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LA JUNTA DE ACREEDORES EN EL CONCURSO

MARÍA JOSÉ MORILLAS JARILLO Catedrática de Derecho Mercantil de la Universidad Carlos III de Madrid

Valencia, 2012


Copyright ® 2012 Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito de la autora y del editor. En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com (http://www. tirant.com).

Colección dirigida por:

Enrique Sanjuan y Muñoz Magistrado

Ana Belén Campuzano

Catedrática de Derecho Mercantil

© María José Morillas Jarillo

©

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A la memoria de Fernando Valenzuela Garach, a su admirable inteligencia, a su genial forma de ser. Más allá de la gratitud por su decisivo apoyo, se ganó mi sincero y profundo afecto por la bondad con la que él y los suyos nos trataron, a mi familia y a mi, en los felices años de nuestra vida en Granada. Con todos ellos comparto la desolación por su pérdida.


SUMARIO I. ACREEDORES Y JUNTA DE ACREEDORES EN LA LEY CONCURSAL 1. La Junta de Acreedores.......................................................... 2. Acreedores sin Junta............................................................... 3. Junta sin acreedores...............................................................

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II. CONCEPTO, NATURALEZA, FUNCIONES Y CARACTERES DE LA JUNTA DE ACREEDORES 1. Concepto y naturaleza............................................................ 2. Funciones................................................................................ 3. Caracteres...............................................................................

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III. RÉGIMEN JURÍDICO DE LA JUNTA DE ACREEDORES 1. Apertura de la fase de convenio y convocatoria de la Junta de Acreedores......................................................................... 1.1. Finalización de la fase común del concurso, apertura de la fase de convenio y formación de la Sección quinta.... 1.1.1. Concurso con propuesta anticipada de convenio......................................................................... 1.1.2. Concurso sin propuesta anticipada de convenio 1.2. Fecha y efectos del auto de apertura de la fase de convenio................................................................................ 1.3. Contenido del auto.......................................................... 1.3.1. La convocatoria de la Junta de Acreedores........ 1.3.2. Lugar, día y hora de la reunión............................ 1.4. Publicidad del auto y de la convocatoria........................ 1.5. Notificación del auto y de la convocatoria...................... 1.6. Recursos contra el auto y la convocatoria...................... 2. Celebración de la reunión....................................................... 2.1. Momento y lugar de constitución de la Junta de Acreedores................................................................................ 2.1.1. Quórum de constitución....................................... 2.1.2. Asistencia a la Junta de Acreedores................... 2.1.2.1. Deber de asistencia................................ 2.1.2.2. Derecho de asistencia............................ 2.1.2.3. Autorización para asistir......................... 2.1.3. La lista de asistentes............................................

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Sumario

2.1.4. Cargos en la Junta y funciones de los mismos.... 2.1.4.1. Presidente............................................... 2.1.4.2. Secretario................................................ Desarrollo de la Junta.............................................................. 3.1. Deliberación..................................................................... 3.2. Derecho de información.................................................. 3.3. Votación........................................................................... 3.3.1. Titularidad del derecho de voto y sentido de éste....................................................................... 3.3.2. Sistema de votación: emisión y cómputo de los votos..................................................................... 3.3.2.1. Sistema de votación............................... 3.3.2.2. Emisión del voto: la libertad de votación......................................................... 3.3.2.3. Cómputo de los votos............................. 3.3.3. Régimen de porcentajes y mayorías.................... 3.3.4. Oposición a la aprobación del convenio............. 3.4. Prórroga de las sesiones de la Junta.............................. 3.5. Suspensión...................................................................... La constancia de la celebración de la Junta de Acreedores. 4.1. El acta.............................................................................. 4.2. La grabación.................................................................... 4.3. Testimonios...................................................................... Conclusión de la Junta............................................................ Oposición a la aprobación del convenio y celebración de una nueva Junta...................................................................... 6.1. La oposición a la aprobación judicial del convenio aceptado en Junta........................................................... 6.2. Rechazo de oficio por el Juez del convenio aceptado en Junta................................................................................ 6.3. Celebración de una nueva Junta.....................................

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BIBLIOGRAFÍA..............................................................................

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ABREVIATURAS............................................................................

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RESOLUCIONES JUDICIALES CITADAS.....................................

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RESOLUCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS Y DEL NOTARIADO CITADAS............................................

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3.

4.

5. 6.

