmente responde a la situación del país, si se contemplan soluciones y medidas para todos los frentes de la problemática, en este caso, si cuenta con medidas para todos los eslabones de la cadena de suministro de alimentos, o si presenta vacíos conceptuales y técnicos en el establecimiento de medidas. La importancia del análisis de las medidas para reducir el fenómeno de las pérdidas y desperdicios de alimentos se remite a la pertinencia que tiene la ley frente al diagnóstico de la problemática en Colombia, partiendo de estudios y datos como los mencionados en apartados anteriores, como las cifras, causas y consecuencias de la problemática.

La metodología de análisis de las categorías previamente mencionadas consiste en la lectura de documentos que permitan hacer el diagnóstico de la problemática en Colombia, algunos mencionados anteriormente, realizados por la DNP, el MSPS o FENALCO. Con el reconocimiento de este diagnóstico que

permite identificar las causas, consecuencias, cifras, actores involucrados, sistema de medidas, entro otros, se realizara una lectura detallada de la ley 1990 de 2019, haciendo interpretaciones de coherencia, pertinencia y la valoración de los vacíos tanto teóricos como estratégicos que presente la ley frente a lo involucra conceptualmente la problemática de la pérdida y desperdicio de alimentos.

Posteriormente, se identifican fortalezas de la política, es decir, lo bueno a resaltar de la ley 1990 de 2019, y así mismo las debilidades que corresponden a esos vacíos tanto teóricos como técnicos con relación al abordaje de la problemática social y ambiental, y finalmente, a manera de conclusiones se extraen las recomendaciones de mejora para la política, y en este caso, recomendaciones que se pueden tener en cuenta para la política pública nacional que se encuentra en construcción.

De esta manera, con el fin de formular recomendaciones para la política nacional, es importante hacer un reconocimiento de estrategias utilizadas a nivel internacional para la reducción de las pérdidas y desperdicios de alimentos, que posteriormente permitan realizar una comparación con lo que la ley 1990

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establece en el capítulo III como medidas a implementar para reducir el fenómeno, permitiendo así, hacer un paralelo entre una experiencia internacional y lo que Colombia ha ido implementando en los últimos años, y más aún después de la sanción de la ley.

RESULTADOS Los resultados del análisis realizado a la ley 1990 de 2019, se presentan con base en la entrevista con una experta en pérdidas y desperdicios a nivel nacional, además de la revisión de documentos como informes y ensayos relacionados con el fenómeno. A continuación, se presentan los principales hallazgos encontrados en el análisis de las categorías seleccionadas.

Con relación con las fortalezas de la política se deben resaltar tres grandes aspectos: el primero es la creación de la política pública nacional contra las pérdidas y el desperdicio de alimentos, construcción que abre un nuevo camino frente a una problemático socioambiental bastante documentada e importante. El segundo aspecto a resaltar corresponde al reconocimiento de compromisos internacionales con el fenómeno de las pérdidas y desperdicios de alimentos, como el aporte a la materialización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 1, 2, y 12 es decir, fin de la pobreza, hambre cero y producción y consumo responsables respectivamente, lo que evidencia una coherencia entre los compromisos adquiridos por el país con relación a metas nacionales e internacionales, con la formulación de políticas que contribuyan a la reducción del fenómeno. Por otro lado, la tercer fortaleza de

la ley 1990 de 2019 se encuentra en la definición de un sistema de medición y control de pérdidas y desperdicios de alimentos, permitiendo así que el país cuenta con un propio sistema directo de medición y no se dependa de datos indirectos como informes autónomos de la DNP o el MSPS, esta sistema de medición cumple con la función de hacer seguimiento a las medidas que se establecen en la ley y de las acciones que se establezcan en la política nacional, además de también hacer seguimiento al fenómeno en el país a diferentes escalas: nacional, regional, departamental y municipal.

