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POR LA ABOLICIÓN UNIVERSAL DE LA PENA DE MUERTE Coordinador:

ANTONIO MUÑOZ AUNIÓN Investigador Instituto de Derecho Penal Europeo e Internacional de la UCLM

Editores:

LUIS ARROYO Director del Instituto de Derecho Penal Europeo e Internacional de la UCLM

PALOMA BIGLINO CAMPOS Directora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales

WILLIAM A. SCHABAS Director del Centro Irlandés de Derechos Humanos

tirant lo b anch Valencia, 2010


Copyright ® 2010 Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito de los autores y del editor. En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com (http://www.tirant.com).

Esta edición ha contado con el patrocinio del Ministerio de Ciencia e Innovación a través de la Acción Complementaria DER2009-08240-E/JURI: “Abolición o moratoria universal de la pena capital: Red Académica contra la pena capital (REPECAP)”.

© ANTONIO MUÑOZ AUNIÓN (Coord.)

© TIRANT LO BLANCH EDITA: TIRANT LO BLANCH C/ Artes Gráficas, 14 - 46010 - Valencia TELFS.: 96/361 00 48 - 50 FAX: 96/369 41 51 Email:tlb@tirant.com http://www.tirant.com Librería virtual: http://www.tirant.es DEPOSITO LEGAL: V - 927 - 2010 I.S.B.N.: 978 - 84 - 9876 - 775 - 9 IMPRIME: GUADA IMPRESORES, S.L. MAQUETA: PMc Media Si tiene alguna queja o sugerencia envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia por favor lea en www.tirant.net/politicas.htm nuestro Procedimiento de quejas.


ÍNDICE Nota de los editores ...................................................................................................

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Por la Abolición Universal de la Pena de Muerte........................................... JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO, Presidente del Gobierno de España

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Presentación de la Red Académica contra la Pena de Muerte ...................... SIMONE ROZES, Presidenta honoraria de la Sociedad Internacional de Defensa Social

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Las Naciones Unidas y la abolición de la Pena de Muerte ........................... WILLIAM A. SCHABAS, Centro Irlandés de Derechos Humanos. Universidad nacional de Galway, Irlanda

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La Pena Capital: valoración y crítica de las estrategias abolicionistas ....... PETER HODGKINSON; SEEMA KANDELIA; LINA GYLLENSTEN, Universidad de Westminster

69

REGIONES Europa La evolución del discurso de los derechos humanos del Consejo de Europa: la renuncia al derecho del soberano a imponer la pena de muerte ...... JON YORKE, Universidad de la Ciudad de Birmingham, Reino Unido

107

La abolición de la Pena Capital en Europa: el círculo virtuoso de la política criminal y los riesgos de ruptura ................................................................... STEFANO MANACORDA, Universidad de Nápoles II, Italia

147

La Pena de Muerte ................................................................................................ GIORGIO MARINUCCI, Universidad de Milán, Italia El Tribunal Constitucional de Rusia y su decisión del año 2009 sobre la moratoria de la Pena de Muerte ......................................................................... SVETLANA PARAMONOVA, Instituto Max Planck de Derecho Penal e Internacional. Friburgo Alemania

159

189

América La Pena de Muerte en los Códigos Penales Iberoamericanos ...................... IGNACIO BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, Universidad de Salamanca

199


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Índice

Pena de Muerte ...................................................................................................... SÉRGIO SALOMÃO SHECAIRA, Instituto brasileño de Ciencias Penales, Sao Paulo, Brasil

215

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ante la Pena de Muerte ... SERGIO GARCÍA RAMÍREZ, ExMagistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Instituto de investigaciones jurídicas de la UNAM. México

229

La Pena de Muerte en Estados Unidos: evolución jurisprudencial y social ............................................................................................................................ NAOMI NORBERG, Universidad Paris I Panthéon-Sorbonne

265

El Estado de la pena de muerte en Puerto Rico ............................................... JUAN F. MATOS DE JUAN, Presidente de la Comisión contra la pena de muerte. Colegio de Abogados de Puerto Rico

275

Algunas reflexiones sobre la pena de muerte en el Perú............................... JOSÉ HURTADO POZO, Universidad de Friburgo, Suiza

