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INMIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA AMPARO JURÍDICO-LEGAL DE LOS MENORES DE EDAD INMIGRANTES NO ACOMPAÑADOS

Gabriele Vestri

Valencia, 2014


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a mis Padres


AGRADECIMIENTOS El presente trabajo representa la elaboración de la Tesis Doctoral defendida en la Universidad Pública Pablo de Olavide de Sevilla en el año 2012. El autor quiere especialmente agradecer a sus dos Directores, el Prof. Dr. Manuel José Terol Becerra y la Profª. Dra. Laura López de la Cruz. Sin su completa entrega, preparación y profesionalidad la Tesis y la presente obra no habrían sido posible. De la misma manera el autor quiere agradecer a la Profª. Dra. Rosario Valpuesta Fernández (†) para los consejos a la hora de reelaborar este trabajo. Gabriele Vestri


ÍNDICE AGRADECIMIENTOS............................................................................. 9 PRÓLOGO............................................................................................... 15 ABREVIATURAS...................................................................................... 21 PLANTEAMIENTO GENERAL............................................................... 23

Capítulo I

ANTECEDENTES HISTÓRICO-LEGALES DE LA REGULACIÓN DEL PROCESO MIGRATORIO 1. LAS MIGRACIONES EN EUROPA DESDE 1973 HASTA 1982........ 39 1.1. La crisis estructural...................................................................... 43 2. EL PROCESO MIGRATORIO DESDE 1982 HASTA HOY................ 47 2.1. Crisis del sur y este del mundo..................................................... 50 2.2. La intervención comunitaria en materia de inmigración.............. 56 2.3. El grupo de Trevi y los Acuerdos de Schengen de 1985................ 59 2.4. Avances de las políticas de inmigración....................................... 74 2.5. La inmigración y el nacimiento del mercado común.................... 77 2.6. Armonización de las políticas comunitarias en materia de inmigración........................................................................................ 81 2.7. Inmigración en los años noventa.................................................. 83 2.7.1. Factores de crisis interiores a la Unión Europea............... 87 2.7.2. Las negociaciones previas al Tratado de Maastricht......... 91 2.8. La inmigración en el Tratado de Maastricht................................ 93 2.8.1. Las consecuencias del Tratado de Maastricht................... 96 2.8.2. Los cambios consecuentes a la introducción del Tratado de Maastricht................................................................... 103

Capítulo II

MENOR DE EDAD Y MENOR DE EDAD INMIGRANTE: EL MARCO JURÍDICO-LEGAL 1. EL MENOR DE EDAD COMO SUJETO JURÍDICO Y SU AMPARO...................................................................................................... 109


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Índice

1.2. Tratamiento jurídico de los menores de edad en el orden preconstitucional..................................................................................... 111 1.3. El menor de edad como sujeto de derecho................................... 114 1.3.1. La dimensión del menor de edad como sujeto autónomo. 117 1.3.2. Un apunte sobre el menor de edad en la Constitución Española.............................................................................. 120 1.3.3. La deficiente identificación de los derechos del menor...... 122 2. LAS NORMAS SUPRANACIONALES............................................... 126 3. LAS NORMAS CONSTITUCIONALES ESPAÑOLAS APLICABLES. 131 3.1. El artículo 39 de la Constitución Española.................................. 135 3.2. Aproximación al concepto de ciudadanía del menor de edad....... 142 4. EL MENOR DE EDAD EN EL DERECHO CIVIL ESPAÑOL............ 145 4.1. La Ley de Protección jurídica del menor y su reciente aplicación. 150 4.2. Los derechos de los menores en la Ley de Protección Jurídica del Menor de edad............................................................................ 153 4.3. El menor en situación de desprotección social............................. 159 4.3.1. La guarda y el guardador de hecho.................................. 165 5. LA LEY DE EXTRANJERÍA Y SUS SUCESIVAS REFORMAS........... 177 5.1. El proceso de elaboración de la Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero y sus posteriores reformas.................................................. 184 5.1.1. Los menores inmigrantes no acompañados en la Ley de Extranjería....................................................................... 194 5.2. El reglamento de desarrollo......................................................... 199

