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LA DELINCUENCIA JUVENIL ANTE LOS JUZGADOS DE MENORES

OCTAVIO GARCÍA PÉREZ (Director) JOSÉ LUIS DÍEZ RIPOLLÉS FÁTIMA PÉREZ JIMÉNEZ SUSANA GARCÍA RUIZ

Instituto Andaluz interuniversitario de Criminología

tirant lo b anch Valencia, 2008


Copyright ® 2008 Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito de los autores y del editor. En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com. (http://www.tirant.com).

EDUCACIÓN SOCIAL Y CRIMINOLOGÍA Director de la colección: VICENTE GARRIDO GENOVÉS

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OCTAVIO GARCÍA PÉREZ JOSÉ LUIZ DÍEZ RIPOLLÉS FÁTIMA PÉREZ JIMÉNEZ SUSANA GARCÍA RUIZ

© INSTITUTO ANDALUZ INTERUNIVERSITARIO DE CRIMINOLOGÍA © TIRANT LO BLANCH EDITA: TIRANT LO BLANCH C/ Artes Gráficas, 14 - 46010 - Valencia TELFS.: 96/361 00 48 - 50 FAX: 96/369 41 51 Email:tlb@tirant.com http://www.tirant.com Librería virtual: http://www.tirant.es DEPOSITO LEGAL: I.S.B.N.: 978 - 84 - 9876 - 004 - 0


ÍNDICE Abreviaturas..........................................................................................

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Prólogo ...................................................................................................

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I. INTRODUCCIÓN ....................................................................

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II. EL OBJETO DE ESTUDIO ...................................................

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III. LA METODOLOGÍA ............................................................... 1. Los instrumentos del trabajo............................................... 2. La muestra ........................................................................... 3. La ficha técnica .................................................................... 4. El procedimiento ..................................................................

29 29 30 34 36

IV. EL ALCANCE DE LA MUESTRA Y LAS FUENTES DE LOS DATOS RECOGIDOS ....................................................

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V. LA ESTRUCTURA DE LA DELINCUENCIA DE MENORES QUE LLEGA A CONOCIMIENTO DE LOS JUZGADOS DE MENORES ........................................................................ 1. Introducción.......................................................................... 2. Las características de la delincuencia de menores a la vista de los estudios sobre la cifra negra ..................................... 3. La situación en los últimos cinco años de vigencia de la Ley 4/92........................................................................................ 4. La situación en el primer año de vigencia de la Ley 5/00 .. 5. Análisis comparativo de la estructura de la delincuencia en las Leyes 4/92 y 5/00 ............................................................ 6. Estudio comparativo de la delincuencia de menores y adultos ..........................................................................................

VI. LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS MENORES DELINCUENTES ................................................................................. 1. Introducción.......................................................................... 2. El sexo...................................................................................

47 47 48 54 59 61 67

69 69 69


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ÍNDICE

3. Nacionalidad ........................................................................ 4. Edad ...................................................................................... 5. Nivel de formación y conducta observada durante la misma ......................................................................................... 6. Las características de la familia del menor ........................ 7. Las características del entorno social del menor................ 8. La reincidencia ..................................................................... 9. Intervención de adultos en delitos cometidos por menores

VII. EL PROCEDIMIENTO ........................................................... 1. La forma de inicio ................................................................ 2. La instrucción....................................................................... 2.1. El ministerio fiscal y el equipo técnico ........................ 2.2. Las medidas cautelares ............................................... 2.3. Las medidas desjudicializadoras ................................. 2.4. Los archivos por parte del ministerio fiscal en fase de instrucción .................................................................... 3. La fase intermedia y celebración de audiencia................... 4. La resolución ........................................................................ 5. Recursos................................................................................ 6. El archivo definitivo ............................................................. 7. La duración del procedimiento ............................................

VIII. LAS MEDIDAS ........................................................................

79 88 95 110 119 121 133

135 135 136 136 137 141 151 156 158 159 164 166

173

IX. LOS RECURSOS ANTE LAS AUDIENCIAS PROVINCIALES ............................................................................................

