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LA PUBLICIDAD CONCURSAL

ANA DEL VALLE HERNĂ NDEZ Registrador de la Propiedad Mercantil y de Bienes Muebles

tirant lo b anch Valencia, 2010


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ENRIQUE SANJUÁN

Y

MUÑOZ

Magistrado

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TIRANT LO BLANCH EDITA: TIRANT LO BLANCH C/ Artes Gráficas, 14 - 46010 - Valencia TELFS.: 96/361 00 48 - 50 FAX: 96/369 41 51 Email:tlb@tirant.com http://www.tirant.com Librería virtual: http://www.tirant.es DEPOSITO LEGAL: V I.S.B.N.: 978-84-9876-858-9 IMPRIME Y MAQUETA: PMc Media Si tiene alguna queja o sugerencia envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia por favor lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-de-empresa nuestro Procedimiento de quejas.


ÍNDICE I. INTRODUCCIÓN ...................................................................

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II. PUBLICIDAD JUDICIAL O EDICTAL .........................

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III. PUBLICIDAD REGISTRAL................................................ 1. Asientos Registrales ............................................................... 1.1. Solicitud del concurso .................................................. 1.2. Declaración de concurso ............................................. 1.2.1. Registro de la Propiedad .................................. 1.2.2. Registro Mercantil ............................................. 1.3. Fase de Convenio .......................................................... 1.3.1. Registro de la Propiedad .................................. 1.3.1.1. Aprobación del convenio .................. 1.3.1.2. Cumplimiento del convenio ............. 1.3.2. Registro Mercantil ............................................. 1.4. Fase de Liquidación ....................................................... 1.5. Calificación del concurso ............................................. 1.6. Conclusión del concurso ............................................. 1.7. Reapertura del concurso ............................................. 2. Cancelación de asientos ........................................................

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IV. REGISTRO DE RESOLUCIONES CONCURSALES 1. Consideraciones generales. Situación actual ...................... 2. Modificaciones introducidas por el Real Decreto-ley 3/2009 .......................................................................................

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V. CALIFICACIÓN, COMO CONSECUENCIA DEL CONCURSO, DE ACTOS Y TÍTULOS QUE ACCEDEN A LOS REGISTROS .................................................... 1. Funcionamiento de la administración concursal ............... 2. Actos realizados por el deudor ........................................... 2.1. Actos anteriores a la declaración del concurso ...... 2.2. Actos posteriores a la declaración de concurso ..... 2.3. Actos realizados durante la fase de convenio .......... 2.4. Actos realizados durante la fase de liquidación ....... 3. Ejecuciones forzosas contra el deudor concursado ......... 3.1. Régimen de las ejecuciones ordinarias tras la declaración del concurso ...................................................... 3.2. Régimen de las ejecuciones de hipotecas y garantías reales tras la declaración del concurso .....................

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3.3. Ejecuciones ordinarias en la fase de convenio y liquidación .............................................................................. 3.4. Ejecución de garantías reales sobre bienes afectos en fase de convenio y liquidación ...............................

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VI. EFECTOS ESPECIFICOS EN EL REGISTRO MERCANTIL ....................................................................................... 1. Organos de administración de la entidad inscrita ............ 2. Cuentas anuales ...................................................................... 3. Cancelación de la hoja registral de la sociedad ............... 4. Acuerdos de refinanciación...................................................

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VII. PUBLICIDAD DE LOS CONCURSOS TRANSFRONTERIZOS .....................................................................................

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VIII. DERECHO COMPARADO .................................................. 1. Derecho Internacional ........................................................... 2. Alemania ................................................................................... 3. Bélgica ....................................................................................... 4. Eslovaquia ................................................................................. 5. Estados Unidos ........................................................................ 6. Francia....................................................................................... 7. Grecia ....................................................................................... 8. Holanda .................................................................................... 9. Irlanda ....................................................................................... 10. Italia ........................................................................................... 11. Letonia ...................................................................................... 12. Lituania ..................................................................................... 13. Luxemburgo ............................................................................. 14. Portugal .................................................................................... 15. Reino Unido ............................................................................. 15.1. Inglaterra y Gales .......................................................... 15.2. Escocia ............................................................................. 15.3. Irlanda del Norte........................................................... 15.4. Gibraltar.......................................................................... 16. Suecia ........................................................................................

