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SISTEMA DE DERECHO COMPARADO Y GLOBAL: DE LAS FAMILIAS JURÍDICAS MUNDIALES AL NUEVO DERECHO COMÚN Antonio Sánchez-Bayón Prof. Dr. Derecho y Política Comparada e Internacional Investigador GiDeCoG y SCOPOS Universidad Camilo José Cela Fellow, LAS-Baylor Univ./ELSP-DePaul Univ.

tirant lo b anch Valencia, 2012


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© Antonio Sánchez-Bayón

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A mis maestros, A.R. Coll, L. Souza-Fuertes y R. Fuertes-Manj贸n. A mis alumnos y colegas, y sin embargo amigos. A mi padre y hermanos, y sobre todo a Cristina.


Índice Prólogo ................................................................................................... Prof. Dr. J. Gracia (Decano, Ftad. CCJJEE-UCJC)

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Prefacio ..................................................................................................

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Introducción: Derecho Comparado y Global (DCG) ..............................

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Capítulo 1 FUNDAMENTOS: SIGNIFICADOS Y ALCANCES ..........................

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Capítulo 2 METODOLOGÍA: ENFOQUES Y TÉCNICAS ..................................

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Capítulo 3 SISTEMA (PARTE GENERAL): PRINCIPIOS RECTORES Y CONECTORES ..............................................................................................

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Capítulo 4 SISTEMA (PARTE ESPECIAL): FAMILIAS Y TRASPLANTES .........

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Capítulo 5 INTRODUCCIÓN AL DERECHO GLOBAL: ¿CÓMO ORDENAR LA REALIDAD MUNDIAL EN CURSO? ..........................................

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Epílogo ..................................................................................................

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Corolario ...............................................................................................

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Prólogo Este libro, Sistema de Derecho Comparado y Global: de las Familias Jurídicas Mundiales al nuevo Derecho Común, que como bien dice su autor, resulta madrugador, pues invita a salir del caduco paradigma de las decimonónicas Facultades de Derecho (preocupadas por impulsar la regulación estatal), para conducir al nuevo modelo que se acomete desde las Facultades de Ciencias Jurídicas, como la que tengo el gusto de dirigir desde hace ya un tiempo. Desde nuestra Facultad, siempre se ha apostado por una educación integral de vanguardia, de ahí que fuera pionera en la impartición del Derecho Comparado y Global (DCG), desde sus diversas asignaturas (e.g. Derecho Comparado en la Licenciatura de Derecho, Sistemas Jurídicos Contemporáneos del Grado de Derecho, Marco Legal Internacional en las Licenciaturas y Grados de ADE, Finanzas, et al.) Para abordar la materia, el Prof. Sánchez-Bayón, acertadamente, parte de la observación y constatación de que, con la globalización, “existe una red de redes regulatoria” (desde las organizaciones internacionales hasta los entes locales, y cualquier particular en interacciones con otros sujetos) —tal como ya probara en su código de nueva generación, RIDE, el mismo autor (junto con el Prof. González de la UAM)—, por lo que resulta urgente y necesario enseñar a los estudiantes de Ciencias Jurídicas (Derecho, Criminología, Relaciones Internacionales, Ciencias del Transporte, etc.) a apreciar y saber gestionar dicha red. Se entenderá entonces la importancia que se ha concedido en nuestros planes de estudio al DCG. En palabras del autor, tal “disciplina, permite el estudio de los fundamentos de derecho comunes a las diversas tradiciones (occidentales y occidentalizadas), para descubrir la razón jurídica subyacente posibilitadora de la configuración de sus sistemas y la armonización de las relaciones inter, intra y transordinamentales, de modo que se vaya avanzando en la consolidación de un nuevo Derecho Común —actualmente, de aspiración global: tanto por coordenadas espacio-temporales como materiales—. Sus reflejos más frecuentes en la realidad, donde prueba su valía el DCG, son: (a) calificar y resolver problemas de tráfico jurídico en la globalización (e.g. conflictos ordinamentales, elementos trasnacionales, trasplantes jurídicos, materias sobrevenidas difusas); (b) cotejar soluciones jurídicas dadas, para


