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GÓMEZ GÓMEZ / MONTOYA SUÁREZ / NANCLARES MÁRQUEZ

homenajes & congresos

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EL PROCESO DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS EN EL URABÁ ANTIOQUEÑO

homenajes & congresos El trabajo que se condensa en este libro pretende ser un aporte a la comprensión de los daños generados en el marco del conflicto armado colombiano y los desafíos que esto le representa tanto al Estado como a la sociedad civil para atender a uno de los temas considerados como causa estructural del mismo: “las disputas por la tierra”. De manera particular el estudio se centra en el análisis del proceso de restitución de tierras en una de las regiones más golpeadas por la guerra colombiana como es el Urabá antioqueño, colocando énfasis en los obstáculos y alternativas jurídicas existentes para garantizar la reparación a campesinos despojados y desterrados, e identificando los retos que tienen las instituciones del Estado colombiano para dar cumplimiento a los desafíos de la restitución en el marco de la ley 1148 de 2011, vigente por diez años (hasta 2021). Los resultados de esta investigación buscan ser un aporte al ejercicio de funcionarios públicos, jueces, defensores de derechos humanos de las víctimas, campesinos interesados en el proceso de restitución de tierras despojadas y abandonadas forzosamente en el marco del conflicto armado. El libro pretende ser una herramienta para mostrar retos y oportunidades evidenciadas en el proceso de la restitución de tierras, lo que sin duda es una posibilidad para visibilizar la problemática y los posibles caminos para hacer frente a la construcción de paz en Colombia.

EL PROCESO DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS EN EL URABÁ ANTIOQUEÑO

ARIEL HUMBERTO GÓMEZ GÓMEZ CARLOS HERNÁN MONTOYA SUÁREZ JULIANA NANCLARES MÁRQUEZ

homenajes & congresos

EL PROCESO DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS EN EL URABÁ ANTIOQUEÑO

COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig

Javier de Lucas Martín

Ana Cañizares Laso

Víctor Moreno Catena

Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Málaga

Jorge A. Cerdio Herrán

Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México

José Ramón Cossío Díaz

Ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y miembro de El Colegio Nacional

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

Owen Fiss

Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)

José Antonio García-Cruces González Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED

Luis López Guerra

Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid

Ángel M. López y López

Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla

Marta Lorente Sariñena

Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid

Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid

Francisco Muñoz Conde

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Angelika Nussberger

Jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de Colonia (Alemania)

Héctor Olasolo Alonso

Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)

Luciano Parejo Alfonso

Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid

Tomás Sala Franco

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia

Ignacio Sancho Gargallo

Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España

Tomás S. Vives Antón

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia

Ruth Zimmerling

Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)

Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales

EL PROCESO DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS EN EL URABÁ ANTIOQUEÑO

ARIEL HUMBERTO GÓMEZ GÓMEZ CARLOS HERNÁN MONTOYA SUÁREZ JULIANA NANCLARES MÁRQUEZ

tirant lo blanch Bogotá, 2019

Copyright ® 2019 Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito de los autores y del editor.

En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com.

El presente libro es resultado del proyecto de investigación “El proceso judicial de restitución de tierras en el Urabá antioqueño”, que se desarrolló en la Universidad Autónoma Latinoamericana en asocio con el Instituto Popular de Capacitación, IPC, proyecto 23-000009 de la convocatoria 2015-1. El proyecto fue financiado por estas dos entidades.

© Ariel Humberto Gómez Gómez, Carlos Hernán Montoya Suárez y Juliana Nanclares Márquez

© TIRANT LO BLANCH EDITA: TIRANT LO BLANCH Calle 69 A No. 4-88, Bogotá D.C. Telf.: 4660171 Email: tlb@tirant.com www.tirant.com Librería virtual: www.tirant.es ISBN: 978-84-1313-371-3 MAQUETA: Tink Factoría de Color Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-deempresa nuestro procedimiento de quejas.

