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DERECHO DEL EMPLEO PÚBLICO

Directoras

MARÍA ANTONIA PÉREZ ALONSO BEATRIZ BELANDO GARÍN GEMMA FABREGAT MONFORT Autores

CARLOS L. ALFONSO MELLADO BEATRIZ BELANDO GARÍN JOSÉ F. BLASCO LAHOZ VICENTE ESCUIN PALOP GEMMA FABREGAT MONFORT MOISÉS MAGALLÓN ORTÍN MARÍA ANTONIA PÉREZ ALONSO GUILLERMO E. RODRÍGUEZ PASTOR REMEDIOS ROQUETA BUJ IGNACIO ROSAT ACEB CARMEN SALCEDO BELTRÁN

Valencia, 2013


Copyright ® 2013 Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito de los autores y del editor. En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com (http://www. tirant.com).

© María Antonia Pérez Alonso Beatriz Belando Garín Gemma Fabregat Monfort

© TIRANT LO BLANCH EDITA: TIRANT LO BLANCH C/ Artes Gráficas, 14 - 46010 - Valencia TELFS.: 96/361 00 48 - 50 FAX: 96/369 41 51 Email:tlb@tirant.com http://www.tirant.com Librería virtual: http://www.tirant.es ISBN: 978-84-9053-631-5 MAQUETA: PMc Media Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-de-empresa nuestro Procedimiento de quejas.


Directoras María Antonia Pérez Alonso Profesora Titular de Universidad. Departamento Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Universidad de Valencia. Magistrada suplente (sala social) del TSJ de la Comunidad Valenciana

Beatriz Belando Garín Profesora Titular de Universidad. Departamento Derecho Administrativo. Coordinadora del Departamento de Derecho Administrativo. Universidad de Valencia

Gemma Fabregat Monfort Profesora Titular de Universidad. Departamento Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Vicedecana de Economía y Sostenibilidad. Universidad de Valencia.

Autores Carlos L. Alfonso Mellado Catedrático de Derecho del Trabajo. Director de la Cátedra de Autónomo. Universidad de Valencia

Beatriz Belando Garín Profesora Titular de Universidad. Departamento Derecho Administrativo. Coordinadora del Departamento de Derecho Administrativo. Universidad de Valencia

José F. Blasco Lahoz Profesor Titular de Universidad. Departamento Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Universidad de Valencia

Vicente Escuin Palop Catedrático de Derecho Administrativo. Facultad de Derecho de Valencia. Universidad de Valencia

Gemma Fabregat Monfort Profesora Titular de Universidad. Departamento Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Vicedecana de Economía y Sostenibilidad. Universidad de Valencia

Moisés Magallón Ortín Cuerpo Superior de Técnicos de la Administración de Seguridad Social. Administración de la Seguridad Social de Valencia

María Antonia Pérez Alonso Profesora Titular de Universidad. Departamento Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Universidad de Valencia. Magistrada suplente (sala social) del TSJ de la Comunidad Valenciana


Guillermo E. Rodríguez Pastor Profesor Titular de Universidad. Departamento Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Universidad de Valencia. Magistrado suplente (sala social) del TSJ de la Comunidad Valenciana

Remedios Roqueta Buj Catedrático de Derecho del Trabajo. Universidad de Valencia. Magistrada suplente (sala social) del TSJ de la Comunidad Valenciana

Ignacio Rosat Aceb Director de Recursos Humanos de la Administración Local. Técnico Superior de Prevención de Riesgos Laborales

Carmen Salcedo Beltrán Profesora Titular de Universidad. Departamento Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Universidad de Valencia


A todos los hombres y mujeres que prestan servicios en la Administraci贸n P煤blica y a todos los que luchan para que los servicios p煤blicos se sigan manteniendo, pese a la crisis econ贸mica que acecha en estos tiempos.