283

Asia La pena de muerte en Japón ................................................................................ KANAKO TAKAYAMA; MARÍA VERÓNICA YAMAMOTO, Universidad de Kyoto La reforma del sistema de la pena de muerte en China antes de la ratificación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ...................... LU JIANPING, Departamento de Derecho Penal de la Universidad Normal de Beijing Los esfuerzos contemporáneos en China para la abolición de la pena de muerte...................................................................................................................... SHIZHOU WANG, Escuela de Derecho de la Universidad de Pekín

293

311

335

África Avanzando en el debate sobre la pena de muerte: la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos ................................................................ LILIAN CHENWI, Centro de Derechos Humanos. Universidad de Pretoria

341

RELIGIONES, CULTURAS Y VALORES Victimológica y esperanzada hermenéutica filosófico-teológica de la Pena Capital ..................................................................................................................... ANTONIO BERISTAIN IPIÑA, Catedrático de Derecho Penal, Universidad del País Vasco

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Índice

La Muerte como Castigo en la Sharia................................................................ M. CHERIF BASSIOUNI, Universidad DePaul de Chicago, y Presidente Emérito del Instituto Internacional de Derechos Humanos, y Presidente del Instituto Internacional de Altos Estudios Penales de Naciones Unidas, Siracusa, Italia

387

Apuntes sobre la vida y la muerte en Europa.................................................. GENEVIÉVE GIUDICELLI-DELAGE, Presidenta de ARPE. Universidad de París I Phantéon-Sorbonne

411

El Derecho a morir su propia muerte ................................................................ MARIA ZELIA DE ALVARENGA, OSWALDO HENRIQUE DUEK MARQUES, Universidad Pontificia de Sao Paulo, Brasil

427

Diplomacia y política internacional en la lucha contra la pena de muerte MOHAMMED CHARFI, Exministro de Justicia de Argelia

449

COOPERACIÓN JUDICIAL INTERNACIONAL La Cooperación Judicial en la Unión Europea como medio de lucha contra la pena de muerte y la expansión de los Derechos Humanos ...................... ADÁN NIETO MARTÍN, Instituto de Derecho Penal Europeo e Internacional de la UCLM La Unión Europea hace frente a la Pena de Muerte con nuevas competencias............................................................................................................................ ANTONIO MUÑOZ AUNIÓN, Instituto de Derecho Penal Europeo e Internacional de la UCLM

463

489

LA PENA DE MUERTE EN EL DERECHO MILITAR Y EN TIEMPOS DE GUERRA La pena de muerte en la filosofía jurídica y en los derechos penal y militar e internacional penal ............................................................................................ JOSÉ LUIS GUZMÁN DALBORA, Universidad de Valdeparaíso, Chile

499

LOS SUPUESTOS ESPECIALES DE RESTRICCIÓN DE PENA DE MUERTE La prohibición de la Pena capital a los menores de dieciocho años en el Derecho Internacional: ¿un paso hacia la abolución universal de la pena de muerte? ............................................................................................................. PILAR TRINIDAD NÚÑEZ, Universidad Rey Juan Carlos

525


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Índice

¿Pena de Muerte para los Traficantes de Drogas? ........................................... JOSÉ LUIS DE LA CUESTA, Universidad del País Vasco

545

A MODO DE EPÍLOGO Pena de Muerte: Abolición Universal ............................................................... BONIFACIO DE LA CUADRA, Periodista del diario El País

553

Relación de autores ...................................................................................................

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NOTA DE LOS EDITORES LUIS ARROYO Director del Instituto de Derecho Penal Europeo e Internacional de la UCLM

PALOMA BIGLINO CAMPOS Directora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales

