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Dirigida por Víctor Caba Villarejo

Publicación trimestral Nº 22/ Julio 2011 Índice

Artículos – 1912-2012: Hechos, hombres e instituciones con ocasión de la Ley de Cabildos Insulares, por Manuel J. Sarmiento Acosta.............................................................................................................................................................................................. – La nueva regulación de los delitos contra la “seguridad vial”: análisis crítico, por José Manuel Maza Martín........................ – La victimización secundaria en los menores, por Débora Fátima Ruiz Molina........................................................................ – Los principios del derecho global de la contratación pública, por Jaime Rodríguez-Arana........................................................... – La prescripción del delito, por Javier García García-Sotoca................................................................................................... Jurisprudencia Las Palmas – CIVIL, seleccionada por Víctor Caba Villarejo......................................................................................................................... Tenerife – CIVIL, seleccionada por María Luisa Santos Sánchez............................................................................................................ Las Palmas – PENAL, seleccionada por Ernesto Vieira Morante.................................................................................................................. Tenerife – PENAL, seleccionada por José Félix Mota Bello..................................................................................................................... Las Palmas – CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, seleccionada por César García Otero......................................................................... Tenerife – CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, seleccionada por Pedro Hernández Cordobés............................................................ Las Palmas – LABORAL, seleccionada por Humberto Guadalupe................................................................................................................ Tenerife – LABORAL, seleccionada por Carmen Sánchez-Parodi Pascua..............................................................................................

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99 157 219 255 267 283 293 313

DOCTRINA DE LA DGRN – Comentarios, seleccionados por María Pilar de la Fuente García..........................................................................................

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DICTÁMENES DEL CONSEJO CONSULTIVO DE CANARIAS – Comentarios, seleccionados por Óscar Bosch Benítez...........................................................................................................

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informe sobre la comunidad autónoma de canarias – La especificidad insular en el constitucionalismo de los Estados archipielágicos africanos, por José Adrián García Rojas.. – Las aguas canarias, por José Javier Torres Lana................................................................................................................... – Una resolución largamento esperada: la sentencia del Tribunal Constitucional 18/2011, de 3 de marzo, sobre la legislación del sector eléctrico (Estatal y Canaria), por Israel Expósito Suárez........................................................................................

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DOCTRINA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO – Seleccionada por Vicente Máximo Garrido García..................................................................................................................

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CRÓNICA DE LA ACTIVIDAD LEGISLATIVA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS – Seleccionada por Pedro Carballo Armas.................................................................................................................................

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1912-2012: HECHOS, HOMBRES E INSTITUCIONES CON OCASIÓN DE LA LEY DE CABILDOS INSULARES

Manuel J. Sarmiento Acosta Profesor Titular de Universidad de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Magistrado Suplente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias

SUMARIO I. EL PROBLEMA CANARIO Y LA APROBACIÓN DE LA LEY DE 11 DE JULIO DE 1912: CONTEXTOS NACIONAL Y REGIONAL. II. LOS HECHOS Y LOS DATOS. III. LOS HOMBRES. 1. En general. 2. El rescate del olvido de Manuel Velázquez Cabrera y su Plebiscito. 3. La reivindicación de las propuestas técnicas de Pedro Pérez Díaz. 4. Otras aportaciones de diverso alcance. 5. La conexión con los antiguos Cabildos Insulares. IV. LA LEY DE 11 DE JULIO DE 1912, SOBRE REORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y REPRESENTACIÓN A CORTES DE LAS ISLAS CANARIAS. V. EL REGLAMENTO PROVISIONAL PARA EL RÉGIMEN DE LOS CABILDOS INSULARES DE LAS ISLAS CANARIAS DE 12 DE OCTUBRE DE 1912. VI. 19122012: EL ASENTAMIENTO Y LA CONSOLIDACIÓN DE LAS INSTITUCIONES


I. EL PROBLEMA CANARIO Y LA APROBACIÓN DE LA LEY DE 11 DE JULIO DE 1912: CONTEXTOS NACIONAL Y REGIONAL En el año 2012 se cumplen cien años de la aprobación de la importante Ley de 11 de julio de 1912, sobre reorganización administrativa y representación en Cortes de las Islas Canarias (Gaceta de Madrid, núm. 195, de 13 de julio de 1912), firmada por José Canalejas como presidente del Consejo de Ministros. Sólo unos meses más tarde, de ese año de 1912, se aprobó el Reglamento provisional para el régimen de los Cabildos Insulares de Canarias” (Real Decreto de 12 de octubre de 1912, suscrito por el Ministro de la Gobernación, Antonio Barroso y Castillo; Gaceta de Madrid, núm. 288, de 14 de octubre de 1912). La Ley y el subsiguiente reglamento implicaron el reconocimiento de la inadecuación de la legislación local, y, en particular, de la dictada durante la Restauración, para abordar y resolver con alguna eficacia el llamado “problema canario”1, y el intento de solucionar el sempiterno “pleito insular”2, entre las dos Islas centrales (Gran Canaria y Tenerife, por orden alfabético). También podemos decir que supuso el asentamiento de las bases jurídicas e institucionales de la organización administrativa local que ha llegado hasta nuestros días; prueba de lo cual es la redacción de los vigentes artículos 8 y 23 del Estatuto de Autonomía de Canarias, que califican al Cabildo Insular, no sólo como Corporación local que tiene por objeto el gobierno, la administración y la representación de la isla, sino también como institución autonómica. Este problema va a ser tratado en el marco de un contexto general en el cual se tiene muy en cuenta la pérdida de los territorios de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, en 1898, la situación más que preocupante de la política española, en la que, como denunciara Joaquín Costa, la oligarquía y el caciquismo era la forma ordinaria de gobierno en España3, con una potente crisis y un analfabetismo notable4. Desde el punto de vista jurídico, la época de la Restauración está regida por la Constitución Española de 1876, que, a pesar de ser una Carta Magna que carecía de las condiciones de las vigentes Constituciones —que son, ahora sí, verdaderas normas y directamente aplicables5— contenía unas previsiones producto del carácter “armónico” del sistema creado. Se trata de una norma que, aunque contiene una declaración de derechos y deberes, en línea con lo que disponía la avanzada Constitución de 1869, en la Que llegó, como dijo Canalejas, a ser conocido hasta “en las últimas aldeas de España” Discurso (cit. por J. VALLE BENÍTEZ, Los Cabildos Insulares de Canarias, Seminario de Derecho Administrativo de la Universidad de La Laguna, Santa Cruz de La Palma, 1970, p. 72. 2 A raíz de la visita del Rey Alfonso XIII, en 1906 —la visita duró del 26 de marzo al 5 de abril— se promueve un debate que ayuda a tener conciencia del problema canario, tanto en el ámbito del Archipiélago como en el de toda la nación. Fruto de esta visita es la conocida Memoria de Romanones, fechada el 14 de abril de 1906 (Gaceta de Madrid de 21 de abril de 1906), que versa sobre distintos puntos y refleja la inadecuación del modelo organizativo centralizador para Canarias (Vid. M.ª E. MELIÁN GONZÁLEZ, Alfonso XIII en Canarias. El debate sociopolítico que dio origen a los Cabildos, Dirección General del Patrimonio Histórico del Gobierno de Canarias y Centro de la Cultura Popular Canaria, Santa Cruz de Tenerife, 2004). 3 Oligarquía y caciquismo como forma actual de gobierno en España: urgencia y modo de cambiarla, 2 vols., Estudio introductorio de ALFONSO ORTÍ, Ediciones de la Revista de Trabajo, Madrid, 1975 4 Adolfo POSADA aludía a esta sociedad como “una masa hambrienta y analfabeta” (cit. por A. GALLEGO ANABITARTE, Formación y enseñanza del Derecho Público en España (1769-2000). Un ensayo crítico, Marcial Pons, Madrid-Barcelona, 2002, p. 338). 5 Vid sobre esta característica, E. GARCÍA DE ENTERRÍA, La Constitución como norma y el Tribunal Constitucional, Civitas, Madrid, 2.ª ed. 1982. 1

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práctica esos derechos fueron restringidos, pues su desarrollo se le deja al Gobierno de turno (J. DE ESTEBAN)6; el derecho al sufragio, en la primera parte, se mantiene como censitario, se proclama la confesionalidad del Estado (el art. 11 decía textualmente: “La religión Católica, Apostólica, Romana es la del Estado. La Nación se obliga a mantener el culto y sus ministros”) y se dispone la soberanía compartida (art. 18: “La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el Rey”); en cuanto a la división de poderes se establecen dos cámaras que se definen como “dos Cuerpos Colegisladores, iguales en facultades, el Senado y el Congreso de los Diputados”, art, 19), pero si para el Congreso se establece el sufragio directo, no se fija el sistema de votación, y en cuanto al Senado se regulan tres tipos de Senadores(por derecho propio, por designación y por elección). El artículo 20 es revelador, no sólo del Senado, sino del tipo de Sociedad que se auspicia: “El Senado se compone: 1.º De senadores por derecho propio. 2.º De senadores vitalicios nombrados por la corona. 3.º De senadores elegidos por las corporaciones del Estado y mayores contribuyentes en la forma que determine la ley (…)”7.. No había, entonces, soberanía nacional, y el Preámbulo de esta Constitución