Índice Capítulo I DEFINICIÓN Y CLASES DE EMPLEADOS PÚBLICOS Vicente Escuin Palop Catedrático de Derecho Administrativo Facultad de Derecho. Universidad de Valencia

Definición y clase de empleados públicos............................................ 17 Evolución del personal al servicio de las Administraciones Públicas....... 18 El estatuto básico de los empleados públicos....................................... 22 Clases de empleo público.................................................................... 24 Funcionarios de la Administración Civil del Estado y de sus Organismos Públicos sometidos al Régimen General......................................... 26 Funcionarios de las Comunidades Autónomas..................................... 28 Funcionarios de las Entidades Locales.................................................. 28 Personal estatal o autonómico con legislación específica..................... 29 Funcionarios de los Órganos Constitucionales del Estado y Estatutarios de las Comunidades Autónomas................................................... 29 Personal laboral de la Administración.................................................. 36 Capítulo II ESPECIAL REFERENCIA A LOS FUNCIONARIOS INTERINOS Beatriz Belando Garín Profesora Titular de Universidad. Departamento Derecho Administrativo Universidad de Valencia

Régimen jurídico. El acceso y la jurisprudencia del TJUE....................... 41 Los derechos retributivos..................................................................... 43 El disfrute de las excedencias............................................................... 45 La estabilización del personal interino.................................................. 48 Capítulo III DERECHOS INDIVIDUALES DE LOS FUNCIONARIOS. ESPECIAL REFERENCIA A LAS RETRIBUCIONES Vicente Escuin Palop Catedrático de Derecho Administrativo. Facultad de Derecho de Valencia Universidad de Valencia

Derechos de los funcionarios en general.............................................. 51 Derechos funcionales.......................................................................... 53


Derecho a la jornada de trabajo, permisos y vacaciones e interrupción de la relación de la prestación de servicios..................................... 55 Derechos de contenido económico...................................................... 60 Retribuciones básicas.......................................................................... 62 Retribuciones complementarias........................................................... 63 Desplazamientos dentro del término municipal por razón de servicio... 66 Capítulo IV SITUACIONES ADMINISTRATIVAS Y PROTECCIÓN SOCIAL Beatriz Belando Garín Profesora Titular de Universidad Universidad de Valencia

Concepto de situación administrativa.................................................. 67 Desarrollo autonómico........................................................................ 67 Las situaciones administrativas conectadas con la protección social de los funcionarios. Las excedencias................................................... 70 Otras situaciones................................................................................. 76 Capítulo V LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN EL EMPLEO PÚBLICO Carlos L. Alfonso Mellado Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social Universitat de València

Los principios generales en materia de negociación colectiva en el empleo público.................................................................................. 77 La obligatoriedad de la negociación colectiva en el empleo público..... 82 La negociación conjunta para todos los empleados públicos................ 83 Los pactos y acuerdos y la eficacia de lo negociado y la posibilidad de suspender su aplicación................................................................. 86 La eficacia de los acuerdos: la necesidad de ratificación....................... 88 La posibilidad de suspensión o modificación unilateral del pacto o acuerdo......................................................................................... 90 El contenido de la negociación colectiva funcionarial........................... 93 Duración y prórroga de los pactos y acuerdos...................................... 96 La negociación colectiva del personal laboral....................................... 97 Solución extrajudicial de conflictos en el empleo público..................... 99 La impugnación de los pactos y acuerdos............................................ 101


Capítulo VI DESPIDO COLECTIVO Y OBJETIVO POR MOTIVOS ECONÓMICOS Y REORGANIZACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Remedios Roqueta Buj Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social Universitat de València

Los expedientes de regulación de empleo temporal en el sector público. 103 Los expedientes de regulación de empleo en el sector público............. 109 El procedimiento de despido colectivo................................................. 112 Capítulo VII LA IMPLANTACIÓN DE LOS PLANES DE IGUALDAD EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Gemma Fabregat Monfort Profesora Titular de Universidad Universidad de Valencia

