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LA ACUMULACIÓN EN LA JURISDICCIÓN SOCIAL PROCESO EJECUTIVO

Irene Bajo García

Profesora de Derecho del Trabajo Universidad Alicante

Valencia, 2013


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ÍNDICE I. LA ACUMULACIÓN DE ACTUACIONES PROCESALES 1. Concepto de acumulación........................................................................ 9 2. Clases de acumulación en el proceso laboral............................................ 10 2.1. La acumulación de acciones........................................................... 10 2.2. La acumulación de procesos.......................................................... 13 2.3. La acumulación de recursos........................................................... 15 2.4. La acumulación de ejecuciones...................................................... 15 II. LA ACUMULACIÓN DE EJECUCIONES 1. La acumulación como respuesta a la concurrencia de ejecuciones. Supuestos de concurrencia y reglas de solución................................................... 19 2. Origen y fundamento............................................................................... 24 3. Régimen jurídico de la acumulación de ejecuciones laborales................... 29 3.1. Normativa aplicable...................................................................... 29 3.2. Presupuestos de la acumulación..................................................... 32 A) La situación económica del empresario deudor....................... 33 B) Pluralidad de sujetos activos, peticiones y títulos ejecutivos.... 33 C) Unidad de deudor y patrimonio.............................................. 39 3.3. Supuestos de acumulación de ejecuciones laborales....................... 44 3.4. Momento/límite de la acumulación................................................ 55 3.5. Procedimiento de la acumulación................................................... 61 A) Órgano competente para decretar la acumulación y para conocer de la ejecución acumulada................................................. 61 B) Tramitación de la acumulación y de la ejecución acumulada... 66 3.6. El pago a acreedores. Preferencia y consenso frente a proporcionalidad.............................................................................................. 74 4. Naturaleza de la ejecución acumulada laboral.......................................... 90 5. Concurrencia de la ejecución acumulada con otras ejecuciones en tramitación.......................................................................................................... 93 5.1. Concurrencia con una ejecución concursal..................................... 93 5.2. Concurrencia con una ejecución singular....................................... 102 A) Concurrencia con una ejecución laboral singular.................... 102 B) Concurrencia con una ejecución singular no laboral............... 103 6. Conclusiones críticas................................................................................ 105 BIBLIOGRAFÍA.............................................................................................. 109


I. LA ACUMULACIÓN DE ACTUACIONES PROCESALES 1. Concepto de acumulación La acumulación es un fenómeno procesal en virtud del cual el objeto del proceso no es una única pretensión procesal, sino varias, entendiendo como tal una declaración de voluntad fundada1, por la que se solicita del órgano jurisdiccional una determinada actuación, frente a otra persona, que modifique, en un sentido concreto, la situación jurídica en la que se encuentra un bien de la vida2. En principio, cada pretensión constituye el objeto de un proceso determinado, y cada proceso dispone de tramitación propia3. Ello no obstante, si entre diferentes objetos procesales se presentan ciertos vínculos, puede ocurrir que los diferentes procesos que versan sobre ellos tengan una única tramitación4. Cuando esto ocurre, se produce el fenómeno de la acumulación, el cual, en cualquiera de sus manifestaciones, exige siempre una pluralidad de objetos procesales, esto es, de peticiones fundadas dirigidas a un órgano jurisdiccional frente a otra persona (pretensión), y la existencia de una conexión entre dichas peticiones5. En virtud de la acumulación, la totalidad de las pretensiones acumuladas y de los procesos a que dan lugar se tramitan o conocen en un único procedimiento6.

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Lo que significa que hay un acontecimiento concreto de la vida en que se apoya la petición. Extracto de MONTERO AROCA: Introducción al proceso laboral, 5ª Ed., Madrid/ Barcelona (Marcial Pons), 2000, págs. 153 y ss. GONZÁLEZ PILLADO, E.: La acumulación de ejecuciones en el proceso laboral, Valencia (Tirant lo Blanch), 1998, pág. 28. “Del principio de concentración que acoge el artículo 74.1 LPL —actual art. 74.1 LJS—, redactado por ley 13/2009, deriva sin dificultad la técnica de la acumulación de actuaciones procesales”. MONTOYA et alt, Curso de procedimiento laboral, 8ª ed., Madrid, Tecnos, 2010. En ocasiones, se identifica el fenómeno de la acumulación de ejecuciones como una ampliación del objeto procesal de un procedimiento, si bien, técnicamente, el objeto no se amplía, sino que son varios los objetos que se tramitan en un mismo procedimiento. MONTERO AROCA, La acumulación en el proceso laboral, Tirant lo Blanch, valencia, 1999, pág. 13. Como indica el autor, la acumulación no debe confundirse con el fenómeno del proceso único con pluralidad de partes, consecuencia de la legitimación plural (pág. 29).


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La Ley Reguladora de la Jurisdicción Social contempla el fenómeno de la acumulación regulando en su libro I, título III diferentes supuestos o manifestaciones de la misma, como son la acumulación de acciones, procesos y recursos en su capítulo primero, y la acumulación de ejecuciones en el capítulo segundo.

2. Clases de acumulación en el proceso laboral Como se ha indicado en el epígrafe anterior, pueden ser objeto de acumulación tanto las acciones, como los procesos, los recursos y las ejecuciones. Siendo objeto de estudio este último supuesto, conviene llevar a cabo un breve análisis introductorio de los restantes supuestos.

