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LOS NUEVOS MARCOS DE RELACIONES LABORALES EN EL RENOVADO ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS XXI CONGRESO NACIONAL DE DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL

tirant lo b anch Valencia, 2011


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© Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social

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Índice Prólogo...................................................................................................................................

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JESÚS CRUZ VILLALÓN Vicepresidente de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social

PONENCIA GENERAL El nuevo marco de relaciones laborales en el renovado Estado de las Autonomías .................................................................................................................................

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EDUARDO ROJO TORRECILLA Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Barcelona

PRIMERA PONENCIA Políticas de Empleo y Comunidades Autónomas ..........................................................

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JOAQUÍN APARICIO TOVAR Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Castilla La Mancha

1. MOLINA HERMOSILLA, Olimpia: “Las nuevas competencias autonómicas en materia de gestión de la inmigración y sus consecuencias para el ámbito de la política de empleo”.......................................................................................................................

163

2. SALAS PORRAS, María: “Las Entidades Colaboradoras, el Servicio Público de Empleo Estatal y los Servicios Públicos de Empleo Autonómicos” ..........................................

183

3. BASEIRIA MARTÍ, Judit: “Las competencias del servicio de empleo de Cataluña en relación a los trabajadores inmigrantes”.......................................................................

199

4. CEINOS SUÁREZ, Ángeles: “El Servicio Público de Empleo Estatal y el acceso de los extranjeros al mercado de trabajo: ¿algún espacio para los servicios públicos de empleo de las Comunidades Autónomas?” ...................................................................

223

5. FERNÁNDEZ COLLADOS, Mª Belén: “Consecuencias de la atribución a las CC.AA. de competencia ejecutiva en materia de autorizaciones de trabajo de extranjeros” ..

239

6. CORDERO GORDILLO, Vanessa: “El fomento del empleo de las personas con discapacidad por las Comunidades Autónomas” ..............................................................

253

7. PASTOR MARTÍNEZ, Alberto: “La intervención de las CC.AA. en la concesión de la autorización inicial de trabajo desde la perspectiva de una gestión descentralizada y coordinada de las políticas inmigratorias” ...................................................................

271


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ÍNDICE

SEGUNDA PONENCIA Relaciones laborales y Comunidades Autonómicas......................................................

297

CAROLINA MARTÍNEZ MORENO Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Oviedo

1. YSÀS MOLINERO, Helena: “La participación institucional autonómica: regulación y organismos en Cataluña (especialmente a partir del Estatuto de 2006)”.................

341

2. SEPÚLVEDA GÓMEZ, María: “Competencias autonómicas para la fijación de servicios mínimos en huelgas que afecten a servicios esenciales” ..............................................

359

3. LÓPEZ ROCA, Cristina: “Aspectos laborales de la Ley 25/2009 y su incidencia en las competencias de las Comunidades Autónomas” ..........................................................

373

4. ARGÜELLES BLANCO, Ana Rosa: “Legislación autonómica sobre igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres: medidas de promoción de la igualdad en las empresas y la negociación colectiva” .......................................................................

391

5. DE VICENTE PACHÉS, Fernando: “Igualdad y políticas de conciliación de la vida familiar y laboral: un análisis en la Comunidad Autónoma Valenciana”....................

409

6. FOTINOPOULOU BASURKO, Olga: “La Defensoría para la Igualdad entre hombres y mujeres del Gobierno Vasco y su papel en la interdicción de las discriminaciones por razón de sexo tras la LOI” .......................................................................................

431

7. GARCÍA CAMPÁ, Santiago: “El derecho al trabajo de mujeres y hombres en igualdad de oportunidades en el marco de la normativa y las competencias autonómicas” ....

451

8. MARTÍNEZ YÁÑEZ, Nora María: “El principio de corresponsabilidad en las políticas autonómicas de conciliación” ........................................................................................

475

9. RODRÍGUEZ SANTOS, Estefanía: “Las políticas de igualdad de género en las relaciones de trabajo y las Comunidades Autónomas” .......................................................

497

10. AGUILAR MARTÍN, Mª Carmen: “Intervenciones de las Comunidades Autónomas en prevención de riesgos laborales”...............................................................................

523

11. MARTÍNEZ BARROSO, Mª de los Reyes: “El papel de la Autoridad Laboral autonómica en el proceso de acreditación de las entidades especializadas para la realización de auditorías del sistema de prevención de riesgos laborales” .........................................

543

12. LÓPEZ GÓMEZ, José Manuel: “Empleo público y Comunidades Autónomas” .........

563

13. MIRANDA BOTO, José María: “La competencia legislativa autonómica en materia de profesorado universitario contratado” .....................................................................