Responsabilidad Social Corporativa: http://www.tirant.net/Docs/RSCTirant.pdf

ARIEL HUMBERTO GÓMEZ GÓMEZ Docente investigador de la Maestría en Educación y Derechos Humanos Coordinador de la línea de investigación “Conflictos, transiciones y construcción de paz” Universidad Autónoma Latinoamericana, Medellín Correo: ariel.gomezgo@unaula.edu.co

CARLOS HERNÁN MONTOYA SUÁREZ Investigador del Instituto Popular de Capacitación, IPC Comunicador social periodista Correo: cmontoya@ipc.org.co

JULIANA NANCLARES MÁRQUEZ Docente investigadora de la Maestría en Derecho Administrativo Coordinadora de la línea de investigación “Responsabilidad extracontractual del Estado” Universidad Autónoma Latinoamericana, Medellín Correo: juliana.nanclaresma@unaula.edu.co

Índice CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN: LA PROBLEMÁTICA OBSERVADA EN EL PROCESO DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS EN EL URABÁ ANTIOQUEÑO........ 11 1. Presentación general de la investigación.................................................................. 11 2. Criterios ético-políticos que sustentan la importancia de investigar el derecho a la tierra en Colombia.................................................................................................. 13 3. Algunos problemas epistémicos para fundamentar la investigación sobre el derecho a la tierra...................................................................................................................... 17 3.1. El antropocentrismo moderno deja al hombre como amo y señor de la tierra, que la somete a manipulación, control y dominación..................................... 18 3.2. La tierra y la naturaleza han sido concebidas por el capitalismo como mera mercancía............................................................................................................ 19 3.3. El tiempo y la cultura han sido separados del espacio..................................... 21 4. La perspectiva hermenéutica: la historia y la cultura como orientación al acto de conocer........................................................................................................................ 22 CAPÍTULO 2. TENSIONES Y DISPUTAS TERRITORIALES EN EL URABÁ ANTIOQUEÑO EN EL MARCO DEL PROCESO DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS................................................................................................................................ 31 1. Contexto de Urabá..................................................................................................... 31 2.1. Zona estratégica para parte de los actores legales e ilegales........................... 32 2.2.1. Víctimas y solicitudes de restitución de tierra en Urabá..................... 33 2.2. Las causas del conflicto por la tierra en Urabá................................................ 37 2.2.1. Un Estado débil, que no controla el territorio y no propone una reforma agraria....................................................................................... 38 2.2.2. El rol de las guerrillas y su ideal de reforma agraria............................ 40 2.2.3. La acción de los paramilitares, generadores de desplazamiento y, despojo, y su contrarreforma agraria.................................................... 41 3. Cinco estrategias para mantener y legalizar el despojo............................................ 48 3.1. Estrategia judicial............................................................................................... 49 3.2. Estrategia territorial........................................................................................... 50 3.3. Estrategia social.................................................................................................. 52 3.4. La estrategia violenta.......................................................................................... 53 3.4.1. Amenazas en Urabá de 2012 a 2016..................................................... 53 3.4.2. Homicidios en Antioquia, 2012-2016.................................................... 55 3.4.3. Homicidios de líderes sociales en Antioquia, 2012-2016..................... 57 3.5. La estrategia de cooptación de funcionarios públicos y trámites administrativos para beneficio de los despojadores........................................................... 58 3.5.1. El catastro, un instrumento para mantener el despojo de tierra........ 58 3.5.2. Todavía persisten las adjudicaciones de baldíos del Estado de manera irregular.................................................................................................. 60 3.5.3. La formalización de tierra..................................................................... 61

