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INFORMES DE LA ADMINISTRACIÓN CONCURSAL (Incluye caso práctico, papeles de trabajo y cuadros de clasificación de créditos) 3ª Edición actualizada conforme a la Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal y Resolución de 18 de octubre de 2013 del ICAC sobre Marco de Información Financiera cuando no resulta adecuada la aplicación del principio de empresa en funcionamiento

DANIEL PASTOR VEGA

Abogado-Economista-Auditor de Cuentas

Valencia, 2014


Copyright ® 2014 Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito del autor y del editor. En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com (http://www.tirant.com).

Colección dirigida por:

Enrique Sanjuan y Muñoz Magistrado

Ana Belén Campuzano Catedrática de Derecho Mercantil

© Daniel Pastor Vega

© TIRANT LO BLANCH EDITA: TIRANT LO BLANCH C/ Artes Gráficas, 14 - 46010 - Valencia TELFS.: 96/361 00 48 - 50 FAX: 96/369 41 51 Email:tlb@tirant.com http://www.tirant.com Librería virtual: http://www.tirant.es ISBN: 978-84-9053-168-6 MAQUETA: Tink Factoría de Color Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-de-empresa nuestro Procedimiento de quejas.


A mí mismo por compartir tanto tiempo juntos y haberme rodeado de los mejores en la amistad, el amor y en el trabajo. A mis hermanos, por querer a mis padres. A mis hijos, Dani y Belén, pues son la razón de mi vida. A mis “ahijados pequeños” Rosa y José Antonio para que nadie los cambie. Enero 2014


Índice Prólogo .................................................................................................................. 9 Prólogo a la segunda edición................................................................................. 15 Prólogo a la tercera edición................................................................................... 19 Introducción........................................................................................................... 25

I. DEFINICIÓN............................................................................................... 29

II. PLAZO DE PRESENTACIÓN....................................................................... 31

III. CONTENIDO DEL INFORME (Arts. 74 y 75 LC)......................................... 35

IV. DETERMINACIÓN Y VALORACIÓN DE LA MASA ACTIVA.......................... 45

V. DETERMINACIÓN Y VALORACIÓN DE LA MASA PASIVA.......................... 51

VI. ESQUEMA DEL CONTENIDO DEL INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN CONCURSAL (Arts. 74 Y 75 LC)................................................................ 67

VII. PUBLICIDAD, IMPUGNACIÓN DEL INFORME Y FINALIZACIÓN DE LA FASE COMÚN DEL CONCURSO................................................................. 77 VIII. LAS CUENTAS ANUALES........................................................................... 83

IX. REFERENCIAS LEGALES A INFORMES DE LA ADMINISTRACIÓN CONCURSAL PREVISTOS EN LA LEGISLACIÓN CONCURSAL......................... 91

X. PAPELES DE TRABAJO DE LA AC............................................................. 119

XI. CASO PRÁCTICO DE INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN CONCURSAL (Arts. 74 y 75 LC)...................................................................................... 123

Diligencia de cierre................................................................................................. 205


Prólogo I. LA EMPRESA COMO SÍNTESIS DEL MUNDO JURÍDICO Y ECONÓMICO: OBJETO DEL LIBRO Cuando —tras el alcance de la especialización en materia mercantil mediante las pruebas que al efecto convocaba el Consejo General del Poder Judicial en el año 2003— me comunicaron la asignación de la plaza de Málaga en el juzgado de lo Mercantil 1 de Málaga (la primera de mis peticiones) tuve claro que me debía poner en contacto inicial, comunicando dicha asignación, a los diferentes Colegios de la Provincia y no dudaba entonces —y tampoco ahora— que era necesaria una coordinación y mayor colaboración entre profesionales jurídicos y económicos. La empresa, núcleo esencial de todo ello, tomó durante el primer tercio del siglo XX una definición objetiva y organicista puramente económica; fue el desgaje del aspecto subjetivo (el empresario como actividad) y objetivo (conjunto de medios instrumentales) el que motivó un nuevo concepto jurídico de empresa como actividad. Sin embargo no es posible abstraerse de la conjunción necesaria de ambos aspectos en cuanto, como señala URÍA1, a la actividad planificada y profesional con tendencia de continuidad (una mercantia non facit mercatorem) y propósito de lucro permanente. Lo que afecta a la empresa afecta al mundo en cuyo círculo tiene influencia. Y una de las mayores razones que fundamentan y justifican esta influencia, es el proceso concursal. La visión económica del concurso —que se plasma en la presente obra— parte de características particulares (a las que haremos posterior referencia) pero es estrictamente necesaria. El profesional económico debe partir (parafraseando la exposición de motivos de la reciente reforma 16/20072 que afecta al Derecho Contable societario) de la neutralidad de los conceptos jurídicos respecto de las normas técnicas. El jurista desconoce —en su aplicación e interpretación jurídica— el desarrollo técnico; pero lo curioso de todo ello es que el concurso de acreedores muestra apartados

