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derecho y democracia

ÚLTIMOS TÍTULOS PUBLICADOS La igualdad como no subordinación: una propuesta de interpretación constitucional Estefanía Esparza Reyes

Luis Felipe Nava Gomar

Libertad de expresión y propaganda negativa Yessica Esquivel Alonso

Valores superiores e interpretación constitucional Francisco Javier Díaz Revorio

Migración irregular y derechos humanos Julieta Morales Sánchez

Control de convencionalidad y convergencia interpretativa Saúl Mandujano Rubio

Derecho a la educación de las personas con discapacidad Enrique Belda (dir.)

Democracia, administración pública, federalismo y sistemas políticos locales Daniel Javier de la Garza Montemayor (Et al. coordinadores)

derecho y democracia

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DIGNIDAD Y DISCAPACIDAD Una perspectiva desde los derechos humanos

Enrique Belda

Parlamento democrático y justicia constitucional

La Colección Derecho y Democracia de Tirant lo Blanch representa un proyecto editorial que tiene por objeto la difusión de obras doctrinales y de análisis jurisprudencial que aborden temas vinculados con los retos del Estado democrático constitucional del siglo XXI, desde la perspectiva del Derecho Constitucional, la Ciencia Política o el Derecho Electoral. Lo anterior, en virtud de la trascendencia que tiene en la actualidad la progresiva supranacionalidad del Derecho, la revalorización de los derechos fundamentales y la evolución de los sistemas electorales y de representación política. Por tanto, esta colección atiende a una visión interdisciplinaria y a la importancia que tiene el estudio comparado de las diversas experiencias nacionales de Iberoamérica.

DIGNIDAD Y DISCAPACIDAD

Henrik López Sterup

derecho y democracia

Una perspectiva desde los derechos humanos

La protección constitucional de los derechos sociales: el diálogo entre teoría y praxis

Enrique Belda

Prólogo Roberto Romboli

derecho y democracia

La legislación y demás actos jurídicos que amparan a las personas con discapacidad, tienen como objetivo la igualdad. Sin embargo, ocurre que a menudo se olvida, o simplemente se desconoce, que el tratamiento (el modo y los medios de actuar con ellas) de las personas susceptibles de incorporación social, es decir, de los hombres y mujeres a igualar, es un factor de la máxima relevancia a la hora de conseguir el éxito. La igualdad en la ley, ante la ley, o en la aplicación de la ley, no son máximas que puedan perseguirse a partir de una lectura constitucional, jurisprudencial o doctrinal aislada, que desconozca que el capital humano receptor necesita beber de otras referencias intrínsecamente unidas a la aplicación de los derechos humanos. Por ello la dignidad ha de entrar en juego: el tratamiento digno de la persona discapacitada, que camina parejo a su libre desarrollo de la personalidad, ha de ser una constante en un sistema jurídico de protección integral personal, en el que la igualdad real efectiva sea el objetivo, pero se consiga a través de medios que no socaven al conjunto de los derechos humanos de cada individuo. La dignidad hace descender a la realidad desde una aplicación objetiva deshumanizada del derecho, entendiendo la situación de cada ciudadano o ciudadana con discapacidad, potencial receptor de acciones de los poderes públicos, tras una adecuada ponderación donde los medios empleados para conseguir esos derechos son tan importantes como la consecución misma de un derecho concreto, sea el de igualdad o sea cualquier otro.

