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guías prácticas

El Código Nacional de Procedimientos Penales protege los derechos de la víctima y alude a una nueva forma de participación y protección hacia ésta, a través de la creación del asesor jurídico, al cual se le reconoce como parte en dicho procedimiento, para lograr entre otros fines: el esclarecimiento de los hechos, la protección del inocente, procurar que el culpable no quede impune y reparar los daños causados por el delito. La presente obra establece los lineamientos de actuación de los asesores jurídicos, cuyo actuar está sustentado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley General de Víctimas principalmente, normas que regulan su actuación bajo principios como el de pro víctima. Se presenta la concepción del asesor jurídico, sus funciones y atribuciones, temas torales e introductorios al sistema acusatorio, como lo son sus principios rectores desde la Constitución y la ley adjetiva penal y finalmente expone las tres etapas del procedimiento penal mexicano con la finalidad de apreciar y distinguir en cada una de ellas la intervención del asesor jurídico durante el procedimiento penal mexicano.

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EL ASESOR JURÍDICO Y SU INTERVENCIÓN EN EL SISTEMA PENAL MEXICANO

La Reforma Constitucional del 18 de junio de 2008, establece una transformación en el sistema de justicia procesal penal mexicano, que significó transitar hacia un sistema acusatorio, el cual se caracteriza por ser un sistema garantista, que da protección a las partes, entre ellas a la víctima, que ahora tiene una mayor participación durante el procedimiento penal, de la que podemos destacar, el ejercicio de la llamada “acción entre particulares”, facultad que antes era exclusiva del Ministerio Público.

Carlos Rodríguez Campos / María Cristina Castillo Espinosa

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EL ASESOR JURÍDICO Y SU INTERVENCIÓN EN EL SISTEMA PENAL MEXICANO

Carlos Rodríguez Campos María Cristina Castillo Espinosa

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EL ASESOR JURÍDICO Y SU INTERVENCIÓN EN EL SISTEMA PENAL MEXICANO

COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig

Javier de Lucas Martín

Ana Cañizares Laso

Víctor Moreno Catena

Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Málaga

Jorge A. Cerdio Herrán

Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México

José Ramón Cossío Díaz

Ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y miembro de El Colegio Nacional

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot

Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

Owen Fiss

Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)

José Antonio García-Cruces González

Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED

Luis López Guerra

Juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid

Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid

Francisco Muñoz Conde

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Angelika Nussberger

Jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de Colonia (Alemania)

Héctor Olasolo Alonso

Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)

Luciano Parejo Alfonso

Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid

Tomás Sala Franco

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia

Ignacio Sancho Gargallo

Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España

Ángel M. López y López

Tomás S. Vives Antón

Marta Lorente Sariñena

Ruth Zimmerling

Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)

Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales

EL ASESOR JURÍDICO Y SU INTERVENCIÓN EN EL SISTEMA PENAL MEXICANO

CARLOS RODRÍGUEZ CAMPOS MARÍA CRISTINA CASTILLO ESPINOSA

Ciudad de México, 2019

Copyright ® 2019 Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito de los autores y del editor. En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch México publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com/mex/

© EDITA: TIRANT LO BLANCH DISTRIBUYE: TIRANT LO BLANCH MÉXICO Río Tiber 66, Piso 4 Colonia Cuauhtémoc Delegación Cuauhtémoc CP 06500 Ciudad de México Telf: +52 1 55 65502317 infomex@tirant.com www.tirant.com/mex/ www.tirant.es ISBN: 978-84-9190-403-8 MAQUETA: Tink Factoría de Color Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-de-empresa nuestro procedimiento de quejas. Responsabilidad Social Corporativa: http://www.tirant.net/Docs/RSCTirant.pdf

Contenido INTRODUCCIÓN ..................................................................................... 11