139 147 147 150 154 155 166 167 167 172 172 176 177 178 178 179 186 188


I. ACREEDORES Y JUNTA DE ACREEDORES EN LA LEY CONCURSAL En el seno de los diferentes procedimientos concursales que se han sucedido a lo largo del tiempo, se ha mantenido la existencia de un órgano colegiado de deliberación que representa o aglutina los intereses colectivos de los acreedores, privados de la posibilidad de ejercitar acciones individuales, sometidos a la comunidad de pérdidas y titulares del derecho a un trato justo e igual por efecto del superior principio de la par condicio creditorum.

1. La Junta de Acreedores Aunque la satisfacción de los acreedores es la finalidad esencial del concurso, como manifiesta la Exposición de Motivos de la LC (apartado II, párrafos 4º y 9º), la Junta de Acreedores no es, en absoluto, la protagonista del procedimiento1. Uno de los aspectos que caracterizan la LC es la simplificación de los órganos del concurso, objetivo proclamado también de forma expresa en la Exposición de Motivos de la Ley (apartado IV, párrafo 1º)2. Frente a la multitud de órganos que ostentaban funciones en los derogados procedimientos3, en la

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CORDÓN MORENO, F., Proceso concursal, Cizur Menor (Aranzadi), 2003, pág. 60: “En el nuevo sistema desaparece el protagonismo que se reconocía a los acreedores en el anterior procedimiento de quiebra”. Consideró el problema de los órganos del concurso como “el talón de Aquiles de la reforma” GARCÍA VILLAVERDE, R., “El Anteproyecto de Ley Concursal español del 2000: las bases de una reforma esperada”, Actualidad Jurídica Aranzadi, nº 491, 21 de junio de 2001, pág. 3. Los órganos de la quiebra eran el Juez, el Comisario de la quiebra, los Síndicos y la Junta de Acreedores; con carácter provisional, podía nombrarse, además, un Depositario. En el procedimiento de suspensión de pagos, los órganos eran el Juez, los Interventores y la Junta General de Acreedores. Sobre estos órganos del Derecho Concursal anterior, vid., JIMÉNEZ DE PARGA CABRERA, R., “Los órganos de la quiebra”, en Estudios homenaje al Profesor Federico de Castro, Tomo I, Madrid (Tecnos), 1976, págs. 811-836; MASSAGUER FUENTES, J., “Órgano de la quiebra”, Enciclopedia Jurídica Básica, Vol. III, Madrid (Civitas), 1995, págs. 47004705.


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vigente Ley sólo tienen la condición de órganos necesarios de todo concurso el Juez y la Administración concursal. La Junta lo es sólo en el caso de que, concluida la fase inicial común, se abra la fase de convenio (art. 111.2 LC), aunque hay referencias previas a ella (arts. 102.2 y 110.2 LC)4. La Junta ve reducidas de forma clara sus competencias: la Ley se decanta por un sistema cerrado y no amplía estas funciones a través de otro tipo de órganos de representación de los acreedores, con lo que estos ven recortado su poder de decisión frente al que tuvieron, por una u otra vía, en otros tiempos o en textos prelegislativos5.

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Por lo tanto, no parece que en el art. 111 LC sea “donde se realiza la primera mención de este órgano”, como afirma QUIJANO GONZÁLEZ, J., “La Junta de acreedores en la nueva legislación concursal”, Revista de Derecho Concursal y Paraconcursal, nº 3, 2005, pág. 68. En el derogado Derecho concursal, la Junta se reunía para el nombramiento de los Síndicos (art. 1346 LEC-1881; arts. 1062-1067 Cdc 1829; en el procedimiento de suspensión de pagos, por el contrario, la designación de los Interventores no correspondía a la Junta, sino al Juez: art. 4 LSP, salvo en el supuesto del art. 15 LSP, en caso de continuación de la intervención una vez aprobado el convenio); para el examen y reconocimiento de los créditos (art. 1380 LEC-1881; arts. 1100-1112 Cdc 1829; en el procedimiento de suspensión de pagos, el reconocimiento de los créditos correspondía a los Interventores: art. 8 LSP) y la graduación de estos (art. 1381 LEC-1881; arts. 1266-1277 Cdc 1829; de nuevo, en el procedimiento de suspensión de pagos, la clasificación de los créditos correspondía a los Interventores: art. 8 LSP); para la deliberación y, en su caso, aprobación de la propuesta de convenio (arts. 1390-1392 LEC-1881; arts. 899901 Cdc 1885; arts. 13-15 LSP); para la rendición de cuentas de los Síndicos, con el carácter de Junta extraordinaria (art. 1364 LEC-1881; art. 1134 Cdc 1829). No era ésta una lista cerrada de supuestos, pues, siempre que concurrieran motivos extraordinarios, podía ser convocada (art. 1073 Cdc 1829). La LSP preveía la posibilidad de reemplazar la Junta General de Acreedores por la tramitación escrita de la deliberación y votación de la proposición de convenio en caso de que el número de acreedores excediera de doscientos (arts. 18 y 19). El APLC 1959 privaba a la Junta de las competencias de reconocimiento y graduación de los créditos; se le atribuía el conocimiento y, en su caso, aprobación de una serie de materias (art. 68): ratificación de los Síndicos acreedores designados por el Juez o el nombramiento de los que deban sustituirlos y la determinación de su retribución; el informe de la situación patrimonial del deudor, el inventario y el balance elaborados por los Síndicos; la continuación o el cese de la actividad industrial o mercantil del deudor; el proyecto o plan de liquidación del activo elaborado por la Sindicatura; el convenio propuesto por el concursado; la rendición de cuen-