Ahora bien, la política presenta vacíos estructurales, teóricos y técnicos bastante importantes, que limitan las fortalezas resaltadas de la misma. En primer lugar, se deben resaltar los vacíos estructurales, que son aquellos faltantes gruesos que le restan fuerza a la ley, sin duda, uno de los aspectos más cuestionados de la ley 1990 de 2019 es su

financiación, aspecto que no es estipulado en su contenido, por lo que es una política sin recursos propios, lo que deja a sus objetivos y medidas en el vacío, haciendo que estas se deban adaptar a la planeación de las diversas instituciones limitando la aplicación teórica que se esperaba con su formulación. Esto hace que, el sistema de medición establecido por la ley, no se pueda ejecutar de acuerdo con lo planeado, ya que, se responsabiliza al DANE para realizar la medición, pero sin recursos propios para ello, además, el sistema de medición establece que se reporte la información en las unidades acogidas por el país, desarticulando así la información que deba reportarse a nivel internacional como medida de avance de los ODS. Otro vacío estructural y teórico que presenta la ley corresponde a la limitada articulación que se presenta entre el fenómeno con otros temas como los problemas medioambientales y económicos. Esta debilidad de la ley, en cuanto a

Imagen tomada de: fao.org

su concepción teórica del tema, influye en los objetivos y las medidas establecidas por esta.

Así, se reconoce que en los objetivos se contemple el compromiso con los ODS, sin embargo, hay una mirada limitada al remitir el problema de las pérdidas y desperdicios a únicamente los objetivos que apuntan al fin de la pobreza, hambre cero y producción y consumo responsables, como si el fenómeno únicamente fuese social y se remitiera a la pobreza, el hambre y el consumo, invisibilizando así que las pérdidas y desperdicios tienen carácter medioambiental y un profundo fundamento social, de esta manera, la ley debió resaltar otros ODS en los que el fenómeno tiene lugar, como: educación de calidad (ODS 4), igualdad de género (ODS 5), agua limpia y saneamiento (ODS 6), trabajo decente y crecimiento económico (ODS 8), industria innovación e infraestructura (ODS 9), ciudades y comunidades sostenibles (ODS 11), y acción por el clima (ODS 13). Esta limitación en la definición de las pérdidas y desperdicios de alimentos también se denota en otros aspectos de la política, como, por ejemplo, los actores que en esta son involucrados y responsabilizados, tema que será analizado en otro apartado.

Por otro lado, una debilidad técnica de la política corresponde a los tiempos o plazos establecidos para el cumplimiento o ejecución de lo estipulado, así por ejemplo menciona que el Gobierna a través de la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CISAN) contará con seis (6) meses para el diseño, formulación e implementación de la Política contra el Desperdicio de Alimentos formulando incentivos a los destinatarios de las medidas, y luego menciona que el Gobierno nacional contará con un (1) año para diseñar e

implementar una política pública integral que permita disminuir las pérdidas y desperdicios de alimentos en la cadena de suministro de alimentos. De esta manera, se observa que el establecimiento de plazo tan cortos para la formulación e implementación de una política nacional no es coherente con la realidad institucional del país donde los procesos no pueden ejecutarse en un año, y menos en seis meses; esto anterior en relación al vacío técnico, sin embargo, también se observa que la ley, aunque contempla la creación de una política nacional, también menciona una política solo contra el desperdicio de alimentos, dividiendo así esfuerzos colectivos.

Cabe resaltar que, la ley aún se encuentra en una etapa muy temprana de implementación, por lo que, aunque objete la creación de la política nacional, se requieren pasos previos para su implementación y correcta ejecución de medidas y objetivos. Así, se puede asegurar que aún la ley se encuentra en un proceso de articulación interinstitucional e intrainstitucional necesario para iniciar la propia fase de implementación, por lo que hacer un análisis de los avances de la política, y un seguimiento a su cumplimiento, no es pertinente más allá de indagas por el avance que se ha hecho en la formulación de la política nacional. Luego de analizar los vacío estructurales, teóricos y técnicos de la ley 1990 de 2019, es pertinente evaluar cada una de las categorías de análisis seleccionadas para fines de este documento: objetivos, actores y medidas.

OBJETIVOS Los resultados del análisis de los objetivos de la política se presentan en la Tabla 1.

Tabla 1. Resultados del análisis de los objetivos de la ley 1990 de 2019.