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3.5.4. El rol de las instituciones nacionales y locales en el cumplimiento de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.......................................... 62 4. Cartografía de los municipios con sentencias de restitución de tierras y presencia del Estado.................................................................................................................... 65 5. Conclusiones y recomendaciones.............................................................................. 70 5.1. Frente a la estrategia judicial............................................................................. 71 5.2. Frente a la estrategia territorial......................................................................... 71 5.3. Frente a la estrategia social................................................................................ 71 5.4. Frente a la estrategia violenta............................................................................ 71 5.5. Frente a la cooptación del Estado..................................................................... 72 CAPÍTULO 3. CATEGORÍAS DE ANÁLISIS EN LAS DIFERENTES ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE RESTITUCIÓN Y FORMALIZACIÓN DE TIERRAS DE VÍCTIMAS DE DESPOJO. FALENCIAS Y DIFICULTADES DEL PROCESO DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS......................................................................................... 77 1. El concepto de restitución de tierras......................................................................... 77 1.1. La restitución de tierras desde un punto de vista normativo.......................... 77 1.2. La restitución de tierras a la luz de la doctrina y los saberes populares......... 80 1.3. La restitución de tierras desde una visión judicial: Corte Constitucional, Tribunal Superior de Antioquia, Sala Civil Especializada en Restitución de tierras y Consejo de Estado................................................................................ 83 1.3.1. Corte Constitucional y restitución de tierras........................................ 84 1.3.2. Tribunal Superior de Antioquia, Sala Civil Especializada y la restitución de tierras................................................................................................. 103 1.3.3. El Consejo de Estado y la restitución de tierras................................... 105 3.2. Categorías de análisis en las diferentes etapas del procedimiento de restitución y formalización de tierras de víctimas de despojo.................................... 107 3.2.1. La ratio de la restitución de tierras....................................................... 108 3.2.2. Obstáculos de la restitución.................................................................. 122 3.2.3. Tensiones y disputas en el territorio: el quién y el cómo del abandono y el despojo............................................................................................. 135 3.3. De las características del proceso de restitución de tierras en el Urabá antioqueño en el lapso estudiado.............................................................................. 140 CAPÍTULO 4. ACCIONES JURÍDICAS EN LOS PROCESOS DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DE VÍCTIMAS DE DESPOJO EN EL URABÁ ANTIOQUEÑO EN CONCORDANCIA CON LAS CATEGORÍAS CONSTRUIDAS.................................. 147

CONCLUSIONES............................................................................................................ 153

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS............................................................................... 155

Capítulo 1. Introducción: la problemática observada en el proceso de restitución de tierras en el Urabá antioqueño 1. PRESENTACIÓN GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN La investigación denominada El proceso judicial de la restitución de tierras en el Urabá antioqueño es resultado de la convergencia de voluntades políticas y el trabajo articulado entre la Universidad Autónoma Latinoamericana (Unaula) y el Instituto Popular de Capacitación (IPC).

Desde el año 2014, ambas instituciones emprendieron acciones orientadas a incidir académica y políticamente en torno a problemas y fenómenos que afectan la realidad nacional, por medio de estrategias de reflexión, opinión pública, debates ciudadanos, articulación en redes y plataformas sociales, entre otras, con el propósito de analizar problemas y fenómenos asociados a la construcción de paz en Colombia, así como identificar posibles rutas y alternativas para atender las necesidades que la realidad social del país presenta en la actualidad. De este modo, ambas instituciones se propusieron desarrollar una estrategia de reflexión ciudadana que aportara a la convocatoria de la sociedad civil, para sumar voluntades y comprensiones respecto a los desafíos de la paz y las implicaciones que ello amerita en temas de educación, cultura, relaciones internacionales y democratización de la tierra, por citar solo algunos. En esta estrategia se realizaron, en el ámbito de Medellín y Antioquia, tres cátedras abiertas1, cada una de las cuales tuvo como ejes transversales la acción política, el rigor académico y la generación de opinión pública mediante propuestas de incidencia periodística que implicaron a la Agencia de Prensa del IPC y las plataformas y redes comunicativas de las instituciones relacionadas.

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La primera: “¿Posconflicto o transición a la paz? Aportes de la educación y la cultura en tiempos de cambio social”, llevada a cabo el 12 de septiembre de 2014; la segunda: “Las relaciones internacionales y los retos para la paz en Colombia”, desarrollada el 5 de diciembre de 2014 en asocio con la maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad de Medellín, y la tercera: “La educación ante los desafíos de paz en Colombia”, realizada el 29 de mayo de 2015.

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En el año 2015, un grupo de expertos de la Unaula y el IPC, entre ellos profesionales del derecho, la educación, la economía y la comunicación, se reunieron para avanzar en una nueva ruta de trabajo conjunto que permitiera recoger el acumulado de ambas instituciones, así como algunas líneas generales de la coyuntura del país y los aportes que podían hacerse en el momento histórico de Colombia.

Los resultados de dicho diálogo consideraron aspectos como los siguientes: 1) Ambas instituciones tienen un acumulado histórico en el tema de los derechos humanos y una preocupación fundamental por las víctimas del conflicto armado colombiano.

