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Yalilé Loaiza
Corresponsal de Infobae / Editora
General de Ecuador
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El debate sobre la consulta popular que podría abrir paso a una nueva Asamblea Constituyente en Ecuador está lejos de ser meramente jurídico. Aunque el discurso oficial la presenta como un mecanismo para “refundar” el Estado o modernizar la Constitución, en la práctica, el proceso se mueve en el terreno político. Lo que determinará su curso no serán los argumentos doctrinarios, sino las mayorías y los intereses en juego.
Paradójicamente, uno de los sectores más interesados en que la Constituyente prospere es el correísmo.
Pese a su aparente oposición al Gobierno, este espacio político podría encontrar en una eventual Asamblea un escenario ideal para reorganizar sus estructuras, reposicionarse frente al electorado y negociar cuotas de poder Para el movimiento que redactó la Constitución de 2008, un nuevo proceso constituyente representaría la posibilidad de reinsertarse institucionalmente bajo un nuevo contexto.
En el plano teórico, el debate debería regirse por consideraciones jurídicas sobre el alcance del Poder Constituyente, la separación de funciones o la estabilidad del orden constitucional. Pero en la práctica, lo relevante no será si la nueva Constitución la redacta un jurista, una comisión o incluso una inteligencia artificial como sugirió el propio presidente Daniel Noboa , sino si existen los votos para activarla En última instancia, la Constituyente no es un asunto de derecho, sino de poder
Gabriel Galán Melo
Profesor - UHE y UASB
Votar “sí” no es -y cuidado con los promotores ciegos del miedo- un salto al vacío ni un capricho político Es, sencillamente, en el contexto convulso actual, el reconocimiento lúcido de que el país ha perdido su rumbo y de que urge que volvamos a repensarnos como una comunidad Por eso, votaré que sí, porque Ecuador, lamentablemente, adolece desde hace mucho tiempo ya de un proyecto común y hoy más que nunca se ha evidenciado que aquellas brechas económicas, geográficas y sociales que nos acompañan históricamente, se han ensanchado y que la violencia como la incertidumbre han terminado por carcomer la poca o nula confianza en nuestras instituciones. Por lo que, esta fragmentación, división y/o descomposición del tejido social y de las instituciones nos exige retomar, con seriedad, el debate sobre quiénes somos y
hacia dónde queremos ir
No olvidemos que una Constituyente es una vía pacífica y democrática capaz de canalizar tales tensiones. En un contexto en el que el gobierno adolece de norte y en un país con evidente crisis de legitimidad social, política y jurídica, mantener y defender el statu quo (constitucional) nos acerca aún más a la implosión institucional y al conflicto violento Por ello votaré que sí, porque hoy -ni antes ni después- necesitamos abrir un espacio deliberativo amplio que permita que las diferencias se expresen y puedan, ojalá, encontrar una solución dentro del marco del Derecho y la participación ciudadana. Encerrarnos en el problema por miedo a lo que podría pasar, no es más que matar la esperanza con la apatía del mediocre.
Finalmente, mi voto será un “sí” porque es evidente, además, la necesidad de corregir varios errores en el diseño constitucional instituido en 2008. Por algún tiempo hemos observado ya, claras
disfunciones en la distribución del poder, en los mecanismos de participación ciudadana en las garantías básicas para la seguridad y el desarrollo económico sostenible de nuestro país. Revisar, debatir y repensar tales elementos no significa retroceder, sino actualizar los consensos y renovar los compromisos sobre los que descansa nuestra república.
Sin embargo, debo hacer una advertencia: nada de esto será posible si el proceso se conduce de manera errática, violenta o promocionando la polarización -como habitualmente lo hace el gobierno-; ya que, la Constituyente solo tendrá sentido si se construye con altura, con debate informado e inclusión social. Votar “sí” no basta: habrá que defender un proceso ejemplar Pero hoy, decir “sí” significa elegir el camino institucional para reconstruir la esperanza y el futuro común que hemos perdido.
Ab. Francia Drouet
Columnista invitada
Nadie ignora que, desde hace años, Ecuador arde en polarización. Dos bandos irreconciliables: un “Sí” a una nueva Constitución te estampa la etiqueta de lacayo del Gobierno; un “No”, la de retrógrado Esta caricatura política asfixia propuestas valiosas en medio de un 2025 dominado por debates superficiales
El foco del debate ya no es ¿Por qué Sí? o ¿Por qué No?, sino ¿Quién Sí? y ¿Quién No? No discutimos fondo ni forma, sino personajes. Triste síntoma para un tema que debería interpelar a todos, más allá de banderas partidistas. Esta enfermedad crónica refleja una profunda inmadurez social y política.
En el ruido, se sepultan preguntas como: si la Constitución existe para limitar al poder, ¿por qué insistir en añadir más derechos muchos de ellos vagos que solo amplían la intervención estatal? ¿Cuánto le cuestan al fisco esas promesas? ¿No volvemos más difícil frenar un Estado paternalista? ¿Y cuál es, en derecho comparado, la vida útil razonable de una Constitución moderna?
