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LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN EL PROYECTO DE REFORMA DE 2009 Una reflexión colectiva

Director:

Jacobo Dopico Gómez-Aller Prólogo del Ministro de Justicia D. Francisco Caamaño Domínguez

Valencia, 2012

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Índice NOTA PRELIMINAR....................................................................................

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PRÓLOGO . ...................................................................................................

Francisco Caamaño Domínguez

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UNA INICIATIVA FRUCTÍFERA ..............................................................

Jacobo Dopico Gómez-Aller y Juan Antonio Lascuraín Sánchez

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METODOLOGÍA DEL SEMINARIO........................................................

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PONENCIAS

Jaime Alonso Gallo....................................................................................

Gonzalo de Aranda y Antón......................................................................

Norberto J. de la Mata Barranco................................................................

Jacobo Dopico Gómez-Aller.....................................................................

Luigi Foffani..............................................................................................

Francisco García Figueroa.........................................................................

José Ángel González Franco......................................................................

Adán Nieto Martín....................................................................................

María Antonia Sanz Gaite.........................................................................

José Miguel Zugaldía Espinar....................................................................

35 47 55 67 79 89 95 103 111 123

RELACIÓN DE LOS DEBATES

Primera sesión: la estructura de imputación del artículo 31 bis y aspectos conexos (Relator: Víctor Gómez Martín)..................................................

Segunda sesión: el sistema de penas para las personas jurídicas y aspectos conexos (Relatora: Raquel Roso Cañadillas)..............................................

Tercera sesión: aspectos procesales y otras cuestiones relativas a la responsabilidad penal de las personas jurídicas (Relatora: María Trapero Barreales)..............................................................................................................

135 147 159

CONCLUSIONES..........................................................................................

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ANEXO: Tabla comparativa de la reforma en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas.............................................................................

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NOTA PRELIMINAR1 En este volumen se han pretendido recoger los análisis, debates y conclusiones alcanzadas en el Congreso «La responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Proyecto de Reforma del Código Penal de 2009», celebrado en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, coordinado por la Profª María Martín Lorenzo y que tuvimos el honor de codirigir el Prof. Lascuraín Sánchez y yo.

En este Congreso, inaugurado por el Ministro de Justicia, D. Francisco Caamaño Domínguez, se dieron cita más de setenta intervinientes entre académicos españoles y extranjeros, magistrados, fiscales, abogados y asesores técnicos del Ministerio de Justicia. La tarea acometida fue analizar desde un punto de vista técnico el texto del Proyecto de Reforma de 2009 en un aspecto tan complejo, polémico e innovador como la introducción de un régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas.

El primer agradecimiento debe, pues, dirigirse al Ministro de Justicia y a su grupo de asesores técnicos, encabezados en este punto por el Prof. Íñigo Ortiz de Urbina. Que un Ministerio lleve un Proyecto de Ley para su discusión en un foro técnico independiente, exponiéndolo a las sugerencias y críticas de los intervinientes, es un gesto de transparencia que redunda en la mejora de la técnica legislativa, huyendo de la perniciosa legislación penal a golpe de titular que tanto hemos padecido en los últimos años. Ojalá este tipo de prácticas se consoliden en un futuro próximo.

En segundo lugar, vaya nuestro agradecimiento a la Universidad Complutense de Madrid, a su entonces Rector Magnífico, D. Carlos Berzosa, y al Decano de la Facultad de Derecho, D. Raúl Canosa. Sin el apoyo y la hospitalidad que nos brindaron acogiendo la celebración de este evento en su impresionante Sala de Juntas, habría sido muy difícil

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Esta publicación se enmarca en el Proyecto de Investigación RESP-PJ («La Implantación de la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en el Derecho español y su repercusión en los mercados»), financiado por la Comunidad Autónoma de Madrid y la Universidad Carlos III de Madrid (CCG10-UC3M/HUM-5349).

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Nota preliminar

organizar un Congreso con la estructura y metodología que habíamos diseñado.

En tercer lugar, es un deber y un placer dar las gracias a todos los Proyectos de investigación y foros de reflexión públicos y privados que coordinadamente aportaron su apoyo técnico y económico para que esta iniciativa pudiese fructificar: – Proyectos de investigación (por orden cronológico): o «Derecho penal de la seguridad frente a garantismo penal. La política criminal tras el 11-M» (SEJ 2006-06594/JURI, Investigador Principal Prof. Dr. Gimbernat Ordeig). o «El Derecho penal ante los nuevos retos del siglo XXI: globalización, internacionalización, políticas de seguridad».

