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Contestaciones al Programa de DERECHO MERCANTIL para acceso a las carreras Judicial y Fiscal 3陋 Edici贸n Luis Garrido Esp谩 Rafael Gimeno-Bay贸n Cobos

tirant lo b anch Valencia, 2011

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programa TEMA 1. El Derecho Mercantil: concepto, caracteres y contenido. El acto de comercio. Concepto y clases. El sistema de fuentes del Derecho Mercantil. El Código de Comercio y la Legislación Complementaria. Otras fuentes del Derecho Mercantil.

Relevancia de las normas de Derecho Comunitario.

TEMA 2. La Propiedad Industrial y los signos distintivos de la empresa, con referencia al régimen comunitario. La Propiedad Intelectual. El contrato de edición.

TEMA 3. El Registro Mercantil: principios y organización. Publicidad material y formal. El objeto de la inscripción.

TEMA 4. La contabilidad mercantil. Los libros de comercio: clases y requisitos. Exhibición y fuerza probatoria de los libros de comercio.

TEMA 5. La Sociedad Mercantil: concepto, naturaleza, caracteres y clases. El objeto social. Constitución e inscripción de la Sociedad Mercantil. Sociedades Mercantiles irregulares y Sociedades Civiles con forma mercantil.

TEMA 6. Constitución de las Sociedades de Capital: escritura, estatutos, inscripción, denominación, nacionalidad, domicilio y objeto social. Procedimientos de fundación.

TEMA 7. Aportaciones sociales: aportaciones dinerarias y aportaciones no dinerarias.

Valoración de las aportaciones no dinerarias. Responsabilidad de las aportaciones no dinerarias. El desembolso. Las prestaciones accesorias.

TEMA 8. Participaciones sociales y acciones. Los derechos del socio. El Libro Registro de socios y el régimen de transmisión de las participaciones de las sociedades de responsabilidad limitada. La representación y transmisión de las acciones. Copropiedad y derechos reales sobre participaciones sociales o acciones. Negocios sobre las propias participaciones o acciones.

TEMA 9. La Junta General. Competencia. Clases. Convocatoria. Junta Universal. Impugnación de acuerdos. La Administración de la sociedad. Representación y deberes.

El Consejo de Administración: régimen de funcionamiento. El administrador de hecho.

TEMA 10. Modificaciones estatutarias. El aumento de capital social: concepto, modalidades y ejecución. El derecho de suscripción preferente. La reducción de capital social: concepto, modalidades y requisitos. Reducción y aumento simultáneas.

TEMA 11. La separación de socios. La exclusión de socios. Causas de disolución.

Acuerdos de disolución. Disolución: concepto y causas. La liquidación. El liquidador: nombramiento y estatuto del liquidador.

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Programa

TEMA 12. Las sociedades cooperativas: concepto, naturaleza y régimen jurídico.

TEMA 13. Los Títulos valores: concepto, naturaleza jurídica, caracteres y clases.Títulos nominativos, al portador y a la orden. Los Títulos valores impropios y los títulos de tradición.

TEMA 14. La Letra de cambio: concepto, naturaleza y función económica. Sistemas cambiarios y la unificación del derecho cambiario. La causa de la letra. Emisión de la letra de cambio: capacidad y requisitos formales.

TEMA 15. El cheque: concepto, emisión y forma. Transmisión del cheque, presentación y pago. Cheques especiales. Acciones en caso de impago. El pagaré.

TEMA 16. La compraventa mercantil: concepto y régimen jurídico. El riesgo. Compraventas mercantiles especiales. La venta a plazos de bienes muebles. Las ventas fuera del establecimiento mercantil.

TEMA 17. El contrato de comisión y el afianzamiento mercantil. El contrato de agencia. El contrato de concesión comercial. Los contratos publicitarios. El leasing y el factoring. Referencia al contrato de franquicia.

TEMA 18. El contrato de seguro: concepto, caracteres y clases. Elementos. Seguro contra daños: tipos de seguro y obligaciones de las partes. Extinción del contrato.

TEMA 19. Seguro de personas. El seguro de vida. Especial referencia al beneficiario del seguro de vida. El reaseguro.

