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ESTAFA DE INVERSORES Y DE CRÉDITO (EL ART. 282 BIS DEL CÓDIGO PENAL)

Carlos Martínez-Buján Pérez Catedrático de Derecho penal Universidad de A Coruña

Valencia, 2012


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© Carlos Martínez-Buján Pérez

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A Gumersindo Guinarte Cabada


índice PRÓLOGO.....................................................................................................

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ABREVIATURAS UTILIZADAS....................................................................

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I. INTRODUCCIÓN: ESTAFA DE INVERSIÓN DE CAPITAL Y ESTAFA DE CRÉDITO...................................................................................

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II. ANTECEDENTES LEGISLATIVOS Y PRELEGISLATIVOS DEL ART. 282 BIS...................................................................................................

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III. LEGISLACIONES EXTRANJERAS Y PROPUESTA DE EURODELITOS........................................................................................................ 3.1. La estafa de inversión de capital...................................................... 3.1.1. En Alemania......................................................................... 3.1.2. En Italia............................................................................... 3.1.3. En la propuesta de Eurodelitos............................................. 3.2. La estafa de crédito......................................................................... 3.2.1. En Alemania......................................................................... 3.2.2. En Italia............................................................................... 3.2.3. En la propuesta de Eurodelitos.............................................

29 29 29 41 48 50 50 55 56

IV. EL MERCADO DE VALORES Y LA REPRESIÓN POR LA VÍA ADMINISTRATIVA.........................................................................................

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V. LEGITIMIDAD DE LA INTERVENCIÓN PENAL: JUSTIFICACIÓN POLÍTICO-CRIMINAL Y JUSTIFICACIÓN DOGMÁTICA DE LA CREACIÓN DEL DELITO DEL ART. 282 BIS...................................... 5.1. En la estafa de inversión de capital.................................................. 5.2. En la estafa de crédito.....................................................................

67 67 74

VI. BIEN JURÍDICO Y SUJETO PASIVO DEL DELITO............................

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VII. EL TIPO BÁSICO (PÁRRAFO PRIMERO DEL ART. 282 BIS).............. 7.1. Objeto Material.............................................................................. 7.1.1. Sociedad emisora de valores negociados en los mercados de valores.................................................................................. 7.1.2. Información económico-financiera contenida en los folletos de emisión............................................................................ 7.1.3. Las restantes informaciones.................................................. 7.2. Acción............................................................................................. 7.3. El elemento subjetivo del tipo de acción.......................................... 7.4. Sujeto activo.................................................................................... 7.5. Fases de realización del tipo: el iter criminis....................................

87 87 88 97 103 110 120 123 127


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Índice

7.6. El dolo............................................................................................ 7.7. Autoría y participación................................................................... 7.8. Penalidad y otras consecuencias jurídicas........................................ 7.9. Cuestiones concursales....................................................................

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VIII. EL TIPO CUALIFICADO (PÁRRAFO SEGUNDO DEL ART. 282 BIS).

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IX. PERSEGUIBILIDAD...............................................................................

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X. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE LEGE FERENDA....................

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BIBLIOGRAFÍA.............................................................................................