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Jesús Gracia Sanz

facilitar su casación interior (perfeccionando el propio Ordenamiento y su régimen, integrándolos mejor como sistema) y su asimilación exterior (de cara a otros sistemas), dando paso a la homogeneización tanto de las reglas de juego como del lenguaje técnico-profesional empleado; (c) promover el avance de respuestas para la consolidación del derecho común de nuestro tiempo (por vía legislativa y/o jurisprudencial, gracias a las organizaciones internacionales, sobre todo); (d) fomentar el reconocimiento y eficacia de buenos oficios pacificadores y armonizadores (e.g. mecanismos de resolución alternativa de conflictos, del tipo arbitraje, mediación o conciliación); d) ofrecer carta de naturaleza y operatividad a las diversas corrientes y movimientos que integran la amalgama de “e-Democracy” y “Global Civics”, entre otros ejemplos, de modo que se promueva la autonomía particular comprometida con un orden social justo lo más mundializado posible; et al.”. También se coincide con el Dr. Sánchez-Bayón en que, tras la lectura de esta obra, “se habrá conseguido capacitar al alumnado como operador jurídico, más allá de su práctica forense local, de modo que se le esté preparando para calificar y gestionar los reflejos jurídicos de la globalización y las cuestiones aparejadas anteriormente citadas. Se busca no sólo alentar la educación jurídica integral (del iurisprudente conocedor del Derecho, y del iurisperito, aplicador del mismo), sino también iniciar la vocación del iurisconsulto, quien es capaz de proporcionar diversas respuestas viables para los casos que se presentan a su dictamen”. Conozco al Prof. Sánchez-Bayón el tiempo suficiente como para saber que, lo que más le ha costado en la preparación de esta obra (que ahora se ofrece al gran público), seguramente, ha sido descargar el texto de su aparato académico y ofrecer sus contenidos de manera amena y dialogada con el lector, para hacerle partícipe de la aventura que aguarda en las sucesivas páginas. Se anima así a la lectura de esta obra que, de seguro, no defraudará a quien realmente desee encontrar un mapa para orientarse en la globalización, que ha puesto en contacto directo y constante a más de doscientos Ordenamientos nacionales (entre éstos, ochenta de Derecho Civil Europeo-Continental, cincuenta de Derecho Común Anglosajón, y el resto de carácter mixto), junto con más de treinta Derechos religiosos, unos cuantos vestigios de regulaciones socialistas y las fórmulas iusconsuetudinarias indigenistas, así como aquellas


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expresiones sobrevenidas del tipo como el Derecho emanado de las organizaciones internacionales. Para no perderse, se recomienda esta obra. Dr. JESÚS GRACIA SANZ Decano - Ftad. CC. Jurídicas y Económicas Universidad Camilo José Cela


Prefacio Este libro resulta madrugador —al menos en España y buen parte de Latinoamérica—, pues pretende despertar a otros al nuevo paradigma en curso para comprender y gestionar la actual realidad en la que vivimos. Pese a las muchas objeciones que oigo de colegas contra el Derecho Comparado y Global (DCG), acerca de su dudosa juridicidad (al no identificar inmediatamente un legislador productor y tribunales aplicadores), sin embargo, no hay posturas negadoras solventes, sólo dudas sobre su sentido jurídico, o sea, su difícil identificación con los Ordenamientos nacionales tratados desde el positivismo formalista estatal. Claro, desde tal planteamiento resulta difícil, como para pedir además que se piense en un tipo de juridicidad análoga, abierta a la conciliación con otras existentes —¿qué más dará una jurisdicción u otra si su elección responde a la racionalidad jurídica y busca hacer justicia, salvo que se busque satisfacer otros intereses como la soberanía?—. Y es que, los mismos sujetos que tienen problemas para comprender la juridicidad específica del DCG, en cambio, no les cuesta caer en la trampa saducea de aceptar la existencia de una única concepción de Derecho, pacíficamente admitida por los cultivadores de las diversas extensiones o ramas, públicas y privadas, de los múltiples Ordenamientos locales y nacionales… Es necesario asumir la noción de pluralidad jurídica —a modo de red de redes regulatorias—, tal como se viene haciendo en materias trasversales como derechos humanos o comercio, así se ha de hacer también en la revisión de la teoría general del Derecho que se requiere hoy —lo que conduce al cambio de paradigma y metodología—. Pues bien, en honor a dicha pluralidad, este libro tiene por objeto presentar una panorámica amplia y —sin embargo— lo más clara posible sobre el significado y alcance del Derecho Comparado, y cómo éste, gracias a su capacidad para dar con unidades equivalentes para medir, contrastar e intercambiar, va posibilitando el reconocimiento del nuevo derecho común, o sea, el Derecho Global/(neo)utrumque ius (vid. cap. 5). El adjetivo global es porque, por medio de las TIC [tecnologías de la información y la comunicación], cabe una vocación conectora de la ordenación social de tiempos, lugares y materias, de cualquier parte del planeta. De tal manera se vuelve a recuperar la racionalidad


