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RÉGIMEN JURÍDICO ADMINISTRATIVO DE LA VIDEOVIGILANCIA POLICIAL DE ESPACIOS PÚBLICOS


COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig

Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia

Ana Cañizares Laso

Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Málaga

Jorge A. Cerdio Herrán

Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México

José Ramón Cossío Díaz

Ministro de la Suprema Corte de Justicia de México

Javier de Lucas Martín

Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia

Víctor Moreno Catena

Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid

Francisco Muñoz Conde

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Angelika Nussberger

Jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de Colonia (Alemania)

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot

Héctor Olasolo Alonso

Owen Fiss

Luciano Parejo Alfonso

Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)

José Antonio García-Cruces González

Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED

Luis López Guerra

Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid

Ángel M. López y López

Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla

Marta Lorente Sariñena

Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid

Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda) Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid

Tomás Sala Franco

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia

Ignacio Sancho Gargallo

Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España

Tomás S. Vives Antón

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia

Ruth Zimmerling

Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)

Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales


RÉGIMEN JURÍDICO ADMINISTRATIVO DE LA VIDEOVIGILANCIA POLICIAL DE ESPACIOS PÚBLICOS

Mª DEL PILAR CASTRO LÓPEZ

tirant lo blanch Valencia, 2019


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© Mª del Pilar Castro López

© TIRANT LO BLANCH EDITA: TIRANT LO BLANCH C/ Artes Gráficas, 14 - 46010 - Valencia TELFS.: 96/361 00 48 - 50 FAX: 96/369 41 51 Email:tlb@tirant.com www.tirant.com Librería virtual: www.tirant.es DEPÓSITO LEGAL: V-642-2019 ISBN: 978-84-9190-913-2 IMPRIME: Guada Impresores, S.L. MAQUETA: Tink Factoría de Color Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-de-empresa nuestro procedimiento de quejas. Responsabilidad Social Corporativa: http://www.tirant.net/Docs/RSCTirant.pdf


A mis padres A Lola e Irene A Julia y Laura A Paolo


Índice PRÓLOGO............................................................................................... 13 ABREVIATURAS...................................................................................... 19 PRESENTACIÓN..................................................................................... 21

Capítulo I LAS TECNOLOGÍAS DE LA VIGILANCIA: ORIGEN, DESARROLLO Y ESTADO ACTUAL 1. LA «SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN» COMO «SOCIEDAD DE LA VIGILANCIA»........................................................................ 25 2. EL DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA VIDEOVIGILANCIA... 34 3. LA PRAXIS DE LA VIDEOVIGILANCIA COMO FENÓMENO MUNDIAL: ORÍGENES Y EVOLUCIÓN.......................................... 39 3.1. La «cuna» de la videovigilancia: Reino Unido y Estados Unidos. 40 3.2. La expansión de la videovigilancia a escala mundial.................... 44 3.3. Orígenes y desarrollo de la praxis de la videovigilancia en España................................................................................................ 48 4. EL CONTEXTO SOCIO-ECONÓMICO, POLÍTICO Y TEÓRICO DE LA EXPANSIÓN DE LA VIDEOVIGILANCIA............................. 56

Capítulo II DERECHOS FUNDAMENTALES AFECTADOS POR LA VIDEOVIGILANCIA 1. EL ARTÍCULO 18 DE LA CONSTITUCIÓN COMO SEDE CONSTITUCIONAL DEL NÚCLEO BÁSICO DE DERECHOS CONCERNIDOS POR LAS ACTIVIDADES DE VIDEOVIGILANCIA: CONSIDERACIONES PRELIMINARES........................................................ 74 2. EL DERECHO A LA INTIMIDAD..................................................... 78 3. EL DERECHO A LA PROPIA IMAGEN............................................ 94 4. EL DERECHO AL HONOR............................................................... 99 5. EL DERECHO A LA INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO............. 104 6. EL DERECHO AL SECRETO DE LAS COMUNICACIONES........... 114 7. EL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES...... 124 8. OTROS DERECHOS FUNDAMENTALES CONCERNIDOS POR LA ACTIVIDAD DE VIDEOVIGILANCIA POLICIAL....................... 139