Como advierte Richard Albert, director del International Forum on the Future of Constitutionalism, las enmiendas no son simples parches: son disecciones que requieren precisión quirúrgica para evitar desmembrar la democracia misma. Lección urgente para un país que se aproxima a una cirugía constitucional sin anestesia institucional
El aporte al debate debe ser concreto, no pasional. Desde cada rol social debemos sumar experiencia para detectar fallas estructurales Desde mi trinchera en el libre ejercicio, veo que la libertad probatoria cojea sin una reestructuración judicial profunda. Urge crear organismos periciales e investigativos autónomos, independientes de la Fiscalía, que garanticen una defensa técnica en verdadera paridad de armas
Estas ideas solo florecerán si abandonamos posturas y recuperamos la fuerza del pensamiento. Solo así le devolveremos al país la sensatez que el ruido político le arrebató.
Jennifer Paredes
Estudiante UHE
La eliminación del financiamiento público destinado a los partidos políticos podría generar un gran desequilibrio en el sistema democrático, al provocar una desigualdad estructural entre las organizaciones partidarias En ausencia de recursos provenientes del Estado, únicamente aquellas agrupaciones con una sólida capacidad económica o con acceso a financiamiento privado, estarían en condiciones de sostener sus actividades políticas, electorales y administrativas

Esta situación vulneraría el principio de igualdad de oportunidades en la contienda electoral, considerado un elemento esencial de la democracia representativa. De igual forma, la falta de fondos públicos podría incentivar la obtención de recursos por vías informales o ilegales, incrementando la posibilidad de que capitales provenientes de actividades ilícitas se infiltren en la política. Esto pondría en riesgo la transparencia, la fiscalización y la legitimidad de los procesos electorales
En consecuencia, la exclusión del financiamiento estatal no solo debilitaría a los partidos
emergentes o minoritarios, sino que consolidaría el poder de aquellos con mayores recursos económicos o con posibles vínculos con estructuras criminales organizadas.
En conclusión, mantener un sistema de financiamiento público justo y equilibrado constituye un requisito fundamental para fortalecer la pluralidad política, garantizar una competencia democrática transparente y consolidar la integridad institucional del Estado
Por eso yo voto NO.

Antonio Patrón
Morejón
Estudiante UHE
Ecuador vive un nuevo periodo electoral. Tras el dictamen de la Corte Constitucional, el CNE convocó a una consulta popular Para esta reflexión, me centraré en la pregunta del casillero D, que a grandes rasgos plantea: “¿Está usted de acuerdo en convocar una Asamblea Constituyente?” Sí o No
De imponerse el “sí”, se impulsará otra Carta Magna que los poderes de turno presentan como la solución a los problemas estructurales del país Sin embargo, en casi 195 años de historia republicana, Ecuador ha tenido veinte
constituciones, desde la primera en 1830 hasta la vigente de 2008, un promedio de una por década. Esto demuestra que redactar nuevas constituciones no ha garantizado mejoras sostenibles en el bienestar ciudadano, ni ha sido la solución a los diversos problemas históricos del país.
La Constitución vigente no es perfecta, pero contempla mecanismos para su reforma y perfeccionamiento Prometer que todos los males se resolverán con una nueva Constitución solo reproduce la ilusión de una solución mágica, que la historia veinte veces, y ojalá no veintiuna— ha demostrado ser ineficaz
El progreso real, el que
verdaderamente puede subsanar los problemas que nos aquejan, no depende únicamente de cambios legales; exige fortalecer los valores ciudadanos, cívicos y patrióticos, junto con una institucionalidad sólida y un respeto genuino por los intereses de la mayoría frente a los grupos de poder.
¿Es necesaria una nueva Constitución para eso? La respuesta queda al criterio del buen y generoso lector de este humilde pensamiento, plasmado en esta noble revista. "Locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar un resultado distinto" (Rita Mae Brown)
Benjamín Paredes
Estudiante UHE
Cuando se habla de reducir el número de parlamentarios, uno de los principales argumentos que se presenta a la sociedad civil es, en primer lugar, el ahorro económico que esto supondría, y, en segundo lugar, la presunta mejora en la eficiencia legislativa
Comencemos por la eficiencia. Ya existen casos, como el de Italia, que en el año 2020 redujo su número de parlamentarios, y hasta la fecha no ha demostrado que esta medida haya generado un cambio significativo en el funcionamiento del Parlamento No se puede afirmar que la institución se haya vuelto más eficiente, como se creyó inicialmente
En cuanto al argumento
económico, si bien la reducción de asambleístas implicaría un menor gasto en remuneraciones, existen muchos otros ajustes posibles que podrían realizarse sin afectar la representatividad. Se debe recordar que, según las propuestas actuales, provincias como Carchi, Santa Elena, Bolívar o Galápagos quedarían con apenas un único representante. Esto representa un riesgo considerable, especialmente en un país cada vez más polarizado
Una alternativa más razonable podría consistir en revisar los esquemas de hospedaje y viáticos, tomando como referencia el modelo del Parlamento Europeo. En ese sistema, los parlamentarios reciben únicamente los viáticos estrictamente necesarios para su movilización y cuentan con un edificio que funciona como alojamiento cuando deben
permanecer en la sede legislativa Dicho edificio dispone de suites individuales con las comodidades básicas una cama, un baño y una pequeña cocina , además de un comedor común.