Las Constituciones de España, Taurus, Madrid, 2.ª ed. revisada, 1988, p. 24. F. TOMÁS Y VALIENTE en su célebre Manual de Historia del Derecho Español (Tecnos, Madrid, 4.ª ed. 1983; 3.ª reimpresión de 1988, p. 457), aseveraba que los derechos individuales que reconocía la Constitución de 1876 tenían un importantísimo freno “impuesto en el artículo 14, al reservar a futuras leyes ordinarias la regulación de los mismos, advirtiendo que nunca podrían ejercerse con menoscabo de los derechos de la nación ni de los atributos del poder público”. Ello —decía TOMÁS Y VALIENTE—, convertía tales derechos en recipientes vacíos de contenido; téngase en cuenta que alguna de las leyes llamadas a desarrollar y articular el ejercicio de los derechos más importantes, como la reguladora del derecho de asociación, tardó once años en ser promulgada(ley de asociaciones de 30 de junio de 1887)”. 7 El artículo 21 seguía: “Son senadores por derecho propio: 168. Los hijos del Rey y del sucesor inmediato de la Corona, que hayan llegado a la mayor edad. Los Grandes de España que lo fueran por sí, que no sean súbditos de otra potencia y acrediten tener la renta anual de 60.000 pesetas, procedentes de bienes propios inmuebles, o de derechos que gocen la misma consideración legal. Los capitanes generales del Ejército y el Almirante de la Armada. El Patriarca de las Indias y los arzobispos. El Presidente del Consejo de Estado, el del Tribunal Supremo, el del Tribunal de Cuentas del Reino, el del Consejo Supremo de la Guerra y el de la Armada, después de dos años de ejercicio”. El artículo 22, por su lado, establecía: “Sólo podrán ser senadores por nombramiento del Rey o por elección de las corporaciones del Estado y mayores contribuyentes, los españoles que pertenezcan o hayan pertenecido a una de las siguientes clases: 1.ºPresidente del Senado o del Congreso de los Diputados. 2.º Diputados que hayan pertenecido a tres Congresos diferentes o que hayan ejercido la Diputación durante otras legislaturas. 3.º Ministros de la Corona. 4.º Obispos. 5.º Grandes de España. 6.º Tenientes generales del Ejército y vicealmirantes de la Armada, después de dos años de su nombramiento. 7.º Embajadores, después de dos años de servicio efectivo, y ministros plenipotenciarios después de cuatro. 8.º Consejeros de Estado, Fiscal del mismo Cuerpo y ministros y fiscales del Tribunal Supremo y del de Cuentas del Reino, consejeros del Supremo de la Guerra y de la Armada, y Decano del Tribunal de las órdenes militares, después de dos años de ejercicio. 6

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doctrinaria lo deja bien claro: el rey “en unión y de acuerdo con las Cortes del reino” decretan y sancionan la Constitución. Si a ello se le añade el funcionamiento por turnos de partidos, el falseamiento electoral y la crisis social, la conclusión no cuesta sacarla. Existía un sistema seriamente pervertido, una sociedad en crisis, y una economía maltrecha8. Una sociedad, además, manifiestamente desigualitaria, con un predominio de los “propietarios” —al simple lectura de preceptos constitucionales es palmaria— que, vista con el paso del tiempo, causa cierto estupor9. Pero es que además una cosa era lo que decían la Constitución y las leyes (ya de por sí reveladoras) y otra era la realidad, que era todavía más cruda. JOVER ha señalado en este sentido: “Estamos, pues, en presencia de una realidad política que no es ciertamente la prevista en el texto escrito de la Constitución. Realidad basada en dos instituciones de hecho. Por una parte, en la existencia de una oligarquía o minoría política dirigente, constituida por hombres de los partidos (ministros, senadores, diputados, gobernadores civiles, propietarios de periódicos, etc.) y estrechamente conectada tanto por su extracción social como por sus relaciones familiares y sociales con los grupos sociales rectores (terratenientes, nobleza de sangre, burguesía de negocios, etc.) Por otra parte, en una especie de supervi-

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9.º Presidentes o directores de las Reales Academias Españolas, de la Historia, de Bellas Artes de San Fernando, de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, de Ciencias Morales y Políticas, y de Medicina. 10º Académicos de número de las corporaciones mencionadas, que ocupen la primera mitad de la escala de antigüedad en su Cuerpo: inspectores generales de primera clase de los cuerpos de ingenieros de caminos, minas y montes, catedráticos de término de las universidades, siempre que lleven cuatro años de antigüedad en su categoría y de ejercicio dentro de ella. Los comprendidos en las categorías anteriores deberán además disfrutar siete mil quinientas pesetas de renta, procedentes de bienes propios, o de sueldo de los empleos que no pueden perderse sino por causa legalmente probada, o de jubilación, retiro o cesantía. 11.º Los que con dos años de antelación posean una renta anual de veinte mil pesetas o paguen cuatro mil por contribuciones directas al Tesoro público, siempre que además sean Títulos del Reino, hayan sido diputados a Cortes, diputados provinciales o alcaldes en capital de provincia o en pueblos de más de veinte mil almas. 12.º Los que hayan ejercido alguna vez el cargo de Senador antes de promulgarse esta Constitución. Los que para ser senadores en cualquier tiempo hubieran acreditado renta podrán probarla para que se les compute, al ingresar como senadores por derecho propio, con certificación del Registro de la Propiedad, que justifique que siguen poseyendo los mismos bienes (…)”. Aunque se produjo cierto avance económico, derivado de la repatriación de capitales de las antiguas colonias, y, con ocasión de la Primera Guerra Mundial (1914-1918), se obtuvieron ciertos beneficios por la neutralidad española, lo cierto es que, a juicio de, por ejemplo, Juan VELARDE, Catedrático de Economía Aplicada, y Profesor Emérito de la Universidad Complutense de Madrid, en la primera década del siglo estamos “de lleno, pues, se mire por donde se mire, en una etapa de muy lento desarrollo económico. Aunque las cifras no son exactamente homogéneas (…). La divergencia, empleando las informaciones de Prados de la Escosura y Angus Maddison, de nuestro PIB real por habitante y el de Italia, Francia, Alemania, Gran Bretaña y Estados Unidos, se acentúa con fuerza en nuestro disfavor” (Vid. “Evolución de la economía española en el siglo XX”, Informes y perspectivas: la economía española en el s. XX. Estudios Económicos de Desarrollo Internacional, enero-junio, vol. 1, núm.1, Santiago de Compostela, 2001). Y esta afirmación no quiere tener ninguna connotación ideológica. Es constatar hechos ciertos y contrastados. Vid, por ejemplo, M. TUÑÓN DE LARA, Poder y sociedad en España, 1900-1931, Espasa Calpe, Madrid, 1992, pp. 97 y ss. F. TOMÁS Y VALIENTE, cit., p. 455, por su lado, resalta cómo dentro del sistema de burguesía conservadora que se implantó por esta Constitución quedan fuera no sólo el proletariado urbano o campesinado, sino los partidarios del absolutismo. 8 manuel j. sarmiento acosta