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Mercantil

El Derecho Mercantil

tema

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el derecho mercantil

I. el derecho mercantil: concepto, caracteres y contenido 1. Concepto A) Introducción B) Proceso de formación histórica del Derecho mercantil a) El ius mercatorum. Nacimiento del Derecho mercantil b) La codificación c) El Derecho mercantil en el proceso de la codificación española C) Teoría del Derecho mercantil como Derecho de la empresa D) El Derecho del mercado 2. Caracteres 3. Contenido

ii. el acto de comercio: concepto y clases 1. Concepto 2. Clases A) Actos de comercio principales B) Actos de comercio accesorios C) Actos unilaterales o mixtos iii. el sistema de fuentes del derecho mercantil iv. el código de comercio y la legislación complementaria 1. La ley mercantil como fuente primaria 2. El Código de Comercio de 1885 y su función actual A) Sistemática B) Función actual 3. Las leyes mercantiles especiales A) Derecho de la navegación y transporte B) Contratos C) Contratación electrónica D) Garantías reales E) Compañías mercantiles y entidades de crédito F) Consumidores G) Mercado de Valores

Rafael Gimeno-Bay贸n Cobos y Luis Garrido Esp谩

Esquema

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H) Propiedad Industrial, publicidad y defensa de la competencia I) Cambiario J) Concursal K) Registro Mercantil

v. otras fuentes del derecho mercantil 1. Los usos del comercio A) Noci贸n B) Clases a) Usos normativos b) Usos interpretativos C) Decadencia del uso mercantil y las condiciones generales de la contrataci贸n 2. Los principios generales del derecho

vi. relevancia de las normas de derecho comunitario

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Rafael Gimeno-Bayón Cobos y Luis Garrido Espá

el derecho mercantil El Derecho Mercantil: concepto, caracteres y contenido. El acto de comercio. Concepto y clases. El sistema de fuentes del Derecho Mercantil.

El Código de Comercio y la legislación complementaria. Otras fuentes del Derecho Mercantil. Relevancia de las normas de Derecho Comunitario.

I. EL DERECHO MERCANTIL: CONCEPTO, CARACTERES Y CONTENIDO 1. Concepto A) Introducción El concepto y contenido del derecho mercantil como disciplina científica y académica ha sido y es materia discutida.

Nacido históricamente por la sentida necesidad de una respuesta jurídico-institucional diferenciada de la ofrecida por el Derecho común a la regulación de las relaciones privadas de producción y distribución de bienes y servicios en el mercado, hoy día se ha abogado desde algún sector doctrinal por la unificación del Derecho privado en torno a un solo Código civil —como ha sucedido en otros ordenamientos de nuestro entorno—, si bien, y aún en ese supuesto, sigue manteniéndose por nuestra doctrina mercantilista la justificación de un Derecho privado especial —separado del Derecho civil o común— delimitado por razón de la materia, que coincidiría, en su más moderna acepción, con la definición del Derecho mercantil como Derecho privado patrimonial regulador del mercado.

Esta moderna definición parte de reconocer en la historia del Derecho mercantil, a través de todas las normas que tradicionalmente ha integrado, una misma materia regulada: la actividad empresarial organizada en el mercado; y un mismo sentido histórico: su institucionalización, o sometimiento de las conductas económicas privadas a normas imperativas, actualmente, sobre todo, a las establecidas por la Constitución de 1978 y por el Derecho comunitario europeo, lo que determina el carácter de régimen normativo de orden público.

B) Proceso de formación histórica del Derecho mercantil a) El ius mercatorum. Nacimiento del Derecho mercantil El Derecho mercantil nace en la Baja Edad Media, como consecuencia del renacimiento socio-económico que se produce en Europa en los siglos XI y XII, así como de la insuficiencia del Derecho común para afrontar las nuevas necesidades. Se trata de un Derecho particular de base personal o profesional —ius mercatorum—, un ordenamiento especial creado y aplicado directamente por los propios comerciantes, cuyas principales fuentes son los estatutos de las corporaciones y la costumbre mercantil —usus mercatorum—, de producción autónoma.

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b) La codificación El surgimiento de los Estados nacionales constituye la etapa intermedia, propia de la Edad Moderna, que marca el tránsito del ius mercatorum a la Codificación decimonónica. Nace en este período la doctrina económica del mercantilismo, vinculada estrechamente a la política del Estado nacional, que aboga por su intervención y control de la actividad mercantil, considerada útil y beneficiosa para la colectividad.