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jurídica que comenzara a desviarse con la utilitarista traducción inglesa dieciochesca de international law [derecho entre naciones/pueblos —hasta entonces law of nations o Derecho de gentes—] en lugar de la tradicional noción de ius gentium [Derecho de gentes/naciones], corrompiéndose todo ello poco después en la Europa continental heredera de un hegelianismo de comprensión pro positivismo formalista estatal, de ahí que se concibiera el Derecho de gentes/naciones o internacional como Derecho estatal externo —no es de extrañar que la consecuencia de tal concepción degenerara en el auge de los autoritarismos y totalitarismo en la Europa continental de la primera mitad del s. XX—. Volviendo a la noción revolucionaria de DCG —en cuanto a corrección de sus desviaciones e impulso de su correcta evolución—, en consecuencia, pese a que se usa la denominación conjunta (Derecho Comparado y Global), en realidad, el trabajo se sistematiza en dos partes mellizas —que no gemelas—: de un lado, el Derecho Comparado y el conocimiento del ser político-jurídico mundial actual, y de otro lado, el Derecho Global y su conocimiento más próximo al deber ser en curso —el Derecho a consolidar si se logra la armonización de las regulaciones vigentes en la globalización—. Y se sistematiza así por recuperación de realismo y credibilidad, pues se prefiere comenzar por un estudio inductivo y empírico, además de orgánico e institucional, de los regímenes y Ordenamientos políticojurídicos mundiales, para pasar luego a las lizas doctrinales (de tipo ideal y modélico, por sus componentes, que en comparación con las familias jurídicas, resulta un estudio de carácter deductivo, analítico, dogmático y normativo) acerca del nuevo paradigma político-jurídico (de interdependencia solidaria) —cosa que envuelve de pleno el estudio del Derecho Global—. Entre Madrid, Waco y Santiago de Chile, en el estío del año 2011. Prof. Dr. A. Sánchez-Bayón.


Introducción: Derecho Domparado y Global (DCG) Quizá se sorprenda más de uno al no dar pie a este estudio mediante cita legislativa alguna (por ejemplo, sobre la transnacionalidad de los Ordenamientos confesionales, de cierta legislación estadounidense, o de los preceptos constitucionales alemán y francés en caso de violaciones de lesa humanidad). Luego, a falta de tal comienzo, difícilmente se puede seguir con algunos apuntes exegéticos y hermenéuticos (ni propios, ni mucho menos de jueces-estrella o autores en boga —cuyos comentarios, a veces, rayan la tautología, y en otros casos el activismo de corte taumatúrgico—). Se es más osado que todo eso y, desde estas páginas, se invita a una retroactividad más elemental en los estudios de Ciencias Jurídicas y Sociales: el (re)descubrimiento del sentido común jurídico y justo, o sea, saber cuestionar la normatividad existente, de modo que resulte posible (re)conocer a los sujetos soberanos y autónomos de la globalización, con sus reglas identitarias y su proyecto de buena vida común —cuestiones estas sumamente relevantes para comprender la subjetividad normativa, y a las que el acostumbrado positivismo formalista estatal1, por su celo técnico y

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Vid. Sánchez-Bayón, A.: «Au revoir, loi de l´État: el fin del derecho estatal», en Revista Electrónica de Pensamiento, Economía y Sociedad-Instituto Virtual de Ciencias Humanas (n.º 5), septiembre-diciembre 2010 y —con una versión revisada y ampliada— en Bajo Palabra. Revista de Filosofía (n.º 5), 2010. La tesis principal consiste en que el positivismo formalista estatal o estatalismo legislativo —también calificado críticamente por otros autores, como el Prof. Nieto, de «corrupción del Estado regulador»—, resulta «la reducción del Derecho a la regulación forense tutelada por los poderes públicos, [que] es una gran impostura propiciada por la difícil transición de Europa continental al Nuevo Régimen, lo que requirió —a su vez— de amistades peligrosas, como ha sido el socialismo —como herramienta subversiva y propagandística para la consecución de la utopía—. En efecto, se ha tratado de un cúmulo de mentiras, insostenibles por sí, pero mantenidas por una apariencia de verosimilitud, reforzada por un dogmatismo incuestionable calificado de científico —o sea, la consolidación del doblepensar, la neolengua, los anacronismos y eufemismos, etc., ya denunciados por G.