vencia señorial en los medios rurales, en virtud de la cual algunas figuras del pueblo o de la aldea destacadas por su poder económico, por su función administrativa, por su prestigio o por su “influencia” cerca de la oligarquía, controlaban de manera directa extensos grupos humanos; a esta supervivencia señorial se llamará caciquismo (cacique “señor de vasallos en alguna provincia o pueblo de indios”). El “político” en Madrid; el “cacique” en cada comarca; el Gobernador Civil en la capital de cada provincia como enlace entre uno y otro, constituyen las tres piezas clave en el funcionamiento real del sistema”10. He aquí la auténtica situación: una gran masa agraria, predominantemente analfabeta11, gobernada de manera falsificada12 por la oligarquía y el caciquismo. Los oligarcas en el centro, los caciques en la periferia. Todo ello armonizado con la alternancia puntual, “ordenada” y pacífica entre los Partidos Conservador de Cánovas y Liberal de Sagasta, alternancia que adquiere —incluso— carácter formal mediante el acuerdo expreso entre Cánovas y Sagasta cuando fallece Alfonso XII en 1885. Sin embargo, este período tan largo trajo unas consecuencias que constituyen la obra política de la Restauración; interesa subrayar que, continuando con la trayectoria moderada, se opta por la centralización y uniformización jurídica y administrativa. Se aprueban así los Códigos de Comercio (1885) y Civil (1889), la Ley de Enjuiciamiento Civil (1881) y la Ley de Enjuiciamiento Criminal (1882). En la Administración se potencia, asimismo, la centralización, y los cuadros de la Administración central adquieren una evidente estabilidad y competencia técnica13. Por lo demás, este sistema con su Constitución doctrinaria propicia una acentuación del control efectivo sobre Ayuntamientos y Diputaciones. Los artículos 82 a 84 de la mencionada Carta Magna son un buen ejemplo de ello, pero sobre todo las Leyes municipal de 1877 y provincial de 1882; Leyes que, a juicio de un autor particularmente cualificado, Adolfo POSADA14, definen un régimen centralizado, con los caracteres propios del mismo, a saber: la uniformidad; la subordinación de todas las funciones al Poder central; la jerarquía administrativa con el predominio del elemento burocrático y la falta de autonomía de los centros locales, supeditados al Poder ejecutivo. Centralismo, uniformismo, y falseamiento electoral son, pues, los tres elementos caracterizadores de este modelo. Es lógico que un sistema así no encajase de forma armónica en un territorio fraccionado, alejado y desigual como el que integra el Archipiélago Canario. Por ello, en la fase final del XIX y primera parte del siglo XX, y, dentro de un marco de reivindicaciones nacionalistas y regionalistas de distinto alcance15, España moderna y contemporánea, junto a J. REGLÁ y C. SECO, Barcelona, 1969, pp. 308 y 309. Por eso se creó, por medio del Real Decreto de 18 de abril de 1900, el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, siendo Francisco SILVELA Presidente del Consejo de Ministros. El analfabetismo era impresionante, superior al 50 por 100, y a partir de ese momento el Estado asume la enseñanza primaria, “cuya situación anterior como servicio municipal era absolutamente inadmisible” (Cfr. E. GARCÍA DE ENTERRÍA, “Estudio Preliminar” al libro Manuel Azaña, Sobre la autonomía política de Cataluña, Tecnos,, Madrid, 2005, p. 10). 12 Vid. A. POSADA, Tratado de Derecho Político Tomo II, Librería General de Victoriano Suárez, Madrid, 1929, p. 367. 13 Vid. M. J. SARMIENTO ACOSTA, La organización de la Administración periférica, Ministerio de Administraciones Públicas, Madrid, 1997, pp. 91 y 92. 14 Vid Evolución legislativa del Régimen Local en España 1812-1909; ed. del Instituto de Estudios de Administración Local, Madrid, 1982, p. 321. 15 La emergencia del nacionalismo catalán a fines del XIX, el desarrollo del nacionalismo vasco y la figura de Sabino ARANA, etc. Vid últimamente, S. MUÑOZ MACHADO, El problema de la vertebración del Estado en España (Del siglo XVIII al siglo XXI), Iustel, Madrid, 1.ª ed. 2006, pp.249 y ss. 10 11

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adquiere fuerza y sentido el replanteamiento de un sistema de organización local que gira en torno a la demarcación provincial, y que muestra palmariamente sus deficiencias de todo tipo en Canarias. Dentro del contexto específico del Archipiélago, el denominado “problema canario” se acentúa, ya no sólo por lo que hemos dicho16 y por las consabidas características de la lejanía, la insularidad y el fraccionamiento, sino por la incomprensión radical que sobre el mismo tenían muchas de las cabezas que ocupaban el poder, e, incluso, intelectuales de relieve que reciben hoy el beneplácito del a gloria, pero que en algunos extremos demostraron su incapacidad para ver lo más evidente (en este punto la figura de Miguel de Unamuno es de cita obligada, cuando decía cosas como estas: “Desde que llegué aquí —con invitación para unos Juegos Florales de la ciudad de Las Palmas—, estoy oyendo hablar del problema local. Perdonad que un forastero un poco rudo os diga que yo no he visto hasta ahora en ese problema sino querellas domésticas, luchas por distinciones, algo de vanidad colectiva, escapes de aplatanamiento y rencillas kabileñas… No reduzcáis vuestros ideales a la pequeñez de estas islas…”)17. Había, pues, una cuestión adicional: una incomprensión que era necesario

No hace mucho, en una entrevista periodística, el historiador —y, además, Presidente del Cabildo de Gran Canaria (2007-11)—, J. M. PÉREZ, destacaba. “La reivindicación regionalista y nacionalista es muy visible sobre todo en Cataluña y País Vasco, donde se solicita a la Corona un régimen propio de gestión de sus territorios. Pero, curiosamente, el Gobierno central, para estabilizar el conflicto canario, tanto entre las dos grandes islas como con las periféricas, va a responder primero a las demandas canarias. Y lo hace con la aprobación de la denominada Ley de Cabidos de 1912, o ley de reorganización administrativa del Archipiélago y que se adelanta un año a las peticiones catalanas y vascas” (Vid. La Provincia, de 1 de mayo de 2011, p. 47). 16 La sociedad canaria de la época es fuertemente agraria y “cuasi-feudal”, con un gran número de servidores personales y jornaleros agrícolas (vid. T. NOREÑA SALTO, Canarias: política y sociedad durante la Restauración, cit., p. 40). Es una sociedad con notables índices de analfabetismo, con una masa de trabajadores y un grupo minoritario de élite que basa su poder en la propiedad agrícola, las relaciones cerradas —se cultiva la endogamia entre pocas familias privilegiadas— y la actividad comercial. Véase, asimismo, la obra de Ó. BERGASA PERDOMO y A. GONZÁLEZ VIÉITEZ, Desarrollo y subdesarrollo de la economía canaria. Ed. Viceconsejería de Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, Las Palmas, 1995 (1.ª ed. Guadiana ediciones, 1969). 17 Artículos y Discursos sobre Canarias, Edición, introducción y notas por F. NAVARRO ARTILES, Ediciones del Cabildo Insular de Fuerteventura, Puerto del Rosario, 1980, p. 28 (segundo discurso, pronunciado el 5 de julio de 1910, “Discurso sobre la patria”). Lo de la “vanidad colectiva” es desde luego para nota, sobre todo cuando la imputación viene del ilustre vasco; porque don Miguel de Unamuno, en su Diario íntimo (Alianza Editorial, Madrid, 1.ª ed., en “Biblioteca de autor”, 1998, p. 134), reconocía su gran vanidad: “Tengo —decía—, que vencer ese oculto orgullo, esa constante rebusca de mí mismo, ese íntimo y callado endiosamiento, ese querer labrar mi propia estatua y deleitarme en mi idea de mí mismo, ese empeñarme en trabajar para la posteridad, esa necia vanidad de creerme de otra especie”. Y un poco después se cuestionaba si los mismos cuadernillos que escribía (p. 131), “¿no son una vanidad? ¿para qué los escribo”. En esta misma dirección, Francisco UMBRAL, en su libro Las palabras de la tribu (De Rubén Darío a Cela), Planeta, Barcelona, 1-ª ed. 1994, aseveraba, no sin irreverencia: “Unamuno era parco, sobrio, inelegante (…)”(p. 37). “(…) necesita ratificarse continuamente a sí mismo y que le ratifiquen, incluso en sus contradicciones, que son como heridas abiertas (…)” (p. 38). No obstante, esa vanidad de don Miguel, en parte, se atenuaba por el reconocimiento que él mismo hacía de esta flaqueza —y no como otros que ni siquiera la reconocen— y en su empeño por revisarse, por enmendarse a sí mismo, como se puede observar en el interesante Diario íntimo que se ha citado.