Capítulo III

EXIGENCIAS JURÍDICAS DEL MENOR DE EDAD INMIGRANTE NO ACOMPAÑADO 1. LA AUTORIZACIÓN DE RESIDENCIA DEL MENOR DE EDAD INMIGRANTE................................................................................... 205 2. EL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO................................................. 211 3. MENORES DE EDAD VÍCTIMAS DE TRATA Y MENORES DE EDAD INMIGRANTES OBJETO DE TRAFICO ILEGAL DE PERSONAS................................................................................................ 217 4. LA DETERMINACIÓN DE LA EDAD............................................... 225 4.1. El atlas comparativo.................................................................... 229


Índice

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4.2. La relación entre la acción del Ministerio Fiscal y el sometimiento a las pruebas médicas de los menores de edad inmigrantes no acompañados............................................................................... 233 5. CUESTIONES ACERCA DE LA INTEGRACIÓN DE LOS MENORES INMIGRANTES NO ACOMPAÑADOS..................................... 242 5.1. Programas de protección de menores en Andalucía..................... 246 5.2. El fenómeno de los Minas en Andalucía...................................... 250 CONCLUSIONES..................................................................................... 255 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS......................................................... 259 PÁGINAS WEBS Y DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS.......................... 273 SENTENCIAS Y AUTOS.......................................................................... 277 ANEXOS.................................................................................................. 279


PRÓLOGO Sobradamente conocido es el distinto tratamiento que dispensa la Constitución española de 1978 a extranjeros y españoles. Pues si el art. 113 de la Constitución establece que los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza su Título I, en los términos que establezcan los tratados y la ley, de tal modo que unos y otra pueden modular el derecho de que se trate. Según añade el párrafo segundo de esa misma disposición, “solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el art. 23, salvo lo que atendiendo a criterios de reciprocidad pueda establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales”. Cuya redacción actual es fruto de la reforma de 27 de agosto de 1992, determinada por la nueva redacción art. 8B, apartado 1, del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, propuesta por el art. GC del Tratado de la Unión europea. Pues dicho artículo prevé que los ciudadanos de la Unión europea en un Estado miembro del que no sean nacionales tendrán el derecho a ser electores y elegibles en las elecciones municipales del Estado miembro en que residan. Por su parte, en virtud del artículo 14 de la Constitución, “los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquiera otra condición o circunstancia personal o social”. Claro que excepto en lo tocante a los derechos de sufragio activo y pasivo, ninguna dificultad media para conceder, legislativamente, idéntico tratamiento a extranjeros y españoles. Se trae a colación este asunto, compartido por la jurisprudencia constitucional, por lo que muestra sobre la universalización de los derechos constitucionales, en relación con el cual surge una pregunta inmediata, toda vez que nos referimos a los adultos. La pregunta es ¿esa universalización alcanza al niño? Desde la perspectiva interna resulta difícil responderla. El punto de partida podría ser el mismo que hubiera podido ser en el caso de los extranjeros. El art. 10.1 de la Constitución, según el cual: “la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el


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libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social”. Pero existen dudas de si los menores son titulares del derecho a sindicarse, sobre el derecho de asociación política, sobre el derecho a contraer matrimonio. Igualmente sucede con el derecho de libertad religiosa y de culto. Cuestión distinta sucede con el derecho a elegir residencia del que no parecen disponer y de los derechos de sufragio activo y pasivo, pues no es ciudadano o solo lo es en parte. La Constitución española habla del niño. En concreto una vez de infancia, dos de hijos y una vez más del niño propiamente dicho. De la infancia lo hace en el art. 20.4, para señalarla como límite al ejercicio de otros derechos, la libertad de expresión, la libertad de a la producción y creación literaria, artística, científico y técnica, a la libertad de cátedra, y a comunicar y recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. De los hijos habla en el art. 27.3 para señalar que “los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que los hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”. Sin reconocerle, por tanto, al niño, ningún derecho al respecto, solo a los padres. De los hijos habla también en el art. 39.2, para señalar que los poderes públicos aseguran “la protección integral de los hijos, iguales ante la ley, con independencia de su filiación”. En tanto que impone a los padres en el art. 39.3 que presten asistencia a sus hijos, “habidos dentro y fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente proceda”. Del niño se ocupa en el art. 39.4, cuando dispone que “los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos”. En apariencia al menos, el art. 39.4 va más allá que el art. 10.2 de la Constitución. Recuérdese a este respecto que este último establece que “Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce, se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España”. Mientras que el art. 39.4, compruébese, les concede a los niños “la protección prevista en los acuerdos internacionales que velen por sus derechos”. De este modo parece evidenciar el constituyente