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PRÓLOGO El presente libro tiene por objeto estudiar el nuevo delito contenido en el art. 282 bis del Código penal español, introducido por la Ley Orgánica 5/2010 (en vigor desde el 23 de diciembre de 2010). Este delito puede ser calificado como “estafa de inversión de capital y estafa de crédito”, porque esa es la expresión con la que se conocen unos delitos que se tipifican en el CP alemán en los arts. 264a y 265b del StGB y que mutatis mutandis pueden ser emparentados con la nueva figura que se acaba de incluir en el Código español, aunque lo cierto es que esta no es exactamente equivalente a los delitos alemanes, difiriendo en aspectos fundamentales, y aunque el legislador español no sea consciente del significado de la segunda vertiente, esto es, la referente a la estafa de crédito, dado que en la Exposición de Motivos de la L.O. 5/2010 se alude únicamente de forma expresa a lo que denomina “estafa de inversores”. Con todo, lo que realmente ha hecho el legislador español es crear un delito de falsedad documental en el ámbito de las sociedades emisoras de valores negociados en los mercados de valores, que, en cuanto tal falsedad, ya tendría encaje en el delito societario del art. 290. La única diferencia dogmática entre ambos delitos (aparte, obviamente, de la especialidad del objeto material) reside en que en el art. 282 bis no se contiene un elemento objetivo que exprese la idoneidad de la acción de cara a ocasionar un peligro para el patrimonio de los inversores (como sucede en el delito del art. 290), sino un elemento subjetivo (anímico) del tipo, integrado por el propósito de captar inversores o depositantes, etc. Esta circunstancia, unida a otros evidentes errores de técnica legislativa, obliga a afirmar que la figura creada por el legislador español (con toda seguridad, inconscientemente, debido a su notoria torpeza) carece de sentido desde diversas perspectivas y conduce a problemas interpretativos difícilmente solubles en su relación con las figuras delictivas afines. Por ello he considerado más imprescindible que nunca efectuar un recorrido previo por la experiencia de las legislaciones extranjeras más relevantes en esta materia (la alemana y la italiana, a las que se une un texto tan importante en esta materia como la propuesta de eurodelitos) antes de efectuar un estudio sobre la necesidad político-criminal y dogmática de las figuras de la estafa de inversión de capital y la estafa de crédito. Con ese bagaje se analizarán después los elementos del delito del art. 282 bis y se tratará de ofrecer en cada caso una interpretación que (respetando por


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supuesto de forma escrupulosa el principio de legalidad, pero también el principio de conservación de las normas) otorgue un cierto sentido (un cierto ámbito propio de aplicación a este precepto) y ofrezca soluciones político-criminalmente aceptables ante los múltiples problemas exegéticos que se suscitan. El libro finaliza con unas propuestas de lege ferenda con el objeto de ofrecer unas pautas básicas sobre la tipificación de ambas figuras delictivas (la estafa de inversión de capital y la estafa de crédito) en el Código penal español, teniendo en cuenta, obviamente, los delitos conexos que ya existen en la actualidad. Por lo demás, en el momento de redactar estas líneas introductorias compruebo que hace justamente dos años que envié a esta misma colección de “los delitos”, dirigida por mi muy querido amigo José Luis González Cussac, el libro que se publicó con el título de “Delitos relativos al secreto de empresa”. Por un imperdonable olvido, en el prólogo de aquel libro omití agradecerle el entusiasmo con el que acogió mi petición y el empeño que puso en que el libro viese la luz cuanto antes. Un entusiasmo y un empeño que me acaba de manifestar hace unos días con respecto a este nuevo trabajo mío y que yo agradezco profundamente, del mismo modo que agradecí la anterior publicación, por más que en aquella ocasión no lo hubiese reflejado explícitamente en mi prólogo. Finalmente, el hecho de que el presente libro haya sido escrito asimismo durante mi permanencia en el Consello Consultivo de Galicia me recuerda que en mi incorporación a este órgano tuvo una intervención decisiva Gumersindo Guinarte Cabada (a la sazón Secretario General de la Presidencia de la Xunta de Galicia), que me insistió para que aceptase un cargo cuyo nombramiento debía ser efectuado por el presidente de la Xunta (Emilio Pérez Touriño), oído el Consejo de Gobierno. Nunca le estaré suficientemente agradecido a Sindo por su intervención, dado que mi actual ocupación en un órgano de trabajo muy diferente me ha permitido adquirir una experiencia tan enriquecedora como gratificante en todos los sentidos, así como estar temporalmente alejado de la Universidad, lo que me ha hecho ver, bien a las claras, la miseria moral que siempre anidó en el mundo universitario, un mundo que además camina a pasos agigantados hacia la catástrofe merced a las sucesivas y lamentables reformas realizadas en este ámbito en los últimos años. No obstante, este libro no está dedicado a Sindo únicamente por eso, sino porque desde que fue uno de mis primeros (y más brillantes) alumnos en la Universidad compostelana me demostró siempre una amistad


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y una lealtad incondicionales, que han permanecido incólumes hasta el momento presente, tras haber pasado mil y una vicisitudes juntos, y de muy diferente tenor. Carlos Martínez-Buján Pérez En Santiago de Compostela en el otoño de 2011