En consecuencia con el fin perseguido, el Derecho mercantil, hasta entonces de elaboración autónoma y de carácter consuetudinario, tiende a convertirse en un Derecho estatal y legislado, con tendencia a la objetivación, motivada por la ampliación o expansión de la actividad mercantil y la necesidad de someter a las leyes y a la jurisdicción mercantil a las personas que, no siendo comerciantes, realizan operaciones del comercio.

El movimiento codificador se extenderá rápidamente a la mayoría de los Estados europeos, que tomarán como base de inspiración el Code de Commerce francés de 1807.

c) El Derecho mercantil en el proceso de la codificación española En España, la necesidad de una codificación mercantil fue impulsada por los ilustrados desde finales del siglo XVIII y finalmente nuestro primer Código de Comercio, de 1829, obra de Pedro Sáinz de Andino, adopta como eje principal de toda la ordenación legal el comerciante, pero no exclusivamente porque el Código opta por no tener una posición radicalmente subjetivista, sino que el segundo pilar de atención es la reglamentación de los actos de comercio.

No muchos años después, el Código de Comercio promulgado el 22 de agosto 1885 acomete de un modo más radical la elevación del acto de comercio a la condición de núcleo del Derecho mercantil. A dicho fin constituye una pieza esencial de estas pretensiones objetivadoras el artículo 2 del Código, pese a sentar un impreciso criterio operativo para delimitar la materia mercantil que, en la práctica, impide la inducción de un concepto objetivo de acto de comercio, en la medida que el Código no ofrece una caracterización mínima de las propiedades objetivas que deben llevar a identificar un acto de comercio por analogía.

Lo cierto es que las deficiencias del Código abrirán un nuevo proceso de descodificación, que dará protagonismo a la legislación especial e implicará un vaciamiento relevante, aunque no total, de la función a la que estaba, desde su inicio, llamado a desempeñar.

C) Teoría del Derecho Mercantil como Derecho de la empresa Evidenciada la esterilidad conceptual de la teoría de los actos de comercio para la delimitación del contenido del Derecho Mercantil, la doctrina contemporánea se esfuerza en hallar un concepto y sistema del mismo que permita enjuiciar positivamente su fundamento y determinar claramente su ámbito de aplicación. Esta tendencia culminará con la teoría de la empresa, que sitúa a ésta como centro de referencia constructivo del Derecho Mercantil.

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Previamente, en 1902, HECK propuso en Alemania la delimitación y justificación de la materia mercantil, diferenciada de la civil, a través de la doctrina de los actos jurídicos celebrados en masa —según esta doctrina el tráfico masivo y despersonalizado exige un tratamiento diverso del que requiere el acto aislado o esporádico; de ahí la existencia de un Derecho Mercantil especial, distinto del Derecho Común o Civil—.

WIELAND añadió en 1920 que debajo de esa actividad en masa existía una organización, la empresa, que explica la subsistencia de un derecho privado especial.

El Derecho Mercantil, según esta concepción, que ha encontrado un amplio eco y desarrollo en nuestra doctrina, es en consecuencia el Derecho privado de los empresarios y del tráfico empresarial.

Pese a que esta doctrina ha sido objeto de revisión y crítica, es ampliamente aceptado en nuestros días que el sector de la realidad patrimonial regulado por el Derecho Mercantil ha de estructurarse en torno a la empresa como organización económica, a modo de concepto previo de referencia. Pero ello no quiere decir que el Derecho Mercantil sea el Derecho de la empresa, ya que ésta no constituye su contenido exclusivo.

D) El Derecho del mercado En este contexto la doctrina ha presentado nuevas propuestas teóricas trasladando al mercado el fundamento y criterio delimitador del Derecho Mercantil, dando lugar a definiciones como Derecho del mercado o más propiamente, el Derecho patrimonial privado especial que regula las relaciones que se desarrollan en el mercado entre sus diversos operadores, profesionales o no (OLIVENCIA).

En esta concepción influye decisivamente la función del Derecho Mercantil en el conjunto del ordenamiento jurídico y más concretamente en el marco, configurado por los principios de orden político-social y económico que consagra la Constitución española de 27 de diciembre de 1978, en el que debe desenvolverse el funcionamiento de la actividad económica —esto es, la llamada Constitución económica—.

