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OCUPACIÓN, CONSERVACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LAS PIEZAS DE CONVICCIÓN

LUIS ALFREDO DE DIEGO DÍEZ

tirant lo blanch

«abogacía práctica»

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OCUPACIÓN, CONSERVACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LAS PIEZAS DE CONVICCIÓN

LUIS ALFREDO DE DIEGO DÍEZ Magistrado Doctor en Derecho Profesor de Derecho Procesal de la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla)

tirant lo b anch Valencia, 2004

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© LUIS ALFREDO DE DIEGO DÍEZ

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«Amordazado y esposado el bachiller, los penitentes, divididos en dos grupos, se separaron al pie del tablado, los indultados, formados y flanqueados por familiares de la Inquisición, iniciaron el camino de regreso a la cárcel, entre las vallas, con sambenitos aspados y velas verdes encendidas, mientras los condenados a muerte, con cordeles infamantes al cuello, en señal de menosprecio, iban encaramándose, uno a uno, en borricos preparados al efecto, desde el último descansillo de la escalera para dirigirse al cadalso, por el angosto camino que abrían los soldados entre la multitud, colocando horizontalmente sus alabardas.»

Miguel DELIBES. El hereje

A la promoci贸n del 79 de la Facultad de Derecho de Valladolid, en nuestro veinticinco aniversario de licenciatura.

Sapientia 忙dificavit sibi domun Universidad de Valladolid

ÍNDICE Abreviaturas .........................................................................................

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Capítulo I ALCANCE DEL CONCEPTO «PIEZAS DE CONVICCIÓN» .....

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Capítulo II RECOGIDA DE LAS PIEZAS DE CONVICCIÓN 1. OCUPACIÓN DE LOS EFECTOS DEL DELITO ..............................................

2. OCUPACIÓN DE EFECTOS POR EL JUEZ INSTRUCTOR ................................

3. OCUPACIÓN DE EFECTOS POR LA POLICÍA JUDICIAL A) Actuación de oficio ..................................................................... a) Por razones de urgencia ....................................................... b) Por su especialización técnica ............................................. c) Acceso al arsenal probatorio ................................................

B) Actuación a instancia de la autoridad judicial ........................

C) Actuación a instancia del Ministerio Fiscal .............................

4. EXIGENCIAS FORMALES Y GARANTISTAS A) En general ..................................................................................

B) Presencia del imputado en la inspección ocular (art. 333 de la LECrim.) ....................................................................................

5. DOCUMENTACIÓN DE LA INSPECCIÓN OCULAR: EL ACTA ...........................

21 21 25 25 34 39 43 45 47 50 57

Capítulo III CONTROL JUDICIAL SOBRE LA CONSERVACIÓN DE LAS PIEZAS DE CONVICCIÓN: LA PUESTA A DISPOSICIÓN JUDICIAL 1. INCORPORACIÓN DE LAS PIEZAS DE CONVICCIÓN A LAS ACTUACIONES ........

2. ENTENDIMIENTO DE LOS TÉRMINOS «A DISPOSICIÓN» DE LA AUTORIDAD JUDICIAL .............................................................................................

3. PRESENCIA DE LAS PIEZAS DE CONVICCIÓN EN LAS SESIONES DEL JUICIO ORAL A) La literalidad de la ley ..............................................................

B) El estándar de la indefensión como referente .......................... a) Las piezas de convicción han de estar incorporadas a la causa ..................................................................................... b) Petición de parte en el escrito de calificación provisional .. c) Protesta de indefensión en el acto del juicio .......................

63 64 71 74 76 85 88

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ÍNDICE

d) La presencia de las piezas ha de ser «necesaria» en términos probatorios ...........................................................................

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Capítulo IV DESTRUCCIÓN DE LOS EFECTOS INTERVENIDOS 1. OBSERVANCIA DE LAS GARANTÍAS EN GENERAL .......................................

2. ESPECIAL REFERENCIA A LAS DROGAS TÓXICAS, ESTUPEFACIENTES O SUSTAN-

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CIAS PSICOTRÓPICAS

A) Exigencias previas a la destrucción de drogas ......................... a) Audiencia del Ministerio Fiscal y de las partes .................. b) Conservación de muestras ................................................... c) Diligencia de constancia sobre la naturaleza, calidad, cantidad y peso de la sustancia destruida ................................ d) Autorización judicial para la destrucción de la droga .......

B) Destrucción de la droga intervenida ........................................

106 106 109 112 112 114

Capítulo V OTROS DESTINOS DE LOS EFECTOS INTERVENIDOS 1.

2.

3.

4.

5.

DEVOLUCIÓN ......................................................................................