OBJETIVO

ANÁLISIS

1. Contribuir al derecho humano a la seguridad alimentaria y nutricional de la población colombiana.

Aunque la política al menos menciona como objetivo contribuir a la seguridad alimentaria y nutricional de la población, existe una definición reduccionista de la misma, donde además se contempla como un derecho humano, sin mencionar (por todo lo que abarca) el derecho humano a la alimentación adecuada.

Adicionalmente, por las medidas que establece la ley, se puede apreciar que el asistencialismo (en este caso, donar alimentos a los más pobres) fuese el propio cumplimiento de la seguridad alimentaria y nutricional de la población.

3. Impulsar medidas que prevengan las pérdidas y desperdicios de alimentos.

Una debilidad general de la política es la ambigüedad de sus objetivos, por ejemplo, en tercer objetivo plantea impulsar las medidas que prevengan el fenómeno, pero ¿todo tipo de medidas? ¿medidas para todos los actores de la cadena de suministro? ¿impulsar con financiación o qué tipo de apoyo?

4. En el marco de esta, realizar estudios y emitir recomendaciones que permitan mejorar la planificación de la producción de los alimentos adaptada a las dinámicas de mercado.

¿Acaso no son las dinámicas de mercado las que se deben adaptar a la planificación (formas y otros factores) de la producción? Además, se encuentra un vacío teórico allí al no mencionar cuáles son las dinámicas de mercado que pueden hacer frente al fenómeno de las pérdidas y desperdicios de alimentos. La economía circular no es contemplada dentro de las dinámicas de mercado (como la intermediación en el proceso de producción y venta de alimentos, el comercio justo y la recirculación de biomasa) así que las dinámicas también deben ser objeto de modificación.

6.

Impulsar estrategias destinadas a garantizar la eficiencia de la cadena de suministro de alimentos.

Ambigüedad en la expresión “eficiencia de la cadena de suministro de alimentos”, cuando en realidad debería mencionarse explícitamente qué es lo que se impulsa ¿eficiencia de vías terciarias? ¿inconvenientes con la tenencia de tierras?

8. Realizar campañas educativas anuales, de comunicación y publicidad que orienten a la ciudadanía acerca de la importancia de adoptar medidas contra la pérdida y el desperdicio de los alimentos.

Todo lo anterior a través de programas y alocuciones por medios de comunicación escrita, visual y radiofónica de carácter local, regional y nacional.

Para afrontar un cambio de comportamiento del consumidor que conlleve a la disminución de los desperdicios de alimentos, se requieren estrategias mucho más amplias, que trasciendan de programas y alocuciones por medios de comunicación. El trabajo con el consumidor, quien finalmente es un actor clave en las causas de producción de los desperdicios de alimentos, es uno de los elementos que menos es tenido en cuenta por la política. Se plantean objetivos para dar utilidad a los desperdicios, sin embargo, no hay acciones contundentes para realizar un cambio de comportamiento.

10. Formular propuestas y comentarios relacionados con el fondo para la distribución de alimentos a las personas pobres y la libre donación de alimentos, bienes y servicios, así como proyectos innovadores destinados a limitar los residuos.

Es ante este objetivo que se cuestiona el papel que le dan al enfoque de derechos humanos en la formulación de esta ley.

La política menciona que los alimentos serán donados a las “personas pobres” sin ningún otro criterio, ni alimentario y nutricional, ni ningún otro más allá de su condición económica, por lo que ¿se está contribuyendo al derecho humano a la alimentación adecuada? ¿dónde quedan otros derechos como el derecho a la dignidad? El problema está en el vacío que existe frente a los criterios para la donación de alimentos.

11. Formular propuestas para el desarrollo de iniciativas de información y sensibilización para la donación y la recuperación de excedentes de alimentos, así como para la promoción y el conocimiento de las herramientas en relación con las donaciones.

El fondo que se crea no contempla criterios dignos de distribución de las donaciones de alimentos, pero si establece una exención tributaria para aquellos actores que realicen las donaciones. Este es un objetivo que deja unos vacíos amplios con relación a la calidad nutricional (y aceptación cultural) que tendrán los alimentos donados a las personas beneficiarias.