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Capítulo III LA REGULACIÓN DE LA VIDEOVIGILANCIA POLICIAL DE ESPACIOS PUBLICOS 1. LA REGULACIÓN DE LA VIDEOVIGILANCIA EN EL DERECHO INTERNACIONAL Y COMUNITARIO A TRAVÉS DE LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES: LAS NOVEDADES EN EL ÁMBITO COMUNITARIO................................................................. 155 1.1. La labor del Consejo de Europa................................................... 155 1.2. La labor de la Unión Europea: la incidencia de la Directiva 2016/680, sobre protección de datos personales en los ámbitos policial y de la justician penal...................................................... 162 2. LA REGULACIÓN DE LA VIDEOVIGILANCIA EN LA LEY FRANCESA DE ORIENTACIÓN Y PROGRAMACIÓN RELATIVA A LA SEGURIDAD Y SU POSTERIOR EVOLUCIÓN................................. 177 3. LA REGULACIÓN DE LA VIDEOVIGILANCIA POLICIAL EN ESPAÑA.................................................................................................. 188 3.1. La insatisfactoria situación inicial de orfandad legislativa............ 188 3.2. La fundamental incidencia de la Ley Orgánica 4/1997................ 203 3.3. La fragmentación en el desarrollo y ejecución de la Ley Orgánica 4/1997: una consecuencia necesaria del modelo policial español. 212

Capítulo IV EL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY DE LA VIDEOVIGILANCIA 1. EL ELEMENTO SUBJETIVO: FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD HABILITADOS.......................................................................... 233 1.1. Las funciones de los Cuerpos de Seguridad del Estado................. 236 1.2. Las funciones de las Policías autonómicas................................... 239 1.3. Las competencias de los Entes locales en materia policial: las Policías locales................................................................................. 245 1.4. Conclusión sobre el elemento subjetivo: la necesidad de coordinación y cooperación policial en relación a la videovigilancia...... 260 2. EL ELEMENTO LOCATIVO: LUGARES INCLUIDOS Y LUGARES EXCLUIDOS DE LA ACTIVIDAD DE VIDEOVIGILANCIA POLICIAL SUJETA A LA LEY ORGÁNICA 4/1997................................... 266 2.1. Lugares incluidos: el equívoco concepto de lugares públicos abiertos o cerrados...................................................................... 267 2.2. Lugares excluidos: el domicilio como ámbito especialmente prohibido.......................................................................................... 275 2.3. El supuesto especial de la utilización de videocámaras para la protección de inmuebles.............................................................. 281 3. EL ELEMENTO TELEOLÓGICO: LOS FINES DE LA VIDEOVIGILANCIA POLICIAL............................................................................ 289


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3.1. Las finalidades de la Ley Orgánica 4/1997 y los fines de la videovigilancia policial......................................................................... 289 3.2. La protección de la seguridad ciudadana como fin legitimador de la videovigilancia policial............................................................. 292 3.3. La existencia de un peligro para la seguridad ciudadana como presupuesto fáctico habilitante para la utilización de las videocámaras........................................................................................... 302

Capítulo V RÉGIMEN DE LA AUTORIZACIÓN Y UTILIZACIÓN DE VIDEOCÁMARAS 1. LA EXIGENCIA GENERAL DE AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA................................................................................................... 310 1.1. La administrativización del régimen de autorización de las videocámaras....................................................................................... 311 1.2. Naturaleza jurídica del acto administrativo de autorización........ 316 2. LAS COMISIONES DE VIDEOVIGILANCIA..................................... 318 2.1. La discutible presidencia judicial de las Comisiones de Videovigilancia........................................................................................... 321 2.2. Composición y régimen de funcionamiento de las Comisiones de Videovigilancia............................................................................ 327 2.3. Funciones de las Comisiones de Videovigilancia.......................... 340 3. LOS PRINCIPIOS DE UTILIZACIÓN DE LAS VIDEOCÁMARAS: PROPORCIONALIDAD, IDONEIDAD E INTERVENCIÓN MÍNIMA. 347 4. PECULIARIDADES DEL RÉGIMEN DE LAS INSTALACIONES FIJAS DE VIDEOCÁMARAS................................................................. 356 4.1. La competencia para otorgar la autorización de videocámaras fijas.............................................................................................. 357 4.2. El procedimiento para la autorización de videocámaras fijas....... 363 4.2.1. Iniciación del procedimiento............................................ 364 4.2.2. La instrucción del procedimiento..................................... 374 4.2.3. La resolución del procedimiento. Renovación y revocación de autorizaciones...................................................... 377 5. PECULIARIDADES DEL RÉGIMEN DE LAS VIDEOCÁMARAS MÓVILES............................................................................................ 384 5.1. El régimen ordinario de utilización de videocámaras móviles...... 386 5.1.1. La competencia para autorizar el uso de videocámaras móviles............................................................................. 386 5.1.2. El procedimiento para la autorización de videocámaras móviles............................................................................. 392 5.2. Régimen de urgencia de utilización de videocámaras móviles...... 397 5.3. Utilización simultánea de videocámaras fijas y móviles: un supuesto especialmente controvertido............................................. 404