RETENCIÓN A RESULTAS DE PLEITO CIVIL ...............................................

VENTA EN PÚBLICA SUBASTA ................................................................

ADJUDICACIÓN AL ESTADO ...................................................................

UTILIZACIÓN PROVISIONAL Y DEFINITIVA POR LOS CUERPOS Y FUERZAS DE SEGURIDAD DEL ESTADO ......................................................................

6. DONACIÓN ..........................................................................................

7. ARMAS DE FUEGO ................................................................................

117 118 118 121 122 123 123

ANEXOS 1. CONSERVACIÓN Y DESTINO DE PIEZAS DE CONVICCIÓN. REAL DECRETO 2783/ 1976, DE 15 DE OCTUBRE ....................................................................

2. DEPÓSITOS JUDICIALES PARA LA CONSERVACIÓN Y DESTINO DE PIEZAS DE CONVICCIÓN. ORDEN DEL MINISTERIO DE JUSTICIA DE 14 DE JULIO DE 1983 3. OCUPACIÓN, DESTRUCCIÓN Y COMISO DE ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICOS EN EL PROCESO PENAL. CONSULTA NÚMERO 2/1986, DE 21 DE MARZO. FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO ..........................................................

4. CONSIDERACIONES SOBRE ALGUNAS CUESTIONES PROCESALES EN LOS DELITOS DE TRÁFICO ILEGAL DE DROGAS Y ESTUPEFACIENTES. INSTRUCCIÓN NÚMERO 9/1991, DE 26 DE DICIEMBRE. FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO

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143

ÍNDICE

5. DESTRUCCIÓN DE SUSTANCIAS TÓXICAS. CIRCULAR DE 8 DE ABRIL DE 1998.

PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA .......

6. FONDO DE BIENES DECOMISADOS POR TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS Y OTROS DELITOS RELACIONADOS. LEY 17/2003, DE 29 DE MAYO .........................

Bibliografía ...........................................................................................

13 149 153

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ABREVIATURAS ARP art(s).

ATS CC CE cit. cfr. ed.

EDJ EOMF FJ FFJJ JUR LECrim.

LOFCSE op. cit. p. ej. pág(s). ref.

RD RGD RJ S. SAP ss.

(S)STC (S)STS v. v. gr. vid. vol.

Aranzadi Repertorio Penal. Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales artículo(s) Auto del Tribunal Supremo Código Civil Constitución española citada/o confer, compárese edición El Derecho Jurisprudencia (base de datos) Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (Ley 50/1981, de 30 de diciembre) fundamento jurídico fundamentos jurídicos Jurisprudencia disponible en westlaw.es (Aranzadi) Ley de Enjuiciamiento Criminal Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado opere citato, obra citada por ejemplo página(s) referencia Real Decreto Revista General de Derecho Repertorio de Jurisprudencia del Tribunal Supremo (Aranzadi) Sentencia Sentencia de la Audiencia Provincial siguientes Sentencia(s) del Tribunal Constitucional Sentencia(s) del Tribunal Supremo véase verbi gratia o verbigracia vide, véase volumen

Capítulo I

ALCANCE DEL CONCEPTO «PIEZAS DE CONVICCIÓN» La expresión cuerpo del delito se extiende, en una concepción amplia, a los «lugares», «armas», «instrumentos», «efectos», «medios» u «objetos» de cualquier clase que puedan tener relación con el delito1. Alude la Ley de Enjuiciamiento Criminal con estos términos a todos los elementos materiales relacionados con el delito que sirvan para probarlo; y, en este sentido, afirma RAMOS MÉNDEZ2 que «engloba cualquier tipo de referencia a los rastros visibles que puede dejar cualquier hecho delictivo».

Pero también, en el lenguaje forense, el cuerpo del delito es equiparado a las llamadas piezas de convicción. A ellas se refiere a Ley de Enjuiciamiento Criminal en sus artículos 622, 626, 629, 631, 634, 635, 654, 688, 712, 726, 742, 840 y 844. Pues bien, del tenor de lo dispuesto singularmente en los artículos 712 y 726, la STS de 1 de febrero de 19833 entiende por dichas piezas «los instrumentos y efectos del delito, los libros, documentos y papeles, y, en general, todos aquellos objetos inanimados que puedan servir para atestiguar la realidad de un hecho y que se hayan incorporado a la causa, bien uniéndolos materialmente a los autos, bien conservándolos, debidamente eti-

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Así Leonardo PRIETO-CASTRO FERRÁNDIZ y Eduardo GUTIÉRREZ DE CABIEDES, Derecho Procesal Penal, 4.ª ed., Tecnos, Madrid, 1989, pág. 171. Por su parte, la STS de 11 de marzo de 1999 (RJ 1999\2100) dice que el artículo 334 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, «engloba en un concepto amplio, el cuerpo, los instrumentos del delito y las piezas de convicción».