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español cierta consciencia, plagada de lagunas, sobre la protección del menor. No nos atrevemos a mencionar el art. 9.2 de la constitución, como complemento para esa protección del menor, por cuanto parece ocuparse de la persona en su condición adulta. Dígase si no: “Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”. Excepto si se contempla al menor integrado en la familia, como hacen los artículos 27.4 y 39.2 y 3, para conocer qué tipo de protección le presta al menor la Constitución es preciso acudir a esos tratados internacionales de que habla el art. 39.4 de la constitución. Entre ellos se encuentra la Declaración de los Derechos del Niño de Naciones Unidas adoptada en 1959, en donde resumidamente, considerando que por su falta de madures física y mental, merece protección y cuidados especiales. De manera que los Derechos de la Declaración son reconocidos a todos los niños. Quienes gozarán de una protección especial y contarán con medios para desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente. Tendrán el derecho a un nombre y a una nacionalidad. A la seguridad social, a la salud, a la atención prenatal, a la alimentación, a la vivienda, al recreo y a los servicios médicos. El niño impedido tiene derechos a cuidados especiales. Se establece la obligación para la sociedad y las autoridades públicas de cuidar especialmente a los niños sin familia o que carezcan de medios adecuados de subsistencia. Gozan del derecho a la educación gratuita y obligatoria. Deben ser de los primeros que reciban protección. Deben ser protegidos contra toda forma de abandono, crueldad o explotación. Y deben ser protegidos contra la discriminación racial, religiosa o de cualquier otra índole. También se cuenta con la convención sobre los Derechos del Niño. Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 44/25, de 20 de noviembre, de 1989, puede considerarse de acuerdo con la Declaración de los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General el 20 de noviembre de 1959 y presidida por el siguiente postulado: “convencidos de que la familia como grupo fun-


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damental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y bienestar de todos sus miembros, y en particular de los niños, debe recibir la protección y asistencia necesarias para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad”. Así como por este otro intensamente relacionado con él: “reconociendo que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión”. Aún así, y brevemente, la Convención de 1989, declara el principio de igualdad ante la ley del niño. Dice que se atenderá al interés superior del niño. Que en el terreno de los derechos económicos, sociales y culturales los Estados Partes adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan. Reconoce al niño el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo del niño. A ser inscrito inmediatamente después de su nacimiento en el registro, a la nacionalidad, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos. A preservar su identidad, incluida la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares. Toda solicitud hecha por un niño o por sus padres para entrar en Estado Parte o para salir de él a los efectos de la reunión de la familia será atendida por los Estados Partes de manera positiva, humanitaria y expeditiva. Los Estados Partes adoptarán medidas contra los traslados ilícitos de los niños al extranjero, garantizarán al niño esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente, teniéndose en cuenta en función de la edad y la madurez del niño, le darán la oportunidad de escucharlos en todos los procedimientos judiciales o administrativos. El niño tendrá derecho a la libertad de expresión, sin más limitaciones que el respeto de los derechos o la reputación de los demás y el orden público, la salud o la moral públicas. El niño tendrá derecho a libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, la libertad de asociación y la de celebrar reuniones pacíficas y a recibir información de diferentes fuentes. Las Partes protegerán al niño contra toda forma de perjuicio, abuso físico o mental, abuso o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual. Los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar tendrán derecho a la protección y asistencias especiales de cuidados para esos niños, tendrán el derecho a ser adoptados, si son refugiados la protección y la asistencia humanitaria para el disfrute de sus derechos. Los Estados Partes reconocen que el niño mental o físicamente impedido deberá disfrutar de una vida plena y