La obligación de implantar un plan de igualdad. Normativa aplicable... 125 La normativa en materia de igualdad y no discriminación por razón de género.......................................................................................... 127 La Administración Pública como empleador obligado: peculiaridades del plan de igualdad...................................................................... 130 Qué es el plan de igualdad: rasgos delimitadores del concepto legal.... 131 La negociación e implantación del plan de igualdad............................ 133 Las etapas en la elaboración de un plan de igualdad: diagnóstico de la situación, diseño e implantación del plan de igualdad.................... 136 Capítulo VIII JORNADA, PERMISOS POR RAZONES DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR Y VACACIONES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS Guillermo E. Rodríguez Pastor Profesor Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social Universitat de València

Ámbito subjetivo................................................................................. 152 Jornada............................................................................................... 156 Jornada general.................................................................................. 156 Lactancia............................................................................................. 157 Titulares del derecho........................................................................... 158 Requisitos y ejercicio del derecho......................................................... 158


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Nacimiento de hijos prematuros o cualquier otra circunstancia por la que el menor deba permanecer hospitalizado a continuación del parto............................................................................................. 160 Reducciones de jornada...................................................................... 162 Supuestos de reducción de la jornada................................................. 163 Cuidado de un familiar de primer grado.............................................. 165 Permiso por tiempo indispensable para el cumplimiento de deberes relacionados con la conciliación de la vida familiar y laboral.............. 166 Permiso por parto............................................................................... 166 Distribución y disfrute del permiso....................................................... 167 Permiso por adopción o acogimiento.................................................. 169 Permiso de paternidad........................................................................ 170 Reducción de jornada por cuidado de hijo menor afectado por cáncer u otra enfermedad grave............................................................... 171 Vacaciones.......................................................................................... 173 Capítulo IX PREVENCIÓN DE RIESGOS EN EL TRABAJO DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Carmen Salcedo Beltrán Profesora Titular de Universidad Universidad de Valencia

Ignacio Rosat Aceb Director de Recursos Humanos de la Administración Local Técnico Superior de Prevención de Riesgos Laborales

El deber de protección de los empleados públicos............................... 175 Configuración..................................................................................... 177 La obligación de formar a los empleados públicos............................... 181 La vigilancia de la salud....................................................................... 183 Contenido y procedimiento................................................................. 185 Utilización de los datos derivados de la vigilancia de la salud............... 189 La implantación y aplicación del plan de prevención de riesgos laborales................................................................................................. 191 Contenido del plan de prevención....................................................... 192 Ejemplo de cuadro resumen de presupuesto anual de prevención........ 196 Equipos de protección individual......................................................... 200 Obligaciones generales del empresario como Administración Pública... 202 Obligaciones de los empleados públicos.............................................. 202 Especialidades en el ámbito de la Guardia Civil. Administración local y otras administraciones públicas...................................................... 204 Particularidades respecto a los distintos cuerpos y fuerzas del estado... 206 Particularidades respecto a las distintas Administraciones Públicas....... 210


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Capítulo X ESPECIALIDADES EN LA COTIZACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Moisés Magallón Ortín Cuerpo Superior de Técnicos de la Administración de Seguridad Social Administración de la Seguridad Social de Valencia

Peculiaridades en la cotización en las Administraciones Públicas.......... 213 Funcionarios públicos en clases pasivas-mutualismo............................ 214 Cotización en Muface-Isfas-Mugeju.................................................... 215 Cotización en funcionarios públicos en Seguridad Social, Régimen General.............................................................................................. 219 Peculiaridades en la cotización en la Administración Local................... 228 Tipología de contratos en la Administración Pública............................ 230 La cotización del personal investigador y becarios................................ 232 Capítulo XI LA PROTECCIÓN DEL EMPLEADO PÚBLICO ENCUADRADO EN EL RÉGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL María Antonia Pérez Alonso Profesora Titular Universidad Universidad de Valencia