SEJ2007-60312, Investigador Principal Prof. Dr. Díaz y García Conlledo. o «Teoría del Derecho y Proceso. Sobre los fundamentos normativos de la decisión Judicial» (SEJ 2007-64496/JURI, Investigador Principal Prof. Dr. García Amado). o Derechos fundamentales y normas penales. Elementos para la construcción de un Derecho Penal supranacional europeo» (DER 2008-01503/JURI, Investigadora Principal Profª Dra. Huerta Tocildo). o «Protección penal del sistema económico, empresarial y laboral en el marco de los mercados» (DER 2008-02004/ JURI, Investigador Principal Prof. Dr. Luzón Peña).

– Otros foros2: o Cátedra de Investigación «Antonio Quintano Ripollés» de la Universidad Carlos III de Madrid (Dir. Prof. Dr. Álvarez García). o Programa Interuniversitario en I+D+i «La cultura de la legalidad. Confianza, transparencia y responsabilidad. TRUST-CM»

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Es doble nuestro agradecimiento a estas tres instituciones, que además han apoyado generosamente la publicación de este volumen.

Nota preliminar

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(S2007/HUM-0461; Investigador Principal: Prof. Dr. Sauca Cano). o Observatorio Penal Económico del despacho González Franco Abogados Penalistas.

Finalmente, un especial agradecimiento a la editorial Tirant lo Blanch y a su director D. Salvador Vives, que han tenido a bien acoger en esta colección un trabajo de estas características.

Jacobo Dopico Gómez-Aller

PRÓLOGO Francisco Caamaño Domínguez Ministro de Justicia Catedrático de Derecho Constitucional

El Código Penal es el garante normativo de nuestros compromisos básicos de convivencia. Esta posición del Código Penal lo convierte en expresión democrática de la política criminal de un país y, al tiempo, en manifestación de su cultura política. Como límite de garantía de derechos y libertades individuales y colectivas, la modificación del Código Penal es siempre una tarea especialmente compleja, sobre cuya oportunidad ha de reflexionarse sin premuras y en profundidad. Y es cierto que en la sociedad mediática y de los riesgos que nos ha tocado vivir las ocasiones para la reflexión no son, precisamente, habituales.

La aprobación del Código Penal de 1995 hizo que la doctrina española desempolvase a Savigny y se preguntase sobre el sentido de codificar el ius puniendi del Estado. Hoy, quince años después, los interrogantes son otros.

La teoría de la legislación nos dice que las dos principales razones o motivos para reformar una Ley son la existencia de un mandato jurídico o su adecuación para resolver cuestiones sociales que se estiman relevantes. Pero la función de una Ley no es tanto la de ordenar la realidad, cuanto la de pacificarla, resolviendo conflictos de intereses que se animan por la razón, y también por la pasión. Hay pulsos sentimentales de la sociedad que se traducen en un derecho simbólico o en lecturas simbólicas del derecho. Ambas variantes son un Guadiana en el complejo relieve de lo normativo, en aquel derecho que por no ser para dioses tiene el cuño de fábrica de lo humano.

Razón y sentimiento, necesidad de regulación y necesidad de reajustar el pulso social, también son los motivos del proyecto de reforma del Código Penal que hemos presentado ante las Cortes Generales.

Por un lado, se da cumplimiento a más de una docena de compromisos jurídicos internacionales y comunitarios contraídos por nuestro país.

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Por cierto, la Presidencia española me ha permitido comprobar cuantas dificultades tenemos a la hora de negociar armonizaciones de tipos penales con nuestros socios europeos y defender a la vez el principio de cumplimiento integro y efectivo de las penas. Es realmente una situación de difícil soledad, porque España se encuentra siempre solicitando que se aplique como máximo el mínimo de las penas que se proponen, y con muy poca capacidad de explicación y argumentación respecto de los socios comunitarios, donde la inexistencia de aquel principio les permite tener tipos penales mucho más amplios y, por tanto, con un efecto de prevención general mayor. Como digo, muchos de esos mandatos jurídicos son compromisos internacionales o comunitarios que a menudo imponen la introducción de nuevos tipos penales, como ocurre con el caso de la trata de seres humanos o la corrupción en el sector privado, mientras que otras veces tan sólo obligan a la modificación de los tipos ya existentes, como es el caso de los delitos sexuales y los de terrorismo.

Por otro lado, el proyecto atiende a la resolución de algunos problemas detectados en la praxis y a demandas vinculadas a nuevas preocupaciones ciudadanas.

