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De igual manera el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación logró tener un consenso importante ya que los ministros tenían criterios opuestos y había que buscar la forma de equilibrar de la mejor manera los discernimientos expuestos por cada uno de los integrantes del Pleno. Sin embargo al hablar de restricciones expresas a la Constitución, se está hablando de jerarquía entre las normas de fuente constitucional y de fuente convencional, puesto que el operador jurídico debe aplicar la norma constitucional, dejando sin efecto las bondades de la aplicación del principio pro persona, lo que incide directamente en la justiciabilidad de los derechos humanos

María del Carmen Galván Tello

ALTA CALIDAD EN INVESTIGACIÓN JURÍDICA

MARÍA DEL CARMEN GALVÁN TELLO LA JUSTICIABILIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS

La resolución de la Contradicción de Tesis 293/2011 signiﬁca un avance y un retroceso, pues si bien estableció que los derechos humanos, sin distinción alguna de la fuente de donde provienen, ya sea convencional o constitucional, constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, así como que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es vinculante para los jueces mexicanos, estableció una restricción que delimita la interpretación del artículo 1º constitucional, limitando el ejercicio del principio pro persona y la justiciabilidad de los derechos humanos.

monografías

LA JUSTICIABILIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS LA CONTRADICCIÓN DE TESIS 293/2011

LA JUSTICIABILIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS LA CONTRADICCIÃ“N DE TESIS 293/2011

COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig

Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia

Ana Cañizares Laso

Catedrática de Derecho Civil Universidad de Málaga

Jorge A. Cerdio Herrán

Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México

José Ramón Cossío Díaz

Ministro de la Suprema Corte de Justicia de México

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot

Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

Owen Fiss

Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)

José Antonio García-Cruces González

Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED

Luis López Guerra

Juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid

Ángel M. López y López

Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla

Marta Lorente Sariñena

Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid

Javier de Lucas Martín

Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia

Víctor Moreno Catena

Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid

Francisco Muñoz Conde

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Angelika Nussberger

Jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de Colonia (Alemania)

Héctor Olasolo Alonso

Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)

Luciano Parejo Alfonso

Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid

Tomás Sala Franco

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia

Ignacio Sancho Gargallo

Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España

Tomás S. Vives Antón

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia

Ruth Zimmerling

Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)

Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales

LA JUSTICIABILIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS LA CONTRADICCIÓN DE TESIS 293/2011

MARÍA EL CARMEN GALVÁN TELLO

Catedrática de la Facultad de Jurisprudencia de la UAdeC

Ciudad de México, 2018

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Índice RESUMEN............................................................................................... 9 PRESENTACIÓN.................................................................................... 11 Irene Spigno INTRODUCCIÓN................................................................................... 15

Capítulo I

EL PROBLEMA DE LA JUSTICIABILIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS 1. Marco Teórico.................................................................................... 19 2. La Perspectiva del Sistema Interamericano de Derechos Humanos..... 22

Capítulo II

LA JUSTICIABILIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 1. Algunas consideraciones previas......................................................... 31 2. La Justiciabilidad de los Derechos Humanos frente a la soberanía nacional. (Contradicción de Tesis 293/2011).......................................... 47 A) Debates del Pleno de la SCJN....................................................... 52 a) Posición jerárquica de los tratados internacionales en materia de derechos humanos frente a la Constitución......................... 52 b) Valor de la Jurisprudencia emitida por la Corte IDH.............. 53 B) El artículo 133 en relación con el 1º Constitucional...................... 61

Capítulo III

BREVE ANÁLISIS AL ARTÍCULO 1º CONSTITUCIONAL 1. Segundo Párrafo del artículo 1º.......................................................... 77 2. Tercer Párrafo del artículo 1º.............................................................. 83 3. Principio Pro Persona......................................................................... 95 A) Principio Pro Persona frente a las restricciones de los derechos humanos........................................................................................... 99