DIGNIDAD Y DISCAPACIDAD Una perspectiva desde los derechos humanos

COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig

Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia

Ana Cañizares Laso

Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Málaga

Jorge A. Cerdio Herrán

Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México

José Ramón Cossío Díaz

Ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y miembro de El Colegio Nacional

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot

Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

Owen Fiss

Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)

José Antonio García-Cruces González

Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED

Luis López Guerra

Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid

Ángel M. López y López

Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla

Marta Lorente Sariñena

Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid

Javier de Lucas Martín

Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia

Víctor Moreno Catena

Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid

Francisco Muñoz Conde

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Angelika Nussberger

Jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de Colonia (Alemania)

Héctor Olasolo Alonso

Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)

Luciano Parejo Alfonso

Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid

Tomás Sala Franco

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia

Ignacio Sancho Gargallo

Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España

Tomás S. Vives Antón

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia

Ruth Zimmerling

Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)

Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales

DIGNIDAD Y DISCAPACIDAD Una perspectiva desde los derechos humanos

ENRIQUE BELDA Prólogo a cargo de Roberto Romboli Universidad de Pisa (IT)

tirant lo blanch Ciudad de México, 2019

Copyright ® 2019 Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito del autor y del editor.

En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch México publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com/mex/ Directores de la Colección Derecho y Democracia:

PEDRO ESTEBAN PENAGOS LÓPEZ Magistrado de Tribunal Colegiado de Circuito del Poder Judicial de la Federación

CLICERIO COELLO GARCÉS Visitador Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

© Enrique Belda

© EDITA: TIRANT LO BLANCH DISTRIBUYE: TIRANT LO BLANCH MÉXICO Río Tiber 66, Piso 4 Colonia Cuauhtémoc Delegación Cuauhtémoc CP 06500 Ciudad de México Telf: +52 1 55 65502317 infomex@tirant.com www.tirant.com/mex/ www.tirant.es ISBN: 978-84-1313-377-5 MAQUETA: Tink Factoría de Color Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-de-empresa nuestro procedimiento de quejas.

Responsabilidad Social Corporativa: http://www.tirant.net/Docs/RSCTirant.pdf

A Enrique.

No tengo suficientes datos para saber si es o no feliz.

Creo que sí. Lo que seguro puedo afirmar es que, gracias a su familia y al país donde nació, goza de una vida muy digna.

ÍNDICE

ABREVIATURAS.................................................................................. 11 PRÓLOGO............................................................................................ 13 Roberto Romboli

I. INTRODUCCIÓN. LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD COMO SUJETOS DE DERECHO: LA BÚSQUEDA DE LA IGUALDAD, PERO TAMBIÉN DE LA DIGNIDAD...................................... 37 II. LA DIGNIDAD PARA EL DERECHO CONSTITUCIONAL........... 51 1. La polisemia gramatical y jurídica del concepto dignidad........ 51 2. La dignidad en las constituciones............................................ 57 2.1. Modo de constitucionalización y consecuencias para su eficacia............................................................................ 57 2.2. La dignidad se resiste a ser aprehendida. Los textos constitucionales de nuestro entorno y su lectura..................... 62 3. Normas e instrumentos internacionales como vía más eficaz para la penetración nacional de la dignidad............................ 80 3.1. La Declaración Universal de los Derechos Humanos....... 81 3.2. Las Convenciones “regionales”. El problema de la departamentalización geográfica de la dignidad y los derechos. 86 3.3. La Unión Europea en la asunción de la dignidad............. 96 3.4. La dignidad universal desde la especialidad promovida para minorías. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.............................................. 100 4. La práctica jurisprudencial como elemento de relevancia, al momento de plasmar doctrinalmente la eficacia de la dignidad 118 III. DIGNIDAD Y DISCAPACIDAD......................................................... 151 1. ¿Es distinta la dignidad de la persona con discapacidad?......... 151 1.1. La búsqueda de la protección desde la generalidad, no desde la especialidad....................................................... 154 1.2. Los planos en los que ha de apelarse a la dignidad en el ámbito de la persona con discapacidad. La fundamentalidad de su respeto por toda la sociedad............................ 162 1.2.1. La dignidad es susceptible de concretarse, algo más, en su aplicación a la persona con discapacidad...... 162 1.2.2. La dignidad exige un respeto erga omnes, que trasciende a los poderes públicos......................... 163