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I. INTRODUCCIÓN En todo marco jurídico y económico la publicidad deviene como un elemento fundamental para el correcto funcionamiento de los mercados. En las situaciones de insolvencia resulta fundamental la publicidad de las mismas con el fin de que los diferentes operadores puedan encontrarse en igualdad de condiciones. El concepto de publicidad en términos generales se define como la divulgación de algo que pasa a ser de conocimiento público o como “el conjunto de medios que se emplean para divulgar o extender la noticia de las cosas o los hechos” (DRAE). Pero desde el punto de vista jurídico se distingue entre la publicidad formal o informativa —la publicidad noticia— y la publicidad material o registral, que es la propia de los registros jurídicos. Precisamente, dentro de los llamados principios hipotecarios de nuestro Derecho Registral, el de publicidad ocupa un lugar destacado y se desenvuelve en estas dos vertientes: – La publicidad material, registral o de fondo – Y la publicidad formal o informativa Los efectos jurídicos de una y otra no son coincidentes. La inscripción en un registro público reviste a lo inscrito del carácter de verdad oficial, de manera que la ley protege al tercero que confía en la apariencia tabular. El principio de publicidad material se manifiesta a través de los principios de fe pública registral y de legitimación, desplegando su función como instrumento protector de terceros adquirentes y, al mismo tiempo, de afección de lo inscrito a dichos terceros, al implicar la presunción de exactitud del contenido del Registro. A ello se une la función de cognoscibilidad legal en el sentido de presumir que el contenido del registro es conocido por todos; o como dice Pugliatti “aunque el resultado no es conocimiento efectivo por parte de un sujeto determinado, es posibilidad de conocimiento”. Por ello la publicidad produce la cognoscibilidad legal. Se trata de la posibilidad que se ofrece al interesado de acceder a la información, pero sin dejar depender la producción de los efectos jurídicos correspondientes al conocimiento efectivo o de hecho de lo publicado.


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La publicidad formal, por su parte, se desenvuelve a través del servicio que presta el Registro de información del contenido de los asientos a quien esté interesado en consultarlo, pero limita sus efectos a la mera información, Sin embargo, la publicidad material y la formal se hallan en íntima conexión. Como señala Jerónimo González, los fines sociales y jurídicos que persigue la fe pública registral no se alcanzarían si no existiera la posibilidad de consulta del contenido del Registro a través de la publicidad formal. La publicidad material presupone la formal por el carácter público del Registro, pero no a la inversa, pues la formal limita sus efectos a la mera información, utilizando distintos medios, desde los edictos, la publicación en prensa, hasta la publicidad en internet. Luego la publicidad formal está al servicio de la publicidad material, justificando así la publicidad como cognoscibilidad legal y la posibilidad de aplicación del principio de fe pública registral que debe operar independientemente de que el interesado consulte o no el registro, siempre que haya existido la posibilidad legal de consultarlo. Existe también una tercera función de la publicidad a caballo entre la publicidad material y la formal. Sería la publicidad notificadora. A veces se utiliza el Registro por el legislador como medio de anuncio o edicto para abrir algún tipo de plazo para el ejercicio de algún derecho. Así ocurre con algunos retractos (art. 1524 cc retracto de colindantes o de condueños, art. 1639 cc enfiteusis), arrendamientos rústicos, o con ciertas notas marginales que anuncian la existencia de un procedimiento de ejecución (certificación de cargas). En todos los ordenamientos jurídicos se establecen sistemas de publicidad de las situaciones de insolvencia, ya sea como publicidad meramente formal o como publicidad registral o de ambos tipos. Con ello se pretende que dichas situaciones puedan ser conocidas por todos los que puedan tener relación mas o menos directa con el deudor concursado. Si bien, según cada país, el coste de esta información varía notablemente. Desde el punto de vista de vista del Derecho Internacional, no podemos dejar de tener en cuenta que en un mercado tan globalizado como el actual es necesario no sólo contar con medios de publicidad en cada uno de los derechos internos de cada país, sino también con mecanismos de publicidad para lograr una coordinación en aquellos supuestos de deudores concursados que desarrollen su actividad en diferentes países o en mercados internacionales.