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Capítulo VI RÉGIMEN DEL USO DE LAS GRABACIONES 1. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y VIDEOVIGILANCIA POLICIAL........................................................................................... 409 1.1. El concepto de tratamiento de imágenes y sonidos en la Ley Orgánica 4/1997.............................................................................. 411 1.2. La problemática remisión a la legislación de protección de datos personales.................................................................................... 417 2. LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE LA CUSTODIA Y DESTINO DE LAS GRABACIONES.................................................................... 428 2.1. La indeterminación legal de los órganos responsables.................. 428 2.2. Validez de la remisión normativa para la determinación de los órganos responsables................................................................... 435 3. EL DESTINO DE LAS GRABACIONES............................................. 440 3.1. Supuestos en que las grabaciones pueden ser utilizadas............... 440 3.2. La destrucción de las grabaciones como regla general.................. 446 3.3. Supuestos de destrucción inmediata de las grabaciones................ 452 4. REGLAS INSTRUMENTALES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL RÉGIMEN DEL USO DE LAS GRABACIONES................................. 459 4.1. El deber de secreto....................................................................... 459 4.2. La prohibición de cesión, copia y manipulación de las grabaciones............................................................................................... 470 4.3. Régimen sancionador en materia de videovigilancia policial........ 475

Capítulo VII DERECHOS DE LAS PERSONAS EN RELACIÓN A LA VIDEOVIGILANCIA POLICIAL 1. LA INFORMACIÓN COMO PRESUPUESTO NECESARIO PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LOS AFECTADOS............ 488 1.1. El deber de información al público.............................................. 491 1.2. Registros de instalaciones fijas de videocámaras.......................... 496 2. DERECHOS DE ACCESO Y CANCELACIÓN EN RELACIÓN A LAS GRABACIONES.......................................................................... 501 2.1. Régimen de ejercicio de los derechos de acceso y cancelación...... 502 2.2. Límites a los derechos de acceso y cancelación............................ 512 CONCLUSIONES..................................................................................... 523 BIBLIOGRAFÍA........................................................................................ 533 ANEXO: JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL................................ 555


PRÓLOGO Seguridad ciudadana versus derecho a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de datos. La seguridad ciudadana como bien jurídico de enorme trascendencia, que cobra si cabe mayor relevancia en nuestros días debido al auge mundial del terrorismo yihadista, frente a la protección de derechos fundamentales de la persona. Estos son los bienes jurídicos que entran en conflicto cuando se analiza el tema de la videovigilancia policial; materia sobre la que versa el libro de la Dra. Mª del Pilar Castro López y que tengo la satisfacción de prologar. Teniendo en cuenta que la ley orgánica por la que se regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos data de 1997, la llamada Ley de Videovigilancia, pudiera parecer que la publicación carece de novedad o cuanto menos que resulta extemporánea. Nada más lejos de la realidad. La obra que prologamos presenta tres virtudes nada desdeñables, que dan muestra de su oportunidad, actualidad y originalidad. La primera, ligada a la propia autora, pues se trata de una profesora consolidada y experta en la rama de conocimiento en la que se inserta la investigación, el Derecho Administrativo; la segunda, relacionada con el objeto de estudio, la videovigilancia en lugares públicos, que es un tema de gran actualidad no solo por afectar a la averiguación de delitos, habiendo cobrado especial relieve tras el aumento en Europa del terrorismo islamista, sino también, por lo que ahora nos interesa, porque se relaciona con instituciones administrativas que están en boga en nuestros días como la protección de datos, la transparencia administrativa, el uso de las nuevas tecnologías por la Administración pública y la interoperabilidad en la transmisión de datos y ficheros. Todo ello sin obviar su incidencia directa en: a) importantes derechos fundamentales como los recogidos en el art. 18 de nuestra Carta Magna (derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen, a la protección de datos de carácter personal…); b) el uso de los bienes demaniales, dada la aplicación de la legislación sobre videovigilancia a lo que denomina “espacios públicos”; c) el régimen autorizatorio; y d) el uso de las grabaciones obtenidas en esa actividad de vigilancia. Elementos todos