585

14. MORENO GENÉ, Josep: “El régimen jurídico-laboral del personal investigador en formación: ¿es la competencia de fomento de la investigación un título de atribución


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de competencias a las comunidades autónomas en materia laboral y de seguridad social?” ............................................................................................................................

605

15. DÍAZ RODRÍGUEZ, Juan Miguel: “El fomento del cooperativismo por el Estado y las Comunidades Autónomas” .......................................................................................

627

TERCERA PONENCIA Protección social y Comunidades Autonómicas ............................................................

645

LOURDES LÓPEZ CUMBRE Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Cantabria

1. FERNÁNDEZ ORRICO, Fco. Javier: “Distribución de competencias en materia de Seguridad Social entre Estado y Comunidades Autónomas, en particular, del Estatuto de Autonomía de Cataluña” ...........................................................................................

753

2. LOPERA CASTILLEJO, Mª José: “La ampliación de competencias autonómicas de Seguridad Social en los actuales Estatutos de Autonomía” .........................................

775

3. RODRÍGUEZ CARDO, Iván Antonio: “El concepto de asistencia social: un foco de permanente tensión entre el Estado y las Comunidades Autónomas” ........................

797

4. VICENTE PALACIO, Arántzazu: “Comunidades Autónomas y protección social de sus ciudadanos en el exterior” .......................................................................................

817

5. ÁLVAREZ CUESTA, Henar: “Lagunas y puentes en la protección de las rentas de inserción autonómicas” ..................................................................................................

841

6. GINÈS I FABRELLAS, Anna: “La Renta Básica en Catalunya. Reflexiones en torno a su viabilidad competencial” ........................................................................................

861

7. SELMA PEÑALVA, Alejandra: “Las rentas mínimas de inserción autonómicas” .......

879

8. ARETA MARTÍNEZ, María: “Universalización de la asistencia sanitaria pública y compensación interterritorial” ......................................................................................

893

9. RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Emma: “La atención a la dependencia en la Comunidad Autónoma de Galicia”.....................................................................................................

913

10. SERRANO ARGÜELLO, Noemí: “El territorio como foco de discriminación social. Perspectiva de Castilla y León” ......................................................................................

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Prólogo JESÚS CRUZ VILLALÓN Vicepresidente de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social

El sistema democrático español se viene caracterizando por una notable singularidad y, por ende, por una especial complejidad en la estructuración política, a tenor del encaje de un modelo esencialmente descentralizado del poder, sobre la base del llamado Estado de las Autonomías. La conocida dificultad de efectuar en su inicio, es decir, en el momento de la aprobación del texto constitucional, un diseño acabado del modelo de Estado, ha impedido la definición del mismo en la propia Constitución, como es habitual en la construcción de otros Estados democráticos modernos. La voluntad política de propiciar cotas elevadas de descentralización política, en muchas ocasiones con una intensidad que va más allá de lo que en sede doctrinal se suele conocer como un Estado federal, pero al propio tiempo con una palpable resistencia a la calificación como tal de la estructura política de nuestro modelo, dificulta notablemente su caracterización y, por ende, la clarificación de los criterios básicos ordenadores del Sistema político. En todo caso, más allá de las posibles discusiones terminológicas o tipológicas, la opción de mera aproximación en el diseño por parte del texto constitucional ha determinado que el mismo se haya ido perfilando progresivamente con el paso del tiempo, en términos tales que el proceso constituyente se ha prolongado a lo largo de todo el curso posterior de elaboración de los sucesivos Estatutos de Autonomía e, incluso, al hilo de la complementaria puesta en práctica de las realidades autonómicas en cada uno de los territorios. Más aún, como resulta bien perceptible, se trata de un proceso que puede entenderse permanentemente abierto, cuando menos hasta el momento presente, siempre en constante reconsideración, con una evolución de adaptación reiterada a los equilibrios políticos que van marcando los nuevos tiempos. Tal es la razón de que se trate de una cuestión política y jurídica de primera magnitud, en constante debate y, por tanto, siempre sometida a posibles modificaciones o innovaciones. Prueba palpable de ello, es la experiencia más recientemente vivida de reforma estatutaria en Comunidades Autónomas claves de nuestro entramado político institucional, con el complejo proceso vivido a lo largo de los últimos tiempos, indiscutiblemente aún no cerrado.