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En nuestro Derecho anterior a la introducción de la Ley Concursal apenas se prestaba atención a esta materia y la publicidad se limitaba a determinados asientos que se preveía se podían practicar en los Registros, pero que rara vez tenían lugar y además eran muy limitados, con lo que el acceso a la información en general era casi inexistente. Existían pocas normas relativas a la publicidad de las resoluciones concursales que, por otra parte, adolecían de falta de claridad. Sin embargo, tanto la doctrina como la jurisprudencia se pronunciaron con una gran amplitud de criterio para su aplicación, entendiendo que cualquier actuación procesal que no tuviera una trascendencia meramente interna debía tener acceso a los libros de los Registros. Existían unas pocas referencias en la Ley de Suspensión de Pagos de 22 de julio de 1922, en la antigua Ley de Enjuiciamiento Civil y en el Código de Comercio y ya, más en concreto, en el Reglamento de Registro Mercantil. En lo relativo a Registros de la Propiedad se han venido utilizando normas de carácter genérico, en especial la Ley Hipotecaria y el Reglamento Hipotecario: – Estableciendo la inscripción de las resoluciones judiciales en que se declarase la incapacidad legal para administrar o que afectase a la libre disposición de los bienes (arts. 2.4 LH y 1 RH) – Regulando la anotación de las demandas de incapacidad (arts. 42.5 y 43 LH) – Regulando el Libro de Incapacitados (arts. 386 al 301 RH) – Estableciendo la anotación de suspensión de pagos, concurso y quiebra (arts.142 y 166 RH) La única regulación específica y la más completa se hallaba en el Reglamento de Registro Mercantil (arts. 320 a 325) Para su aplicación al Registro de la Propiedad se ha basado la doctrina en la inexistencia de normas prohibitivas al respecto y en la regulación contenida en el Reglamento de Registro Mercantil, pues sería absurdo que en el Registro Mercantil pudieran practicarse los asientos y que ello no viera reflejo en los Registros de la Propiedad cuando el deudor tuviese bienes inscritos a su nombre. Teniendo en cuenta además el beneficio practico de que tales situaciones pudiesen ser conocidas por quien quisiese contratar con el deudor en relación a tales bienes.


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En relación a la suspensión de pagos, según la Ley de 22 de julio de 19221 serían objeto de asiento en los Registros: – La providencia de admisión a trámite de la solicitud de declaración de suspensión de pagos (art.4 LSP y 320.1 RRM antiguo) – El auto de declaración del estado de suspensión de pagos (art. 8 LSP y 320.2 RRM antiguo): este auto se comunicará inmediatamente a todos los Juzgados a que se haya dado conocimiento de la solicitud de suspensión de pagos. Se le dará además la publicidad que el Juez estime conveniente según la importancia del pasivo y el número de acreedores. No dice nada sobre publicidad en el Registro Mercantil y de la Propiedad, pues se remite al criterio del juez pero la doctrina lo entendió como un simple olvido ya que la propia ley dispone que el auto de sobreseimiento “se publicará y registrará en la forma y con los requisitos prevenidos en el art. 8” (art. 13 LSP) lo cual hace presuponer la publicidad registral del auto declarativo de la suspensión de pagos. Y en cuanto al Registro Mercantil, se recoge en su Reglamento esta publicidad (art. 320 RRM). También era objeto de publicidad en el Registro Civil tratándose de personas físicas (arts. 46 LRC y 178 RRC) – El acuerdo del juez declarando legalmente concluido el expediente por no haber concurrido a la Junta el número mínimo de acreedores previsto en el art. 13 LSP (art. 320.3 RRM antiguo)