2.1. La acumulación de acciones La Ley Reguladora de la Jurisdicción Social regula la acumulación de acciones en su art. 25. Su antecedente inmediato, el art. 27 LPL, ya experimentó una sustancial modificación, por obra de la ley 13/2009, de 3 de noviembre, de creación de la Nueva Oficina Judicial, en virtud de la cual se incorporó a la regulación la diferenciación entre una acumulación de acciones objetiva, y una acumulación de acciones subjetivas, denominada por un sector de la doctrina como objetiva-subjetiva7. La primera se produce cuando un único actor acumula en su demanda “cuantas acciones le competan contra el demandado” (art. 25 LJS), siendo indiferente que procedan de varios títulos, siempre y cuando de todas ellas pueda conocer el mismo juzgado o tribunal8. Pese a la literalidad del precepto, es evidente que la acumulación no ha de ser, necesariamente, de la totalidad de las acciones, sino de las que el actor considere oportuno ejercitar en cada momento, y, lógicamente, siempre y cuando, no siendo peticiones alternativas o subsidiarias, no resulten incompatibles entre sí (art. 71.3 LEC) La acumulación subjetiva se produce cuando se procura un tratamiento procesal unitario a una variedad de pretensiones (lo que lleva a considerar que también hay acumulación objetiva) producto de que, simultá7

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Con anterioridad a la Ley 13/2009, la acumulación subjetiva no se contemplaba expresamente en la Ley de Procedimiento Laboral, aunque se admitía aplicando las normas comunes del proceso civil. La Ley Reguladora de la Jurisdicción Social titula su art. 25 como “requisitos de la acumulación objetiva y subjetiva de acciones y reconvención”. Requisito este último incorporado por ley 13/2009.


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neamente, se ejerciten las acciones de uno o varios actores contra uno o varios demandados9. Y también cuando el demandado, a la vista de las pretensiones del demandante, decide reconvenir (art. 25.2 LJS). A diferencia de lo que ocurre en el caso de la acumulación objetiva, en este segundo supuesto la norma procesal exige que, entre las acciones, exista un nexo “por razón del título o causa de pedir”. El propio precepto aclara cuándo debe considerarse cumplido el requisito, de manera que existirá conexión, o estaremos ante idéntico título o causa de pedir, cuando las acciones se funden en los mismos hechos. Tras la regulación de acumulación objetiva, subjetiva y reconvención de una manera genérica, el mismo art. 25 LJS, en sus apartados 4º a 7º, se dedica a regular de manera pormenorizada dos concretos supuestos, el primero de ellos relativo a reclamaciones o demandas sobre accidentes de trabajo y enfermedad profesional, y el segundo en relación a la acumulación de pretensiones de un mismo actor frente a un mismo acto o resolución administrativa, o varios entre los que exista conexión directa. En el primer caso (apartados 4º y 5º art. 25 LJS), se admite la acumulación de todas las pretensiones de resarcimiento de daños y perjuicios, ya se dirijan contra el empresario o incluso terceros —en línea con la intención manifestada en el Preámbulo de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social de que sean los órganos de dicha jurisdicción los que conozcan, de modo integral, de todas las materias laborales—, siempre que estos últimos deban responder del hecho causante (art. 25.4 LJS). Las demandas se repartirán al juzgado o sección que haya conocido el primero de los procesos relativos al accidente de trabajo o enfermedad profesional. En el segundo caso (art. 25.6º y 7º LJS), se contempla tanto la acumulación objetiva (pretensiones de un mismo actor contra un acto administrativo o varios con conexión entre ellos), como la subjetiva (acto administrativo que afecta a una pluralidad de destinatarios). En este supuesto, se repite la regla de reparto enunciada anteriormente: las demandas o recursos se reparten al juzgado o sección que conozca del primero de los

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CAVAS MARTÍNEZ se remite a MONTERO, La acumulación..., op. cit., pág. 92, para señalar que la acumulación objetiva-subjetiva se produce en la totalidad de los siguientes supuestos: cuando un actor ejercita varias pretensiones frente a varios demandados (acumulación pasiva), o bien varios actores ejercitan varias pretensiones frente a un único demandado (acumulación activa), o bien varios actores ejercitan varias pretensiones frente a varios demandados (acumulación mixta). En todos los casos, en una misma demanda. CAVAS MARTÍNEZ, “La reforma procesal de 2009-2010 (VII): la acumulación en el proceso laboral”, en Aranzadi Social, 3-10, 2010, pág. 16 (versión digital).