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Todo este fenómeno de hondo calado tiene una repercusión claramente dispar según las materias y perspectivas desde las que se aborde, pero no cabe la menor duda de que el mismo viene presentando un notable impacto sobre nuestra especialidad, sobre el ámbito del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Presenta un notable impacto, ante todo, por la relevancia que con carácter general presenta el conjunto de las políticas públicas en la ordenación de las relaciones laborales, del mercado de trabajo y en el diseño de nuestro Estado social de Derecho, con la consiguiente necesidad de aquilatar la opción del reparto de protagonismo político, así como de los canales de cooperación necesarios entre los diversas instancias territoriales, políticas y administrativas, llamadas a intervenir en la materia. A nadie se le escapa que las dificultades interpretativas generales que presentan los mecanismos de distribución competencial por materias, tal como se efectúa en el texto constitucional, se trasladan automáticamente en toda su extensión al conjunto de las instituciones sobre las que actúa el total del ordenamiento laboral y de Seguridad Social. Pero, es más, el Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social no sólo se convierte en un crisol emblemático del conjunto de tensiones y dificultades hermenéuticas que se suscitan en la dualidad Estado versus Comunidades Autónomas, sino que, por añadidura, en este concreto espacio de las relaciones sociales y de la intervención de los poderes públicos, presenta elementos propios de singularidad, adicionales a los generales, que incorporan dosis superiores de interés por la materia y, que duda cabe, de reforzada confusión en la resolución de los dilemas básicos al efecto. Sin necesidad de entrar en el detalle de cuestiones de tal envergadura, baste con mencionar algunos de esos elementos más singulares. Piénsese así en el papel central que asume en el ámbito de las relaciones laborales el reconocimiento de la autonomía colectiva y, en particular, del espacio vital asignado constitucionalmente a la negociación colectiva o más genéricamente a los procesos de concertación social. Este factor, por sí solo, introduce un tercer partenaire, de modo que ya no podemos analizar el asunto desde la perspectiva exclusiva de la dualidad Estado versus Comunidades Autónomas, por cuanto que la relación se convierte en una intrincada relación trilateral, con todas las aristas que ello comporta. Sin poder profundizar al efecto, no todo espacio liberado por el repliegue en la actuación competencial por parte del Estado en las relaciones laborales puede ser abordado de por sí por el poder autonómico, en la medida en que éste, como cualquier otro poder estatal, debe ser respetuoso igualmente con el espacio constitucionalmente asignado a la negociación colectiva. O bien, analizado desde la perspectiva inversa, los mecanismos de desarrollo de la concertación con los interlocutores


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sociales en modo alguno pueden convertirse en una vía indirecta de invasión por parte de uno de los poderes públicos respecto del otro, sin ser respetuosos con el reparto competencial entre el Estado y las Comunidades Autónomas; consideración como tal abstracta y, por ende, no referida a ninguno de los poderes políticos, sino a ambos. Al propio tiempo, los propios procesos de concertación social institucionalizados han propiciado la conformación de nuevas estructuras de autogobierno en la vertiente consultiva, que han dado lugar a nuevas experiencias hoy en día fuertemente asentadas en nuestro sistema de relaciones laborales en el ámbito autonómico. Al mismo tiempo, no puede aislarse la estructura política interna de nuestro modelo con los fuertes condicionantes derivados de la pertenencia de España a la Unión Europea, en particular por la cada vez más influyente orientación de las políticas públicas en materia laboral y social por parte del conjunto de las instituciones comunitarias. Este otro dato marca igualmente un impacto externo de un nuevo protagonista, que no puede desconocerse, lo que provoca consecuencias no menores, que justamente se ven reflejadas en los textos de los nuevos Estatutos de Autonomía. Por un lado, la aspiración de las autoridades autonómicas de participación como interlocutor directo ante las autoridades comunitarias, y, por otro lado, el hecho de que las decisiones de esta últimas acaban repercutiendo en el siempre delicado equilibrio entre de poder político entre el Estado y las Comunidades Autónomas. No al caso, algunos de estos Estatutos de Autonomía, al efectuar la tipología de las competencias que vienen a asumir a través de las mismas, viene a referir expresamente a las relativas a las “competencias en relación con la aplicación del derecho comunitario que comprende el desarrollo y la ejecución de la normativa del Estado”. Ciertamente la transposición de Directivas, en la medida en que comporta su incorporación al ordenamiento interno por vía de disposiciones de carácter general, se inserta dentro de la competencia legislativa del Estado, pero ésta a su vez, al realizar esa transposición, puede incidir en más o en menos sobre el correlativo espacio de ejecución de dicha legislación en los términos que mencionaremos a continuación. Y, en todo caso, lo que constituye desarrollo de políticas públicas por parte de la Administración Pública sí que apela inmediatamente a la actuación del poder autonómico, siendo caso prototípico de ello todo lo relativo a las políticas de empleo. En gran medida conectado con lo anterior es obligado tener en cuenta del mismo modo un asunto que, si bien lo es de carácter general, impacta de manera muy intensa en el ámbito de relaciones laborales: la búsqueda de la conciliación entre la voluntad de garantizar la unidad de mercado desde el punto de vista económico, con la trascendencia que a estos efectos presenta todo lo que afecta al mercado de trabajo, y, de otro lado, la igualmente decidida op-