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El artículo 4 de la Ley de Suspensión de pagos establecía que “El Juez a quien corresponda el conocimiento del expediente examinará la solicitud del comerciante y si hubiere sido producida en forma y la acompañaren los documentos y libros indicados en los artículos anteriores, tendrá por solicitada la declaración del estado de suspensión de pagos, en providencia que dictará necesariamente el mismo día de la presentación del escrito, y si no fuera posible en el siguiente, y comunicará telegráficamente ese proveído a todos los Juzgados de las localidades en que tenga sucursales, agencias o representaciones directas el comerciante o entidad a que se refiera dicha declaración. Esta providencia, de la que se dará publicidad en la forma en que el Juez estime conveniente, se anotará en un registro especial, que se llevará en cada Juzgado, en el Registro Mercantil y en el de la Propiedad donde estén inscritos los inmuebles.


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– El auto de aprobación del convenio entre el suspenso con sus acreedores o la sentencia que recaiga en el incidente de oposición a su aprobación (art. 320.4 RRM antiguo) – En general, cuantas resoluciones se dicten en el procedimiento de suspensión de pagos que afecten a la limitación de las facultades patrimoniales del deudor, así como el nombramiento y la sustitución de los interventores (art.320.5 RRM antiguo) – Cumplimiento del convenio. No existía una previsión específica al respecto, pero se entendía que ello derivaba del propio Reglamento del Registro Mercantil al decir que “los asientos se cancelarán en virtud de mandamiento judicial, transcribiendo la parte dispositiva de la resolución judicial firme por la que se sobresea la suspensión de pagos o se declare el íntegro cumplimiento del convenio aprobado” (art. 325 RRM antiguo). Y así lo entendió también la Dirección Generadle los Registros y del Notariado en su Resolución de 11 de noviembre de 1975. En cuanto al concurso y la quiebra, no existían normas al respecto ni en el Código de Comercio ni en la antigua Ley de Enjuiciamiento Civil. En esta última se establecía para el concurso que se tomase anotación de en el Registro de la Propiedad y para la quiebra que “el juez, al dictar auto de declaración de quiebra acordará lo demás que previene el artículo 1044 del Código de Comercio” (se refería al de 1829) que a su vez establecía “la publicación de la quiebra por edictos en el domicilio del quebrado y demás donde tenga establecimientos mercantiles, y su inserción en el periódico de la plaza o de la provincia si lo hubiere”. Sólo se podía acudir a al Reglamento del Registro Mercantil y a la legislación hipotecaria en general. Así, se consideraba que eran objeto de asientos: – La solicitud de declaración de quiebra (ex art. 42.5 LH y Rs 20 de enero de 1986) – Las medidas cautelares (art. 321.1 RRM antiguo) – El auto de declaración de quiebra (art. 321.2 RRM antiguo) – La sentencia de revocación del auto anterior (art. 321.3 RRM antiguo) – La resolución judicial de fijación definitiva de la fecha de retroacción de la quiebra (art. 321.4 RRM antiguo) – Las resoluciones judiciales relativas a la sindicatura (321.5 RRM antiguo)