WILLIAM A. SCHABAS Director del Centro Irlandés de Derechos Humanos

La idea de los Derechos Humanos es con seguridad la mejor invención de la humanidad. Se trata, sin embargo, de una idea todavía en construcción. Tras los horrores de la Segunda Guerra Mundial y como reacción ante los mismos se concibió la primera Declaración verdaderamente universal de derechos del hombre. No hubo acuerdo entonces para abolir la pena capital. La guerra fría hizo imposible la construcción de un verdadero orden jurídico internacional de los derechos humanos y de un sistema de protección de los mismos. Los Pactos Internacionales de 1966 representaron un avance pero, a la vez, la escisión de los derechos de la persona en políticos y sociales. Tampoco llegaron a abolir la pena de muerte. Las relevantes transformaciones del orden internacional desde 1989 han ofrecido nuevas oportunidades, muy especialmente el segundo Protocolo facultativo del Pacto Internacional de derechos civiles y políticos destinado a abolir la pena de muerte, que se alcanzó en 1989. Su preámbulo proclama que: la abolición de la pena de muerte contribuye a elevar la dignidad humana y a desarrollar progresivamente los derechos humanos. Tras numerosas tentativas, el 18 de diciembre de 2007 por vez primera la Asamblea General de Naciones Unidas lograba mayoría para aprobar un resolución en pro de la moratoria de la aplicación de la pena de muerte (AG 62/149). El Presidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, en la Asamblea General de Naciones Unidas de 2008, expresó un compromiso, personal y para su tiempo de Presidencia española de la U.E., para impulsar el proceso a favor de la abolición y, en su caso, de la moratoria de la pena capital y, para la firma y ratificación del segundo


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Luis Arroyo y Paloma Biglio Campos

Protocolo opcional. A su vez, planteó la idea novedosa de trabajar por la abolición no sólo como objetivo específico sino en el marco conjunto del progreso de los Derechos Humanos y de la lucha por los objetivos de la Declaración de Milenio. Posteriormente, valoró el alto grado de coordinación internacional de las ONGs, todas las cuales se integran en la World Coalition against the Death Penalty y sus congresos, cuya 4ª edición organiza en Ginebra, a fines de febrero de 2010 el Ensemble contre la peine de mort. Por ello nos invitó a impulsar la cooperación de las sociedades e instituciones académicas especializadas para acrecentar los conocimientos sobre la materia y su difusión en el plano internacional. La idea fue expuesta en la Haya con ocasión de la magna reunión en la que Cherif Bassiouni presentó el informe final del gran proyecto Fighting Impunity and Promoting International Justice. A él mismo y a otros colegas les pareció de gran interés no sólo el impulso y coordinación de los trabajos académicos sino el planteamiento de la cuestión de la pena de muerte en combinación con los Objetivos del Milenio. Simone Rozès explica en su introducción la génesis de la Red Académica Internacional contra la pena capital que se constituyó en Madrid, diciembre de 2009, en el Coloquio “Por la abolición universal de la pena de muerte”, organizado al efecto por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y el Instituto de Derecho Penal Europeo e Internacional de la Universidad de Castilla-La Mancha y con los auspicios de las Sociedades Científicas: Société Internationale de Défense Sociale, Asociación Internacional de Derecho Penal, Sociedad Internacional de criminología y Fundación Internacional Penal y Penitenciaria. Este libro es el primer fruto en lengua española del compromiso de poner a disposición de la Comunidad internacional los materiales académicos de mayor relevancia, le seguirán otros con trabajos presentados en el coloquio de Madrid y se pondrá a disposición general un portal internacional para los documentos elaborados por las organizaciones internacionales y por las organizaciones científicas. 1 de febrero de 2010


POR LA ABOLICIÓN UNIVERSAL DE LA PENA DE MUERTE JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO Presidente del Gobierno de España