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ción política por asegurar un espacio de gestión política real de las relaciones laborales por parte de las Comunidades Autónomas, que no consista en una mera fórmula de descentralización administrativa. En paralelo, la voluntad de que la cohesión social proporcionada al conjunto de los servicios públicos se desarrolle sobre la premisa de disfrute de idénticos derechos para todos los ciudadanos con independencia de su lugar de residencia, compatibilizando lo anterior con la transferencia a las Comunidades Autónomas de la gestión de esos servicios sociales. En suma, me refiero en este caso a toda la difícil concreción al ámbito de las políticas laborales y sociales del criterio general bien resaltado por parte del Tribunal Constitucional en orden a afirmar que el principio de igualdad de trato no puede confundirse con la uniformidad. De igual forma, el debate interpretativo acerca del alcance de concretos títulos competenciales contemplados en la Constitución como materia exclusiva del Estado o de la relación de competencias autonómicas en los correspondientes Estatutos, llegan a provocar un efecto reflejo de reverdecimiento de viejas cuestiones doctrinales en lo laboral y social nunca abandonadas del todo acerca de los contornos institucionales de nuestra disciplina. Baste con mencionar lo relativo a la relación entre Derecho del Trabajo y trabajo autónomo, por lo que afecta a la vertiente laboral; por ejemplo, en qué medida cuando algunos de los nuevos Estatutos de Autonomía han atribuido a las Comunidades Autónomas correspondientes la competencia de otorgamiento de la primera autorización de trabajo por cuenta propia a los extranjeros, lo han hecho en base al título relativo a la ejecución de la legislación laboral y, con ello, han abierto desde una nueva perspectiva el debate relativo a la incorporación del trabajo autónomo dentro del ordenamiento laboral en el sentido amplio del término. En parecidos términos, e igualmente a mero título ilustrativo, la dualidad competencial entre Estado y Comunidades Autónomas, ahora desde la perspectiva social, abre paso a un nuevo enfoque de todo el debate acerca de las relaciones y fronteras entre Seguridad Social y protección social; ejemplo típico de ello lo fue en su momento el incremento de las cuantías de las prestaciones no contributivas de Seguridad Social por parte de las Comunidades Autónomas en base al título competencial relativo a la asistencia social; y, más recientemente, la compleja opción del legislador estatal por construir el sistema de atención a la dependencia extramuros de la legislación de Seguridad Social, pero al propio tiempo buscando un fundamento constitucional a su regulación en base al reconocimiento constitucional de la igualdad de derechos de todos los españoles como título competencial propio y autónomo. Desde otra perspectiva, el incremento competencial de las Comunidades Autónomas en materia laboral y social apenas ha barruntado la traslación a este ámbito de la categoría denominada como competencias horizontales y