Capítulo 1 EL ASESOR JURÍDICO 1.1. ANTECEDENTES DEL ASESOR JURÍDICO............................................. 16 1.2. CONCEPTO DEL ASESOR JURÍDICO.................................................... 26 1.2.1. Concepto del Asesor Jurídico en el Código Nacional de Procedimientos Penales.................................................................. 27 1.2.2. Concepto del Asesor Jurídico en la Ley General de Víctimas... 28 1.3. ATRIBUCIONES DEL ASESOR JURÍDICO............................................... 29 1.3.1. En el Código Nacional de Procedimientos Penales.................. 32 1.3.2. En la Ley General de Víctimas................................................ 33 1.3.3. En la Ley de Víctimas de la Ciudad de México........................ 45 1.4. DERECHOS HUMANOS...................................................................... 49 1.4.1. Derechos humanos que vigila el asesor jurídico...................... 52 Capítulo 2 SISTEMA ACUSATORIO 2.1. PRINCIPIOS DEL SISTEMA ACUSATORIO PENAL.................................. 62 2.1.1. Principios del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos..................................................... 62 2.1.1.1. Publicidad............................................................... 65 2.1.1.2. Concentración........................................................ 68 2.1.1.3. Continuidad........................................................... 69 2.1.1.4. Inmediación............................................................ 71 2.1.1.5. Contradicción......................................................... 74 2.1.2. Principios procesales.............................................................. 76 2.1.2.1. Principio de igualdad ante la ley.............................. 77 2.1.2.2. Principio de igualdad entre las partes...................... 78 2.1.2.3. Principio de juicio previo y debido proceso.............. 79 2.1.2.4. Principio de presunción de inocencia....................... 80 2.1.2.5. Principio de prohibición de doble enjuiciamiento..... 81 2.1.2.6. Otros principios...................................................... 82 2.2. SUJETOS DEL SISTEMA ACUSATORIO PENAL...................................... 83 2.3. PARTES DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO........................................ 86

Contenido

2.3.1. La víctima u ofendido............................................................ 86 2.3.2. Asesor Jurídico...................................................................... 97 2.3.3. Ministerio Público.................................................................. 98 2.3.4. Imputado.............................................................................. 100 2.3.5. Defensor............................................................................... 101 Capítulo 3 ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO PENAL MEXICANO 3.1. ETAPA DE INVESTIGACIÓN iniciAL...................................................... 104 3.1.1. Investigación sin detenido...................................................... 110 3.1.2. Investigación inicial con detenido........................................... 113 3.1.2.1. Flagrancia............................................................... 114 3.1.2.2. Caso Urgente......................................................... 116 3.1.3. Determinación del Ministerio Público..................................... 118 3.2. INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA.................................................. 122 3.2.1. Control de detención............................................................. 123 3.2.2. Imputación............................................................................ 124 3.2.3. Derecho a declarar del imputado........................................... 125 3.2.4. Vinculación a proceso............................................................ 126 3.2.5. Medidas cautelares................................................................ 128 3.2.6 . Plazo de cierre de investigación............................................. 134 3.3. ETAPA INTERMEDIA........................................................................... 136 3.3.1. Fase escrita............................................................................ 136 3.3.2. Fase oral................................................................................ 142 3.4. ETAPA DE JUICIO ORAL...................................................................... 146 Capítulo 4 INTERVENCIÓN DEL ASESOR JURÍDICO 4.1. EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN....................................................... 157 4.2. EN LA ETAPA INTERMEDIA O DE PREPARACIÓN DEL JUICIO............... 165 4.3. EN LA ETAPA DE JUICIO..................................................................... 167 4.4. EN LAS SALIDAS ALTERNAS O SOLUCIONES ALTERNAS DEL PROCEDIMIENTO............................................................................................. 168 4.5. EN LA SALIDA ANTICIPADA O FORMA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL PROCESO.............................................................................. 169 4.6. EN LOS RECURSOS............................................................................. 170 ANEXOS ................................................................................................. 177

Contenido

GLOSARIO .............................................................................................. 189 BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................ 193 LOS AUTORES ........................................................................................ 195