Aunque esta estrategia podría implicar inicialmente un costo adicional para el Estado ecuatoriano por la construcción de la infraestructura, a largo plazo resultaría más sostenible Uno de los principales problemas actuales es precisamente el alto gasto en viáticos. Esta medida, por supuesto, no excluiría el trabajo en territorio que, en teoría, los asambleístas deben realizar, pero sí ofrecería una alternativa más racional y eficiente en el manejo de recursos públicos
¿Son las bases militares extranjeras o las instalaciones extranjeras con propósitos militares la solución a la crisis de seguridad de Ecuador?
Natalia Chamba
Estudiante UHE
La primera pregunta de la Consulta Popular, que se llevará a cabo el próximo 16 de noviembre, propone eliminar la prohibición de establecer bases militares extranjeras en el país mediante la reforma parcial de nuestra Constitución Considero fundamental contextualizar lo que esta medida ha representado en la historia nacional.
Desde 1999, cuando se instaló por primera vez una base extranjera en Ecuador, hasta su prohibición en 2009, tropas militares estadounidenses se asentaron en la Base de Manta. Durante este período, se evidenció una alta eficacia operativa: Ecuador, en conjunto con Estados Unidos, pasó de incautar aproximadamente cuatro o cinco toneladas de droga en la década de los noventa a un promedio de veinticuatro toneladas entre el año 2000 y el 2009. Esto posicionó a Ecuador como una pieza clave
para combatir el narcotráfico; incluso la presencia de la base militar también conllevó un significado simbólico geopolítico al fortalecer la relación entre ambos Estados.
Ahora, casi dieciséis años después de la eliminación de las bases extranjeras, el país enfrenta un promedio de veinticinco homicidios diarios y se posiciona como el tercer país de América con mayor cantidad de droga incautada, solo superado por Estados Unidos y Colombia. Ante este contexto, nos preguntamos: ¿son las bases extranjeras la solución a la crisis de inseguridad?
En este punto convergen dos opiniones opuestas. Por un lado, están quienes sostienen que la medida sería la solución, argumentando que Ecuador carece de una política de defensa lo suficientemente eficaz para combatir esta crisis por sí mismo. Por otra parte, se encuentran quienes opinan que el simple restablecimiento de la presencia extranjera no resolverá el problema si no se implementa
una estrategia de seguridad sólida, la cual, según señalan, el gobierno no ha sabido manifestar Este sector, además, cuestiona la transparencia de la medida y los intereses particulares de otro país
Este es un tema sumamente extenso y complejo En este punto, es pertinente plantear un cuestionamiento final: ¿debe este asunto ser analizado por grupos de expertos en seguridad o, más bien, por la población ecuatoriana, que poco o nada sabe sobre la materia? Si las políticas públicas no atacan directamente la raíz del problema, estaremos simplemente maquillando la realidad. La inseguridad y toda la crisis que experimentamos son, en esencia, un subproblema derivado de la ineficacia general del sistema
En Ecuador, el referéndum se usa para aprobar o rechazar reformas a la Constitución o leyes ya aprobadas, mientras que la consulta popular busca conocer la opinión ciudadana sobre temas de interés nacional, regional o local. Ambos expresan la voluntad popular, pero tienen fines y alcances distintos
Nombre:
Pablo José Begnini Larenas
¿Cuál es tu libro favorito? La Divina Comedia
¿De qué equipo eres hincha? Selección italiana
¿Prefieres bolón o tigrillo? Tigrillo
Si quieres conocer más, te invitamos a ver el Ping-Pong completo en el siguiente link:
https://www instagram com/reel/DRAWzo0E X5o/?igsh=M2N2enl2bXpjcDN2
Aunque Ecuador ha tenido 20 constituciones, ninguna ha durado más de 30 años. Desde 1830, el país ha cambiado su Constitución en promedio cada 9 o 10 años, lo que muestra la inestabilidad política y los constantes intentos de “refundar” el Estado.



Coordinación general: David Castillo
Edición, diseño y maquetación: Camila Muñoz C.
Difusión: DIRCOM UHE
Gabriel Galán Melo
Yalilé Loaiza
Jennifer Paredes
Antonio Patrón Morejón
Benjamín Paredes
Natalia Chamba
Francia Drouet
Alfredo Stornaiolo
Daniela Paz