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conjurar por quienes podían hacerlo, es decir, por personas documentadas y con la suficiente altura de miras para abordar la cuestión de forma adecuada. Circulaba un folleto de Mariano BELMÁS Canarias. El peligro y sus remedios. Conferencia dada en el Ateneo de Madrid, seguida de un proyecto debido al Sr D. Tomás García Guerra, abogado y diputado a Cortes sobre Bases para restablecer y afirmar los puertos francos de Canarias, Madrid, 1899, pp. 5-6, en el cual se hace hincapié en el abandono de las islas por parte de la Administración española, y propone como remedios la concesión de los puertos francos, por la pujanza del comercio y el tráfico de buques y pasajeros, que se había incrementado. Abunda en la inadecuación y en los problemas el Resumen histórico y documentado de la autonomía de Canarias de Manuel Velázquez, que luego se abordará con algún detalle, y que denuncia particularmente el abandono de las llamadas islas menores; denominación ya de por sí significativa por lo que tiene de falta de capacidad para abordar y resolver sus propios problemas. El problema canario, pues, crece y se define en esta primera década del siglo XX, y como ocurre con otras cuestiones, son también los temores los que influyen para su cabal resolución. Sería, por tanto, demasiado simplista creer que se trataba sólo de una aspiración de supremacía de una isla sobre otra, o de una “vanidad colectiva” lo que acentuó esta cuestión. Era algo más profundo que tenía como base la inadecuación de la legislación local que se había dictado desde que se implantó la organización uniformista y centralista inspirada en el modelo francés, y en la relegación dramática de las islas menores. Así lo apuntaba con acierto un libro significativo: Los Cabildos Insulares de Canarias, tesis doctoral de Joaquín VALLE BENÍTEZ, que afirmaba: “Propiamente no estriba el conflicto canario simplemente en una mera cuestión de capitalidad, ni siquiera de división en dos de una Provincia. Su envergadura es mayor, más profundas sus causas, y por su complejidad misma es preciso un largo período de ensayos, y al propio tiempo se abran paso las soluciones autonomistas y descentralizadoras (…)” (p. 40). La historiografía ha estudiado de forma profunda todas estas circunstancias. En este extremo es obligado remitirse a la obra de historiadores como María Teresa NOREÑA (Canarias: política y sociedad durante la Restauración, 2 tomos, Ed. Cabildo Insular de Gran Canaria, 1977), José Miguel PÉREZ GARCÍA, Canarias: de los Cabildos a la división provincial, Ed. Centro de Investigación Económica y Social de Canarias, Las Palmas de Gran Canaria, 1997, Agustín MILLARES CANTERO, “Manuel Velázquez Cabrera y el Plebiscito de 1910”, en AA. VV. Manuel Velázquez Cebrera, 1863-1916, Ed. Cabildo Insular de Fuerteventura, Puerto del Rosario, 2000; Leopoldo de la ROSA OLIVERA, Evolución del régimen local de las Islas Canarias, Ed. Viceconsejería de Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, Islas Canarias, 2.ª ed. 1994 (1.ª ed. de 1946 del Instituto de Estudios de Administración Local), Manuel RAMÍREZ MUÑOZ, Historia del Cabildo Insular de Gran Canaria (1913-1936), Ed. Cabildo Insular de Gran Canaria, 1995, y, de este mismo autor, El Cabildo de Gran Canaria y sus presidentes. Noventa años al servicio de la Isla (1913-2003). Ed. Cabildo de Gran Canaria, 2003, Alejandro CIORANESCU, Historia del Cabildo Insular de Tenerife, 1913-1988, Ed. Cabildo Insular de Tenerife, Santa Cruz de Tenerife, 1988, Eduardo GALVÁN RODRÍGUEZ, El origen de la Autonomía Canaria. Historia de una Diputación provincial (1813-1925), Ed. Ministerio de Administraciones Públicas, Madrid, 1995, Marcos GUIMERÁ PERAZA, El pleito insular (1808-1936), Instituto de Estudios de Administración Local, Madrid, 1987 (1.ª ed. de 1976), Juan Ignacio BERMEJO GIRONÉS, Los Cabildos Insulares de Canarias, Ed. MancomunidaREVISTA JURÍDICA DE CANARIAS 11


des Interinsulares de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, 1952, Joaquín VALLE BENÍTEZ, Los Cabildos Insulares de Canarias, Santa Cruz de La Palma, 1970, etc, etc En todos estos estudios e investigaciones, hechos en diversos momentos y con distintas perspectivas, se pueden observar las poliédricas dimensiones del problema canario, que no pueden reducirse sólo al sempiterno pleito entre las dos islas centrales, si bien éste ha actuado de detonante, y de hecho hay algún historiador, como Agustín MILLARES CANTERO (Santa Cruz dominadora. El centralismo interno y la provincia imposible en el XIX canario, Ed. Idea, Santa Cruz de Tenerife, 2007), que argumenta que lo de “pleito insular” es una expresión poco afortunada, que oculta algunas dimensiones del problema canario. Pues bien, es este el contexto que sirve de base y fundamento de lo previsto en la citada Ley de 11 de julio de 1912. Hay, pues, unos hechos que no se supieron abordar y resolver con la inteligencia, generosidad y eficacia debidas.

II. LOS HECHOS Y LOS DATOS Carecería de sentido comenzar una disertación sobre la diferencia entre hechos y datos; o entre hechos, cosas y fenómenos. David BLANQUER ha expuesto unas distinciones interesantes en su libro Hechos, ficciones, pruebas y presunciones en el Derecho Administrativo “Taking facts seriously”18 a las cuales hay que remitirse. En nuestro caso, debemos decir que, frente al arte o la novela en la cual la realidad puede ser deformada o relegada, en la Historia y en el Derecho se precisa partir de la realidad, esto es, de los hechos y datos que ofrece ésta19, sin poder proyectar mitos, deseos, fantasmas u obsesiones. La investigación seria para blasonar de tal debe partir de los hechos y datos contrastados y objetivados. Así, en el caso que tratamos, para articular una organización administrativa mínimamente operativa y que permita satisfacer las necesidades de la colectividad se debe partir de unas circunstancias muy singulares. Los reformadores de la primera década del siglo XX tenían ante sí los siguientes hechos y datos: • la desaparición en 1836 de unos organismos, los antiguos Cabildos Insulares, y su sustitución por un nuevo órgano, la Diputación provincial, que tenía por objeto el gobierno y la administración de una provincia, que tenía, asimismo, que asentarse sobre un territorio tan particular como un Archipiélago; • la separación y lejanía del continente, y, en particular, del continente europeo (España); • el fraccionamiento del territorio, que define situaciones particulares que no se pueden abordar y resolver como si ese fraccionamiento no existiera;

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Tirant lo Blanch, Valencia, 2006, pp. 65 y ss. Recuérdese lo que decía CERVANTES en Don Quijote de la Mancha: “(…) habiendo y debiendo ser los historiadores puntuales, verdaderos y no nada apasionados, y que ni el interés ni el miedo, el rencor ni la afición, no les hagan torcer del camino de la verdad, cuya madre es la historia, émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo por venir” (Segunda Parte, Capítulo IX, Donde se concluye y da fin a la estupenda batalla que el gallardo Vizcaíno y el valiente manchego tuvieron); texto fijado por Martín de Riquer, Alfaguara, Barcelona, 1973, p.94). Y por lo que afecta al Derecho, es conocidísimo el aforismo romano Da mihi factum, dabo tibi ius; es decir, dame los hechos, y te daré el Derecho.

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• por lo anterior, la desigualdad, en muchos casos, impresionante, entre las distintas Islas; desigualdad de todo tipo: física, de recursos, de expectativas, etc; • el fracaso rotundo e inapelable de la gestión de la Diputación provincial20; y, en fin, • la dificultad de articular el poder público administrativo sobre un territorio no homologable al peninsular, y la inadecuación de las soluciones normativas que propiciaban las aludidas Leyes de 1877 y 1882. Resulta difícil comprender que algo tan notorio, evidente y rotundo se escapase al legislador. Pero los dogmas, la ignorancia de los problemas reales, y la subsiguiente incomprensión que esa ignorancia comporta, hicieron que se pretendiese organizar territorialmente un Archipiélago como cualquier provincia media del territorio peninsular. Estos hechos, sin embargo, ya empezaron a verse de otra manera. En este punto hay que destacar como hitos que vertebraron la solución que establece la Ley de 11 de julio de 1912: • La visita oficial del joven Rey Alfonso XIII a Canarias, y la Memoria redactada por el Conde de Romanones, publicada en la Gaceta de Madrid núm. 111, de 21 de abril de 1906. En esta Memoria se dice:” La primera observación de cuantos viven en las Islas, cuando de estas materias se trata, es la de extrañarse de la forma administrativa aplicada a un grupo de islas donde ni la descentralización es posible ni el sistema con que se gobiernan pedazos de territorio unidos entre sí tiene aplicación posible. La gran distancia de la Península hace más temibles aún los daños del expedienteo (…). Todas las indicaciones que en este punto ha escuchado o leído el Ministro que suscribe coinciden en la necesidad de cambiar radicalmente el régimen, de descentralizar la Administración pública en Canarias, de poner a su frente una Autoridad rodeada del mayor prestigio y con facultades bastantes para resolver por sí las cuestiones, sin perjuicio de la apelación al Poder central, en las formas y la manera más sencilla. Algunas personas, y de las más capacitadas, han pensado con este motivo en la división del Archipiélago (…). Es evidente que la Memoria detecta el problema, y apunta la posible solución. • El nacimiento en Las Palmas del Partido Local Canario (31 de mayo de 1903), que abandera el ideal divisionista. • El Proyecto de Reforma de Administración Local de Antonio Maura; sin duda uno de los más serios y consistentes de los múltiples que se presentaron. Se trata de un Proyecto que intenta resolver el problema de la corrupción inherente a un sistema falseado, y que, junto a la disminución de los controles sobre la Administración local por parte del Gobierno, muestra un interés por regular aspectos que no se pueden insertar en un rígido molde uniformista; en este punto debe recordarse la propuesta de la fórmula de las Mancomunidades provinciales. Sin embargo, debido a una serie de contradicciones, el Proyecto fracasó21. Señala J. VALLE BENÍTEZ en el libro, ya citado, Los Cabildos Insulares de Canarias, cit., p. 39: “Toda esa lucha, inquietudes y protestas de la Gran Canaria son la primera consecuencia de englobar todo el Archipiélago, con sus siete Islas habitadas en el arquetipo, único, rígido, ineludible de la demarcación provincial”. 21 Vid. S. MARTÍN RETORTILLO y E. ARGULLOL, Descentralización administrativa y organización política. Tomo I Aproximación histórica (1812-1931). Ed. Alfaguara, Madrid, 1973, pp. 283 y ss. Antonio MAURA es una figura con caracteres singulares; hombre profundamente católico (según nos cuenta R. CARR, España 1808-1975, Ariel, Barcelona, 1990, p. 456, “dejaba de fumar si su examen de 20

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• El día 5 de junio de 1907 petición en el Senado del Conde de Casa-Valencia de la división de la provincia de Canarias. • Real Orden de 15 de noviembre de 1909 (Gaceta núm. 320, de 16 de noviembre de 1909), que equipara en categoría las dos capitales canarias, en cuanto establece la residencia alternativa del Gobernador entre ambas. • Real Orden de 16 de abril de 1910 (Gaceta, núm. 107, de abril), por la que se abrió una información22 acerca de las posibles reformas en la organización de Canarias con los subsiguientes informes y contestaciones. • Promoción y desarrollo del llamado “Plebiscito” de las islas menores del majorero Manuel Velázquez Cabrera • Movilización ciudadana a favor y en contra de la división provincial, que se expresa en las Asambleas insulares de Tenerife, en mayo de 1908, y en Santa Cruz de Tenerife y en Las Palmas de Gran Canaria en 1911. También es reseñable (aunque a veces se omita) la Asamblea palmera de 1910 • Proyecto de Ley, dictámenes y enmienda de G. de Azcárate, y • La aprobación final de la Ley de 11 de julio de 1912.