Señor Presidente de la República de Benin; señora Directora General del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales; señora Simone Rozès, Presidenta de Honor de la Sociedad Internacional de Defensa Social; autoridades Judiciales y Académicas; representantes de organizaciones no gubernamentales; Ministro; Defensor del Pueblo; amigas y amigos, Quiero comenzar por donde se debe, expresando mi agradecimiento por haber sido invitado a participar en la sesión inaugural de estas jornadas sobre la abolición universal de la Pena de Muerte, organizadas por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y el Instituto de Derecho Penal Europeo Internacional de la Universidad de Castilla-La Mancha. Mi agradecimiento es por partida doble, ante todo, por la oportunidad que me ofrecen de reafirmar uno de los compromisos más queridos de la acción exterior de mi Gobierno: el logro de una moratoria universal de la pena de muerte en 2015 como primer paso para conseguir su abolición definitiva. También, por hacerlo ante ustedes, expertos españoles, europeos, latinoamericanos y de los demás continentes que durante tres días van a debatir e intercambiar puntos de vista con un común objetivo, que comparto plenamente. Anuncié mi propósito en junio de 2008 y tuve la ocasión de proclamarlo públicamente en el mejor escenario posible para hacerlo: la Asamblea General de Naciones Unidas. Allí, en septiembre de ese mismo año, demandé a los países que aún contemplan la pena capital en sus ordenamientos que apoyen la moratoria y acepten participar en un proceso de reflexión sobre el sentido de este castigo infligido por el Estado. Pero es que, además, y probablemente no por casualidad, la celebración de este Coloquio Internacional coincide con la conmemoración del


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José Luis Rodríguez Zapatero

61 Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, y esta efeméride nos ofrece una excelente ocasión para reivindicar una vez más los valores que la Declaración proclama. Es lo que hacen, por cierto, día a día con su dedicación, con su esfuerzo y con su generosidad, tantos cooperantes en el mundo. Desde aquel 10 de diciembre de 1948 las relaciones internacionales se han transformado de forma decisiva. En un mundo globalizado los principios y los valores de los derechos humanos se han ido extendiendo paulatinamente a todas las regiones del mundo, lo que es, sin duda, el mejor modo de configurar un orden internacional que merezca tal nombre. Hoy ya nadie puede poner en duda que los Derechos Humanos son universales por pertenecer intrínsicamente a todos los seres humanos considerados individualmente y, por tanto, con independencia de su pertenencia a cualquiera de las distintas identidades y diferencias culturales existentes en el mundo. No son, pues, el resultado de imponer unos valores sobre otros. No son patrimonio de nadie, ni de Occidente frente a Oriente, ni del Norte frente al Sur; son la consagración misma de la dignidad del ser humano en cuanto tal. Son valores universales que todos los Estados tienen la obligación de proteger en su propio territorio; obligación de proteger y también de denunciar su violación cuando no sean respetados de conformidad con el Derecho Internacional. Ningún país ni ningún líder que asuma esa causa pueden ignorar la tensión que se produce entre el principio de la no injerencia en los asuntos internos de los Estados, internacionalmente reconocido como fundamental en la propia Carta de Naciones Unidas, y la exigencia universal del respeto a los Derechos Humanos. Y hoy es un buen momento para desde aquí, desde España, volver a reclamarlo públicamente. España es un país en la primera línea de protección y garantía de los Derechos Humanos, en el que existe una conciencia pública de su valor y que ha asumido como prioridad política que se conviertan en verdadero patrimonio común de todas las personas, de todas las culturas y civilizaciones. Pero debo recordar que la realización y perfeccionamiento del sistema de derechos de un país depende del compromiso cotidiano que


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adopten sus poderes públicos y sus ciudadanos, pues es un hecho de experiencia que, en el mismo momento en que dejan de promoverse, los Derechos Humanos corren el riesgo cierto de debilitarse. Hoy, por primera vez, los Derechos Humanos se han convertido en uno de los ejes vertebradores de la política exterior española. No es una causa fácil; requiere de firmeza, coherencia e ideas claras, y de una eficaz acción diplomática construida sobre el diálogo y, en ocasiones, sobre la discreción. Por ello, no fue casual que el discurso sobre política internacional que pronuncié en el Museo de El Prado, al comienzo de esta Legislatura, llevara por título “En interés de España, una política exterior comprometida.”. El compromiso de nuestro Gobierno con los Derechos Humanos es firme y tiene una de sus señas más claras en el Plan sobre Derechos Humanos aprobado por el Consejo de Ministros el 12 de diciembre de 2008. Con él hemos atendido a la recomendación de la Conferencia Mundial de Viena de 1993, que propuso que cada Estado considerara la posibilidad de elaborar un Plan Nacional en el que se determinaran las medidas necesarias para mejorar en su ámbito la promoción y la protección de los Derechos Humanos. El Plan español tiene por objeto asegurar las garantías efectivas de los derechos de forma coordinada y sistemática, adecuar nuestro ordenamiento interno a todos los compromisos internacionales y vincular actores públicos y privados en su defensa. El Plan ordena nuestras actuaciones internas desde el convencimiento de que la salvaguarda de los intereses nacionales se puede vincular a la construcción de una sociedad global más justa y solidaria. Y el Plan contempla diversos ámbitos de nuestra acción internacional a favor de los derechos, convergiendo todos ellos en el valor que les une y confiere sentido: la dignidad humana. En España y desde España queremos contribuir a que la libertad y la igualdad sean cada vez más efectivas, como sabiamente reclama nuestra Constitución. En España y desde España queremos convertir a los Derechos Humanos en una referencia viva de nuestra experiencia vital como sociedad, y en un signo de nuestra identidad. En España y desde España, con los pies firmes en nuestro presente, queremos unir nuestras miradas a las de otros y poner la vista en el futuro de todos, llevando


