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Juan Jesús Moreno González. Es Presidente del Círculo empresarial intersectorial de empresas de Economía Social y participadas de Servicios Avanzados e Innovación de Andalucía (CLIES). Profesor en diversas universidades públicas andaluzas, es autor en esta misma colección de la obra “Respuestas desde la economía social a la aplicación de la Ley 27/2013 de 27 de diciembre de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local : protección de los servicios públicos locales”. Francisco Manuel Silva Ardanuy (Sevilla, 1980) es Profesor Doctor del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla. Investigador del proyecto DER2013-48327-C3-3-R “Constitución ﬁnanciera vs. Constitución social. Redeﬁnición del Estado autonómico”. Miembro del Grupo de Investigación PAIDI HUM 209. Fellowship del Real Colegio Complutense de la Universidad de Harvard.

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MARCO JURÍDICO PARA LA DIGITALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA ECONOMÍA SOCIAL

Manuel Blanco Pérez (Sevilla, 1980). Ldo. en Filología Hispánica por la Universidad de Sevilla. Doctor en Literatura y Comunicación por la Universidad de Sevilla. Profesor universitario desde 2008 es, en la actualidad, profesor de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Huelva. Desde el 2009 es CEO de la spin-oﬀ universitaria M2 Comunicación. Desde 2016 es Director del Master en Comunicacion Digital & Audiovisual del Instituto de Estudios Cajasol (Sevilla).

Blanco Pérez / Moreno González / Silva Ardanuy

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El mundo de la organización empresarial está experimentando un cambio histórico apenas imaginado hace unos pocos años. El modelo de organización analógica ha dado paso a un universo digital donde, gracias a los entornos hiperconectados, los social media y los sistemas smart, así como al “internet de las cosas”, el big data, etc., la información ﬂuye de manera instantánea, viral, generando un nuevo paradigma sin precedentes que ya es considerado por muchos como la “cuarta revolución”. Además, ese nuevo paradigma es susceptible de ser aplicado a todas las empresas de todas las sectoriales, desde grandes empresas a pymes; basta con conservar los principios startuperos que conlleva toda digitalización institucional. Desde el punto de vista jurídico la conversión de las empresas a este nuevo paradigma digitalizado conlleva no pocos retos que siempre irán muy por delante de la propia legislación: asuntos como el derecho al olvido en los social media, la economía digital y su tributación, la ﬁscalidad del cada vez más habitual e-commerce, o todo lo referente a la propiedad intelectual en un horizonte tan colaborativo son el origen del análisis del presente volumen.

MARCO JURÍDICO PARA LA DIGITALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA ECONOMÍA SOCIAL Manuel Blanco Pérez Juan Jesús Moreno González Francisco Manuel Silva Ardanuy

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COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig

Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia

Ana Cañizares Laso

Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Málaga

Jorge A. Cerdio Herrán

Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México

José Ramón Cossío Díaz

Ministro de la Suprema Corte de Justicia de México

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot

Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

Owen Fiss

Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)

José Antonio García-Cruces González

Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED

Luis López Guerra

Juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid

Ángel M. López y López

Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla

Marta Lorente Sariñena

Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid

Javier de Lucas Martín

Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia

Víctor Moreno Catena

Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid

Francisco Muñoz Conde

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Angelika Nussberger

Jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de Colonia (Alemania)

Héctor Olasolo Alonso

Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)

Luciano Parejo Alfonso

Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid

Tomás Sala Franco

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia

Ignacio Sancho Gargallo

Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España

Tomás S. Vives Antón

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia

Ruth Zimmerling

Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)

Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales

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"LOS DERECHOS SOCIALES RECONOCIDOS A LAS CC.AA. Y ADMINISTRACIÓN LOCAL FRENTE A LA REFORMA DEL ARTÍCULO 135 CE”.

MANUEL BLANCO PÉREZ JUAN JESÚS MORENO GONZÁLEZ FRANCISCO MANUEL Francisco Manuel Silva SILVA Ardanuy ARDANUY

Valencia, 2018

Copyright ® 2018 Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito de los autores y del editor. En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com.