Índice

Capítulo IV

BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONTROL DE CONVENCIONALIDAD 1. La recepción y aplicación del Bloque de Constitucionalidad en el sistema jurídico mexicano......................................................................... 107 2. Control de Convencionalidad............................................................. 111 3. Bloque de Convencionalidad y el sistema de fuentes........................... 118 CONCLUSIONES.................................................................................... 127 BIBLIOGRAFÍA....................................................................................... 133

Resumen La resolución de la Contradicción de Tesis 293/2011 significa un avance y un retroceso, pues si bien estableció que los derechos humanos, sin distinción alguna de la fuente de donde provienen, ya sea convencional o constitucional, constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, así como que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es vinculante para los jueces mexicanos, estableció una restricción que delimita la interpretación del artículo 1º constitucional, limitando el ejercicio del principio pro persona y la justiciabilidad de los derechos humanos. De igual manera el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación logró tener un consenso importante ya que los ministros tenían criterios opuestos y había que buscar la forma de equilibrar de la mejor manera los discernimientos expuestos por cada uno de los integrantes del Pleno. Sin embargo al hablar de restricciones expresas a la Constitución, se está hablando de jerarquía entre las normas de fuente constitucional y de fuente convencional, puesto que el operador jurídico debe aplicar la norma constitucional, dejando sin efecto las bondades de la aplicación del principio pro persona, lo que incide directamente en la justiciabilidad de los derechos humanos.

Presentación Irene Spigno

Academia Interamericana de Derechos Humanos

Históricamente, esas posiciones jurídicas subjetivas que hoy en día identificamos bajo el término y concepto de derechos humanos, nacen, se desarrollan y se consolidan como pretensiones del individuo frente a los Estados, como forma de limitación del poder de los Estados y de su soberanía interna. Los derechos humanos son una conquista fundamental del constitucionalismo contemporáneo: su reconocimiento en un documento supremo —la Constitución— significa que los Estados reconocen a los derechos humanos un lugar fundamental en el pacto social, en el acuerdo fundante que constituye la base sobre la cual se desarrolla el Estado mismo. Por mucho tiempo los derechos de las personas han sido parte exclusiva de la agenda de los Estados. La pretensión de los individuos en las luchas por los derechos de la época liberal era en el sentido de que, en base al principio de igualdad formal, los Estados crearan un espacio de libertad en el marco del cual pudieran ejercer sus derechos. Posteriormente, la lucha por los derechos se ha transformado en algo más, y se ha dirigido hacia la pretensión de la creación de condiciones de igual oportunidades para las diferentes clases sociales: lo que se le pedía a los Estados era, en virtud del principio de igualdad en sentido sustancial, la remoción de todos los obstáculos que impedían una igualdad efectiva en diferentes condiciones sociales (en materia de salud, de trabajo, de educación, etc.). El siglo XX ha sido un momento de fundamental relevancia en la lucha por los derechos: los dos conflictos mundiales con su legado de destrucción y devastación han sido el empuje para que se despertara una conciencia general sobre la necesidad de reconstruir sobre nuevas y más sólidas bases la dignidad humana violada. De esto se ha encargado prevalentemente la comunidad internacional, cuya agenda, hasta este momento, se había ocupado de manera muy marginal de