En el modelo económico de la CE, la libertad de empresa se reconoce en el marco de la economía de mercado (art. 38) y se garantiza la defensa de los consumidores y usuarios (art. 51), surgiendo una nueva ideología de tutela del interés general: la garantía de la competencia libre y leal en el mercado, la protección de los consumidores en el tráfico y, así mismo, la tutela de los trabajadores en la empresa.

En ejecución del modelo surgen nuevas leyes (de tutela de consumidores y usuarios, de competencia desleal, reguladora del mercado de valores...) que muestran la evolución del Derecho Mercantil hacia un Derecho patrimonial privado regulador de las relaciones jurídicas en el ámbito económico del mercado.

El empresario ya no es el destinatario único de la normativa mercantil; asistimos a un proceso de desprivatización que tiende a la tutela de intereses generales, más allá del puro ámbito de organización de la empresa.

2. Caracteres Podemos concluir como notas peculiares del Derecho Mercantil:

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a) La internacionalidad: nota característica del Derecho Mercantil desde su origen ha sido la tendencia a la uniformidad, motivada por la conveniencia de aproximar las legislaciones estatales, cuya divergencia dificulta el desarrollo del tráfico mercantil e introduce inseguridad e incertidumbre en su regulación, tanto más en un mundo cada vez más intercomunicado e interdependiente.

Ello se consigue por diversos medios, fundamentalmente a través de la denominada nueva lex mercatoria, o conjunto de reglas de formación autónoma, creadas por los propios sectores interesados en el tráfico mercantil internacional (organizaciones empresariales, Cámaras de Comercio, instituciones sectoriales...); y de los Tratados y Convenios internacionales de unificación del Derecho mercantil, en cuya preparación trabajan organismos internacionales especializados, como la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL); sin olvidar el proceso de integración de los Estados en organizaciones supraestatales, con la consecuencia de la unificación o armonización de los derechos internos de los Estados miembros.

b) La facultad de adaptación tanto a los presupuestos de la producción como a las necesidades del consumo; es en este sentido un Derecho flexible y elástico; c) la escrupulosa utilización del tiempo y la coyuntura; el tráfico mercantil exige la más amplia liberación de las dificultades jurídicas para la conclusión de los negocios; d) la protección de la seguridad del tráfico, que se traduce en la subordinación de la realidad a la apariencia jurídica; e) y, como ha quedado de manifiesto, el sentido social o tendencia socializadora de muchas de sus instituciones y el carácter imperativo de la correspondiente disciplina.

3. Contenido El contenido de la disciplina, advertida la relatividad de los criterios de delimitación de la materia mercantil, comprende cuatro grandes partes: A) La primera es la relativa a la organización-empresa como concepto previo, calificador de su titular (el empresario) y de la actividad externa o actividad profesional en el mercado (tráfico empresarial).

B) La segunda se centra en el empresario y ha de englobar su concepto y clases (individual y social, especialmente las sociedades), sus auxiliares y estatuto jurídico (contabilidad, competencia, Registro y procedimiento concursal), así como los derechos de propiedad industrial e intelectual.

C) La tercera se refiere a la actividad externa o actividad profesional en el mercado, esto es, los instrumentos jurídicos del mercado: son fundamentalmente los contratos y obligaciones y los valores (títulos y anotaciones en cuenta).

D) La cuarta se refiere, y exige un tratamiento separado por sus especialidades, al Derecho de la navegación aérea y marítima.

II. EL ACTO DE COMERCIO: CONCEPTO Y CLASES 1. Concepto Siguiendo, en parte, la opción del Código de comercio francés y de la doctrina decimonónica francesa que lo desarrolló, el Código de comercio de 1885 acogió

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el acto de comercio como criterio objetivo delimitador de la materia mercantil. Así en su artículo 2 puede leerse que Los actos de comercio, sean o no comerciantes los que los ejecuten y estén o no especificados en este Código se regirán por las disposiciones contenidas en él (...), serán reputados actos de comercio los comprendidos en este Código y cualesquiera otros de naturaleza análoga (criterio de la analogía).