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RODRIGO URÍA. Derecho Mercantil. 28ª Edición. Marcial Pons, pp. 31 a 33. LEY 16/2007, de 4 de julio, de reforma y adaptación de la legislación mercantil en materia contable para su armonización internacional con base en la normativa de la Unión Europea.


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jurídicos y económicos en donde esa neutralidad de conceptos y desarrollos técnicos desaparece. Es por ello loable el intento de definición del “INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN CONCURSAL” que el autor realiza en la obra. Quizás sea este el apartado de mayor dificultad al que ha debido enfrentarse el autor (incluso sin saberlo) puesto que pretende conceptos cuyo desarrollo técnico nos presenta a continuación. De esta forma la definición dada queda del siguiente modo: “Documento mercantil de carácter vinculante respecto a la cuantía, calificación y graduación de créditos concursales y su afección al convenio o liquidación y de carácter informativo respecto al inventario de la masa activa, la evolución de la situación jurídica y económica así como de las razones que han determinado la situación de insolvencia y su evolución”. Son documentos mercantiles, según MUÑOZ CONDE3, “los formados con arreglo al Código de Comercio y que, según él, tenga validez y efecto”. Y no cabe duda de que el citado documento (formado dentro de la normativa mercantil) a partir de la propia Ley Concursal tiene dicho carácter y naturaleza. La Ley Concursal se refiere al mismo (en la exposición de motivos) señalando que “La ley establece reglas precisas para la elaboración de estos documentos”. No se atreve, sin embargo, a dar una definición del mismo del que regula su estructura, formalización, presentación e impugnación. Su carácter vinculante se manifiesta específicamente en lo previsto en el artículo 97.1 LC al referir que “Quienes no impugnaren en tiempo y forma el inventario o la lista de acreedores no podrán plantear pretensiones de modificación del contenido de estos documentos”; y particularmente por lo que pudiera afectar al voto para el Convenio, al Convenio mismo o a la liquidación final de la empresa. El carácter informativo del informe (a cuyo fin impugnatorio cualquier parte podrá obtener copia a su costa y podrán solicitar aclaraciones en la Junta de Acreedores) es quizás uno de los mejores logros de la nueva normativa concursal y al mismo tiempo el mayor levantamiento de velo que la ley prevé con falta de limitaciones que, sin duda, serían muy necesarias para garantizar la continuidad de la empresa en los supuestos en que esta se produzca. En este apartado es conveniente que pudiera producirse una limitación importante judicial respecto del contenido del mismo en función

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MUÑOZ CONDE F. Derecho Penal. Parte Especial. 7ª Edición. Tirant lo Blanch. 7ª Edición, p. 501.