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procesos, precisando que será la administración autora del acto quien comunicará a aquél la existencia de tales demandas o recursos. El régimen de la acumulación de acciones se completa con una enumeración de supuestos en los que no se admite la misma, tanto si es inicial como si se pretende vía reconvención (art. 26 LJS). El listado de exclusiones ha experimentado una primera ampliación, por mor de la ley 13/2009, que incorporó las relativas a movilidad geográfica, modificación sustancial de las condiciones de trabajo y conciliación de la vida personal, familiar y laboral, todas ellas por su carácter urgente. La Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, por su parte, incorpora al listado las acciones de disfrute de vacaciones, impugnación de la modificación de los estatutos de los sindicatos, así como las acciones de impugnación de sanciones. A todos los supuestos mencionados, se suman las acciones de despido y demás causas de extinción del contrato de trabajo10, materia electoral, impugnación de los estatutos de los sindicatos, impugnación de convenios colectivos, tutela de derechos fundamentales y libertades públicas y las reclamaciones en materia de seguridad social, con la excepción, en este último caso, de las acciones que tengan la misma causa de pedir. Las excepciones a este amplio listado de prohibición de acumulación son, no obstante, numerosas, y aparecen reguladas en los apartados 2º a 5º del propio art. 26 LJS. Siguiendo el orden empleado por el legislador, el art. 26 LJS indica que la acumulación resultará posible si, debiendo seguirse cualquiera de las modalidades procesales enumeradas en el apartado anterior, se reclame, simultáneamente, indemnizaciones por cualquiera de los pronunciamientos propios de la modalidad procesal de tutela de derechos fundamentales y libertades públicas. El apartado 3º art. 26 LJS, por su parte, admite la acumulación de las acciones de despido y extinción del contrato de trabajo, siempre que esta última se ejercite en el plazo establecido para la primera; así como la acumulación de la acción de extinción del contrato de trabajo por falta de pago del salario y la reclamación salarial11, así como la de la acción de 10

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La Ley de Procedimiento Laboral se refería, únicamente, a las acciones de extinción del contrato de trabajo de los arts. 50 y 52 TRET, por lo que en esta materia también cabe hablar de una ampliación de la exclusión. Acumulación ya admitida tras la reforma de la Ley de Procedimiento Laboral por parte de la Ley 13/2009. Vid., al respecto, LOUSADA AROCHENA, “análisis de la incidencia de la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, sobre el procedimiento laboral: una primera aproximación”. En Actualidad Laboral, nº 4, febrero 2010, pág. 4 (versión digital).


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despido y reclamación de liquidación de cantidades adeudadas hasta esa fecha. Si bien el juzgado, a los efectos de evitar derivas excesivas en el procedimiento por despido, puede disponer la tramitación separada de cada una de las pretensiones. El precepto menciona otros dos supuestos en los que la acumulación será posible, relativos a los procesos de clasificación profesional y reclamación de diferencias retributivas, y la del trabajador autónomo económicamente dependiente que acciona por despido, y, al mismo tiempo, formula acción contra la decisión del cliente de extinguir la relación. La norma procesal obliga al Juez o Tribunal a tener por no formulada una acción indebidamente acumulada a otra, cuando esta última se encuentra sometida a caducidad. Y, si la acumulación indebida se produce entre acciones todas ellas sometidas a caducidad, se seguirá la tramitación del juicio por despido, o, si no se hubiera hecho uso de esta acción, la primera de las pretensiones ejercitadas en el suplico, teniendo por no formuladas las demás. Tras la reforma por ley 13/2009, la decisión relativa a la admisión de la acumulación de acciones y el control del cumplimiento de los presupuestos legales corresponde al secretario judicial; no obstante, la competencia para acordar la acumulación continúa siendo del juez o tribunal12.

2.2. La acumulación de procesos Cuando no se ha producido una acumulación de pretensiones en la demanda, pero, sin embargo, en varias de ellas se ejercitan acciones idénticas, o susceptibles de haber sido acumuladas en la demanda, el art. 28 LJS señala que, de oficio o a instancia de parte, “se acordará” la acumulación de los procesos —expresión que sustituyó a la empleada por la Ley de Procedimiento Laboral, referida a los autos—. Junto a este supuesto, el art. 30 LJS señala que también se acumularán los procesos pendientes cuyos objetos presenten tal conexión que, de seguirse por separado, podrían dictarse sentencias contradictorias, incompatibles o excluyentes. Los procesos iniciados por separado y pendientes, se unen formalmente, si bien materialmente siguen siendo distintos, obteniendo, cada uno de ellos, solución individualizada en una única sentencia. 12

ORTEGA PINTO, “La reforma de la ley de procedimiento laboral por la ley 13/2009”, de 3 de noviembre. En Relaciones laborales nº 9, mayo 2010. CAVAS MARTÍNEZ, por el contrario, considera que la ley atribuye la competencia para tomar la decisión sobre la acumulación de acciones al secretario judicial. “La reforma...”, op. cit., pág. 16.