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nuestra acción solidaria a cuantos en el mundo sufren los totalitarismos, la violencia, la discriminación, el hambre y la pobreza. 2015 es ya una fecha emblemática para ese futuro y para la lucha por la dignidad humana. En 2015 hemos de pasar revista a los Objetivos del Milenio y a sólo cinco años de ese momento la situación es preocupante. Si nos habíamos propuestos reducir a la mitad el hambre en el mundo, hace unos días recibíamos una nueva señal de alarma desde la FAO: en los últimos tres años el número de personas que pasan hambre en el mundo habría pasado de 850 a 1.020 millones de personas. No sólo no nos acercamos al Objetivo del Milenio, sino que nos alejamos. Esta realidad, que contrasta con las capacidades científicas, tecnológicas y productivas actuales, es la expresión más lacerante de que vivimos en un mundo inaceptablemente injusto y desigual, en el que afortunadamente somos capaces de concertarnos para evitar un crack financiero global, pero que se muestra todavía perezoso y renuente a la hora de dar una respuesta global y definitiva al desafío del cambio climático, y más pasivo aún en la batalla contra el hambre y la pobreza extrema. Si, como señalé en mi intervención, en 2008 en Naciones Unidas la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue el testimonio vivo de la decidida voluntad de dejarnos un mundo mejor que el tuvo la generación de nuestros padres, una generación que padeció y venció a los totalitarismos, y que condensó en aquel texto sus aspiraciones de libertad y prosperidad; los Objetivos del Milenio han de reflejar la voluntad no menos resuelta de nuestra generación de afrontar, por fin, la pobreza extrema para dejar a nuestros hijos un mundo sin millones de seres humanos sufriendo diariamente el hambre y la miseria. Ambos propósitos, la afirmación del respeto a los Derechos Humanos y la consecución de los Objetivos del Milenio, son, posiblemente, los más nobles y comprometidos con la dignidad de los seres humanos que se hayan planteado en la historia de la Humanidad. Tanto si miramos en el horizonte de los Objetivos del Milenio, como si lo hacemos en el de los Derechos Humanos, la conclusión es la misma: hay avances, al menos, en la toma de conciencia sobre la necesidad de su vigencia, pero están lejos de colmar nuestras aspiraciones. También queda mucho por hacer en la lucha contra la pena de muerte. El derecho a la vida es el derecho supremo, como lo ha calificado el