Prólogo

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del interés acreditado y de lo previsto en el artículo 185 LC: “Los acreedores no comparecidos en forma podrán solicitar del juzgado el examen de aquellos documentos o informes que consten en autos sobre sus respectivos créditos, acudiendo para ello a la secretaría del juzgado personalmente o por medio de letrado o procurador que los represente, quienes para dicho trámite no estarán obligados a personarse”. Destaca igualmente el marco del Análisis de Solvencia que se inspira en las teorías —probadas— del Catedrático García Martín y que parten de la capacidad de generación como modelo de prevención y detección de la situación empresarial. Aunque el análisis y las fórmulas utilizadas pudieran detraer inicialmente al jurista, lo cierto es que el modelo probado de preparación integral (tal y como ya se hace en el Máster de Viabilidad empresarial en el concurso de acreedores, como título propio de la Universidad de Málaga) conllevan que el profesional de la economía pueda atender a supuestos procesales y sustantivos concursales propios del concurso y que el jurista tenga una idea más que esencial del derecho contable. No puedo dejar pasar la ocasión para determinar que éste forma parte del Derecho Mercantil y que en la actualidad encuentra su desarrollo en el Código de Comercio y en las leyes societarias y que se convierte en necesidad más que posibilidad. Recientemente es aprobada una norma que nos ilustra claramente de esta necesidad. El Real Decreto-LEY 10/2008, de 12 de diciembre, por el que se adoptan medidas financieras para la mejora de la liquidez de las pequeñas y medianas empresas, y otras medidas económicas complementarias recoge en su haber una norma de utilización temporal y una reforma del Código de Comercio en este apartado. En relación a esta última se modifica el artículo 36 del Código de Comercio para señalar que “también a los citados efectos, los ajustes por cambios de valor originados en operaciones de cobertura de flujos de efectivo pendientes de imputar a la cuenta de pérdidas y ganancias no se considerarán patrimonio neto”. Criterio, a efectos de cálculo del patrimonio neto de la sociedad, que nos servirá para supuestos de reparto de dividendos, de disolución de la sociedad o reducción del capital social y que ningún jurista debiera estar impedido de calcular. Se añaden a lo anterior esquemas sobre resoluciones más importantes en calificación de créditos, esquemas de trabajo y un modelo completo, desarrollado y esquemático de informe que supone un acto de generosidad que muestra la personalidad del autor por cuanto concilia su condición de autor con la de administrador concursal en numerosas provincias y que deriva de la practica adquirida en estos primeros cinco años de vigencia de


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la Ley concursal y de la anterior, que ya poseía, en la tramitación de quiebras bien como Sindico o como Comisario.

II. EL AUTOR La propuesta al autor del libro conllevaba ciertos compromisos, a modo de principios, que debería observar y que sin duda así ha sido: claridad, concreción y actualidad. No buscamos el desarrollo investigador sino el resultado de la práctica. Unimos la experiencia y la realidad. La apuesta, sin embargo, —aún a pesar de la introducción— no era arriesgada por cuanto la praxis resulta vital para el operador jurídico y económico. Este debe saber que puede encontrar en el manual adquirido la solución a un problema concreto o el protocolo de una actuación necesaria en su quehacer diario. El resultado está a la vista. Un solo repaso transversal de la obra dirá más que cualquier exordio que pudiéramos hacer de la misma. Economista y Auditor concilia ambos mundos (no tan distantes pero tan complejos) con una pasión casi férrea por los procesos concursales. A ello le sigue la codirección de un Máster de Auditoría que cumple ya catorce ediciones y otro de derecho concursal que va por la segunda. Ha sabido conciliar la necesaria adecuación entre el trabajo y la formación; o la formación y el trabajo, sin cuyos fundamentos es, hoy en día, tan difícil navegar y mantenerse a flote. Aunque ha principiado en la edición de algún libro (Gestión práctica de obras y promociones de López Pinel R.) le faltaba la aventura (y a ella me refería en las palabras que recoge en la referida introducción) de una publicación (propia o en coautoría) de su puño y letra. No es una aventura sino una necesidad que los economistas accedan a pronunciar y pronunciarse, a manifestar y manifestarse al respecto de su intervención en el concurso. Por ello son llamados hasta en dos ocasiones en cada concurso ordinario e incluso pueden ser nombrados como únicos administradores concursales en un abreviado. En alguna ocasión nos brinda recomendaciones (como la referida a la estructura del informe) que pueden resultar muy útiles para completar aspectos que la ley ha pasado por alto. Incluso con una propuesta de situación patrimonial conjugando la complejidad del nuevo Plan General de Contabilidad, en cuanto a su estructura, con la clasificación concursal de los créditos, para determinar el activo, el pasivo y el patrimonio neto de la sociedad.


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Prólogo

La aventura, por tanto, es fruto del resultado de la laboriosidad, del trabajo bien hecho y del esfuerzo por mejorar que se presuponía en el autor como administrador concursal de concursos importantes y trascendentales que no es necesario citar. De su preocupación es una muestra la Resolución que nos acompaña sobre la Consulta vinculante resuelta por la Dirección General de Tributos sobre la imposición referida a la retribución de la Administración Concursal.