III. LOS HOMBRES 1. En general Más allá de estas evidencias, el proceso de elaboración y aprobación de la Ley23 y el Reglamento, y la atmósfera que rodeó a todos estos acontecimientos, permiten observar fenómenos políticos, sociológicos e institucionales de mucho mayor calado: el caciquismo imperante en la época, espoleado sin duda por la lejanía y la incultura reinante (incultura, por lo demás, común a otras zonas del territorio nacional)24, la tensión extenuante entre las dos islas conciencia diario revelaba una falta”), deploraba el caciquismo y su consecuencia, las elecciones “insinceras”, y por ello intentó hacer una “revolución desde arriba” con un desguace del caciquismo, por ello pretendía una reforma del régimen local. Señala el citado CARR: “La confianza de Maura en su misión era tanta como su desprecio por aquellos que la amenazaban; incapaz de perdonar u olvidar, su orgullo herido destruyó su propio partido y echó a perder las perspectivas de un gobierno parlamentario en España. “Gobernar es tener fe en sí mismo”; la fe de Maura no tenía límite. Cuando fracasó en su misión no quiso reconocer que sus propias recetas fueran anticuadas (…)” (pp. 456 y 457). 22 El cuestionario oficial versaba sobre: a) Si cada una de las Islas debe tener la personalidad necesaria para resolver dentro de su territorio los asuntos de carácter puramente insular, dentro del régimen común; b) Si sería preferible el sistema de agrupación por Islas cuál habría de ser éste; c) Organismos y Autoridades que con tal objeto sería necesario establecer, su constitución, atribuciones y funcionamiento; d) Relaciones de estos Organismos con los Municipios y con la Diputación provincial. 23 Que fue meticuloso, como señala J. VALLE BENÍTEZ, Los Cabildos Insulares…, cit., p. 71. 24 En este contexto, la figura de Fernando León y Castillo es de inexcusable cita; es el arquetipo canario del cacique, el que mueve los hilos políticos y económicos durante muchas décadas (vid L. M. ACOSTA BARRIOS, Fernando de León y Castillo (1842-1918), Ed. Parlamento de Canarias y Fundación Canaria Víctor Zurita Soler, Santa Cruz de Tenerife, 2004); también, más recientemente, F. BERMÚDEZ SUÁREZ, El defensor de la isla. Manuel Velázquez Cabrera (1863-1916), Fundación Manuel Velázquez Cabrera, Islas Canarias, 2010, pp.37 y 48-55, y bibliografía allí citada. Desde luego sorprende el desparpajo de quien titula sus Memorias como Memorias de un cacique (José Mesa y López, Memorias Políticas, que él mismo titula “Memorias de un Cacique”, y abarcan de 1915 14 manuel j. sarmiento acosta


centrales, el esbozo rudimentario de la noción de región, que se puede detectar, por ejemplo, en el pensamiento de Pedro Pérez Díaz (El problema canario), la dificultad de convencer que en Canarias es la isla, y no la provincia, la que debe servir de base para articular el ejercicio del poder público administrativo, que se detecta, asimismo, en los argumentos y acciones de otro personaje relevante, pero olvidado, como Manuel Velázquez Cabrera, y su Resumen histórico y documentado de la autonomía de Canarias (Imprenta El Tribuno, Las Palmas de Gran Canaria, 1913), o, en fin, la actuación de prohombres del sistema que de forma trabajosa acertaron a alumbrar una solución con un proceso de gestación problemático y hasta traumático. Resuenan en el injusto concierto de la Historia nombres como los del Rey Alfonso XIII, José Canalejas, el perspicaz Álvaro de Figueroa, Conde de Romanones; incluso, en un nivel más modesto, los de Luis Morote, León y Castillo, Antonio Domínguez Afonso, Pedro Poggio y Álvarez, Gil Roldán, Pérez Armas, Tomás de Zárate y Morales o Gumersindo de Azcárate. Casi todos ellos tienen exergos, inscripciones, calles o plazas, y meticulosos historiadores. Es claro que la Historia es muy despistada, y estar en el lugar adecuado y en el momento idóneo, y con la persona o partido propicio, es suficiente para figurar en los primeros puestos y recibir la luz de la gloria. No tener esa suerte que da el azar o la cercanía al poderoso condena irremisiblemente a los “glaciares del olvido”, como quería Jorge Luis Borges (“Que los glaciares del olvido me arrastren y me pierdan, despiadados”, decía en El remordimiento). Ese olvido, en nuestro caso, es particularmente significativo hasta fechas recientes. Felipe BERMÚDEZ SUÁREZ en el libro El defensor de la isla. Manuel Velázquez Cabrera (1863-1916), ob. cit., pp.12 y 16, destaca precisamente el incomprensible y prolongado olvido de este personaje tan significativo para los Cabildos; y la tesis doctoral de Juan José RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, titulada “Pedro Pérez Díaz. Su aportación a la génesis y regulación de los cabildos insulares” (4 de abril de 2011), denuncia, asimismo, el olvido de Pérez Díaz, que tuvo una relevancia indudable en la configuración moderna de las instituciones insulares25. Parece que, con ocaa 1936(Vid. M. GUIMERÁ PERAZA, José Mesa y López (1877-1951), Fundación Canaria Mapfre Guanarteme, Las Palmas de Gran Canaria, 2000, p. 17), sobre todo porque en la etapa de la Restauración, y todavía en la posterior, el término cacique no evoca aspectos muy positivos del ser humano, precisamente. Véase para constatarlo lo que dice el célebre Joaquín COSTA (Oligarquía y caciquismo como forma actual de gobierno en España: urgencia y modo de cambiarla. Vol. I. memoria y resumen de la Información, ob. cit., pp. 21 y ss., que tratan del cacique). Dice COSTA, “¿exageraba Azcárate al definir el caciquismo como “un feudalismo de nuevo género, cien veces más repugnante que el feudalismo guerrero de la Edad Media?” (p. 26). Hay una obra de la época, escrita por Felipe TRIGO, Jarra pellejos, que se publicó en 1914, aunque hay ediciones posteriores, que traza un relato implacable del arquetipo de cacique de la primera parte del siglo XX. 25 No obstante, la responsabilidad de este olvido —o relegación— no se puede atribuir a los juristas, que ordinariamente se basan en la investigación histórica que hacen los historiadores. El Derecho y la Historia pueden complementarse, pero tienen un objeto, una metodología y unos fines distintos. Aunque la Historia del Derecho sea necesaria para conocer y aplicar bien el Derecho en vigor, no puede el jurista positivo tener la misma responsabilidad en esa relegación que el historiador. Pues el jurista positivo centra su trabajo, como es lógico, en el Derecho positivo, al que maneja con unas técnicas y unos instrumentos que no son los propios del historiador, y si bien es verdad que deben tener en cuenta los “antecedentes históricos y legislativos” para conocer el contenido y alcance de las normas (así nos lo dice, por ejemplo, el artículo 3.1 del Código civil), estos antecedentes son, fundamentalmente, la “legislación anterior a que la norma viene a sustituir” y “los trabajos preparatorios de redacción de la norma interpretada (anteproyectos, proyectos, exposiciones de motivos, discusiones parlamentarias, etc)” (Vid. L. DÍEZ-PICAZO y A. GULLÓN, Sistema de Derecho Civil Volumen I, Tecnos, Madrid 4.ª d. 1981; 1.ª reimpresión de 1982, REVISTA JURÍDICA DE CANARIAS 15