Pero el Código de comercio ni enumera los actos de comercio ni define qué es un acto de comercio: se limita a establecer una remisión al contenido de su articulado y a extender la calificación en virtud de un criterio de analogía. Ni tan siquiera del articulado del Código puede, dada la diversidad de criterios, algunos de ellos incongruentes (sujetos que intervienen, finalidad del acto, naturaleza de los bienes, objeto del contrato), extraerse una regla uniforme.

El Código responde (pese a la declaración de su Exposición de Motivos) a un sistema mixto, fundamentado en los conceptos de comerciante y de actos de comercio y, dentro de éstos, unos que sólo pueden ser realizados por comerciantes y otros que admiten su celebración, ocasional o aislada, por no comerciantes (artículo 325). En realidad, señala GARRIGUES, por debajo del sistema pretendidamente objetivo, la sustancia normativa del Código es subjetiva o profesional.

2. Clases Siguiendo a GARRIGUES distinguimos entre actos de comercio principales y actos de comercio accesorios, conforme al hecho de que el acto mercantil comporte una interposición en el cambio o implique, simplemente, su preparación, facilitación o garantía de su ejecución.

A) Actos de comercio principales Como actos de comercio principales destacamos: 1º) Los actos de interposición en el cambio de mercancías: compraventa mercantil (artículo 325).

2º) Los actos de interposición en el cambio de dinero contra dinero a crédito: operaciones de banca (artículos 177 y ss.).

3º) Los actos de interposición en el cambio de valores: operaciones de Bolsa.

B) Actos de comercio accesorios Cabe mencionar como actos de comercio accesorios o por conexión a una industria mercantil: 1º) Actos que tienen por finalidad la realización de actos de comercio principales: sociedad (artículo 116), comisión (artículo 244), préstamo (artículo 311) y depósito, cuando tenga por causa la realización de operaciones mercantiles (artículo 303).

2º) Actos complementarios de otros principales: afianzamiento (art. 439), seguro (art. 380, actualmente derogado), depósito, cuando se haga como consecuencia de operaciones mercantiles (art. 303).

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3º) Actos de Derecho marítimo, que pueden pertenecer a uno de los anteriores grupos: al primero, la asociación de copropietarios de un buque (art. 589) y el préstamo a riesgo marítimo (art. 719); al segundo, el fletamento (art. 652) y el seguro marítimo (art. 737).

C) Actos unilaterales o mixtos Son aquellos en que los requisitos para la calificación mercantil de un acto se dan sólo de un lado de los participantes. También se denominan mixtos porque son al mismo tiempo civiles para un contratante y mercantiles para el otro.

El ejemplo clásico sería el de la compraventa mercantil ex art. 325 del Código de comercio, en el que el acto será mercantil para el que compra con propósito de revender, lucrándose en la reventa y, en cambio, para el que el vende sólo será mercantil si la venta es, a su vez, acto de realización de una compra mercantil (reventa).

III. EL SISTEMA DE FUENTES DEL DERECHO MERCANTIL No existen en Derecho mercantil ni fuentes propias ni una jerarquía de fuentes distinta de la establecida en Derecho común, de modo que rige —y con carácter general para todas las ramas del Derecho— el artículo 1.1 del Código civil, que dispone que las fuentes del ordenamiento jurídico español son la ley, la costumbre y los principios generales del Derecho.Tan sólo puede admitirse la primacía del Derecho mercantil como Derecho especial sobre el Derecho civil o común, respecto a la materia mercantil.

Esa es la finalidad del artículo 2 del Código de comercio al declarar que los actos de comercio, sean o no comerciantes los que los ejecuten y estén o no especificados en este Código, se regirán por las disposiciones contenidas en él, en su defecto, por los usos del comercio, observados generalmente en cada plaza y, a falta de ambos, por las del Derecho común, norma que no debe interpretarse como configuradora de una doctrina propia de fuentes, sino como confirmación de que es el Derecho especial de la materia mercantil.

En definitiva, el Derecho civil no es fuente del Derecho mercantil, sino el ordenamiento general que se aplica a la materia mercantil en defecto de norma especial. Y tanto uno como otro se manifiestan a través de las fuentes formales establecidas con carácter general en el artículo 1 del Código civil. La primera fuente del Derecho mercantil es la ley mercantil y la subsidiaria la costumbre mercantil o uso del comercio, de diverso contenido, una y otra, que la ley civil y la costumbre civil.