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Comité de Derechos Humanos, porque, sin su garantía efectiva, todos los demás derechos carecen de significado y de razón de ser. Algo que parece obvio a ojos de todos pero que, si lo fuera de verdad, no nos empujaría hoy y mañana, y pasado mañana, a reclamar de los poderes públicos de todo el mundo que sean plenamente consecuentes con el carácter inviolable e incondicionado de la vida humana y con el derecho a no ser sometido a penas crueles, inhumanas y degradantes. La abolición de la pena de muerte tiene su fundamento en los Derechos Humanos, en la afirmación de la dignidad humana. Por ello, a medida que la Comunidad Internacional ha avanzado en el reconocimiento de éstos, la causa de la erradicación de la pena capital se ha ido también extendiendo por el mundo. Durante los últimos decenios la progresión ha sido evidente, sobre todo, gracias al desarrollo de un poderoso movimiento internacional a favor de la abolición, promovido por organizaciones internacionales y regionales, por representantes del mundo político y por relevantes actores de la sociedad civil. Mientras que hace sesenta años la abolición sólo se había abierto paso en un grupo muy limitado de países, hoy ya rige en casi las dos terceras partes de los miembros de las Naciones Unidas. Fruto de ese avance, cada vez se consolida más el consenso internacional de que la pena de muerte es incompatible con los Derechos Humanos y, con ello, la idea de que debe procederse a su abolición universal. Esta misma incompatibilidad la percibimos con nitidez los españoles cuando conquistamos la democracia. Una sociedad, un país, que arrastraba una historia negra de ejecuciones, más o menos formalizadas, pero todas innecesarias, todas inicuas, fue capaz de entender que la renuncia a esa forma de sanción, no sólo se debía vincular a su ejercicio por la dictadura de la que salíamos, sino que debíamos afirmarla también para el Estado democrático que comenzábamos a conformar. El monopolio de la fuerza, que da sentido al Estado y que lo legitima cuando éste lo ejerce con arreglo a las leyes y a las garantías del debido proceso, ha de tener ese momento final de templanza, la templaza del no matar, del no matar a sangre fría, porque entonces la legitimidad rebosa y se alza como un muro frente a los asesinos y, en particular, frente a los terroristas; como un muro y como un espejo a la vez, que desnuda su imagen a ojos de todos. El no matar del Estado se convierte,


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así, en un arma eficaz para combatir a quienes están dispuestos a hacer lo que se halla más inalcanzablemente lejos de su disponibilidad moral: a arrebatarle la vida a un congénere. Con la Constitución de 1978 los españoles recuperamos, en ésta como en tantas otras cosas, nuestra dignidad como sociedad de ciudadanos libres y la Ley Orgánica 11/1995 completaría la tarea al proscribir la pena capital también en tiempos de guerra. Hemos ratificado todos los Tratados Internacionales que promueven la abolición de la pena de muerte. En las próximas semanas, tras haber recibido la autorización del Parlamento, se depositará el instrumento de ratificación del Protocolo número 13 al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, en el marco del Consejo de Europa, que, como es conocido, establece la abolición de la pena de muerte en todas las circunstancias, en línea con nuestra legislación. Hoy, con el impulso del Consejo de Europa, la OSCE y la Unión Europea, prácticamente todo el continente europeo rechaza la pena de muerte; pero la causa por la erradicación de la pena de muerte es universal y los progresos se han realizado paralelamente en todas las regiones del mundo. También puede decirse que es una seña de identidad latinoamericana. En América Latina, donde una mayoría de países son abolicionistas de hecho, la Convención Interamericana de Derechos Humanos limita la aplicación de la pena de muerte y estipula taxativamente que no se restablecerá en los Estados que la han abolido, lo que constituye un avance muy significativo. Un Protocolo a esta Convención, aprobado por la OEA en 1990, prevé la abolición total de la pena de muerte, aunque todavía permite que Estados partes la apliquen en tiempo de guerra si han realizado una declaración al respecto en el momento de la ratificación. En el continente africano se está produciendo una evolución positiva que conviene alentar. En este sentido, es importante destacar el reciente llamamiento realizado por la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos para que los Estados miembros establezcan una moratoria con vistas a su abolición. A lo largo de 2009 se han producido nuevas incorporaciones al grupo de países y Gobiernos abolicionistas; concretamente, el Estado de