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decente en condiciones que aseguren su dignidad, le permitan llegar a bastarse a sí mismo y faciliten la participación activa del niño en la comunidad. Del mismo modo que reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud. Al igual que reconocen a todos los niños el derecho a beneficiarse de la seguridad social, el derecho del niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social, como su derecho a la educación. Cuando se trate de un niño indígena tiene el derecho con los demás miembros de su grupo a tener su vida cultural, a profesar y practicar su propia religión, o a emplear su propio idioma. El niño tiene derecho al descanso y al esparcimiento, a estar protegido contra la explotación económica, contra el uso de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, contra todas las formas de explotación y abuso sexuales. Los Estados partes impedirán la venta o trata de niños. Ningún niño será sometido a torturas ni privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. Todo niño privado de su libertad debe ser tratado con la humanidad y el respeto que merece la dignidad humana. Los Estados Partes se comprometen a respetar y velar porque se respeten las normas del derecho internacional humanitario que les sean aplicables en los conflictos armados. Adoptarán las medidas apropiadas para promover la recuperación física y psicológica y la reintegración social de todo niño víctima de cualquier forma de abandono, explotación o abuso, incluso tortura. Al niño acusado de delito se le tratará fortaleciendo su respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros. Por su parte, en Europa, se redactó una Carta de Derechos Fundamentales que se proyectó englobara a los del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, de 1950, a los perceptibles en las tradiciones constitucionales comunes de los Estados miembros, a los derechos económicos y sociales enunciados en la Carta Social Europea y en la Carta de los derechos sociales y fundamentales de los trabajadores, y a las construcciones jurisprudenciales sobre todos ellos debidas al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. De modo que la Carta, aprobada en Niza, incluye los derechos fundamentales vigentes hoy día en Europa. Bien es verdad que intentó atribuírsele efecto jurídico obligatorio, incluyéndola en el Proyecto de Tratado constitucional para Europa. Pero


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al quedar vinculada su suerte, a la referido Proyecto, dicho propósito no pasó de un desiderátum que ha retomado el Tratado de Lisboa, el cual pretende conferirle a la Carta el mismo valor jurídico que a los Tratados de la Comunidad Europea y de la Unión. En ella, pueden encontrarse enunciados como derechos del menor, en su art. 24, “el derecho a la protección y a los cuidados necesarios para su bienestar. Podrán expresar su opinión libremente. Ésta será tenida en cuenta en relación con los asuntos que les afecten, en función de su edad y de su madurez”. También se menciona que en “todos los actos relativos a los menores llevados a cabo por autoridades públicas o instituciones privadas, el interés superior del menor constituirá una consideración primordial”. De igual modo se dice que “todo menor tiene derecho a mantener de forma periódica relaciones personales y contactos directos con su padre y con su madre, salvo si son contrarios a sus intereses”. En definitiva, pues, los tratados internacionales sobre los menores les dan a estos un tratamiento similar al que reciben en la Constitución española, deben vivir en familia, pero ¿Qué pasa cuando eso menores viven separados de sus padres? El convenio de 1989, encierra algunas pistas, pero no guarda todas las soluciones al respecto. De ello se ocupa Gabriele Vestri en el presente libro, con la absoluta solvencia que es propia en él. Tiempo es de callar y de dejar al autor de estas páginas que exprese con la maestría que le caracteriza, cual es opinión al respecto. Manuel José Terol Becerra