Francisco RAMOS MÉNDEZ, El Proceso penal. Sexta lectura constitucional, J. M. Bosch, Barcelona, 2000, pág. 116.

Ponente: Excmo. Sr. D. Luis Vivas Marzal (RJ 1983\703).

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quetados, a disposición del Tribunal aunque con independencia de la materialidad de los mentados autos»4.

Por su parte, la STS de 24 de octubre de 19905 ha declarado que «las denominadas piezas de convicción [...] pueden consistir en el corpus delicti, en los efectos del delito o en los instrumentos del mismo; siendo estos últimos los que más frecuentemente merecen ese calificativo de piezas de convicción».

Este concepto procesal amplio es el que vamos a utilizar a lo largo de este trabajo. Pero cabe una mayor concreción técnica y así, de entre las diversas actuaciones que la Ley Procesal comprende bajo la genérica rúbrica «Del cuerpo del delito» (arts.

334 a 367), pueden distinguirse tres conceptos distintos6: el cuerpo del delito en sentido estricto, los instrumentos para su ejecución y las piezas de convicción7.

El cuerpo del delito, en sentido estricto, viene siempre referido a la persona o cosa objeto del mismo, es decir, se trata de aquella persona o cosa contra la cual iba dirigido el hecho punible o que ha sufrido directamente sus efectos. Los instrumentos, también llamados piezas de ejecución, son términos utilizados para designar los medios u objetos a través de los cuales se llevó a cabo la comisión del delito8. Y, finalmente, se

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8

Lo mismo vienen a decir las SSTS de 6 de abril de 1987 (RJ 1987\2454), 20 de mayo de 1997 (RJ 1997/3636) y 10 de mayo de 2001 (RJ 2001\7045).

Ponente: Excmo. Sr. D. Luis Vivas Marzal (RJ 1990\8223).

Cfr. Enrique AGUILERA DE PAZ, Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, Reus S.A., tomo III, Madrid, 1924, págs. 387 y ss.

«Más modernamente —dice la STS de 6 de febrero de 1982— se distingue entre cuerpo material del delito, sobre el que recae éste; cuerpo del delito accidental, que se incorpora a los autos como pieza de convicción; cuerpo del delito por situación que tiene relación con el mismo, por el lugar, por entrar en el mismo sitio del delito, en las inmediaciones, en poder del reo o de tercero.» Ponente: Excmo. Sr. D. José Hijas Palacios (RJ 1982\633).

Instrumento es, en palabras de la STS de 6 de febrero de 1982, «el elemento material con que el delito se cometió: armas, medios mecánicos,

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denominan piezas de convicción a todos los objetos, huellas y vestigios que, no siendo cuerpo del delito ni instrumentos de ejecución, tienen relación con él y pueden servir de prueba o indicio en la comprobación de la existencia, autoría o circunstancias del hecho criminal9.

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piedras, palos, sogas, etcétera». Ponente: Excmo. Sr. D. José Hijas Palacios (RJ 1982\633).

Así por ejemplo, en un homicidio, cuerpo del delito en sentido estricto sería el cadáver de la víctima; instrumento la pistola utilizada; y, pieza de convicción, los casquillos de bala hallados sobre la alfombra.

Capítulo II

RECOGIDA DE LAS PIEZAS DE CONVICCIÓN 1. OCUPACIÓN DE LOS EFECTOS DEL DELITO La ocupación, acto de coerción limitativo de las facultades dominicales, consiste —en palabras de la Consulta 2/1986, de la Fiscalía General del Estado— «en la privación de la posesión de todos los efectos que provengan del delito, cumpliendo esta indisponibilidad una doble función: en el orden procesal atribuye al Juez un eficaz control sobre los objetos y en un plazo sustancial los sujeta al eventual comiso. Esta adquisición para el proceso penal de las cosas pertenecientes al delito, tiene asignados fines probatorios y conservativos, lo que presupone que han de permanecer durante el proceso a disposición del Juez o Tribunal».

El artículo 334 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ordena al Juez instructor que recoja en los primeros momentos «las armas, instrumentos o efectos de cualquier clase que puedan tener relación con el delito». Pero también la Policía Judicial, cuando realiza actos de investigación antes de la iniciación del proceso, tiene la obligación de «recoger todos los efectos, instrumentos o pruebas del delito de cuya desaparición hubiere peligro», aunque, eso sí, «poniéndolos a disposición de la autoridad judicial» (arts. 282.I y 770.3.ª de la LECrim.).