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transversales. Algo de ello se comienza a apuntar en la sentencia del Tribunal Constitucional valorativa de la constitucionalidad del nuevo Estatuto catalán, particularmente cuando alude a esta cuestión en relación con la competencia relativa a la autorización inicial de trabajo a los extranjeros. En todo caso, es una perspectiva, apenas esbozada para lo laboral, y a la que necesariamente tendremos que estar atentos en el inmediato futuro. Finalmente, sin voluntad de agotar la relación de aspectos singulares en esta vertiente, también conviene dejar constancia de la muy vigente discusión acerca de cuál debe ser el grado de intensidad del intervencionismo de la autoridad laboral en el desarrollo de las relaciones laborales, por cuanto que un incremento o repliegue del mismo propiciará un papel de mayor o menor relevancia de las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus competencias de ejecución de la legislación laboral. Desde la concreta perspectiva que estamos describiendo de este fenómeno, lo importante es resaltar el hecho de que la llave para incrementar o reducir el mencionado intervencionismo le corresponde al Estado, en el marco de la asunción de la exclusividad de la legislación laboral, en tanto que sobre la Comunidad Autónoma recae esa decisión del poder central. Sin descartar, por completar el panorama, que esa decisión estatal no sea autónoma plenamente por cuanto que a su vez pueda derivar de ciertos imperativos que encuentran su origen en la política comunitaria de liberalización de la prestación de servicios o de ejercicio material de la libertad de establecimiento. Por mucho que, en concreto, la conocida Directiva de servicios en su voluntad de reducir el intervencionismo administrativo no impacte inicialmente sobre el ámbito de las relaciones laborales y la actuación en la misma de la autoridad laboral, no deja de tener sus efectos colaterales y, sobre todo, no es descartable que en el futuro pueda abarcar aspectos próximos o circundantes de lo laboral. Todos los elementos precedentes, que desembocan en un incremento notable del proceso de descentralización política, sin saberse hasta qué punto está alterando la caracterización general del sistema político, abre nuevos interrogantes de futuro; interrogantes de futuro que, si bien lo son de carácter común a todas las materias, inciden de forma igualmente intensa sobre el ámbito de las relaciones laborales y la protección social. Por sólo aludir a los elementos más inmediatos del debate global, con implicaciones en lo laboral y social, mencionaríamos el proceso general de conformación de un modelo que por algunos se ha calificado de Federalismo cooperativo, que se traslada en lo concreto al papel futuro que deba en su caso asumir la Conferencia sectorial de empleo y asuntos sociales, al juego que puedan desempeñar algunas de las Comisiones bilaterales Estado-Comunidad Autónoma contempladas en algunos de los nuevos Estatutos de Autonomía, la posibilidad de ensayar la


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definitiva creación de una Administración única a los efectos de la relación de los ciudadanos con el conjunto de los poderes públicos, el modo de articulación en su conjunto de la transferencia a las Comunidades Autónomas de la Inspección de Trabajo, etc. Comoquiera que esta realidad tendrá diferentes grados de intensidad en función de las diferentes realidades autonómicas, que duda cabe que todo lo anterior tendrá un encaje diferente también según Comunidades Autónomas. Prueba de todo lo anterior es la destacada atención que ha prestado la doctrina laboralista al papel de las Comunidades Autónomas en las relaciones laborales y de protección social. Basta con efectuar una rápida revisión de la literatura al respecto, tanto en estudios monográficos como especializados, a través de libros como de revistas, para comprobar como desde los primeros momentos de la entrada en vigor de la Constitución ha sido bien amplia y extensa la investigación de los iuslaboralistas en cuestión tan crucial. Atención que se ha mantenido constante en el tiempo al hilo de cada hito producido en el devenir del proceso autonómico a lo largo de estas tres últimas décadas: aprobación de los Estatutos de cada una de las Comunidades Autónomas, procesos de transferencia material de funciones y servicios en materias laborales y sociales; articulación y desarrollo práctico de las competencias por parte de las respectivas Comunidades Autónomas; ensayos particulares de políticas públicas novedosas en el territorio en lo laboral y social; creación de instituciones propias en la estructura orgánica autonómica; mecanismos singulares de coordinación de las políticas públicas estatales y autonómicas; creación legislativa autonómica; impacto de todo lo anterior sobre el devenir de la negociación colectiva; conformación de una jurisprudencia social sobre la materia, etc. En esa órbita precisamente se sitúa el acontecimiento para nosotros relevante de que el II Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, organizado por la Asociación Española se dedicó precisamente a esta materia en el año 1991 y no casualmente se eligió a Barcelona como sede de su realización. Por ello mismo, tampoco ha sido en absoluto resultado de casualidades que cuando la Junta Directiva de la Asociación Española recibió la propuesta de celebración del Congreso Nacional por segunda ocasión en Barcelona, con la estrecha colaboración de la Universidad Autónoma de Barcelona, acordáramos que el objetivo de la misma fuera un nuevo abordaje de esta compleja materia, bajo el título de “Los nuevos marcos de relaciones laborales en el renovado Estado de las Autonomías”, celebrado en el Auditori del Palau de la Generalitat los días 20 y 21 de mayo de 2010. No se trataba exclusivamente del mero transcurso del tiempo, del hecho de que se remontara a prácticamente