ABREVIATURAS AAP AP ACNUR

Auto Audiencia Provincial Audiencia Provincial Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados AHI Ad Hoc Group of Inmigration art./arts. artículo/artículos AUE Acta Única Europea BOE Boletín Oficial del Estado Bol. CE Boletín de la Comunidad Europea CAME Centro de Acogida para Menores Extranjeros CC. Código Civil Español CE Constitución Española cit. citado, citada CDN Convención de los Derechos del Niño CNU Convención de las Naciones Unidas CRI Constitución República Italiana DUDH Declaración Universal de Derechos Humanos FD. Fundamento de Derecho FJ. Fundamento Jurídico GRUME Grupos de Menores Ibid Ibídem LO Ley Orgánica LOEX Ley Orgánica de Extranjería LOPJM Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor MENA/MENAS Menor/es Extranjero/s No Acompañado/s MINA/MINAS Menor/es Inmigrante/s No Acompañado/s NN.UU. Naciones Unidas núm./núms número/números ONG/ONGS Organización/es No Gubernamental/es op. cit. obra citada


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Abreviaturas

p. ej. por ejemplo p./pp. página/páginas s.a. sin año de publicación SAP Sentencia Audiencia Provincial s.e. sin editorial ss. siguientes STC Sentencia Tribunal Constitucional STEDH Sentencia Tribunal Europeo Derechos Humanos STS Sentencia Tribunal Supremo supl. Suplemento TCE Tratado Constitutivo de la Unión Europea TUE Tratado de la Unión Europea UEM Unión Económica y Monetaria Vid. Véase


PLANTEAMIENTO GENERAL Desde una perspectiva de los derechos de los menores extranjeros es importante destacar la problemática que deriva de la situación del colectivo que representan los menores extranjeros o inmigrantes no acompañados. Estos menores, calificados también como “separados”, para subrayar su situación, tienen unas características comunes y suponen un desafío y un esfuerzo a fin de lograr su verdadera integración. No se trata por cierto de un fenómeno nuevo, aunque se detecta un aumento progresivo de su número, en especial en los países europeos y que se hace más visible a partir de 1990. El número de menores que responden a esta categoría es muy difícil de precisar, no obstante, se estima que podrían ser unos 6.4751 en España. Además, es difícil estimar numéricamente la entidad de este segmento, puesto que los menores extranjeros no acompañados, salvo casos particulares, llegan de manera irregular o clandestina. Las causas son múltiples: desplazamientos por situaciones de crisis, emigración por motivos económicos, estrategia de mejora de perspectivas sociales y culturales. Los menores, “emprenden sus viajes en busca de hacer realidad su sueño que, a su juicio pasa por la consecución de dinero. Sin embargo cuando aterrizan aquí, se les restringe el acceso al mercado de trabajo y se encomienda su tutela al Estado por lo que ven sus aspiraciones

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Fuente: Grupo IFAM Fundación Pere Tarrés Universidad Ramón Llull. Del Informe “Los y las Menores Migrantes No Acompañados/das en España”. “Estado actual y nuevas tendencias”, 2009. Elaboración propia. A partir de datos de: De 1993 al 1999: Diputación Foral de Araba, Diputación Foral de Bizkaia, Informes sobre “la Situación de los Menores Extranjeros No Acompañados” remitidos por las CC..AA al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para el Grupo de Trabajo reunido el 29 de febrero de 2000, Junta de Castilla y León, Generalidad Valenciana y Gobierno de Aragón. De 2000 al 2007: Ciudad Autónoma de Melilla, Diputación Foral de Araba, Diputación Foral de Bizkaia, Diputación Foral de Gipuzkoa, Generalidad de Cataluña, Generalidad Valenciana, Gobierno de Aragón, Junta de Castilla y León, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Junta de Andalucía, Ministerio de Interior, Ministerio de Trabajo y Inmigración, Región de Murcia, Xunta de Galicia y Vaciado de Expedientes de los Centros de Primera Acogida de la Comunidad Valenciana por el Equipo investigador del proyecto en esta CC..AA, 2000 i 2007-08.