2. OCUPACIÓN DE EFECTOS POR EL JUEZ INSTRUCTOR El concepto de Juez constitucional —nos dice DE LLERA SUÁREZ-BÁRCENA— se compadece mal con la figura del Juez

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instructor de la vieja Ley de Enjuiciamiento Criminal10. En lo que aquí atañe, la actividad de investigación y los actos de preconstitución de pruebas son, por su contenido y finalidad, absolutamente ajenos al contenido de la potestad jurisdiccional definida constitucionalmente («juzgar y hacer ejecutar lo juzgado», según el artículo 117.3 CE). Con todo, aún hoy no se ha modificado sustancialmente la figura del Juez instructor como director de la investigación, pero sí se ha modulado en favor de la actividad policial11. Singularmente en el procedimiento abreviado, el protagonismo que se atribuye a la Policía Judicial en la fase preprocesal es notorio12 y, para comprobarlo, basta leer la nueva redacción de los artículos 770, 771, 772 y 796 de la Ley procesal penal.

Además, la Ley de Enjuiciamiento Criminal no es la única norma de aplicación en lo tocante a la recogida de pruebas y efectos en el lugar del crimen. También la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (LOFCSE) tiene algo que decir al respecto residenciando en la Policía Judicial la función de «investigar los delitos para descubrir y detener a los presuntos culpables, asegurar los instrumentos, efectos y pruebas del delito, poniéndolos a disposición del Juez o Tribunal

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Emilio DE LLERA SUÁREZ-BÁRCENA, El modelo constitucional de investigación penal, Tirant lo Blanch, Valencia, 2001, pág. 119.

Así lo reconoció, en alguna medida, la STC 32/1994 cuando, tras afirmar que la normativa sobre el procedimiento abreviado no había modificado la figura del Juez de Instrucción como director de la investigación, admitió seguidamente que «podría sostenerse», a raíz de la entrada en vigor de dicho procedimiento, que «la investigación practicada por éste puede en algunos aspectos haber pasado a un nivel subsidiario respecto de la realizada por la Policía o por el Ministerio Fiscal».

A título de ejemplo véase el trabajo de Javier Mariano BALLESTEROS MARTÍN, «La intervención de la Policía Judicial en el procedimiento abreviado, juicios rápidos y juicios de faltas según la Ley 39/2002», en Boletín del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, monográfico sobre «La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal», 3.ª época, núm. 25, abril de 2003, págs. 241 a 256.

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competente y elaborar los informes técnicos y periciales procedentes» (art. 11.1.g). Por su parte, el artículo 28, apartados a) y e) del Real Decreto de Policía Judicial (RD 769/1987), prevé, entre los cometidos de investigación criminal especializada propios de una Policía Científica, las «inspecciones oculares» y «recogida de pruebas».

Pues bien, la idea de que la investigación criminal es una función eminentemente policial —mediante aplicación de técnicas específicas o conocimientos científicos de diversa índole, tanto en la recogida de muestras como en su análisis (documentoscopia, lofoscopia, balística, etc.)—, ha calado firmemente en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que ha reinterpretado mediante su actualización los artículos 326 (inspección ocular) y 334 (cuerpo del delito) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Así, la STS de 18 de mayo de 2001 (FJ 4)13 ha declarado que «la labor especializada de búsqueda y ocupación de vestigios o pruebas materiales de la perpetración del delito en el lugar de los hechos compete al personal técnico especializado de la Policía Judicial, bajo la superior dirección del Juez instructor, pero sin necesidad de su intervención personal»14. La búsqueda, recogida y conservación de huellas —afirma la STS de 27 de abril de 200015— no constituye una función que entre en el ámbito de conocimientos y experiencia del juzgador sino en el de la Policía Judicial. Y es que, como bien dice la citada STS de 18 de mayo de 200116: Es necesario y conforme a la realidad social así como a la actual legislación reguladora de la competencia y funciones de la Policía Judicial, distinguir los cometidos policiales de los judiciales: el Juez instructor dirige y controla la investigación pero no está obligado a realizar personalmente sobre el terreno las labores policiales de búsqueda, recogida y conservación

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Ponente: Excmo. Sr. D. Cándido Conde-Pumpido Tourón (RJ 2001\5515).

Véanse también, en el mismo sentido, las SSTS de 26 de febrero de 1999 (RJ 1999\1427) y 27 de abril de 2000 (RJ 2000\3738).

Ponente: Excmo. Sr. D. Cándido Conde-Pumpido Tourón (RJ 2000\3738).

Ponente: Excmo. Sr. D. Cándido Conde-Pumpido Tourón (RJ 2001\5515).