Acción protectora en el Régimen General de la Seguridad Social......... 235 La incapacidad temporal en la Administración General del Estado....... 236 La IT como causa suspensiva en el cómputo para el reingreso en el servicio activo, por traslado, comisión de servicios. Cuestiones prácticas.............................................................................................. 241 La reforma del RDL 20/2012, en torno a la IT en el ámbito de la Administración Pública y Regímenes del Mutualismo Administrativo...... 242 Personal funcionario incluido en el RG y Régimen Especial de Trabajadores del Mar y el personal laboral a su servicio............................. 243 La adaptación del Estado al RDL 20/2012 y la DA 18ª RDL................... 246 La instrucción del Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas —Secretaría de Estado— presupuestos y gastos de fecha 15 de octubre de 2012, tras el RDL 20/2012........................................... 247 Adaptación de las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales. 250 Las ausencias por enfermedad o accidente en la DA 38ª de la ley 17/2012, de PGE 2013 y su norma de desarrollo........................... 255 La adaptación de las Corporaciones Locales al RDL 20/2012................ 256 La adaptación de las distintas Comunidades Autónomas al RDL 20/2012........................................................................................ 257 Referencia a la incapacidad permanente y la segunda actividad........... 263 La jubilación del empleado público del Régimen General..................... 266


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Jubilación ordinaria RG hasta 1-1-2019. Normas transitorias tras el RDL 5/2013.......................................................................................... 268 Jubilación ordinaria en el RG desde 1-1-2013 tras la Ley 27/2013........ 270 Jubilación anticipada para mayores de 61 años hasta 1-1-2019........... 274 Jubilación anticipada por cese no voluntario desde 1-4-2013.............. 275 Jubilación anticipada por cese voluntario desde 1-4-2013................... 277 Capítulo XII LA ACCIÓN PROTECTORA DEL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS DEL ESTADO Y DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO. PENSIONES POR JUBILACIÓN O RETIRO. PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL José Francisco Blasco Lahoz Profesor Titular de Universidad Universidad de Valencia

Los derechos pasivos........................................................................... 279 El régimen jurídico de las prestaciones................................................. 280 Las pensiones de Clases Pasivas........................................................... 283 Las pensiones ordinarias de jubilación o retiro..................................... 283 Las pensiones extraordinarias de jubilación o retiro.............................. 303 La gestión de las pensiones de jubilación o retiro................................. 304 Acción protectora del Régimen Especial de la Seguridad social de los funcionarios civiles del Estado. Muface.......................................... 312 Incapacidad temporal.......................................................................... 315 BIBLIOGRAFÍA......................................................................................... 333


Capítulo I

DEFINICIÓN Y CLASES DE EMPLEADOS PÚBLICOS Vicente Escuin Palop

Catedrático de Derecho Administrativo Facultad de Derecho. Universidad de Valencia

DEFINICIÓN Y CLASE DE EMPLEADOS PÚBLICOS La definición legal de empleado público y sus clases se contiene en el artículo 8 del EBEP, según el cual: 1. Son empleados públicos quienes desempeñan funciones retribuidas en las Administraciones Públicas al servicio de los intereses generales. 2. Los empleados públicos se clasifican en: a) Funcionarios de carrera b) Funcionarios interinos c) Personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal d) Personal eventual. – El concepto legal de empleado público es muy amplio comprendiendo a funcionarios, laborales y personal eventual de confianza política, pudiéndose establecer numerosas distinciones entre estas categorías que analizaremos posteriormente.


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Vicente Escuin Palop

EVOLUCIÓN DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS El modelo actual de empleo público es consecuencia de una amplia evolución histórica que surge con la aparición del Estado constitucional y llega hasta nuestros días. La comprensión de tan amplio proceso no puede entenderse sin efectuar un breve análisis de los diversos sistemas en que se ha ordenado la prestación de servicios profesionales a las Administraciones públicas, Dos son los sistemas fundamentales de estructuración de los empleados públicos: el de carrera y el de empleo. La adopción de uno u otro depende básicamente del papel que realiza el Estado en la vida nacional, papel que en el sistema de carrera atribuye al empleado unas especiales características de poder público, que lo distingue de cualquier profesional que desempeñe las mismas actividades en el sector privado.