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La Junta no es un órgano soberano. Por un lado, porque su decisión de aceptación del convenio puede ser dejada sin efecto si no hay aprobación judicial (arts. 127-132 LC); por otro, porque la formación de la voluntad de la masa pasiva puede llevarse a cabo al margen de la Junta, en caso de aceptación de una propuesta anticipada de convenio o en virtud de las previas adhesiones escritas a las propuestas de convenio debatidas en fase de convenio, que se consideran voto favorable si no son

tas de la Sindicatura; y “cualquier otro asunto que el Juez o los síndicos decidan proponer a su aprobación”. El APLC 1983 introdujo como novedad un complejo sistema de adopción de acuerdos en el seno de la Junta, basado en mayorías numéricas o de pasivo, pero los acreedores votaban divididos en cuatro grupos en función de sus intereses (arts. 71 y 74-76). Aunque dicho texto reconocía abiertamente que en él la Junta “pierde gran parte de sus competencias tradicionales, en incremento de las que se atribuyen al Juez y a la propia sindicatura”, sin embargo, en realidad, recortaba y ampliaba a un tiempo las funciones de la Junta (art. 59): perdía la de graduación de los créditos, que pasaba al Síndico con la aprobación del Juez; si el deudor se negaba a estipular convenio, podía imponerle, con la aprobación judicial, un plan de gestión controlada; intervenía en la aprobación del plan de liquidación y del plan de reorganización del deudor, en casos de gestión controlada; y mantenía el carácter abierto de las competencias (“cualquier otro asunto que el Juez resuelva someter a su consideración cuando convoque la Junta de Acreedores de oficio o a solicitud de persona legitimada”). Este Anteproyecto contemplaba la posible designación por la Junta de una Comisión delegada, integrada por representantes de los distintos grupos de acreedores (arts. 86 y 87). La Propuesta de APLC 1995 eliminaba a la Junta de Acreedores en el procedimiento de suspensión de pagos, al configurar un sistema de adhesiones escritas de los acreedores a las propuestas de convenio del deudor; en el concurso de acreedores, establecía como competencias tasadas de la Junta el debate y, en su caso, aprobación de la proposición de convenio, si se hubiese presentado, y el nombramiento de la Comisión de acreedores (art. 136.2º y 3º), órgano éste que tenía atribuidas importantes funciones: aprobación de las cuentas de los Síndicos e Interventores (arts. 44 y 45); recepción y transmisión a los acreedores de la información recibida del deudor sobre el cumplimiento del convenio (art. 177); y aprobación del proyecto de liquidación realizado por los Síndicos (art. 188). Las Exposiciones de Motivos de los APLC 2000 y 2001 y del PLC 2002 se refieren a la Junta de Acreedores para negarle el carácter de órgano necesario del procedimiento: “La Junta de Acreedores únicamente habrá de constituirse en la fase de convenio, cuando no se haya aprobado por el sistema de adhesiones escritas una propuesta anticipada” y contienen la regulación que ha pasado a la vigente Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.


