PRÓLOGO Francisco Caamaño Domínguez Ministro de Justicia Catedrático de Derecho Constitucional
El Código Penal es el garante normativo de nuestros compromisos básicos de convivencia. Esta posición del Código Penal lo convierte en expresión democrática de la política criminal de un país y, al tiempo, en manifestación de su cultura política. Como límite de garantía de derechos y libertades individuales y colectivas, la modificación del Código Penal es siempre una tarea especialmente compleja, sobre cuya oportunidad ha de reflexionarse sin premuras y en profundidad. Y es cierto que en la sociedad mediática y de los riesgos que nos ha tocado vivir las ocasiones para la reflexión no son, precisamente, habituales. La aprobación del Código Penal de 1995 hizo que la doctrina española desempolvase a Savigny y se preguntase sobre el sentido de codificar el ius puniendi del Estado. Hoy, quince años después, los interrogantes son otros. La teoría de la legislación nos dice que las dos principales razones o motivos para reformar una Ley son la existencia de un mandato jurídico o su adecuación para resolver cuestiones sociales que se estiman relevantes. Pero la función de una Ley no es tanto la de ordenar la realidad, cuanto la de pacificarla, resolviendo conflictos de intereses que se animan por la razón, y también por la pasión. Hay pulsos sentimentales de la sociedad que se traducen en un derecho simbólico o en lecturas simbólicas del derecho. Ambas variantes son un Guadiana en el complejo relieve de lo normativo, en aquel derecho que por no ser para dioses tiene el cuño de fábrica de lo humano. Razón y sentimiento, necesidad de regulación y necesidad de reajustar el pulso social, también son los motivos del proyecto de reforma del Código Penal que hemos presentado ante las Cortes Generales. Por un lado, se da cumplimiento a más de una docena de compromisos jurídicos internacionales y comunitarios contraídos por nuestro país.