sión del centenario de la Ley de 1912, se exhuman estas figuras y se sacan del desván de los eruditos sus obras; lo cual es sin duda positivo, no ya por la vanidad personal o colectiva o por la utilización política, sino para el enriquecimiento cultural del Archipiélago Canario. Ahora bien, es claro que no puede atribuirse una paternidad concreta a la “recreación” de los Cabildos Insulares. Sería sesgado y, además, no del todo justo, poner un nombre específico en su establecimiento moderno. Hay una corriente propicia que se manifiesta en el discurso de distintos personajes y políticos. Existieron asambleas, folletos, informes, etc,. Marcos GUIMERÁ PERAZA en su estudio Pérez Armas y los Cabildos Insulares26, afirma que el indudable acierto de la creación de los Cabildos fue debido “a los esfuerzos de muchos”. En igual sentido, el historiador MILLARES CANTERO ha afirmado que resulta del todo inútil, decimonónico y hasta demasiado cretinesco hablar de paternidades al abordar el origen de la Ley de 1912 (“Estudio preliminar, notas y apéndices”, Pérez Díaz, El problema canario); sin embargo, tampoco sería justo no señalar la importancia que tuvo el soporte intelectual de la obra de Pedro Pérez Díaz, y, quizá en menor medida, la de Manuel Velázquez Cabrera27. Así p.201), no tanto las personas concretas y su mayor o menor influencia en esos textos, aunque no se pude, tampoco, despreciar esto último. 26 Liberales de Tenerife, Santa Cruz de Tenerife, 1987, p. 49. 27 La afirmación de “en menor medida” no quiere, en modo alguno, minusvalorar la figura de este majorero. Pero es lo cierto que, como ha subrayado F. BERMÚDEZ CABRERA en su libro El defensor de la isla. Manuel Velázquez Cabrera…, cit., p. 241, “se percibe en las ideas de Velázquez, la clara influencia del pensador palmero”, si bien es verdad que este mismo autor luego subraya que “También hemos comentado, en los párrafos anteriores, la influencia del majorero en los artículos de prensa del amigo palmero”. El propio BERMÚDEZ en la p. 304 destaca con ocasión del folleto de Pedro Pérez Díaz “El problema canario” lo siguiente: “En este folleto se aprecia lo que ya habíamos adelantado, con ocasión de sus anteriores publicaciones (en 1906, 1908 y 1909): se trata de la obra de un verdadero intelectual, considerado por Millares Cantero “uno de los mejores estudiosos de la cuestión regional por estas latitudes”. Aparecen con mayor claridad sus lúcidos planteamientos respecto de la personalidad insular y a la necesaria autonomía de todas las islas, ideas que tuvieron una clara influencia en Manuel Velázquez, que hizo suyos estos razonamientos, impregnados de una gran carga jurídica”. BERMÚDEZ también arguye que, sin embargo, a la hora de aplicar el mismo principio a la división electoral, “la postura de Pérez Díaz es más tibia, moderando el criterio, en el sentido de que “debe crearse, parece natural que se cree, un diputado por cada una de las islas de Lanzarote, Fuerteventura, Gomera y Hierro, o, cuanto menos, agruparlas a fin de que tengan un diputado la primera y segunda y otro la tercera y cuarta, si es que el Parlamento no estimara las razones expuestas” (p. 305). Frente a esto, nos dice BERMÚDEZ que la posición de Manuel Velázquez fue siempre más definida y contundente, ya que siempre optó por el reconocimiento efectivo del derecho de cada isla a gobernarse por sí misma, sin consagrar dependencias a otras islas (p. 306). A esto hay que añadir que la propuesta de Manuel Velázquez está menos desarrollada. En las bases del Plebiscito segunda y tercera, que son las que aluden a la cuestión de los organismos insulares —pues la primera se reserva a la elección de los diputados a Cortes—, se dice textualmente: “Segunda: Cada una de las Islas Canarias, que tengan Municipios constituidos según nuestras leyes, se regirá con su autonomía propia en todos los órdenes administrativos, que en la actualidad conciernen a la Diputación Provincial; creándose al efecto, en cada isla, una Junta, en que estén debidamente representados todos los pueblos de la misma y en cuya gestión intervenga de modo directo el Gobierno de la Nación: al efecto se reglamentará la constitución de esta Junta, determinando el límite de la acción del Gobierno”; y la Tercera dice: “Las Juntas a que se refiere la base anterior tendrán las atribuciones necesarias para la defensa y dirección de los intereses morales y materiales comunes a todos los pueblos de cada Isla y para establecer los medios de relación necesarios a la defensa de intereses que afecten a todo el Archipiélago”. Por su parte, Pedro Pérez Díaz en “El Problema canario” (Contestación formulada por el 16 manuel j. sarmiento acosta


lo afirma, por ejemplo, Manuel Ramírez en su libro, ya citado El Cabildo de Gran Canaria y sus presidentes…). Dice este historiador (p. 35): “Por otra parte, la Ley se basó en el pensamiento político de dos fervientes autonomistas, el majorero Manuel Velázquez Cabrera y el palmero Pedro Pérez Díaz”28.

2. El rescate del olvido de Manuel Velázquez Cabrera y su Plebiscito Con respecto a Manuel Velázquez Cabrera, es necesario resaltar como merece su iniciativa y resolución para la redacción de un plebiscito de las llamadas “islas menores” del Archipiélago canario Lanzarote, Gomera, Fuerteventura y el Hierro, que elevó a las cámaras de la nación. Leído desde la perspectiva que da el tiempo, y a pesar de sus limitaciones, se presenta como un auténtico “grito” de estas islas frente a la ignorancia y desconsideración que se había mostrado con relación a sus evidentes problemas. En su Resumen histórico y documentado de la autonomía de Canarias, 1913 (editado en 1973 por el Cabildo Insular de Gran Canaria, con Prólogo de Bernardino CORREA VIERA, y en 1994 por la Viceconsejería de Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, por el que se cita) alude Velázquez a la falta de representación de las islas menores. “Lo único serio, noble y posible es el plebiscito; a él apelamos si es que nos dejan realizarlo” (p. 39); señala la pugna entre Tenerife y Gran Canaria que “luchan egoísta y desesperadamente por devorarse la una a la otra”(p. 40). Destaca el atraso y la incultura, la emigración, etc de las islas, lo que hace que este “Archipiélago, indebidamente llamado Afortunado, para las islas menores”(p.46) no pueda someterse a lo dispuesto en la Ley provincial. Por ello intenta conectar con el pasado. “No tenemos que ir muy lejos —arguye—, para hallar el remedio de nuestros males: nuestra misma Historia nos da la solución del hoy tan cacareado Problema canario; ésta nos demuestra que desde la Conquista en 1483 (sic) hasta principios del siglo XIX, cada Isla, ya de realengo, como lo eran las de Gran Canaria, Tenerife y La Palma, llamadas mayores; ya de señorío, como eran Lan-

Letrado D. Pedro Pérez Díaz a la información abierta por R. O. dictada por el Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación, en 16 de Abril (sic) último, acerca de la organización político-administrativa que a la provincia de Canarias debe darse) formula una propuesta más acabada. Alude a organismos de necesaria existencia en todas las islas, a sus atribuciones concretas (vías públicas, ferias, medidas generales que afecten a la limpieza) a su organización, a las relaciones con los municipios y con la Diputación, etc, etc. Es obvio que el desarrollo es mucho más detallado. En cualquier caso, la iniciativa de Manuel Velázquez, aunque menos técnica, tuvo un valor indudable. La labor de gestión (viaje, conferencias, etc.), y el mismo plebiscito, son dignos del necesario reconocimiento. 28 Ya J. VALLE BENÍTEZ en su obra Los Cabildos Insulares de Canarias mencionaba la relevancia de Pedro Pérez Díaz y de Manuel Velázquez Cabrera, pp.35 y ss., y 57 y ss. En la p. 35, en concreto, señala: “La fuerza vital, singularidad de cada isla y su reconocimiento legal es el acierto primordial de los pensadores canarios”, y cita a Leopoldo Matos, Pedro Pérez Díaz y Manuel Velázquez. Son, pues, ” hombres del país”, y no forasteros desconocedores de la idiosincrasia propia del Archipiélago. Ya hemos visto que uno de los obstáculos del problema canario fue la incomprensión, derivada de un corto dogmatismo organizativo. A. NIETO GARCÍA, que hizo el “Prólogo” de la obra de VALLE BENÍTEZ, así lo destacaba: “Un siglo de hondas rivalidades y de enconadas cuestiones había demostrado hasta la saciedad que ninguno de estos planteamientos era capaz de suministrar una solución viable y conciliadora. Pero los hombres del país supieron reaccionar contra esta situación desesperada y a lo largo del libro —dice—, se pone de manifiesto el esfuerzo realizado por los propios canarios para llegar a una solución mejor” (p. II). REVISTA JURÍDICA DE CANARIAS 17