ABREVIATURAS UTILIZADAS ADP Anuario de Derecho penal y Ciencias penales AE Alternativ-Entwurf AJ Actualidad jurídica AJA Actualidad jurídica Aranzadi AP Actualidad penal AT Allgemeiner Teil BGH Bundesgerichtshof BGBl Bundesgesetzblatt BIMJ Boletín de información del Ministerio de Justicia BörsG Börsengesetz BT Besonderer Teil Cc Código civil CCo Código de comercio CDJ Cuadernos de Derecho judicial CE Constitución española CEE Comunidades económicas europeas CGPJ Consejo general del Poder judicial CNMV Comisión nacional del mercado de valores CONSOB Commissione nazionale per le società e la borsa CP Código penal CPC Cuadernos de Política criminal EM Exposición de motivos EPCr Estudios penales y criminológicos FGE Fiscalía general del Estado Fs Festschrift HWSt Handbuch Wirtschaftsstrafrecht KWG Gesetz über das Kreditwesen LDIEC Ley sobre disciplina e intervención de las entidades de crédito LECrim Ley de enjuiciamiento criminal LH Libro Homenaje LK Leipziger Kommentar LL La Ley LLP La Ley Penal LMV Ley del Mercado de Valores LO Ley orgánica LOSSP Ley de Ordenación y Supervisión de Seguros Privados MiFID Markets in Financial Instruments Directive NK Nomos Kommentar NM Número marginal


16 OPA OPV OPS PA PANCP

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Ofertas públicas de adquisición de acciones Ofertas públicas de venta de valores Ofertas públicas de suscripción de valores Proyecto alternativo (alemán) Propuesta de anteproyecto de nuevo Código penal de 1983 PCP Proyecto de Código penal PE Parte especial PG Parte general PJ Poder judicial PLOCP Proyecto de Ley orgánica de Código penal de 1980 RDJ Revista de Derecho judicial RDM Revista de Derecho mercantil RDP Revista de Derecho penal (Lex nova) RDPCr Revista de Derecho penal y Criminología RdPP Revista de Derecho y Proceso penal RJA Repertorio jurídico Aranzadi. Tribunal Supremo RLMV Reglamento de la Ley del mercado de valores RAE Real academia española (de la lengua) Rn Randnummer RP Revista penal SAP Sentencia de la Audiencia provincial SMN Sistemas multilaterales de negociación StGB Strafgesetzbuch StPO Strafprozessordnung TC Tribunal Constitucional TCE Tratado de la Comunidad europea TCEE Tratado de la Comunidad económica europea TS Tribunal Supremo TUF Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione financiaría UWG Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb WiKG Gesetz zur Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität ZStW Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft


I. INTRODUCCIÓN: ESTAFA DE INVERSIÓN DE CAPITAL Y ESTAFA DE CRÉDITO La L.O. 5/2010 introdujo, en el seno de la sección 3ª del capítulo XI del título XIII del Código penal español, un nuevo precepto (el art. 282 bis), que, sin perjuicio del antecedente remoto del art. 734 del CP de 1928, tipifica un delito desconocido hasta la fecha en nuestra legislación penal. El texto del art. 282 bis del CP español, según la redacción dada por la citada L.O. 5/2010 es el siguiente: “Los que, como administradores de hecho o de derecho de una sociedad emisora de valores negociados en los mercados de valores, falsearan la información económico-financiera contenida en los folletos de emisión de cualesquiera instrumentos financieros o las informaciones que la sociedad debe publicar y difundir conforme a la legislación del mercado de valores sobre sus recursos, actividades y negocios presentes y futuros, con el propósito de captar inversores o depositantes, colocar cualquier tipo de activo financiero, u obtener financiación por cualquier medio, serán castigados con la pena de prisión de uno a cuatro años, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 308 de este Código. En el supuesto de que se llegue a obtener la inversión, el depósito, la colocación del activo o la financiación, con perjuicio para el inversor, depositante, adquiriente de los activos financieros o acreedor, se impondrá la pena en la mitad superior. Si el perjuicio causado fuera de notoria gravedad, la pena a imponer será de uno a seis años de prisión y multa de seis a doce meses”.