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reduccionista (de velos ocultadores de la realidad)2, no es siquiera capaz de tener en consideración—. Pasa que, si realmente se desea saber qué es el Derecho Comparado y Global (DCG), como herramienta de medición entre Ordenamientos vigentes (para favorecer los trasplantes jurídicos y la armonización reguladora común), es necesario partir del cuestionamiento de aquello que resulta fallido y dificulta el reconocimiento del Derecho actual (para un mundo globalizado), o sea, el positivismo formalista de Estado. Dicho paradigma caduco para la comprensión del Derecho ha devenido en la fórmula idónea para ejercer el poder sin responsabilidad, porque no se reconoce alteridad o contrapoder —luego, ¿qué pasa con el rasgo definitorio del Derecho como es la intersubjetividad?—3, porque todo se tutela por una hiper-

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Orwell (E. Blair), tras su renuncia a la militancia socialista, al vivir la experiencia destructiva española—»; vid. siguiente nota. Actualmente, reconocer la realidad es harto difícil, no tanto por la creciente complejidad social y sus vertiginosos cambios, sino por las hibridaciones discursivas que la interpretan confusamente (como los relativismos, cientificismos, etc.): se recurre a la idolatría del lenguaje y de ciertos personajes, mediante artificios de falsificación, como el doblepensar (decir lo contrario de lo que pasa por la cabeza), el objetivismo antipersonal (contrario a cualquier subjetividad contraria a la dominante y cosificándose todo, incluidos los hombres), el neolenguaje (crear un idioma artificial confuso e imposibilitador de una auténtica comunicación), el criptopoder (la disolución de la identificación del titular de poder, impidiendo la posible exigencia de responsabilidades), la ingeniería social (la manipulación del medio social y natural, mutando sus esencias, a voluntad elitista, aunque en nombre de la mayoría), etc. Mediante las estrategias mencionadas, se envuelve así la realidad de velos distorsionadores, de unas pantallas filtradoras, que propician la deriva hacia una amenazante entropía social —de la que no se puede acusar directamente a sus profetas y apóstoles ideólogos-semiólogos, pero de cuyo malestar generado, sí han sacado partido para imponerse e incrementar su poder social—. Tal es el atractivo y riesgo de dichos velos, que quien se acerca a ellos sin la suficiente preparación y humildad, finalmente, puede sentirse tentado y sucumbir. El hombre solo no necesita de Derecho. Su racionalidad y sociabilidad es lo que le conduce a unirse a otros hombres, y a diferencia de los demás animales, no lo hace para sobrevivir, sino para prosperar, por lo que necesita de unas reglas relacionales vinculantes y sostenibles. La labor de ponerse dichas reglas es lo que se denomina Derecho positivo (ius positum) o Derecho puesto, que no impuesto —máxime desde el tránsito al Nuevo Régimen


Introducción

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trófica administración generadora de necesidades —que es el sistema, consistente en un poder diluido, al que no se tiene acceso, ni cabe exigir responsabilidades—. Así, la ingeniería social de las últimas décadas del Estado de bienestar, se ha hecho en nombre de la política y de lo público y, sin embargo, hoy ambas cuestiones se han enfriado y han caído en desprestigio, dando lugar a una masa desafecta —socialmente, se experimenta cotidianamente la amenaza de la entropía o del conflicto—. Y es que, una persona que no se preocupa de la política y de lo público, deja de ser un polites o ciudadano autónomo aunque comprometido, para ser sólo un ídion, un infra-humano… ¿Qué ha pasado?, ¿cómo se ha llegado a tal situación?, ¿se puede evitar dicho destino?, ¿quién está llamado a hacer algo? Si interesa, entonces, bienvenido a cruzar el espejo (de Alicia) del positivismo formalista de Estado —incluidas sus variantes institucionalistas (al ser estatalistas)—, para pasar a mirar la realidad global directamente. Comencemos entonces por lo más básico —con riesgo de repetirme en mis ideas, pero es la única manera de partir del mismo punto en nuestro diálogo, amigo lector—. Tal como suelo indicar a mis alumnos de primer curso (para llamar su atención sobre algo que les afecta de pleno —de ahí mi insistencia en las publicaciones que preparo para ellos—), desafortunadamente, parece ser que, cada vez más, se tiende a la circunscripción de interrogantes mecánicos y condicionantes de respuestas monosilábicas: sí/no —lo que genera falsas seguridades e imposibilita un desarrollo de un correcto autoconcepto y subjetividad calificadora—. Resulta clave recordar que existe otro tipo de cuestiones —algo desconcertantes— a las que no terminamos de responder y a las que volvemos una y otra vez (e.g. qué es el bien, la belleza, la felicidad, la justicia, el poder, la libertad… son, en su