Consecuentemente, en defecto de normas especiales (ley mercantil y uso de comercio) se aplicará el Derecho común, esto es, el Derecho civil de aplicación general en toda España (art. 4. 3 del Código civil).

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IV. EL CÓDIGO DE COMERCIO Y LA LEGISLACIÓN COMPLEMENTARIA 1. La ley mercantil como fuente primaria La fuente primaria del Derecho mercantil es la Ley. Si bien el artículo 2 del Código dispone que la materia mercantil (actos de comercio) se regirá, en primer lugar, por las disposiciones contenidas en él, no puede entenderse esta expresión, en aplicación de la teoría general de la fuentes de nuestro ordenamiento, como referida únicamente a las normas contenidas en el propio Código, sino a todas la leyes mercantiles especiales.

2. El Código de Comercio de 1885 y su función actual A) Sistemática Se estructura en cuatro libros: I. De los comerciantes y del comercio, en general.

II. De los contratos especiales del comercio.

III. Del comercio marítimo.

IV. De las suspensiones de pagos, de las quiebras y de las prescripciones.

Este último Libro, no obstante, ha sido derogado en su totalidad por la Ley Concursal, 22/2003, de 9 de julio.

B) Función actual El Código de comercio de 22 de agosto de 1885 es el cuerpo legal mercantil de referencia aunque, como ya tuvo ocasión de denunciar la doctrina de la época, nació con defectos de importancia que aun hoy día perviven: no se adecua a los nuevos tiempos, mantiene una regulación insuficiente y, en más de una ocasión, arcaica.

Sus deficiencias han desembocado en un proceso de descodificación y aprobación de leyes especiales y, consecuentemente, han relegado al Código, en diversas materias, a una situación de aplicación marginal. Por tanto, pese a su vocación codificadora ha dejado, en la actualidad, de constituir el cuerpo legal ordenador y sistematizador del Derecho mercantil.

3. Las leyes mercantiles especiales Fruto de un proceso de descodificación general y progresivo, las leyes mercantiles especiales han afrontado y adecuado el Derecho mercantil a las necesidades de una sociedad postindustrial.

La enumeración de estas disposiciones es extensísima, si bien pueden destacarse como leyes mercantiles especiales relevantes, entre otras, las siguientes, que se ofrecen en ordenación por razón de la materia:

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A) Derecho de la navegación y transporte 1. Ley de 22 de diciembre de 1949, sobre unificación de reglas para los conocimientos de embarque; 2. Ley de 21 de julio de 1960, sobre navegación aérea; 3. Ley de 24 de diciembre de 1962, sobre auxilios, salvamentos, remolques, hallazgos y extracciones marítimos; 4. Ley de 30 de julio de 1987 (y Reglamento de 28 de septiembre de 1990) sobre ordenación de los transportes terrestres; 5. Ley de 24 de noviembre de 1992, de Puertos del Estado y de la Marina mercante.

6. Ley de 11 de noviembre de 2009, del contrato de transporte terrestre de mercancías.

B) Contratos 1. Ley de 8 de octubre de 1980, del Contrato de Seguro.

2. Ley 26/2006, de 17 de julio, de Mediación en los Seguros Privados.

3.Texto Refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, aprobado por RDL 6/2004 de 29 de octubre.

4. Ley de 21 de noviembre de 1991, sobre contratos celebrados fuera de los establecimientos mercantiles.

5. Ley de 27 de mayo de 1992, sobre Contrato de Agencia.

6. Ley de 6 de julio de 1994 de responsabilidad civil por los daños causados por productos defectuosos, derogada por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, que actualmente incluye la regulación de esta materia.

7. Ley 16/2011, de 24 de junio, de contratos de crédito al consumo.

8. Ley de 15 de enero de 1996, de Ordenación del Comercio Minorista, y Real Decreto 2485/98, de 13 de noviembre, de desarrollo del artículo 62 de dicha Ley, que crea el Registro de Franquiciadores (modificado por el R.D. 419/2006, de 7 de abril).

Por su parte, el R.D. 225/2006, de 24 de febrero, desarrolla el funcionamiento del Registro de empresas de venta a distancia (previsto en la citada Ley de 15 de enero de1996).