III. LA OBRA Ha querido el autor dividir la obra en dos grandes apartados: el informe y anexo sobre propuesta de informe (caso práctico). Se acompaña la primera de un marco de referencias legales de utilidad diaria y de papeles de trabajo que determinan un verdadero esquema y estructura de recogida de información en los despachos profesionales que sin duda constituyen una estructura a seguir (en la medida de lo posible) incluso en el ámbito judicial. Se acompaña, en segundo lugar, un caso práctico cuyo único defecto es no poder disponer del mismo en formato digital para (con el copyleft) poder ser utilizado como modelo a seguir. Constituye, sin duda, la mejor guía práctica sobre el informe de la Administración Concursal y el mejor esquema, de entre los posibles, para solucionar las cuestiones y problemas que día a día se nos presentan en los concursos.

IV. CONCLUSIONES Me preguntó el autor —con prudencia y respeto— si era posible que prologara su obra, creyendo que la misma ganaría con estas palabras. Ignoraba entonces que su obra valía por sí misma y que no era necesario prólogo alguno o que, entre los posibles, no lo era éste de quien tiene el honor de prologar. Cumple con la misma —con esta obra— una vieja aspiración (y espero que me permita esta referencia conocida únicamente en la relación de coordinación de la obra) de terminar uno de los dos trabajos que se ha propuesto para dedicar a una persona para él importante en su vida cuya razón le ha llevado incluso a adelantar la terminación para su publicación.


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Pero finalmente ha cumplido y la claridad, concreción y actualidad se impone de tal manera que sin duda me es grato y fácil concluir que la presente tiende a convertirse en guía de trabajo para las profesiones jurídicas y económicas que diariamente se dedican a esto del “derecho concursal”. En Málaga a 16 de diciembre de 2008. Enrique Sanjuán y Muñoz

Magistrado. Profesor Asociado de Derecho Mercantil de Málaga


Prólogo a la segunda edición I. “CAVEAT CREDIT” Ciertamente gratificante es prologar por segunda vez una obra que en breve tiempo ha conseguido agotar la primera edición y que por ello significa la gran acogida que se ha dispensado por quienes se dedican a esto del “derecho concursal”. Pero si reconfortante es para quien prologa ninguna sensación se acerca a la que debe sentir el autor bajo la presión de tener que actualizar su obra en tan breve tiempo. Me consta que el esfuerzo ha sido recompensado en un reconocimiento público —al modo de obligación pasiva universal— de quien ha dedicado tiempo, inversión y pasión a la hora de recopilar, compilar, estudiar y presentar no sólo un libro sino también una imagen al exterior del trabajo realizado. Y lo más importante de todo es que el camino no está andado sino que se está haciendo al modo del poema de Machado “se hace camino al andar”. Por eso “caveat credit” —frase latina acuñada en el primer máster de viabilidad empresarial de Málaga— es algo más que una seña de identidad; es la simplificación en dos palabras de ese camino que queda y que motiva serios estudios, prácticos argumentos para una buena solución al concurso.

II. REFORMAS Y CONTRARREFORMAS Cuando se ponía a disposición la primera edición todavía no constaban las siguientes reformas que han venido y el gran anuncio (legal y oficial) de una reforma posterior (hacia 2010) con mucho más empaque y enjundia. Sin embargo la obra ha demostrado que su carácter general y su tratamiento global puede superar estas y otras grandes reformas que nos queden por venir. Bien es cierto que deberá actualizarlas pero también lo es que el cuerpo esencial sigue siendo válido aún a pesar de las mismas. Dos de los grandes apartados de la reforma de 27 de marzo (RD 3/2009) son el añadido de un nuevo crédito subordinado (92.7 LC) y un supuesto especial de reconocimiento (87.2 LC) de determinados créditos.


