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DERECHO CONSTITUCIONAL EUROPEO Actas del VIII Congreso de la Asociación de Constitucionalistas de España Celebrado en el Palacio Miramar Donostia-San Sebastián los días 4 y 5 de febrero 2010

Coordinadores

JUAN IGNACIO UGARTEMENDIA ECEIZABARRENA GURUTZ JÁUREGUI BERECIARTU

tirant lo b anch Valencia, 2011


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© Juan Ignacio Ugartemendia Eceizabarrena Gurutz Jáuregui Bereciartu

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Índice Presentación .........................................................................................................

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Parte I PONENCIAS GENERALES Capítulo 1 Derechos e integracion europea........................................................................

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LUIS LÓPEZ GUERRA Universidad Carlos III de Madrid. Juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Capítulo 2 La formación de un Derecho Constitucional europeo a través del diálogo judicial ................................................................................................................

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LAURENCE BURGORGUE-LARSEN Universidad de Paris I-Panthéon Sorbonne

Parte II INTERNACIONALIZACIÓN DEL DERECHO CONSTITUCIONAL Y CONSTITUCIONALIZACIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL A. Ponencias Capítulo 3 La internacionalización de la constitución territorial del estado autonómico (La apertura internacional de los nuevos Estatutos de Autonomía)..

79

MANUEL MEDINA GUERRERO Universidad de Sevilla

Capítulo 4 Constitución y constitucionalización en la Europa de entre siglos ............

113

ANTONIO LÓPEZ CASTILLO Universidad Autónoma de Madrid

Capítulo 5 En defensa del pluralismo constitucional ....................................................... AIDA TORRES PÉREZ Universidad Pompeu Fabra

155


8

ÍNDICE

B. Comunicaciones Capítulo 6 Los derechos fundamentales como manifestación de la Europa federal ..

181

JOSU DE MIGUEL BÁRCENA Universidad de Bolonia, Johns Hopkins University

Capítulo 7 Condiciones de interpretación para las disposiciones procedimentales estatales en la aplicación del Derecho europeo: primacía, efectos colaterales, efecto mariposa ..................................................................................

199

MIRYAM RODRÍGUEZ-IZQUIERDO SERRANO Universidad de Sevilla

Capítulo 8 La “desconstitucionalización” de los derechos fundamentales en el Tratado de Lisboa: los límites de la integración diferenciada ..............................

219

JAVIER TAJADURA TEJADA Universidad del País Vasco

Capítulo 9 Precursores de la constitucionalización de la unión de Europa .................

243

MARÍA LUDIVINA VALVIDARES SUÁREZ Universidad de Oviedo

Parte III TRIBUNALES CONSTITUCIONALES Y UNIÓN EUROPEA A. Ponencias Capítulo 10 El Tribunal Constitucional Federal alemán ante la integracion europea: últimas aportaciones........................................................................................

263

MARIBEL GONZÁLEZ PASCUAL Universidad Pompeu Fabra

Capítulo 11 Control de constitucionalidad y control de convencionalidad: ¿un desafío para los Tribunales Constitucionales en la Unión Europea? .................... LUIS JIMENA QUESADA Universitat de València

285


ÍNDICE

Capítulo 12 Bloque constitucional y Unión Europea ......................................................

9

319

PALOMA REQUEJO RODRÍGUEZ Universidad de Oviedo

B. Comunicaciones Capítulo 13 La interpretación por el Tribunal Constitucional español conforme al derecho comunitario en materia de derechos fundamentales .................

343

JOSÉ MIGUEL CABRALES LUCIO Universidad Carlos III de Madrid

Capítulo 14 El Tribunal Constitucional Checo frente al Tratado de Lisboa ...................

363

MARÍA DÍAZ CREGO Universidad de Alcalá

Capítulo 15 Constitución, ley y derecho de la Unión Europea: encuentros y desencuentros en su interacción ......................................................................................

