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Revista de la Facultad de Derecho Nº 11/2013

Crónica Jurídica Hispalense

PRESENTACIÓN Antonio Merchán Álvarez, Decano de la Facultad de Derecho DERECHO ADMINISTRATIVO María de los Ángeles Fernández Scagliusi, Roberto Galán Vioque, Emilio Guichot Reina y Alejandro Román Márquez, “Anuario 2012 de Derecho Administrativo” DERECHO CIVIL Mª Carmen Fernández de Villavicencio Álvarez-Ossorio, “Crónica de Derecho civil: análisis crítico de la STC 198/2012, de 6 de noviembre” DERECHO CONSTITUCIONAL José María Morales Arroyo y Manuel Medina Guerrero, “Crónica constitucional de 2012” DERECHO ECLESIÁSTICO DEL ESTADO Mar Leal Adorna y María Reyes León Benítez, “El matrimonio homosexual en España: un giro copernicano en 2012” DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO Ana Luque Cortella, “Novedades en el ámbito de la imposición indirecta” Ignacio Pérez Royo, “Novedades en el ámbito de la imposición directa” DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO Beatriz Campuzano Díaz y Mª Ángeles Rodríguez Vázquez, “Crónica de Derecho Internacional Privado” DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO Y DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA Joaquín Alcaide Fernández, Marycruz Arcos Vargas, Casilda Rueda Fernández, Eulalia W. Petit de Gabriel, María Teresa Comellas Aguirrezábal, Carlos de Ory Arriaga, Claudia Cinelli y César Villegas Delgado, “Crónica de Derecho Internacional Público y Derecho de la Unión Europea. Año 2012” DERECHO MERCANTIL Inmaculada López de la Torre, “Principales reformas legislativas en Derecho Mercantil español” DERECHO PENAL Miguel Polaino Navarrete, Carmen Requejo Conde y Antonia Monge Fernández, “Novedades legislativas en la Reforma del Código Penal por Ley Orgánica 7/2012” DERECHO PROCESAL Juan Burgos Ladrón de Guevara, “La importancia de las tasas judiciales en la Crónica Jurídica del Derecho Procesal. Año 2013” DERECHO ROMANO Alfonso Castro Sáenz, “A la búsqueda de la plenitud de la Jurisprudencia Romana: una vanguardia romanística” DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL María José Rodríguez Ramos, “Mercado de trabajo público y mercado de trabajo privado en el nuevo Derecho del Trabajo del Siglo XXI” FILOSOFÍA DEL DERECHO Antonio Enrique Pérez Luño, “El nuevo paradigma de los Derechos Fundamentales en el Estado Constitucional” HISTORIA DEL DERECHO Alfredo José Martínez González, “Aproximaciones a la jurisdicción universitaria en la Sevilla de comienzos del Siglo XVIII” TRABAJO FIN DE MÁSTER Juan Manuel Rodríguez Amodeo, “La tercería de mejor Derecho: doctrina y jurisprudencia”” JUBILACIÓN Faustino Gutiérrez-Alviz Conradi, “Sobre la ciencia o arte de litigar”

Crónica Jurídica Hispalense Revista de la Facultad de Derecho Nº 11/2013


Crónica Jurídica Hispalense

SUMARIO

Nº 11/2013

PRESENTACIÓN Antonio Merchán Álvarez, Decano de la Facultad de Derecho................................................................... DERECHO ADMINISTRATIVO María de los Ángeles Fernández Scagliusi, Roberto Galán Vioque, Emilio Guichot Reina y Alejandro Román Márquez, “Anuario 2012 de Derecho Administrativo”................................................................................................. DERECHO CIVIL Mª Carmen Fernández de Villavicencio Álvarez-Ossorio, “Crónica de Derecho civil: análisis crítico de la STC 198/2012, de 6 de noviembre”..................................................................................................................... DERECHO CONSTITUCIONAL José María Morales Arroyo y Manuel Medina Guerrero, “Crónica constitucional de 2012”..................................... DERECHO ECLESIÁSTICO DEL ESTADO Mar Leal Adorna y María Reyes León Benítez, “El matrimonio homosexual en España: un giro copernicano en 2012”... DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO Ana Luque Cortella, “Novedades en el ámbito de la imposición indirecta”.................................................. Ignacio Pérez Royo, “Novedades en el ámbito de la imposición directa”..................................................... DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO Beatriz Campuzano Díaz y Mª Ángeles Rodríguez Vázquez, “Crónica de Derecho Internacional Privado”...................... DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO Y DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA Joaquín Alcaide Fernández, Marycruz Arcos Vargas, Casilda Rueda Fernández, Eulalia W. Petit de Gabriel, María Teresa Comellas Aguirrezábal, Carlos de Ory Arriaga, Claudia Cinelli y César Villegas Delgado, “Crónica de Derecho Internacional Público y Derecho de la Unión Europea. Año 2012”......................................................................................... DERECHO MERCANTIL Inmaculada López de la Torre, “Principales reformas legislativas en Derecho Mercantil español”......................... DERECHO PENAL Miguel Polaino Navarrete, Carmen Requejo Conde y Antonia Monge Fernández, “Novedades legislativas en la Reforma del Código Penal por Ley Orgánica 7/2012”.......................................................................................... DERECHO PROCESAL Juan Burgos Ladrón de Guevara, “La importancia de las tasas judiciales en la Crónica Jurídica del Derecho Procesal. Año 2013”............................................................................................................................. DERECHO ROMANO Alfonso Castro Sáenz, “A la búsqueda de la plenitud de la Jurisprudencia Romana: una vanguardia romanística”... DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL María José Rodríguez Ramos, “Mercado de trabajo público y mercado de trabajo privado en el nuevo Derecho del Trabajo del Siglo XXI”............................................................................................................... FILOSOFÍA DEL DERECHO Antonio Enrique Pérez Luño, “El nuevo paradigma de los Derechos Fundamentales en el Estado Constitucional”..... HISTORIA DEL DERECHO Alfredo José Martínez González, “Aproximaciones a la jurisdicción universitaria en la Sevilla de comienzos del Siglo XVIII”................................................................................................................................... TRABAJO FIN DE MÁSTER Juan Manuel Rodríguez Amodeo, “La tercería de mejor Derecho: doctrina y jurisprudencia”............................... JUBILACIÓN Faustino Gutiérrez-Alviz Conradi, “Sobre la ciencia o arte de litigar”.......................................................... ÍNDICE ALFABÉTICO DE AUTORES..................................................................................................... ÍNDICE COMPLETO DE MATERIAS......................................................................................................