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La Ley reguladora de la Jurisdicción Social, en técnica repetida en materia de acumulaciones, enumera y regula, tras haber formulado la norma general, una serie de supuestos específicos, relativos en este caso a procesos con origen en un mismo accidente de trabajo o enfermedad profesional —al igual que hiciera en la acumulación de acciones— (art. 30.2 LJS), procesos de oficio (art. 31 LJS), extinción del contrato de trabajo y despido (art. 32, 1º y 2º LJS) e impugnación de actos administrativos (art. 32.3 LJS). No obstante, el art. 34. LJS mantiene la posibilidad de que el juez o tribunal deje sin efectos la acumulación respecto de uno o varios de los procesos si considera que concurren causas que justifiquen la tramitación separada, regulación que, en mi opinión, debe entenderse ampliada al momento previo de decretar la acumulación, de manera que no sólo sea posible dejar sin efecto una acumulación ya decretada, sino, también, negarse a declarar, ab initio, la que considere improcedente, lo que matiza, considerablemente, el carácter obligatorio de la acumulación para el órgano judicial13. La acumulación procederá tanto si las demandas se tramitan en el mismo juzgado (art. 28.1 LJS), como si se tramitan ante dos o más juzgados de lo social de una misma circunscripción, este último ante el juzgado o tribunal que conozca de la demanda que primero entró en el Registro (art. 29 LJS). Aunque el precepto se refiera, literalmente, a Juzgados de lo Social, la expresión legal debe interpretarse, en un sentido amplio, como referido a juzgados o tribunales. Tras la reforma del precepto por ley 13/2009, la acumulación resulta preceptiva no sólo en el supuesto de que en las demandas a acumular se ejerciten idénticas acciones, sino también cuando exista conexión entre los objetos de cada uno de los procesos (supuesto que ya preveía el art. 76 LEC). Recuérdese que, en el caso de la acumulación de acciones se exigía un nexo en el título o causa de pedir; en el caso de los procesos, la conexión tiene un sentido procesal, que no es otro que el de evitar que se dicten sentencias contradictorias, incompatibles o excluyentes; en otras palabras, evitar la contradicción procesal. La Ley Reguladora de la Jurisdicción Social ordena al secretario judicial velar por el cumplimiento de lo dispuesto en materia de acumulación de procesos, a cuyos efectos ha de poner en conocimiento del juez o tribunal 13

En el mismo sentido, ORTEGA PINTO, “La reforma de la ley de procedimiento laboral por la ley 13/2009, de 3 de noviembre. Relaciones laborales nº 9, mayo 2010, pág. 10.


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los procesos en los que se cumplan los requisitos para la acumulación (art. 28.3 LJS). En cualquier caso, será el juez quien resuelva sobre la acumulación, en auto contra el que cabrá recurso de reposición (art. 30.3 LJS).

2.3. La acumulación de recursos La acumulación de recursos, por su parte, se contempla en el art. 234 LJS, al que se remite el art. 33 LJS en relación a los recursos de suplicación y casación14. La acumulación de los recursos se acordará, en todo caso, si concurren los requisitos exigidos por el precepto, esto es, la existencia de identidad de objeto y de alguna de las partes15, si bien, empleando una expresión imprecisa, el propio precepto admite que se deje sin efecto la acumulación si, posteriormente, se evidencian causas que justifican una tramitación separada. Comparto la opinión de LOUSADA, según el cual para que la acumulación de recursos tenga sentido hay que interpretar que el objeto al que queda referido la identidad no es el del proceso, sino el del recurso, de manera que “la acumulación de recursos sólo es factible cuando las sentencias de instancia y los recursos de las partes sean clónicos16. Como ya ocurriera en materia de acumulación de procesos, el secretario judicial ha de poner en conocimiento del tribunal los recursos en los que se cumplan los requisitos señalados, designándose magistrado ponente al que hubiera sido primeramente nombrado, el cual acordará —en su caso— la acumulación en resolución motivada no susceptible de ulterior recurso. Como consecuencia de la acumulación, se discutirán y resolverán conjuntamente todas las cuestiones planteadas (art. 234.4 LJS).

2.4. La acumulación de ejecuciones La acumulación de ejecuciones, por su parte, se regula en un capítulo específico, el II, dentro del Título que la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social dedica a las acumulaciones. 14

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La Ley de Procedimiento Laboral regulaba directamente la acumulación de recursos en su art. 33, y en un sentido muy amplio, pues no sólo se tramitaban de manera acumulada dos o más recursos interpuestos contra una misma resolución, sino que también cabía una acumulación de recursos interpuestos contra diferentes resoluciones, siendo suficiente para decretar la acumulación, de oficio o a instancia de parte, que entre tales recursos existiera identidad de objeto y de alguna de las partes. Ya la Ley 13/2009 había potenciado este supuesto de acumulación, al convertirla en obligatoria si, dándose la identidad de objeto y alguna de las partes, se solicitaba a instancia de parte. LOUSADA AROCHENA, “Análisis…”, op. Cit., pág. 8.


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Probablemente, ello es debido a dos motivos. El primero, su incorporación posterior a la norma procesal, por reforma de la misma mediante Ley de Bases de 1989. El segundo, la imposibilidad de aplicar las disposiciones comunes, relativas al momento procesal para acordar la acumulación (antes de la celebración de los actos de conciliación y juicio en el caso de acciones y procesos, antes del señalamiento para votación y fallo en el caso de los recursos), que en el caso de la ejecución tiene carácter específico, como se verá, y relativas también a los efectos de la acumulación, siendo el principal, en el resto de supuestos, el de resolverse en una sola resolución todas las cuestiones planteadas. Nuevamente, aquí, la acumulación de ejecuciones difiere de sus equivalentes en materia de acciones, procesos y recursos, puesto que la primera no encierra una petición al órgano judicial de dictar una resolución, sino de ejecutar la ya existente y esgrimida en el título ejecutivo17. No es ésta, por otra parte, la única diferencia destacable entre la acumulación de ejecuciones y el resto de supuestos. Sin perjuicio de procurar un análisis pormenorizado de las características de la acumulación de ejecuciones en las siguientes páginas, cabría destacar, en una breve comparativa entre supuestos de acumulación, que si bien la acumulación de ejecuciones comparte con el resto de supuestos los objetivos de conseguir la economía procesal y evitar contradicciones entre los diferentes procesos, posee una específica, la cual, además, es la más relevante, como lo es constituirse en un instrumento para propiciar un reparto equitativo de lo obtenido en ejecución entre ejecutantes de igual derecho. Por último, cabría destacar la diferente relevancia que, entre los demás supuestos, y el caso de la acumulación de ejecuciones, tiene el carácter supletorio de la Ley de Enjuiciamiento Civil para completar el régimen jurídico previsto en la norma procesal laboral. Y ello porque, mientras en los supuestos de acumulación de acciones, procesos y recursos la necesidad de recurrir a los preceptos de la norma procesal civil (Capítulo I, Título III, “de la acumulación de acciones y de procesos”) es constante para completar el régimen jurídico de la acumulación18, en el caso de la acumulación 17