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Índice

2. La dignidad útil para la persona con discapacidad: la integración de los avances para una interpretación protectora........... 169 3. La aparición de la dignidad en las relaciones jurídicas e institucionales de las personas con discapacidad. Acotación de estudio. Ejemplos.......................................................................... 174 3.1. El voto de las personas con discapacidad: la dignidad en busca de la inclusión ciudadana y la participación política. Especial referencia a las personas con discapacidad intelectual........................................................................ 176 3.1.1. Enfoque general y prioridades.............................. 176 3.1.2. Sufragio activo y discapacidades intelectuales...... 179 3.1.3. La dignidad ante otras circunstancias relativas a la participación política de las personas con discapacidad.................................................................... 202 3.2. Dignidad y educación. ¿Inclusión y/o especialización?..... 207 3.2.1. El derecho a la educación: dignidad como fin y como método....................................................... 207 3.2.2. Los problemas de acceso al contenido de la educación...................................................................... 210 3.2.3. Los problemas de asimilación de la educación..... 212 3.2.4. La dignidad derivada del cumplimiento de las garantías legales...................................................... 224 3.3. Constatación e introducción al problema del respeto a la dignidad, en las operaciones reproductivas relacionadas con la discapacidad. Esterilizaciones, selección embrionaria y aborto eugenésico.................................................... 225 3.3.1. La interdicción de infravaloraciones vitales.......... 225 3.3.2. Esterilizaciones involuntarias............................... 230 3.3.3. Selección embrionaria.......................................... 237 3.3.4. Interrupciones involuntarias de embarazo apelando a la discapacidad del nasciturus...................... 239 3.4. Aplazamientos y remisiones. El inabarcable Derecho de la Discapacidad................................................................... 241 4. Recapitulación: dignidad presente para una interpretación extensiva de los derechos, pero unida al contenido de los mismos........ 252

IV. APÉNDICES........................................................................................ 255 1. Bibliografía............................................................................. 255 2. Normativa............................................................................... 263 3. Jurisprudencia......................................................................... 264

Abreviaturas más frecuentes CE: CERMI:

Constitución española de 1978.

Comité español de representantes de personas con discapacidad.

CNY: Convención de Nueva York. Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de 13 de diciembre de 2006.

Coord.: Coordinador/a.

Dir.: Director/a.

DUDH: Declaración Universal de Derechos Humanos, de 10 de diciembre de 1948.

Ed.: Editor/a.

FJ o f.j.: Fundamento jurídico (en citas de los tribunales, o en citas del autor, respectivamente).

JEC: Junta Electoral Central de España.

N.º, n.º: Número.

Ob. cit.: Obra citada.

P., pp.: Página, páginas.

P.e.: Por ejemplo.

SS: Sentencias.

STEDH: Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

STC: Sentencia del Tribunal Constitucional español.

STS: Sentencia del Tribunal Supremo español.

Y ss.: Y siguientes.

Prólogo ROBERTO ROMBOLI Catedrático de Derecho Constitucional Universidad de Pisa (Italia)

1. IL TEMA. LA EVIDENTE PRESENZA NEL VOLUME DI ALCUNI PROBLEMI CLASSICI DEL DIRITTO COSTITUZIONALE Il volume di Enrique Belda affronta un tema di grande interesse, ossia quello del valore e del significato che può assumere la dignità con riguardo specificamente ai soggetti disabili nell’ottica dei diritti fondamentali.

In realtà il tema specifico finisce, per molte parti della interessante monografia, per risultare una finestra attraverso la quale vengono, di volta in volta, in evidenza problemi ed aspetti di grande rilievo per il diritto costituzionale, anche se inevitabilmente a volte solo accennati, altre invece esaminati più a fondo.

L’indagine infatti, come sottolineato dall’Autore (L’A.), è una indagine relativa agli aspetti costituzionali del tema trattato. L’A. infatti è ben consapevole che in materia le stesse problematiche sono affrontate pure nell’ambito di altre discipline, cioè dal punto di vista medico, filosofico, sociologico, etico e da altri rami del diritto, specie diritto penale, diritto civile, diritto amministrativo, ma un sicuro pregio dell’opera è quello di tenersi sempre sul piano del diritto costituzionale e dei principi costituzionali.