393

MAITE ZELAIA GARAGARZA Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatea

Parte IV LA CONSOLIDACIÓN DEL ESPACIO DE LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA A. Ponencias Capítulo 16 Derechos y garantías en el espacio europeo de libertad, seguridad y justicia ........................................................................................................................

417

FERNANDO ÁLVAREZ-OSSORIO MICHEO Universidad de Sevilla

Capítulo 17 El control de las fronteras exteriores de la Unión Europea ......................... JUANA GOIZUETA VÉRTIZ Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatea

441


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ÍNDICE

Capítulo 18 La cooperación policial y judicial en el Tratado de Lisboa, entre la europeización y las reservas estatales...................................................................

465

JOAN LLUÍS PÉREZ FRANCESCH Universitat Autònoma de Barcelona

B. Comunicaciones Capítulo 19 Libertad de empresa e integración europea: la directiva de Servicios y la libertad de establecimiento comercial .........................................................

493

IGNACIO GARCÍA VITORIA Universidad Complutense de Madrid

Capítulo 20 La libertad de prestación y establecimiento de servicios. La directiva 123/2006. Su trasposición a los Ordenamientos Jurídicos Autonómicos

509

ANTONIO DOMÍNGUEZ VILA GERARDO PÉREZ SÁNCHEZ Universidad de La Laguna

Capítulo 21 La erosión en las garantías de los derechos en el ámbito del espacio de libertad, seguridad y justicia ..........................................................................

531

NICOLÁS PÉREZ SOLA Mª JOSÉ CARAZO LIÉBANA Universidad de Jaén

Capítulo 22 La consolidación del espacio de libertad, seguridad y justicia y la lucha contra la trata de seres humanos ..................................................................

553

ROSARIO SERRA CRISTÓBAL Universidad de Valencia

Capítulo 23 El papel pionero de la legislación española en materia de asilo y persecución por motivos de género en el marco de consolidación del espacio de libertad, seguridad y justicia .......................................................................... ANA VALERO HEREDIA Universidad de Castilla-La Mancha

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Presentación GURUTZ JÁUREGUI BERECIARTU Catedrático de Derecho Constitucional

JUAN IGNACIO UGARTEMENDIA ECEIZABARRENA Profesor Titular de Derecho Constitucional

Los días 4 y 5 de febrero de 2010 se celebró en Donostia-San Sebastián, en el marco incomparable del Palacio Miramar, el VIII Congreso de la Asociación de Constitucionalistas de España. El Congreso fue dedicado, en esta ocasión, al estudio del Derecho Constitucional Europeo. Este volumen que ahora se presenta al lector recoge todos las ponencias y comunicaciones que se presentaron en el mismo. Desde un inicio se entendió que el tema ideal objeto de discusión en el citado Congreso debía ser el del Derecho Constitucional Europeo entendido como “Derecho constitucional de la integracion europea”. No hay que olvidar que, tan solo un par de meses antes, acababa de entrar en vigor el (pen) último gran paso del proceso de dicha integración, un paso con grandes implicaciones para el futuro constitucional de la Unión y para los sistemas constitucionales de los Estados miembros de la misma. En efecto, tras su ratificación por parte de todos y cada uno de los Estados miembros, el Tratado aprobado en Lisboa en octubre de 2007, entraba, por fin, en vigor el 1 de diciembre de 2009, a modo de “Tratado de Reforma” tanto del “Tratado de la Unión Europea” como del “Tratado de la Comunidad Europea” (éste último pasaría a denominarse a partir de ese momento “Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea”)1.