Introducción En base a la reforma constitucional en materia penal de 2008, se estableció un cambio trascendental en el sistema penal mexicano, de tal manera que los legisladores mexicanos, optaron por un cambio de un Sistema de Justicia Procesal Penal de tipo Mixto a uno de corte Acusatorio, esta reforma fijo la base para transformar la justicia penal mexicana. En nuestro país ha imperado el sistema inquisitivo por más de un siglo. La reforma introduce, vía legislativa, una transformación que requiere en la justicia penal un cambio cultural orientado hacia la transparencia y la rendición de cuentas de cada servidor público. El desarrollo histórico del sistema inquisitivo mexicano en ciertas épocas ha suprimido o atenuado en rigor extremo; disminuyendo las garantías procesales; en otros tiempos, socavando las garantías del derecho a la defensa y al debido proceso en detrimento de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Sin embargo, el sistema acusatorio, proyecta una imagen garantista, porque da protección a las partes, entre ellas la víctima, figura por mucho tiempo olvidada; pero que ahora, alcanza más participación en el escenario procesal y una de ella, es el poder ejercer la acción penal, denominada como “acción penal entre particulares”, al respecto, esta facultad antes de la reforma constitucional de referencia era exclusiva del Ministerio Público. En los Estados Unidos Mexicanos, los derechos humanos se han contemplado a través de las garantías (individuales o sociales) las cuales dan seguridad a los derechos, por ello aun cuando en las diversas etapas constitucionales, no referían la protección a los derechos humanos de forma textual; sí existió una prevención a ellos, así se encuentran las constituciones de 1812, 1814, Plan de Iguala, el Estatuto de Documento de Iturbide, 1824, 1836, (las Siete Leyes

Carlos Rodríguez Campos y María Cristina Castillo Espinosa

las cuales contenían un Catálogo de derechos), 1842, 1843, 1847, 1857 y 1917. Sin embargo, en todas ellas la víctima no fue considerada, y se encontraba un poco marginada en el drama penal, como un testigo silencioso desamparado ante el evento delictuoso que había sufrido. Y sólo cuando los juristas se apoderan de la reacción penal, la víctima es tomada en consideración, principalmente en su derecho de ser oída y de acceso a la justicia. La sociedad al constituirse como Estado, puede exigir un Estado de Derecho que cumpla las expectativas de la sociedad, que, entre otras, resulta fundamental la protección a la víctima; por ende, la víctima como parte del Estado debe tener protección de éste, y en igualdad de circunstancias que el sujeto que lo convierte en víctima, pues era una realidad que éste solamente gozaba de una mayor protección de sus garantías y derechos fundamentales que la víctima misma. Ahora bien, en la protección a la víctima se deben observar los factores de tipos endógenos y exógenos, y cuáles son las circunstancias de cada uno de ellos, para que se llegue al resultado de ser víctima. Es notoria la necesidad de implementar estrategias para la existencia de un Estado de Derecho; por tanto se aprecia un torrente de reformas legislativas, tanto constitucionales como ordinarias, que han alimentado el sistema penal constitucional en los últimos años; ello, por la influencia de otros Estados, para tener un sistema eficaz ofensivo a la delincuencia, de tal forma que surge así en esta reforma del 18 de junio de 2008, una participación mayor en el procedimiento por parte de la víctima del delito. Sergio García Ramírez, en su libro La Reforma Penal Constitucional refiere: “estamos redefiniendo el papel del sistema penal en el contrato social”,1 toda vez que el procedimiento penal tiene como función procurar e impartir justicia penal en forma expedita e im-

García Ramírez Sergio. La reforma Constitucional. Porrúa, México, 2008, p. 522).