193

X. LOS RECURSOS DE CASACIÓN ........................................

201

XI. CONCLUSIONES ....................................................................

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Anexo I: Medidas impuestas en cada uno de los juzgados de la muestra .....................................................................................................

223

Anexo II: La ficha técnica utilizada .....................................................

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Bibliografía ............................................................................................

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ABREVIATURAS AP BritJCrim CGPJ CPC INE Ley 4/92

Ley 5/00 LORRPM MIR MschrKrim N.c. NStZ ZJJ ZStW

Actualidad Penal British Journal of Criminology, Delinquency and Deviant Social Behaviour Consejo General del Poder Judicial Cuadernos de Política Criminal Instituto Nacional de Estadística Ley Orgánica 4/1992, de 5 de junio, Reguladora de la Competencia y el Procedimiento de los Juzgados de Menores Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores. Ley Orgánica reguladora de la responsabilidad penal del menor Ministerio del Interior Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform. No consta Neue Zeitschrift für Strafrecht Zeitschrift für Jugendkriminalrecht und Jugendhilfe Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft


PRÓLOGO El presente trabajo criminológico tiene su origen en la convocatoria pública realizada por el Consejo general del Poder judicial a fines de 2001 para la realización de un estudio sobre la aplicación de la entonces recién vigente ley 5/2000 en comparación con los últimos cinco años de aplicación de la ley 4/92, ambas relativas a la justicia penal de menores. Es sabido que la ley 5/2000, aunque compartía con la ley 4/1992 su enfoque basado en el llamado modelo de responsabilidad del menor frente al ya superado modelo tutelar, suponía una completa renovación del sistema de justicia penal de menores. Éste se formulaba ahora de una manera exhaustiva y sistemática, a diferencia de lo que sucedía con la ley de 1992, que en último término, y sin perjuicio de su relevancia, no era más que una apresurada acomodación de la justicia juvenil a las nuevas exigencias constitucionales de 1978. Por otro lado, la nueva ley de 2000 adoptaba algunas decisiones que marcaban un claro contraste con la ley precedente; baste con citar la modificación de su ámbito subjetivo, que del intervalo entre 12 y 16 años pasaba a otro entre 14 y 18 años. Resultaba, pues, de gran interés proceder a una confrontación entre las prestaciones de una ley ya asentada y las de otra que tenía un breve recorrido temporal, algo más de un año, pero con una clara vocación de permanencia. El definitivo encargo de realización de la investigación a la sección de Málaga del Instituto andaluz interuniversitario de Criminología movilizó, como en otras ocasiones, los recursos personales y materiales del citado Instituto, así como los estrechamente conectados del área de Derecho penal de la Universidad de Málaga. Se procedió, en consecuencia, a configurar un equipo de investigación en el que estuvieran presentes profesionales con experiencia en la realización de estudios jurídico-criminológicos.


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José Luis Díez Ripollés

Octavio García Pérez asumió conmigo la codirección del proyecto y se convirtió, a medida que éste se desarrollaba, en su auténtico impulsor: Diseñó el enfoque metodológico de la investigación y la ficha técnica con la colaboración de Elisa García España y Fátima Pérez Jiménez, seleccionó a los encargados de efectuar el trabajo de campo y supervisó su actuación. La base de datos fue diseñada por Ángel Serrano García, mientras que los datos obtenidos del trabajo de campo fueron introducidos por Fátima Pérez Jiménez y Susana García Ruiz. Octavio García Pérez procedió al análisis de datos con la colaboración de Ramón Hidalgo García y Fátima Pérez Jiménez. El informe ha sido redactado por Octavio García Pérez, salvo los apartados IX y X que han sido obra de Susana García Ruiz. La versión final del informe, que constituye el objeto de este libro, ha sido revisada por mí mismo, tarea que se ha unido a la de asesoramiento del proyecto durante todo su desarrollo. El trabajo de campo en las diferentes ciudades fue realizado por las siguientes personas: José Antonio Ramos Vázquez, Eva Fernández Ibáñez, Joaquín Coromina Casas, Adelaida Angulo del Campo, Gloria Fernández Pacheco Alises, Naiara Cayero Durán, Isabel Durán Seco, Leticia Jericó Ojer, Soledad Barber Burusco, Mª Eulalia Casas Albiach, Mª Asunción Rance Jiménez, Raquel Campos Cristóbal, José Muñoz Clares, David San Martín Segura y Susana García Ruiz. El proyecto era ambicioso, pues se trataba de analizar y comparar dos regulaciones de menores infractores distintas, con una amplia muestra del conjunto nacional, que abarcaba el 10% de los expedientes abiertos entre los años 1996 y comienzos de 2002 en 16 ciudades españolas de muy diferente tamaño, localización geográfica y características socioeconómicas, y cuya número de asuntos agregado superaba el 55% del total nacional. Además, la recogida de datos de los expedientes hubo de realizarse de manera manual e in situ, lo que implicaba un importante y delicado trabajo de campo a realizar por personas cualificadas. A ello se unía un minucioso