2) Desde el momento inicial de la articulación se constataron resultados frente a la visibilización de temas asociados a la construcción de paz y a la importancia de la salida negociada al conflicto armado en Colombia; la convocatoria de diferentes actores de la sociedad civil (docentes, estudiantes, líderes sociales, campesinos) interesados en aportar a los temas abordados; la generación de diferentes materiales de uso pedagógico (videos, relatorías, notas de prensa), así como la identificación de una hoja de ruta para avanzar en incidencias para aportar a la construcción de paz.

3) La coyuntura histórica en Colombia implica la pregunta por el papel que instituciones como la Unaula y el IPC pueden desplegar para superar la violencia y fomentar una cultura de paz, retomando así la agenda derivada de los acuerdos logrados en la negociación de paz entre el gobierno colombiano y las guerrillas de las FARCEP. 4) Una de las causas estructurales de la violencia en Colombia está relacionada con las disputas por la tierra, y, en esta medida, su distribución equitativa, así como la restitución a quienes esta les fue despojada, constituyen una de las condiciones fundamentales para lograr una paz estable y duradera.

El IPC y la Unaula comparten un interés por la militancia política frente a los derechos de las víctimas, así como un esfuerzo acumulado por la generación de conocimiento a través de la investigación. Así las cosas, las instituciones de esta alianza asumen como compromiso conjunto el inicio de un esfuerzo académico investigativo que permita avanzar en comprensiones respecto a los desafíos de la restitución de tierras en uno de los territorios

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históricamente más afectados por el conflicto armado colombiano, como lo es el Urabá antioqueño2.

La investigación que origina este libro espera contribuir al trabajo de organizaciones de víctimas frente al despojo de tierras, de decisores de políticas que tienen a su cargo labores de restitución y reparación individual y colectiva, y de instituciones sociales y académicas interesadas en el tema del derecho a la tierra. Del mismo modo, se busca aportar a la identificación de diferentes retos derivados de la Ley 1448 de 2011 (más conocida como Ley de Víctimas y Restitución de Tierras) (Congreso de la República, 2011) y del punto 1 del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera​, denominado “Hacia un nuevo campo colombiano: reforma rural integral”, el cual contempla, entre otras cosas, la distribución de tres millones de hectáreas para campesinos sin tierra y la formalización de siete millones hectáreas a propiedades sin títulos.

2. CRITERIOS ÉTICO-POLÍTICOS QUE SUSTENTAN LA IMPORTANCIA DE INVESTIGAR EL DERECHO A LA TIERRA EN COLOMBIA Las recurrentes reflexiones en torno a las causas históricas del conflicto armado colombiano muestran que la exclusión política, la desigualdad socioeconómica, la persecución internacional del comunismo estimulada por los Estados Unidos en el marco de la Guerra Fría, las disputas por la tierra son algunos de los elementos que explican los orígenes de una guerra que ha durado más de medio siglo y que está enraizada en factores mucho más antiguos.

Los conflictos asociados a la tierra aparecen en los anales de nuestra historia por lo menos desde la llegada de los españoles a territorio americano, un acontecimiento que fracturó el devenir del mal denominado “nuevo mundo”, cambió el flujo de su existencia y atribuyó a los aborígenes un

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En esta investigación denominada “El proceso judicial de la restitución de tierras en el Urabá antioqueño”, participaron dos grupos de investigación de la Escuela de Posgrados de la Universidad Autónoma Latinoamericana (Educación y Derechos Humanos y Derecho Administrativo) y un grupo de investigación del IPC (Grupo de Investigaciones Regionales en Democracia, Desarrollo, Conflicto y Justicia).

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estatuto de inferioridad que los catalogó como seres sin alma, sin razón y sin las condiciones necesarias para asumir las riendas de su destino. A los habitantes originales del continente se les despojó de su territorio y se los convirtió en esclavos que debieron satisfacer los intereses de los invasores, quienes a su vez asumieron la tierra de América como una mercancía con valor de cambio que supieron explotar en su propio beneficio. Todo este proceso de usurpación se hizo a través de mecanismos normativos de la época como la expedición de cédulas reales. Desde muy temprano, en 1519 el reinado de Carlos V autopromulgó su poderío dominante sobre todos los territorios de América, a través de una norma que decía: “Por donación de la santa sede apostólica y otros justos y legítimos títulos somos Señor de las indias occidentales” (Patiño 2009 en Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sábila, 2013, p. 52).