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En cuanto al primero (Los créditos derivados de los contratos con obligaciones recíprocas a que se refieren los artículos 61, 62, 68 y 69, cuando el juez constate, previo informe de la Administración Concursal, que el acreedor obstaculiza de forma reiterada el cumplimiento del contrato en perjuicio del interés del concurso.) es evidente que lo que se pretende (nuevo principio concursal ad hoc) es impedir cualquier tipo de afectación o perjuicio al concurso por parte de los acreedores, partiendo de esa universalidad que tanto es discutida desde posiciones civilistas. Al margen de la crítica general que puede realizarse a la redacción lo cierto es que la obstaculización por el acreedor motiva una sanción grave por parte del legislador incomprensible en otro ámbito del derecho precisamente porque nos movemos en un proceso en donde las instituciones y naturalezas quedan desvirtuadas por el propio sistema concursal. La segunda de las reformas referidas lo es también al principio de devengo que tan discutido ha sido, en ámbitos diferentes del proceso concursal, por parte de las administraciones públicas. El recoger un crédito señalando que “que por el contrario, los créditos de derecho público de las Administraciones públicas y sus organismos públicos que resulten de procedimientos de comprobación o inspección se reconocerán como contingentes hasta su cuantificación, a partir de la cual tendrán el carácter que les corresponda con arreglo a su naturaleza sin que sea posible su subordinación por comunicación tardía. Igualmente, en el caso de no existir liquidación administrativa, se clasificarán como contingentes hasta su reconocimiento por sentencia judicial, las cantidades defraudadas a la Hacienda Pública y a la Tesorería General de la Seguridad Social desde la admisión a trámite de la querella o denuncia”, supone un carpetazo al régimen del devengo administrativo para motivar una “contingencia” diferente a la que pudiera venir del derecho tradicional civil y un fuerte apoyo a los criterios establecidos por los juzgados de lo mercantil en materia de sanciones, impuestos o nuevas certificaciones de deudas.

III. UNA LIMITACIÓN AL ALCANCE El juego de los artículos 75 y 96 de la LC nos permite señalar que el informe de la Administración Concursal no es un informe público. Sólo el inventario y la lista de acreedores son susceptibles de impugnación y por


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Prólogo a la segunda edición

ello sólo de estos pueden obtenerse copias en un sistema previo de petición y a los efectos de dicha impugnación. Esto es evidente puesto que la continuidad de la empresa no soportaría que competidores o concurrentes conocieran la realidad de la empresa, ya de por sí bastante oreada en el marco concursal. Sin embargo la información ofrecida por dicho informe debe considerarse muy útil a los efectos de la naturaleza jurídica del mismo, como documento mercantil propio de un proceso concursal. Pero el juego de dicho artículos también nos permite ver que el informe de la Administración Concursal es un documento complejo que la práctica ha venido facilitando y para cuya adecuación es una herramienta imprescindible el presente libro. (Ya hubieran querido los Fugger contar con tales instrumentos).

IV. UN MOMENTO CRUCIAL Estamos en un momento crucial. En plena crisis y con complejos procesos concursales pendientes de venir, lo interesante es adecuar las medidas (de todo tipo) para facilitar la pervivencia de la empresa y del empleo. Cualquier esfuerzo es mínimo y bien venido. Por ello sigue siendo loable que las personas que diariamente trabajan en la práctica de los juzgados incorporen el fruto de su experiencia en escritos, artículos y libros y los den a conocer a otros para que puedan servirse de sus conocimientos. Es por ello que esta segunda edición del presente libro ratifica la opinión de la necesidad de libros concretos, con claridad, actualidad y práctica. Y también que esta segunda edición debe suponer para el autor la iniciativa y el impulso suficiente para abordar otros grandes temas de su práctica concursal, a quien animo desde este momento. En Granada a 10 de julio de 2009. Enrique Sanjuán y Muñoz

Magistrado especialista en los asuntos propios de los órganos de lo mercantil en excedencia. Profesor Asociado de Derecho Mercantil de la Universidad de Málaga. Socio/Director del Departamento Mercantil de Martínez-Echevarría, Pérez i Ferro abogados.