Irene Spigno

los derechos humanos, teniendo la persona el papel de mero objeto de la voluntad política de los Estados. Este impulso se ha dado a través de la creación de varias instituciones —como por ejemplo la Organización de Naciones Unidas en 1945 o a nivel regional el Consejo de Europa en el 1949 y la Organización de Estados Americanos en 1948— y la adopción de instrumentos internacionales —como la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, los Pactos Internacionales sobre Derechos Civiles y Políticos y Derechos Económicos, Sociales y Culturales respectivamente, ambos de 1966, y a nivel regional la Convención Europea de Derechos Humanos de 1950 o la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969— que reconocen y garantizan a todas las personas estándares mínimos de protección en materia de derechos humanos. La mitad del siglo pasado representa el turning point, el momento crucial del cambio del paradigma en la protección de los derechos humanos. El individuo, de mero objeto de protección, se convierte en sujeto de la misma así como en su principal protagonista: en lugar de esperar que la protección internacional se active sólo cuando y bajo la voluntad de los Estados (principales violadores de los derechos humanos de las personas), ahora ésta es puesta en marcha mediante varios mecanismos procedimentales a los que el individuo puede acceder directamente en los organismos internacionales para recibir la protección a los derechos que su Estado no le garantiza. El sistema internacional de protección de derechos humanos, a pesar de todas sus dificultades intrínsecas, ha ido evolucionando de manera muy rápida rebasando muchos sistemas nacionales que encuentran dificultad en cumplir con los estándares mínimos de protección de los derechos humanos establecidos a nivel internacional. Principalmente, son problemas de soberanía los que obstaculizan el diálogo entre el nivel internacional de protección de los derechos humanos y el nacional. Estos problemas de diálogo resultan muy evidentes en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos: la labor desarrollada tanto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como por la Corte Interamericana de Derechos Humanos contribuye a generar avances muy importantes en la protección de los derechos humanos, determinando a través de sus decisiones están-

Presentación

dares muy avanzados y vanguardistas respecto de los desarrollados en el sistema europeo y el sistema universal, desempeñando un papel fundamental en un continente todavía teatro de graves y masivas violaciones de los derechos humanos. Decisiones que muchos Estados no cumplen y estándares que en la gran mayoría de los casos no son respetados. En este marco se coloca el libro de María del Carmen Galván Tello La Justiciabilidad de los derechos humanos. La Contradicción de Tesis 293/2011. Para mí es un honor escribir la presentación de su texto, ya que se trata de un trabajo que representa la culminación de un proceso de investigación que ha ocupado a su autora a lo largo de los últimos años, tras la necesidad de responder a una inquietud más amplia relacionada con la posición del Estado mexicano respecto a la protección de los derechos humanos. En muchas ocasiones he tenido la oportunidad de discutir con ella sobre su visión acerca de la posición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Scjn) alrededor de la Contradicción de Tesis 293/2011. En particular, son objeto de atención de la autora dos puntos: en primer lugar, determinar la posición jerárquica que en el ordenamiento constitucional mexicano tienen los tratados internacionales en materia de derechos humanos, en particular después de la reforma constitucional de 2011 y la entrada en vigor de la nueva formulación del artículo 1 constitucional; en segundo lugar, cuestionarse sobre las características propias de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y su posición en el marco del ordenamiento jurídico interno. La autora pone en evidencia como la Scjn ha asumido una posición de retroceso al determinar que los derechos humanos no tienen la característica de la universalidad y que en el caso de contraste entre Constitución y sistema internacional de protección de los derechos humanos es la Constitución la que prevalece, independientemente de la protección más o menos amplia dada al individuo. Esta posición de la Suprema Corte determina no pocas inquietudes acerca de la efectiva justiciabilidad de los derechos humanos. El camino reconstruido por Carmen Galván toma como punto de partida unas reflexiones teóricas fundamentadas en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre el concepto de justiciabilidad de los derechos y los principios jurídicos relacionados