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Nuevo México en los Estados Unidos, que se suma al grupo de estados abolicionistas, Burundi y Togo. Nos congratulamos por ello y, desde luego, tengo muy presente el honor y la oportunidad que las autoridades togolesas me concedieron este año de dirigirme a la Asamblea Nacional de este país el mismo día en que ésta había acordado abolir la pena de muerte, al igual que es para mí un gran honor estar hoy acompañado en este acto por el Presidente de la República de Benín, señor Yayi Boni, al que quiero felicitar por la reforma constitucional que suprimirá la pena de muerte en su país. Le felicito y le agradezco el firme apoyo de su Gobierno a la iniciativa para la abolición universal de la pena capital que nos acaba de exponer. Quiero agradecerle, asimismo, su presencia en este Coloquio Internacional por la abolición de la pena de muerte, que significa mucho para nosotros como un ejemplo y para esta causa. El Presidente Boni da muestras, así, de un claro compromiso con el respeto de los Derechos Humanos. Éste es uno de los ejes que ha presidido la acción política de su Gobierno, junto a la moralización de la vida pública y la erradicación de la pobreza. Por ello, su Gobierno se ha embarcado en un ambicioso programa de reformas sociales y económicas con logros importantes en los últimos años. Comprendo muy bien las repercusiones que la crisis podría tener en esta política, por lo que invito al Presidente Boni a redoblar los esfuerzos del programa para la reducción de la pobreza y ayuda al crecimiento. Deseo trasmitirle mi apoyo a su política y mi voluntad de cooperar con Benín, en particular a través de las Cumbres de España con la Comunidad de los Países del África Occidental. En efecto, el pasado mes de junio, en Aguja (Nigeria), los Jefes de Estado y de Gobierno de los quince países de la Comunidad del África Occidental y España acordamos reforzar la cooperación en todos los ámbitos. África Occidental es hoy una región prioritaria para nuestro país y, con la iniciativa que se nos presenta hoy, Benín se suma a los Estados africanos que han decidido enriquecer su lucha por la dignidad del ser humano combatiendo la pobreza, la exclusión o el analfabetismo, y con su esfuerzo por extender el respeto a los Derechos Humanos y abolir la pena de muerte.


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Señor Presidente, hoy es usted un ejemplo para África y para el mundo, y contará con todo el apoyo de mi país y de la Unión Europea para que otros le sigan en este camino. Cada nuevo paso nacional, como el que hoy da Benín, representa un avance para todos pero, a pesar de estos avances, todavía se practica la pena capital en demasiados países del mundo. Por eso hay que redoblar los esfuerzos en el seno de la Comunidad Internacional y por eso tienen pleno sentido encuentros como el que hoy nos convoca. La Coalición Mundial contra la Pena de Muerte acaba de lanzar una campaña internacional para la ratificación del 2º Protocolo Facultativo, de 1989, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos aprobado en 1966. Este Protocolo posee una particular relevancia, porque es el único instrumento jurídico de alcance universal que prevé la abolición total de la pena de muerte por los Estados miembros. Hasta la fecha, sólo ha sido ratificado por 72 países, a pesar de que el Pacto Internacional cuenta con 164 Estados miembros. España apoya esta iniciativa y colaborará plenamente con ella para que el 2º Protocolo se convierta en el mayor instrumento vinculante que prohíba la pena de muerte en el Derecho Internacional. También en el marco de Naciones Unidas, la aprobación por la Asamblea General de dos Resoluciones, en diciembre de 2007 y en diciembre de 2008, promoviendo el establecimiento de una moratoria del uso de la pena de muerte por los países que todavía la mantienen con vistas a su total abolición, ha representado un nuevo punto de inflexión. Ambas Resoluciones se aprobaron por una amplia y creciente mayoría de países, y, aunque por su propia naturaleza no son vinculantes, se han convertido en útiles herramientas para animar a los países que todavía son retencionistas a que se unan a la mayoría de países abolicionistas, ya sea de hecho, porque en la práctica suspenden las ejecuciones, o de derecho, porque sus legislaciones excluyen la pena capital. Lo que el Gobierno de España pretende con su iniciativa sobre la pena capital es contribuir a reforzar este creciente corriente internacional que pugna por extender la abolición. Hemos dado ya los primeros pasos para la creación en el segundo semestre del próximo año de una Comisión Internacional contra la Pena de Muerte, que actuará como un órgano impulsor y se unirá a todos los esfuerzos que con esta finalidad está realizando la Comunidad Internacional.