El asesor jurídico y su intervención en el sistema jurídico penal mexicano

parcial, en los plazos y términos fijados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De esta manera, se concretiza de manera puntual el acotamiento de la reforma constitucional, a través de la creación de un Código Nacional de Procedimientos Penales, el 5 de marzo de 2014, el cual rige en todos los Estados Unidos Mexicanos, siendo una reforma integral de justicia penal. El Código Nacional de Procedimientos Penales, protege tanto los derechos del imputado como los de la víctima, sector antes olvidado; asimismo alude a una nueva forma de protección hacia ésta, esto es, a través de la creación del asesor jurídico, resultando que ambos actores son reconocidos como partes del proceso penal; ello, para lograr el fin del derecho procesal penal. En ese sentido, el proceso penal acusatorio mexicano tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen. Es por ello que en la presente obra se establecen los lineamientos de la persona que asiste y asesora a la víctima, es decir el asesor jurídico, el cual debe ser licenciado en Derecho o abogado titulado, el cual seguirá los lineamientos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley General de Víctimas, principalmente, pues en ellos se regula su actuación en pro de las víctimas. Se presenta la concepción del asesor jurídico, para establecer con base en sus funciones y obligaciones una definición que permita identificar la figura del asesor jurídico. También se presenta explicación básica del sistema acusatorio, es decir, sus principios que lo rigen desde la Constitución y en la ley adjetiva penal, debido a la importancia de su observación. Asimismo, aborda las tres etapas del procedimiento penal mexicano, con la finalidad de observar cuáles son y qué se aprecia en cada una de ellas. Para así aterrizar, el cuarto capítulo, donde se apreciará la intervención del asesor jurídico en el sistema de justicia

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penal mexicano. Y finalmente la intervención de la Asesoría Jurídica, en este nuevo paradigma procesal mexicano. Los autores.

Capítulo 1

EL ASESOR JURÍDICO Todos los dogmas y principios del sistema de justicia procesal penal considerados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tendrán eficacia cuando se fortalezca a sus operadores y a las instituciones mismas. Para que se conciba esta efectividad en el sistema de justicia procesal penal, es necesario definir el rol que tendrán en este momento los operadores y hacer una clara división de los procesos administrativos de los sustantivos, a fin de fortalecer el servicio público y el cumplimiento de sus funciones bajo un Estado de Derecho efectivo. La implementación del nuevo sistema de justicia procesal penal, tiene como unos de los fines la regulación del poder del Estado, es decir, evitar el abuso del poder del Ministerio Publico o de los Tribunales. Que la justicia sea eso, “justicia” sin que el poder de que alguna de las partes se imponga sobre otra, garantizando un equilibrio procesal entre ambas. En este sentido, sin menoscabo de los demás actores sustantivos que hay en el sistema, resulta menester mejorar como detonante del proceso de justicia procesal penal en México, la figura del Ministerio Público, al colocarlo como el administrador de la investigación leal y objetiva de los hechos conocidos en el esclarecimiento de los mismos con el vínculo causal. Bajo esa tesitura, del conocimiento de un hecho que la ley señale como delito, mediante denuncia o querella presentada, se accionan los mecanismos de investigación y obtención de datos de prueba certeros que motiven a generar estrategias de litigación de juicio oral, por eso mismo, el Ministerio Público actual se vislumbra, no como investigador solamente de los hechos que la ley señale como delito, sino como un investigador que construye su teoría del caso para acusar, a fin de propiciar las condiciones que aseguren la impartición de justicia. La participación del asesor jurídico se enmarca en un nuevo orden de justicia y promoción de los derechos humanos, de conformi-

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dad con las disposiciones constitucionales y los tratados internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano. Ordenamientos jurídicos de los que podemos colegir que el asesor jurídico orienta, asesora y representa a las víctimas en todo acto o procedimiento penal ante la autoridad. Por citar algunos ejemplos, podemos establecer que el asesor jurídico puede solicitar o proponer al juez de control que se practiquen las inspecciones: • El lugar del hecho o del hallazgo. • De lugar distinto a estos. • Inspección de personas. • Inspección de vehículos. • Acciones que tienen la finalidad de apoyar y sustentar la teoría del caso.

