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El trabajo parte de la premisa de que la pena de prisión perpetua, como pena máxima permitida por el Derecho penal internacional, solo debe ser impuesta en casos excepcionales, haciéndola compatible con los derechos humanos. No debe perderse de vista que los TPI, al igual que cualquier otro tribunal penal nacional, tienen la obligación de proporcionar un modelo de justicia humanista.

Juana del-Carpio-Delgado

JUANA DEL-CARPIO-DELGADO

LA PRISIÓN PERPETUA EN EL DERECHO PENAL INTERNACIONAL

UN ESTUDIO SOBRE LA TEORÍA Y SU PRÁCTICA POR LOS TRIBUNALES PENALES INTERNACIONALES AD HOC

Estas y otras cuestiones, como la legitimidad de los magistrados para introducir la prisión perpetua a través de las Reglas de Procedimiento y Prueba, los criterios para su aplicación o las razones de la disparidad del número de condenas a prisión perpetua entre el TPIR y el TPIY, son analizadas en esta investigación.

LA PRISIÓN PERPETUA EN EL DERECHO PENAL INTERNACIONAL

¿Qué penas deben imponerse a los responsables de las graves violaciones de Derecho internacional humanitario; a los declarados culpables de genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra? Una vez que se ha conseguido desterrar la pena de muerte del Derecho penal internacional, ¿debe ser la prisión perpetua la pena máxima para castigar estos delitos?

ALTA CALIDAD EN INVESTIGACIÓN JURÍDICA

UN ESTUDIO SOBRE LA TEORÍA Y SU PRÁCTICA POR LOS TRIBUNALES PENALES INTERNACIONALES AD HOC

Prólogo de: José R. de Prada Solaesa

monografías

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LA PRISIÓN PERPETUA EN EL DERECHO PENAL INTERNACIONAL Un estudio sobre la teoría y su práctica por los Tribunales Penales Internacionales Ad Hoc

COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig

Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia

Ana Cañizares Laso

Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Málaga

Jorge A. Cerdio Herrán

Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México

José Ramón Cossío Díaz

Ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y miembro de El Colegio Nacional

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot

Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

Owen Fiss

Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)

José Antonio García-Cruces González

Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED

Luis López Guerra

Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid

Ángel M. López y López

Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla

Marta Lorente Sariñena

Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid

Javier de Lucas Martín

Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia

Víctor Moreno Catena

Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid

Francisco Muñoz Conde

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Angelika Nussberger

Jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de Colonia (Alemania)

Héctor Olasolo Alonso

Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)

Luciano Parejo Alfonso

Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid

Tomás Sala Franco

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia

Ignacio Sancho Gargallo

Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España

Tomás S. Vives Antón

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia

Ruth Zimmerling

Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)

Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales

LA PRISIÓN PERPETUA EN EL DERECHO PENAL INTERNACIONAL Un estudio sobre la teoría y su práctica por los Tribunales Penales Internacionales Ad Hoc

JUANA DEL-CARPIO-DELGADO Profesora Titular de Derecho penal Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

tirant lo blanch Valencia, 2019

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En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com.

© Juana del-Carpio-Delgado

© TIRANT LO BLANCH EDITA: TIRANT LO BLANCH C/ Artes Gráficas, 14 - 46010 - Valencia TELFS.: 96/361 00 48 - 50 FAX: 96/369 41 51 Email:tlb@tirant.com www.tirant.com Librería virtual: www.tirant.es ISBN: 978-84-1313-498-7 MAQUETA: Tink Factoría de Color Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-de-empresa nuestro procedimiento de quejas.

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A mi mamita

Índice Abreviaturas............................................................................................ 11 Prólogo.................................................................................................... 13 Introducción............................................................................................ 21

I. ANTECEDENTES: NÚREMBERG Y TOKIO............................... 27 1. INTRODUCCIÓN.................................................................. 27 2. TRIBUNAL MILITAR INTERNACIONAL DE NÚREMBERG. 29 2.1. Generalidades: establecimiento y jurisdicción.................. 29 2.2. Penas............................................................................... 34 3. TRIBUNAL INTERNACIONAL PARA EL LEJANO ORIENTE. 37 3.1. Generalidades: establecimiento y jurisdicción.................. 37 3.2. Penas............................................................................... 39 4. LOS JUICIOS POSTERIORES A NÚREMBERG.................... 42

II. LOS TRIBUNALES PENALES INTERNACIONALES AD HOC PARA LA EX YUGOSLAVIA Y RUANDA Y EL MECANISMO RESIDUAL INTERNACIONAL: ALGUNAS CONSIDERACIONES..... 49

III. PENAS PREVISTAS EN LOS ESTATUTOS DE LOS TRIBUNALES PENALES INTERNACIONALES AD HOC.....................................