5 11 61 79 121 155 169 195

215 311 349 387 405 431 459 477 505 641 653 655


DIRECTOR: Antonio Merchán Álvarez, Decano de la Facultad de Derecho SECRETARIO: Manuel Espejo Lerdo de Tejada, Vicedecano de Investigación y Postgrados CONSEJO EDITORIAL:

José Mª Ribas Alba, Director del Departamento de Ciencias Jurídicas Básicas (Derecho Romano, Historia del Derecho y de las Instituciones y Derecho Eclesiástico del Estado) Jesús Jordano Fraga, Director del Departamento de Derecho Administrativo Mª del Carmen Fernández de Villavicencio Álvarez-Ossorio, Directora del Departamento de Derecho Civil e Internacional Privado Manuel Medina Guerrero, Director del Departamento de Derecho Constitucional Antonio M. Cubero Truyo, Director del Departamento de Derecho Financiero y Tributario Alfonso Rodríguez de Quiñones y Torres, Director del Departamento de Derecho Mercantil José de los S. Martín Ostos, Coordinador del Área de Derecho Procesal Jesús Cruz Villalón, Director del Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social Rafael González-Tablas Sastre, Director del Departamento de Filosofía del Derecho Mar Leal Adorna, Coordinadora del Área de Derecho Eclesiástico del Estado Mª de los Ángeles Rodríguez Vázquez, Coordinadora del Área de Derecho Internacional Privado Joaquín Alcaide Fernández, Director del Departamento de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales Miguel Polaino Navarrete, Director del Departamento de Derecho Penal y Procesal Bartolomé Clavero Salvador, Coordinador del Área de Historia del Derecho y de las Instituciones

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PRESENTACIÓN No me resisto a manifestar que uno de los sentimientos más esperanzadores que tengo, con motivo del cumplimiento de mi mandato decanal, es el de solicitarle a mi sucesor/a en el cargo el compromiso de la continuidad de esta aventura editorial que es la revista de nuestra Facultad, la Crónica Jurídica Hispalense; y cuya gestión heredé, a la altura del número tercero, de mi predecesor el Prof. Dr. Alarcón Caracuel, actual Magistrado de Tribunal Supremo, bajo cuyo mandato muy acertadamente se fundó. Durante el que yo he presidido como Decano se ha celebrado el décimo aniversario editorial de la revista, que, como ya tuve ocasión de manifestar, constituía un acontecimiento lleno de congratulaciones. Pues, sin duda, evidencia la enorme dosis de constancia y esfuerzo que periódicamente ha practicado un nutrido colectivo de profesores universitarios, de nuestra Facultad de Derecho, y que dice mucho a favor del empuje y reputación científica que nos caracteriza como centro universitario hispalense. De nuevo la editamos con la metodología expositiva general, que se induce de la intitulación de la revista y que tan buena acogida ha tenido en gran parte de los operadores del derecho; como es sabido, el planteamiento cronístico clásico, sistemático y detallado, que atiende a los productos legislativos estatales y también autonómicos, sobre todo los de nuestra Comunidad Autónoma; y con incidencia también en los jurisprudenciales del año cronicado, el 2012. Ahora bien en este número se observa una tendencia, atisbada ya en otras ocasiones anteriores, pero ahora cada vez más prevaleciente, a que, sin desmerecer de la cronística visión de conjunto, se otorguen destacados perfiles monográficos a determinadas colaboraciones, que necesariamente continúan siendo especialmente sensibles a la crisis socioeconómica que se sufre o a determinadas reformas de fuerte calado normativo. El planteamiento monográfico prevalece, como ya se sabe, en las colaboraciones de las áreas jurídicas básicas, históricas y filosófica. En determinadas áreas jurídicas de derecho público sigue predominando llamativamente la autoría colegiada; pero la generalidad suelen ser autorías singulares o plurales duales; y en todo caso participan tanto docentes noveles como quienes se encuentran en plena madurez y no faltan los de consagrado e internacional prestigio científico. En este volumen, por demás, se ha incluido la publicación del Trabajo Fin de Master que se titula La tercería de mejor derecho: doctrina y jurisprudencia, del que es autor José Manuel Rodríguez Amadeo, y que ha sido dirigido por la Profª. Dra. Paula Díaz Pita. Asimismo hemos abierto una nueva sección para la edición de la última clase, pronunciada, en su caso, por los Profesores que se jubilan, que denominamos Lecciones de jubileo, y que en esta primera edición Sobre la ciencia y arte de litigar, fue dictada por el Prof. Dr. Faustino Gutiérrez-Alviz Conrado, cuya lectura recomiendo a los estudiantes del Master de Abogacía.