1

El Tratado de Lisboa fue publicado en el Diario Oficial de la UE, el 17 de diciembre de 2007: 2007/C 306/01, y puede ser consultado en la dirección web: http://eur-lex.europa.eu/ JOHtml.do?uri=OJ:C:2007:306:SOM:ES:HTML. Las versiones consolidadas (tras la reforma de Lisboa) de los Tratados constitutivos (TUE y TFUE, y del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica) fueron publicadas en el DO de la UE, de 9 de mayo de 2008, 2008/C 115/01. Puede consultarse la edición oficial de la última versión de los mismos, así como la Carta de Derechos Fundamentales de la Union Europea en el


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GURUTZ JÁUREGUI BERECIARTU y JUAN IGNACIO UGARTEMENDIA ECEIZABARRENA

Se ponía así punto final a una interminable carrera de obstáculos que habían sumido al proceso de integración europea en una grave crisis. La ratificación del Tratado de Lisboa ha supuesto un importante paso en el proceso de consolidación de la Unión Europea, cuando menos por dos motivos. En primer lugar ha permitido superar la sensación de frustración provocada por el rechazo de la non nata “Constitución Europea” aprobada en 2004, pero que no llegó a entrar en vigor tras el “no” de Francia y Paises Bajos en sendos referenda. En segundo lugar, y mucho mas importante, ha permitido recuperar una gran parte del contenido “constitucional” de dicho Tratado Constitucional, si bien a costa de renunciar a su “formato constitucional”. Ello ha provocado la inclusión de numerosas y sustanciales modificaciones en el ya de por sí abierto y complejo panorama del “Derecho constitucional europeo”. Entre las modificaciones de calado “constitucional” que introduce el Tratado de reforma de Lisboa cabe destacar ahora, y sin ánimo de exhaustividad: el reconocimiento de la personalidad jurídica de la Unión; la eliminación, al menos formal, de la actual estructura en pilares (comunitarizando el tercer pilar, si bien la PESC mantiene mecanismos propios de la cooperación intergubernamental); el reconocimiento de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE con el mismo valor jurídico que los Tratados (aunque no se integre formalmente en estos) y el mantenimiento, al igual que en el texto de la Constitución europea, del mandato de adhesión de la Unión al Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales; la generalización del procedimiento legislativo ordinario a la hora de adoptar actos legislativos de la Unión y, con ello, el aumento sustancial del poder de codecisión del Parlamento Europeo; el fortalecimiento de los mecanismos de control del respeto del principio de subsidiariedad; el reconocimiento de un mayor papel a los Parlamentos nacionales; o la regulación también del mecanismo de cooperación reforzada conforme a lo fijado en el Tratado Constitucional. Situados en este contexto, y como podrá observar el lector, el VIII Congreso dirigió su análisis al estudio de algunas de las cuestiones mas importantes y candentes del Derecho constitucional de la Integración Europea. En primer lugar, en la sesión plenaria coordinada por el profesor D. Gurutz Jáuregui, en la que se presentaron las dos ponencias generales, se abordó el estudio de la integración desde la dimensión de los Derechos Fundamentales, así como desde la perspectiva del “diálogo judicial”, del entendimiento entre los diversos

Diario Oficial de la Unión Europea de 30 marzo de 2010 (DO C 83 y 84/01; vid., por ejemplo, en: http://www.consilium.europa.eu/showPage.aspx?id=1296&lang=es).