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que se abordan en la obra con gran rigurosidad. La tercera se refiere al interés de tratar instituciones jurídicas transcurridos más de 20 años desde la publicación de su norma de cabecera. Ello nos permite constatar, por un lado, la escasez de conflictos jurisprudenciales relacionados con la aplicación de la ley reguladora de la videovigilancia policial, lo que es muestra de su eficacia y de una conciencia social favorable a la mejora en materia de seguridad aún a riesgo de que se vean mermados ciertos derechos y libertades fundamentales; por otro lado, que la finalidad teleológica que inspiró la aprobación de la citada Ley se ha afianzado con la proliferación del fenómeno terrorista. Al mismo tiempo se han dictado nuevas normas en la Unión Europea orientadas a garantizar la protección de datos en la cooperación policial y el intercambio de información en la averiguación de delitos y en la ejecución de sanciones penales, que deben ser tenidas en cuenta. La videovigilancia se conforma como una potestad de limitación o de policía en manos de la Administración pública que contribuye a la mejora en la prestación de un servicio esencial en las sociedades modernas, la seguridad ciudadana. Más concretamente se trata de una potestad de vigilancia en manos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que actúa como técnica de control de la actividad privada y que puede ser determinante en un procedimiento penal o administrativo. Contrasta la relevancia de este tipo de intervencionismo de la Administración pública con la ausencia de una mínima regulación básica de la actividad material de vigilancia como elemento del régimen jurídico de las Administraciones públicas, a salvo de los principios y límites que respecto a la intervención administrativa en la actividad privada recoge el art. 4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. A pesar de la dispersión y escasez regulatoria de esta potestad, la actividad de videovigilancia policial se erige en una excepción al contar con un detallado régimen jurídico que, como no podía ser de otra manera por verse afectados derechos fundamentales de la persona, se regula en una Ley Orgánica (Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos), no ausente de lagunas e inconcreciones que acertadamente pone de manifiesto la Dra. Mª del Pilar Castro en esta obra, en la que se pormenorizan los límites al ejercicio de dicha potestad. Estos límites tienen su fundamento en la protección de los derechos fundamentales que pueden


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verse afectados con esa actividad de videovigilancia, y entre los que hoy en día cobra especial importancia la protección de datos, a la que expresamente se refiere el art. 4.2 de la Ley 40/2015. El difícil equilibrio entre la satisfacción de la seguridad ciudadana y la protección de los derechos afectados por la citada potestad administrativa de vigilancia policial a través de cámaras de video pasa por respetar la regulación contenida en la Ley Orgánica 4/1997. Esta norma garantiza el ajuste en el uso de dicha potestad administrativa al principio de legalidad y el respeto a la Constitución Española y a los derechos fundamentales en la misma previstos. Derechos fundamentales a cuya protección no es ajeno el derecho de la Unión Europea. De ahí que aquella regulación requiera de su adaptación a la Directiva 2016/680, de 27 de abril, pendiente de transposición el derecho interno, que incide en la necesidad de proteger los datos personales en el intercambio policial de la información procesada por autoridades públicas con ocasión de la prevención y sanción de actividades delictivas. En este contexto, la profesora Mª del Pilar Castro analiza el desarrollo de las nuevas tecnologías y de sus beneficios para el desarrollo económico y en la prestación de servicios, mostrando su indudable conexión con el surgimiento de la videovigilancia pública y privada. De gran interés resulta la exposición sobre el origen y expansión a nivel mundial de los sistemas de videovigilancia policial, claramente unidos a la lucha antiterrorista y a la prevención de la criminalidad. Pero sin duda uno de los ejes principales de este libro lo constituye el estudio de la incidencia que el uso de videocámaras de vigilancia policial tiene en el ejercicio de derechos fundamentales reconocidos en el art.18 de la Constitución Española y otros derechos fundamentales (derecho de reunión, derecho de huelga…); todo ello a la luz de un minucioso y exhaustivo análisis de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. La exposición del régimen jurídico interno sobre la videovigilancia se realiza por la autora de esta obra con un perfecto encuadre en el marco normativo internacional y europeo de esta materia, siendo especialmente destacable la influencia de la regulación francesa en nuestra legislación interna. El análisis de las indeterminaciones terminológicas (p. ej. cuando alude a los lugares donde puede ejercerse este tipo de vigilancia electrónica como “espacios públicos, abiertos o cerrados”) o las cuestiones no reguladas, dan muestra de la exhaustiva exposición del régimen jurídico interno.


