Consumo privado presenta avance

El consumo privado en México se desaceleró en febrero de 2023 en medio de una elevada inflación y altas tasas de interés al anotar un avance de 2.8 por ciento anual, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

De confirmarse, el crecimiento anual de febrero sería el más bajo en 23 meses; es decir, desde abril del 2021, cuando empezó a mostrar el efecto rebote por la reapertura de la actividad, según el nowcast del Indicador Oportuno del Consumo Privado.

En el segundo mes del año, la inflación general se moderó a 7.62 % anual, pero por debajo de la subyacente que fue de 8.29 por ciento.

En este enfriamiento del consumo, los mexicanos se mostraron cautelosos sobre su situación económica dentro de un año al mostrar un descenso de 0.9 unidades en su comparación mensual y 0.7 en términos anuales en sus expectativas.

Según el INEGI, durante enero el IOCP habría mostrado un incremento anual de 4.0 por ciento. En su comparación mensual el IOCP se desaceleró por segundo mes al hilo y avanzó 0.3 por ciento mensual, desde 0.5 por ciento en enero.

2.8 Por ciento fue el avance que presentó el consumo privado en el país de acuerdo con el Inegi.

América Latina y Caribe ha logrado grandes avances en los últimos años al impulsar la capacidad de generación de energía renovable, es necesario hacer más dado que se prevé que la demanda de electricidad crezca casi un 50 por ciento para fines de esta década. e icanos se ostraron ca telosos so

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La paralización del “Plan B”

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Gilberto Félix

Bours Presidente de Consejo

Sergio García Vargas Director General

César Tovar Longoria Director Editorial

Edmundo Jacobo regresó al INE entre aplausos. Fue gracias a una decisión cautelar de una jueza de distrito. Esta suspensión se suma a otras resoluciones adoptadas en la Suprema Corte para paralizar el llamado “Plan B” en tanto se resuelve si es o no inconstitucional.

La decisión de la jueza Blanca Lobo Domínguez no es inusual, aunque no les haya gustado a algunos actores políticos. En cambio, la suspensión concedida por la Corte sí tiene sus particularidades. Para empezar, la ley que reglamenta las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad expresamente indica que no puede concederse esta medida (arts. 14 y 64).

Desde esa perspectiva, la decisión de la Corte es ilegal, en tanto va en contra de una ley. Sin embargo, eso no quiere decir que sea antijurídica. Los tribunales pueden inaplicar las leyes que sean contrarias a la Constitución y a los derechos humanos. Y eso es lo

Precisiones jurídicas a la posverdad

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A Ana, que me acaba de hacer abuelo.

La semana pasada, el presidente AMLO, afirmó: “Claro que puedo hablar de la UNAM y puedo hablar de cualquier universidad. Somos libres, la verdad nos hará libres”. Coincido totalmente.

“La verdad nos hará libres” tiene doble génesis histórica. Para Sócrates el conocimiento libera de la ignorancia (Diálogos, La República, libro VII). En el Evangelio la verdad equivale a la fidelidad a la palabra de Jesús que libera del pecado: “Si os mantenéis fieles a mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres” (Juan 8,31-32).

No el significado filosófico, sino el religioso interesa al Presidente. En su tribuna no pretende informar verazmente a la ciudadanía, quiere formar discípulos fieles a su palabra.

Así lo demuestra el nuevo ataque al programa de estudios de Derecho en la UNAM, como en octubre del 2021, cuando señaló que la casi ausencia de materias de derecho constitucional, laboral y agrario, convertían a nuestra Alma Mater en una universidad “individualista” alejada del pueblo. Año y medio después insiste en el mismo tema, y… con el mismo ¿error?

Entrevistado por EL UNIVERSAL (23 de octubre 2021), aclaré y lo reitero ahora: lejos de disminuir la oferta de esas materias, aumentó. Con el plan de estudios de la “época neoliberal” se agregaron 2 tópicos: teoría de la constitución y garantías constitucionales a los 2 prexistentes: derecho constitucional y amparo y 4 optativas. En materia social: derecho individual de trabajo, derecho colectivo procesal del trabajo y derecho de la seguridad social; derecho agrario, y 4 optativas inclu-

Remdesivir para José Ramón López Beltrán, no para el pueblo

Contracorriente aite ela

Mi mamá y mi papá fallecieron el mismo día, un 21 de enero de 2021 por Covid-19, cuando con los medicamentos disponibles para toda la ciudadanía no lograban detener el deterioro atroz y veloz que ocasionaba el virus en el cuerpo de las personas adultas mayores. Mis padres forman parte de la inmensa lista de 800 mil personas que murieron a causa de la enfermedad en México. Sin embargo, con la información que ha circulado sobre el privilegiado acceso a medicamentos efectivos contra el virus, resulta inevitable preguntarse si la muerte fue por el virus o por la negligencia gubernamental de detener la distribución de estos medicamentos y ponerlos a disposición de todas y todos los que tenían su vida en riesgo y no solo para sus allegados.