1.1. ANTECEDENTES DEL ASESOR JURÍDICO La figura del Asesor Jurídico en el sistema de justicia procesal penal acusatorio se contempla como una parte procesal en el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero la función del abogado de las víctimas y de asesorarla jurídicamente ya tiene varias décadas funcionando. En el año de 1993 con la reforma constitucional al artículo 20, se le adicionó un último párrafo que contemplaba cuatro derechos esenciales de las víctimas y ofendidos de delito: entre ellos el Derecho de recibir asesoría Jurídica, ya que es el Derecho Victimal subjetivo que da la entrada y acceso al Derecho Fundamental de Acceso a la Justicia. Con esta Reforma Constitucional se dieron reformas normativas instrumentales y operativas, en donde se contempla y deposita esta facultad a cargo de las Procuradurías Generales de Justicia de toda la República Mexicana, creándose en la actual Ciudad de

El asesor jurídico y su intervención en el sistema jurídico penal mexicano

México una Subprocuraduría de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad en la cual se dispone de áreas jurídicas para desarrollar esta facultad y obligación de proporcionar Asesoría Jurídica a las Víctimas y Ofendidos de Delito. Esta obligación recayó en personal jurídico adscrito a la Dirección General de Atención a Víctimas de Delito, creándose lo que hoy se conoce como el Sistema de Auxilio a Víctimas de Delito del Distrito Federal el cual se incorporó la asistencia jurídica gratuita durante la averiguación previa y el proceso penal hasta la actualidad, así como la orientación a la víctima u ofendido, sobre las diligencias ministeriales, destinando los abogados victimales necesarios para la protección y defensa de sus derechos, teniendo como fundamento los arábigos 6 y 13 del Reglamento de la Ley de Atención y Apoyo a Víctimas del Delito para el Distrito Federal. El trabajo jurídico del abogado en favor de la víctima tomó como eje primordial la figura de la “coadyuvancia”, en la cual se entendía que el abogado de la víctima se instauraba como coadyuvante del Ministerio Público, por la noción de representación social del Ministerio Público, por la facultad investigadora y persecutora del Ministerio Público, entonces se tiene en cuenta la figura de la “coadyuvancia procesal”, pero actualmente se considera, que debe replantearse dicha figura desde el aspecto de la actividad procedimental de la víctima y de su asesor jurídico. La asistencia jurídica pública puede hacerse cesar por diversas causas: 1) a petición expresa de la víctima; 2) sí la víctima cuenta con asistencia jurídica particular; 3) cambie la situación de la víctima a probable responsable; 4) otorgue el perdón en los casos de delito de querella; 5) cuando la víctima deje de acudir sin causa justificada, mostrando con ello falta de interés; 6) por incompetencia cometida en el Distrito Federal; 7) cuando se satisfaga la reparación del daño material y moral por parte del inculpado o por sentencia; y, 8) por sentencia absolutoria que haya causado ejecutoria en la que no se

Carlos Rodríguez Campos y María Cristina Castillo Espinosa

demuestre que existe daño material y/o moral; estas causas de cese tienen su fundamento en el arábigo 15 del mismo Reglamento.2 Las abogadas y abogados del sistema de auxilio a víctimas de delito esencialmente, han desarrollado funciones de orientadores y asesores de las víctimas durante los años finales del siglo XX y principios del siglo XXI en la Ciudad de México. Pero la implementación del Abogado Victimal se proyectó procedimentalmente en el arábigo 70 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, establece que: “la víctima u ofendido o su representante pueden comparecer en la audiencia y alegar lo que a su derecho convenga, en las mismas condiciones que los defensores”. Aquí de manera inherente e intrínseca, la calidad de parte procesal ya se encontraba contemplada, ya que se eleva al mismo nivel que el de la defensa. Posteriormente con la promulgación y vigencia de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Distrito Federal, el 29 de enero de 2008, la denominación Abogada Victimal se incorporó de manera oficial, siendo una novedad en el marco jurídico de la Ciudad de México. Dicha figura se contempla en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Distrito Federal, en los artículos siguientes: Artículo 54. El acceso a la justicia de las mujeres es el conjunto de acciones jurídicas que deben realizar las dependencias y entidades del Distrito Federal para hacer efectiva la exigibilidad de sus derechos en los ámbitos civil, familiar, penal, entre otros. Implica la instrumentación de medidas de protección, así como el acompañamiento, la representación jurídica y, en su caso, la reparación del daño.

Reglamento de la Ley de Atención y Apoyo a Víctimas del Delito para el Distrito Federal.