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La posible afectación a derechos fundamentales de la persona ha dado lugar a una vasta regulación de un peculiar régimen autorizatorio de las actividades de videovigilancia policial en lugares públicos. Frente a este control preventivo destaca la parquedad de la ley al referirse al uso que cabe dar a las imágenes y sonidos obtenidos mediante videocámaras. Así se pone de manifiesto con la lectura del interesante Capítulo VI del libro dedicado al régimen de uso de las grabaciones. La autora no solo detalla el régimen jurídico que contiene la Ley de Videovigilancia sobre el uso de las grabaciones, sino que también aporta propuestas para resolver el enredo normativo que deriva de las remisiones que realiza a la legislación de protección de datos y la falta de concreción de los órganos responsables de la custodia y destino de las grabaciones y del régimen sancionador aplicable. La obra concluye con la exposición de los derechos que en relación a la videovigilancia ostentan las personas. Entre ellos el derecho a ser informado de la existencia de videocámaras de vigilancia o el derecho de acceso a los registros de instalaciones fijas de videocámaras, aspecto este que hay que poner en conexión con las obligaciones de transparencia administrativa, previstas en la legislación más reciente en el tiempo, la Ley 19/2013, de Transparencia, Acceso a la información pública y Buen Gobierno; el derecho de acceso y cancelación y las cuestionables excepciones a su ejercicio desde la perspectiva de la limitación de derechos fundamentales. Nos encontramos, pues, ante un trabajo de referencia en el ámbito de la videovigilancia ejercida por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, donde su debido anclaje e interpretación conforme a la Constitución Española se enriquece y actualiza a la luz de las exigencias que derivan del Derecho de la Unión Europea en materia de protección de datos de carácter personal. Todo un régimen jurídico que, partiendo del análisis de la Ley Orgánica 4/1997, se conecta con toda la normativa interna —posterior en el tiempo— con la que guarda relación, por lo que la obra sirve como propuesta general de reforma o adaptación de aquella norma al nuevo contexto social y normativo en el que debe aplicarse, sirviendo a su vez para atajar las indeterminaciones y lagunas que la autora deduce de su análisis. La lectura de este trabajo nos lleva a constatar cómo el estudio de la videovigilancia policial en lugares públicos no debe hacerse desde la perspectiva de la oposición o conflicto entre seguridad ciudadana y protección de


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derechos fundamentales, sino que la interpretación integrada de todo el marco normativo concernido y las propuestas que se nos presentan en este libro permiten hablar del ejercicio de la potestad de videovigilancia para garantizar la seguridad ciudadana, pero no en detrimento, sino al servicio y con respeto a los derechos fundamentales que pueden verse afectados. No queremos dar por finalizadas estas líneas sin reconocer que el libro que prologados es el resultado de una reflexión madura sobre el contenido de lo que fue la Tesis Doctoral de la profesora Mª del Pilar Castro, intitulada: “Régimen jurídico administrativo de la videovigilancia policial”, defendida ante un Tribunal compuesto por los profesores: Ángel Sánchez Blanco, Miguel Domínguez Berrueta de Juan, Eloisa Carbonell Porras, Concepción Barrero Rodríguez y Enmanuel Jiménez Franco que le otorgó la calificación de sobresaliente cum laude por unanimidad, y que estuvo dirigida por los profesores José Mª Souvirón Morenilla y Diego J. Vera Jurado. Isabel González Ríos Catedrática de Derecho Administrativo


ABREVIATURAS CE CP LBRL

Constitución Española Código Penal Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local LECr Ley de Enjuiciamiento Criminal LODP Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal LOFAGE Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado LOFCS Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad LOPDHI Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen LOPJ Ley Orgánica del Poder Judicial LOPS Ley número 95-73, de 21 de enero, de orientación y programación relativa a la seguridad, Francia LOPSC 1992 Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, de Protección de la seguridad ciudadana LOPSC 2015 Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la seguridad ciudadana LORAFNA Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra LORTAD Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de Regulación del Tratamiento Automatizado de los Datos de Carácter Personal LOV Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos LPACAP Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas


20 LPAP LRJSP LTBG RBEL RLODP

RLOV

TREBEP

TRRL

Mª del Pilar Castro López

Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

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