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– La sentencia de calificación de la quiebra y la que, en su caso, pudiera recaer en el ulterior proceso penal por insolvencia punible. Todo lo contrario ocurre en la actualidad. La ley Concursal dedica gran cantidad de disposiciones relativas a la publicidad en su articulado. Incluyendo todos los tipos de publicidad a los que antes me he referido. Quizá, en ocasiones, puede incluso resultar excesivo. La Ley Concursal, por tanto, confiere una gran importancia a la publicidad y son numerosas sus referencias al sistema registral. Dedica específicamente tres artículos a esta materia: – Por un lado, en el artículo 23, regula la publicidad en general que podríamos llamar publicidad judicial o edictal.Trata de diferentes modos de realizar la publicidad tanto de la declaración de concurso, como de las restantes notificaciones, comunicaciones y trámites del procedimiento, con previsión de la utilización de medios telemáticos, informáticos y electrónicos que permiten abaratar costes y lograr una mayor difusión, superando así los anticuados sistemas tradicionales en papel. – Por otra parte, en el artículo 24, recoge la publicidad registral, estableciendo la exigencia de la inscripción registral en los diferentes Registros jurídicos de personas y bienes. – Y, por último, en su artículo 198 prevé la creación de un Registro público de situaciones concursales que publique las resoluciones dictadas en los procedimientos declarando concursados culpables y acordando la designación o inhabilitación de los administradores concursales. Estos tres artículos, como veremos al analizarlos más adelante, han sido objeto de modificación por El Real Decreto-ley 3/2009 de 27 de marzo, de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal, ante la evolución de la situación económica. En su Exposición de Motivos, este Real Decreto-ley justifica la reforma en materia concursal en que “la Ley Concursal, dictada en el año 2003, lo fue en un entorno económico completamente distinto al actual, y no ha sido hasta que la crisis financiera internacional se ha trasladado a las empresas, cuando se ha podido comprobar la inadecuación de algunas de sus previsiones. Sin perjuicio de que, en el futuro, sea necesario revisar en profundidad la legislación concursal a la luz de la intensa experiencia vivida en los tribunales como consecuencia de la crisis, en este momento


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es preciso acometer una serie de reformas en aquellos aspectos concretos cuyo tratamiento normativo se ha revelado inconveniente”. Se trata con la reforma de regular un procedimiento concursal menos costoso y más ágil y eficiente en sus resultados.


II. PUBLICIDAD JUDICIAL O EDICTAL De este tipo de publicidad se ocupa el artículo 23 de la Ley Concursal, que, en su redacción original establece: “1. La publicidad de la declaración de concurso, así como de las restantes notificaciones, comunicaciones y trámites del procedimiento, podrá realizarse por medios telemáticos, informáticos y electrónicos, en la forma que reglamentariamente se determine, garantizando la seguridad e integridad de las comunicaciones. No obstante lo anterior, la declaración del concurso se anunciará en el ‘Boletín Oficial del Estado’ y en un diario de los mayor difusión en la provincia donde el deudor tenga el centro de sus principales intereses, así como en uno de los de mayor difusión en la provincia donde radique su domicilio. Estos anuncios contendrán los datos suficientes para identificar el proceso y las formas de personarse en él. La publicación en el ‘Boletín Oficial del Estado’ y, en su caso, en otros periódicos oficiales del edicto se insertará con la mayor urgencia. 2. En el mismo auto de declaración del concurso o en resolución posterior, el juez, de oficio o a instancia de interesado, podrá acordar cualquier publicidad complementaria que considere oportuna, en medios oficiales o privados. 3. Los oficios con los edictos serán entregados al procurador del solicitante del concurso, quien deberá remitirlos de inmediato a los medios de publicidad correspondientes. Si el solicitante del concurso fuese una Administración pública que actuase representada y defendida por sus servicios jurídicos, el traslado del oficio se realizará directamente por el juzgado a los medios de publicidad. 4. Las demás resoluciones que, conforme a esta ley, deban ser publicadas por medio de edictos lo serán en la forma que establece el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 236 de la ley Orgánica del Poder Judicial”. Este artículo regula pues la que podríamos denominar publicidad judicial o edictal, es decir, la publicación de las resoluciones judiciales y demás actos del proceso. Se trata de una forma de comunicación de los diferentes actos del procedimiento, notificaciones, comunicaciones y trámites judiciales que