Irene Spigno

a este como el de interpretación conforme, el pro persona y el de progresividad, distinguiendo entre las diferentes problemáticas relacionadas con derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales y culturales, subrayando cuales son las obligaciones de los Estados respecto a la definición del contenido de tales derechos. Sigue un análisis del tema de la justiciabilidad de los derechos humanos en el ordenamiento constitucional mexicano bajo dos perspectivas: una primera, a través de una análisis del principio pro persona contenido en el artículo 1 constitucional y de sus antecedentes a la luz de la jurisprudencia de la Suprema Corte; y una segunda, bajo el prisma de la soberanía nacional y de la jurisprudencia que se ha ocupado de determinar, a lo largo del tiempo, la posición de los tratados internacionales en el ordenamiento mexicano. Finalmente, el enfoque de la investigación desarrollada en este libro se concentra en la relación entre el bloque de constitucionalidad, el control de convencionalidad y el bloque de convencionalidad. En conclusión, considero que el trabajo de María del Carmen Galván Tello representa una contribución atenta y académicamente muy bien desarrollada de una temática extremamente actual no sólo en México, en donde se reclaman a gran voz más derechos, sino que también a nivel internacional. La tendencia que se ha estado identificando, de hecho, es en el sentido de que el dialogo entre jurisdicciones de diferentes niveles —internacionales y nacionales— es un dialogo interrumpido.

Introducción Los Estados, al suscribir tratados internacionales de derechos humanos, se han obligado a adoptar todas las medidas legislativas, políticas, administrativas y de cualquier otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos esos derechos y libertades en el ordenamiento jurídico interno. La exigibilidad de los derechos se encuentra ligada a la posibilidad de pedir judicialmente la efectividad de los derechos en base al cumplimiento de las obligaciones contraídas por los Estados, de tal suerte que los derechos humanos sean justiciables. En este orden de ideas, se necesita no solamente el reconocimiento nacional o internacional del derecho, sino también el mecanismo para hacerlos exigibles. De esta manera, la aplicación efectiva de los derechos humanos depende de que exista un entorno propicio y favorecedor, ello incluye la existencia de instituciones y marcos jurídicos apropiados, así como de procesos políticos y administrativos responsables de atender y garantizar los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas. Dichas obligaciones en materia de derechos humanos emanan, principalmente, de tratados internacionales y del Derecho internacional consuetudinario. A nivel nacional, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 1º lo siguiente: En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdepen-

María del Carmen Galván Tello

dencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. (...)

De la lectura de esta disposición se advierte que la Constitución, así como los tratados y principios que han sido integrados en el ámbito interno bajo la noción de bloque de constitucionalidad, a partir de la reforma constitucional al artículo 1º en junio de 2011, fundamentan las obligaciones en materia de derechos humanos para el Estado mexicano. En el ámbito regional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Convención ADH) tiene instaurado un sistema de protección de los derechos humanos por conducto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La Corte IDH es el intérprete último de la Convención y dentro de sus funciones se encuentran las de conocer y resolver violaciones a los derechos humanos, dictar medidas provisionales y ejercer una función consultiva. En consecuencia, el Estado mexicano, al haber adoptado diversos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, tanto del sistema universal como regional y, en particular, al haber acepado la competencia de la Corte IDH, ha asumido obligaciones de respeto y protección de los derechos humanos en ellos contenidos y, por consiguiente, pasan a formar parte de la Ley Suprema de toda la Unión. En este sentido, al ser México parte de la Convención ADH, de conformidad con el artículo 2º de dicho instrumento, se obliga a tomar todas las medidas legislativas, administrativas, judiciales o de otro carácter para hacer efectivos los derechos y libertades de todas las personas. Esto implica tanto obligaciones de comportamiento como obligaciones de resultado. En el mes de noviembre de 2009 la Corte IDH emitió sentencia condenatoria contra el Estado mexicano en relación a violaciones de derechos humanos, lo que propició que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en el caso Radilla Pacheco, en julio de 2011, determinara que las sentencias condenatorias de la Corte IDH son obligatorias para el Poder Judicial, estableciera el Control Difuso de