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En el caso de la ejecución, la pretensión no contiene una solicitud de declaración, sino que se pretende obtener del tribunal una determinada acción o conducta que modifique la realidad en el sentido que se contempla en el título ejecutivo y que, en todo caso, contiene una obligación que, el deudor de la misma, no ha cumplido voluntariamente. De hecho, la reforma de la Ley 13/2009 de los artículos referidos a estas modalidades de acumulación responde, en buena medida, en incorporar a la norma procesal laboral supuestos y procedimientos ya previstos en la civil.


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de ejecuciones el régimen regulador de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social no sólo es más completo y riguroso que el previsto en la propia LEC19, lo que reduce sensiblemente el conjunto de supuestos en los que se hace necesario acudir a la norma procesal civil, sino que, además, como habrá ocasión de analizar, responden a objetivos no equiparables. Significativamente, y con carácter general en los estudios de la figura de la acumulación de actuaciones procesales, o generales de procedimiento laboral, mientras la acumulación de acciones, procesos y recursos se analiza en el epígrafe relativo al objeto del proceso, la acumulación de ejecuciones es objeto de estudio cuando se aborda el análisis de la ejecución en el proceso laboral.

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La regulación de una ejecución acumulada en la Ley de Enjuiciamiento Civil sólo se remonta a la reforma de esta norma por ley 1/2000.


II. LA ACUMULACIÓN DE EJECUCIONES 1. La acumulación como respuesta a la concurrencia de ejecuciones. Supuestos de concurrencia y reglas de solución Todo titular de un derecho, en caso de insatisfacción del mismo, puede dirigirse al órgano competente para la obtención de una satisfacción coactiva. Para ello, y con carácter previo, el titular de ese derecho deberá haber obtenido un título ejecutivo, esto es, un documento al que el ordenamiento jurídico haya aparejado la posibilidad de ejecución. A lo que debe añadirse la necesidad de que el propio titular del derecho mantenga una posición activa en su defensa, lo que se traduce en el ejercicio de la acción ejecutiva que le permita su título20. Es posible que, en esta circunstancia, se encuentre un único titular de un derecho, pero, lo más frecuente, es que se produzca una pluralidad de sujetos titulares de un derecho no satisfecho dotados de título ejecutivo frente a un mismo obligado. En este segundo caso, es probable que todos ellos, o al menos una pluralidad de los mismos, se dirijan al órgano competente esgrimiendo su título ejecutivo al objeto de obtener la satisfacción de su derecho, de manera que la concurrencia de derechos desemboque en una concurrencia de ejecuciones. Cuando la competencia para la realización coactiva de uno o varios de los derechos dotados de título ejecutivo recae en un órgano jurisdiccional del orden social, la concurrencia con otras ejecuciones puede provocar relevantes modificaciones sobre los trámites del procedimiento de ejecución, así como sobre las posibilidades de satisfacción de la pretensión contenida en cada una de las demandas de ejecución. La Ley Reguladora de la Jurisdicción Social contempla, expresamente, tanto la concurrencia surgida entre ejecuciones sociales (arts. 36 a 41, así como 248.1º y 2º LJS) como la que se produce entre una ejecución social y una ejecución no laboral, siendo todas ellas ejecuciones de obligaciones pecuniarias (art. 258 LJS), y la que pueda producirse entre una ejecución laboral dineraria y un procedimiento concursal (art. 248.3º LJS). Analizando brevemente los supuestos enumerados, y comenzando por el último de ellos, esto es, concurrencia de ejecución laboral y concursal, 20

La pretensión del demandante o acreedor en el proceso ejecutivo, delimitada estrictamente por el título del que trae su causa, sigue consistiendo en obtener un comportamiento por parte del demandado o deudor, si bien instando a la autoridad judicial para que intervenga en la medida en que sea necesario para conseguir aquél comportamiento.