zarote, Gomera, Fuerteventura y Hierro, llamadas menores, tenían todas y cada una de ellas, además de las Autoridades que administraban cada pueblo, su Cabildo o Corporación, que entendía sólo de los asuntos que afectaban a toda la isla (…)” (p. 47). Por ello en su base dos se decía: “Cada una de las Islas Canarias, que tengan Municipios constituidos según nuestras leyes, se regirá con su autonomía propia en todos los órdenes administrativos, que en la actualidad conciernen a la Diputación Provincial; creándose al efecto, en cada isla, una Junta, en que estén debidamente representados todos los pueblos de la misma y en cuya gestión intervenga de modo directo el Gobierno de la Nación: al efecto se reglamentará la constitución de esta Junta, determinando el límite de la acción del Gobierno”, y en la base tercera se hacía una referencia muy genérica a las atribuciones: “Las Juntas (..) tendrán las atribuciones necesarias para la defensa de los intereses morales y materiales comunes a todos los pueblos de cada Isla y para establecer los medios de relación necesarios a la defensa de intereses que afecten a todo el Archipiélago”. Se trata, más que de un documento técnico, bien hilvanado con categorías, conceptos, competencias, etc, de un documento político que debe adquirir su significado y su mayor o menor mérito en este ámbito. Lo verdaderamente significativo es que en una época sombría como la de la Restauración, anegada por el caciquismo, la ignorancia y las corruptelas, el voluntarioso majorero29 llevó a cabo una gestión sin duda admirable. Agustín MILLARES CANTERO, que ha estudiado con pormenor la figura de Manuel Velázquez, califica al Plebiscito de las Islas menores como “uno de los documentos más relevantes de nuestra historia política contemporánea”30, y acierta de lleno este historiador en su afirmación: se trata de un documento relevante en la “historia política”, que no jurídica, ya que no alcanza el desarrollo técnico que, por ejemplo, sí logra el planteamiento de Pedro Pérez Díaz, si bien en el palmero todavía se aprecian las deficiencias dogmáticas y conceptuales que la época imponía, y que, como es lógico, no es demérito de él, sino del estado general de la evolución jurídica. En cualquier caso, como afirma MILLARES CANTERO, este Plebiscito ha sido ignorado o apenas valorado como merece31, algo que en los últimos años parece que se ha superado, sobre todo desde los análisis que han hecho Joaquín VALLE BENÍTEZ en su tesis Los Cabildos Insulares de Canarias, que lo califica como uno de los “pensadores” del reconocimiento de la realidad insular (p. 62, entre otras), Marcos GUIMERÁ PERAZA en su archiconocida obra El Pleito insular, o de Bernardino CORREA VIERA32, que reedita el entonces casi olvida Como destaca F. BERMÚDEZ SUÁREZ, en El defensor de la isla. Manuel Velázquez Cabrera, ob. cit., p. 96, se observa cómo Manuel Velázquez otorgó a la fuerza de voluntad un valor esencial para la vida de todo hombre. Así afirmaba que “la fuerza de voluntad es el primer factor en la vida del hombre”. Fuerza de voluntad que observamos en la manera de gestionar el plebiscito, y que él mismo se encarga de anotar en su ya citado Resumen histórico y documentado de la autonomía de Canarias 30 “El Plebiscito Canario de 1910, un movimiento autonomista y burgués”, en Vegueta, núm. 1, octubre 1993, p. 202. 31 Cit., p. 202. Nos dice, asimismo, que el Plebiscito “significó una dura réplica hacia las contestaciones leoninas al cuestionario gubernamental, negando la unanimidad divisionaria que desde el 5 de abril de 1908 habían pretendido las corporaciones municipales del grupo oriental reunidas en Las Palmas” (p. 207). 32 Al que F. BERMÚDEZ SUÁREZ, El defensor de la isla …, cit., p.474, le atribuye el mérito de “redescubrir” a Velázquez Cabrera. Dice: “el verdadero redescubrimiento de Velázquez se debe al grancanario Bernardino Correa Viera, a principios de los 70. Interesado por los problemas canarios, por su acervo económico tradicional, por la proyección africana del Archipiélago, queda fascinado por la figura de Ve29

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do Resumen histórico documentado de la autonomía de Canarias. A estos autores hay que añadir la obra, ya mencionada, de historiadores como MILLARES CANTERO, o el mismo BERMÚDEZ SUÁREZ, que, como es natural, inciden sobre el Plebiscito y el significado político de Manuel Velázquez. Hoy podemos decir que la figura de este ilustre majorero no se la han llevado “los glaciares del olvido”33, como diría Borges. Es una figura reconocida, que tiene, incluso, su propia Fundación: la Fundación Manuel Velázquez Cabrera34.

3. La reivindicación de las propuestas técnicas de Pedro Pérez Díaz No menor relieve tiene Pedro Pérez Díaz. Nacido en Villa de Mazo (La Palma) el 29 de junio de 186535, estudio en el Instituto Provincial de Canarias, en La Laguna (Tenerife), dependiente del distrito universitario de Sevilla, y luego cursó las carreras de Filosofía y Letras y Derecho, en Madrid —Universidad Central— Se doctoró con la tesis doctoral titulada “Análisis de la concepción del Derecho por Kant y Savigny”, y luego ingresa por oposición en el Consejo de Estado36. Esto ya marca una característica que debe ser tenida en cuenta, pues supone que se había pertrechado bien de conocimientos en Derecho Público; unos conocimientos lázquez. Con verdadero entusiasmo, acomete la tarea de reeditar el Resumen histórico documentado de la Autonomía Canaria, que contiene el Plebiscito, rescatándolo del olvido”. 33 Como es obvio, el rescate del olvido debe tener un carácter social, es decir, de beneficio para la Sociedad y la evolución de Canarias. No se trata tanto de hacer concesiones a la vanidad, de utilizar políticamente su figura, o de aspirar neciamente a figurar en la foto, como por desgracia hoy es común en una “cultura del espectáculo”, tan hinchada como vacua, que ignora los valores esenciales que se deben tutelar y se queda en la superficie. Muchos políticos, artistas y periodistas de corto vuelo son un buen ejemplo de ello. No tienen la capacidad para ver que lo más probable es que dentro de cincuenta, setenta o cien años, en el mejor de los casos, serán una nota a pie de página, un nombre que se confunde con otros o una lápida con dos fechas irrevocables. Estarán devorados —ellos sí— por los “glaciares del olvido”. Lo cual, bien mirado, tampoco es necesariamente malo, como con su agudeza característica nos recuerda, de nuevo, Jorge Luis Borges, en un certero poema “A un poeta menor de la Antología”. En la parte final del poema dice: “Sobre otros arrojaron los dioses la inexorable luz de la gloria, que mira las entrañas y enumera las grietas, de la gloria, que acaba por ajar la rosa que venera; Contigo fueron más piadosos, hermano”. 34 Manuel Velázquez Cabrera murió en Madrid, en 1916. Al parecer según “el testimonio oral de sus nietos, trasmitido a ellos a su vez por sus padres, se fue un día de paseo al Retiro y le sorprendió una fuerte nevada. Al parecer, sus somnolencias le jugaron una mala pasada: se quedó dormido en un banco del parque y le estuvo nevando encima durante un largo rato. Cogió una fuerte pulmonía y a los tres días murió” (Cfr. F. BERMÚDEZ SUÁREZ, El defensor de la Isla…, cit., p. 429).Esto sucedió el día 19 de diciembre de 1916. Sus restos, como dice BERMÚDEZ (p. 436), descansan “en una oscura cripta de su panteón familiar del Cementerio de Las Palmas de Gran Canaria”. 35 Por tanto, no es cierto, como nos recuerda la tesis doctoral de Juan José RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, (“Pedro Pérez Díaz. Su aportación a la génesis y regulación de los cabildos insulares”, leída el 4 de abril de 2011 en el ámbito del Departamento de Derecho Constitucional y Ciencia Política de la Universidad de La Laguna), que naciera en 1867 (lapsus o error que se aprecia, por ejemplo, en el, por lo demás, muy interesante libro de F. BERMÚDEZ SUÁREZ, El defensor de la isla. Manuel Velázquez Cabrera, ob. cit., p 223, nota 373), sino el 29 de junio de 1865. Lógicamente, esto no deja de ser una minucia de eruditos, pero conviene ser exactos, cuando se puede serlo, que no es siempre. 36 Todos estos datos se extraen de la tesis doctoral, ya mencionada, de J. J. RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ. Por lo demás, PÉREZ DÍAZ llevó a cabo una labor intelectual de relieve; discípulo de Francisco GINER DE LOS RÍOS, y amigo entrañable de su suegro, Nicolás SALMERÓN ALONSO, perteneció al Ateneo de Madrid, fue también, como nos recuerda J. J. RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ (p. 61) un persistente difusor REVISTA JURÍDICA DE CANARIAS 19