La Justiciabilidad de los derechos humanos. La contradicción de Tesis 293/2011

Constitucionalidad y el Control de Convencionalidad. Lo anterior constituyó un momento central en el constitucionalismo mexicano. El reconocimiento y protección de los derechos humanos en el constitucionalismo mexicano ha sido largo y azaroso. En cada etapa de su evolución han tenido que enfrentarse a circunstancias adversas para su desarrollo. Sin embargo el catálogo constitucional de los derechos se ha ido desarrollando de manera progresiva, lo que requiere de mecanismos para hacerlos efectivos. En este proceso tanto la SCJN, como los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, han tenido un papel preponderante. La historia de los derechos humanos ha girado en torno al principio de dignidad de las personas, el cual ha sido una constante en las declaraciones, convenciones y tratados sobre derechos humanos, y que hoy, en la mayoría de los casos, se ha positivado en los ordenamientos jurídicos con el objeto de otorgar un mayor amparo a las personas. Un ejemplo de ello es el alcance de la reforma constitucional de 2011, que no solo logró establecer un catálogo universal de derechos humanos, sino poner a la persona como centro de toda la reforma, buscando la protección más amplia, a partir de nuevas obligaciones para el Estado mexicano. En esta reforma se reconoció que los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano tienen jerarquía suprema, lo que significa que los operadores jurídicos tienen que identificar qué derechos humanos se encuentran en un tratado y posteriormente llevar a cabo un Control de Convencionalidad, buscando siempre una mayor protección para la persona. La SCJN en la Contradicción de Tesis 293/2011, derivada de las resoluciones de los Tribunales Colegiados contendientes en los diversos amparos directos sometidos a su consideración, analizó los siguientes puntos jurídicos: 1.– La posición jerárquica de los tratados internacionales en materia de derechos humanos en relación con la Constitución; y 2.– El carácter de la jurisprudencia en materia de derechos humanos emitida por la Corte IDH. Los debates del Pleno de la SCJN fueron bastante sólidos y vigorosos, lo que permitió tener un consenso histórico el 3 de septiembre de 2013. Con la resolución de dicha Contradicción la SCJN estable-

María del Carmen Galván Tello

ció que los derechos humanos de fuente internacional, a partir de la reforma al artículo 1º constitucional, tienen la misma eficacia normativa que los previstos en la Constitución, pero que si en la propia Constitución existe una expresa restricción al ejercicio de los derechos humanos se deberá estar a lo que indica la norma constitucional, estableciendo una prevalencia constitucional. Vale la pena hacer mención que el tema de las restricciones sobre el ejercicio de los derechos humanos no formaba parte del debate original de la Contradicción de Tesis. Los derechos humanos ocupan una parte importante dentro de la estructura del texto constitucional, sin embargo, el Máximo Tribunal con resoluciones como la relativa a la Contradicción de Tesis 293/2011, determinó retroceder al determinar que los derechos humanos y, en específico el principio pro persona, no tienen la característica de universalidad, porque por virtud de dicha resolución ésta solo prevalecerá cuando la Constitución lo haya determinado. Así mismo estableció restringir el ejercicio del Control de Convencionalidad, aunado a que el principio pro persona, incorporado por la reforma de 2011, ya no resulta aplicable en todos los casos, estableciendo derechos de primera y de segunda categoría. Por tanto, el presente libro tiene por objeto analizar, a la luz de lo resuelto por la SCJN en la Contradicción 293/2011, la justicialibilidad de los derechos humanos. Para ello se aborda la problemática de la justiciabilidad de los derechos humanos desde la perspectiva del Sistema Interamericano de derechos humanos y diversos pronunciamientos de la SCJN. Así mismo se hace un análisis al artículo 1º constitucional, y en especifico al principio pro persona, para posteriormente establecerla relación entre el bloque de constitucionalidad, control de convencionalidad y bloque de convencionalidad, toda vez que con las reformas constitucionales en materia de derechos humanos se han establecido modificaciones en la estructura del sistema jurídico mexicano y en las obligaciones del Estado mexicano.