Prólogo a la tercera edición I. El primer prólogo a la presente obra se firmó en fecha de 16 de diciembre de 2008. Unos años después y varias ediciones más —caminos, venturas y desventuras— nuevamente sale a la luz una edición actualizada de la misma. Han pasado, en lo que al objeto del mismo se refieren, dos grandes reformas por la Ley Concursal, una en 2009 y otra en 2011. El RD 3/2009 tenía por extraño nombre el de “medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal ante la evolución de la situación económica”; en ella se incorporó una modificación al artículo 34 LC referido a la retribución de la Administración Concursal en donde se recogía —y todavía se mantiene— que “en aquellos concursos en que la masa sea insuficiente, se garantizará el pago de un mínimo retributivo establecido reglamentariamente, mediante una cuenta de garantía arancelaria que se dotará con aportaciones obligatorias de los administradores concursales. Estas dotaciones se detraerán de las retribuciones que efectivamente perciban los administradores concursales en los concursos en que actúen en el porcentaje que se determine reglamentariamente”. La posterior reforma 38/2011 justificaba, entre otros, la misma añadiendo: “...la ley es consciente de la importancia del papel que desempeñan en este ámbito los administradores concursales y busca una mayor profesionalización”. Esa profesionalización se cercenó, entonces, aplicando la regla de un solo administrador concursal para limitar —según se recoge en su exposición de motivos— los costes del concurso de acreedores. En realidad una pequeña revisión (adecuada a la realidad) del RD 1860/2004 (eternamente pendiente y anunciada) hubiera bastado para mantener la profesionalización inicial y reducir esos gastos que tanto pesan en la dinámica actual de los supuestos de insolvencia. En las referidas reformas importaban dos cuestiones esenciales: 1º. La profesionalización de la Administración Concursal. 2º. La retribución de la Administración Concursal. Seguramente porque el legislador no estaba muy al tanto o no creía suficientemente en su normativa, con posterioridad se aprueba el Real Decreto 1333/2012, de 21 de septiembre, por el que se regula el seguro de responsabilidad civil y la garantía equivalente de los administradores concursales, con amparo en la reforma de 2011. Es por ello que su propia exposición de motivos habla de “seguro o garantía” como si de la misma institución se tratara. Otro de


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los grandes apartados (nunca completamente explicados o comprendidos) de la última de las reformas fue la de introducir la posibilidad (siempre al amparo de los costes del concurso) de nombramiento de personas jurídicas (sin referencia expresa a sociedades profesionales) para ser nombrados administradores concursales; y ello con la idea de que las mismas integraran al menos profesionales jurídicos y económicos que tendencionaran a los juzgados al nombramiento de estas —frente a las personas físicas— dado que en el pack ya se incluían aquellos iniciales profesionales que la Ley de 2003 había querido. Esa profesionalización, por tanto, se había delimitado sobre varias líneas esenciales: 1. Un solo administrador como regla general. 2. Sujeto a un requisito previo de aceptación como es la existencia de un seguro de responsabilidad civil. 3. Personas jurídicas en las listas para que juristas y economistas integraran en un solo nombramiento el cuerpo de administradores concursales. Poco seguro, igualmente, de lo que había dicho tampoco reguló nunca lo referente a la retribución en los términos de las dos citadas reformas; y el baremo (ciertamente importante en supuestos de activos y pasivos elevados) permanece igual desde su aprobación. II. En la actualidad es tema candente y se ha puesto en cuestión el sistema de nombramiento de los administradores concursales. Desde la inicial ley de 2003 la misma se realiza por nombramiento discrecional del juez con los límites legales del artículo 28 LC. La reforma de 2011 introdujo igualmente otros requisitos —curiosos— bajo la siempre problemática coletilla de “no obstante”. No obstante —nos dice la ley— “podrá (el juez), apreciándolo razonadamente, designar a unos concretos administradores concursales cuando el previsible desarrollo del proceso exija una experiencia o unos conocimientos o formación especiales, como los vinculados a asegurar la continuidad de la actividad empresarial o que se puedan deducir de la complejidad del concurso”. Y, además “...para concursos ordinarios deberá designar a quienes acrediten su participación como administradores o auxiliares delegados en otros concursos ordinarios o, al menos, tres concursos abreviados, salvo que el juez considere, de manera motivada, idónea la formación y experiencia de los que designe en atención a las características concretas del concurso.” Ello obedecía a un régimen particular que distinguía entre concursos abreviados y ordinarios y a concursos de especial trascendencia frente a otros que no lo eran. El criterio esencial en uno y otro supuesto es siempre cuantitativo y no cualitativo. Las noticias en los medios de comunicación nos hablan de “suspicacias” y críticas —cuan-