A proposito dei grandi temi di diritto costituzionale sui quali si apre la finestra del volume di Enrique Belda, mi limito a segnalarne due: a) quello della relazione tra stato democratico e stato sociale e quindi tra diritti di libertà e principio di eguaglianza; b) quello del differente ruolo che sono chiamati a svolgere i testi costituzionali e legislativi e soprattutto il legislatore, i giudici costituzionali ed i giudici ordinari (comuni), con particolare riguardo ai limiti alla interpretazione “creativa” dei giudici.

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Roberto Romboli

2. STATO DEMOCRATICO E STATO SOCIALE. I DIRITTI DI LIBERTÀ E IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA Con riguardo al primo dei due temi, l’Autore sottolinea come la tematica esaminata sia divenuta di interesse in tempi relativamente recenti ed in paesi che hanno raggiunto un determinato livello di sviluppo economico e strutturale, superando la posizione caritativo-assistenziale per elaborare politiche tendenti alla realizzazione del principio di eguaglianza.

Con la realizzazione dello stato democratico e dello stato sociale si è infatti prestata attenzione alla posizione delle minoranze e di quei gruppi che reclamano, per le ragioni più diverse, una protezione addizionale, preventiva o promozionale.

Una eguaglianza, scrive Belda, non solo “tra uguali”, ma che trova la maggiori difficoltà proprio quando si rivolge a regolare e garantire la eguaglianza di coloro che sono ritenuti “diversi” rispetto alla supposta generalità degli “eguali”.

Un concetto di eguaglianza quale fine ultimo cui tendere, pur senza mai poterla concretamente raggiungere, nel suo significato non formale, bensì sostanziale, di “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana”, secondo l’espressione utilizzata dall’art. 3, 2° comma, della Costituzione italiana.

Come scriveva in proposito don Milani nel suo fortunato libro “Lettera ad una professoressa”: non c’è cosa più ingiusta che trattare in maniera uguale persone diseguali.

Come è conosciuto, la previsione nelle differenti Carte costituzionali di un catalogo, diversamente espresso, di diritti costituzionali o di diritti fondamentali ha seguito una realizzazione progressivamente affermatasi dal punto di vista storico, tanto che si è proceduto ad una classificazione dei diritti costituzionali in differenti “generazioni”.

In particolare una prima comprendente le libertà classiche proprie dello stato liberale (libertà personale, di manifestazione del pensiero, di religione ecc.); una seconda relativa ai diritti di partecipazione politica, a garanzia di una presenza attiva alla vita pubblica (diritto di voto, di riunione, di associazione in partiti politici, di iniziativa, re-

Prólogo

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ferendum, petizione ecc.); una terza generazione che riguarda i diritti sociali, connessi ai bisogni di ordine economico e sociale dei singoli (lavoro, salute, istruzione, assistenza) la cui realizzazione richiede un intervento da parte dello stato; infine la quarta ed ultima generazione che comprende quelli che sono generalmente definiti i “diritti nuovi”, perché non espressamente previsti nel testo costituzionale in quanto non immaginabili al momento della scrittura della Costituzione (ad es. internet) o perché la loro rilevanza non era ancora emersa (ad es. tendenza sessuale e tutela della omosessualità).

Nel volume cui questo prologo si riferisce, vengono in maniera puntuale ricordati diritti delle varie generazioni, ad esempio come il diritto alla libertà religiosa oppure il diritto di voto, ma un ruolo decisamente più importante assumono i diritti sociali (alla salute, alla educazione ad esempio), mentre il richiamo ai “diritti nuovi”, seppure presente (v. p. 109), non viene elevato a trattazione specifica.