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revocadas en tiempo o con una posterior asistencia a la reunión y voto en su seno (arts. 103, 106, 108 y 121.4 LC). Además de estar limitadas las competencias de la Junta, éstas han de ejercerse sin apenas margen de flexibilidad en la aplicación, en marcado contraste con la discrecionalidad que abunda en los poderes de otros órganos, señaladamente del Juez. Esta línea de progresiva eliminación de la Junta, interpretada como reflejo de la evolución histórica de la concepción del procedimiento y, también, de la desconfianza del legislador6, tiene continuidad en la reforma de la LC operada por el Real Decreto-ley 3/2009, de 27 de marzo, de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal ante la evolución de la situación económica, que, en aras de las proclamadas finalidades de agilización de los trámites procesales y reducción de los costes, introduce la posibilidad de tramitación escrita del convenio (arts. 111.2, 115 bis, 128, 129, 131 y 143), verdadero

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GARCÍA VILLAVERDE, “El Anteproyecto de Ley Concursal”, pág. 4, considera la disminución del papel de la Junta como la culminación lógica de un proceso histórico de desprivatización o de judicialización del concurso. Para PULGAR EZQUERRA, J., “Las soluciones al concurso de acreedores: el convenio y la liquidación”, en García Villaverde/Alonso Ureba/Pulgar (dirs.), Derecho Concursal. Estudio sistemático de la Ley 22/2003, y de la Ley 8/2003, para la Reforma Concursal, Madrid (Dilex), 2003, pág. 458, una de las grandes novedades que introduce la reforma es, precisamente, la pérdida de protagonismo, significación y competencias de la Junta, en contraste con la posición que ocupaba en el Derecho anterior a la reforma, exponente de la tradicional concepción privatista que caracterizaba el Derecho concursal del siglo XIX. Para QUIJANO GONZÁLEZ, J., “La Junta de acreedores en el nuevo Derecho Concursal español”, en García Villaverde/Alonso Ureba/Pulgar (dirs.), Derecho Concursal. Estudio sistemático de la Ley 22/2003, y de la Ley 8/2003, para la Reforma Concursal, Madrid (Dilex), 2003, pág. 236, no es de extrañar que “superada la mentalidad más privatista de la tradición concursal, se viera a la Junta de acreedores como una fuente de lentitud, complicación o conflictividad, base en muchas ocasiones de impugnaciones, recursos e interferencias”; este mismo se trabajo, con algunas modificaciones, se publica bajo el mismo título en Estudios sobre la Ley Concursal. Libro Homenaje a Manuel Olivencia, Tomo II, Madrid (Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga y Antequera, Unicaja, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Córdoba, Cajasur, Marcial Pons), 2005: en estas notas a pie de página sólo citaremos esta segunda publicación —precisando “en Estudios Olivencia”— cuando se aparte de o añada algo a la primera.


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“golpe de gracia” para la menguante Junta de Acreedores7. La tramitación escrita se configura, así, como opción para el Juez quien, en uso de su facultad discrecional (sólo condicionada por el número mínimo de acreedores), puede elegirla como alternativa a la celebración de la Junta, en primera y en segunda instancia: así, como veremos, en caso de que el Juez estime —tras el planteamiento de oposición o de oficio— la existencia de un defecto en la tramitación escrita del convenio conforme a la nueva regulación (art. 115 bis LC, introducido por el art. 10.8 del Real Decreto-ley 3/2009), puede optar por convocar Junta o por acordar una nueva tramitación escrita (arts. 129.2 y 131.4 LC)8. La tramitación escrita se impone, tras la reforma del