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deben ser acordados por el juez y que se deben realizar en le forma determinada por el artículo 236 de la ley Orgánica del Poder Judicial. A lo largo de la Ley Concursal existen una serie de remisiones a este artículo a la hora de tratar de esta publicidad edictal. Así, además de la publicidad de la declaración de concurso, podríamos añadir: – Artículo 40: que trata del auto del juez acordando el cambio de las situaciones de intervención o suspensión de las facultades del deudor sobre su patrimonio, señalando que al cambio de estas situaciones se les dará la misma publicidad que, conforme al artículo 24 se hubiera dado a la declaración del concurso2 – Artículo 95: La presentación al juez del informe de la administración concursal y la documentación complementaria, se comunicará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23, y se publicará en el tablón de anuncios del juzgado, pudiendo el juez acordar, de oficio o a instancia del interesado, cualquier publicidad complementaria que considere oportuna3, en medios oficiales o privados. – Artículo 132: A la sentencia por la que se aprueba el convenio se le da la publicidad prevista en el artículo 23. – Artículo 139: El auto por el que el juez declara cumplido el convenio, se le da la misma publicidad que a su aprobación. – Artículo 141: También se remite al artículo 23 al tratar de la publicidad del auto declarando el cumplimiento y la conclusión del concurso por convenio. – Artículo 144: trata de la publicidad de la resolución judicial que declara la apertura de la fase de liquidación, con el mismo tipo de publicidad. – Artículo 174: Regulando el auto acordando la formación de una sección autónoma de calificación.

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Tras la reforma se redacta el artículo en el sentido de que estos puntos “se someterán al régimen de publicidad de los artículos 23 y 24”.Parece que tan sólo se trata de una mejora en la redacción. Tras la reforma por el Real Decreto-ley, se sustituye la expresión “oportuna” por la de “imprescindible”. Se trata de reducir los costes que producen las publicaciones.


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– Artículo 179: Tratando de la declaración judicial de reapertura del concurso de una persona jurídica. – Artículo 324 del Reglamento del Registro Mercantil: Establece que la publicación en la sección especial que regula de las comunicaciones, notificaciones y trámites del procedimiento se efectúa cuando el juez acuerde este tipo de publicidad complementaria4. Como señala la sentencia del Tribunal Supremo, este artículo 23 de la Ley Concursal trata de la publicidad “judicial”, es decir, la forma de publicación de las resoluciones dictadas en el procedimiento concursal y de efectuar los actos de comunicación para que produzcan efectos en el mismo. El artículo 23 ha sido recientemente modificado por el Real Decreto-ley 3/2009 de 27 de marzo, quedando redactado como sigue: “1. La publicidad de la declaración de concurso, así como de las restantes notificaciones, comunicaciones y trámites del procedimiento, se realizará preferentemente por medios telemáticos, informáticos y electrónicos, en la forma que reglamentariamente se determine, garantizando la seguridad y la integridad de las comunicaciones. El extracto de la declaración de concurso se publicará, con la mayor urgencia y de forma gratuita, en el “Boletín Oficial del Estado”, y contendrá únicamente los datos indispensables para la identificación del concursado, incluyendo su NIF, el juzgado competente, el número de autos, el plazo establecido para la comunicación de los créditos, el régimen de suspensión o intervención de facultades del concursado y la dirección electrónica del Registro Público Concursal donde se publicarán las resoluciones que traigan causa del concurso. 2. En el mismo auto de declaración del concurso o en resolución posterior, el juez, de oficio o a instancia de interesado, podrá acordar cualquier publicidad complementaria que considere imprescindible para la efectiva difusión de los actos del concurso. 3. El traslado de los oficios con los edictos se realizará preferentemente por vía telemática desde el juzgado a los medios de publicidad correspondientes.

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Este artículo fue anulado por la Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de marzo de 2007, y dejado sin contenido por el Real Decreto 158/2005, de 10 de junio.