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el art. 248.3º LJS se limita a afirmar que, en caso de concurso, las acciones de ejecución que puedan ejercitar los trabajadores para el cobro de salarios quedan sometidas a lo dispuesto en la Ley Concursal. Como es sabido, con anterioridad a la Ley 22/2003, de reforma concursal —de entrada en vigor en 2004—, los créditos de los trabajadores por salario e indemnizaciones por extinción del contrato de trabajo se encontraban dotados por el art. 32.5 ET de un derecho de ejecución separada frente a los procedimientos concursales, de manera que la declaración de concurso no modificaba la tramitación de la ejecución singular laboral. Este derecho de ejecución separada fue, por otra parte, objeto de una interpretación muy amplia por parte de doctrina y jurisprudencia, de manera que se extendía a todo derecho de crédito, se encontrara o no en ejecución a fecha de declaración de concurso, e, incluso, a los devengados con posterioridad a dicha declaración, y pudiendo emplear cualquiera de los bienes integrantes del patrimonio del empleador concursado, se encontraran o no embargados en la ejecución laboral con carácter previo a la declaración de concurso. Este derecho de ejecución separada, junto con la declaración de privilegio del crédito salarial incluso frente a las garantías reales (art. 32.1 ET), dotaba a dicho derecho de crédito de amplias posibilidades de satisfacción íntegra pese a la declaración de concurso, circunstancia extremadamente criticada por la doctrina mercantilista, que veía en el mismo una ruptura desproporcionada del principio de la par conditio creditorum que preside el procedimiento de ejecución concursal, y causa, según dicha doctrina, de que una buena parte de los concursos tuvieran una tramitación fallida21. La reforma concursal de 2004, como se ha comentado, prácticamente hizo desaparecer el derecho de ejecución separada del crédito laboral, quedando reducido a la prosecución de aquellas ejecuciones laborales en las que se ha decretado embargo con anterioridad a la declaración de concurso sobre bienes no necesarios para la continuidad de la actividad de la empresa y tras la Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley concursal, únicamente hasta la aprobación de un plan de liquidación, que puede darse de manera anticipada (art. 55 LC). Para el resto de supuestos, o bien la ejecución queda suspendida, si se instó con anterioridad a la declaración de concurso, o bien es nula, si se 21

La práctica desaparición del derecho de ejecución separada no ha supuesto, sin embargo, ni un incremento de los supuestos de salvamento de la empresa, ni una mejoría en el porcentaje de satisfacción de los créditos afectados por el concurso, ni un menor consumo de recursos del concursado, ni, finalmente, una reducción razonable de los plazos de tramitación del concurso.


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insta con posterioridad a dicha declaración (art. 55.1 LC). En aplicación de la Ley concursal, pues, a la que se remite la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social para resolver este supuesto, la concurrencia de ejecución singular laboral y ejecución concursal, salvo el supuesto excepcional ya señalado, se resuelve con la suspensión o nulidad de la ejecución social y la integración del crédito laboral en el concurso, en el que sus posibilidades de satisfacción vendrán determinadas por la posición de privilegio que le otorgue la propia Ley concursal (no son aplicables los privilegios del art. 32 ET) y la solución, liquidatoria o convencional, que se alcance en el mismo. Cuando las ejecuciones concurrentes con la social son singulares, y de naturaleza no laboral, la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social contempla una regulación sesgada e insuficiente, relativa exclusivamente a la actividad a desarrollar por el secretario judicial en el caso de que los bienes que pretendan embargarse en la ejecución social (dineraria, como es evidente) se encuentren previamente embargados. En dicho supuesto, se procederá al reembargo de los bienes, que habrá de ser convenientemente garantizado por la oficina judicial o administrativa a la que se comunique —se entiende que la o las embargantes anteriores— (art. 258.2 LJS), la cual deberá, a partir de ese momento, comunicar al órgano reembargante las resoluciones posteriores que puedan afectar a los acreedores reembargantes. En realidad, esta insuficiente regulación encierra la aceptación de una norma no explícita en dicho precepto, pero sí en la regulación por parte de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social de la concurrencia de ejecuciones sociales (art. 248.1 LJS), sin la cual no se explica lo previsto en el art. 258 LJS. Esta norma señala que el órgano judicial que primero embarga es quien prosigue la ejecución, limitándose los restantes a reembargar. En definitiva, si el primero en embargar es el órgano judicial social, serán los demás procedimientos ejecutivos en los que habrá de decretarse el reembargo; si la situación es la contraria, será en la ejecución social en la que haya de decretarse el reembargo. Todo ello, sin perjuicio de que, para la satisfacción de los créditos concurrentes, se apliquen los privilegios sustantivos atribuidos a cada uno de ellos, alegados en la ejecución ajena —si ello fuera necesario, por no proseguir la propia de acuerdo con la norma del embargo y reembargo— a través del mecanismo de la tercería de mejor derecho (u otro previsto por el procedimiento que prosigue ejecución)22. 22

No constituye objeto del presente estudio el análisis y resolución de los numerosos interrogantes que plantea la concurrencia de ejecuciones singulares laborales y no labo-