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Retoma, así, la reforma, el viejo régimen de la suspensión de pagos que disponía la tramitación escrita de la aprobación del convenio en lugar de su consecución en Junta de Acreedores cuando los acreedores excedieran de doscientos (arts. 18 y 19 LSP), tramitación posible antes incluso para ciertas sociedades especiales (Ley de 12 de noviembre de 1869 de suspensión de pagos y quiebras de las compañías de ferrocarriles) y, tras la promulgación del Cdc de 1885, para las sociedades mercantiles (arts. 929 a 941). Sobre esta materia, por todos, ROJO FERNÁNDEZ-RÍO, A., “La tramitación escrita del convenio en la quiebra y en la suspensión de pagos”, en Estudios de Derecho Mercantil en Homenaje al Profesor Manuel Broseta Pont, Tomo III, Valencia (Tirant lo Blanch), 1995, págs. 3247-3313. En opinión de GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, J. A. y LÓPEZ SÁNCHEZ, J., La Reforma de la Ley Concursal. Una primera lectura del Real Decreto-ley 3/2009, Cizur Menor (Thomson Reuters Aranzadi), 2009, pág. 116, la nueva regulación de la tramitación escrita del convenio (art. 115 bis LC) “puede facilitar la aceptación del convenio, pero también evidencia cuál es el coste: excluir la celebración de la Junta y la consiguiente deliberación sobre las distintas propuestas de convenio presentadas”, algo que los autores justifican porque, en los concursos multitudinarios, “el desarrollo de la Junta resulta difícilmente gobernable e incluso su celebración puede resultar contraproducente para una adecuada aclaración del contenido de las distintas propuestas, el sereno desarrollo de los debates y una ordenada emisión de los votos”. Coinciden en que la intención del legislador al reintroducir la tramitación escrita del convenio es agilizar la fase de convenio YANES YANES, P., “La pequeña reforma del concurso: 50 modificaciones normativas y un laberinto transitorio”, Revista La Ley, 2009-2, págs. 1594 y 1599; y GUTIÉRREZ GILSANZ, A., “La tramitación ordinaria del convenio en la reforma de la Ley Concursal contenida en el Real Decreto-ley 3/2009”, Revista de Derecho Concursal y Paraconcursal, nº 11, 2009, pág. 103. Aunque inicialmente sólo se reformó el régimen de la oposición a la aprobación del convenio para incluir el supuesto de infracción legal en la tramitación escrita del convenio (art. 129 LC) y no se modificó el precepto


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procedimiento abreviado que lleva a cabo la Ley 38/2011, en el caso de solicitud de concurso con presentación de propuesta de convenio por el deudor, pues el art. 191 bis.2 (añadido por la Ley 38/2011) establece que la aceptación de dicha propuesta “se realizará por escrito”. En consecuencia, la eliminación de la Junta de Acreedores es radical en este supuesto, y no meramente facultativa. Por último, en su declive pesa, no obstante la proclamada voluntad del legislador, favorable o impulsora de la solución convenida del concurso, la realidad de los procedimientos concursales que se declaran en España. Aunque la Exposición de Motivos de la LC (apartado VI) declara que “(E)l convenio es la solución normal del concurso, que la ley fomenta con una serie de medidas, orientadas a alcanzar la satisfacción de los acreedores a través de un acuerdo contenido en un negocio jurídico en el que la autonomía de la voluntad de las partes goza de una gran amplitud”, idea que reitera más adelante (apartado VII) cuando afirma que “la liquidación es siempre una solución subsidiaria”9, la importancia práctica de la Junta corre paralela a la muy reducida proporción de concursos que no terminan en liquidación. “Claramente, la gran mayoría de los concursos tiene como destino la liquidación”, señalan los Anuarios de Estadística Concursal de 2006, 2007 y 2008; el Anuario de 2009 constata que la cifra de convenios ese año fue inferior a la de años anteriores, “lo que vuelve a confirmar el carácter marcada-

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que permite al Juez apreciar de oficio la infracción para referirlo también a este supuesto de tramitación escrita del convenio (art. 131 LC), parecía claro que debía admitirse esta revisión de oficio del convenio tramitado por escrito: en este sentido, GUTIÉRREZ GILSANZ, “La tramitación ordinaria del convenio en la reforma”, pág. 107. Tras la modificación introducida por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (B.O.E. nº 245, de 11 de octubre), el art. 131 recoge también la revisión de oficio en este supuesto. Esta declaración, voluntarista y algo pretenciosa (hay también incentivos a la liquidación, como la responsabilidad concursal de los administradores, liquidadores y apoderados generales, en los términos en los que se regula en el art. 172 bis LC), ha sido objeto de crítica: BELTRÁN SÁNCHEZ, E., “La conversión de la fase de convenio en fase de liquidación en el concurso de acreedores”, Revista Jurídica de Cataluña, nº 4, 2004, pág. 1200, considera que la Ley otorga al convenio una “preferencia de carácter puramente formal”.