Presentación

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órganos encargados de velar por la correcta interpretación y aplicación del ordenamiento constitucional europeo y de los respectivos órdenes constitucionales domésticos; todo ello en pos de la tutela de los Derechos Fundamentales, tanto desde su dimensión doméstica o interna, como desde su dimensión europeo-comunitaria y, asimismo, desde su dimensión europeo-convencional. A partir de esas bases, se desarrollaron tres intensas mesas de trabajo, con sus correspondientes Ponencias y Comunicaciones, las cuales estuvieron dedicadas a tres grandes ámbitos temáticos de la integración europea. La primera mesa abordó, bajo la dirección de la profesora Dª Paloma Biglino la ambivalente e interesantísima cuestión de la recíproca “Internacionalización del derecho constitucional y constitucionalización del derecho internacional” que se viene desarrollando en el contexto de la Unión. La segunda mesa, coordinada por el profesor D. Juan Ignacio Ugartemendia, se refirió al tema de los “Tribunales Constitucionales y Unión Europea”. Por ultimo, la tercera mesa, analizó, bajo la dirección de la profesora Dª Rosario García Mahamut, la capital cuestión de “la consolidación del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia”. Para concluir esta breve presentación, es preciso dejar constancia de la gran labor desarrollada por los profesores del área de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de Donostia-San Sebastián, Maite Zelaia, Juana Goizueta, Jokin Alberdi, Ana Rosa González Murua y Dunia Marinas, quienes se encargaron de resolver de forma eficaz y con gran acierto y éxito, los múltiples problemas que conllevan la organización de un evento de estas características. Tambien es de justicia resaltar el trabajo llevado a cabo por el área de Derecho Constitucional de la Universidad de Jaén, en la que se ha centralizado todo el trabajo informático necesario para un mejor desarrollo del Congreso, a través de la página oficial de la Asociación: www.acoes.es. Por último, deseamos manifestar el agradecimiento de la Asociación, de la organización y de los participantes, al Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, al Gobierno Vasco, y a la Secretaría de Estado para la Unión Europea por su apoyo financiero, sin el cual no hubiese sido posible la celebración de este Congreso, así como a otras muchas instituciones y entidades (Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatea, Consorcio del Palacio Miramar, etc.) por su apoyo y ayuda incondicionales.


Parte I

PONENCIAS GENERALES


Capítulo 1

Derechos e integración europea LUIS LÓPEZ GUERRA Catedrático de Derecho Constitucional Universidad Carlos III de Madrid Juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos

SUMARIO:

I. Las dimensiones de la integración europea: economía, poder y derechos.– II. La ausencia de una Declaración de derechos europea.– III. La aportación del Tratado de Lisboa.– 1. El carácter vinculante de la Carta de Derechos.– 2. Algunos casos concretos: Reino Unido, Polonia, España.– 2.1. Reino Unido y Polonia: el Protocolo 30.– 2.2. Una nota sobre España.– IV. La adhesión de la Unión Europea al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales.– V. A modo de resumen.–

I. LAS DIMENSIONES DE LA INTEGRACIÓN EUROPEA: ECONOMÍA, PODER Y DERECHOS La definitiva aprobación y entrada en vigor del Tratado de Lisboa ha supuesto sin duda un notable avance en el largo proceso de integración europea. Proceso que se desarrolla en diversas dimensiones: valga señalar, en forma general, la dimensión económica y la dimensión política, estrechamente relacionadas y aún más, en la fase actual, indisociables la una de la otra. En la dimensión económica el proceso de integración ha conducido a cotas que suponen una casi consecución de los objetivos propuestos, esto es, la creación de un mercado común, con libertad de movimientos de capitales, servicios y personas, el establecimiento de un régimen de garantía de la competencia en una economía de mercado, y la progresiva implantación de una moneda común. Pero muy distinta ha sido la evolución del proyecto integrador en su dimensión política y ello a pesar de que se ha hecho cada vez más claro que sin una dirección eficaz no es posible desarrollar la necesaria política económica común. Prueba de esta deficiente evolución política ha sido el fracaso del intento constitucionalista que supuso el Tratado que establecía una Constitución para Europa. Si bien, y muy posiblemente, el Tratado de Lisboa mantiene en gran manera los avances integradores contenidos en el texto de la frustrada Cons-