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La colegialidad en la autoría es ya tradicional en la elaboración de la Crónica de Derecho Internacional Público y Derecho de la Unión Europea, en cuya redacción, probablemente por la prolífica producción normativa que debe ser estudiada y sistematizarse, a efectos de su exposición, interviene un equipo de ocho profesores de todas las categorías académicas. En ella se exponen las principales acciones desarrolladas durante 2012 en diversas instituciones y regímenes internacionales, tanto en el ámbito universal como en el ámbito regional europeo. De entre los distintos regímenes internacionales, se presta especial atención a los desarrollos habidos en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, así como del Derecho de la Unión Europea. Y asimismo se relacionan los acuerdos internacionales que han conformado la práctica convencional española. Los autores de la Crónica de Derecho Constitucional parten de la convicción de que la crisis económica y las elecciones autonómicas representan los principales acontecimientos durante el pasado año y consecuentemente que las actuaciones contra dicha crisis han sido el centro de atención de las agendas políticas del Estado y de la Comunidad Autónoma. De ahí que examinen la Ley Orgánica 2/2012, dictada en desarrollo del reformado artículo 135 CE y en especial se centren en el estudio de las amplias facultades de control que esta Ley atribuye al Estado con el objeto de imponer a los gobiernos autonómicos el cumplimiento efectivo de los límites de déficit y endeudamiento. La Crónica de Derecho Administrativo la elaboran sus autores sobre la base de la conciencia de una anualidad normativa, que califican de escasa en producción de formas legislativas, repleta de medidas urgentes, y dominada por el abrumador recurso a la practica por nuevo Gobierno de la figura del Real Decreto-ley, la mayor parte de los cuales fue sencillamente convalidado sin tramitación posterior como proyectos de ley. De otra parte se estudia una jurisprudencia constitucional fundamentalmente ambiental, en la que tiene un fuerte protagonismo, un año más, el agua (ahora sobre todo, el agua catalana del Delta del Ebro; y el agua andaluza del Guadalquivir). A la sistematización de las principales novedades legislativas operadas durante el año 2012, en los respectivos ámbitos, directo e indirecto, de la imposición fiscal, dedican sendas colaboraciones los Profesores autores de la Crónica del Derecho Financiero. En ámbito de la imposición indirecta su autora utiliza como hilos conductores, de un lado la constatación de que la mayor parte de las reformas operadas responden a la necesidad de reforzar la capacidad recaudatoria de la Administración y de de otro el de reducir al mínimo el fraude fiscal a través de varias medidas encaminadas especialmente a evitar que el contribuyente escape de sus obligaciones fiscales. Por demás aquí también se destaca de manera crítica el uso del Decreto-ley para articular algunos aspectos de las reformas. En tanto que en el artículo sobre el ámbito de la imposición directa el autor, que se centra principalmente en el impuesto sobre la renta de las personas físicas y el impuesto de sociedades, utiliza como argumentarios


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principales: de una parte, el hecho de que durante este año legislativofiscal se han incorporado numerosas modificaciones (más de un centenar) en las distintas figuras que integran el sistema tributario español; y de otra que llame ostensiblemente la atención la ausencia de un hilo conductor, en la pluralidad de tantos cambios, que permita explicarlos con coherencia. Focalizan sus autores la Crónica del Derecho Penal sobre la Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, provocadora de una reforma parcial del Código Penal en la que resaltan y estudian las determinadas importantes modificaciones legislativas: La anulación de la excepción de sindicatos y partidos políticos del régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas. La modificación del tipo delictivo de falsificación de certificados por autoridad o funcionario público. La incorporación de un nuevo delito de malversación falsaria, cometido por autoridad o funcionario público mediante falsificación de contabilidad de entidad pública o falsedad documental sobre la situación económica de ésta. La reforma los delitos contra la Hacienda Pública. La modificación de los delitos contra la Seguridad Social. Y la reforma los delitos contra los derechos de los trabajadores. Por su parte el autor de la Crónica de Derecho Procesal selecciona como objeto de estudio de su colaboración la nueva regulación de las Tasas Judiciales en el ámbito normativo de su regulación y la importante doctrina jurisprudencial que ha sido dictada por la enorme contestación que diversos colectivos jurídicos y de consumidores han tenido tras la entrada en vigor de la Ley 10/2012 y el RDL 3/2013, que ha supuesto una caída en el número de litigios en los diversos órdenes jurisdiccionales, salvo en el orden penal, donde no encuentra aplicación la tasa Judicial. En el contexto que marcan los profundos cambios de los mercados de trabajo, público y privado, en el siglo XXI, derivados entre otras causas de la fuerte crisis económica a la que estamos asistiendo, enmarca la autora de la Crónica de Derecho Laboral su artículo. Y lo hace sobre la base de que el Derecho del Trabajo que se ha revelado tradicionalmente como ordenamiento jurídico regulador de las relaciones de trabajo entre la Administración y su personal laboral, al mismo tiempo, “presta” hoy sus instituciones y principios al Derecho de la Función pública, ante la rigidez del Derecho Administrativo para funcionar como ordenamiento jurídico de las relaciones entre la Administración y sus funcionarios públicos. En el campo del Derecho privado por lo que se refiere a la Crónica de Derecho Civil su autora se centra en el análisis crítico de la Sentencia del Tribunal Constitucional 198/2012, de 6 de noviembre que resuelve, desestimándolo, el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 13/2005, de 1 de julio, que consagró la posibilidad del matrimonio entre personas del mismo sexo. Su argumentación crítica se enfrenta sobre todo al argumento principal del fallo que defiende la posibilidad de una interpretación sociológica o evolutiva del art.32.1, que permite adaptar dicha norma a la demanda social, sin alterar la institución matrimonial tal y como la concibe la Constitución.