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mente liquidatorio del concurso”; el Anuario de 2010 manifiesta que el sistema concursal está acogiendo a empresas con escasa viabilidad, por lo que “se espera que la liquidación siga predominando en nuestro sistema concursal”10. El Anuario de 2006 refleja que sólo en 40 concursos, de un total de 477, se inició la fase de convenio sin posterior fase de liquidación (un 8,38% del total), mientras que en los 437 restantes (un 91,61%) se inició la fase de liquidación tras la apertura de la fase de convenio en algún momento anterior (en 70, un 16,01%), tras la firma de convenio en algún momento anterior (en 5, un 1,14%) o directamente tras la fase común (en 362, un 82,83%). El Anuario de 2007 muestra que sólo en 43 concursos de un total de 551 se inició la fase de convenio sin posterior fase de liquidación (un 7,8% del total), mientras que en los 508 restantes (92,2%) se inició la fase de liquidación tras la apertura de la fase de convenio en algún momento anterior (en 112, un 20,33%), tras la firma de convenio en algún momento anterior (en 6, un 1,09%) o directamente tras la fase común (en 390, un 70,78%). El Anuario de 2008 revela que 31 fases de liquidación (el 5,4% del total) se iniciaron incluso tras la aprobación judicial de un convenio, el 22,3% se inició por la imposibilidad de alcanzarlo en la fase de convenio y el 72,3% de las liquidaciones se abrieron tras la fase común; hubo 127 casos (uno de cada cinco) de apertura sucesiva de fase de convenio y fase de liquidación; a lo largo de 2008 se aprobaron 66 convenios

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VAN HEMMEN ALMANZOR, E., Estadística Concursal. El concurso de acreedores en cifras. Anuario 2006, Madrid (Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España), 2007, pág. 23; IDEM, Estadística Concursal. El concurso de acreedores en cifras. Anuario 2007, Madrid (Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España), 2007, pág. 22; IDEM, Estadística Concursal. Anuario 2008. El concurso de acreedores en cifras, Madrid (Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España), 2008, pág. 25; IDEM, Estadística Concursal. Anuario 2009. El concurso de acreedores en cifras, Madrid (Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España), 2009, pág. 23; IDEM, Estadística Concursal. Anuario 2010. El concurso de acreedores en cifras, Madrid (Colegio Nacional de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España), 2010, p. 22.


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(un 10,38%), frente a las 570 liquidaciones que se iniciaron (el 89,62%). El Anuario de 2009 señala que en 144 concursos, de un total de 1.505, se inició la fase de convenio sin posterior fase de liquidación (un 9,57% del total); mientras que, en los restantes, en 288 procedimientos se inició la fase de liquidación tras la apertura de la fase de convenio en algún momento anterior (un 21,16%); en 26, tras la firma del convenio (1,91%); y en 1.047 (un 76,93%), directamente tras la fase común. El Anuario de 2010 pone de manifiesto que, de un total de 2.453 concursos, en 142 se inició la fase de convenio sin posterior fase de liquidación (un 5,79%); en los restantes, en 584 se inició la fase de liquidación tras la apertura de fase de convenio en algún momento anterior (un 25,3%); en 23, tras la firma de convenio en algún momento anterior (un 1%); y en 1.704, directamente, tras la fase común (un 73,7%). Estos Anuarios indican que, en más de un 90% de los concursos que iniciaron una fase sucesiva, el proyecto empresarial (tal como se concibió en las etapas preconcursales) no tiene viabilidad. De esta forma, parece que lo anormal se ha hecho normal y las cifras son tozudas al corregir la previsión o el deseo del legislador11. Justamente por ello, el Preámbulo de la Ley 38/2011 contiene esta afirmación: “Hoy por hoy, la mayor parte de los concursos que se tramitan concluyen con la liquidación de la empresa, el cese de actividades y el despido de los trabajadores”.

2. Acreedores sin Junta Más numerosas que las atribuciones de la Junta son las alusiones que existen en la LC a los acreedores al margen de ella: se les atribuye legitimación subsidiaria (arts. 72.1 y 172 bis.2 LC); se les impone la carga de comunicar a la Administración concursal la existencia de sus créditos (arts. 21.1.5.º y 85 LC); se les permite solicitar del Juez la declaración de incumplimien-

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Como bien observa SÁNCHEZ-CALERO GUILARTE, J., “Los cambios que afectan a la propuesta anticipada de convenio”, mayo, 2009, (www.uc3m. es/eprints), pág. 6, “(L)ejos de ser la solución normal que la Ley pretendía, el convenio es una culminación del concurso cada vez más difícil”.


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to del convenio (art. 140 LC); se les atribuyen derechos de audiencia y examen (arts. 184 a 186 LC), la facultad de presentar recursos contra determinadas decisiones judiciales, de ejercitar derecho de oposición (arts. 128, 171, 176, 181 y 184 LC) y de formular alegaciones (arts. 168 y 184 LC). Se ha reemplazado incluso en la LC la referencia a la Junta de Acreedores por la simple mención de los acreedores: así, en el art. 128.3, en consonancia con la posibilidad de tramitación escrita del convenio, se ha sustituido la expresión “la propuesta de convenio aceptada por la junta” por “la propuesta de convenio aceptada por los acreedores”, corrección que pasó inadvertida al Real Decreto-ley 3/2009 y que lleva a cabo el artículo único.79 de la Ley 38/2011.