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frustradas tenida en cuenta esta limitación legal: existe una disonancia entre el mercado español y las vivencias y expectativas de estos menores. No pueden poner en práctica su proyecto migratorio por lo que se ven relegados a la enrancia y su correlato la exclusión y el fracaso social”2. En particular, parece conveniente señalar dos fundamentos que dan origen a la migración de los MINAs (Menores Inmigrantes No Acompañados): en primer lugar tenemos que identificar el país de procedencia y cómo logran entrar en territorio europeo. En este sentido, tenemos la obligación de aclarar el concepto de país de procedencia, ya que no es lo mismo identificarlo con el Estado del que es nacional el menor de edad, o el lugar donde tuvo inicio el recorrido migratorio, es decir, de donde el menor inmigrante salió hacia Europa. Dicho de otra manera, puede ocurrir que un menor de edad de Mali, deje su país para llegar a Marruecos o a las costas del oeste del continente africano para después inmigrar hacia las costas españolas de las Islas Canarias o las de Andalucía. Entonces, tenemos un país de procedencia que podemos definir “natural” (Mali), y un país de procedencia “de inmigración” (Marruecos). Con respecto a nuestra investigación, consideramos como país de procedencia al que hemos denominado “natural”, ya que el “de inmigración” sólo representa una incidencia geográfica. Y en concreto, los MINAs proceden del Magreb y mayoritariamente de Marruecos. Diferentes son las situaciones relacionadas con las motivaciones de la inmigración. Entre estas, podemos mencionar la decisión personal del menor de iniciar un proceso migratorio, que asume esta responsabilidad sin consultárselo a la familia; la del menor que cuenta con el respaldo de sus familiares, quienes asumen el coste económico del viaje; el menor que acepta la decisión de su familia para que emigre con el objetivo de mejorar su situación económica3.

ADNANE Abdelhamid, VERDASCO MARTÍN Miguel Ángel, “Acogimiento de Menores Inmigrantes”. En JIMÉNEZ HERNÁNDEZ Antonio, CORREA GARCÍA R.I., CRUZ DÍAS R., GUZMÁN FRANCO D., “Intervención socioeducativa e intercultural. Nuevos horizontes en la formación del educador”, Accem, 2006, p. 100. 3 VV.AA., “La política de acogida, repatriación y acuerdos para la integración de los menores extranjeros no acompañados en España”, Red Europea de Migraciones, Gobierno de España, Madrid, 2009, p. 22. 2


Planteamiento general

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En todo esto, un papel importante es el de las mafias que alimentan el conocido “mito europeo”. En tal sentido “existen ciertas redes clandestinas de transporte de inmigrantes que facilitan el viaje a cambio de elevadas sumas de dinero. Como normalmente los emigrantes en sus países de origen sólo pueden pagar una parte del precio, las mafias les obligan a trabajar en los países de destino hasta que los ingresos de su nueva vida les permitan cancelar la deuda”4. Por supuesto, el desplazamiento a través de las mafias es uno de los métodos utilizados, aunque cabe señalar la existencia de otros sistemas en los que los menores viajan por su cuenta: suelen viajar ocultos en los bajos de camiones o autobuses, así como a través de los vehículos que cruzan el estrecho de Gibraltar en los ferrys5.