Prólogo

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análisis jurisprudencial de sentencias de segunda instancia a partir de dos bases de datos digitalizadas. En cualquier caso, la investigación proyectada constituía un buen ejemplo de evaluación legislativa, técnica a la que, desafortunadamente, estamos tan poco acostumbrados en el campo de la política criminal. Sin perjuicio de evaluaciones posteriores, a ejecutar una vez hubiera transcurrido un mayor periodo de vigencia de la ley 5/2000, esta iniciativa del Consejo general del Poder judicial permitía ya sacar unas primeras conclusiones sobre las bondades y los defectos de la nueva ley en comparación con aquellos presentados por la legislación anterior, que habría de quedar pronto en el olvido. Iba a suponer, en consecuencia, un material de primera utilidad para futuras evaluaciones. Lamentablemente, el curso de los acontecimientos en los años que se han sucedido desde entonces nos ha reafirmado en una visión pesimista de la política legislativa penal: Se han encadenado reformas de la ley 5/2000, ayunas de cualquier análisis serio de los efectos que ésta estaba realmente produciendo. Incluso se ha llegado a introducir en ésta, a través de la Ley Orgánica 15/2003, una Disposición adicional sexta, en virtud de la cual se adoptaba el compromiso de reformar la ley 5/2000 en función de los resultados que se obtuvieran en una futura evaluación de ella, lo que no era obstáculo para, en ese mismo precepto, precisar cuáles habrían de ser los contenidos de la reforma; no ha de extrañar que finalmente, en 2006, la ley se haya reformado en el sentido anticipado, sin necesidad de esperar a los resultados de una evaluación que desde un principio se consideró superflua y que finalmente no se ha producido. No procede en estos momentos hacer una exposición de los interesantes hallazgos obtenidos, que se pueden encontrar en los capítulos IV a X de este informe o, resumidos, en las Conclusiones recogidas en el capítulo XI. En todo caso, se me permitirá que, para motivar el interés del lector, recuerde algunos datos relevantes:


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José Luis Díez Ripollés

Como era de esperar, la inclusión en la justicia juvenil de los menores de 16 y 17 años, antes juzgados por la legislación de adultos, ha supuesto un incremento notable de la actividad de los juzgados de menores, que no se podía ver compensada por la remisión a los órganos de protección de los menores de 12 y 13 años, antes insertos en la legislación de reforma de menores. Ello no es más que un reflejo de la mayor conflictividad de los menores a medida que incrementan su edad: Si en la ley 4/92 la franja de más edad, los menores de 14 y 15 años, representaban el 70% del total, en la ley 5/00 de nuevo la franja de más edad, en este caso los menores de 16 y 17 años, constituyen el 67% del total. Por otro lado, la elevación de las franjas de edad ha tenido un efecto quizás impensado en la naturaleza de los delitos cometidos, creciendo porcentualmente los delitos contra el patrimonio y disminuyendo los delitos contra la integridad personal y la libertad. Un dato de primera relevancia es la gran incidencia que tiene el fracaso escolar, con sus correlatos de absentismo y conducta conflictiva en clase, en el incremento de la probabilidad de que los menores entren en contacto con la justicia de menores. Este dato, que se reitera en cuantos estudios sobre la delincuencia de menores se llevan a cabo, nos está mostrando dónde se ha poner el énfasis a los efectos de la prevención de la delincuencia juvenil. En menor medida el entorno problemático familiar o social tiene también importancia, mientras que la situación económica familiar no parece ser especialmente significativa. En cuanto a la reacción del sistema de control, cabe destacar el endurecimiento al que la nueva ley, en comparación con la anterior, da ocasión respecto a las medidas cautelares, singularmente el internamiento y la libertad vigilada. Los procedimientos han incrementado su duración, con lo que se agrava uno de los males básicos de la justicia de menores. Por otro lado, la tendencia a una justicia negociada se sigue con-