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Excepcionalmente, y si lo previsto en el párrafo anterior no fuera posible, los oficios con los edictos serán entregados al procurador del solicitante del concurso, quien deberá remitirlos de inmediato a los medios de publicidad correspondientes. Si el solicitante del concurso fuese una Administración pública que actuase representada y defendida por sus servicios jurídicos, el traslado del oficio se realizará directamente por el juzgado a los medios de publicidad. 4. Las demás resoluciones que, conforme a esta Ley, deban ser publicadas por medio de edictos, lo serán en el Registro Público Concursal y en el tablón de anuncios del juzgado. 5. El auto de declaración del concurso así como el resto de resoluciones concursales que conforme a las disposiciones de esta Ley deban ser objeto de publicidad, se insertarán en el Registro Público Concursal con arreglo al que reglamentariamente se establezca”. Por lo que vemos, la reforma se limita a los siguientes aspectos: ❑ En cuanto a la publicidad de la declaración del concurso y las restantes notificaciones, comunicaciones y trámites del procedimiento, ya no se dice que “podrá realizarse”, sino que “se realizarán preferentemente” por medios telemáticos, informáticos y electrónicos. ❑ La publicación en el BOE será gratuita y se realizará con la mayor urgencia. ❑ Se determina el contenido del “extracto” que debe publicarse en el BOE, limitándolo únicamente a los datos que sean indispensables para la identificación del concursado. Incluirá: – El NIF del concursado – El juzgado competente – El número de autos – El plazo establecido para la comunicación de los créditos – El régimen de suspensión o intervención de facultades del concursado – La dirección electrónica del Registro Público Concursal ❑ Se suprimen las publicaciones en diarios. ❑ Se admite, al igual que antes, la publicidad complementaria que puede acordar el juez, pero no toda la que considere oportuna, sino tan sólo la que considere imprescindible para la efectiva difusión de los actos del concurso.


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❑ Se modifica el sistema de traslado de los oficios. Se establece ahora que se realizará preferentemente por vía telemática desde el juzgado a los medios de publicidad correspondientes, y, sólo excepcionalmente si lo anterior no fuera posible, se entregarán los correspondientes oficios al procurador del solicitante del concurso para que a su vez los remita. ❑ Todas las demás publicaciones que deban hacerse por edictos lo serán en el Registro Público Concursal y en el tablón de anuncios del juzgado. ❑ Por último, establece que el auto de declaración del concurso así como el resto de resoluciones que deban ser objeto de publicidad se insertarán en el Registro Público Concursal. Con ello, como veremos más adelante al tratar del Registro de Resoluciones Concursales, se vuelve a ampliar el contenido de este Registro. Conforme a la Disposición transitoria segunda de dicho Real Decreto-ley, este régimen de publicidad entrará en vigor cuando lo disponga el correspondiente Real Decreto que se dicte para el desarrollo de la misma y se aplicará entonces a los procedimientos concursales que se hallen en tramitación. No obstante es ya directamente aplicable en lo referente al carácter gratuito de las publicaciones que se remitan al Boletín Oficial del Estado, siempre que así lo acuerde el juez del concurso, por insuficiencia de bienes y derechos del concursado o de la masa activa.


III. PUBLICIDAD REGISTRAL El artículo fundamental es el 24 de la Ley Concursal, al que posteriormente ésta se remite en numerosas ocasiones al regular diferentes situaciones y declaraciones. Así: – Al cese y nombramiento de administradores concursales (art. 38.3 LC) – Al cambio de las situaciones de intervención o suspensión y a la consiguiente modificación de las facultades de administración concursal (art. 40.4 LC) – A la sentencia que apruebe el convenio (arts. 109.2 y 132 LC) – A la conclusión del concurso por cumplimento de convenio (art. 141 LC) – A la apertura de la liquidación (art. 144 LC) – A la resolución firme que acuerde la conclusión del concurso (art. 177.3 LC) – A la reapertura del concurso del deudor persona jurídica (art. 179.2 LC) El artículo 24, en la redacción original y que actualmente está vigente en función de lo establecido en la Disposición transitoria segunda, dispone lo siguiente: “1. Si el deudor fuera persona natural, se inscribirán en el Registro Civil la declaración de concurso, la intervención o, en su caso, la suspensión de sus facultades de administración y disposición, así como el nombramiento de los administradores concursales. 2. Si el deudor fuera sujeto inscribible en el Registro Mercantil, se inscribirán en éste las mismas circunstancias expresadas en el apartado anterior, practicándose previamente la inscripción del sujeto cuando ésta no constase. 3. Si se tratase de personas jurídicas no inscribibles en el Registro Mercantil y que consten en otro registro público, el juez mandará inscribir en éste las mismas circunstancias. 4. Si el deudor tuviera bienes o derechos inscritos en registros públicos, se anotarán preventivamente en el folio correspondiente a cada uno de ellos la intervención o, en su caso, la suspensión de sus facultades de adminis-

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