9. Ley de 13 de abril de 1998, sobre Condiciones Generales de la Contratación, y Real Decreto 1828/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Registro de Condiciones Generales de la Contratación, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.

10. Ley de 13 de julio de 1998, de Venta a Plazos de Bienes Muebles.

11. Ley de 10 de julio de 2003, sobre Garantías en la Venta de Bienes de Consumo, derogada por el Real Decreto Legislativo 1/ 2007, de 16 de noviembre, por el que se

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aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, que actualmente regula esta materia.

C) Contratación electrónica 1. Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.

2. Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

3. Real Decreto 1906/1999, de 17 de diciembre, por el que se regula la contratación telefónica o electrónica con condiciones generales, en desarrollo del artículo 5.3 de la Ley 7/1998, de 13 de abril, de condiciones generales de la contratación.

D) Garantías reales 1. Ley de 21 de agosto de 1893, de Hipoteca Naval.

2. Ley de 16 de diciembre de 1954, sobre Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento.

E) Compañías mercantiles y entidades de crédito 1. Ley de 4 de noviembre de 2003, reguladora de las instituciones de inversión colectiva.

2. Ley de 29 de julio de 1988, sobre disciplina e intervención de las entidades de crédito.

3. Real Decreto 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, al que se incorpora el contenido de la sección 4ª del título I del libro II del Código de Comercio de 1885, relativa a las sociedades comanditarias por acciones; el Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas; la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada; y el contenido del título X de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, relativo a las sociedades anónimas cotizadas.

4. Ley de 29 de abril de 1991 de Agrupaciones de Interés Económico.

5. Ley de 11 de marzo de 1994, sobre el régimen jurídico de las Sociedades de Garantía Recíproca.

6. Ley 4/1997, de 24 de marzo, de Sociedades Laborales.

7. Ley 25/2005, de 24 de noviembre, reguladora de las entidades de capital-riesgo y sus sociedades gestoras.

8. Ley 3 de abril de 2009, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles.

9. Ley de 16 de julio de 1999, de Cooperativas.

10. Ley 5/2005, de 22 de abril, de supervisión de conglomerados financieros.

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F) Consumidores Real Decreto Legislativo 1/ 2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios y otras normas complementarias.

G) Mercado de Valores Ley 24/1988, de 18 de julio de 1988, del Mercado de Valores.

H) Propiedad Industrial, publicidad y defensa de la competencia 1. Ley de 20 de marzo de 1986, de Patentes.

2. Ley de 7 de diciembre de 2001, de Marcas.

3. Ley de 7 de julio de 2003, de Protección Jurídica del Diseño Industrial.

4. Ley de 11 de noviembre de 1988, General de Publicidad.

5. Ley de 3 de julio de 2007 de Defensa de la Competencia.

6. Ley de 10 enero de 1991, de Competencia Desleal.

7. Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

8. Ley de 7 de enero de 2000, de Régimen Jurídico de la Protección de las Obtenciones Vegetales.

I) Cambiario Ley 19/1985, de 16 de julio de 1985, Cambiaria y del Cheque.

J) Concursal Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

K) Registro Mercantil Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Mercantil.

V. OTRAS FUENTES DEL DERECHO MERCANTIL 1. Los usos del comercio A) Noción Los usos, señala URÍA, son normas de Derecho objetivo creadas por la observancia repetida, uniforme y constante de los comerciantes en sus negocios, práctica que,

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obviamente, no ha de ser contraria a la ley, a la moral o al orden público (conforme al artículo 1.3. Código civil).

El uso nace en la vida del tráfico en un proceso formativo en el que se identifican tres fases sucesivas: ciertas cláusulas se incluyen en los contratos de modo reiterado y con el tiempo se estandarizan; a fuerza de repetirse llega a estimarse que no es necesaria su inclusión expresa en el contrato, porque se sobreentienden; por último, la cláusula se separa de la voluntad de las partes y se aplica al contrato, salvo pacto expreso en contrario, es decir, se objetiva.