3. Junta sin acreedores Cerrando las posibilidades combinatorias de las dos palabras presentes en el enunciado de este epígrafe, y por agotar el juego de las mismas mediante este retruécano, nos referimos a la posibilidad de que se celebre una Junta de Acreedores sin presencia física de estos, ni por sí, ni representados. Puesto que la LC establece que los acreedores firmantes de alguna propuesta de convenio o adheridos a ella que no asistan a la Junta se tendrán por presentes a los efectos del quórum de constitución (si se trata de acreedores ordinarios) y los votos correspondientes a todos ellos se computarán como votos favorables (arts. 99.1, 118.3 y 121.4, párrafo 2º, LC), puede darse el caso de que se apruebe en Junta una propuesta de convenio sin que haya asistido ni votado efectivamente un solo acreedor.


II. CONCEPTO, NATURALEZA, FUNCIONES Y CARACTERES DE LA JUNTA DE ACREEDORES 1. Concepto y naturaleza Por efecto de la declaración de concurso, todos los acreedores del deudor, ordinarios, privilegiados o subordinados, de cualquier nacionalidad y domicilio, quedan integrados, con ciertas excepciones, en la masa pasiva del concurso. Pese a la constitución de los acreedores en masa pasiva, como litisconsorcio activo necesario (puesto que desde su declaración no pueden iniciarse ejecuciones singulares: art. 55 LC), la masa no ostenta personalidad jurídica (de ahí que se critiquen las expresiones “deudas de la masa” o “créditos contra la masa”), ni puede considerarse a la Junta de Acreedores como órgano de formación de la voluntad de dicha inexistente persona. Por el contrario, en otros países (así, en Francia, por interpretación jurisprudencial) se concibió a la Junta como persona jurídica sucesora o causahabiente del quebrado, titular de derechos y con capacidad de obrar. Aunque se ha negado a la Junta de Acreedores la misma cualidad de órgano12, la mayoría de la doctrina afirma la condición de tal, si bien adjetivándolo con calificativos como “no obligatorio”, “no necesario”, “no esencial”, “no indispensable”, “subordinado” o “de existencia condicionada”13. Esta conside

12

13

DE LA CUESTA RUTE, J. M., El Convenio Concursal. Comentarios a los arts. 98 a 141 de la Ley Concursal, Cizur Menor (Thomson-Aranzadi), 2004, págs. 134, 135 y 140. QUIJANO, “La Junta de acreedores en el nuevo Derecho Concursal español”, en García Villaverde y otros, Derecho Concursal, pág. 250; IDEM, “La Junta de acreedores en la nueva legislación concursal”, págs. 67 y 69; GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ, I., “Constitución de la Junta (art. 116)”, en Bercovitz (coord.), Comentarios a la Ley Concursal, Tomo II, Madrid (Tecnos), 2004, pág. 1244; MANZANO CEJUDO, M. A., “Junta de Acreedores”, en Fernández de la Gándara-Sánchez Álvarez (coords.), Comentarios a la Ley Concursal, Madrid-Barcelona (Marcial Pons), 2004, págs. 542 y 544; PETIT LAVALL, M. V., “La Junta de acreedores”, Estudios sobre la Ley Concursal. Libro Homenaje a Manuel Olivencia, Tomo II, Madrid (Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga y


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María José Morillas Jarillo

ración de órgano contingente está estrechamente unida a las funciones legales que tiene atribuidas: al reducido número de las competencias y a la adscripción de éstas a una fase del concurso, la fase de convenio, que, como la propia Junta, tampoco es necesaria, esencial u obligatoria. Y, más aún, incluso existiendo fase de convenio, puede que la Junta no llegue a convocarse si el Juez acuerda la tramitación escrita del convenio en concursos cuyo número de acreedores exceda de trescientos (art. 111.2 LC, reformado por el art. 6.7 del Real Decreto-ley 3/2009) y sea la reunión de los acreedores nuevamente preterida en beneficio de una segunda tramitación escrita, en caso de que el Juez estime la oposición por infracción legal en la primera tramitación escrita o la estime de oficio. Hay que tener en cuenta que esta reforma del art. 111.2 que llevó a cabo el Real Decreto-ley 3/2009, conforme a lo dispuesto en su Disp. Trans. Sexta, se ha aplicado a los procedimientos concursales en tramitación a su entrada en vigor (el 1 de abril de 2009), cuando no se hubiera dictado el auto por el que se convoca Junta de Acreedores. No obstante, y para los procedimientos en que se hubiera dictado el auto y el número de acreedores excediera de mil, el Juez ha podido sustituir dicha convocatoria por la tramitación escrita del convenio. Si como efecto procesal de la declaración de quiebra se consideraba la constitución de sus órganos (entre ellos, la Junta de Acreedores)14, como efecto, no ya de la declaración de