Prólogo

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solidando, pasando de un 63% de sentencias condenatorias de conformidad con la ley 4/92 a un 70% con la ley 5/00, mientras que el porcentaje de sentencias absolutorias se reduce significativamente –del 24% en la ley 4/92 al 14% en la ley 5/00-. Finalmente, si bien la medida de libertad vigilada sigue siendo la más aplicada durante la vigencia de ambas leyes, se ha producido un notable incremento en la aplicación de las medidas privativas de libertad en la nueva ley, pues se ha pasado de un 18% a un 24%, por más que el internamiento en régimen cerrado se haya reducido respecto a la primera ley. En Málaga, a 15 de junio de 2007

JOSÉ LUIS DÍEZ RIPOLLÉS Director del Instituto andaluz interuniversitario de Criminología en la Universidad de Málaga


I. INTRODUCCIÓN La aprobación de la Ley Orgánica 4/1992, de 5 de junio, de reforma de la Ley reguladora de la competencia y el procedimiento de los juzgados de menores (en adelante Ley 4/92), supuso el abandono de un sistema, el tutelar, que había regido la justicia de menores en España desde que ésta apareció y que, como se había destacado, contradecía principios básicos del Estado de Derecho consagrado por la Constitución1. Esta normativa representó el paso a un modelo de responsabilidad respetuoso con los principios constitucionales y más acorde con las directrices internacionales. De todas maneras, dada la premura y las condiciones en las que se tuvo que aprobar este texto legal debido a la declaración de inconstitucionalidad de algunos preceptos de la antigua Ley de tribunales tutelares de menores de 1948, en la Ley 4/92 no se regularon muchas cuestiones como, por ejemplo, los criterios de selección de las medidas y su duración, la ejecución de éstas, etc. Por otro lado, se ocupaba de una franja de edad muy limitada, no incluyendo la que probablemente constituye el núcleo de la justicia de menores, la de 16 a 18 años. No obstante, en ella se trazaron unas directrices que se iban a consolidar con la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal del menor (en adelante 1

Cfr., por ejemplo, Cantarero, R.: Delincuencia juvenil y sociedad en transformación: Derecho penal y procesal de menores. Montecorvo, Madrid, 1988, págs. págs. 235 y ss.; Giménez-Salinas I Colomer, E.: «Principios básicos para un nuevo Derecho penal juvenil» en Jornadas de estudio de la legislación del menor. Consejo Superior de Protección de Menores, Ministerio de Justicia 1985, págs. 249 y ss.; de la Cuesta Arzamendi, J. L.: «La reforma de la legislación tutelar: ¿un Derecho penal de menores y jóvenes?» en Los derechos humanos ante la Criminología y el Derecho penal. Instituto Vasco de Criminología, San Sebastián, 1985, págs. 155 y 162 y ss.


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Introducción

Ley 5/00): orientación del sistema a la satisfacción del interés del menor; flexibilidad, que se traduce en un amplio margen de discrecionalidad no sólo del juez de menores en la adopción de las medidas más ajustadas a tal interés, sino incluso del órgano instructor, el ministerio fiscal, de cara a hacer uso del principio de oportunidad para poner fin al expediente; aseguramiento al menor de las garantías constitucionales; introducción de numerosas sanciones alternativas a las de privación de libertad. La Ley 5/00, además, ha venido a subsanar las deficiencias y lagunas que presentaba su predecesora. La nueva regulación se ocupa de la franja de los 14 a los 18 años, previéndose inicialmente la posibilidad de abarcar también hechos cometidos por jóvenes de 18 a 21 años (art. 4)2, amplía el número de medidas ambulatorias alternativas a la privación de libertad, regula mejor los criterios de selección de las sanciones, establece ciertos límites a la amplia discrecionalidad de la que gozan los jueces de menores a la hora de elegir la medida y determinar su duración, se configura mejor el principio de oportunidad y se ocupa de la ejecución de las medidas3. 2