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dos décadas desde que se analizara esta cuestión en el marco de los Congresos Nacionales, sino sobre todo de la concurrencia de circunstancias relevantes que volvían a poner sobre el debate científico general como tema de candente trascendencia la reordenación de los espacios y de las relaciones entre el Estado y las Comunidades Autónomas en materia laboral y social. Basta con traer a colación el impacto decisivo que ha tenido la aprobación de la nueva generación de Estatutos de Autonomía, comenzando por el correspondiente a Cataluña, siguiendo por los de Andalucía, Valencia, Aragón, Castilla y León, Islas Baleares y Extremadura, sin olvidar tampoco los intentos de reforma hasta el presente fallidos en el País Vasco, Canarias y Castilla-La Mancha, que con seguridad tarde o temprano se retomarán, incluso otros que le secundarán en esta senda renovatoria de los marcos autonómicos. Indiscutiblemente esa nueva hornada de Estatutos de Autonomía, aparte de mostrar la pujanza y consolidación de la estructura compleja del Estado, ha supuesto un nuevo y fuerte impulso en el proceso de descentralización política de nuestro modelo, con muy relevantes ampliaciones del marco competencial autonómico; aparte del hecho, que en modo alguno puede pasar inadvertido, de la incorporación a los nuevos textos estatutarios de un elenco de derechos y deberes ciudadanos a ejercer en sus relaciones con la Comunidad Autónoma; y, como tercer elemento a destacar, las nuevas claves de las relaciones institucionales entre la Administración General del Estado y la correspondiente autonómica. Son asuntos de indiscutible calado, que requerían de un tratamiento monográfico, a fondo y detallado del conjunto de cuestiones implicadas. El resultado del desarrollo del Congreso dio puntual y cumplida respuesta a las expectativas creadas con motivo de su programación, siendo el texto del libro que ahora se prologa testigo fiel del alto valor científico de todas las aportaciones efectuadas por ponentes, comunicantes y asistentes participantes en vivo a sus debates. En concreto, la celebración del Congreso Nacional ha constituido una oportunidad de primer orden para aglutinar a los principales especialistas del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en las cuestiones bien novedosas relacionadas con la elaboración, aprobación y entrada en vigor de los nuevos Estatutos de Autonomía. Ha sido ocasión de desbrozar con exactitud los nuevos retos que plantea la incorporación de competencias a los mencionados Estatutos, destacando entre ellas las relativas a la autorización inicial de trabajo a los extranjeros, el traspaso de la gestión plena de la Inspección de Trabajo, las competencias asumidas en materia de empleo, con particular atención a las políticas activas de empleo y a la intermediación en el mercado de trabajo, los nuevos enfoques de la concertación social en el ámbito autonómico, así como las nuevas intervenciones autonómicas en el ámbito de las políticas sociales.


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Ha sido ocasión igualmente de efectuar una lectura amplia y completa de la jurisprudencia constitucional dictada a resultas de la multitud de conflictos positivos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas; aspecto de permanente estudio entre la doctrina laboralista, pero que ahora requería una puesta al día general y, sobre todo, una relectura en contraste con la literalidad de los nuevos textos estatutarios. La muy decisiva sentencia de control de la constitucionalidad del Estatuto catalán, la ya tan conocida sentencia 31/2010, de 28 de junio, se dictó con posterioridad a la celebración del Congreso, pero ello no desmereció el valor de lo aportado en el mismo. El debate jurídico de posiciones que quedó reflejado en dicho importantísimo pronunciamiento judicial ya se intuía por los especialistas, de modo que no resultaba difícil que en el seno del Congreso Nacional se produjera un anticipo vislumbrado de los fundamentos de la sentencia, en la argumentación de ponentes y comunicantes al mismo. Incluso algunos de los textos que se publican en este volumen han tenido la oportunidad de actualizarse para dar cumplida cuenta de lo resuelto por nuestro alto Tribunal. La referencia a la jurisprudencia constitucional, en particular, ha dado lugar a valoraciones relevantes sobre todo en el ámbito de la protección social, con el siempre complejo deslinde entre Seguridad Social, de un lado, y asistencia social, de otra parte, con la nunca fácil resolución de los títulos competenciales en esta materia recogidos tanto en el texto constitucional como en los respectivos Estatutos de Autonomía. Sin pretender agotar el enorme cúmulo de perspectivas esenciales abordadas en el Congreso, en el mismo se tuvo ocasión también de efectuar un significativo recorrido por los resultados prácticos del ejercicio de las competencias asumidas por parte de las Comunidades Autónomas, con una descripción, diagnóstico y valoración relevantes de la puesta en práctica de las correspondientes políticas públicas por parte de las diversas Comunidades Autónomas. Particular atención se ha prestado al respecto a las experiencias de diálogo y concertación social en el ámbito de las Comunidades Autónomas; al diseño de nuevas estructuras institucionales de participación institucional igualmente en el ámbito de las Comunidades Autónomas; a la relación entre competencias autonómicas y negociación colectiva, así como entre aquella y ejercicio del derecho de huelga en los servicios esenciales de la comunidad; a las diversas experiencias en la innovación de las políticas activas de empleo, con particular atención a ciertos colectivos con dificultades acentuadas, como son los discapacitados o las mujeres; el desarrollo de incisivas políticas de fomento de la igualdad de oportunidades y de las políticas de conciliación; las peculiaridades de la aplicación de la legislación laboral al personal al servicio de las Administraciones Públicas; a las nuevas prestaciones sociales gestiona-