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titución, el abandono de la terminología constitucional supone un implícito reconocimiento de las dificultades de transformar la comunidad económica en una comunidad política. Desde luego, el abandono del uso formal del término Constitución no empece lo que la doctrina en forma general ha advertido: esto es, la existencia de una “Constitución en sentido material”1 de la Unión Europea, en cuanto ente de tipo supranacional, que la diferencia en la práctica de las entidades de tipo exclusivamente internacional. Otra cosa, ciertamente, es que esa Constitución material se refiera a un tipo de comunidad difícilmente encajable en los tipos tradicionales, sean federales o confederales. El resultado de la famosa estrategia funcionalista diseñada por Monnet y Schuman ha dado como resultado una superposición cumulativa de prácticas, normas e instituciones que no responden a un diseño constitucional “clásico” pero que establecen una realidad innegable; una Unión Europea como entidad diferenciada en el concierto internacional, que no responde a las características definidoras del Estado nacional ni de la alianza entre Estados2. No cabe excluir que esa Constitución en sentido material acabe, tras nuevos intentos, en transformarse en una Constitución formal. Entre tanto, los elementos característicos de una organización constitucional se van incorporando al proceso de integración. En la teoría constitucional, resulta piedra de toque para apreciar la presencia de esos elementos el famoso artículo 16 de la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789: “Toda sociedad en la cual la garantía de los derechos no está asegurada ni la separación de poderes establecida no tiene Constitución”, haciendo referencia a los elementos orgánico y dogmático del régimen constitucional. Ahora bien, y a pesar de la común relevancia de ambos aspectos, el orgánico y el dogmático (para seguir con la terminología académica clásica) ha sido posiblemente el primero de ellos, el referente al establecimiento y funciones de los poderes políticos de la Unión, el que ha tenido una mayor proyección 1

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Sobre la dimensión constitucional del proceso de integración europea, CASCAJO CASTRO, J. L. “Constitución y Derecho Constitucional en la Unión Europea”, Teoría y Realidad Constitucional, 15 (2003) pp. 89-106, e “Integración europea y Constituciones nacionales” en SAIZ ARNAIZ, A. y ZELAIA GARAGARZA, M. (Dirs.), Integración europea y poder judicial, Oñati, IVAP, 2006, pp. 11-24. Para la aplicación del concepto de Constitución material a la Unión Europea, ver MANGAS MARTÍN, Araceli, “Introducción” en la obra dirigida por la misma, Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Comentario artículo por artículo, Madrid, Fundación BBVA, 2006, pp. 33, 55. Para una más amplia exposición de las tesis de la autora al respecto, ver La Constitución europea, Madrid, Iustel, 2005. Ver a este respecto, las consideraciones de BUSTOS GIBERT, R. en La Constitución red. Un estudio sobre supraestatalidad y Constitución, Oñati, IVAP, 2005.


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en la opinión pública y publicada. Baste, por ejemplo, examinar las informaciones en los medios de comunicación referentes a la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, y comparar la cantidad de las informaciones referentes a la nueva Presidencia de la Unión, con las que versan sobre la reforma del régimen de derechos fundamentales dentro del ordenamiento europeo. Ello puede deberse, por un lado, a la difícil comprensión del complejo sistema de garantías que el Tratado recoge y perfecciona, complejidad que no facilita su tratamiento por los medios de comunicación3; por otro, a que las novedades introducidas en este aspecto en el Derecho originario de la Unión tardarán algún tiempo en hacer valer su efectividad, frente a las reformas de tipo orgánico, de más inmediata visibilidad. Y así y todo, parece evidente que el desarrollo del régimen de derechos fundamentales de los ciudadanos dentro de la Unión Europea representa un elemento imprescindible para la misma consolidación de la Unión como comunidad política con entidad propia4. Resulta en efecto difícil pensar en una unidad política consolidada (independientemente de su definición dogmática) sin la presencia de un status común básico de derechos de las personas que la componen, al menos si se admite una concepción democrática de tal comunidad; es decir, como una comunidad que se basa en el acuerdo y voluntad de sus ciudadanos, y no (o no sólo) del acuerdo entre gobiernos. Por otro lado, quizás sea pertinente otra consideración, si se quiere, de orden práctico. La misma metodología funcionalista parece verse mejor servida por el desarrollo de un elenco de derechos comunes (desarrollo que puede llevarse a cabo paulatinamente, y sin consecuencias inmediatas sobre los arraigados conceptos de soberanía e independencia estatales) que por la introducción de órganos de poder de la Unión que inevitablemente provocarán el temor a la disminución o el recorte de las competencias de los correspon-