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No obstante, su entrada en vigor se suspendió inicialmente por dos años a través de la disposición transitoria única de las Ley orgánica 9/2000, de 22 de diciembre, sobre medidas urgentes para la agilización de la Administración de Justicia, y posteriormente hasta el 1 de enero de 2007 por la disposición transitoria única de la Ley Orgánica 9/2002, de 10 de diciembre, de modificación de la LO 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal y del Código Civil, sobre sustracción de menores. Sin embargo, el Parlamento acaba de aprobar una profunda reforma de la Ley Orgánica 5/2000 en la que se han derogado los artículos de la Ley relativos a los jóvenes de 18 a 21 años, si bien no se ha hecho lo mismo con el art. 69 del Código penal. Pero dado que la reforma se ha publicado el 5 de diciembre de 2006 y que la vacatio legis es de dos meses, ello ha provocado la absurda situación de que la Ley 5/00 sea aplicable a los jóvenes durante algo más de un mes. No obstante, como ha señalado de la Cuesta Arzamendi, J. L.: «La ejecución de las medidas», en Justicia de menores: una justicia mayor. Comentarios a la Ley Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores. CGPJ, Madrid, 2000, pág. 226, en relación a la redacción ori-


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Pese a las deficiencias antes mencionadas de la Ley 4/92, lo cierto es que ambas regulaciones configuran un sistema de justicia de menores orientado esencialmente a la prevención especial4. En él la comisión de un hecho delictivo por parte de

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ginaria de la Ley 5/00, la regulación de la ejecución de las medidas sigue siendo insuficiente. Este autor destaca que «sorprende, en este sentido, la falta de definición general de los principios y orientaciones inspiradores de la ejecución de las medidas, más allá del «principio de legalidad», así como la ausencia de determinación de los derechos de los sometidos a las mismas, salvo en el caso de las medidas privativas de libertad. También se echa en falta una contemplación más específica de las circunstancias más relevantes de la ejecución de las medidas no privativas de libertad». No obstante, esta orientación ha quedado muy desdibujada a consecuencia de las reformas que se han efectuado en la Ley 5/2000. Así, en primer lugar, la introducción de la disposición adicional cuarta a través de la Ley Orgánica 7/2000, de 22 de diciembre, ha supuesto una profunda quiebra de este sistema respecto de la delincuencia grave. Por ello no es de extrañar que la reforma haya merecido un juicio muy crítico (Cfr., por ejemplo, Díez Ripollés, J. L.: «El Derecho penal ante el terror», en El País, jueves 12 de octubre de 2000; Giménez-Salinas i Colomer, E.: «Comentarios a la exposición de motivos y al título preliminar», en Justicia de menores: una justicia mayor. Comentarios a la Ley Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores. Manuales de formación continuada, nº 9, CGPJ, Madrid, 2000, págs. 35 y s.; Feijoo Sánchez, B.: Sobre el contenido. Op. Cit., págs. 31 y ss.; Etxebarria Zarrabeitia, X.: «Algunos aspectos de Derecho sustantivo de la Ley Orgánica 5/2000, Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores y de su reforma en materia de terrorismo», en Revista de las Facultades de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales, nº 53, 2001, págs. 47 y ss. (consultado en http://www.upcomillas.es/servicios/serv_revi_ante. aspx); Bernuz Beneitez, Mª J.: «Justicia de menores española y nuevas tendencias penales», en http://criminet.ugr.es/recpc/07/recpc07-12.pdf; García Rivas, N.: «Aspectos críticos de la legislación penal del menor», en Revista penal, nº 16, 2005, págs. 103 y s.). En segundo lugar, la reforma aprobada el 23 de noviembre de 2006 ha supuesto un paso más en el abandono de la orientación originaria en la ley y la acentuación de las directrices preventivo-generales. Cfr. sobre ello García Pérez, O.: «La introducción del modelo de seguridad ciudadana en la justicia de menores», en La Ley de Responsabilidad Penal del Menor situación actual: situación actual. CGPJ, Madrid, 2006, passim. En efecto, la nueva regulación viene a introducir el modelo de la seguridad ciudadana (cfr.