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Un asunto que tiene mucho que ver con el artículo de las Profesoras del área de Derecho Eclesiástico del Estado que en su trabajo muy elocuentemente califican de giro copernicano la declaración de constitucionalidad del matrimonio homosexual. Un estudio muy pormenorizado de la Ley 13/2005, en el que se estudian sus antecedentes, problemas que plantea su aplicación (extraterritorialidad, objeción de conciencia, homoparentela) y sobre todo el hecho de que sea una opción legal, declarada constitucional, que presumiblemente puede estar expuesta a reversibles opciones de futuros legisladores. Siguiendo el criterio sistemático que atiende a la ordenación tradicional de la materia se exponen por la autora de la colaboración de la Crónica del Derecho mercantil las novedades legislativas más relevantes; motivadas en gran parte, según nos dice, por la situación de crisis económica que desde hace unos años venimos sufriendo. Por ello, se detiene en el estudio de las disposiciones normativas que ayudan a reforzar la estabilidad del sistema financiero. En cambio, en otros casos, nos demuestra que las razones han obedecido a la distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas o la transposición al Ordenamiento jurídico español de diversas Directivas comunitarias. En el artículo con el que participan las autoras de la Crónica del Derecho Internacional Privado se analiza la nueva normativa sobre competencia judicial internacional y eficacia extraterritorial de resoluciones en materia civil y mercantil, fruto de la reforma del Reglamento Bruselas I. El estudio se centra en las novedades que introduce el Reglamento 1215/2012 con respecto a las soluciones vigentes: ámbito de aplicación; extensión de algunas reglas de competencia a demandados domiciliados en terceros países; acuerdos de elección de foro; litispendencia y conexidad con terceros países; y supresión del procedimiento de exequátur. En las ciencias jurídicas básicas, como es usual prevalece lo monográfico sobre lo cronístico propiamente dicho. Así en el área romanística su autor destaca la línea de estudios sobre la jurisprudencia romana como una de las más fructíferas de la ciencia romanística internacional en las últimas décadas y lo ejemplifica sobre la base de la recopilación de distintos trabajos sobre la materia de uno de los más notables romanistas del momento presente. En la históricojurídica se estudia la jurisdicción universitaria en la Sevilla de comienzos del siglo XVIII, especialmente ocupada en frecuentes procesos judiciales contra la delincuencia estudiantil; en un clima de violencia generalizada, en el que se entremezclaron conflictos de carácter jurisdiccional entre la Universidad, otros centros educativos y diversas instituciones de la ciudad, tales como la Real Audiencia o el Consistorio Hispalense. En tanto que por lo que se refiere al área de Filosofía del Derecho el insigne autor del trabajo sobre la base de una crónica sumaria de las transformaciones que han tenido lugar en los últimos años en los sistemas jurídicos, analiza profundamente la repercusión de esos cambios y la metamorfosis en el sistema de los derechos fundamentales de los Estados


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de Derecho. Concluyendo magistralmente con la puesta de relieve de las implicaciones de la metamorfosis de los derechos fundamentales y de los sistemas jurídicos en el cambio de paradigma sobre el que hoy opera la Teoría del Derecho. En fin, me reitero en la satisfacción que siento por la edición de este nuevo número de nuestra revista, así como una vez más quiero expresar mi agradecimiento y felicitación a todos quienes, con sus colaboraciones, han hecho posible este devenir académico. Y de modo muy especial a los sucesivos Vicedecanos de Investigación, coordinadores de la misma y en esta ocasión, por cuarta vez consecutiva, al titular de dicho Vicedecanato Dr. Espejo. Ciertamente entre todos hemos conformado, con vocación de permanencia, un medio de comunicación científico-jurídica, colmado de reflexiones jurídicamente interesantes, acontecidas en los umbrales del siglo veintiuno sobre nuestra razón de ser científica, la legislación y la jurisprudencia generada. Antonio Merchán DECANO


Anuario 2012 de Derecho Administrativo María de los Ángeles Fernández Scagliusi Roberto Galán Vioque Emilio Guichot Reina Alejandro Román Márquez 1. INTRODUCCIÓN La aportación del Área de Derecho Administrativo a esta Revista consiste en una crónica en la que se da cuenta de las principales novedades legislativas, estatales y andaluzas, y jurisprudenciales, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, que se han producido en el ámbito de nuestra disciplina durante el año anterior1.

2. REFORMAS LEGALES EN EL ÁMBITO DEL DERECHO ADMINISTRATIVO EN 2012 2.1. Legislación estatal 2012 fue un período de escasa producción legislativa, lo que se explica por ser el año de echar andar de la legislatura y por el abrumador recurso a la figura del Real Decreto-ley que hizo el nuevo Gobierno, la mayor parte de los cuales fue sencillamente convalidado sin tramitación posterior como proyectos de ley.

2.1.1. Leyes 2.1.1.1. Ley 6/2012, de 1 de agosto, de modificación de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, para flexibilizar los modos de gestión de los servicios públicos de comunicación audiovisual autonómicos Esta Ley lleva a cabo una modificación de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. Supone la eliminación de la prohibición para las radios y televisiones públicas de externalizar la pro-

1 El epígrafe 2.1 ha sido redactado por E. GUICHOT REINA; el 2.2 por M. A. FERNÁNDEZ SCAGLIUSI, el 3.1 por R. GALÁN VIOQUE; y el 3.2 por A. ROMÁN MÁRQUEZ.


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ducción de los informativos y la permisión de la gestión de las televisiones públicas autonómicas y locales por cualquier medio de gestión directa o indirecta del mismo a través de distintas fórmulas que incluyen modalidades de colaboración público-privada, o la posibilidad incluso, de no prestar el servicio público de comunicación audiovisual y convocar los correspondientes concursos para la adjudicación de licencias. Como medida adicional de flexibilidad, se permite que los prestadores de servicio público de ámbito autonómico establezcan acuerdos para la producción o edición conjunta de contenidos con el objeto de mejorar la eficiencia de su actividad. Además, se establecen una serie de obligaciones de los prestadores de titularidad pública del servicio público de comunicación audiovisual de ámbito autonómico, entre las que cabe destacar la fijación de un límite máximo de gasto para el ejercicio económico de que se trate que no podrá rebasarse o la obligación de presentar un informe anual en el que se ponga de manifiesto que la gestión de estas televisiones se adecúa a los principios de la citada ley orgánica. Estas modificaciones de la Ley General de la Comunicación Audiovisual no son aplicables a la Corporación de Radio y Televisión Española, S.A., ya que tiene su propia ley específica, la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y televisión de titularidad estatal, cuyo artículo 7.5, en la redacción dada precisamente por la propia Ley General de la Comunicación Audiovisual, y que no se modifica por la presente ley, establece que dicha Corporación no podrá ceder a terceros la producción y edición de los programas informativos y de aquellos que expresamente determine el mandato marco.