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das por las diversas autonomías, con particular atención al amplio despliegue normativo y administrativo en los que afecta a las rentas mínimas de inserción autonómicas, así como a la puesta en marcha del sistema de atención a la dependencia; la proximidad en el desarrollo de las políticas de prevención de riesgos laborales; el espacio al cooperativismo en los territorios, etc. Tan sólo la mención a este enorme cúmulo de materias permite vislumbrar la importancia y calado de los temas tratados en el mismo. La estructura del Congreso, reflejada en el presente libro, reproduce la ya bien consolidada y productiva de los encuentros anuales de la Asociación. Una primera ponencia general a cargo de uno de los Catedráticos de la Universidad colaboradora en la organización del mismo, tres ponencias temáticas a cargo de profesores de prestigio y plenos especialistas en las tres vertientes básicas en la que se desglosa la temática unitaria, completada por un considerable número de comunicaciones a cada una de las ponencias temáticas donde se tiene ocasión de analizar un aspecto puntual pero con gran profundidad y originalidad por los autores de las mismas. La ponencia general corrió a cargo del profesor Eduardo Rojo Torrecilla, Catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona, bajo el título de “Los nuevos marcos de relaciones laborales en el renovado Estado de las Autonomías. La Comunidad Autónoma de Cataluña como punto de referencia”. La primera ponencia temática fue asumida por el profesor Joaquín Aparicio Tovar, Catedrático de la Universidad de Castilla La Mancha, bajo el título de “Políticas de Empleo y Comunidades Autónomas”. La segunda de las ponencias fue desarrollada por la profesora Carolina Martínez Moreno, Catedrática de la Universidad de Oviedo, bajo el título de “Relaciones Laborales y Comunidades Autónomas”. Finalmente, la tercera de las ponencias fue asumida por la profesora Lourdes López Cumbre, Catedrática de la Universidad de Cantabria, bajo el título de “Protección Social y Comunidades Autónomas”. La sola mención del contenido de cada ponencia y, en especial, el reconocido prestigio de los ponentes entre la academia de laboralistas deja patente la calidad de sus aportaciones científicas. En nombre de la Asociación Española nuestro profundo agradecimiento por su disposición, enorme esfuerzo y, en particular, nuestra felicitación por las completas y profundas aportaciones efectuadas al debate científico. Como es habitual en nuestro encuentro anual, se presentó un elevado número de comunicaciones, hasta un total 32 comunicaciones, de ellas 7 a la primera ponencia temática, 14 a la segunda y 11 a la tercera de ellas. La valía de las mismas de igual forma quedó plenamente contrastada en la defensa pública de las mismas y en el vivo debate que provocaron; todo ello complementario y notablemente enriquecedor de las paralelas ponencias. Prueba de lo