La reforma incorpora así un abanico de diversas y variadas cuestiones.

Algunas tienen que ver con las instituciones de la parte general, como la introducción de la nueva figura de la libertad vigilada, que pretende cohonestar la finalidad resocializadora de las penas privativas de libertad con las especiales necesidades de control del tránsito a la libertad presentadas por muy concretas realidades delictivas. La conceptualización de esta figura como medida de seguridad garantiza su vinculación con la existencia de un pronóstico de peligro y su consiguiente cesación cuando éste no se produzca.

Como es lógico, el mayor número de reformas afecta a lo que denominamos la parte especial. Entre ellas se encuentran aspectos tales como la nueva regulación del delito de cohecho, acogiéndose las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción (el conocido grupo GRECO), y también las reflexiones contenidas en trabajos de la doctrina penal española.

La introducción en nuestro ordenamiento del delito de corrupción privada es consecuencia de la transposición de la Decisión Marco 2003/568/JAI, de 22 de julio de 2003. La reforma de los delitos sexuales

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pretende conseguir una mayor protección, especialmente de los menores y las personas con específicas condiciones de vulnerabilidad. Asimismo se reforman los delitos contra la propiedad intelectual y los de tráfico de drogas, atendiendo en ambos casos a la solicitud de los jueces y tribunales en el sentido de dotar de una mayor flexibilidad a la respuesta penal, que permita sancionar con proporcionalidad, distinguiendo los supuestos más graves de aquellos otros que no lo son. Hoy ciertamente las cárceles españolas están llenas de personas que han cometido delitos vinculados sustancialmente con el tráfico de estupefacientes en sus distintas modalidades, y es verdad que nuestra legislación penal actual no es lo bastante flexible para diferenciar entre las grandes bandas que se dedican al tráfico de forma organizada y continuada y las circunstancias del joven de l8 años al que le han dado una pastilla de éxtasis y que, como no es consumidor, decide venderla en una discoteca, (y hablo de un caso real). Queríamos buscar que los tipos penales se ajustasen más y fuesen más gravosos para quienes están realmente detrás de estas conductas ilícitas, permitiendo cierta flexibilidad al Juez para atemperarlo en función de las circunstancias.

Se introducen también mejoras en el régimen de ejecución de las penas, como la posibilidad de sustitución de las penas de prisión de hasta 6 meses por la de localización permanente de la misma duración; se reforma el denominado «período de seguridad» para excluir su aplicación general y proporcionar un régimen más flexible y propicio a la reinserción social del delincuente. Éstas son algunas de las novedades que incluye el proyecto. Como también lo es aquella sobre la que versa el Seminario de hoy. Me refiero a la regulación, por primera vez en nuestra historia, de una auténtica responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Hace tiempo que se conocen los problemas político-criminales que presentan las personas jurídicas, problemas usualmente ilustrados con una conocida frase de von Liszt que no voy a repetir por respecto a este Auditorio. Sí me gustaría, como contrapartida, detenerme un instante en los avances que en esta materia se han producido tanto en el ámbito jurídico-penal de cuño germánico como en la investigación criminológica anglosajona.

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La dogmática se ha ocupado del análisis de los problemas de las estructuras jerarquizadas, de la división vertical y horizontal del trabajo y las consecuencias que esto tiene desde el punto de vista de la intervención del Derecho Penal, tratándose de un derecho que necesariamente ha de basarse en el principio de culpabilidad. Existe aquí una doble dificultad; en primer lugar la de encontrar a una persona física responsable; y, en segundo lugar, la de poder imputarle el reproche agravado necesario para la adscripción de responsabilidad penal. Dos cuestiones en las que se lleva desde hace mucho tiempo trabajando, y es cierto que la dogmática jurídico penal lleva igual tiempo ofreciendo soluciones, muchas de ellas, en mi opinión, perfectamente válidas y asumibles por nuestro ordenamiento jurídico.

El resultado conjunto de estos factores ha sido brillantemente descrito por el profesor Schünemann al decir que nos encontramos ante una auténtica «irresponsabilidad organizada». Y ésta, evidentemente, da al traste con los efectos preventivo-generales buscados a través de la intervención penal, como propósito primero.

Desde otra perspectiva, la investigación criminológica ha mostrado que la estructura empresarial es también propicia para el desarrollo de las denominadas «estrategias de neutralización». Introducidas en la discusión criminológica por Sykes y Matza en un breve artículo del año 1957, con muchos desarrollos ulteriores, las estrategias de neutralización son expedientes, por así decir, que permiten al infractor entender que su conducta, legalmente proscrita, es sin embargo moralmente legítima.