2.1.1.2. Ley 11/2012, de 19 de diciembre, de medidas urgentes en materia de medio ambiente Esta Ley trae causa del Real Decreto-ley 17/2012, de 4 de mayo, homónimo, y modifica diversas Leyes, como la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, unificando planes y facilitando el desarrollo urbanístico; o la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados, simplificando las autorizaciones y regulando la potestad sancionadora local; o la legislación en materia de aguas, incentivando la transformación de los derechos de aprovechamiento privados de aguas a derechos concesionales y reforzando la potestad sancionadora.

2.1.1.3. Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios La Ley, en un contexto de bajada de las ventas comerciales, elimina, simplifica y unifica trámites para la apertura de establecimientos comerciales. Elimina todos los supuestos de autorización o licencia municipal previa, motivados en la protección del medio ambiente, de la seguridad o de la salud públicas, ligados a establecimientos comerciales con una superficie de hasta 300 metros cuadrados. Lo sustituye por la declaración responsable o comu-


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nicación previa, según el caso, en la que el empresario declara cumplir los requisitos exigidos por la normativa vigente y disponer de los documentos que se exijan, además de estar en posesión del justificante del pago del tributo correspondiente cuando sea preceptivo. El control administrativo pasa a realizarse a posteriori aplicándose el régimen sancionador vigente en materia de comercio interior, ordenación del suelo y urbanismo, protección de la salud, del medio ambiente y del patrimonio histórico artístico.

2.1.1.4. Ley 14/2012, de 26 de diciembre, por la que se aprueban medidas urgentes para paliar los daños producidos por los incendios forestales y otras catástrofes naturales ocurridos en varias Comunidades Autónomas Esta Ley trae causa del Real Decreto-Ley 25/2012, de 7 de septiembre, por el que se aprueban medidas urgentes para paliar los daños producidos por los incendios forestales y otras catástrofes naturales ocurridos en varias comunidades autónomas. Aprueba un catálogo de medidas que afectan a diversos departamentos ministeriales, abarcando aspectos tales como las ayudas por daños personales o la disminución de las cargas tributarias, para intentar paliar el impacto en los ciudadanos y las empresas afectados.

2.1.2. Decretos ley 2.1.2.1. Real Decreto-ley 1/2012, de 27 de enero, por el que se procede a la suspensión de los procedimientos de preasignación de retribución y a la supresión de los incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de energía renovables y residuos Esta norma supone un cambio en la regulación económica del sector de las energías renovables, que ha alcanzado un gran desarrollo en nuestro país, hasta el punto de haber superado en 2010 los objetivos previstos para 2015, merced entre otros a un marco normativo favorable que concedía generosas primas, con su correspondiente coste para las arcas públicas, en un contexto de crisis financiera. De esta forma, se suprimen los incentivos para la construcción de estas instalaciones, con carácter temporal, hasta la solución del principal problema que amenaza la sostenibilidad económica del sistema eléctrico: el déficit tarifario del sistema eléctrico. Diseña, además, un nuevo modelo retributivo para este tipo de tecnologías.

2.1.2.2. Real Decreto-ley 2/2012, de 3 de febrero, de saneamiento del sector financiero Se trata de una norma que trata de dar salida a los activos financieros inmobiliarios. Es continuación, puede decirse, de las normas que a partir de 2009, con el inicio de la crisis financiera, crearon el Fondo de Reestructura-


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ción Ordenada Bancaria (FROB), reformaron el régimen jurídico de las cajas de ahorros, e incrementaron los requerimientos de capital mínimos tanto en términos de cantidad como de calidad de los mismos. Esta norma se encamina al saneamiento de los balances de las entidades de crédito, afectados negativamente por el deterioro de sus activos vinculados al sector inmobiliario. De este modo, prevé nuevos requerimientos de provisiones y capital adicionales, orientados a la cobertura del deterioro en los balances bancarios ocasionado por los activos vinculados a la actividad inmobiliaria, modifica la regulación del FROB y de las cajas de ahorros, y regula el régimen de las retribuciones de los administradores y directivos de entidades de crédito que hayan precisado o necesiten en el futuro apoyo financiero del FROB.

2.1.2.3. Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales Esta norma trata de dar solución a los retrasos acumulados en el pago de las obligaciones que han contraído las entidades locales con sus proveedores, con la consiguiente incidencia negativa en la liquidez de las empresas, que agravan su situación marcada por restricciones de acceso al crédito. Se crea un mecanismo al que pueden acogerse los proveedores que tengan obligaciones pendientes de pago con entidades locales o cualquiera de sus organismos y entidades dependientes. Estas obligaciones pendientes de pago deben reunir varios requisitos concurrentes: ser vencidas, líquidas y exigibles; anteriores a 1 de enero de 2012 y que se trate de contratos incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público. Se establecen obligaciones de información a cargo de las entidades locales y el procedimiento para su cumplimiento, que se inician mediante un instrumento de remisión de información, certificada por parte de las entidades locales al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que permita identificar el volumen real de deuda con sus proveedores. A partir de ese momento, las entidades locales podrán bien satisfacer sus deudas o bien acudir a una operación financiera. Este mecanismo de financiación lleva aparejada una operación de endeudamiento a largo plazo y la obligación por parte de las entidades locales de aprobar un plan de ajuste, que debe responder a unos criterios básicos al objeto de garantizar la sostenibilidad financiera de la operación. Este plan de ajuste debe ser valorado favorablemente por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para que quede autorizada la concertación de la operación de endeudamiento.


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2.1.2.4. Real Decreto-ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la financiación de los pagos a proveedores Se trata de una norma complementaria de la anterior, por la que se crea un instrumento necesario para ejecutar un plan de pago a proveedores: la entidad de Derecho público denominada Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores.

2.1.2.5. Real Decreto-ley 13/2012, de 30 de marzo, por el que se transponen directivas en materia de mercados interiores de electricidad y gas y en materia de comunicaciones electrónicas, y por el que se adoptan medidas para la corrección de las desviaciones por desajustes entre los costes e ingresos de los sectores eléctrico y gasista Este Real Decreto-Ley incorpora a nuestro ordenamiento previsiones contenidas en la Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, que requieren una modificación de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y otras contenidas en la Directiva 2009/73/CE del Parlamento y del Consejo, de 13 de julio de 2009, que requieren una modificación de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos. Igualmente, se incorpora parcialmente la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables y por la que se modifican y se derogan las Directivas 2001/77/CE y 2003/30/ CE.