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Introducción

un menor no tiene por qué traer consigo necesariamente la imposición de una sanción. A ésta habrá que recurrir cuando el menor presente un déficit educativo que, de no atajarse, pueda volver a conducir a la comisión de un delito. Pero, como han demostrado los estudios criminológicos, la realización de un delito por parte de un menor no es sinónimo de su existencia, por lo que en muchos casos no hace falta recurrir a la intervención penal. Y, por otra parte, cuando se dé dicho déficit, también las investigaciones criminológicas ponen de relieve que en muchos casos las medidas ambulatorias constituyen una respuesta incluso más efectiva que las privativas de libertad5. A la vista de lo anterior, es lógico que ni la celebración del proceso ni la imposición de una medida sean consecuencias necesarias de la comisión de un delito por un menor. El procedimiento sólo será preciso allí donde se vislumbre que el responsable del hecho delictivo presenta un déficit educativo y que, además, éste no pueda ser corregido sin una sanción penal. Cuando no haga falta intervención alguna o el problema se pueda resolver con una reacción alternativa a las auténticas sanciones penales, como acontece con la reparación del daño, se faculta al ministerio fiscal para evitar seguir con

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Díez Ripollés, J. L.: «El nuevo modelo penal de la seguridad ciudadana» en http://criminet.ugr.es/recpc/06/recpc06-03.pdf. Cfr. también del mismo: «De la sociedad del riesgo a la seguridad ciudadana: un debate desenfocado», en http://criminet.ugr.es/recpc/07/recpc07-01.pdf. ), pues se asienta sobre cuatro ejes fundamentales: la «gran preocupación social» por el aumento de la delincuencia de menores, así como la pérdida de confianza en la Ley «por la sensación de impunidad de las infracciones más cotidianas y frecuentemente cometidas por estos menores, como son los delitos y faltas patrimoniales»; la potenciación de las medidas privativas de libertad; el protagonismo de las víctimas y finalmente el peso de la delincuencia clásica, sobre todo de la patrimonial. Cfr., por ejemplo, García Pérez, O.: «La evolución del sistema de justicia penal juvenil. La Ley de Responsabilidad Penal del Menor de 2000 a la luz de las directrices internacionales», en AP, nº 32, 2000, pág. 679.


La delincuencia juvenial ante los Juzgados de Menores

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el procedimiento, evitando así los efectos estigmatizadores de éste6. En cambio, cuando la comisión del hecho delictivo por parte del menor demuestre la necesidad de una sanción penal, se pone a disposición del juez de menores un amplio abanico de sanciones en el que las ambulatorias tienen primacía sobre las privativas de libertad. Este goza de un gran margen para decidir cuáles son las medidas más adecuadas y fijar su duración. Junto a las indudables ventajas de este sistema, no se pueden obviar los riesgos que puede conllevar. La amplia discrecionalidad de que gozan los órganos de la Administración de Justicia puede conducir a implantar muy diferentes estrategias con respecto a los menores que están acusados de la comisión de un delito. En efecto, existe el peligro de que el recurso a las vías desjudicializadoras y las medidas alternativas a la privación de libertad se realice de forma muy desigual, de tal modo que menores que ejecutan hechos delictivos similares y que presentan características familiares, educativas y sociales parecidas sean tratados de forma diferente. En este sentido, desde la judicatura se ha destacado con relación a la actuación del principio de oportunidad por parte del ministerio fiscal que «el principio de igualdad, que regula el art. 14 CE, no se producía en la práctica, ya que existía una diferencia acusada

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Así el art. 18 dispone que «el Ministerio Fiscal podrá desistir de la incoación del expediente cuando los hechos denunciados constituyan delitos menos graves sin violencia o intimidación en las personas, o faltas, tipificados en el Código Penal o en las leyes penales especiales» y, por su parte, el art. 19 establece que «también podrá el Ministerio Fiscal desistir de la continuación del expediente, atendiendo a la gravedad y circunstancias de los hechos y del menor, de modo particular a la falta de violencia o intimidación graves en la comisión de los hechos, y a la circunstancia de que además el menor se haya conciliado con la víctima o haya asumido el compromiso de reparar el daño causado a la víctima o al perjudicado por el delito, o se haya comprometido a cumplir la actividad educativa propuesta por el equipo técnico en su informe».