IV. LA PRISIÓN PERPETUA.............................................................. 67 1. LAS REGLAS 101 DE LOS TPI AD HOC.............................. 70 2. LA LLAMADA “CLÁUSULA DE DERECHO NACIONAL” Y LA PRISIÓN PERPETUA....................................................... 75 3. LA IMPOSICIÓN DE LA PRISIÓN PERPETUA COMO ALTERNATIVA A LA PENA DE MUERTE................................ 83 3.1. La práctica en el TPIY..................................................... 85 3.2. La situación en el TPIR................................................... 92 4. PRISIÓN PERPETUA O PRISIÓN DURANTE EL RESTO DE LA VIDA DEL CONDENADO: ¿ALGUNA DIFERENCIA?.. 97

V. LOS FINES DE LA PENA Y PRISIÓN PERPETUA EN LOS TPI AD HOC.................................................................................................. 109 1. LOS FINES DE LA PENA....................................................... 109 1.1. Retribución..................................................................... 115 1.2. Prevención....................................................................... 122 1.3. Rehabilitación................................................................. 133 2. OTROS FACTORES GENERALES......................................... 139

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Índice

VI. LA DETERMINACIÓN DE LA PENA.......................................... 143 1. NORMATIVA APLICABLE.................................................... 143 2. AUSENCIA DE UN MARCO PENAL ABSTRACTO.............. 145 3. INEXISTENTE JERARQUÍA DE LOS DELITOS................... 147 4. PRINCIPIOS GENERALES QUE RIGEN LA INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA.......................................................... 157 4.1. La presentación de la prueba puede realizarse en cualquier momento del procedimiento................................... 157 4.2. No existe un sistema para individualizar la pena............. 158 4.3. La gravedad del delito como factor clave en la determinación de la pena................................................................ 159 4.4. Relación entre la gravedad del delito y las circunstancias agravantes....................................................................... 166 4.5. Inherencia....................................................................... 167 5. FACTORES PARA DETERMINAR LA GRAVEDAD DEL DELITO Y LAS CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES............. 170 5.1. Victimización.................................................................. 171 5.2. Formas y medios empleados en la comisión del delito..... 175 5.3. Papel del acusado............................................................ 177 6. CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES...................................... 187 6.1. Entrega voluntaria........................................................... 191 6.2. Cooperación sustancial con la Fiscalía............................ 192 6.3. Declaración de culpabilidad............................................ 193 6.4. Otras circunstancias. Especial referencia a las dilaciones indebidas......................................................................... 199 VII. LA DETERMINACIÓN DE LA PENA EN CASO DE MÚLTIPLES DELITOS.............................................................................. 207 VIII. EL PAPEL DE LA SALA DE APELACIONES EN LA IMPOSICIÓN DE LA PRISIÓN PERPETUA............................................. 213 A manera de recapitulación..................................................................... 221 Bibliografía.............................................................................................. 233 Jurisprudencia......................................................................................... 245

Abreviaturas CLF: Criminal Law Forum.

Denv. J. Int’ l L. & Pol’ y: Denver Journal of International Law and Policy.

Duke J. Comp. & Int’ l L.: Duke Journal of Comparative & International Law. EJIL: European Journal of International Law. ETMIN: Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Núremberg.

ETMIT: Estatuto del Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente.

ETPIR: Estatuto del Tribunal Penal Internacional para Ruanda.

ETPIY: Estatuto del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia.

FPR: Frente Patriótico Ruandés.

ICLQ: International and Comparative Law Quarterly.

Int’ l Crim. L. Rev.: International Criminal Law Review.

J. Crim. L. & Criminology: The Journal of Criminal Law & Criminology.

JICJ: Journal of International Criminal Justice.

RFSY: República Federativa Socialista de Yugoslavia.

RPP: Reglas de Procedimiento y Prueba.