y la consolidación de la cultura de los derechos (vid. Estudios de cultura político-jurídica, vid. nota siguiente), ni por la divinidad (derecho divino), ni por los sacerdotes (derecho religioso), ni por el monarca (derecho absoluto), etc.—. No se olvide que el Derecho objetivo es una de las tres dimensiones del Derecho (las otras son: Derecho subjetivo y Derecho normativoinstitucional y/o sistémico), y no se refiere directamente a las normas, sino a la cosa justa, que formalmente toma expresión de principio y norma, no siendo ambos dominio de un solo sujeto que se impone a los demás, sino de cualquier sujeto soberano, o sea, los ciudadanos, la sociedad civil.


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mayoría, parámetros subyacentes para nuestra toma de decisiones). Al afectar a la naturaleza humana y social, alcanzan la condición de preguntas trascendentales, por lo que no resulta preocupante que aún hoy no se sepa la respuesta y sea necesario revisarlas. Lo que sí ha de alarmar —y bastante— es que en la actualidad, dichas inquisiciones se conciban como impertinentes: ¿cómo se va a preguntar a alguien por el poder y sus esferas sociales, como la religión y la política?, ¿o por el posicionamiento personal y sincero acerca de expresiones concretas de poder, como el trabajo o el sexo? Hay quien va más allá y lo considera incluso algo inapropiado, absurdo, ridículo, y demás calificativos que justifican el hecho de que no debe ser preguntado algo así… y por su cabeza ni siquiera se formula el interrogante de por qué y cómo se ha producido semejante autolimitación (se ha perdido la capacidad de reflexión crítica y sensata) y autocensura (hay temas que es mejor no tratarlos). Alguno habrá que atisbe la punta del iceberg y argumente —de manera falaz— que dicha espiral de silencio es fruto del respeto a la libertad, pero ¿desde cuándo se denomina así a la falta de conocimiento, voluntad y responsabilidad? (vid. Estudios de cultura político-jurídica). Antes, esos eran rasgos definitorios del hombre, pero con su renuncia, han ido cayendo en la órbita del sistema —casi cumpliéndose el lema de Kodak, «usted apriete el botón, que nosotros hacemos el resto»—, incluso, se ha llegado a priorizar el avance de la inteligencia artificial de las máquinas (mediante el fuzzy set analysis o análisis de conjuntos difusos), mientras que la inteligencia humana ha sido suplantada por la maquinación o cómputo binario. Entonces, tal como están las cosas, si el ser humano reflexionara hoy al respecto, ¿le sería fácil darse cuenta? Quiero pensar que sí, sobre todo si se cuenta con la ayuda del hombre de conocimiento (científico y cultural), quien está llamado, en su ámbito de influencia, a sembrar interrogantes antes que a cosechar certezas. Y es que, en un mundo actual, donde hay una sobresaturación informativa —una jungla exterior que provoca un desierto interior—, la gente se vuelve insensible y tiende a la masificación homogeneizadora (a la baja), por lo que resulta fundamental agitar conciencias y recuperar subjetividades. Una buena manera de hacerlo es volver al método socrático: la mayéutica. A través de la exposición en forma de interrogantes —no por desconocimiento de la materia (más bien al contrario), sino por deseo de hacer partícipe al interlocutor del proceso de aprendizaje, sin suplantarle en la