2.1.2.6. Real Decreto-ley 15/2012, de 20 de abril, de modificación del régimen de administración de la Corporación RTVE, previsto en la Ley 17/2006, de 5 de junio Este Real Decreto-Ley resulta polémico en cuanto a si cumple con el requisito de la «extraordinaria y urgente necesidad». Por una parte, modifica la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal para permitir que el Presidente y el Consejo de Administración puedan ser renovados, si no se reúne la mayoría de 2/3 en primera votación, por mayoría absoluta en segunda votación pero no ya en el plazo de dos meses previsto en la redacción anterior, sino en veinticuatro horas. Además, reduce el número de miembros del Consejo de Administración de doce a nueve, eliminando tres de los miembros cuya designación corresponde al Congreso de los Diputados, siendo dos de ellos los elegidos a propuesta de los sindicatos más representativos a nivel estatal con implantación en la Corporación. A la vez, se modifica la composición del Consejo Asesor, incluyendo un consejero designado de común acuerdo por todos los sindicatos con implantación en la Corporación. También, a excepción del


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Presidente de la Corporación RTVE, se eliminan las retribuciones fijas que hasta ahora recibían los miembros del Consejo de Administración, siendo sustituidas por indemnizaciones por asistencia a las sesiones del Consejo. Por otra parte, modifica la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual para poner fin al conflicto suscitado en relación con el acceso de los prestadores de servicios de comunicación audiovisual radiofónica a los estadios y recintos para poder retransmitir en directo acontecimientos deportivos, acogiendo los intereses de las radios en contra de los de la Liga de Fútbol Profesional, al establecer la gratuidad de las retransmisiones, salvo los costes que genera el acceso y transmisión.

2.1.2.7. Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones Este polémico Real Decreto-Ley de recortes en materia sanitaria establece limitaciones de acceso al servicio para los extranjeros y copago en materia farmacéutica en función de la renta, también para los pensionistas, así como restructuraciones en el Sistema Nacional de Salud.

2.1.2.8. Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad Este Real Decreto-Ley supone, entre otras medidas, un aumento en los tipos del Impuesto sobre el Valor Añadido y la supresión de las bonificaciones a la contratación en las cotizaciones a la Seguridad Social, cambios en el modelo de prestaciones por desempleo o la supresión de las desgravaciones en el IRPF por vivienda.

2.1.2.9. Real Decreto-ley 22/2012, de 20 de julio, por el que se adoptan medidas en materia de infraestructuras y servicios ferroviarios En este Real decreto-ley se contemplan una serie de medidas en diferentes ámbitos de las políticas de infraestructuras y transportes. En materia de transporte de viajeros por ferrocarril se fija el 31 de julio de 2013 como fecha de inicio de la liberalización, para que tanto RENFEOperadora como otros operadores ferroviarios puedan prepararse para competir mediante la prestación de servicios ferroviarios de viajeros que discurran sobre la red ferroviaria de interés general (RFIG), de titularidad estatal. Al hilo de tal decisión, se dota a la entidad pública empresarial RENFE-Operadora de esquemas empresariales. Así, respetando la naturaleza de RENFE-Operadora como entidad pública empresarial, se prevé su restructuración a través de cuatro líneas de actividad, mediante sociedades mercantiles de las previstas en el artículo 166.2 de la Ley 33/2003, de 3 de


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noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas participadas al cien por ciento de su capital por RENFE-Operadora para cubrir la demanda global de servicios: viajeros; mercancías y logística; fabricación y mantenimiento y gestión de activos. Por otra parte, se suprime la entidad pública empresarial Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha (FEVE), distribuyendo sus bienes, derechos y obligaciones entre las entidades públicas empresariales ADIF y RENFEOperadora o en las sociedades que se constituyan en el seno de la misma, en función de que los unos y las otras se hallen adscritos a la infraestructura o a la operación de servicios y actividad ferroviarios; criterio que servirá de base, igualmente, para la distribución del personal procedente de FEVE entre ADIF y RENFE-Operadora.

2.2. Legislación autonómica andaluza 2.2.1. Leyes ordinarias 2.2.1.1. Ley 1/2012, de 30 de enero, por la que se crea el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía. (Presidencia) (BOJA núm. 24, de 6 de febrero de 2012) La Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía establece en su art. 10, según la redacción dada por la Ley 10/2011, de 5 de diciembre, los requisitos para crear nuevas corporaciones profesionales, que debe realizarse por Ley del Parlamento de Andalucía, a petición de las personas profesionales interesadas, siempre que se trate de una profesión que tenga titulación universitaria oficial y que quede acreditada, en el expediente de creación, la concurrencia de razones de interés público que justifiquen el carácter colegiado de la profesión. Las Asociaciones de Prensa de Andalucía, a través de la Federación de Asociaciones de Prensa de Andalucía, solicitaron de la Administración autonómica la creación del Colegio Profesional de Periodistas en esta Comunidad Autónoma, integrado, de forma voluntaria, por los titulados en Periodismo y en Comunicación Audiovisual, para la defensa colectiva de los intereses corporativos y la promoción de la observancia de las reglas y del código deontológico de la profesión, esto es, el conjunto de normas específicas de la profesión, con la finalidad de otorgar un mejor servicio a la ciudadanía en general, y conseguir un mayor nivel de exigencia de competencia y de calidad en el desempeño del trabajo por parte de los profesionales.