TMWC: International Military Tribunal Nuremberg, Trial of the Major War Criminal before The International Military Tribunal, Nuremberg (42 volúmenes).

TPI ad hoc: Tribunales Penales Internacionales para la ex Yugoslavia y Ruanda.

TPIR: Tribunal Penal Internacional para Ruanda.

TPIY: Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia.

TWC: Nuernberg Military Tribunals, Trial of the Major War Criminal before The Nuernberg Military Tribunals under Control Council Law, Nuremberg (15 volúmenes).

VLR: Virginia Law Review.

Prólogo Coincide la redacción de estas páginas de prólogo de la obra de la profesora Juana del-Carpio-Delgado con la publicación, por parte del Mecanismo Residual Internacional de los Tribunales Penales Internacionales (IRMCT, sus siglas en inglés), de la sentencia de apelación en el caso Radovan Karadžić, en la que el Tribunal finalmente le ha impuesto la pena de prisión perpetua pedida por el fiscal, revocando la previa de 40 años de prisión aplicada en primera instancia del Tribunal Internacional Penal de la antigua Yugoslavia (TPIY), estimándose con ello el recurso del fiscal en este extremo.

El líder serbio bosnio Karadžić ha sido definitivamente condenado, además de por delito de genocidio en relación con los hechos de Srebrenica (julio de 1995), por crímenes contra la humanidad por el asedio de Sarajevo y por las persecuciones, exterminio, traslado forzoso y otros actos inhumanos y de violencia contra población musulmana y croata, con la finalidad de limpieza étnica, llevadas a cabo en diversas municipalidades; asimismo por crímenes de guerra, por los ataques contra la población civil y toma de soldados de Naciones Unidas como rehenes. En definitiva, por su intervención, como máximo líder político y militar, en los, sin duda alguna, episodios criminales más graves producidos durante el conflicto armado serbiobosnio, comprendido entre 1992 y 1995.

Desde el punto de vista jurídico, esta sentencia, aparte de su interés histórico, social y político, pone de actualidad varios de los debates tradicionales del Derecho penal internacional sustantivo y procesal, de los que se ha ocupado la doctrina y la jurisprudencia de ambos TPI ad hoc, y ahora el IRMCT, que los sucede; entre estos debates, el de la pena de prisión perpetua, objeto del trabajo de la profesora delCarpio-Delgado en esta oportuna publicación, la cual aborda multitud de cuestiones subyacentes, tratándolas con gran acierto, rigor y técnica jurídica.

Desde el punto de vista de su interés académico, resulta cierto que siguen vigentes y producen mucha más literatura jurídica, otros debates de Derecho penal internacional que afectan más directamente al núcleo de la dogmática penal, como puede ser el de los elementos

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Prólogo

definidores de los crímenes internacionales, tales como la controversia del elemento subjetivo del delito de genocidio, de gran relevancia en la sentencia del caso Karadžić, en la que se discute sobre la intencionalidad de destruir total o parcialmente el grupo protegido, así como el propio concepto de genocidio. Destacar también otros debates relativos a la autoría y participación delictiva, y las construcciones y modalidades propias de los TPI ad hoc, en los que se impuso, por vía jurisprudencial, el sistema y variantes de la Empresa Criminal Común, en detrimento de otros tratamientos jurídicos; condicionándose enormemente con ello los resultados del enjuiciamiento de las diversas situaciones, debido a su gran trascendencia probatoria.

Por tanto, se corrobora que los temas relativos a las penas, tanto en lo referente a estas como a su determinación, incluida la singularidad de la pena de prisión perpetua, no están especialmente bien tratados por la doctrina científica, ni española ni inglesa, por lo que el amplio estudio de la profesora del-Carpio, que abarca también otros múltiples aspectos penológicos de la actuación de los TPI ad hoc, viene a llenar este importante vacío.

Sin embargo, considero que esta materia no es en absoluto menor, y me atrevo a calificarla como de verdaderamente importante, resaltando su particular interés desde múltiples perspectivas por diversas razones, algunas de ellas jurídicas, pero también, con especial peso, las extrajurídicas.