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Antequera, Unicaja, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Córdoba, Cajasur, Marcial Pons), 2005, pág. 1473; PORFIRIO CARPIO, L. J., La Junta de Acreedores (su especial consideración como órgano del concurso), Cizur Menor (Thomson-Aranzadi), 2008, págs. 215 y 267, págs. 66-71, 7375 y 83; TORRUBIA CHALMETA, B., “Constitución de la Junta (art. 116)”, en Cordón (dir.), Comentarios a la Ley Concursal, Cizur Menor (ThomsonAranzadi), 2004, pág. 862; VIGUERA RUBIO, J. M., “Los órganos del concurso”, en Jiménez (coord.), Derecho Mercantil, Vol. II, 12ª ed., Barcelona (Ariel), 2008, pág. 844. También la Exposición de Motivos de la LC le niega, como hemos señalado, el carácter de órgano necesario (apartado IV, párrafo 1º). La Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 8 de Madrid de 7 de julio de 2010 señala: “La junta de acreedores del concurso no tiene personalidad jurídica propia y diferenciada, es sólo un órgano transitorio de manifestación de la voluntad colectiva del pasivo concursal”. VICENT CHULIÁ, F., Compendio Crítico de Derecho Mercantil, Tomo II, 2ª ed., Barcelona (Bosch), 1986, págs. 784 y 797.


La Junta de Acreedores en el Concurso

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concurso, sino de la apertura de la fase de convenio (a excepción de los concursos en los que el Juez acuerde la tramitación escrita), hay que mencionar la constitución de este órgano no necesario del procedimiento concursal15. En consecuencia, se puede definir la Junta de Acreedores como la reunión de los acreedores concursales, debidamente convocada por el Juez y constituida en la fase de convenio, para deliberar y votar la propuesta o propuestas de convenio que hayan sido admitidas a trámite.

2. Funciones La afirmación de la conveniencia y necesidad de reformar la Junta de Acreedores ha sido ampliamente compartida en el proceso de reforma del Derecho concursal español16. Las críticas vertidas contra la Junta de Acreedores de la quiebra se centraban fundamentalmente en la lentitud que imprimía al procedimiento17, en su falta de profesionalidad y en las competencias que tenía asumidas. Aunque, en principio, se le encomendaban las funciones relacionadas con el interés colectivo de los acreedores (nombramiento de los Síndicos, reconocimiento y graduación de los créditos, aprobación del convenio) se censuró que asumiera algunas de ellas (concretamente, el reconocimiento y la clasificación de los créditos), habida cuenta del carácter técnico de estas tareas y el perfil no profesional de la Junta, lo que originaba frecuentes impugnaciones y recursos que dilataban y encarecían el procedimiento. Por el contrario,

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17

PORFIRIO, La Junta de Acreedores, pág. 71. OLIVENCIA RUIZ, M., “El Derecho concursal: modernas orientaciones y perspectivas de reforma”, en La Reforma de la Legislación mercantil, Madrid (Fundación Universidad-Empresa y Civitas), 1979, y Escritos Jurídicos, Vol. IV, Sevilla (Fundación El Monte), 2005, (por donde se cita), pág. 211 y 217; ROJO FERNÁNDEZ-RÍO, A., “Notas para la reforma de la legislación concursal”, Revista de Derecho Mercantil, nº 138, octubrediciembre, 1975, págs. 525 y 526; VICENT CHULIÁ, F., “En vísperas de la reforma del Derecho concursal español”, Revista Jurídica de Cataluña, nº 4, octubre-diciembre, 1978, págs. 114, 115, 122 y 138. CERDÁ ALBERO, F. y SANCHO GARGALLO, I., Quiebras y suspensiones de pagos: claves para la reforma concursal, Colección Estudios Económicos, Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona (La Caixa), Barcelona, 2001, pág. 111.


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