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Finalmente, la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social contempla el supuesto de la concurrencia de ejecuciones laborales en el apartado 1º del artículo 248, en los términos antes señalados, esto es, preferencia para proseguir vía de apremio al que primero embargó y reembargo de estar previamente embargados los bienes. Realmente, y al igual que ocurriera con la concurrencia con ejecuciones no sociales, el citado precepto sólo contempla parcialmente el fenómeno, puesto que, en los preceptos mencionados, regula exclusivamente el supuesto en el que los órganos judiciales coinciden en embargar un mismo bien, lo que deja sin respuesta otros dos posibles fenómenos. El primero se refiere a que, coincidiendo o no en la traba de embargo, los bienes existentes en el patrimonio del deudor sean insuficientes para satisfacer la totalidad y en su totalidad los créditos laborales en ejecución. El segundo, cuando, siendo el patrimonio del empresario suficiente para satisfacer los créditos, en cada ejecución se ha embargado bienes diferentes. Como se ha indicado, el supuesto previsto en la norma de concurrencia de embargos decretados por órganos judiciales del orden social sobre un mismo bien se resuelve atribuyendo la preferencia para seguir vía de apremio al órgano que primero trabó embargo, y sin que ello afecte a la prelación de créditos, determinada por lo dispuesto en la norma sustantiva en relación a la concurrencia de créditos y sus privilegios (art. 32 ET). No obstante, el propio art. 248.1 LJS hace una salvedad en la aplicación de la mencionada norma para la resolución de la concurrencia de embargos, remitiéndose, con carácter prioritario, a lo dispuesto en la misma ley en materia de acumulación de ejecuciones. Por otra parte, y pese a que nada regula el art. 248.1 LJS al respecto, ha de entenderse que, cuando se dé la circunstancia de una insuficiencia de bienes para la satisfacción de los créditos en ejecución, y siempre que concurran las circunstancias y requisitos exigidos por la legislación concursal, se procederá a la declaración de concurso de acreedores. Esta declaración rales, aquí expuesta de una manera extremadamente sintética. Tan sólo cabe recordar que, con fecha 22 de marzo de 2006, el Gobierno presentó el denominado “Anteproyecto de ley sobre concurrencia y prelación de créditos en caso de ejecuciones singulares”, cumpliendo con retraso la obligación asumida al respecto en la Disposición Final Trigésima tercera de la Ley Concursal, en la que, además de las cuestiones sustantivas que plantea la concurrencia de créditos, estableciendo una graduación de los mismos, se regulan las cuestiones procesales producto de la concurrencia de ejecuciones en la que aquella puede traducirse, en unos términos y aplicando unos principios muy similares a los que rige la concurrencia de ejecuciones sociales en el art. 248. 1 LJS. El final de la legislatura determinó que la tramitación del mencionado Anteproyecto decayera con carácter previo a su conclusión, no siendo retomado en la siguiente legislatura.


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procede también en el supuesto —improbable— de que la totalidad de las deudas del empresario sean laborales, pues, pese a su naturaleza civilmercantil, la vocación del procedimiento concursal es de universalidad. El concurso de acreedores laborales se regirá, por tanto, por las mismas normas que regulan la ejecución universal cuando los créditos concurrentes son de diversa naturaleza. Un último supuesto no previsto por el art. 248.1 LJS es el relativo a la concurrencia de ejecuciones que no coinciden en el o los bienes trabados y, además, dichos bienes resultan suficientes para satisfacer la totalidad de los créditos en ejecución. En este supuesto, cabría pensar en una tramitación simultánea y paralela, en la que cada procedimiento de ejecución llegaría a su conclusión sin interferencias y sin interferir en el o los restantes que recaen sobre un mismo sujeto deudor. Sin embargo, y partiendo de una filosofía radicalmente distinta a la que preside la regulación de la concurrencia de embargos en el art. 246.1 LJS, la norma procesal laboral contempla la posibilidad de acumular las ejecuciones laborales concurrentes, a fin de que, a partir de una determinada fase de la tramitación, se fusionen para discurrir, desde ese momento, por un único cauce23. En otras palabras, junto a la posibilidad de una tramitación autónoma de cada ejecución social cuando en cada una de ellas se embargan bienes diferentes, la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social contempla la acumulación de la simultánea, y regula el procedimiento de ejecución resultante en los artículos. 36 a 41. La acumulación de ejecuciones sociales puede decretarse, pues, en dos diferentes circunstancias: la prevista por la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, esto es, el supuesto de concurrencia de embargos —así se desprende de la remisión del art. 248.1 LJS a los preceptos de la misma norma que regulan la acumulación—, y también la no prevista y contraria, de manera que, aun habiéndose trabado bienes distintos (y suficientes) en cada ejecución singular, e, incluso, no siendo las mismas de naturaleza dineraria, objetivos de pura economía procesal —y otros, como el reparto equitativo entre acreedores concurrentes— pueden llevar a una tramitación acumulada, es decir, a la convergencia de todas las ejecuciones en una única vía que evite la reiteración de actos de procedimiento y la multiplicación de los costes.

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Como señala MONTERO AROCA, Con la regulación de la Ley de Procedimiento Laboral de la acumulación de ejecuciones “se posibilita una acumulación de procesos de ejecución ya incoados, que han tenido su origen en títulos ejecutivos distintos”. MONTERO AROCA, J.: La acumulación..., op. cit., pág. 172.


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El objeto del presente estudio es el análisis de la ejecución acumulada laboral, tanto si la misma resuelve una concurrencia de embargos como si las ejecuciones simultáneas nunca han llegado a concurrir.