Me refiero, entre estas últimas, a la fuerte carga simbólica que entraña la pena de prisión perpetua con el significado de, en muchos casos, más allá de la máxima, ser la pena extrema, como sustituta moderna de la pena de muerte en aquellos sistemas en los que no existe o ya ha sido abolida. Otro enfoque posible es el de su relevancia y alcance como pena, en un contexto de justicia transicional, que aporta otros análisis y visiones, desde luego nada desdeñables.

Estos planteamientos filosóficos, sociológicos o politológicos nos podrían llevar a muy diferentes aproximaciones sobre el tema, y sin duda muy interesantes, pero quedan fuera del propósito y diseño de esta obra, fundamentalmente dirigida a los juristas interesados por el Derecho penal internacional.

Esta publicación se centra en el estudio en profundidad de los distintos aspectos que entran en juego en el debate jurídico sobre la impo-

Prólogo

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sición de la pena de prisión perpetua, ya sea en el caso Karadžić como en cualquier otro de suficiente entidad y gravedad en el que también se maneje esta posibilidad penológica. La profesora del-Carpio-Delgado identifica perfectamente los problemas existentes, tratándolos con profundidad y de forma concienzuda y minuciosa, recogiendo al respecto las aportaciones más importantes de la doctrina y de la jurisprudencia internacional. Por tanto, sin dejar de ser fundamentalmente un estudio académico, tiene una innegable utilidad práctica, ya que vislumbra los problemas más importantes y aporta los instrumentos y herramientas necesarias para que el jurista se pueda enfrentar con seguridad e información suficiente al estudio o manejo de un caso.

Uno de los primeros temas tratados desde el inicio del funcionamiento de los TPI ad hoc ha sido el de la falta de una clara previsión legal de la pena de prisión perpetua, ya que ni el Estatuto del TPIY ni del TPIR, en sus respectivos artículos 24 y 23, contiene ninguna referencia a esta, estableciendo por su parte que el Tribunal solo podrá imponer, genéricamente, penas de prisión; y añadiendo, como criterio de determinación de las penas, una referencia a la legislación nacional de la antigua Yugoslavia y Ruanda, respectivamente. Esa misma regla se contiene en el actual art. 22 del Estatuto del IRMCT. Sin embargo, la prisión perpetua o prisión por el resto de la vida del condenado, como la denominan, fue establecida como una de las penas imponibles en las Reglas de Procedimiento y Prueba (RPP) de los tres Tribunales, elaboradas y aprobadas por su colegio de magistrados, quienes ostentan en este campo funciones cuasilegislativas, lógicamente dentro del marco de cobertura del Estatuto correspondiente.

El problema se suscita cuando, como ocurre en este caso, no se trata de meras reglas relativas al procedimiento o a la prueba, sino de normas sustantivas penales que crean específicas penas no expresamente previstas en los respectivos Estatutos; y, por otra parte, tampoco la prisión perpetua es una pena que estuviera prevista en la ley nacional en el momento de los hechos, como ocurría en la ley penal vigente en el territorio de la antigua Yugoslavia, en la que, aunque existía la pena de muerte, esta era únicamente conmutable por la pena de veinte años de prisión, sin rastro de previsión legal de la pena de prisión perpetua.

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Prólogo

La jurisprudencia de los TIP ad hoc se ha pronunciado rechazando que se suscite algún problema de legalidad de las penas, dando pleno valor a las RPP; afirmando también que las referencias contenidas en los Estatutos y en las RPP al derecho nacional no eran vinculantes sino meramente orientativas.

Otro de los temas ampliamente tratados en esta monografía es el de la falta de previsión legal respecto a la imposición por el Tribunal de la pena de prisión perpetua. Como hemos visto, la referencia a esta clase de pena es absolutamente exigua y solo existente en las RPP. Esta parquedad se extiende a la cuestión de en qué supuestos resultaría aplicable la pena, sin ninguna previsión concreta al respecto, quedando únicamente sujeta al deficiente régimen general de determinación de las penas de prisión.

El calificativo más benévolo que merece este régimen sería el de su total inconcreción, en relación con una pena de singular importancia y gravedad; esto nos debería llevar a considerar que también se plantea un serio problema de falta de certeza de la norma penal internacional en cuanto a las penas que resultan imponibles.

Respecto a la determinación o cuantificación de las penas de prisión, cabe afirmar que el Tribunal tiene prácticamente absoluta discreción para la fijación de las penas de prisión, al no existir, como afirma la profesora, un marco general para la determinación de las penas en concreto.