A. El sistema de carrera Se caracteriza por una nota previa: la consideración de que administrar no es un oficio como cualquier otro, sino que constituye una función social especializada. Los autores no ofrecen una definición del mismo, limitándose a destacar alguna de sus características esenciales, como son: la permanencia o la progresión en la situación administrativa y pecuniaria del agente público. La concurrencia de ambas circunstancias definen el sistema por lo que podemos afirmar que éste aparece cuando el individuo que presta servicios a la Administración lo realiza al inicio de su vida de trabajo con la nota de continuidad y con la esperanza cierta de adquirir mejores funciones, siempre que sus servicios se consideren satisfactorios. Estas perspectivas dependen de su ingreso en la Administración como miembro de un colectivo específico (cuerpo de funcionario), al que se le atribuyen unas funciones específicas, desarrolladas en una pluralidad de puestos de trabajo. Es el cuerpo quien determina las pruebas de acceso, que son colectivas y no individuales, presi-


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didas por el principio de publicidad y concurrencia, y quien tiene reservado unos determinados puestos de trabajo, cuyo ejercicio sucesivo determina la futura carrera del funcionario. Evidentemente, el cuerpo se convierte en un grupo de presión, ya que todos sus miembros tienen intereses comunes encaminados a obtener mejoras en sus condiciones de trabajo, a través del prestigio en el sistema de acceso y del número y calidad de los puestos de trabajo asignados en exclusiva.

B. El sistema de empleo La idea clave del sistema de empleo es la del puesto de trabajo, que podemos definir como la unidad estructural básica, integrada por el conjunto de tareas y responsabilidades asignadas por la autoridad competente a una persona. Cada puesto de trabajo se considera como una unidad aislada e individualizada, esto es, tiene su propio perfil de forma que el candidato reclutado sabe exactamente cuáles son las tareas y responsabilidades que asume, por lo que su formación previa se limita al ejercicio concreto de dicha actividad. Obviamente, el hecho de ingresar en un concreto puesto de trabajo no garantiza el ascenso a otros distintos, ya que se suelen cubrir con personal externo que reúna las características idóneas para su desempeño. Por otra parte, tampoco garantiza la continuidad, ya que la desaparición o la alteración esencial de las funciones que determinaron su ingreso al servicio de la Administración pueden determinar su cese. Por consiguiente, nos encontramos ante un sistema mucho más flexible que el anterior, que garantiza, al menos la permanencia. Obviamente, se suele vincular el sistema de carrera con el régimen estatutario de servicio público y el de empleo con el del personal laboral, que permite una mayor flexibilidad. En el espacio de dos siglos se ha producido una notable alteración del empleo público en España, que se puede resumir en cuatro períodos. El primero, comprende desde mediados del siglo XIX hasta la legislación de funcionarios de 1963-64, que se caracteriza


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por la recepción del modelo francés de carrera, en el que el protagonismo estaba atribuido a los cuerpos de funcionarios entre los que no había ninguna conexión, estableciéndose en cada uno de ellos un número variable de escalones, que permitían una carrera administrativa, basada en los grados o categorías personales, independientes de las funciones desempeñadas y que primaba la antigüedad como criterio del ascenso. La estabilidad del funcionario se alcanzó en la Ley de Bases de funcionarios del Estado de 22 de julio de 1922, que consagró los cuerpos de funcionarios como elementos estructurales de la función pública. El segundo período corresponde al comprendido entre la Ley de Funcionarios de 1964 y la de Medidas de Reforma del 84. Aunque mantuvo el sistema de cuerpos de funcionarios para el acceso y provisión de puestos de trabajo, intentó acabar con su fragmentación, creando los cuerpos generales y dio entrada a la idea anglosajona del puesto de trabajo, como elemento determinante de las retribuciones. Por otra parte, durante esta época empezó a extenderse la contratación laboral en algunos ámbitos de la Administración y se creó la figura del contratado administrativo, en régimen de precario, destinada a cubrir necesidades urgentes a reducido coste. No podemos eludir que la Constitución opta por un régimen estatutario de funcionarios públicos, sin excluir la existencia de laborales, con los problemas derivados de la distinta estructura de la Administración y de las empresas privadas, lo que matiza necesariamente el vínculo contractual. La protagonista del tercer período es, sin duda, la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas de reforma de la Función Pública, que modifica, aunque no deroga, la Ley de Funcionarios de 1964. Esta ley se separa del sistema de carrera aproximándose al sistema de empleo. Por otra parte, admite un régimen paralelo de Derecho laboral. Es de destacar la satanización de los cuerpos de funcionarios, que ven reducido su papel al desaparecer, prácticamente, como elemento básico para ocupar un puesto de trabajo, ya que se produce una práctica equiparación de los cuerpos del mismo nivel. Adquiere una importancia básica, tanto para la provisión de vacantes como en orden retributivo, la idea de puesto de trabajo