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VOGLER M., “La inmigración en España. Un conflicto social”, Grin Verlag, 2009, p. 7. En este mismo sentido: NASH M., “Inmigrantes en nuestro espejo. Inmigración….”, op. cit., p. 79: “Las mafias y las redes del crimen organizado desempeñaron otro papel asociativo en la construcción de un imaginario colectivo en torno a la inmigración y el crimen”. La utilización de este método conlleva un desgaste físico muy importante, por lo que existen relaciones entre este método de desplazamiento y el consumo de inhalantes que en muchos casos empezó ya en el país de procedencia. El inicio del consumo de inhalantes, en algunos casos se debe al contacto con los grupos de “menores de calle” instalados en las ciudades de tránsito, por mimetismos y para soportar las condiciones extremas de su estancia en las calles, o bien para aguantar las duras condiciones del viaje hasta llegar al país receptor: soportar el hambre, el frío, el calor y las duras condiciones del trayecto. Muchos de estos menores llegan a España con el consumo de inhalantes ya iniciado en estos momentos. Es importante profundizar en este momento y espacio vital porque es cuando muchos de ellos, a juicio de nuestros informadores, se han iniciado en el consumo de drogas y más específicamente en el consumo de inhalantes, con una clara finalidad escapista, como tendremos ocasión de analizar más detenidamente en el apartado correspondiente. “Consumen a escondidas disolventes para soportar las duras condiciones de su estancia en la calle y para evadirse de su situación, se juntan todos los menores, los que están en la calle siempre de Tánger que consumen a escondidas para que no les vean algunos de sus familiares, en lugar de en mitad del paseo de la playa, como hacen los chavales del sur” (GD4/M/PROT). “Un buen día deciden, después de una escena de agresividad o lo que sea… se van al puerto de Tánger hasta que consiguen cruzar a Melilla o donde puedan… ahí empiezan a verse en la calle, a buscarse la vida y a consumir inhalantes… se suelen aprovechar de ellos los más mayores… un menor zumbado con pegamento se pueden aprovechar


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Por otro lado, pueden llegar en coche o avión. En estos casos, el MINA llega con un adulto, un familiar o un acompañante, del cual se separa una vez llegado en el territorio de destino6. Hoy en día, el perfil del menor inmigrante es claro y conocido. Se trata de un varón7 (en la mayoría de los casos), de dieciséis-diecisiete años8, nacional de países de África, cuya familia, numerosa, se halla en situación económica critica. El menor de edad suele abandonar los estudios con el fin de encontrar un trabajo que permita su subsistencia y la de sus familiares. Una vez llegado a España, carece de una formación adecuada y necesaria para incorporarse al mundo del trabajo

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de ellos mejor” (E7/PROT/S). “Es un consumo que se inicia en Marruecos motivado por las circunstancias adversas, por ser una droga que les aísla de la realidad totalmente, no pasan hambre, ni frío, es decir, les quita el sufrimiento y además es muy barata… lo han probado por primera vez en Tánger o para aguantar el viaje, pero una vez que llegan a la península no lo vuelven a probar, ni quieren saber nada, porque ya no tienen ese necesidad, no tienen frío, ni tienen hambre”, ARBEX SÁNCHEZ C., JIMÉNEZ FUENSALIDA A., “Menores inmigrantes y consumo de drogas. Un estudio cualitativo”, s.e., 2004, p. 84. El estudio recoge también muchas entrevistas a los menores inmigrantes y a los educadores. Por eso resulta contundente la modificación de la definición de MINA introducida por el derecho comunitario, según la cual, se identifican como no acompañados “aquellos menores a los que se dejen solos tras su entrada en los Estados miembros”, además de los que hacen solos el viaje. Como hemos dicho, son varones en su gran mayoría aunque, “En los primeros años de este siglo venimos siendo testigos de la llegada a España de chicas menores que proceden de terceros países. Ante esta realidad podemos preguntarnos si estamos ante un nuevo fenómeno diferenciado de los movimientos migratorios más conocidos de personas adultas, hombres y mujeres, o de menores no acompañados. La migración de chicas solas, sin compañía de personas adultas que ejerzan sobre ellas la patria potestad o su tutela va cobrando relevancia poco a poco, conformando una realidad que no se encuentra exenta de complejidad ni de gravedad, fundamentalmente por el estado de desprotección en el que estas jóvenes pueden estar inmersas, puesto que la invisibilidad de las situaciones que viven impide que sean percibidas como seres sujetos de derechos especiales derivados de su condición de menores de edad”, en: MORANTE DEL PERAL M.L., TRUJILLO VEGA M.A., “Las niñas y adolescentes que emigran solas a España ¿Un nuevo fenómeno social?”, Revista Mugak núm. 41-40 2007, pp. 12 y ss. En los últimos años se detectan menores de edad de trece-catorce años y en algunos casos aun más jóvenes.

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