Cabría denominarlo “estafa de inversión de capital y estafa de crédito”, porque esa es la expresión con la que se conocen unos delitos que se tipifican en el CP alemán en sus arts. 264a y 265b y que mutatis mutandis pueden ser emparentados con la figura que se incluye en el nuevo art. 282 bis del CP español, aunque lo cierto es que la figura delictiva española no es exactamente equivalente a los delitos alemanes, difiriendo en aspectos fundamentales1. En efecto, expresado en líneas generales, repárese en que 1

Ante todo cabría señalar ya aquí que el legislador español ha tipificado una auténtica falsedad documental, en virtud de lo cual de lege lata sería más correcto hablar de “falsedad en la inversión de capital” o, mejor aún, de “falsedad en la inversión en los mercados de valores”, como propone PUENTE, 2012, I, quien, por lo demás, subraya, acertadamente, que aunque “parece que el legislador pretendía castigar una auténtica estafa realizada en un ámbito muy específico”, “el tipo no se configura como una auténtica estafa, ni siquiera como una tentativa de estafa”. Con todo, hay que tener en cuenta que tampoco los citados delitos alemanes pueden ser calificados como auténticas estafas, habida cuenta de que —según veremos más abajo— no exigen la producción de un perjuicio económico.


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el nuevo delito tipifica la conducta del administrador de una sociedad emisora de valores negociados en los mercados de valores que “falsea” una información relevante, con el propósito de “captar inversores o depositantes, colocar cualquier tipo de activo financiero, u obtener financiación por cualquier medio”. Así las cosas, en la expresión “captar inversores o depositantes” cabe entender incluida la llamada estafa de inversión de capital y en la expresión “obtener financiación por cualquier medio”, la denominada estafa de crédito. Ello no obstante, parece que el legislador español no es plenamente consciente del significado de la segunda vertiente de la figura delictiva del art. 282 bis, esto es, la referente a la estafa de crédito, dado que en la Exposición de Motivos de la L.O. 5/2010 se alude únicamente de forma expresa a lo que denomina “estafa de inversores”2. En cualquier caso, lo grave es que la falta de una alusión explícita a la “estafa de crédito” no es sino una prueba de que el legislador desconoce realmente la naturaleza de esta figura delictiva, que, como explicaré detenidamente después, no puede ser asimilada a la estafa de inversión de capital. De momento, en este apartado introductorio baste con señalar que, con independencia de cuál sea en concreto el objeto jurídico técnicamente protegido en ambos delitos, existe, por de pronto, una importante diferencia en la caracterización típica de dichas figuras delictivas, si atendemos a la regulación que ofrece el Derecho comparado: en la estafa de inversión de capital el sujeto pasivo es una colectividad difusa de potenciales inversores, en la que el radio de la acción peligrosa es a priori indeterminado, y el sujeto activo es normalmente (como sucede en el nuevo delito español) el administrador de una sociedad que emite valores negociados en mercados organizados; en cambio, en la genuina estafa de crédito el sujeto pasivo no es difuso, sino que se trata de un sujeto perfectamente determinado (usualmente una entidad bancaria) con la que el sujeto activo (que puede ser un particular) pretende establecer una relación crediticia. Asimismo, y sin que ello prejuzgue cuál sea el bien jurídico inmediatamente tutelado en sentido técnico en ambas figuras, cabe señalar ya una diferencia en cuanto 2

El pasaje completo de dicha Exposición es el siguiente: “Teniendo como referente la Directiva 2003/06 del Consejo, de 28 de enero de 2003, sobre las operaciones con información privilegiada y la manipulación del mercado, se han llevado a cabo reformas en el campo de los delitos relativos al mercado y los consumidores. Así, se incorpora como figura delictiva la denominada estafa de inversores, incriminando a los administradores de sociedades emisoras de valores negociados en los mercados de valores que falseen las informaciones sobre sus recursos, actividades y negocios presentes o futuros, y de ese modo consigan captar inversores u obtener créditos o préstamos”.