Esta práctica de despojo y usurpación de la tierra ha sido una constante en las interacciones que las élites políticas y económicas han establecido históricamente con las poblaciones más marginales; una interacción que ha estado soportada en el uso de la ley para buscar beneficios particulares y legalizar acciones moralmente incorrectas, de lo que se deriva una pérdida creciente de la confianza en la justicia y en las instituciones que están llamadas a garantizarla, asunto que estimula actitudes en las que se asume la ley por mano propia y se privilegia la violencia, no solo como forma de tramitar conflictividades sino también como mecanismo de defensa ante las normas que benefician a los más fuertes.

La experiencia colombiana está imbuida de una enorme desigualdad en la repartición de la tierra y una profunda ambigüedad en relación con los derechos de propiedad (Berry, 2002), lo que ha generado un limbo jurídico que favorece a los grandes propietarios y estimula su arremetida contrarreformista en favor del statu quo, para mantener un orden jurídico que no admite reestructuración en ni en la organización ni en la distribución del territorio. En este sentido, Darío Fajardo (2015) recuerda que en la historia colombiana de los últimos cien años es posible encontrar una diversidad de tensiones alrededor del agro que han derivado en disputas violentas: por un lado, la altísima concentración de la propiedad rural, combinada con una gran desorganización en las estrategias de apropiación de territorios baldíos, y por otro, una inexistente o frágil legitimidad de los títulos de propiedad y la pervivencia de estrategias arcaicas de autoritarismo sin atención a los derechos laborales de los campesinos que trabajan la tierra.

Los precarios intentos por reformar la estructura agraria en Colombia no han contado con la participación activa de los campesinos, por el

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contrario, ellos han padecido los agravios de la estigmatización, la criminalización y la persecución por parte de fuerzas oscuras (muchas veces articuladas al Estado), lo que ha estimulado el desplazamiento y formado una masa de campesinos sin tierra que continúan engrosando los cordones de miseria en la periferia de los centros urbanos. Adicional a esto, la debilidad, negligencia y cooptación del Estado por parte de élites agrarias y terratenientes han generado un ambiente de complicidad favorable a la organización de grupos armados ilegales que se aliaron con actores políticos y fuerzas dirigentes regionales, para acumular bienes, ocupar tierras de forma ilegal o comprarlas por debajo de su valor comercial, con lo que se ha evitado favorecer el sistema de propiedad del uso del suelo en el campo.

De acuerdo con información del Centro Nacional de Memoria Histórica, el despojo masivo de tierras en Colombia cubre una extensión de entre 6 y 10 millones de hectáreas. Hoy, solo el 19 % de la tierra en Colombia corresponde a títulos de pequeña propiedad, y para el 2011 menos del 40 % de los poseedores rurales de tierra estaban formalizados, lo que indica que aproximadamente el 60 % de la tierra en Colombia no está formalizada o carece de títulos de propiedad (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2016c, p. 636). De acuerdo con la Agencia de la ONU para los Refugiados —ACNUR— (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, 2017), en Colombia existen actualmente 7,4 millones de desplazados internos, por lo cual ocupa uno de los primeros lugares en el mundo en esta problemática. Este dato es importante no solo porque la mayor parte de los desplazamientos ocasionados por la guerra se dan en el marco de intensas disputas territoriales y por problemas asociados a la propiedad de la tierra, sino además porque cualquier desplazado cuenta, entre los principales impactos de su flagelo, el destierro, el desarraigo y el despojo que continúan tras el abandono forzado de su hogar.