B) Clases La doctrina mercantil recoge la clasificación tradicional de los usos normativos e interpretativos.

a) Usos normativos Son el derecho consuetudinario típico, esto es, constituyen derecho objetivo que se impone a la voluntad de las partes, salvo pacto expreso en contrario. Es la costumbre en sentido jurídico.

b) Usos interpretativos Facilitan la interpretación de la voluntad de las partes, ya sea, como señala la Exposición de motivos del Código, supliendo las cláusulas insertas generalmente en los actos mercantiles, ya fijando el sentido de las palabras oscuras o poco exactas que suelen emplear los comerciantes, ya finalmente para dar al acto o contrato de que se trate el efecto que naturalmente debe tener, según la intención presunta de las partes.

Los autores disienten sobre la cuestión básica de si ambas clases de usos son fuente del Derecho mercantil. Para unos, únicamente son fuente de Derecho los usos normativos (OLIVENCIA). Para otros, el artículo 2 del Código no distingue ni excluye el uso interpretativo, como puede apreciarse por lo dispuesto en el artículo 59 del propio Código que, con el fin de resolver las dudas que suscita la interpretación de los contratos, se remite a los usos aludidos en el artículo 2 del Código (así URIA).

C) Decadencia del uso mercantil y las condiciones generales de la contratación La doctrina más autorizada ha denunciado la franca decadencia del uso en el ámbito del Derecho mercantil, comparándola con la relevancia que tuvieron en un pasado en la propia conformación de la disciplina. Cierto es que siguen teniendo importancia como fuente formal y que, en diversos ámbitos de la contratación internacional, siguen desarrollando una función de seguridad en las transacciones comerciales.

Con todo, ello no impide constatar cómo la creciente utilización de condiciones generales en la contratación ha debilitado de forma acentuada la función de los usos, impidiendo su génesis o suprimiendo su utilización.

El Derecho Mercantil

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Las cláusulas contractuales adquieren la calificación de condición general cuando están predispuestas e incorporadas a una pluralidad de contratos exclusivamente por una de las partes (artículo 1 de la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de la contratación). No constituyen fuente de derecho objetivo, tan sólo adquieren eficacia cuando se incorporan a un contrato, lo que requiere el consentimiento de las partes (artículo 5 Ley 7/1998, que exige que el adherente acepte su incorporación al contrato y la firma de todos los contratantes).

2. Los principios generales del derecho Los principios generales del Derecho, postulados informadores del ordenamiento mercantil que se inducen de las normas positivas integrantes del mismo, en definición de URIA, son fuente subsidiaria del Derecho, en defecto de ley o costumbre (artículo 1.4 del Código civil).

VI. RELEVANCIA DE LAS NORMAS DE DERECHO COMUNITARIO Se ha dicho con razón que el Derecho mercantil es, cada vez más, Derecho comunitario europeo (VICENT CHULIÁ). La transcendencia de la adhesión de España a la Comunidad Europea, con efectos de 1 de enero de 1986, ha sido de tanta magnitud en los órdenes político y económico que ha significado una profunda reforma de nuestro ordenamiento jurídico y un cambio del Derecho mercantil.

El Reino de España se adhirió al Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea (actualmente Comunidad Europea), firmado en Roma el 25 de marzo de 1957, cuya modificación esencial se produjo con el Acta Única Europea de 17 de febrero de 1986, el Tratado de la Unión Europea, de Maastricht, de 7 de febrero de 1992, y el Tratado de Ámsterdam de 2 de octubre de 1997, por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea, los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas y determinados actos conexos, cuya ratificación fue autorizada por la Ley Orgánica 9/1998, de 16 de diciembre.

Los fundamentos de la comunidad descansan en los principios de libre circulación de mercancías, de personas (derecho de establecimiento), de servicios (libertad de prestación de servicios) y de capitales, así como las normas sobre la competencia aplicables a las empresas, y suponen la creación de un mercado común, que el Acta Única, de 1986, orientó hacia un mercado interior o espacio sin fronteras, con establecimiento pleno al 31 de diciembre de 1992.

El Derecho comunitario incluye dos grandes bloques normativos: a) Derecho comunitario originario o primario, constituido por los tres Tratados originarios, modificados por el Tratado de la Unión Europea de 7 de febrero de 1992, y reordenados por el Tratado de Ámsterdam; y b) el Derecho comunitario derivado, formado por un conjunto de normas de rango inferior que proceden de los órganos de la Comunidad: Reglamentos del Consejo o leyes comunitarias, Reglamentos de la Comisión por delegación de aquél o