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En palabras de un comentarista, “el reconocimiento del valor jurídico de la Carta (art. 6.1 del Tratado de la Unión) al mismo nivel que los Tratados introduce una carga adicional, considerable, de dificultades interpretativas y de aplicación. Como gráficamente se ha dicho, se trata de un paraíso para juristas a la vez que un “horror para los profanos”. Ver CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA, M. “Los jueces nacionales ante la Carta de derechos fundamentales de la Unión Europea: algunas cuestiones que suscita el título VII de la Carta”, en Noticias de la Unión Europea, 291 (2009) pp. 21-29, p. 21. Por ejemplo, el presidente del TJUE, Vassilios Skouris ha podido señalar, en relación con la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión, que “el contenido de la Carta, y el enunciado de derechos fundamentales representan el prototipo de una actividad constitucional”, en “La protection des droits fondamentaux dans l’Union Européenne dans la perspective de la ratification du Traité de Lisbonne” en Law in the Changing Europe; liber amicorum Pranas Kuris, Vilnius, Mykolo Romero, 2008, pp. 383-400, p. 391.


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dientes órganos estatales, con las consiguientes resistencias. La consolidación de una Europa de las instituciones sin duda se vería facilitada por el establecimiento previo de una Europa de los ciudadanos, y más concretamente, de una Europa de los derechos de los ciudadanos.

II. LA AUSENCIA DE UNA DECLARACIÓN DE DERECHOS EUROPEA El hecho es que, de los aspectos considerados (integración económica, creación de instituciones comunes, establecimiento de un régimen común de derechos básicos) ha sido el último de ellos el que ha recibido una menor atención por parte, no sólo de la opinión pública, sino del mismo legislador (originario o derivado) de la Unión. La falta de una tabla de derechos de los ciudadanos de la Unión, bien mediante una enumeración de los mismos, bien mediante la remisión a otros instrumentos, daba lugar a una curiosa situación; los ciudadanos de la Unión encontraban sus derechos fundamentales protegidos frente a las autoridades nacionales por medio de instrumentos legales (bien declaraciones constitucionales de derechos, bien, como en el Reino Unido, mediante la traslación al orden interno del Convenio Europeo de Derechos Humanos) y además mediante la sujeción obligatoria sin excepción a partir de 19985 de todos los Estados miembros a la jurisdicción, a través del recurso individual, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero la falta de un reconocimiento expreso de los derechos fundamentales daba lugar a que esa protección no se viera formalmente asegurada frente a la actuación de la Unión en cuanto tal; ni en el orden interno (es decir mediante remedios ante las autoridades de la Unión) ni en el internacional (ya que la Unión Europea no estaba adherida al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales)6. Es verdad que la ausencia original de previsiones expresas al respecto en los Tratados creadores de las Comunidades Europeas se ha ido viendo remediada por la inclusión, primero, de referencias genéricas en sus versiones posteriores (como el artículo F del Tratado de Maastricht, convertido en artículo n. 6.1 del Tratado de Ámsterdam) posteriormente por la proclamación, siquie5 6

Año de entrada en vigor del protocolo 11 al Convenio. Sobre el tema, L. M. DIEZ-PICAZO, “¿Una Constitución sin Declaración de derechos? Reflexiones sobre los derechos fundamentales en la Unión Europea” en Revista Española de Derecho Constitucional, 32 (1991) pp. 135.