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Esta Comisión Internacional, que estará integrada por destacadas personalidades de todas las regiones del mundo en materia de Derechos Humanos, seguirá dos líneas básicas de actuación: en primer lugar, el objetivo de luchar por la aplicación universal de una moratoria efectiva en el año 2015 como paso previo a su abolición total. 2015, de nuevo 2015, no por casualidad. La lucha por afirmar la dignidad humana hay que librarla en todos los frentes a la vez y es tan indivisible como lo es la propia dignidad. Si nos hemos fijado para ese año para revisar el grado de consecución de los Objetivos del Milenio, qué mejor que llevar a 2015 la moratoria universal que proponemos. Hay situaciones, sin embargo, que no pueden esperar a la realización de una moratoria. La Comisión Internacional que vamos a auspiciar deberá exigir como segunda línea de acción la proscripción universal inmediata y definitiva de la pena de muerte en los supuestos en los que ya el Derecho Internacional restringe su aplicación, como son, entre otros, por su particular vulnerabilidad, los menores de edad en el momento de la comisión del delito, las mujeres embarazadas y los discapacitados mentales. Durante la Presidencia española de la Unión Europea en el primer semestre de 2010 la abolición universal de la pena de muerte va a ser una de nuestras prioridades en materia de Derechos Humanos, siguiendo e impulsando las directrices aprobadas por la Unión Europea en 1998, que han sido recientemente actualizadas. A tal efecto, vamos a intensificar todas las iniciativas que están en marcha por la acción de anteriores Presidencias de la Unión y con este propósito acudiremos a los foros internacionales, singularmente al Congreso Internacional de Ginebra el año próximo, y se elaborarán los documentos oportunos para su difusión; promoveremos proyectos de cooperación para estimular reformas en los sistemas jurídicos de los países que mantienen la pena de muerte en sus legislaciones nacionales y se instará la ratificación de los instrumentos internacionales que promueven la abolición de la pena de muerte. Lo vamos a hacer con todos los medios a nuestro alcance y en coordinación con los actores de la sociedad civil que, como esta red académica internacional, están realizando un trabajo indispensable sobre el terreno. Quiero, con todo, ir más allá. Voy a proponer formalmente la incorporación a las tareas del que será en pocas semanas el nuevo Servicio


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Europeo de Acción Exterior la asistencia jurídica y diplomática, subsidiaria y complementaria, en su caso, a la de los Estados miembros, a los ciudadanos de Europa que puedan verse sometidos a una condena a la pena capital. Creo que el estatus de ciudadano europeo merece enriquecerse con esta garantía adicional: la protección de la Unión frente al riesgo de la pena capital en cualquier país donde este riesgo se produzca. También desde la Unión Europea vamos a coordinar la actividad de los Estados miembros para impulsar con otros países de todas las regiones del mundo la aprobación de una nueva Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, a finales de 2010, sobre el establecimiento de la moratoria en el uso de la pena de muerte, que será más ambiciosa y que podrá contar con más apoyos de los obtenidos en 2007 y 2008. En definitiva, vamos a desplegar un gran esfuerzo para reducir en el mundo la aplicación de la pena de muerte. Lo haremos como Estado ante todos los foros internacionales y lo haremos aprovechando especialmente el período en que ostentamos la Presidencia de la Unión Europea. Como saben, en el pasado mes de octubre designamos un Embajador en misión especial para estas tareas, Rafael Valle, que seguro que va a contribuir a llevarlas a buen puerto. La Humanidad no deja de avanzar hacia un futuro que está en nuestras manos construir y ese futuro solo puede tener una dirección, sólo una, la que se corresponde por fortuna con la voluntad muy mayoritaria de las diversas comunidades que pueblan el globo. Es la voluntad que nos pide acabar con los conflictos que amenazan la paz; la misma a la que le repugna cada vez más que una parte de la Humanidad tenga que luchar cada día por su subsistencia y sucumbir habiendo posibilidad de evitarlo; la misma que nos apremia encontrar una respuesta definitiva a las consecuencias del cambio climático y la misma que rechaza la violencia ejercida sobre los seres humanos, la violación de sus derechos o la privación deliberada de su vida allí donde se produzcan. Esa voluntad, que habla tantos idiomas en defensa de la dignidad humana, es la que da pleno sentido cívico a iniciativas como la del Presidente de Benín o a la participación en encuentros como éste. A unos y a otros, a todos ustedes, les felicito por ello y felices jornadas.


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