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do no dudas— al sistema, lo que ha motivado (y ha sido publicado en algún medio de comunicación) que mi opinión sea la que expongo a continuación. III. Nuestra norma de insolvencias vino a modernizar la existente con anterioridad y que se mantenía desde tiempos de Fernando VII o la regencia de María Cristina. La reforma de la normativa de quiebras no solo era obligatoria sino irremediablemente urgente para evitar la destrucción de los tejidos empresariales de las diferentes zonas o territorios. Desde las Ordenanzas de Bilbao (1.737) o las de Málaga (1..825) y en los Códigos de Comercio de 1829 y 1885, se había mantenido un régimen mixto de control judicial y un órgano auxiliar formado por insaculación —en parte— de expertos en quiebras y por designación —en otra— por los acreedores. La relación, por tanto, era de confianza (depositario), experiencia (comisario) y control por los interesados (síndicos). La nueva norma concursal recogió de la experiencia de derecho comparado la figura de la especialización necesaria para intervenir en procesos concursales (designación por el juez de quienes voluntariamente se registraban a través de colegios profesionales allí donde se exigiera) y el necesario control por los acreedores (cuyo representante también formaba parte de las citadas listas). Este sistema fue querido particularmente por las corporaciones y colegios profesionales que intervinieron activamente en el proceso parlamentario de la citada norma. La reforma que se produce en 2011 de la normativa concursal pretendió reducir gastos en cuanto a la actuación de estos profesionales y estableció la designación judicial de un solo administrador concursal (salvo supuestos complejos) de entre las listas elaboradas por colegios e instituciones, entre sus miembros, con formación en la materia y con límites en cuanto a no poder ser nombrados (el mismo) más de tres veces en dos años en el mismo juzgado y prohibiciones por las relaciones profesionales que los mismos pudieran tener con la empresa insolvente. La designación por lo tanto lo es a discreción, con esos y otros límites, por el juez que declara el concurso. Sin embargo la crisis económico-financiera que vivimos ha hecho que las citadas listas hayan ido creciendo geométricamente conforme la crisis aumentaba y que los procesos concursales se hayan convertido en una de las vías de negocio de los despachos (grandes y pequeños) de abogados y profesionales de la economía. Con ello ha aumentado también la suspicacia en cuanto a los nombramientos (siempre partiendo del respeto a los límites y prohibiciones previstos en la norma); y en un mundo, como el actual, en el que todo se pone en duda, también la crítica ha surgido en diferentes medios de comuni-


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cación de forma, en ocasiones, extremadamente desagradable. Pero el sistema judicial no puede permitirse esas dudas. El juez se debe al imperio de la ley y mientras esta permanezca de una forma será necesario aplicarla en los términos que ha querido el legislador como depositario de la soberanía popular. No obstante —y nuevamente— cuando el sistema se pone en duda es necesario replantear la cuestión y buscar una solución que margine las opiniones contrarias o que se opongan a un determinado sistema. Ninguno es mejor que otro pero la imparcialidad y la independencia deben imperar por encima de todos los supuestos. Los argumentos que apoyen los diferentes sistemas posibles pueden ser diferentes y válidos en todos los casos pero existen axiomas de los que deberíamos partir: 1. La especialización —incluso universitaria— de quienes administran las empresas se hace en condición estrictamente necesaria para evitar riesgos innecesarios. 2. La designación judicial puede ser sustituida pero los sistemas aleatorios o de azar no son objetivos cuando de especialización, empleo y empresa hablamos. 3. El sistema debe buscar la mejor solución a los intereses de los concursos (de todos los afectados) y por tanto se han de rechazar sistemas abiertos. 4. El control judicial debe ir acompañado del control por todos los afectados. Las críticas al sistema pueden y deben existir; las dudas del sistema deben ser corregidas. Y más aún cuando de un pilar fundamental del derecho hablamos como es la justicia. IV. A lo largo de estos años se ha venido a poner en duda el funcionamiento de la Administración Concursal, de los juzgados y de los propios jueces, cuando en realidad es la propia ineficacia de la normativa concursal y de las dotaciones de los juzgados que nos invade la que se pone de manifiesto en la realidad empírica que tanto se quiere marginar. Aun a pesar del crecimiento exponencial de concursos de acreedores en estos últimos años la creación de los juzgados de lo mercantil ha sido nula y la previsión de creación para futuros años es también inexistente. Desde la aprobación de la normativa concursal y en su aplicación práctica profesional y en el ámbito jurisdiccional la complejidad de la materia ha llevado a los implicados a necesitar una formación constante y continua. Nunca se ha conocido —quizás por haber estado vetado por quienes controlaban la razón pedagógica y editorial— la implicación tan importante de la magistratura y de los profesionales en la formación y en el desarrollo doctrinal de instituciones y estructuras. Ello ha llevado a que los colectivos hayan funcionado coordinadamente (tal y como se realiza en la rama laboral) partiendo del patrimonio, de la empresa y del