Hace falta un lineamiento ético para la donación de alimentos, donde se establezca que sean alimentos nutricionalmente adecuados y culturalmente aceptables. De esta manera, se podría reglamentar la donación por parte de la industria alimentaria, y esta podría hacer otro tipo de contribuciones como asumir gastos de almacenamiento, transporte, entre otros.

12. En el marco de esta, realizar actividades de vigilancia de los excedentes y residuos de alimentos.

El objetivo presenta un vacío teórico relacionado con la definición de “excedentes y residuos de alimentos” dentro del marco conceptual del fenómeno de pérdidas y desperdicios de alimentos.

14. Formular propuestas para promover el trabajo en red y la agregación de las iniciativas promovidas por entidades públicas y privadas que distribuyen alimentos a los más necesitados sobre una base territorial.

De nuevo un objetivo ambiguo que deja vacíos técnicos que deben ser analizados, además de tener en cuenta, nuevamente, que la política no cuenta con financiación, por lo que promover el trabajar en red queda a disposición de los recursos de los mismos actores (por ejemplo, organizaciones de pequeños y medianos productores).

15. Contribuir a generar condiciones de seguridad nutricional y de alimentación adecuada que contribuyan a la nutrición de los animales, reconocidos como seres sintientes, de manera tal que se favorezca su desarrollo, mantenimiento, reproducción, productividad y/o adecuación a un mejor estado de salud.

En sí, la política presenta un vacío técnico relacionado con la orientación de cómo utilizar y gestionar adecuadamente las pérdidas y desperdicios, y aún más la ruta que se dirige a alimentación animal. De esta manera, la política no establece bajo qué tura se gestionaría la pérdida de alimentos para alimentación animal con el fin del fenómeno reduzca. Así, se desconoce la seguridad alimentaria animal al entenderse que cualquier persona puede reducir la pérdida de alimentos dándolos a los animales, poniendo en riesgo la salud animal, sin respetar el principio de precaución en salud pública.

Fuente: Elaboración propia

De esta manera, en cuanto a la primera categoría de análisis, la ley presenta vacío conceptuales y técnicos bastante importantes, además de los estructurales mencionados anteriormente. Adicional a estas observaciones de fondo, también es importante analizar la formulación misma de los objetivos donde no todos son medibles, ni son objeto de seguimiento, la ambigüedad de muchos y el alcance que para la política representan.

ACTORES Aunque la ley en su ámbito de aplicación establece que las disposiciones serán aplicables a todos los actores de la cadena de suministro de alimentos, relacionadas directa o indirectamente con el sector de alimentos, identificados como personas naturales o jurídicas, privadas o públicas, nacionales o extranjeras con actividad en Colombia, es

importante realizar un análisis del papel de cada uno de los actores con relación a los objetivos y las medidas que establece la política.

En primer lugar, le ley 1990 de 2019 encarga a la CISAN de diseñar, formular e implementar la política nacional, en unos plazos que ya fueron análisis anteriormente. Una demostración más de la limitada mirada de la problemática que representan las pérdidas y desperdicios para el país, remitiendo la formulación de la política a una comisión de seguridad alimentaria y nutricional, sin acciones claras en temas medioambientales, económicos y mucho menos con conocimiento técnico del fenómeno de pérdidas y desperdicios. Es importante reconocer la conformación de la comisión, que por decreto 2055 de 2009, está integrada por representantes de seis ministerios, representante de la DNP, representante del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), representante del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DNS), representante del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural y un miembro de la Asociación Colombiana de Facultades de Nutrición y Dietética (ACOFANUD). De esta manera, se puede analizar que la conformación de la CISAN no integra representación de la sociedad civil, al menos en este tema, como por ejemplo sería la participación de organizaciones de pequeños y medianos productores, asociaciones campesinas, y demás actores que serían claves en la formulación de la política nacional. Aunque la ley 1990 menciona que para para la implementación de la política y el desarrollo de los objetivos que se contemplan en la dicha ley, la comisión deberá invitar a sus sesiones de trabajo a las personas naturales o jurídicas, públicas y privadas, instituciones académicas, asociaciones campesinas y/o

gremios económicos que considere necesarios para el desarrollo integral y apropiado de los mismos, se deja como un vacío sujeto a interpretaciones subjetivas la participación de estos otros actores, quiénes realmente deben hacer parte, bajo qué mecanismos podrán ejercer su participación como representación de la sociedad civil afectada por la problemática de las pérdidas y desperdicios.