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cuyas características se concretan en la clasificación de los mismos, que se materializa en las relaciones de puestos de trabajo. Son éstas las que definen un puesto como funcionarial o laboral; las que atribuyen las características para ocuparlo y definen su retribución a través de la determinación de su complemento específico. La STC 97/1987, limitó la libertad de clasificación de puestos de trabajo como funcionarial o laboral, estableciendo las características propias de uno y de otro. Sus observaciones fueron recogidas en la Ley 23/1988 de Modificación de la Reforma de la Función Pública, que fijó las características de los puestos reservados a funcionarios, dando lugar a la transformación en éstos de un numeroso grupo de laborales. Esta ley corrigió, de acuerdo con la indicada sentencia, ciertos defectos de la 30/1984, limitando la discrecionalidad administrativa manifestada a través de los sistemas de provisión de puestos de trabajo mediante la libre designación y limitando la promoción interna de los funcionarios. La reforma fue insuficiente plasmándose sus defectos en un documento de los Ministerios de Administración Pública y de Hacienda, titulado “Reflexiones para la Modernización de la Administración del Estado” (1990). En él se criticaba la eficiencia de la gestión de recursos humanos, la homogeneidad artificial del régimen de personal, la desprofesionalización y desmotivación del personal por las insuficiencias del sistema de carrera y del régimen retributivo. En consecuencia, se proponía establecer las diferencias del régimen jurídico necesarias para colectivos funcionariales netamente distintos (docentes, sanitarios, instituciones penitenciarias, Justicia, servicios exteriores, etc.), racionalizar los procesos selectivos y de provisión de puestos de trabajo, articular la carrera administrativa sobre categorías personales, vinculándolas al sistema retributivo, en el que se destaca la importancia de la productividad. Si bien no se procedió a una reforma global del sistema durante el período analizado se produjeron algunas parciales como: la Ley 9/1987, de 12 de junio, de órganos de representación, determinación de las condiciones de trabajo y participación del personal al


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servicio de la Administración Pública y la Ley 7/1990, de 19 de julio que consolidó la negociación colectiva de los funcionarios públicos.

EL ESTATUTO BÁSICO DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS Es el centro de la última etapa evolutiva de la regulación del personal al servicio de las Administraciones Públicas. Después de diversas iniciativas fracasadas, en 2004 el Gobierno constituyó una Comisión de Expertos para el estudio de un Estatuto Básico del empleado público (EBEP). La Comisión presentó su informe en abril de 2005, que se centraba en tres aspectos fundamentales. El primero, lo constituía la unificación sustancial del régimen general aplicable al personal funcionario y laboral de las Administraciones Públicas. El segundo, el reconocimiento de una mayor autonomía a los legisladores autonómicos y a cada Administración para ordenar su sistema. Finalmente, la introducción de un conjunto de medidas de modernización del régimen de la función pública reforzando los factores de profesionalidad, mérito y flexibilidad (nueva figura del directivo público, posibilidad de carreras horizontales, mayor diversidad retributiva, exigencia de evaluación del desempeño, etc.). El EBEP no contempla la totalidad de las medidas propuestas que fueron rechazadas o su aplicación diferida a su desarrollo futuro. Del análisis del EBEP se deducen varias conclusiones entre las que cabe destacar las siguientes: a) Va más allá de la regulación del empleo público al regular cuestiones orgánicas, de estructura, planificación y, en general, potestades autoorganizativas de las Administraciones. b) Es legislación básica que sustituye la totalidad de artículos que tenían tal condición en la Ley 30/1984. No supone una regulación de carácter único y concreto, es decir, global y definitiva del régimen jurídico de los empleados públicos, sino que por el contrario, IMPORTANTE: lo que se ha aprobado es un Estatuto “básico” y de “mínimos”, que recoge los principios diferenciadores del empleo público y privado, que debe