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empleo como común denominador y en la necesidad de integrar, completar y desarrollar una casuística inabarcable que en los últimos diez años se ha desarrollado tanto como en los doscientos anteriores que estuvo vigente la normativa derogada. Esto es sin duda el resultado de una labor de trabajo duro y de esfuerzo en preparación, formación e investigación en donde cátedras, magistratura y profesionales jurídicos y económicos están deontológicamente implicados. Las suspicacias obedecen a la ignorancia y a la querencia de un sistema —ya por suerte derogado— que se había mostrado altamente tóxico. V. Ofrecer al lector y al profesional una visión de la Administración Concursal (como órgano del concurso) y de sus funciones es la misión esencial y lograda de la presente edición que se adapta a la nueva reforma de 2011 y a la introducción del seguro de responsabilidad civil. Con ello se logra el triple objetivo de generosidad (extendiendo la experiencia y conocimientos propios), de formación (ayudando a quienes se inician o a quienes trabajan diariamente en ello) y de profesionalidad (buscando siempre la excelencia en el propio trabajo). La colección de derecho concursal de la editorial Tirant ha apostado por ello y nos presenta ahora una nueva edición de la inicial obra de su autor en el compromiso de divulgación de los conocimientos adquiridos, de formación inicial y continua y de profesionalidad en su elaboración; notas características de la presente obra que incorporan los conocimientos jurídicos y económicos, demostrados, del autor. VI. Ya señalé en otros prólogos que el valor de la presente obra es su configuración práctica y la posibilidad de utilizar los instrumentos de la misma para el propio trabajo o para la autoformación. Que nos ofrece instrumentos de análisis y de aplicación y formularios reales de trabajo esenciales para una buena Administración Concursal. Un simple vistazo al índice es suficiente para la recepción del esfuerzo realizado y de la utilidad práctica de la misma. Y que las notas características de la obra son una muestra de las notas de generosidad, compromiso de formación y profesionalidad de la editorial, de la colección y del autor. Enrique Sanjuán y Muñoz Magistrado Profesor Asociado de Derecho Mercantil de la UMA En Granada a 25 de septiembre de 2013


Introducción El presente documento de trabajo, y siguiendo las instrucciones del encargo, pretende ser una herramienta de utilidad para mis compañeros los administradores concursales en la ardua tarea de confección del informe relacionado con la formación del inventario de la masa activa y masa pasiva del concurso, que se encuentra previsto en los artículos 74, 75, 76 a 83 y del 89 al 94 de la Ley Concursal (en adelante LC) para el procedimiento general y 191.2 de la Ley Concursal para el procedimiento abreviado. A título enunciativo señalaré que la Administración Concursal realiza o puede realizar a lo largo del procedimiento concursal otros informes que son los siguientes: 1) Informe de supervisión solicitado por el Juez (Art. 35.4 LC). 2) Informe sobre el cambio de situaciones de intervención o suspensión de facultades del deudor (Art. 40.4 LC). 3) Informe sobre actos de disposición de bienes no necesarios para la continuidad de la actividad (Art. 43.3.2º LC). 4) Informe sobre continuación del ejercicio de la actividad profesional o empresarial (Art. 44.4 LC). 5) Informe sobre las medidas a adoptar para puesta a disposición de los libros del deudor (Art. 45 LC). 6) Informe de supervisión de cuentas anuales formuladas por el órgano de administración (Art. 46.1 LC). 7) Informe sobre los auditores (Art. 46.2 LC). 8) Formulación de cuentas anuales y, en su caso, pedir informe de auditoría en caso de sustitución (Art. 46.3 LC). 9) Informe sobre cuantía y periodicidad del derecho a alimentos del deudor (Art. 47.1 LC). 10) Ejercicios de derechos políticos de la concursada (Art. 48.5 LC). 11) Informe sobre embargo de bienes y derechos de administradores o liquidadores de hecho o de derecho (Art. 48.Ter. 2). 12) Informe sobre interposición de demandas convenientes a los intereses del concurso (Art. 54.2 LC).


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