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al objeto jurídico mediato o ratio legis: en el caso de la estafa de inversores el fin de la norma penal es tutelar el correcto funcionamiento del mercado de capitales a través de la protección de los intereses patrimoniales de una colectividad difusa de potenciales inversores en dicho mercado; en el caso de la estafa de crédito, empero, es proteger el correcto funcionamiento de la institución crediticia a través del castigo de conductas que ponen en peligro (abstracto o concreto, según se explicará después) el patrimonio de la entidad financiera a la que se solicita el crédito. En cambio, la semejanza entre ambas figura es, por así decirlo, meramente fenomenológica, si atendemos a la regulación que ofrecen las legislaciones extranjeras, singularmente la alemana: en los dos supuestos se trata de delitos que (por razones de diversa índole, no coincidentes en todo caso) se construyen como tipos que comportan una anticipación de la barrera de intervención penal (y, por ello se pergeñan como tipos de peligro) frente al tipo tradicional de la estafa, que es un tipo de resultado lesivo. Desde esta perspectiva fenomenológica, estafa de inversores y estafa de crédito se asimilarían también, en el seno de la regulación que se contiene en el StGB alemán, a la estafa de subvenciones, en la medida en que esta se configura asimismo como un tipo penal de protección anticipada con respecto a la figura de la estafa clásica. Pues bien, del mismo modo que el fraude de subvenciones presenta un injusto cualitativamente diferente de la estafa de inversión de capital y de la estafa de crédito (como así se reconoce en el CP español), algo similar cabe predicar, mutatis mutandis, con relación a la diferencia que, a su vez, quepa establecer de lege ferenda entre estas dos últimas clases de estafa. De hecho, llegado el momento de justificar la creación de un tipo penal de estafa de crédito, que suponga una anticipación y una especificación de la protección penal que ofrece la estafa clásica o común, la doctrina coincide en afirmar que el fundamento de la criminalización reside en la discrecionalidad y peculiaridad de la actividad crediticia, así como también en la dificultad de probar la presencia de los elementos objetivos y subjetivos del tipo de la estafa común. A ello se suele añadir que el crédito es un instrumento financiero fundamental en la economía y que su otorgamiento se apoya en la confianza que debe existir entre las dos partes (perfectamente identificadas) que conforman la relación crediticia3. La cuestión se complica todavía más en el seno del vigente CP español, en el 3

Vid. por todos MUÑOZ CONDE/FOFFANI, 2010, 84 ss., con mención de las modalidades de estafa de crédito que se regulan en las diferentes legislaciones penales. Vid. además FOFFANI, 2003, 110 s., con relación a la propuesta de Eurodelitos, a la que me referiré posteriormente.


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que (como veremos) el delito societario de falsedades en documentos de la sociedad del art. 290 permite acoger determinadas conductas de estafa de crédito e incluso algunas conductas destinadas a perjudicar el patrimonio de los inversores. Ahora bien, sin perjuicio de todo lo que antecede, hay que insistir en que el legislador español de la L.O. 5/2010 no ha tipificado en el art. 282 bis una genuina estafa de inversión de capital (en su terminología una “estafa de inversores”), puesto que lo que realmente ha hecho es crear un delito de falsedad documental en el ámbito de las sociedades emisoras de valores negociados en los mercados de valores, que, en cuanto tal falsedad, ya tendría encaje en el citado art. 290. La única diferencia dogmática entre ambos delitos (aparte, obviamente, de la especialidad del objeto material del art. 282 bis) reside en que en el tipo básico del art. 282 bis no se contiene un elemento objetivo que exprese la idoneidad de la acción de cara a ocasionar un peligro para el patrimonio de los inversores (como sucede en el delito del art. 290) sino un elemento subjetivo (anímico) del tipo, integrado por el propósito de captar inversores etc. De lo hasta aquí expuesto en cuanto a la naturaleza del delito (y de otros groseros errores de técnica legislativa que iré poniendo de relieve en epígrafes posteriores, como, singularmente, la fijación de la penalidad) se puede deducir ya la gran dificultad que entraña analizar el delito del art. 282 bis: la figura que realmente ha creado el legislador (con toda seguridad, inconscientemente, debido a su notoria torpeza) carece de sentido desde diversas perspectivas y conducirá a problemas interpretativos difícilmente solubles en su relación con las figuras delictivas afines. Por ello, he considerado más imprescindible que nunca efectuar un breve recorrido por la experiencia de las legislaciones extranjeras más relevantes en esta materia (la alemana y la italiana, a las que se une, como no podía ser menos, un texto tan importante como la propuesta de eurodelitos) antes de efectuar un estudio sobre la necesidad político-criminal y dogmática de las figuras de la estafa de inversión de capital y la estafa de crédito. Con ese bagaje se analizarán después los elementos del delito del art. 282 bis y se tratará de ofrecer en cada caso una interpretación que (respetando por supuesto de forma escrupulosa el principio de legalidad, pero también el principio de conservación de las normas) otorgue un cierto sentido (un cierto ámbito propio de aplicación a este precepto) y ofrezca soluciones político-criminalmente aceptables ante los múltiples problemas exegéticos que se suscitan. En otro orden de cosas, cabe señalar que en la Exposición de Motivos de la L.O. 5/2010 el legislador cita únicamente la Directiva 2003/06, que,