En el reconocimiento de que las disputas por la tierra son una de las causas estructurales del conflicto armado colombiano, el acuerdo de paz pactado en La Habana entre el gobierno colombiano de Juan Manuel Santos y las guerrillas de las FARC-EP contempla la importancia de promover estrategias pertinentes para resolver uno de los temas más complejos de la historia nacional y promover la construcción de una paz estable y duradera. Dicho acuerdo incluye la distribución de 3 millones de hectáreas para campesinos sin tierra, las cuales provendrían de territorios baldíos o expropiados, extinción de dominio o donaciones; asimismo, menciona que se formalizarán 7 millones de hectáreas con títulos de propiedad para quienes no tengan titulación de sus bienes, y proyecta un plazo de 7 años para la elaboración de un catastro multipropósito, lo que conlleva la realización

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de un inventario (predio por predio de tierra) en todo el país, con el fin de delimitar los linderos e identificar los propietarios. Dicho acuerdo también concibe la realización de 16 planes de desarrollo con enfoque territorial (PDET) en zonas empobrecidas y abandonadas históricamente por el Estado, con el fin de dotar de capacidades a las comunidades campesinas para que puedan asentar sus proyectos de vida rurales con opción de trabajar la tierra, lo que conlleva la construcción de vías de acceso y comercialización de productos, distritos de riego, escuelas y centros de salud, instalación de luz eléctrica, entre otros.

No obstante, pese a las buenas intenciones del acuerdo, es importante reconocer que su aplicación no será una tarea sencilla. Desde ya se evidencian los obstáculos que se derivan de los intereses de las élites de la tierra, las cuales lograron ya un retroceso en el contenido progresista del acuerdo de paz, al pedir como condición que no se pusiera en riesgo la propiedad privada ni el desarrollo de la libre empresa en el campo, sino que, por el contrario, el modelo agrario sostuviera como estrategias de desarrollo la agroindustria, la promoción de la competitividad y la visión empresarial con fines productivos. Adicionalmente, estas élites propusieron garantizar que no se expropiara la tierra a tenedores de “buena fe”, una figura ambigua difícil de esclarecer en el río revuelto de la guerra, pues en muchas ocasiones se trata de “terceros oportunistas” que, de acuerdo con Daniel Pécaut (2015), corresponden a élites locales que aprovecharon sus contactos y alianzas con grupos armados ilegales para acumular bienes en distintas regiones del país.

Como si fuera poco, la persecución a líderes reclamantes de tierra sigue siendo hoy un problema vivo. De acuerdo con datos de la Defensoría del Pueblo, entre enero de 2016 y julio de 2017, fueron asesinados en Colombia 186 líderes sociales y defensores de derechos humanos; y solo en el 2017, la cifra había alcanzado los 52, y las amenazas se registraban en 500 (Redacción Paz, 2017). Lo particular de este dato es que, aunque el gobierno y la Fiscalía niegan que se trate de una matanza sistemática, la información da cuenta de que los lugares donde se presentan dichas muertes coinciden con ser zonas de intensas disputas por el territorio, zonas de reserva campesina y con presencia de cultivos ilícitos (Montoya Suárez, 2017), lo que claramente muestra una amenaza explícita a todas aquellas personas que asuman un liderazgo especial en la reivindicación del derecho a la tierra y el territorio. Lo anterior presagia, una vez más, que los poderes y gamonales territoriales seguirán sacando su brazo oscuro para contener cualquier tipo de progresismo que busque transformar la estructura agraria y el sistema de propiedad del uso del suelo en el campo.

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Por otra parte, aunque en el año 2011 el Estado colombiano expidió la Ley 1448, denominada Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, con la cual se espera en un plazo de 10 años restituir aproximadamente 6 millones de hectáreas a campesinos desplazados y despojados en el marco del conflicto armado, los informes recientes muestran resultados desalentadores. De acuerdo con la Unidad de Restitución de Tierras, hasta agosto de 2017 se puede afirmar que el 60 % de las 102 mil solicitudes de restitución de tierras se encuentran en proceso. De las cosas que más preocupan de esto es que, tras un lustro de vigencia de la ley se han entregado únicamente 200 mil hectáreas y otras 600 mil están en el proceso de restitución (Guevara, 2017). Así, la pregunta que queda es si es posible pensar en que la ley cumpla con sus objetivos cuando los resultados parciales, a 5 años de su entrada en vigencia, son tan precarios.

Estos elementos de contexto permiten una aproximación a las dimensiones de una de las problemáticas que mayor incidencia ha tenido en la violencia colombiana. De ahí que el horizonte ético político de esta investigación se inscriba en un interés por aportar desde la academia no solo a la comprensión del fenómeno, sino también a la búsqueda de alternativas que permitan la superación de los obstáculos que enfrenta el que la tierra en Colombia pueda ser un bien común. La construcción de una paz estable, sostenible y duradera depende en gran parte de la justicia que subyace a la distribución equitativa de la tierra.