En el ámbito de la organización empresarial y de los contextos empresariales este es un elemento a tener en consideración de manera inevitable, porque son muchos los mecanismos de este tipo cuya existencia se ha verificado y se ha contrastado en este contexto de la actividad empresarial. Entre ellos destacan la negación por el autor de la realidad del daño, el traslado de la responsabilidad por la infracción a quienes aprueban las normas respecto de quienes las deben cumplir, la negación de la condición de víctima del perjudicado o, finalmente, la apelación a lealtades superiores distintas a las previstas específicamente en la ley.

La responsabilidad penal de las personas jurídicas viene a afrontar, por tanto, estos dos fenómenos que muy breve y sintéticamente les aca-

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bo de describir porque su conocimiento sobre el mismo es muy superior al que yo pueda tener.

Por ello proponemos esta incorporación al Código Penal de algo que tradicionalmente, casi por esencia filosófica, todos hemos negado.

Debido a los límites del esfuerzo individualizador, y a la consiguiente subsistencia de lagunas de punibilidad, resulta oportuno complementar la responsabilidad individual con la de la propia persona jurídica cuando su estructura o funcionamiento haya precisamente facilitado la comisión del ilícito. Y el mismo carácter de medida de refuerzo o de complemento tiene la responsabilidad penal de la persona jurídica en lo referente a las antes citadas estrategias de neutralización.

La investigación criminológica ha puesto de manifiesto la enorme importancia que para generar un entorno favorable al cumplimiento de la legalidad tiene la movilización y la sensibilización de la persona jurídica. Que ésta trabaje activamente en defensa de la legalidad y, sobre todo, impregnando sus prácticas internas con conciencia acerca de los elementos ilícitos. A tal efecto, es clave la aceptación por la empresa de su responsabilidad social y la promoción voluntaria de una cultura jurídica de cumplimiento normativo. No cabe duda de que la existencia de una responsabilidad penal de la persona jurídica supone siempre un importante incentivo para la toma de esa clase de medidas en el entorno y en el interior de la propia empresa, así como para la efectiva instauración de una cultura empresarial de respeto a la legalidad desde la primera a la última de las personas implicadas en todo el proyecto. Cultura que, como se ha dicho, a mi modo de ver con sumo acierto, no es más que una vertiente de eso que hoy todos conocemos como responsabilidad social corporativa.

Bien sé que estamos ante una cuestión compleja y delicada que aconseja prudencia por parte del legislador. Pero se trata en mi opinión de un paso obligado que ya han dado algunos otros ordenamientos jurídicos, como es el caso de Francia, Austria, Italia, Suiza y Chile, y que ya es inaplazable para el derecho penal de nuestro país, que también se mueve en un contexto cada vez más global.

Es cierto que ya en el Código Penal del año 2003 se pretendió dar un paso hacia el reconocimiento de la responsabilidad penal de las personas

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jurídicas con la introducción del vigente artículo 31.2. No es menos cierto, sin embargo, que la imprecisión de este precepto ha sido la crónica de un fracaso anunciado. Un exhaustivo estudio sobre su aplicación judicial durante los primeros cinco años de vigencia ha puesto de relieve, entre otras cosas, que sólo se aplicó nueve veces por parte de Audiencias Provinciales, y que en ningún caso fue objeto de pronunciamiento por el Tribunal Supremo.

Es evidente, por tanto, que la reforma no logró su objetivo y que ha de ser sustituida por una regulación de mayor calado y técnicamente más depurada. Eso es lo que pretendemos, y ojala lo consigamos, con nuestra iniciativa legislativa en este punto. Deseamos también que las aportaciones de todos, de la Universidad, del Seminario, y la de los parlamentarios en la tramitación del proyecto, nos ayuden a mejorar técnicamente y a perfeccionar este instrumento jurídico penal.

El artículo 31 bis del Proyecto de Reforma del Código penal que ya se encuentra en las Cortes introduce de manera efectiva la responsabilidad penal de las personas jurídicas en nuestro ordenamiento. Lo hace con mesura, estableciéndola para un número tasado de figuras delictivas y además sólo para dos supuestos: – En primer lugar, para aquellos casos en los que la persona física responsable de un delito es un administrador o representante y lo comete en nombre o por cuenta de la persona jurídica, y en provecho de ésta.