Fotografía tomada de: canva.com

Aunque la CISAN ha avanzado en la formulación de la política nacional, debió conformar una mesa de expertos para este diseño y formulación, con el fin de recibir apoyo y asesoría tanto conceptual como técnica, integrando otros actores que no hacen parte de su conformación original, como por ejemplo el DANE. La participación de la sociedad civil debe reconocerse como elemento fundamental para la formulación de una política que aborda un tema tan amplio que es considerado social, económico y ambiental, porque como está por el momento formulada la ley 1990 de 2019, se desconoce totalmente la participación que deberían tener diversos actores en el diseño, formulación e implementación de la política.

Ahora bien, otros resultados del análisis de los actores involucrados en la política se remiten al alcance de las medidas, donde, a pesar de que se nombran a todos los actores de la cadena de suministro de alimentos, no se contemplan acciones de apoyo para los pequeños y medianos productores que, debido a falta de infraestructura y tecnificación, representan una causa importante de la generación de perdidas de alimentos. La política limita sus medidas a únicamente un frente del fenómeno, proponiendo casi como única acción la donación de alimentos, por lo que los actores de otras etapas de la cadena de suministro, los involucrados en el sistema agroalimentario del país, son desconocidos por el ámbito de aplicación real de la política. Finalmente, como fue mencionado en el análisis de objetivos, la ley no establece claramente el papel de la industria alimentaria en la donación de alimentos, y es un vacío técnico el no reglamentar muy cuidadosamente el papel de cada actor en la donación.

MEDIDAS Lo primero que se debe reconocer de la ley 1990 de 2019, es que, al ser una política de estado, sus acciones se conciben para el largo plazo y fue formulada respondiendo a un objetivo nacional (o internacional con los ODS) claramente identificado: reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos en el país. Este hecho hace que, en las medidas se deba contemplar claramente la responsabilidad de cada uno de los actores involucrados o mencionados en su ámbito de aplicación, para que exista un compromiso real de los mismo para con la política pública, y no se pierda su aplicación con futuros cambios de gobierno.

Como se evidencian, las acciones que menciona la ley responden únicamente a problemas alimentarios: la donación de alimentos, sus exenciones tributarias y la creación de la política a cargo de la CISAN. Así, la ley exclusivamente apunta a uno de los frentes de la problemática de la pérdida y desperdicio de alimentos, invisibilizando así otros enfoques del problema como el ámbito económico y el ambiental.

Reducir la solución del fenómeno a la donación de alimentos, e intentar guiar las pérdidas y desperdicios por una línea (reducción, consumo humano, aprovechamiento de residuos, alimentación animal, destrucción) que aún no es clara, representa el mayor vacío de la ley 1990 de 2019.

De manera general, a las medidas establecidas por la política pública les hace falta articulación con otros problemas estructurales que han aquejado al país durante décadas: tenencia de tierras, poca infraestructura y tecnificación en el campo colombiano, escaso acceso a formación en capacidad y aptitudes de producción, entre otros. La redacción de las medidas es ambigua y da para interpretaciones subjetivas: realizar las acciones necesarias para prevenir las pérdidas, reducir y prevenir los desperdicios generados en

Fotografía tomada de: canva.com

el proceso de producción poscosecha, distribución, manipulación, almacenaje, comercialización y consumo, evidentemente la medida debe cumplir con el objetivo de reducir el fenómeno, pero ¿cuáles son las acciones necesarias? ¿quién o quiénes son los encargados de cumplir o acompañar el cumplimiento de esas actividades?

A diferencia de la ley 30988 de Perú, la ley colombiana no contempla categorías de soluciones que correspondan a las causas de la problemática, por ejemplo, mientras Perú cuenta con medidas para la educación del consumidor, investigación del fenómeno y fomento de participación ciudadana, Colombia reduce las medidas a la donación de alimentos.