3. ALGUNOS PROBLEMAS EPISTÉMICOS PARA FUNDAMENTAR LA INVESTIGACIÓN SOBRE EL DERECHO A LA TIERRA Para entender en qué consiste un criterio epistémico resulta útil empezar por una diferenciación entre pensar teóricamente y pensar epistémicamente.

De acuerdo con Zemelman (Zemelman, n.d.), el pensar teórico está basado en conceptos3, en contenidos predicativos y en la construcción de atributos de lo real, y se organiza en términos de proposiciones con preten-

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Zemelman diferencia concepto de categoría. Del primero dice que es una manifestación del pensamiento teórico; de la segunda, que se encuentra asociada al pensar epistémico en tanto no parte de definiciones precisas sino de multiplicidad de opciones de contenido. Hay categorías que se han mantenido a lo largo de siglos, pero con sentidos y significados distintos; incluso en un mismo periodo ha sido posible que una misma categoría contenga diversos significados.

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siones de precisión; se trata, pues, de una acción consistente en nombrar las cosas.

Por otro lado, el pensar epistémico parte de la conciencia acerca de cómo se sitúa el investigador ante aquello que quiere conocer, es decir, el ángulo desde el cual enfoca la mirada para dar cuenta de los problemas susceptibles de ser teorizados, sin precipitar juicios teóricos ni descripciones premeditadas, pues se trata de un pensamiento que parte no de contenidos, sino de preguntas y problemas; no de nombrar la realidad como cosas u objetos, sino que interroga las diferentes formas con que podríamos nombrarla. El pensar epistémico, entonces, implica estar a la medida de las circunstancias históricas de la realidad que se quiere investigar, entender las teorías como son: construcciones históricas que pueden cambiar u olvidarse, lo que conlleva a hacerse preguntas acerca de quién escribe o a quién se lee, desde dónde se escribe, cuál es su contexto y su tiempo, entre otras.

Para Zemelman, el pensamiento tiene que moverse y adaptarse de acuerdo con la realidad sociohistórica, no a la Historia (con mayúscula y en singular) sino a las historias (con minúscula y en plural), a las múltiples dimensiones micro y macro sociales y a las diferentes voces de la sociedad.

La cultura ocupa, en este asunto, un lugar bien importante en el análisis de la realidad, en la construcción de pensamiento epistémico, y se encuentra en relación con lo político, lo ambiental, lo económico, etc.

Un criterio epistémico no se reduce así a un asunto meramente cognitivo, pues debe entenderse como un supuesto que orienta la acción. Destacamos, a continuación, tres problemas epistémicos que orientan nuestro interés de estudiar el tema del derecho a la tierra:

3.1. El antropocentrismo moderno deja al hombre como amo y señor de la tierra, que la somete a manipulación, control y dominación La modernidad occidental del siglo XVII promulgó los principios de la razón como fundamento del conocimiento de las cosas del mundo, y en esa medida la situó —a la razón— como mecanismo privilegiado para acceder a la verdad de los fenómenos, a las condiciones que permitieran explicar el funcionamiento del universo, con la validación, por medio de leyes generales, de lo que se entendiera como una esencia verdadera de las cosas.

Aunque esto puede significar para muchos un logro emancipatorio que permitió superar los dogmas fundamentados en la fe cristiana y mostró la