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reflexión—, se pretende así vigorizar el ánimo crítico, tan necesario en la actualidad, para saber lidiar con todos los cambios en marcha. Por tanto, en lo tocante a la denuncia planteada sobre el positivismo formalista estatal, parece ser que bajo la cobertura del mismo se pretende dar continuidad a una suerte de despotismo ilustrado (heredero del de antaño), de modo que en vez de ser ciudadanos soberanos y autónomos, productores de Derecho y con derechos, en cambio, se nos reduce a la condición de súbditos del sistema —de un estatalismo legislativo que todo lo contempla—, sometidos a un poder difuso, y obligados a seguir una normativa heterónoma y asimétrica, satisfecha sólo por el miedo a quedarnos fuera de dicho sistema. Y es que, además —yendo más allá, en la cuestión de la normatividad—, en la cambiante y difusa globalización, ¿quién dispone del poder y cómo se ejerce? Está claro que una hiperinflación técnica de regulación estatalista no puede servir de mucho, pues si se está reconfigurando la identidad de las colectividades para las que va dirigida tal regulación, entonces, hasta que no se asiente la misma, cualquier norma tendrá deficiencias de legitimidad, validez y eficacia. A tratar los citados interrogantes, se dedican los siguientes epígrafes, expuestos y explicados a modo de un puzle, donde se requiere la participación activa del lector, al presentarse los contenidos como piezas reflexivas, dialogadas (entre el lector y el autor), sin alardes discursivos4, esperando que a la postre todo encaje y muestre el amplio mosaico que se ofrece con la globalización.

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Se ha procurado evitar completar los discursos —se insiste, no por falta de maduración de los mismos (de ahí la referencia a otras obras complementarias), sino por respeto al lector— pues, al dejarlos algo entre-abiertos, cada cual —si le interesa—, bien pueda hacer suyo aquello que más le guste o le estimule para la reflexión —evitándose así los condicionamientos y dogmatismos, que dificultan el afloramiento de las ideas—. En realidad, las ideas están ahí, lo único necesario es tomar conciencia del velo ideológico posmoderno distorsionador, y dar un voto de confianza al ser humano, porque como afirmara tiempo atrás el Presidente (de los EE.UU.) Lincoln: «se puede intentar engañar a unos pocos durante mucho tiempo, o a todos durante poco tiempo, pero no cabe engañar a todos siempre»… esa es la confianza a recuperar (la esperanza humanista), si se desea lograr el tránsito efectivo a la sociedad del conocimiento.


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*** Otro punto preliminar es el relativo a la importancia del lenguaje técnico-profesional. A tal efecto, suelo comenzar mis clases recordando a los estudiantes la importancia de aprender a manejar correctamente el mismo, pues de él se nutre el pensamiento y saber jurídico, a la vez que sirve para su comunicación —algo que influye sensiblemente en el ámbito iuscomparativista, donde si no se presta la atención debida, bien puede terminar incurriéndose en el dicho «traduttore, traditore»—. Es por ello que se llama su atención sobre: a) La importancia de conocer el lenguaje técnico-jurídico; lo que supone: a1) el dominio de la herramienta de trabajo: como expresión de la soltura en el manejo del saber jurídico; a2) la diferenciación con otros lenguajes: tanto el coloquial (desmontándose prejuicios y falacias), como otros técnicos (e.g. dolo es distinto para Derecho que para Medicina); a3) la adquisición de cierto grado de auctoritas de jurista (solo cuando se sabe suficiente, cabe pronunciarse sin resultar temerario). b) La relevancia de emplear con rigor y precisión dicho lenguaje propio; lo que requiere: b1) evitar errores e indeterminaciones, que produzcan resultados no deseados o la interpretación de otros juristas —con el consiguiente desprestigio profesional; b2) saber argumentar y evidenciar, lo que exige dominar la lógica formal jurídica (desde: la sintáctica o relación entre los vocablos; la semántica o relación de la terminología con las instituciones designadas; la pragmática o relación de la terminología con los sujetos que la emplean y su impacto en sus conductas; hasta: enunciación de proposiciones, predicciones, etc.); b3) no incurrir en interpretaciones falaces (por ignorancia y/o intereses creados), conducentes a la construcción; b4) generar una prudencia para no confundir la realidad del ser con el deseo del deber ser (la realidad y la retórica, la descripción con la prescripción, etc. —evitar la falacia naturalística—). Como conclusiones preliminares —puesto que son preventivas, para llamar la atención sobre la importancia del lenguaje técnico-profesional jurídico, pero sin caer tampoco en dogmatismos lingüísticos, porque el Derecho no es su lenguaje, sino este parte de aquel—, en cualquier caso, cabe llamar la atención y recordar que: 1) el lenguaje de la razón es difícil y arduo de aprender (requiere de atención conti-

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