La pena es imponible para todos los delitos previstos en toda su extensión, desde un mínimo no cuantificado al máximo por el resto de la vida del convicto; por su parte, los criterios de determinación previstos en el Estatuto se remiten a la genérica gravedad del delito y a las circunstancias personales del autor, con la referencia expresa a la práctica general seguida en la antigua Yugoslavia, pero totalmente devaluado este criterio por la jurisprudencia, como hemos visto. Las RPP son algo más explícitas, al referirse a circunstancias agravantes y atenuantes, las cuales no se definen; aunque entre las ultimas se encuentra la sustancial cooperación con el fiscal. En definitiva, esto implica, a lo sumo, ciertos límites a la discrecionalidad y al subjetivismo del Tribunal, por la necesidad de razonar la pena impuesta en atención a dichos criterios, aunque no aporte mucho más desde el punto de vista de la certeza legal de las penas aplicables.

Prólogo

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Respecto al criterio a utilizar para determinar la gravedad del delito también es necesario efectuar varias reflexiones. Los Estatutos de los TIP ad hoc no aclaran si se trata de gravedad en abstracto del delito o de los hechos. En teoría habría que descartar la existencia de cualquier jerarquía entre los delitos competencia de los TIP ad hoc, ya que no se establece en los Estatutos ni en las RPP, ni se dan criterios para una clasificación de los delitos en función de su gravedad. Sin embargo, en la realidad no es así, y la jurisprudencia ha establecido un ranking de gravedad, con fundamento aparente en la costumbre internacional, en el que el genocidio aparecería como el más grave de los crímenes, seguido por los crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, en sentido de menor gravedad decreciente. Esta clasificación tiene sin duda repercusión al proyectarse sobre los hechos y la consideración de su posible gravedad en función del delito de que se trate.

Otro de los temas a los que la profesora del-Carpio-Delgado se refiere ampliamente es el de los fines de la pena a tenor de las distintas funcionalidades que se les ha atribuido por la jurisprudencia de los TPI ad hoc, atendiendo a las categorías tradicionales manejadas en la dogmática penal común a los sistemas penales nacionales. Lógicamente, en el contexto del Derecho penal internacional son identificables otros fines atribuidos a las penas distintos de los vigentes en los derechos nacionales, o al menos modulaciones y matizaciones de estos, que son empleados por la jurisprudencia, dándose especial prevalencia a la finalidad retributiva o de prevención general, aunque también con algunas excepciones llamativas.

En mi opinión, sin apartarse de esa categorización perfectamente expresiva, pero también como otro posible factor a tener en cuenta a la hora de determinar e individualizar la pena, y que debería resultar particularmente relevante, es el contexto de conflicto, postconflicto o fortalecimiento y sostenibilidad de la paz; en definitiva, contextos de justicia transicional en los que se enmarcan y operan los TPI ad hoc, junto con el importantísimo efecto que producen en ellos las decisiones de la justicia, lo mismo internacional que interna, en relación con los crímenes internacionales que se producen durante el conflicto, como instrumento de reparación de las víctimas a través de la justicia, la verdad y en la búsqueda de la reconciliación. Reconozco que resulta difícil en este contexto valorar el significado y utilidad de la pena de prisión perpetua.

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Prólogo

Este planteamiento nos lleva una vez más a considerar los fines simbólicos y extrajurídicos de la pena de prisión perpetua, que, al menos desde el punto de vista social y mediático, cobra una singular importancia en asuntos como el enjuiciamiento de un líder político y militar condenado en sentencia firme por la comisión de los más graves crímenes, como lo es Karadžić. No nos debe extrañar que lo más públicamente llamativo y comentado de la sentencia sea la conversión de la pena de 40 años, inicialmente impuesta, a la de prisión perpetua, como medida de la justicia y de la respuesta penal ante un caso, uniéndose el acusado al elenco de otros condenados a la misma pena (Ljubiša Beara, Stanislav Galić, Milan Lukić, Ratko Mladić —todavía pendiente de apelación—, Vujadin Popović y Zdravko Tolimir), y pasando a un segundo plano otros debates de la sentencia.