Sulla base dei valori tutelati dalla Costituzione e di una interpretazione estensiva ed evolutiva dei medesimi, anche i “diritti nuovi” hanno ricevuto riconoscimento e tutela sia a livello legislativo che giurisprudenziale e molti tra questi sono classificabili tra i diritti sociali (ad esempio il diritto all’ambiente salubre).

Il dibattito culturale e politico (oltre che giuridico) sullo stato sociale sorge, come noto, in connessione con la progressiva affermazione della società di massa e con l’affermarsi dell’economia moderna, a seguito della quale tutti i paesi si sono trovati ad affrontare problemi sociali conseguenti sia alle cicliche crisi economiche ed in generale alle condizioni del proletariato.

I diritti sociali, almeno in un primo tempo, hanno finito per essere situati in una situazione di “minorità” rispetto agli altri diritti e molti hanno dubitato che essi potessero essere definiti come “diritti fondamentali”.

La posizione di inferiorità dei diritti sociali era derivata in particolare per la situazione di conflittualità rispetto ai classici diritti di libertà, di prima generazione.

In proposito è stato sostenuto in maniera convincente come l’uguaglianza non si ponga in contrasto con la libertà, ma al contrario ne sia una specificazione e come ogni diritto di libertà abbia un senso solamente nella sua dimensione sociale.

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La posizione di subalternità risente di come è stata realizzata la positivizzazione dei diritti, che inizia non ponendovi i diritti sociali, come la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789 ed infatti solo i diritti di libertà sono contemplati nei documenti fondativi del costituzionalismo moderno e sembravano esprimere l’essenza della nuova fase storica che gli eventi rivoluzionari avevano aperto.

Nella nota affermazione secondo cui “senza divisione di poteri e senza diritti umani non c’è costituzione”, i diritti cui l’art. 16 faceva riferimento erano quelli della stessa Dichiarazione, cioè i diritti di libertà, i diritti sociali ne erano rimasti fuori.

Da qui se ne è derivata una supposta incompatibilità logica fra libertà ed eguaglianza, traendola dalla differenza storica fra i diritti sociali ed i diritti di libertà.

La supposta tensione dei diritti sociali rispetto ai diritti di libertà ha portato ad una resistenza nei riguardi dell’affermazione dei diritti sociali, ritenuti impropriamente legati ad una concezione comunista e marxista della società ed intesi come negazione della libertà e della proprietà.

In realtà l’affermazione dei diritti sociali non ha portato ad alcuna limitazione dei diritti di libertà, temuta a causa dell’ingerenza statale ed il timore si è rivelato infondato attraverso una ricostruzione dei diritti sociali come espressione e conseguenza dei principi di eguaglianza, di libertà e del principio democratico.

I diritti sociali presuppongono i classici diritti di libertà e si pongono non in contrapposizione ma come completamento delle tradizionali libertà in quanto rendono effettiva la liberazione dell’individuo garantendo il rispetto della dignità di ogni uomo ed il pieno godimento delle libertà, la contrapposizione pertanto è erronea e finisce per far smarrire la reciproca implicazione esistente fra le due categorie.

Certamente vi saranno momenti in cui un diritto di libertà si può porre in contrasto con un diritto sociale nella sua realizzazione pratica, ma ciò non è diverso rispetto al caso in cui il bilanciamento va fatto fra due diritti di libertà o tra due diritti sociali.

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3. IL DIVERSO RUOLO DELLE COSTITUZIONI, DEL LEGISLATORE, DEI TRIBUNALI COSTITUZIONALI E DEI GIUDICI ORDINARI. IL LIMITI ALL’ATTIVITÀ “CREATIVA” DEL GIUDICI Con riguardo al secondo dei temi sopra indicati, esso attraversa l’intero volume ed emerge chiaramente, a più riprese, coma un iceberg, in varie parti del libro, finendo per rappresentare un momento importante e qualificante dello stesso, anche se il tema non viene mai esaminato ex professo.