El asesor jurídico y su intervención en el sistema jurídico penal mexicano

Artículo 55. Las acciones de acceso a la justicia consisten en: I. Implementar de manera pronta y eficaz medidas de protección para las mujeres víctimas de violencia o en riesgo de serlo, para salvaguardar su integridad física y psíquica, así como su patrimonio, tomando en cuenta las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentren; II. Actuar con la debida diligencia para orientar, acompañar y representar a las mujeres víctimas de violencia en los procedimientos en que participen, con el fin de que sean sancionados los actos de violencia cometidos en su contra, así como para hacer efectiva la reparación del daño; y III. Instrumentar acciones integrales que tiendan a disminuir los efectos de la violencia contralas mujeres y evitar la violencia institucional; Artículo 56. A fin de buscar mecanismos eficaces que permitan erradicar la discriminación contralas mujeres y apoyar especialmente a aquellas en mayor condición de vulnerabilidad, y ante la necesidad de adoptar estrategias integrales para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, en la esfera de la procuración y administración de justicia, se crea la figura de la abogada victimal y de la abogada de las mujeres víctimas de violencia, quienes podrán tener la representación legal de aquellas mujeres que no cuenten con los medios económicos suficientes para contratar una o un defensor particular. Artículo 57. La representación legal que se proporcione a las víctimas, consistirá en el patrocinio y asesoría legal especializada, en asuntos del fuero común, en materia penal, civil, familiar, arrendamiento y laboral de la siguiente manera: I. En materia penal, a cargo de la Procuraduría a través de una abogada victimal adscrita al Sistema de Auxilio a Víctimas del Delito; II. En materia civil y arrendamiento, a cargo de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales a través de una defensora o un defensor de oficio; III. En materia familiar: a) A cargo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal, a través de los abogados adscritos a la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos; y b) A cargo de la Dirección de Igualdad a través de las abogadas de las mujeres víctimas y víctimas indirectas de violencia adscritas a las Unidades de Atención. IV. En materia laboral a cargo de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, a través de personal jurídico adscrito a la Subprocuraduría de Atención a Mujeres.

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Artículo 58. La Procuraduría, desde la perspectiva de género, deberá: I. Proporcionar representación legal en materia penal a las mujeres víctimas de violencia, a través de la abogada victimal, adscrita al Sistema de Auxilio a Víctimas del Delito; II. Elaborar los dictámenes psicológicos victimales a través del Sistema de Auxilio a Víctimas del Delito, de conformidad con lo dispuesto por el Código de Procedimientos Penales; III. Fortalecer el Fondo de Apoyo a Víctimas del Delito para apoyar económicamente a todas las mujeres víctimas de violencia que se encuentren en mayores condiciones de vulnerabilidad y propiciar su autonomía; IV. Gestionar convenios con la Secretaría de Finanzas para exención del pago de derechos a las mujeres víctimas de violencia en la emisión de copias certificadas de los procedimientos en materia penal; V. Habilitar una línea única de atención telefónica para recibir denuncias de violencia contralas mujeres, por parte de la propia víctima o cualquier otra persona, y dar inicio a la investigación respectiva; y VI. Las demás que le atribuyan otros ordenamientos legales.

En dicho ordenamiento como se aprecia, las funciones asignadas eran tendentes a garantizar los derechos de las mujeres víctimas de violencia, particularmente en el trámite de las medidas de protección, pero con una representación legal. Derivado de ello, en fecha 15 de Mayo del 2008,el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, emitió el Acuerdo A/002/2008 (abrogado), en el cual se precisaron las funciones de los abogados victimales de conformidad con la Ley de Acceso de la Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Distrito Federal, por el cual se habilitan a las abogadas y a los abogados victimales, se establecen los lineamientos para su actuación y la del Ministerio Público; así como el procedimiento para la atención de casos de violencia contra las mujeres. Dichas funciones consistían en la realización de todas las acciones jurídicas que permitieran garantizar el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia; de manera preponderante se establece su participación en el trámite de medidas de protección. A partir de este acuerdo A/002/2008, es donde surge en el Distrito Federal las abogadas y abogados victímales en la Ciudad de