Me limito a describir una situación que se da en la realidad y que pone de manifiesto la actitud, quizá simplista, maximalista y poco evolucionada, de la ciudadanía cuando aborda estos temas, pero que es representativa de la manera en la que se perciben por la sociedad. Esto nos debe hacer reflexionar sobre que quizá merezca la pena que estos temas no queden exclusivamente para juristas especializados, sino tratar de aproximar el derecho a la ciudadanía, y si no es posible directamente, hacerlo a través de los dispositivos de intermediación social que estén suficientemente informados, que faciliten la formación de una opinión fundada, y para lo que sin duda obras como las de la profesora, con diversos niveles de lectura, pueden ser de utilidad.

No se puede perder de vista que la prisión perpetua, o por el resto de la vida del condenado, como se la denomina en las Reglas de Procedimiento y Prueba, además de alcanzar en el sistema de penas de los TPI ad hoc la condición de cúspide de las penas imponibles, y representar la exacerbación máxima de las posibilidades punitivas, lleva implícita no solo la pérdida de la libertad actual, sino también de cualquier libertad futura posible, sin ningún horizonte aparente de liberación. Esto, aparte de su utilidad relativa desde el punto de vista de los fines de la pena, puede comprometer valores tales como la humanidad de las penas, consustanciales con las conquistas de derechos humanos por parte de nuestra civilización.

Prólogo

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Esto nos adentra en el último de los temas a los que pretende referirse este prólogo y que también se trata en profundidad en la presente monografía.

Aparentemente, la pena por el resto de la vida del penado, tal como queda expresada en las RPP, no permitiría vislumbrar resquicios de libertad futura para el penado. Pero, excepcionalmente, el TPIY se ha referido a su revisabilidad pasado cierto número de años —caso Stakić en la sentencia de Primera Instancia—; tampoco se descarta esta posibilidad en la fase de su ejecución, que queda en todo caso supeditada a las posibilidades de elegibilidad para el perdón o conmutación de las penas prevista en el sistema de cumplimiento de penas del Estado en el que se lleva a cabo la ejecución penitenciaria de la condena, siempre bajo la vigilancia del Tribunal, según establecen las RPP. Solo cuando la prisión perpetua se hace revisable y deja de ser una pena de prisión perpetua real, recupera su humanidad mínima para ser una pena compatible con los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos. Así se ha pronunciado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que de otra manera considera que se trataría de un trato inhumano y degradante, contrario al artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Por ello, desde mi opinión, parece que lo adecuado sería que las propias sentencias en las que se imponga esta clase de penas contuvieran una previsión de revisabilidad, despejando dudas sobre esta posibilidad futura, al convertirla en una propia condición de la pena.

La profesora del-Carpio-Delgado deja constancia de las dudas que al respecto suscitan las distintas denominaciones que utiliza el Tribunal para designar esta pena, como prisión por el resto de la vida del penado o prisión perpetua, y si la distinta utilización de una u otra fórmula tiene relación con la redimibilidad o no de la pena. En principio, este no es un tema previsto ni por el Estatuto ni por las RPP, sino que se sometería al procedimiento y reglas generales sobre “Perdón y Conmutación de las Sentencias”, bajo el sistema del Estado elegido para la ejecución de la pena y del propio Tribunal que apruebe la redención anticipada de la pena.

En mi opinión, la utilización de una u otra fórmula por el Tribunal no condiciona de ninguna manera que la pena pueda ser redimible.

La fórmula unificada para denominar esta pena que utiliza la versión

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Prólogo

francesa de las RPP de los TPI ad hoc despeja cualquier duda. No obstante, como anticipábamos, no está demás, y sería una garantía para el penado, que el Tribunal estableciera en la sentencia de cada caso una previsión de elegibilidad para una posible revisión de sentencia transcurridos un mínimo de años, en línea con la jurisprudencia del TEDH. Estos y algunos otros temas quedan sugeridos, en mi opinión discrepante, a la posición de la mayoría en la sentencia Karadžić, y me resulta muy gratificante comprobar la coincidencia de criterios con la profesora del-Carpio-Delgado en esta monografía, tanto a la hora de determinar los aspectos problemáticos de la prisión perpetua aplicada a un caso, como de las respuestas jurídicas que se aportan para su solución.

José Ricardo de Prada Solaesa Magistrado del Mecanismo Residual Internacional de los Tribunales Penales Internacionales ad hoc.

Magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de España La Haya, marzo de 2019.