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anterior fue la dificultad en la concesión del ya tradicional premio a la mejor comunicación, que desde hace ya tres ediciones lleva el título de premio Juan Rivero Lamas, en memoria y reconocimiento permanente a nuestro maestro y esforzado presidente de la Asociación durante años claves. En esta ocasión el premio recayó ex a quo en dos brillantísimas comunicantes: Ángeles Ceinos Suárez, profesora de la Universidad de Oviedo, relativa a “El servicio público de empleo estatal y el acceso de los extranjeros al mercado de trabajo: ¿algún espacio para los servicios públicos de empleo de las CCAA?”; y María Sepúlveda Gómez, profesora de la Universidad de Sevilla, con el título de “Competencias autonómicas para la fijación de servicios mínimos en huelgas que afecten a servicios esenciales”. Desearía concluir esta presentación expresando, en nombre propio en el de la Junta Directiva de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y en el de todas sus miembros, nuestro profundo y sincero agradecimiento a cuantas personas y entidades han facilitado una vez más el empeño y proyecto de nuestra organización por aglutinar en el encuentro para el intercambio de visiones y opiniones de los juristas del trabajo a través de la anual celebración del Congreso Nacional, en esta ocasión con la magnífica acogida recibida por la ciudad de Barcelona y las instituciones catalanas. Necesariamente dicho agradecimiento debe comenzar por expresar públicamente la intensidad del apoyo y colaboración recibidos por parte del Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Autónoma de Barcelona, personificando singularmente este agradecimiento en los profesores Eduardo Rojo Torrecilla y Francisco Pérez Amorós. De modo muy especial nuestro agradecimiento se dirige a la Generalitat de Catalunya, principal patrocinador del evento y que por añadidura nos facilitó el desarrollo de las sesiones en el marco tan emblemático para la identidad catalana como acogedor y apropiado para la celebración del Congreso como fue el Auditori del Palau de la Generalitat. Singular agradecimiento a la entonces titular de la Consejería de Trabajo, Honorable Sra. Dª Mar Serna Calvo, que desde un principio manifestó su plena disponibilidad para facilitarnos cuantos medios fuesen necesarios para el buen fin de las Jornadas. Igualmente al Ministerio de Trabajo e Inmigración, en esta ocasión personificado por el que entonces era su titular, Excmo. Sr. D. Celestino Corbacho Chaves, que año tras año aporta su apoyo desinteresado a la programación de las actividades de la Asociación, comenzando por el Congreso Nacional. Finalmente, a la obra social de la Fundación “la Caixa”, por aportar la financiación necesaria para la publicación del presente libro. Sevilla, a 20 de enero de 2010


PONENCIA GENERAL


El nuevo marco de relaciones laborales en el renovado Estado de las Autonomías La comunidad autónoma de cataluña como punto de referencia EDUARDO ROJO TORRECILLA1 Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Autónoma de Barcelona

SUMARIO: I. Introducción. II. Los nuevos marcos autonómicos y su encaje en el diseño constitucional. 1. La nueva realidad social. 2. ¿Nuevos derechos, nuevas competencias? 3. Las cuestiones de mayor interés en el desarrollo de los EA. 3.1. Competencias en materia de inmigración. 3.1.1. La STC 31/2010. 3.2. Competencias en materia de empleo. 3.3. Competencias en materia de función publica inspectora laboral. 3.4. Competencias en materia de protección social. 3.4.1. La STC 31/2010. III. El bloque competencial de la política de empleo. 1. El marco competencial y la distribución de competencias entre las distintas Administraciones Públicas. 2. La coordinación de las políticas de empleo. 3. La distribución competencial y la aportación jurisprudencial del TC. 4. La Ley de Empleo de 2003 y su adecuación al marco constitucional. 5. La gestión de las políticas activas de empleo por las CC AA. 6. El traspaso, aún pendiente, de la gestión de las políticas activas de empleo a la CC AA del País Vasco. IV. La asunción de competencias en materia de ITSS por las CC AA. El traspaso ya realizado a Cataluña. 1. Consideraciones previas. 2. El proceso de reformas estatutarias y la asunción de competencias en materia de ITSS. 3. Análisis del recurso de inconstitucionalidad sobre la asunción de competencias en materia de función pública inspectora laboral, y de la STC 31/2010. Su relación con la asunción de competencias ejecutivas en materia laboral. 4. El traspaso de la ITSS a Cataluña. 4.1. El periodo previo a la aprobación de la normativa reguladora del traspaso.4.2. Estudio del Real Decreto 206/2010. 4.3. Los acuerdos complementarios AGE-Generalidad y el convenio de colaboración suscrito entre ambas administraciones. 5. La Ley catalana de creación de la agencia autonómica de la IT. 5.1. Consideraciones previas. 5.2. La tramitación parlamentaria del proyecto de ley. V. Las competencias autonómicas en materia de inmigración. Especial atención al traspaso de competencias de las autorizaciones inciales de trabajo y de las políticas de acogida de la población inmigrada. 1. Las competencias autonómicas en materia de inmigración. 2. La asunción de competencias. 3. Traspaso de competencias a la CC AA de Cataluña. 4. El impacto de la reforma del RD 2393/2004 en el proceso traspaso de competencias. 5. La normativa autonómica catalana. 6. El pacto nacional para la inmigración en Cataluña. 7. La política de acogida de la población inmigrada. Estudio de Ley 10/2010, de 7 de mayo, de acogida de las personas inmigrada y de las regresadas a Cataluña. VII. Breves reflexiones a modo de recapitulación.

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El presente texto es una versión revisada de la ponencia presentada con el mismo título en el XXI Congreso de la AEDTSS. Fecha de finalización: 26 de agosto de 2010.


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