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2.2.1.2. Ley 2/2012, de 30 de enero, de modificación de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. (Presidencia) (BOJA núm. 26, de 8 de febrero de 2012) Esta Ley constituye la cuarta modificación de la LOUA, introduciendo un cambio de enfoque en el modelo urbanístico andaluz. La norma se justifica formalmente por la necesidad de adaptar el Derecho urbanístico andaluz al Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo, que derogó la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo. Las modificaciones introducidas por la reforma son varias: Para comenzar, se refuerza el control público de la ejecución urbanística; se generaliza el carácter público de las obras de urbanización, y se acentúan los principios de participación pública, transparencia y publicidad en los procedimientos de aprobación de los instrumentos de planeamiento. En cuanto a la clasificación del suelo, el régimen del suelo urbano ve alterada su regulación en relación con el régimen de suelo urbano no consolidado, para integrar la regulación estatal en materia de las actuaciones de dotación. Con este objetivo, se establece el régimen jurídico de las cesiones de suelo en estos supuestos, así como la posibilidad de incrementar o disminuir el porcentaje de aprovechamiento que le corresponde a la Administración en función de las plusvalías generadas. Uno de los objetivos más relevantes de la reforma, es aportar nuevos instrumentos de impulso de operaciones de reforma, rehabilitación y mejora de equipamientos y también de ejecución y consolidación en suelo urbano frente a la tendencia expansiva del suelo urbanizable. Dichos instrumentos son: Por un lado, el establecimiento de los casos en los que la entrega de suelo para dotaciones y equipamientos puede ser sustituida por la entrega en metálico del valor de los citados suelos, así como las condiciones en que dicha aportación en el marco de una modificación del PGOU debe realizarse. Por otro, la excepción de los parámetros de densidad y edificabilidad a las actuaciones públicas dirigidas a dotar de dimensiones apropiadas a infraviviendas, considerándose adecuadas las que resulten de dotar a las viviendas de las dimensiones ajustadas. En lo referente a la vivienda protegida, la Ley conecta las previsiones del planeamiento urbanístico con la figura de los Planes Municipales de Vivienda y Suelo. Asimismo, se permite la compensación económica de la reserva de suelo, siempre que se trate de ámbitos con una densidad inferior a quince viviendas por hectáreas no aptos para la construcción de viviendas protegidas, y se justifique en el planeamiento general, de acuerdo con las previsiones de los Planes Municipales de Vivienda y Suelo, o en la revisión del mismo, que la disponibilidad del suelo calificado para éstas es suficiente para abastecer las necesidades de la población del municipio.


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Otra medida de flexibilización es la referida a la determinación sobre la densidad de vivienda. Se prevé que los Planes Generales de Ordenación Urbanística establezcan como determinación estructural una horquilla de densidad en varios tramos, permitiendo que la fijación exacta del número de viviendas sea pormenorizada y, en consecuencia, competencia municipal. Además, se añade la incorporación de determinaciones puntuales en materia de disciplina urbanística, para facilitar la aplicación práctica de la Ley por parte de las Administraciones públicas. Por último y en otro orden de consideraciones, la norma contempla la posibilidad de constituir un órgano colegiado autonómico, cuya regulación debe desarrollarse reglamentariamente, para representar a los distintos órganos y entidades representativas que participan en la tramitación del planeamiento urbanístico.

2.2.1.3. Ley 3/2012, de 21 de septiembre, de Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía (Presidencia) (BOJA núm. 192, de 1 de octubre de 2012) La presente Ley es el instrumento jurídico que adopta las medidas tendentes a cumplir los compromisos adquiridos por la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el marco de las obligaciones asumidas por las distintas Administraciones públicas territoriales del Estado español, en materia de reducción del déficit público. De esta manera se materializa la conversión en ley del Decreto-Ley 1/2012, de 19 de junio. Las medidas se refieren a los ámbitos fiscal, administrativo, laboral y de Hacienda pública. Las medidas tributarias, que se contemplan en el Capítulo II, están vinculadas, fundamentalmente, a aquellos tributos de tipo progresivo, más directamente relacionados con la capacidad económica de los contribuyentes, como son el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el Impuesto sobre el Patrimonio. En relación con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se modifica, con efectos desde el día 1 de enero de 2012, la escala autonómica aplicable a la base liquidable general, lo que supone la sustitución de los actuales tres últimos tramos por dos nuevos tramos en dicha escala, aplicables a los contribuyentes con bases liquidables superiores a 60.000 euros. En cuanto al Impuesto sobre el Patrimonio, se incrementa el tipo de gravamen actual del impuesto, multiplicando por el coeficiente 1,10 cada tramo de la escala. A su vez, se incrementa el tipo general de la modalidad de actos jurídicos documentados del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Respecto de la tasa fiscal sobre los juegos de suerte, envite o azar, se establecen nuevas cuotas fijas para el caso de máquinas recreativas tipo «B» o recreativas con premio y tipo «C» o de azar. Por último, en relación con el Impuesto sobre las Ven-


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tas Minoristas de Determinados Hidrocarburos, se establecen nuevos tipos de gravamen autonómicos, dentro de los límites legalmente establecidos. En lo que concierne a las medidas en materia de personal en el sector público andaluz, recogidas en el Capítulo III, se reducen las retribuciones de los altos cargos y personal de alta dirección de las entidades instrumentales y consorcios, así como del personal funcionario y laboral de todo el sector público andaluz. Se establece una jornada ordinaria de trabajo de treinta y siete horas y media semanales en cómputo anual. A la jornada del personal docente no universitario, se aplica la medida establecida en el Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo. Se modifican las vacaciones y los permisos del personal funcionario y laboral del sector público andaluz y de los consorcios. Por último, se adoptan otras medidas relativas a la jubilación anticipada, acción social, sustituciones del profesorado, oferta de empleo público, crédito horario de los representantes sindicales y ayudas a organizaciones sindicales. Finalmente, en el Capítulo IV, dedicado a las medidas en materia de hacienda pública, se modifica el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, incorporándose una limitación en la adquisición de compromisos por parte de las agencias públicas empresariales y sociedades mercantiles sujetas a control financiero permanente. Se atribuye el control del cumplimiento de dicho límite a la Intervención General de la Junta de Andalucía, que ha de realizarse en la forma que este mismo órgano acuerde.