La semana pasada el portal Latinus dio a conocer que de entre todas las personas contagiadas solo hubo una que recibió un medicamento especial: José Ramón López Beltrán.

De ninguna manera cuestiono que las personas que ocupan puestos de alto nivel y sus familias cuenten

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TRIBUNA DEL YAQUI, publicación de circulación diaria. Año LI. Certificado de Licitud de Título y Contenido: 16469. Reserva de Derechos al Uso Exclusivo: 04-2016-041313515500-101, otorgado por el Instituto Nacional del Derecho del Autor. Publicado y distribuído por TRIBUNA DEL YAQUI S.A. DE C.V., Domicilio de la impresión en Guadalupe Victoria que implícitamente ha ido considerando la Suprema Corte desde 2018, cuando decidió paralizar la aplicación de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, y más adelante cuando hizo lo mismo con la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones que exigía a las personas entregar sus datos biométricos para contratar una línea de telefonía móvil.

La ley que reglamenta las controversias y las acciones prohíbe la suspensión por una razón: las leyes aprobadas por el Congreso tienen una presunción de constitucionalidad. Sin embargo, en un caso concreto pueden estar en juego otros derechos y principios constitucionales que se verían afectados irremediablemente si no se paraliza la aplicación de la ley.

Por eso, en algunos casos resulta necesario que los jueces valoren si deben darle mayor peso a los derechos que pueden quedar vulnerados de forma irreparable o al principio de presunción de constitucionalidad de las leyes. Como la ley no permite esa posibilidad, hay que inaplicarla en ciertos casos, pues así tiene plena eficacia una norma que es de mayor rango, como es la Constitución. Estas son las razones que subsisten detrás de una decisión tan polémica, por cont rave nir el texto expreso de la ley que reglamenta las controversias y las acciones pero que, a la vez, puede ser apegada al orden jurídico del país. En casos políticamente tan sensibles, como es el “Plan B”, esto resulta más conflictivo que en asuntos que sin atención mediática. Twitter: @ChemaSoberanes yendo derecho indígena. Los planes en www.derecho.unam.mx/escolares/planes.php

No obstante, esa evidencia, el Presidente afirmó: “prácticamente desapareció el derecho constitucional, desapareció el derecho laboral y SIN DUDA desapareció el derecho agrario”. Agregó que “las instituciones formadoras de abogados alejaron a los estudiantes de las preocupaciones, de las demandas de las necesidades del pueblo, y los formaron sólo para defender los intereses de las cúpulas”.

Para censurar “el retroceso en materia académica durante el periodo neoliberal”, criticó a Pedro Salazar (PS) anterior director del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, y a Mónica González Contró (MGC), su actual directora, sin reparar en que el segundo periodo de PS (2018-2022) y la designación de MGC (2022), acontecieron durante la 4T y no en “el periodo neoliberal”.

Indicó de cada uno que “no pasó por la UNAM”. Sus respectivas reseñas curriculares, indican que los dos fueron respectivamente secretario y secretaria académicos del IIJ; han sido docentes de la Facultad de Derecho e investigadores de tiempo completo en el IIJ por muchos años. La Dra. MGC fue Abogada General de la UNAM (2015-2020). El Dr. PS, presidente del Consejo Interno, integrante del Consejo Técnico de Humanidades, presidente de la Comisión de Legislación Universitaria del Consejo Universitario y miembro del Claustro de Doctores de la Facultad de Derecho.

¿Por qué de nuevo el ataque a la UNAM? La respuesta: “Lo hago para llamar la atención sobre cómo tiene que llevarse a cabo una reforma en el Poder Judicial, pero también se trata de ir reformando nuestra alma mater”. Días después el diputado morenista Armando Contreras presentó una iniciativa para reformar a la Ley Orgánica de la UNAM, violatoria de la Ley General de Educación Superior.

“La posverdad equivale a una forma de supremacía ideológica, a t ravés de la cuál sus practicantes intentan obligar a alguien a creer en algo, tanto si hay evidencia a favor de esa creencia como si no” (Lee McIntyre, La Posverdad, Ed. Cátedra, 2018, p. 42). ¿Pero cómo es esto posible? La respuesta es sencilla: “En un mundo en el que los políticos pueden desafiar los hechos y no pagar ningún precio político por ello, la posverdad es mucho más importante que cualquier persona”. (ibidem, p. 43) con apoyos que garanticen su eficiente desempeño al servicio de México. Sin embargo, esta decisión de privilegiar a unos cuantos y privar deliberadamente a otros del acceso a un medicamento es algo muy diferente.