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ciertamente, puede considerarse como una especie de Directiva-Marco en lo concerniente al diseño de las líneas básicas de lo que debe entenderse como prácticas abusivas del mercado. Sin embargo, hay que tener presente que esta Directiva ha sido desarrollada posteriormente por otras Directivas, que van referidas a aspectos concretos enunciados en aquélla con carácter general. En particular, en lo que atañe al delito del art. 282 bis, cabe resaltar —aunque en la Exposición de Motivos ni siquiera se mencione— la trascendencia que posee la Directiva 2004/109/CE, sobre la armonización de los requisitos de transparencia relativos a la información sobre los emisores cuyos valores se admiten a negociación en un mercado regulado, y que tiene por finalidad proteger a los inversores, a cuyo efecto se impone al emisor diversas obligaciones de información sobre su situación financiera; asimismo, hay que destacar la importancia de la Directiva 2003/71/CE, sobre el folleto que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización de valores mobiliarios4. La ignorancia del legislador no se reduce, pues, al aspecto de la estricta técnica jurídico-penal, sino que se proyecta también sobre la normativa extrapenal que sirve de base para la tipificación del delito.

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La doctrina española ha venido llamando la atención sobre la importancia de estas Directivas: vid. por todos VILLACAMPA, 2009, 450 s.; MORALES GARCÍA, 2010, 236; FARALDO, 2011, 1085; PUENTE, 2012, I.


II. ANTECEDENTES LEGISLATIVOS Y PRELEGISLATIVOS DEL ART. 282 BIS Como ya indiqué en un trabajo anterior5, existe un precedente remoto de este delito en la legislación histórica española. Se trata del art. 734 del CP de 1928, situado en la sección segunda (“Delitos de estafa, chantage (sic) y otros engaños”), capítulo IV (“Delitos de defraudación”), título XIV (“Delitos contra la propiedad”) del libro segundo. En este precepto se disponía lo siguiente: “El miembro de un Consejo de Administración o de un órgano de intervención o vigilancia de una Sociedad anónima, o el Director, Gerente o Liquidador de una de estas Sociedades, que en sus noticias o comunicaciones al público o en sus informes o proposiciones a la Junta de accionistas, consignare, con ánimo de defraudar, hechos contrarios a la verdad, será castigado con la pena de cuatro meses a un año de reclusión y multa de 5.000 a 20.000 pesetas”. En lo que atañe a este antecedente histórico, importa resaltar la particularidad —digna de mención desde la moderna discusión sobre las técnicas legislativas de tipificación en la materia— de que se pergeñaba un delito de peligro abstracto para el patrimonio (de los socios o incluso del público en general), cuyo injusto se consumaba con la mera transmisión de comunicaciones o informes contrarios a la verdad, con tal de que se constatase la presencia de un especial elemento subjetivo del tipo (el ánimo de defraudar). Desde la perspectiva de los modernos tipos defraudatorios resulta verdaderamente sorprendente la existencia en el CP español de 1928 de un precepto como el art. 734, que, anticipando extraordinariamente la línea de punibilidad, englobaba en realidad dos tipos diferentes de peligro abstracto: de un lado, un genuino delito societario de administración desleal de patrimonio ajeno, en el que se protegía primariamente los intereses patrimoniales de los socios (informes o proposiciones a la Junta de accionistas); y de otro lado, un delito en el que se pretendía tutelar los intereses del público inversor en general (noticias o comunicaciones al público), al estilo de lo que se protege, por ejemplo, en el vigente delito de estafa de inversión de capital del art. 264a del StGB alemán. En cambio, en los Códigos penales españoles posteriores no figuraba un precepto semejante en su articulado, aunque en los textos prelegislativos que precedieron a la publicación del vigente CP de 1995 cabe des5

MARTINEZ PEREZ, 1994, 307 s.


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(EL ART. 282 BIS DEL CÓDIGO PENAL) C arlos M artínez -B uján P érez Valencia, 2012 Catedrático de Derecho penal Universidad de A Coruña

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