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ra fuera como soft law, de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y, sobre todo, por la bien conocida labor pretoriana del Tribunal de Justicia de la Unión, sobre la triple base de los principios generales del Derecho de la Unión, de las tradiciones constitucionales comunes de los países miembros, y de los acuerdos internacionales sobre derechos humanos7. Esta labor pretoriana es bien conocida, ha sido abundantemente analizada por la doctrina, y sin duda ha venido a contribuir a la consolidación del elemento “dogmático” una auténtica constitución europea en sentido material. No obstante, esa labor pretoriana no ha sido suficiente para cubrir la ausencia de un régimen común de derechos fundamentales de todos los ciudadanos de la Unión. La falta de un reconocimiento formal de tales derechos dejaba en las manos del Tribunal de Justicia la definición del status básico de los ciudadanos de la Unión, definición que forzosamente habría de realizarse caso por caso, con las dudas e incertidumbres que ello supone a la hora de adoptar decisiones y evaluar riesgos y resultados de esas decisiones. Como pudo señalar el juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Pastor Ridruejo, forzosamente ello conducía a una situación de inseguridad jurídica, que necesitaba, para su remedio, de una labor normativa específica sobre la materia8. A ello venía a unirse una dificultad adicional: dada la estructura de la Unión, la ejecución y puesta en práctica en concreto del Derecho de la Unión corresponde casi en exclusiva, a las autoridades nacionales de los países miembros. Ahora bien, estos países son sin excepción firmantes del Convenio Europeo de Derechos Humanos, y están por ello obligados al respeto de los derechos allí reconocidos, y sujetos a la jurisdicción del Tribunal de Estrasburgo, bien en ejecución del Derecho propio, bien del Derecho de la Unión Europea. Con ello, venía a producirse la posibilidad del control indirecto de actuaciones de la Unión Europea por un órgano al que formalmente no estaba sometida, con los problemas que ello comporta, entre ellos, la posibilidad de discordancias y conflictos entre las jurisdicciones de la Unión y del Convenio. El que tal con7

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El proceso de creación de un sistema de protección de los derechos fundamentales en la Unión Europea ha sido ampliamente tratado en la literatura jurídica. Para una visión general, AGUIAR DE LUQUE, L. “Los derechos fundamentales en el proceso de integración europeo”, Cuadernos de Derecho Público, 18 (2003) pp. 173-189; SILVA DE LAPUERTA, R. “La protection des droits fondamentaux par la Cour de justice des Communautés Européenes” en Law in the Changing Europe; liber amicorum Pranas Kuris, Vilnius, Mykolo Romero, 2008, cit. pp. 193-236. PASTOR RIDRUEJO, J. A. “Las relaciones entre el Tribunal de la Unión Europea y el Tribunal de Derechos Humanos tras la entrada en vigor de la Constitución para Europa” en A. SÁINZ ARNAIZ, (Dir.) Integración Europea y Poder Judicial, cit., pp. 201-210, esp. p. 203.


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flicto se haya evitado mediante la colaboración entre ambas instancias que ha supuesto un fructífero “diálogo entre Tribunales” no ocultaba el carácter imperfecto del régimen de garantía de derechos en la Unión Europea. Las soluciones ofrecidas para remediar este estado de cosas9 han sido de dos tipos, no necesariamente excluyentes uno de otro, como se ha demostrado por el hecho de que ambos hayan sido adoptados por el artículo 6 del Tratado de la Unión reformado por el Tratado de Lisboa. Por una parte, y desde la perspectiva interna de la Unión, se ha dado fuerza vinculante a la Carta de Derechos de la Unión proclamada en Niza el año 2000, que mantenía hasta el momento un status de soft law; por otra se establece la adhesión de la Unión Europea al Convenio Europeo de Derechos Humanos. Se trata de fórmulas que no tenían que ir necesariamente unidas, y que podrían haber sido viables si cualquiera de ellas se hubiera adoptado en exclusiva. El hecho de que se hayan adoptado conjuntamente viene a mantener un alto nivel de complejidad dentro del sistema europeo de protección de derechos, complejidad que requerirá sin duda esfuerzos interpretativos por parte de las instituciones de la Unión, de los Estados miembros y de las instituciones internacionales competentes (especialmente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos). En todo caso, cabe preguntarse cuál va a ser la aportación de cada una de estas fórmulas al proceso de integración europeo, y a la creación de un elenco común de derechos fundamentales en el ámbito de la Unión. Valga ya adelantar que, incluso en una visión inicial, parece que, por un lado, la efectiva vigencia uniforme de la Carta de Derechos Fundamentales se encontrará con los problemas derivados de la resistencia de varios Estados miembros; y por otro, que la adhesión de la Unión al Convenio se encuentra condicionada a un proceso formalizador de características aún imprevisibles.