más desarrollados y técnicos que los que pudiera tener un Abogado normal de la época37. Ciertamente, un Derecho Público maltrecho, con un Derecho Político de corte enciclopédico, especulativo y con un objeto muy extenso (Sociología y Ciencia Política, Historia política de España, etc), que impedía profundizar con la eficacia necesaria en los distintos temas. Como ha afirmado GALLEGO ANABITARTE, esta forma de concebir la materia era muy respetable, y, quizá añadimos nosotros —otorgaba una cultura notable—, pero desde luego “era todo menos Derecho público y Derecho constitucional”38. Y, por lo que se refiere al Derecho Administrativo, la situación tampoco era notablemente mejor. La obra jurídica de la Restauración está mediatizada, como es obvio, por el sustrato político de la época. Es la época de la “armonía”39, de la transacción que permite desarrollar el sistema que implantó Cánovas; pero un sistema, como ya hemos notado, cancerado por el caciquismo, las corruptelas y, en general, la crisis política y moral (recuérdese el desastre de 1898, los regeneracionistas, etc.). Por ejemplo, en cuanto al contencioso-administrativo, la Ley de Santamaría de Paredes, de 13 de septiembre de las teorías marxistas. Murió en Madrid el 26 de marzo de 1930 debido a una angina de pecho (p. 54). 37 Para conocer el estado de los estudios de Derecho, y, en particular, de las asignaturas de Derecho Político y de Derecho Administrativo, es necesario remitirse a los interesantes trabajos de A. GALLEGO ANABITARTE, Formación y enseñanza del Derecho Público en España (1769-2000). Un ensayo crítico, cit., pp.283 y ss., y “Las asignaturas de Derecho Político y Administrativo: el destino del Derecho Público español”, Revista de Administración Pública, núms. 100-102, 1983, pp. 705 y ss. (en particular, sobre la época del autor que tratamos, “La unidad armónica del Derecho público de la restauración”, pp. 763 y ss.). También, A. NIETO GARCÍA, “Apuntes para una historia de los autores de Derecho Administrativo General Español”, incluido en el volumen recopilatorio, Estudios de Derecho y Ciencia de la Administración, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2001, en especial, pp. 464 y ss., que son las que tratan de los autores más usados en la Restauración. Téngase en cuenta, asimismo, que los Letrados del Consejo de Estado son juristas con una formación muy rigurosa. La lista de ilustres expertos es larga: Niceto ALCALÁ ZAMORA, Eduardo GARCÍA DE ENTERRÍA, José LUIS VILLAR PALASÍ, Jaime GUASP DELGADO, José A. GARCÍA TREVIJANO FOS, etc, etc (Cfr. G. HERNÁNDEZ-GIL ÁLVAREZ CIENFUEGOS, “El letrado del Consejo de Estado”, en el vol. colectivo, coord. por L. DÍEZ PICAZO Y PONCE DE LEÓN, El oficio de jurista, Siglo XXI editores, Madrid, 2006, p. 87, en nota, donde relaciona una serie de juristas que pertenecen o han pertenecido a este alto cuerpo). Esta misma autora —es decir, Guadalupe HERNÁNDEZ—, arguye que el ingreso en el cuerpo de Letrados del Consejo de Estado “requiere una especial preparación que acredite una sólida formación y competencia técnica” (p. 94). En la época de Pedro PÉREZ DÍAZ, tenía también bastante importancia. Véase una breve referencia sobre este cuerpo consultivo, durante la vida profesional de este autor, en J. SÁNCHEZ-ARCILLA BERNAL, Historia de las instituciones político-administrativas contemporáneas (1808-1975),Dykinson, Madrid, 1994, pp. 265 y 266. También, V. SANTAMARÍA DE PAREDES, Curso de Derecho Administrativo según sus principios generales y la legislación actual de España, Imprenta Española, Madrid, 8.ª ed. 1914, p. 156, que se refiere al personal “administrativo del Consejo de Estado”, donde inserta a los oficiales letrados. 38 Formación y enseñanza del Derecho Público en España (1769-2000). Un estudio crítico, cit., p. 311. Dice este autor: “El análisis jurídico sobre los problemas del Estado, no de carácter especulativo sino basado en el Derecho vigente a aplicar, fue realizado parcialmente por el Derecho administrativo español hasta 1978 (..)”. 39 Es sintomático que un autor de la Restauración, como Vicente SANTAMARÍA DE PAREDES, en su Curso de Derecho Político según la Filosofía política moderna, la historia general de España y la legislación vigente, Imprenta Española, Madrid, 9.ª ed. 1913, pp. 331 y ss., hable y desarrolle lo que llama “Del Poder armónico”, una suerte de cuarto poder que mantiene “la independencia, el equilibrio y la armonía de los tres poderes” (p. 333). 20 manuel j. sarmiento acosta


de 1888, estableció deliberadamente un sistema de control de la Administración que permitía bloques enteros de discrecionalidad, y, por tanto, de posibles arbitrariedades40. Técnicamente, además, el Derecho Administrativo era rudimentario, muy lejos todavía de las excelencias técnicas que se estaban fraguando en otros países, como Francia y Alemania, donde el papel del Consejo de Estado francés o de la doctrina alemana del Derecho Público potenciaron un desarrollo muy relevante de técnicas, dogmas y categorías jurídicas de indudable calado para el avance del control de la Administración, la protección de los derechos de los particulares, y el desarrollo del Estado de Derecho. En particular, en la época en que estudió PÉREZ DÍAZ no se produce todavía la recepción del llamado “método jurídico”41, y eso de alguna forma se advierte en algunos de sus notables escritos.

Vid., por ejemplo, E. GARCÍA DE ENTERRÍA y T. R. FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Curso de Derecho Administrativo II, Civitas, Madrid, 6.ª ed. 1999, pp.552-554. 41 Esta recepción se produce a fines del siglo XIX y principios del XX, y con un nivel muy inferior (J. A. SANTAMARÍA PASTOR, Fundamentos de Derecho Administrativo I. Ed. Centro de Estudios Ramón Areces, S. A., Madrid, 1988; 1.ª reimpresión 1991, pp. 179 y 180). Hay un panorama doctrinal de “innegable mediocridad” (J. A. SANTAMARÍA PASTOR, ob. cit., p. 180), lo cual comienza a cambiar a partir de 1950, con la llamada “generación de la Revista de Administración Pública”. Esto significa que es una época donde priman los meros análisis exegéticos, lineales, sin mayor profundidad, pues no hay un entramado conceptual acabado, bien hilvanado, y seriamente apoyado en bases constitucionales —repárese en que la Constitución de 1876 no mereció ningún comentario jurídico (A. GALLEGO ANABITARTE, Formación…, cit., p. 338)— e, incluso, históricas. De analizar meramente lo que dice una Ley (a veces ni siquiera analizar, sino reproducir pura y simplemente) sin ensamblar el examen en un discurso técnico, con raíz en la Constitución como norma fundamentadora, sin análisis histórico de esa misma técnica o categoría jurídica —como si ésta fuera una creación original de un legislador aséptico— a hacerlo con método jurídico va un largo trecho. Y eso, sin duda, se nota a la hora de plantear propuestas legislativas o en el momento de desarrollar nociones como las de autonomía, descentralización, etc, etc. Porque una cosa es el mero comentario político, sesgado, coyuntural, interesado a veces, más o menos imparcial otras; y otra cosa bien distinta es el comentario técnico-jurídico. El análisis objetivo de una técnica o una categoría. Como dice GALLEGO en el libro citado (p. 337), “Éste fue el ethos científico de LABAND, que, a mi juicio, independientemente de la rectitud de sus soluciones y comentarios, sigue siendo válido. Este método y estilo va creando unos hábitos de análisis y comentario en los que no están presentes las observaciones políticas, sociales, económicas, etc., sino que la atención se centra en el sentido de los términos de la Constitución, que se interpretan en sí mismos y con los principios y conceptos de la tradición jurídica europea (…). Se va creando un corpus de Derecho público, con unos intérpretes que manejan un lenguaje común y pasan, sin solución de continuidad, de las técnicas de subvención en el Estado moderno al recurso de amparo. No se sabe de todo —prosigue GALLEGO—, porque es imposible, pero se tiene el instrumentario conceptual para poder analizar y dialogar a un mismo nivel sobre las cuestiones de Derecho público”. Y, como arguye este autor: “Nada de esto ha ocurrido en España. La situación española está caracterizada por el divorcio entre el Derecho político (constitucional), teórico, especulativo e histórico, y un Derecho administrativo vinculado necesariamente a la Ley y al Reglamento vigente, aunque sin bases propias jurídico-constitucionales estatales, cuando se produjo la recepción jurídico-constitucional y administrativa francesa y alemana a partir de finales del siglo XIX”. De eso se trataba, justamente, de reducir el campo objeto de análisis; de pasar del campo infantil del todo (imposible por su propia dimensión y las limitaciones humanas), al campo de la madurez del análisis y desarrollo de “lo posible”, es decir, de lo manejable en términos humanos, que, paradójicamente, es lo más eficaz y lo que ayuda a progresar más. Lo ha dicho, de otra manera, E. SCHMIDT-ABMANN “El método de la ciencia del Derecho Administrativo” (J. BARNÉS (Ed.), Innovación y reforma en el Derecho Administrativo, Global Law Press. Editorial Derecho Global, Sevilla, 2006, p. 138): “El éxito del método jurídico de 40

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