2.2.1.4. Ley 4/2012, de 21 de septiembre, por la que se modifica la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, en determinados aspectos de la organización territorial (BOJA núm. 192, de 1 de octubre de 2012) El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, el 15 de mayo de 2012, aprobó la propuesta de un Plan Económico-Financiero de Reequilibrio 2012-2014, en el que se incorporan las medidas de recorte del gasto de obligado cumplimiento para las Comunidades Autónomas decididas por la Administración central, así como las medidas que derivan de la rebaja en la cofinanciación de programas de gasto prevista en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012 que afectan al Presupuesto de Andalucía. Dentro de ese conjunto de medidas se encuentra la referida a la reforma de la organización administrativa periférica de la Junta de Andalucía que se regula en la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, que es la que se desarrolla en la presente Ley. La clasificación orgánica establecida en la mencionada Ley diferencia los órganos superiores, que son las Consejerías, de los órganos directivos, tanto centrales como periféricos, siendo estos últimos la Delegación del Gobierno de la


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Junta de Andalucía y la Delegación Provincial de la Consejería. La presente modificación normativa introduce, junto a las Delegaciones Provinciales de las Consejerías, la posibilidad de que existan Delegaciones Territoriales, como órganos que agrupan, en el caso en que se establezcan, las funciones de varias Consejerías dentro de un mismo ámbito provincial. Debe señalarse que esta medida se propone como finalidad racionalizar el gasto público, en conceptos como la reducción del número actual de altos cargos y configurar una estructura administrativa que intente solucionar la diversidad de los problemas que se presentan. Con ello se trata de dar cumplimiento los principios que rigen la organización y el funcionamiento de la Administración de la Junta de Andalucía, recogidos en el art. 3 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, y en particular los de eficacia, eficiencia y desconcentración funcional y territorial.

2.2.2. Decretos-ley 2.2.2.1. Decreto-Ley 1/2012, de 19 de junio, de Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía (Consejería de Hacienda y Administración Pública) (BOJA núm. 122, de 22 de junio de 2012) La presente norma recoge el plan que la Administración autonómica que se propone llevar a cabo para dar cumplimiento al objetivo de déficit en 2012, fijado en el 1,5% del Producto Interior Bruto. En relación con el plan inicialmente diseñado, la norma introduce novedades en el ámbito del personal, con la intención de mantener el máximo empleo público posible y que ningún empleado público perciba una retribución inferior a los 1.000 euros por jornada completa. En este sentido, se reconoce que las medidas en materia de personal tienen carácter excepcional y temporal, esto es, vigentes únicamente durante los ejercicios 2012 y 2013, siempre que los ingresos de la Comunidad recobren una situación de normalidad y que la reducción del déficit público estructural y la minoración de la deuda pública posibiliten la garantía de estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera. El Decreto-ley plantea el doble objetivo de aumentar los ingresos en 1.000 millones de euros y reducir el gasto de la Administración autonómica en 2.500 para compensar así los 3.500 millones que Andalucía deja de recibir debido a las políticas de recortes impuestas por el Gobierno central y a las menores transferencias de los Presupuestos Generales del Estado. En el capítulo de ingresos, el Decreto-ley modifica los últimos tramos de la tarifa autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que pasa al 23,5% en el caso de rentas entre 60.000 y 120.000 euros, y al 25,5% para rentas superiores a 120.000 euros. Asimismo, se multiplica por 1,10 la tarifa actual del Impuesto de Patrimonio, y por 2 el tipo de grava-


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men autonómico del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos hasta agotar la banda máxima permitida, exceptuando el gasóleo de uso agrícola. Otras medidas en esta línea son la subida del tipo de gravamen general de Actos Jurídicos Documentados (del 1,2% al 1,5%) y el aumento de la tasa fiscal sobre el juego en la tarifa para máquinas de azar y recreativas con premio. Respecto a la revisión de los capítulos de gasto, en materia de personal destaca la reducción de altos cargos derivada del menor número de Consejerías, Secretarías Generales, Direcciones Generales y Delegaciones Provinciales tras la reestructuración de la Administración autonómica, así como la suspensión de la equiparación retributiva de los altos cargos andaluces con sus homólogos de la Administración General del Estado. En Andalucía se disminuyen en un 7,5% las retribuciones del presidente de la Junta y los consejeros del Consejo de Gobierno; un 6,5% las de viceconsejeros y asimilados, y un 6% las de delegados provinciales y directores generales. En aplicación de la normativa básica estatal, se aumenta a 37,5 horas la jornada laboral de los empleados públicos de la Junta, con carácter flexible, permitiéndose la posibilidad de que el personal funcionario fijo y laboral fijo sustituya este aumento por una disminución proporcional en sus retribuciones. Además, se suspenden las horas extraordinarias y las gratificaciones salvo casos excepcionales que deben ser autorizadas por la Consejería de Hacienda y Administración Pública. La realización de servicios fuera del horario habitual debe compensarse con tiempo de descanso. Asimismo, se reduce en un 10% la jornada del personal funcionario interino y del laboral temporal. Respecto a las entidades instrumentales y los consorcios, se establece una reducción del 5% de la masa salarial, que hubo de definirse en el plazo de un mes en el ámbito de la negociación colectiva. Al personal directivo le es de aplicación el mismo régimen de retribuciones que a los consejeros de la Junta. Se suspenden las jubilaciones anticipadas y las ofertas públicas de empleo, con la salvedad de aquellas cuyas convocatorias ya han sido publicadas. De igual modo, se suspende la concesión de subvenciones a organizaciones sindicales para la financiación de gastos corrientes. Otras medidas recogidas son la suspensión de la convocatoria y concesión de ayudas de acción social y de la jubilación anticipada.

2.2.2.2. Decreto-Ley 2/2012, de 19 de junio, por el que se modifica la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, en determinados aspectos de la organización territorial (Consejería de Hacienda y Administración Pública) (BOJA núm. 122, de 22 de junio de 2012) La presente modificación de la Ley 9/2007, de Administración de la Junta de Andalucía se justifica en la reorganización de los servicios periféricos,


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