Por ello, es necesario que la política publica colombiana considere que es necesario mencionar y promover el fortalecimiento de pequeños y medianos productores en infraestructura, tecnificación y capacidades de producción, además de promover medidas que impacten las dinámicas de mercado como la intermediación, la economía campesina y familiar y las vías terciarias, medidas que impacten los ambientes alimentarios y el comportamiento del consumidor.

Es por ello por lo que, las medidas que establece la ley 1990 de 2019 tienen vacíos conceptuales y técnicos importantes para alcanzar el objetivo de reducir las pérdidas y desperdicios de alimentos, y de nuevo, es necesario que la ley articule sus medidas con otro problemas ambientales y económicos como la mitigación del cambio climático y la gestión sostenible industrial.

CONCLUSIONES La pérdida y desperdicio de alimentos es una problemática social, económica y ambiental que debido a sus impactos y consecuencias es objeto de solución por parte de las políticas públicas.

De esta manera, a nivel mundial se han establecido acuerdos como los ODS con metas a mediano y largo que comprometen a los países con la obligación de prevenir y reducir las pérdidas y los desperdicios de alimentos. Así, Colombia ha avanzado, y más con la sanción de la ley 1990 de 2019 que objeta la creación de la política nacional contra la pérdida y el desperdicio de alimentos.

Luego de un análisis realizado a la ley en mención, bajo las categorías de objetivos, actores y medidas, hallando en cada una de estas las fortalezas y los vacíos estructurales, conceptuales y técnicos, se hace evidente la necesidad de que la formulación de las políticas públicas esté acompañada de expertos en la problemática que se aborde, con el fin de asesorar y dar así, fuerza y solidez a la política.

La ley 1990 de 2019 presenta vacíos estructurales, conceptuales y técnicos bastante

Fotografía tomada de: canva.com

importantes que imposibilitan hacer un frente sólido al fenómeno de las pérdidas y desperdicios de alimentos. La política da cuenta de únicamente un frente del problema que es el alimentario, desconociendo así que la problemática tiene diversas aristas en el ámbito económico, ambiental y social. Además, una política que no cuenta con financiación deja a decisión de la planeación de los actores institucionales la ejecución de las medidas y el alcance de los objetivos.

La pérdida y el desperdicio de alimentos en el país debe empezar a verse en un sentido más amplío al actual, la problemática no se afronta con medidas únicas como la donación de alimentos. Es por ello por lo que, existen referentes internacionales como es el caso de Perú que tiene una ley (30988 de 2019) mucho más estructurada y solida en respuesta a la reducción y prevención del fenómeno, de la cual Colombia puede guiarse para la actual formulación de la política pública nacional.

Finalmente, es fundamental que la problemática se empiece a articular con otros problemas estructurales y coyunturales por los que atraviesa el país, no verse como un fenómeno que se soluciona reglamentando la donación de alimentos. Es importante hacer una revisión de los objetivos, los actores involucrados y las medidas propuestas por la ley 1990 de 2019, ya que por ejemplo el cumplimiento de los ODS debe materializarse a través de medidas efectivas que ejecuten los actores involucrados en la cadena de suministro de alimentos para que como resultado se obtengan avances en la reducción de las pérdidas y desperdicios de alimentos.

RECOMENDACIONES Como ha sido mencionado, la política contra la pérdida y el desperdicio de alimentos se encuentra en la etapa de diseño y formulación por parte de la CISAN que ha creada una submesa con el fin de capacitarse y poder formular la política. Es por ello por lo que, después de realizar un breve diagnóstico de la situación de la problemática en el país, al igual que realizar la presentación de los resultados del análisis de la ley 1990 de 2019 y reconocer un referente internacional de política pública sólida en el tema, se realizan las siguientes recomendaciones con el fin de ser incorporadas en la política pública nacional: ·Con el fin de aportar un insumo para la formulación de la política pública nacional, es necesario realizar un diagnóstico que permita reconocer la situación de la problemática en el país, al igual que en cada nivel de territorio: regional, departamental y municipal. De esta manera, se parte del reconocimiento de causas, cifras y consecuencias para formular objetivos y acciones que respondan a todos los frentes que se requieren para abordar la problemática de las pérdidas y desperdicios de alimentos. ·Es necesario que la formulación de políticas públicas, en cualquier nivel de concreción, reciba un acompañamiento técnico del tema abordado para que no queden vacíos conceptuales ni técnicos que resulten en ambigüedad e insuficiencia de los objetivos y medidas de esta.