Capítulo I

El problema de la Justiciabilidad de los Derechos Humanos 1. MARCO TEÓRICO El término justiciabilidad es un neologismo que indudablemente está ligado al concepto de justicia, el cual en una aproximación conceptual representa diversas concepciones de la misma. Así, por ejemplo, se puede hablar de la justicia formal y material; la primera relacionada con el derecho y “el derecho, se dice, tiene que ver con la correcta y precisa aplicación de las reglas, es decir, en la terminología de Parelman (1963: 11), con la justicia abstracta por oposición a la justicia concreta, que tiene que ver con el contenido de tales reglas” (Campbell 2008: 39) y la segunda con la moral y la política. En este orden de ideas, Campbell (2008: 62) al hacer un análisis de la justicia como derecho, examina la teoría de Robert Nozick, la cual establece que la justicia material puede definirse en términos de asegurar los derechos humanos y/o proporcionar soluciones en caso de que se infrinjan. En este sentido la justiciabilidad establece el mecanismo para hacer exigibles los derechos humanos. Cierto es que uno de los grandes retos que afrontan los derechos humanos es lo relacionado con su efectividad, que se traduce en el problema de justiciabilidad, de hacer justicia, de tener la posibilidad de demandar judicialmente la restitución de un derecho vulnerado a través de un sistema legal compuesto por instancias judiciales y administrativas (Alegre, Hernández y Roger 2014: 2). Ese poder de reclamo que tiene el titular del derecho es lo que le da el carácter de exigible al derecho, de requerir al Estado el establecimiento de mecanismos que aseguren la efectividad de los derechos humanos. La justiciabilidad de los derechos está estrechamente relacionada con su carácter universal e interdependiente, lo cual puede ser visto desde dos enfoques: el primero relativo a la efectividad, tanto de los derechos civiles y políticos, como de los sociales, vistos en su conjunto, y el segundo relativo a los mecanismos judiciales y no judiciales

María del Carmen Galván Tello

para hacerlos efectivos. La problemática estriba en el hecho de considerar que los derechos negativos son por regla universales y que los positivos, tales como el derecho a la educación y a la alimentación, entre otros, no tienen ese carácter en su totalidad por exigir acciones positivas para su aseguramiento en todo momento y lugar. Sin embargo, a decir verdad, tanto los derechos civiles y políticos (DCP) como los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) no pueden ser asegurados sin dichas acciones positivas por parte del Estado, por lo que en consecuencia ambos deben ser justiciables. En cuanto a los DESC no queda la menor duda respecto a la acciones prestacionales que el Estado debe de llevar a cabo, sin embargo en los DCP no solamente se espera por parte del Estado expectativas negativas de no interferencia, sino que requiere, de igual manera, acciones prestacionales. Así, por ejemplo, para el desarrollo del Nuevo Sistema de Justicia Penal que protege derechos como el debido proceso, garantizar un juicio justo o la presunción de inocencia, es necesario contar con la infraestructura necesaria para su implementación, capacitación a los operadores del sistema, equipo y tecnología. En este sentido todos los derechos deben de ser considerados de forma global, independientemente de los sistemas políticos, culturales, religiosos o cualquier otra cuestión que contravenga el principio de igualdad y no discriminación, lo que no sucede en la praxis. En este contexto ha sido de gran relevancia la actuación de las instituciones protectoras de derechos humanos, como la Corte IDH y la SCJN. Ciertamente el papel de los Organismos autónomos protectores de derechos humanos ha sido determinante en la efectividad de los derechos, puesto que no solo determinan la violación a un derecho sino también llevan a cabo acciones tendientes a la divulgación de los derechos humanos. Sin embargo, las resoluciones de dichos organismos no tienen en la mayoría de las ocasiones un impacto determinante, ya que quedan supeditados a la voluntad política, toda vez que sus resoluciones carecen de consecuencias jurídicas y se soportan únicamente en su peso moral. La exigibilidad de los derechos por la vía judicial es, en primera instancia más efectiva, en virtud de que se cuenta con mecanismos de acceso a la justicia bien definidos, con operadores jurídicos capacitados en la aplicación de los estándares internacionales, nacionales y