– En segundo lugar, aquellos otros casos en los que la persona física puede cometer el delito en el ejercicio de actividades sociales debido a la falta de control por parte de los responsables de la empresa.

Con estas cautelas se garantiza el respeto a los principios de intervención fragmentaria y de culpabilidad. La reforma establece también mecanismos para garantizar la eficacia de la regulación, previendo la responsabilidad de la persona jurídica en los casos en los que el autor individual se hubiere sustraído de la acción de la justicia, así como la traslación de la responsabilidad en supuestos de transformación, fusión, absorción o escisión del ente colectivo.

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Como puede apreciarse, la reforma responde a un doble objetivo: la evitación de la irresponsabilidad organizada y el fomento de la instauración de una cultura corporativa respetuosa de la legalidad. Como refuerzo adicional, en el proyecto se prevé además la posibilidad de atenuación de la pena cuando tras la comisión del delito la persona jurídica colabore con la justicia, así como cuando instaure medidas eficaces para la prevención y en su caso descubrimiento de delitos cometidos bajo su cobertura.

En este momento estamos analizando además las modificaciones procesales precisas para dotar de eficacia en juicio a este nuevo marco sustantivo que hemos previsto en el Código Penal.

Concluyo ya.

Estamos ante una reforma novedosa en España que, como toda novedad, precisará de un esfuerzo indudable de adaptación por parte de todos cuantos estamos implicados en el sector del derecho y de la justicia.

En mi doble condición de Ministro de Justicia y universitario, quiero pedirles expresamente su colaboración. La colaboración de la doctrina jurídico-penal española es fundamental para que lo que hoy es novedad se incardine en nuestro derecho y se aplique con normalidad. Para ello las aportaciones de la doctrina científica y la reflexión de todos ustedes es fundamental. Sé que gracias al recorrido que todavía le queda a la iniciativa presentada en el Congreso de los Diputados podremos entre todos, adecuar sus perfiles. Pero quizá lo que es más importante, incluso una vez que esas normas vean la luz, es que esta figura sea estudiada y acogida. No será fácil. Siempre son más los supuestos de hecho posibles que los previsibles por el legislador. Siempre son más las interpretaciones de un precepto que los esfuerzos de claridad y concreción que persigue el legislador desde el punto de vista de la técnica legislativa. La realidad es mucho más rica que las previsiones de un texto normativo y en esa tarea de atemperar la realidad desde una lógica institucional la doctrina es clave para que el derecho funcione en una sociedad.

Por este motivo es para mí una gran satisfacción estar hoy aquí, en esta sala de la Universidad Complutense y poder inaugurar estas jornadas en las que participan importantísimos representantes de la doctrina penal en nuestro país. Estoy convencido de que las conclusiones que alcancéis nos beneficiarán a todos. Y ese es el legado indiscutible que la

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Universidad aporta siempre a la ciudadanía española y a sus instituciones democráticas de Gobierno. Y en efecto, Rector, querido Decano, eso también es investigación, y de primera calidad. Muchas gracias a todos y a todas.

UNA INICIATIVA FRUCTÍFERA Jacobo Dopico Gómez-Aller

Profesor Titular de Derecho Penal Universidad Carlos III de Madrid

Juan Antonio Lascuraín Sánchez Catedrático de Derecho Penal Universidad Autónoma de Madrid

1. EL EFECTO «PEDRO Y EL LOBO» Y LOS ÚLTIMOS ANTEPROYECTOS DE REFORMA Cierto efecto «Pedro y el lobo» parecía haberse instalado entre los penalistas españoles a finales de 2009. Cansados de diseccionar en vano anteproyectos y proyectos de reforma que finalmente quedaban en nada, dejaron pasar una de las más importantes propuestas de cambio penal sin apenas prestarle atención.

En efecto: en enero de 2008 el ambicioso Proyecto de reforma de 20071 acababa de extinguirse in utero por vicisitudes parlamentarias ajenas a su planteamiento político-criminal. La doctrina española había dedicado un detenido análisis a muchas de las propuestas en él contenidas, pero la pasividad del Legislador convirtió todos esos análisis en polvo.

Quizá el fracaso de 2008 llovió sobre mojado, excitando la memoria histórica de una doctrina penal que en décadas pasadas se había comprometido seriamente con el análisis de multitud de proyectos de reforma de los más diversos orígenes, que en demasiados casos quedaron en agua de borrajas.