III. LA APORTACIÓN DEL TRATADO DE LISBOA 1. El carácter vinculante de la Carta de Derechos El reconocimiento de la fuerza vinculante de la Carta de Derechos se recoge en el párrafo primero del artículo 6.1 del Tratado de la Unión, reformado por el Tratado de Lisboa, que prevé que “la Unión reconoce los derechos, las 9

Para las diversas alternativas, ver MARTÍN RETORTILLO, L. “El debate sobre la constitucionalización de los derechos fundamentales en la Unión Europea” en Asamblea. Revista Parlamentaria de la Asamblea de Madrid, 7 (2007).


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libertades y los principios enunciados en la carta de derechos fundamentales de 7 de diciembre de 2000, en su versión de 12 de diciembre de 2007, en Estrasburgo, que tiene el mismo valor jurídico que los Tratados”. Este mandato se ve complementado, en el mismo artículo, en su tercer apartado, por una previsión, debida sin duda a que los autores del Tratado eran conscientes de las dificultades interpretativas que de él se derivaban: “Los derechos, libertades y principios enunciados en la Carta se interpretarán con arreglo a las disposiciones generales del Título VII de la Carta por las que se rige su interpretación y aplicación, y teniendo debidamente en cuenta las explicaciones a que se hace referencia en la Carta, que indican las fuentes de dichas disposiciones” El primer dato que la doctrina ha señalado10 ha sido la fórmula elegida, consistente en renunciar a la inserción de la Carta dentro del texto del Tratado (como era el caso el proyecto de Constitución para Europa) para optar por la referencia a un texto distinto y separado. Se trata desde luego de una técnica que no es inusual en la práctica constitucional, en que no faltan ejemplos de Declaraciones de derechos contenidas en instrumentos distintos de la Constitución como tal. En el caso europeo, la fórmula elegida tiene desde luego un valor simbólico, en cuanto separación consciente respecto de la formulación utilizada por el Proyecto de Constitución para Europa, para evitar incluso apariencias “constitucionalistas” dentro del Derecho originario de la Unión. Pero se trata, como es obvio, de una fórmula que en nada empece la fuerza vinculante de la Carta con el “mismo valor jurídico que los tratados” como expresamente se prevé. Incluso —y buscando aspectos positivos de la nueva formulación— desde una perspectiva de estilo resulta más adecuada que la inserción dentro de un texto normativo de una parte del mismo con un preámbulo propio, y distinto del preámbulo inicial, como era el caso en el proyecto de Constitución. Dentro de la técnica de remisión, el mismo artículo 6.1 del Tratado añade, como se ha visto, una precisión de relevante importancia: “los derechos, las libertades y los principios enunciados en la Carta se interpretarán de acuerdo con las disposiciones generales del título VII de la Carta (...)”. Esta referencia cobra interés si se tiene en cuenta que una de esas disposiciones generales es la que establece quienes son los poderes vinculados por la Carta; es decir, frente a quién se proclaman los derechos en ella reconocidos. Se trata de su artículo

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PASTOR RIDRUEJO, J. A. “La Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y la adhesión al Convenio Europeo según el Tratado de Niza” en GARCÍA ROCA, J. y FERNÁNDEZ SÁNCHEZ P. A. Integración europea a través de derechos fundamentales: de un sistema binario a uno integrado, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2009, pp. 3-14.

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