2. Origen y fundamento La acumulación de ejecuciones laborales es una medida introducida por el legislador en el Texto articulado de Ley de Procedimiento Laboral de 1990. Como se ha mencionado en la introducción, no es el único supuesto de acumulación de actuaciones procesales previsto en la mencionada ley, y viene a completar el conjunto de las acumulaciones posibles: acumulación de acciones, procesos, recursos y, finalmente, ejecuciones. Pese a ello, la acumulación de ejecuciones ha sido tradicionalmente excluida de los textos procesales (la LEC no incorpora su regulación hasta la reforma de 2000) y ampliamente rechazada por la jurisprudencia procesal, especialmente la civil, que interpretaba que los objetivos de la acumulación de economía procesal y evitación de resoluciones contradictorias no podía alcanzarse una vez dictada sentencia firme24. La previsión de una acumulación de ejecuciones laborales como solución a su concurrencia constituyó una novedad fundamental en la materia. Efectivamente, la Ley 7/1989 de Bases del Procedimiento Laboral, de 12 de abril, que autorizaba al Gobierno para la elaboración de un Texto Articulado, se impuso el propósito novedoso de introducir en la fase ejecutiva del procedimiento laboral la figura de la acumulación de ejecuciones, dedicando a la materia su título IX (bases 38ª a 40ª) —si bien otras bases de la ley adquirían relevancia en la materia, especialmente la base 11ª—25. La Ley de Bases se transformó en el Texto Articulado de Ley de 24

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La STS 8 mayo 1924 afirma que “los deberes sociales de un buen procedimiento civil que dan lugar a la institución de la acumulación de autos, como son la rapidez, economía y garantías de los litigantes y evitar incongruencias en los fallos, no puede tener lugar cuando se ha dictado sentencia firme” (STS, Sala I, de 8 de mayo de 1924), sentencia citada por ORTIZ NAVACERRADA, concurrencia de acreedores en el proceso de ejecución, Salamanca, 1979, p 104. En el mismo sentido, GONZÁLEZ PILLADO, menciona la “...reiterada y uniforme jurisprudencia del Tribunal Supremo contraria a la acumulación de ejecuciones”. La acumulación..., op. cit., pág. 64. Siguiendo a MARÍN CORREA, en la ejecución regulada por la LBPL se contemplan dos tipos de acumulación: una acumulación objetiva de ejecuciones, cuando se dirigen contra un mismo deudor, y una acumulación que el autor denomina orgánica, “... consistente en encomendar a un único órgano o Juzgado el trámite de todas las ejecuciones seguidas en el área de su competencia territorial”. MARÍN CORREA: “Notas sobre ejecución en el nuevo texto de procedimiento laboral”. En REDT, nº 47, 1991.


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Procedimiento Laboral de 1990, en el que se dedicaron los artículos 36 a 41 a la regulación de la acumulación de ejecuciones, mismos artículos que destina la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social a la materia. Con carácter previo a esta reforma, y siguiendo la tradición del derecho procesal civil, el procedimiento laboral no contemplaba la acumulación de ejecuciones singulares laborales, a pesar de que, como señala MONTERO AROCA, podía proporcionar claros efectos beneficiosos26. Cierto es que, llegados a la ejecución, no es posible alcanzar el objetivo de evitar sentencias contradictorias, pero sí, por el contrario, el de evitar actuaciones ejecutivas contradictorias, fenómeno perfectamente posible y no poco frecuente en la práctica. Si, junto a ello, se admite que la economía procesal también se constituye en objetivo posible de la acumulación de ejecuciones, no existe razón fundada para no extender el fenómeno de la acumulación a la fase ejecutiva del procedimiento. Las motivaciones que llevaron al legislador a la creación de la figura de la acumulación de las ejecuciones laborales son de diferente índole. Desde los primeros análisis de la figura de la acumulación, la doctrina coincide en enumerar tres principales objetivos a alcanzar a través de la introducción de la misma en el procedimiento laboral. El primero de ellos, la economía procesal, evitando la reiteración de trámites costosos que recaen sobre el patrimonio del ejecutado27. En segundo lugar, la desaparición de actividades ejecutivas contradictorias, derivadas de que ante varios juzgados se sigan ejecuciones paralelas sobre un mismo deudor y unos mismos bienes, lo que puede provocar que se lleguen a efectuar dos tasaciones periciales, dos anuncios de subasta, dos subastas, etc., con los problemas jurídicos que ello conllevaría28; y, finalmente, posibilitar la aplicación de un principio de proporcionalidad en la satisfacción de los créditos laborales concurrentes. La doctrina coincide en señalar a éste como el objetivo fundamental de la acumulación, por encima de la eco-

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MONTERO AROCA, La acumulación..., op. cit., pág. 167. La propia Exposición de motivos de la Ley de Bases de 1989 marca como uno de los objetivos de la acumulación el de agilizar y hacer eficaz esta manifestación del derecho a la tutela judicial efectiva. GONZÁLEZ PILLADO, La acumulación..., op. cit., pág. 72. Como puntualizan MONTERO AROCA ed. Alt., “...la finalidad de evitar sentencias contradictorias no puede darse, en sentido estricto, en los procesos de ejecución pues en éstos no hay sentencia, pero sí cabe hablar de una finalidad tendente a evitar actuaciones ejecutivas contradictorias”. MONTERO AROCA, IGLESIAS CABERO, MARÍN CORREA, SAMPEDRO CORRAL. Comentarios a la Ley de Procedimiento Laboral, Tomo I, Madrid, Civitas, 1993, pág. 252.

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