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necesidad de presentar evidencia probatoria ante cualquier ley que se presentara como una verdad, también permitió la instalación de ciertas lógicas bastante problemáticas: por ejemplo, legitimó una concepción antropocéntrica de la existencia, que buscaba superar el teocentrismo imperante durante más de mil años de historia occidental y ubicar al hombre en el centro del mundo —no a la mujer, sino al hombre; y no a cualquier hombre, sino al blanco, heterosexual, urbano y católico—, pues en él residían las propiedades de la razón. En esa medida, esta modernidad le otorgó un estatuto de superioridad y privilegio sobre todas las cosas que no representaran dicha racionalidad y que fueron consideradas como objetos susceptibles de su control y predicción. Al ubicar al hombre por encima de las demás cosas, lo separó de ellas y le quitó propiedad relacional, con lo que generó una lógica dual de división hombre/naturaleza, cuerpo/ alma, razón/emoción; les restó valor a la tierra, los animales, las plantas y los minerales, o, más bien, valoró estos y otros elementos de acuerdo con la posibilidad de ser sometidos a la manipulación humana. El conocimiento que se derivó de la modernidad occidental está, entonces, asociado a la conversión de la naturaleza en un objeto autómata, en un interlocutor estúpido, que al ser objetivada es degradad y al restárse vitalidad se la caricaturiza (De Sousa Santos, 2003, 2009).

Así, investigar el derecho a la tierra implica entender que la tierra no es una cosa que nos pertenece, sino que, por el contrario, somos parte de ella. La naturaleza no es un objeto manipulable por el hombre, no es una cosa para controlar ni una entidad para predecir. La tierra no es una cosificación inferior al hombre, sino una parte integral de su existencia, sin la cual es imposible la subsistencia y la pervivencia del planeta.

3.2. La tierra y la naturaleza han sido concebidas por el capitalismo como mera mercancía Se puede afirmar que la modernidad eurocéntrica no solo reforzó la razón como fundamento de la existencia —pienso, luego existo—, estimuló la idea del hombre separado de la naturaleza y entendió la tierra como un objeto susceptible de dominación y control, sino que además la asumió como una mercancía con valor de cambio y la incorporó como parte central de la creación de riqueza (Lander, 2005, pp. 16, 17).

Este asunto ha derivado en una profunda crisis civilizatoria que, de acuerdo con Lander (2009), afecta especialmente a las poblaciones más pobres, quienes a su vez han sido los menos responsables del desgaste

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A.H. Gómez Gómez - C.H. Montoya Suárez - J. Nanclares Márquez

de las condiciones de vida en el planeta; son ellos los pobres del sur global, quienes además acceden a las peores condiciones de respuesta para soportar los estragos de esta trágica situación; quienes padecen las consecuencias de la guerra, el calentamiento global, las sequías, la manipulación de las semillas, los modelos extractivos, el monopolio de la tierra, los conflictos armados, entre otros flagelos; y quienes seguramente tendrán que seguir padeciendo el incremento desmesurado de la violencia, las guerras por el acceso a fuentes de vida, desplazamientos masivos generados por el desastre ambiental y el crecimiento de políticas xenofóbicas y antimigratorias que terminan responsabilizando a las víctimas por su propio sufrimiento y culpándolas por la pérdida de privilegios de las clases dominantes.

De acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación —FAO—, para el año 2009 aproximadamente la sexta parte de la población mundial padecía los severos estragos del hambre (aproximadamente mil millones de personas) (Lander, 2009), como producto de un modelo de producción, distribución y consumo que es incompatible con la protección de la vida en la tierra. Se trata, pues, de un patrón de acumulación y crecimiento desacelerado que no coincide con la posible finitud del planeta.

Pero este modelo perverso no se reproduce solo: necesita un soporte de legitimidad para hacerlo viable y sostenible, y en ello ha participado fuertemente el conocimiento académico. Las ciencias sociales, por ejemplo, han creado conceptos y categorías que están en la base de nuestras comprensiones acerca de la naturaleza; es así como progreso, desarrollo y crecimiento definen el carácter insostenible de políticas económicas, científicas, culturales que hemos construido para tramitar las relaciones con la tierra, a un alto costo que deriva en la mencionada crisis civilizatoria.

En esta medida, las alternativas para afrontar dicha crisis deben ser necesariamente anticapitalistas, pues es el modelo capitalista el que no concibe una forma de vida sin crecimiento, sin acumulación y sin dominio de la naturaleza; para decirlo con Lander (2009), El capitalismo requiere de un crecimiento (acumulación) sostenido. No es posible un capitalismo de crecimiento cero y menos aún un capitalismo de decrecimiento […].

El problema fundamental está en si la vida en el planeta Tierra podrá sobrevivir al capitalismo […]. Sólo una profunda trasformación civilizatoria puede hacer posible la continuidad de la vida (p. 4).