Ovvio il riferimento dell’autore al testo costituzionale ed alla importanza che certi principi vi siano contenuti e particolarmente il richiamo alla dignità della persona umana, pur nella convinzione che sia necessario attualizzare la terminologia ed i concetti contenuti nella CE del 1978.

L’Autore sottolinea altresì il valore dei testi costituzionali o di contenuto costituzionale approvati a livello sopranazionale, delle leggi nazionali che hanno dato attuazione ed altresì dei codici etici (p. 73).

Il problema però è posto, specialmente in un’ottica “concreta” quale quella del differente ruolo che vengono ad assumere i diversi attori che sono coinvolti nell’attività di determinazione ed applicazione dei diritti fondamentali, ossia il legislatore, il giudice, gli operatori professionali (ad esempio i medici) e la pubblica amministrazione.

Se è incontestabile che nel passaggio tra la individuazione e la applicazione di un diritto fondamentale un ruolo di primissimo piano viene svolto dalla attività di interpretazione, l’aspetto di decisiva importanza è quello dei limiti che l’interpretazione incontra rispetto al testo normativo o ancora più specificamente quali siano i limiti alla attività “creativa” di diritto da parte dei giudici.

L’A. rileva infatti (p. 78 y ss.) come l’intervento della giurisprudenza debba ritenersi un elemento di grande rilievo al fine di plasmare l’efficacia della nozione di dignità attraverso l’interpretazione delle fonti normative. Per quanto i testi costituzionali e le Convenzioni permettono certamente di procedere con maggiore precisione ad un bilanciamento della dignità con gli altri valori costituzionali, ma solo l’intervento del giudice è capace di chiedere il cerchio indicando lo

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specifico significato che permetta di determinare l’efficacia del richiamo alla dignità nel singolo, specifico caso concreto.

Sul punto infatti Belda conclude affermando (p. 88): “(…) seguimos teniendo hambre de una definición de entornos precisos que de momento no se encuentra en las generalidades comúnmente aceptadas”.

Sul tema l’A. torna a proposito delle problematiche sollevate dalla applicazione del canone della dignità al voto della persona disabile, sostenendo che appare opportuna a questo scopo una legislazione che stabilisca le linee guida, sia a livello di contenuto sostanziale, sia di regole processuali alle quali qualsiasi operatore giuridico, compreso il giudice, deve attenersi ad evitare la possibilità di giungere, nel concreto, a soluzioni differenti su casi assolutamente analoghi.

E’ evidente come, a giudizio dell’A., rimarrà sempre per il giudice un margine di apprezzamento, ma con un quadro legislativo più concreto si riduce il rischio di disparità di apprezzamento dell’operatore giuridico e si realizza meglio la dignità della persona, in quanto sarà il diritto ad aver fissato al giudice le linee per una decisione maggiormente rispettosa della dignità.

In caso contrario la diversa sensibilità di ciascun giudice potrebbe dare luogo a diseguaglianze, qualora fosse lasciato allo stesso il potere di concretizzare caso per caso la generica nozione di dignità.

L’A. comunque ammette che: “(…) difícilmente se pueden articular soluciones legislativas o (jurisprudenciales mientras las primeras llegan), que marquen la línea roja que separa la posibilidad de votar de la de ser privado de ello” (p. 146),

richiedendo quindi “(…) una regulación muy parca (pero necesaria) que, simplemente, garantice el sufragio a la persona que en general tenga capacidad de decisión social.” (p. 147).

Anche nella parte in cui viene analizzato il caso del diritto alla educazione (pp. 153 y ss.), l’A. evidenzia il grosso problema che si viene a porre in pratica e che crea dubbi a livello di interpretazione delle norme giuridiche per i giudici che debbono applicarle, in

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ordine a chi in concreto deve decidere per l’accesso al contenuto dell’educazione con lo scopo di realizzare il miglior risultato per la dignità della persona.