“El remdesivir no es un medicamento autorizado para su uso generalizado, ni en México ni en ninguna otra parte del mundo. Entonces no tengamos una esperanza que no estaría cimentada en la realidad de que ya muy pronto lo único que hay que hacer es conseguir el medicamento”. Estas son las palabras de Hugo LópezGatell en mayo 2020.

Supongamos que el remdesivir estaba en fase de ensayo y no había evidencia suficiente. Lo que es un hecho, es que, en octubre del 2020, la Food and Drug Administration (FDA por sus siglas en inglés, institución homóloga de la Cofepris en Estados Unidos) autorizó el uso de remdesivir para tratamiento de Covid.

Aquí López-Gatell lo descartó asegurando que “no hay evidencia suficiente de que tengan eficacia para reducir la mortalidad”.

Entonces, ¿Por qué se le suministró remdesivir al hijo del Presidente? ¿por qué se movilizó el Ejército para conseguir un medicamento no autorizado?, ¿por qué había remdesivir en territorio nacional sin ser autorizado y suministrado a pacientes hospitalizados?

El saber que López Beltrán fue atendido con un medicamento del cual estaba probada su eficacia tiene que hacernos cambiar la respuesta cuando se nos pregunte por aquellas personas queridas que perdimos en la pandemia. Ahora tendremos que decir: no fue por Covid, fue por la falta de un medicamento disponible solo para los que tienen privilegios.

Twitter: @MaiteAzuela

La otra Agenda: el verdadero peligro es s e es eroles

La relación de México con Estados Unidos (EU) está en crisis. Es evidente que no es debido a disputas comerciales, por relevantes que son, ni por la tragedia humanitaria de una migración descontrolada, sino a raíz de una profunda descomposición de la seguridad nacional en México, que a su vez afecta la seguridad nacional de EU. El desencuentro en materia de seguridad fue provocado por una crisis real, muy profunda, de seguridad en México, que no tiene precedente y que se gestó durante muchos años. Los principales signos de dicha crisis son la pérdida de gobernabilidad, en diversas regiones del país, la intromisión de organizaciones criminales en asuntos electorales, y el amedrentamiento de gobiernos de diversos ámbitos, sobre todo los municipios. Es un deterioro innegable, aunque el gobierno federal no lo reconozca, pues su escapismo está atrapado en la negación. Es una crisis evidente para todos menos AMLO. Los indicadores son muchos, pero quizás el más significativo sea la amplitud del territorio nacional donde el gobierno ha perdido su capacidad para gobernar, pues está al borde de un abismo que lo constituiría en un estado fallido. Eso se sabe en México, en Washington D.C. y en Ottawa, donde se comparte una profunda preocupación al respecto. Surge la pregunta, ante una acción insuficiente del gobierno de México para combatirla ¿hasta cuándo deberían esperar el gobierno de EU, Canadá y los mexicanos para expresar de manera más firme su preocupación y demandar una acción efectiva para rescatar a México del crimen organizado? El hartazgo de los mexicanos con la crisis de inseguridad se expresa a diario: se cobra derecho de piso en todos los rincones del país, donde también prevalecen la extorsión, los feminicidios y los homicidios.

En la coyuntura actual el presidente Biden se encuentra bajo presión de varios gobernadores, de congresistas y senadores, en especial republicanos, y de otros grupos de interés con peso político para su eventual reelección.

Por su parte, el presidente López Obrador debe desactivar las presiones que vienen del sector más radical y antiyanqui de Morena. La asimetría es clara, Biden debe hacer política hacia afuera de su partido, en el Congreso, mientras que AMLO lo tiene que hacer al interior de su movimiento. Lo que habrá que aclarar en México es ¿cuáles de esas presiones son reales y cuáles son inducidas o inventadas por el propio líder de Morena? Su improcedente llamado a la comunidad de origen mexicano en EU a votar en cierto sentido fue objeto de rechazo inmediato por dicha comunidad. Un factor adicional es el efecto en ambos países de lo que se dijo en el juicio de Genaro García Luna en Brooklyn. Su resultado más relevante fue la pérdida de confianza mutua de las autoridades estadounidenses respecto a las mexicanas y de las mexicanas respecto a las del vecino del norte. Si bien precaria, la confianza que existía antes de dicho juicio quedó muy dañada.

¿Qué pérdida de soberanía es más grave? ¿La penetración del crimen organizado en México o los sueños intervencionistas de congresistas estadounidenses? Es mucho más serio, trascendente y preocupante la penetración del crimen organizado (narcoestado) en México que la retórica intervencionista.