Sea como fuere, lo cierto es que el Anteproyecto de 2008-2009 —una de las reformas más extensas y profundas de la historia reciente

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Proyecto 121/000119 de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (Boletín Oficial de las Cortes Generales 15 de enero de 2007).

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Jacobo Dopico Gómez-Aller y Juan Antonio Lascuraín Sánchez

del Derecho Penal español— se paseó ante los ojos de una doctrina penal recién escaldada sin que ésta detuviera suficientemente en él su mirada. Y ello, pese a que incorporaba dos de las reformas más polémicas y de mayor calado de las últimas décadas: una medida de seguridad para personas imputables (libertad vigilada, con una regulación diferente de la que preveía el Proyecto de 2007) y una extenso régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas. El Anteproyecto fue objeto de informe por parte del Consejo Fiscal, el Consejo General del Poder Judicial (cuyo profundo estudio merecería una mención aparte) y el Consejo de Estado, y el 27 de noviembre de 2009 se plasmó en un Proyecto de Ley2, pero en sus casi dos años de singladura no mereció de la doctrina española la reflexión que hubiera sido necesaria.

Y ese pecado de omisión trajo consigo consecuencias.

2. EL DIABLO EN LOS DETALLES. GRAVES DEFECTOS DE LA REGULACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN EL PROYECTO DE 2009 En efecto: en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas, y con las honrosas excepciones de rigor, la doctrina penal orientaba sus trabajos a elevadas cuestiones de principio, centradas sobre todo en la conveniencia y en la legitimidad de tal tipo de responsabilidad, pero no descendía a las concretas cuestiones que regulaba el Proyecto.

Esta falta de feedback de la doctrina española privó al prelegislador de opiniones que contrastaran su propuesta.

Y eso que había mucho de lo que hablar. No sólo sobre el sí o el no a este nuevo régimen; ni sobre la clamorosa ausencia de regulación procesal, sólo reciente y escasamente paliado3. El diablo, como es sabido, está

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Proyecto 121/000052 de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (Boletín Oficial de las Cortes Generales 27 de noviembre de 2009).

El artículo 1 de la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de Medidas de Agilización Procesal, ha introducido por fin en la Ley de Enjuiciamiento Criminal algunos preceptos dirigidos a regular determinados aspectos básicos de la presencia de las

Una iniciativa fructífera

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en los detalles. Y en el Proyecto había detalles endiablados. Baste señalar algunos de los más llamativos: – El texto obligaba al Juez a clausurar los locales y suspender las actividades de una persona jurídica que hubiese sido condenada por un delito de cohecho, tráfico de influencias, etc. No había posible alternativa. La sanción no estaba supeditada más que a la imputación del delito a la persona jurídica4. Si el Juez constataba que una persona jurídica no había prestado el debido control para la evitación de un cohecho y por ello un empleado finalmente pudo cometerlo, estaba obligado a clausurar sus locales y suspender sus actividades por tiempo de dos a cinco años5.

– Asimismo, en la última versión del Anteproyecto6 (la que se plasmó en Proyecto de Ley) se consideraba que la actuación delictiva de un mero apoderado («empleado con facultad de comprometer a la empresa») generaba responsabilidad penal de la persona jurídica, exactamente igual que la de su administrador.

– La responsabilidad de la persona jurídica estaba excesivamente supeditada a la prueba de la responsabilidad de la persona física, ya que no se contemplaba el supuesto en el que se constata la co-

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personas jurídicas imputadas en el proceso penal. Este régimen entró en vigor el 31 de octubre de 2011, por lo que cabe afirmar que durante casi un año el régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas ha carecido de un cauce procesal por el que hacerse efectivo. Téngase en cuenta que la primera resolución en esta materia es el Auto de la Audiencia Nacional de 11 de octubre de 2011 (el mismo día de la publicación de la Ley, y 20 días antes de su entrada en vigor), que ya imputa a varias personas jurídicas.

Imagínese, por ejemplo, que en uno de los grandes bancos de España se descubriese que por la falta del debido control se había podido cometer un cohecho.

Artículo 430: «(…) Cuando de los delitos comprendidos en este capítulo fuere responsable una persona jurídica de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis de este Código, se le impondrá la pena de suspensión de las actividades sociales por un plazo de dos a cinco años y clausura de sus locales y establecimientos durante el mismo período de tiempo».

Y es que este Anteproyecto fue mutando según iba se iban emitiendo las opiniones de las sucesivas instituciones informantes, de modo que su versión final no fue aquella sobre la que emitió su informe, por ejemplo, el CGPJ.