Anche nella parte finale del volume (pp. 191 y ss.) viene sottolineata la necessità di utilizzare il riferimento alla dignità non con il risultato di modificare le finalità cui tende il legislatore, né per perseguire addirittura un risultato contra legem. Il diritto positivo infatti consente di utilizzare la dignità come strumento di adattamento, essendo solo la norma scritta responsabile di attribuire un certo di significato alla dignità nel sistema organizzativo e delle fonti del diritto. La dignità quindi non deve essere utilizzata come uno strumento al di fuori del diritto e proveniente dall’ambito sociale, religioso, filosofico o economico, con la finalità di trasformare il sistema giuridico.

Certamente nel momento attuale il problema dei rapporti tra il diritto politico ed il diritto giurisprudenziale appare come centrale per il diritto costituzionale, sia con riferimento ai rapporti tra legislatore e Tribunali costituzionali, sia tra giudici comuni e legislatore, nonché tra giudici comuni e Tribunali costituzionali.

Allo scopo un ruolo centrale riveste anche la definizione di diritto fondamentale e la possibilità di distinguere tra quei diritti che sono contenuti nella Costituzione o da questa immediatamente ricavabili e che potremmo definire “diritti costituzionali” e quelli che invece esistono solo in quanto siano riconosciuti dal legislatore ordinario e che potremmo chiamare “diritti legali”.

Altresì di grande momento può risultare, nel caso dei “diritti costituzionali”, il fatto che il legislatore abbia ritenuto di dare attuazione con legge al diritto in questione oppure abbia preferito non farlo, ampliando così lo spazio dell’interpretazione giudiziale.

Certamente il tema, di grande impegno ed attualità, non poteva essere trattato in profondità in un volume dedicato specificamente ad altro, ma ritengo sia particolarmente apprezzabile il fatto che il tema non sia sfuggito all’A., il quale, come detto, vi ha fatto riferimento in più occasioni.

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4. IL FIL ROUGE DEL VOLUME: LA RICERCA DI UNA NOZIONE DI DIGNITÀ “UTILE” ALLA CONCRETA REALIZZAZIONE DEI DIRITTI FONDAMENTALI Volendo individuare nel volume di Belda un filo conduttore – una sorta di fil rouge – che più degli altri lo caratterizza ed attribuisce originalità e significato allo scritto, questo, a mio giudizio, va individuato nel tentativo di ricercare una nozione “utile” di dignità, distinguendosi con ciò dalle molte teorie centrate sulla ricerca della supposta definizione più giusta o più corretta.

Belda infatti prende nettamente le distanze da queste ricostruzioni che appaiono quasi un esercizio astratto, per andare a ricercare il significato della dignità nei casi concreti della vita ed in modo da attribuire alla stessa un ruolo davvero importante ed efficace per la tutela e la realizzazione dei diritti fondamentali.

Questo filo conduttore emerge chiaramente dalle tre affermazioni che l’A. pone nella parte iniziale del volume e che poi successivamente passa a specificare.

Con la prima di queste affermazioni viene richiamata l’attenzione sulla importanza della dignità per superare il livello della uguaglianza formale. Ciò è possibile solo nel caso in cui la dignità venga in considerazione nella interpretazione ed applicazione di qualunque diritto fondamentale. Quando la persona disabile per realizzare il suo diritto ha necessità dell’intervento di terze persone, non può non tenersi in conto il significato che assume per il disabile la tutela della intimità della persona, quale aspetto della dignità.

Questo aspetto è ben espresso dall’A. allorchè sostiene che: “La vida diaria es tozuda en ejemplos similares en los que intervenciones corporales y psicológicas, requieren para su evaluación una apelación continua a la dignidad y al libre desarrollo de la personalidad, para conciliar la finalidad que persigue la igualdad en todas sus acepciones, con unos métodos de intervención adecuados para conseguirlo (…) y no solo deben partir del aseguramiento del derecho a la vida y a la integridad física y moral: también requieren un modus operandi, un planteamiento y ejecución, que no agrave la situación de la víctima o incremente el daño ya sufrido.” (p. 14).