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ser desarrollado por la legislación posterior, de manera que, habida cuenta de la concurrencia de títulos competenciales entre el Estado y las CCAA posibilita la aprobación de tantos Estatutos diferenciados como CCAA, así como el correspondiente al Estado. c) El EBEP no logra unificar el régimen jurídico de los distintos colectivos de funcionarios existentes y avanzó poco en la línea de homogeneizarlos, resultando así un régimen notablemente fragmentario, como lo explica la regulación que dedica a los colectivos exceptuados de su aplicación, o la aplicación de un régimen específico a otros grupos de empleados públicos (arts. 2 a 5) Su ámbito subjetivo no es completo al no aplicarse a todos los empleados públicos, ya que se aplica directamente a las relaciones de empleo de las Administraciones territoriales de carácter general (Estado, CCAA, Administraciones locales), así como a los Organismos Públicos, Agencias y demás Entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de las Administraciones. No es aplicable a las sociedades y fundaciones del sector público, salvo lo previsto en su Disposición adicional primera (“Los principios contenidos en los arts. 52, 53, 54, 55 y 59 serán de aplicación en las entidades del sector público, estatal, autonómico y local, que no estén incluidas en el art. 2 del presente Estatuto y que estén definidas así en su normativa específica”). d) El EBEP no deroga por completo la normativa preexistente. Ni siquiera deroga la Ley de funcionarios, de la que quedan aún vivos algunos preceptos aislados. Subsisten también algunos preceptos de la Ley 30/1984, justamente todos los que no eran considerados básicos, de modo que esos preceptos subsisten, siendo de aplicación a los funcionarios de la Administración General del Estado, sin perjuicio de su eventual carácter de legislación supletoria.


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CLASES DE EMPLEO PÚBLICO Si hay una característica permanente en la regulación del empleo público es la de la pluralidad de regímenes existentes en atención a distintos criterios.

A. Clases de empleados públicos en la Ley de Funcionarios y en la Ley de Medidas de Reforma de la Función Pública Sin ánimo exhaustivo e iniciando mi análisis en la Ley de Funcionarios de 1964, centrada en este tipo de personal, deberíamos efectuar una distinción entre funcionarios los sometidos al Estatuto general y los excluidos del mismo: a) por no pertenecer a la Administración (funcionarios del poder judicial; del poder legislativo); b) al no integrase en la Administración civil (los militares y el personal al servicio de los Departamentos militares); por no integrarse en la Administración del Estado (los funcionarios locales y los de los organismos autónomos). Los funcionarios en régimen estatutario podían ser de carrera (de cuerpos generales o especiales, sometidos éstos últimos a sus normas reguladoras) y de empleo, que carecen de permanencia (interinos y eventuales). A estas categorías se debían sumarse los laborales de la Administración, a los que el artículo 7.1 de la LFCE sometía “íntegramente” a la legislación laboral y los contratados, que desaparecieron en la Ley de Medidas de Reforma de la función Pública. La Ley de 1984 abrió el ámbito de posibles especialidades en categorías de funcionarios al establecer en su artículo 1.2 que: En aplicación de esta Ley podrán dictarse normas específicas para adecuarla a las particularidades del personal docente e investigador, sanitario, de servicios postales y de telecomunicaciones y del personal destinado en el extranjero” Todas estas categorías se mantienen, en gran medida en el EBEP, como veremos seguidamente.

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