Las políticas públicas, para ser eficaces, deben contar con financiación que permita la ejecución de las respectivas medidas y el

·logro de sus objetivos. Sin recursos propios, las políticas quedan a disposición de los recursos y la planeación de las diversas instituciones, restándole solidez y fuerza a, en este caso, la ley.

Es necesario que la problemática de las pérdidas y desperdicios de alimentos se articule a otros problemas estructurales del país: ausencia de comercio justo, tenencia y repartición de tierras, intermediación de mercados y de la vulneración en la que se encuentran los pequeños y medianos productores de alimentos. ·La definición de pérdidas y desperdicios de alimentos debe ser ampliada, no remitirse únicamente a problemas alimentarios que se solucionan con la donación de alimentos.

La problemática tiene unos ejes ambientales, sociales y económicos que merecen ser explorados para formular una política que verdaderamente afronte el fenómeno, con objetivos y medidas amplias, concisas y concretas.

Es fundamental que en una política pública que por objetivo tiene reducir un fenómeno tan sentido por la población, se garanticen mecanismos de participación ciudadana en el diseño, formulación e implementación.

Las consultas populares, y la invitación de representaciones de la sociedad civil (asociaciones, gremios, comunidades) es fundamental para diseñar e implementar políticas inclusivas que sea construidas por todos los agentes involucrados en la problemática.

Se debe revisar el enfoque de derechos humanos que tiene la ley, para que la política nacional no presente los mismos vacíos. La mención de un fondo para la distribución de alimentos a personas pobres, sin tener en cuenta ningún otro

criterio, vulnera el derecho a la alimentación adecuada y otros varios como el derecho a la dignidad. Incluir un enfoque de derechos a la política contra la pérdida y el desperdicio de alimentos, da lugar a englobar la seguridad alimentaria y nutricional dentro del derecho humano a la alimentación y nutrición adecuada, además de disminuir brechas sociales y económicos que irrumpen las dinámicas con las que se espera. ·El sistema de medición y control de pérdidas y desperdicio de alimentos que establece la ley 1990 de 2019 es un gran avance para el país, sin embargo, se debe dar cumplimiento al mismo cuando se dispongan de los recursos necesario, ya que este sistema sirve para hacer seguimiento al cumplimiento del país frente a los compromisos nacionales e internacional, y además evaluar el impacto de las políticas públicas relacionadas con el tema. ·Es importante revisar los plazos o tiempos establecidos por las políticas públicas, ya que estos deben ser coherentes respecto a lo esperado, teniendo en cuenta las dinámicas sociales y políticas del país. ·Establecer objetivos mediables, con metas de tiempo y que no den lugar a interpretaciones subjetivas, con el fin de darle solidez y fuerza a la política pública. ·Reglamentar la donación de alimentos, y en especial el papel de la industria en esta donación, con el fin de obtener alimentos nutricionalmente adecuados y culturalmente aceptados. ·Se evidencia una necesidad por reglamentar el monitoreo y las medidas frente a los desperdicios generados a nivel institucional.

En cuanto a pérdidas, se deben articular medidas y objetivos que apunten a la

·solución de problemáticas sociales y ambientales como la mitigación del cambio climático, el acceso de los pequeños y medianos productores a infraestructura, tecnificación y formación en capacidades técnicas. ·En medidas contra el desperdicio de alimentos, es necesario impactar los ambientes alimentos con acciones que fomenten un cambio de comportamiento del consumir, y así resulte una reducción del desperdicio. ·Para futuras líneas de análisis del problema, se recomienda seleccionar categorías de vital importancia como el sistema de medición y control del fenómeno, al igual que los resultados de la ley 1990 de 2019 frente a lo que esta plantea como objetivos y medidas.

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