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Introducción

de trato a menores en condiciones similares, según el criterio no explicado de cada fiscal, puesto que no estaban obligados a motivar sus decisiones y, en consecuencia, los principios de legalidad y seguridad jurídica se han visto seriamente afectados»7. A lo anterior habría que añadir que el éxito de las vías desjudicializadoras como la de la reparación del daño, por un lado, y de las medidas alternativas a la privación de libertad8, por otro, depende de que se cree una infraestructura adecuada y se disponga de personal capacitado para su puesta en práctica. Por todo lo dicho, resulta imprescindible realizar investigaciones, como la que aquí se efectúa, para conocer de qué forma se aplica la normativa penal de menores y hasta qué punto se están cumpliendo con los objetivos previstos en ellos. Las directrices internacionales conceden, con razón, una gran relevancia a la necesidad de investigar todo lo relativo a la delincuencia y a la justicia de menores. Así, en las Reglas de Beijing, en concreto en la 30, que lleva por rúbrica «la investigación como base de la planificación y de la formulación y la evaluación de políticas», se dice lo siguiente: «30.1 Se procurará organizar y fomentar las investigaciones necesarias como base para una planificación y una formulación de políticas que sean efectivas.

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Ornosa Fernández, M. R.: Derecho penal de menores. Bosch, Barcelona, 2001, pág. 67. Se trata de una cuestión que se ha constatado en numerosos estudios empíricos realizados en Alemania. Sobre los mismos, cfr. García Pérez, O.: «Los actuales principios rectores del Derecho penal juvenil: un análisis crítico», en Revista de Derecho penal y Criminología, 1999, nº 3, págs. 53 y s. Hay que recordar que la desjudicialización y la desinstitucionalización son dos de los pilares básicos sobre los que se asientan las directrices internacionales. Cfr. García Pérez, O.: «Los actuales principios rectores. Op. Cit., págs. 38 y ss.


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30.2 Se procurará revisar y evaluar periódicamente las tendencias, los problemas y las causas de la delincuencia y criminalidad de menores, así como las diversas necesidades particulares del menor en custodia. 30.3 Se procurará establecer con carácter regular un mecanismo de evaluación e investigación en el sistema de administración de justicia de menores y recopilar y analizar los datos y la información pertinentes con miras a la debida evaluación y perfeccionamiento ulterior de dicho sistema. 30.4 La prestación de servicios en la administración de justicia de menores se preparará y ejecutará de modo sistemático como parte integrante de los esfuerzos de desarrollo nacional». Como se destaca en el comentario a la regla 30 de las Reglas de Beijing, «la utilización de la investigación como base de una política racional de justicia de menores se ha reconocido ampliamente que constituye un importante mecanismo para lograr que las medidas prácticas tengan en cuenta la evolución y el mejoramiento continuos del sistema de justicia de menores. En la esfera de la delincuencia de menores es especialmente importante la influencia recíproca entre la investigación y las políticas. Debido a los cambios rápidos y a menudo espectaculares del estilo de vida de la juventud y de las formas y dimensiones de la criminalidad de menores, la respuesta de la sociedad y la justicia a la criminalidad y a la delincuencia de menores pronto quedan anticuadas e inadecuadas»9.

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http://www.ohchr.org/spanish/law/reglas_beijing.htm. Sobre la trascendencia de evaluar los efectos de las decisiones legislativas, cfr. recientemente Díez Ripollés, J. L.: «Un modelo dinámico de legislación penal», en La Ciencia del Derecho Penal ante el nuevo siglo. Libro homenaje al profesor doctor D. José Cerezo Mir. Tecnos, Madrid, 2002, págs. 294 y s. y 322 y ss.; el mismo: La racionalidad de las leyes penales. Trotta, Madrid, 2003, págs. 58 y ss.


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