Directores de la Colección:

Francisco Manuel Silva Ardanuy Manuel Terol Becerra

© TIRANT LO BLANCH EDITA: TIRANT LO BLANCH C/ Artes Gráficas, 14 - 46010 - Valencia TELFS.: 96/361 00 48 - 50 FAX: 96/369 41 51 Email:tlb@tirant.com www.tirant.com Librería virtual: www.tirant.es ISBN: 978-84-9143-591-4 MAQUETA: Tink Factoría de Color Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/ empresa/politicas-de-empresa nuestro Procedimiento de quejas. Responsabilidad Social Corporativa: http://www.tirant.net/Docs/RSCTirant.pdf

ÍNDICE 1. INTRODUCCIÓN................................................................................... 11 2. LA CUARTA REVOLUCIÓN: LA DIGITALIZACIÓN EN EL MUNDO DE LA EMPRESA.................................................................................... 21 2.1. Contexto social y nueva cultura digital 3.0..................................... 21 2.1.1. Un nuevo entorno digital: lo móvil como concepto.............. 24 2.1.2. El internet de las cosas (IoT)................................................ 27 2.1.3. La obtención de datos: el petróleo del s. XXI....................... 29 2.1.4. El nuevo consumidor: privacidad versus likes....................... 31 2.1.5. La deslocalización en los puestos laborales; el nacimiento del trabajador telemático y su figura en la digitalización empresarial: el Smart Working....................................................... 32 2.1.6. La nube y los productos cloud.............................................. 35 2.1.7. El big data aplicado al funcionamiento de las pymes............ 36 3. LA REGULACIÓN JURÍDICA................................................................. 39 3.1. E-commerce y protección de los consumidores................................ 39 3.1.1. Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. (BOE núm. 287, de 30/11/2007)..................... 39 3.2. Sobre privacidad y comunicación digital......................................... 49 3.2.1. Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. (BOE núm. 298, de 14/12/1999).......................................................................... 49 3.2.2. Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones. (BOE núm. 114, de 10 de mayo de 2014)............................. 55 3.3. Derecho al olvido............................................................................ 63 3.3.1. Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos................... 63 3.3.2. Del acuerdo Safe Harbour entre EEUU y la UE por el que se regula la transacción de datos personales entre los Estados Unidos de Norteamérica y la Unión Europea........................ 73 3.4. Propiedad intelectual....................................................................... 77 3.4.1. Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia. (BOE núm. 97, de 22/04/1996).......................................................................... 77

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3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.4.2. Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (modificaciones del Capítulo XI del Título XIII del Libro II dedicado a los delitos relativos a la Propiedad Intelectual e Industrial, al Mercado y a los Consumidores)............. 80 Financiación y fiscalidad................................................................. 84 3.5.1. Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial. (BOE núm. 101, de 28 de abril de 2015).......... 84 3.5.2. Ley 28/2014, de 27 de noviembre, por la que modifican entre otras la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (BOE de 28 de noviembre)........................ 92 Medios de pago, e-identificación y facturación................................ 94 3.6.1. Reglamento (UE) 2015/751 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2015 sobre las tasas de intercambio aplicadas a las operaciones de pago con tarjeta.............. 94 3.6.2. Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público. (BOE núm. 311, de 28 de diciembre de 2013).................................................................................... 105 3.6.3. Reglamento (UE) Nº 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de julio de 2014 relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior y por la que se deroga la Directiva 1999/93/CE........................................................... 109 Resolución de reclamaciones........................................................... 125 3.7.1. Directiva ADR (DIRECTIVE 2013/11/EU Of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on alternative dispute resolution for consumer disputes and amending Regulation (EC) No 2006/2004 and Directive 2009/22/EC (Directive on consumer ADR)............................................... 125 Economía colaborativa.................................................................... 136 3.8.1. Orden 2799/2015 de 18 de diciembre del Ministerio de Fomento, por la que se modifica la Orden FOM/36/2008, de 9 de enero, por la que se desarrolla la sección segunda del capítulo IV del título V, en materia de arrendamiento de vehículos con conductor, del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, aprobado por el Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre (BOE núm. 307, de 24 de diciembre de 2015)............................................................... 136 3.8.2. Legislación autonómica relativa al alquiler de viviendas y apartamentos turísticos........................................................ 140 – Decreto 28/2016, de 2 de febrero, de las viviendas con fines turísticos y de modificación del Decreto 194/2010, de 20 de abril, de establecimientos de apartamentos turísticos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA Nº 28, de 11 de febrero de 2016)........................ 140

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9 – Decreto 159/2012, de 20 de noviembre, de establecimientos de alojamiento turístico y de viviendas de uso turístico de la Comunidad Autónoma de Cataluña. (DOGC núm. 6268 de 05 de diciembre de 2012............ 144

4. BIBLIOGRAFÍA....................................................................................... 149

1. INTRODUCCIÓN Comenzando con una referencia histórica, el punto de nacimiento de la Economía Social podría identificarse en 1844, en un contexto de falta de regulación del mercado, un modelo económico de acumulación de riquezas e inexistentes o muy precarios derechos laborales, como reacción colectiva frente a la exclusión y a las barreras de entrada al consumo y al trabajo que planteaba el mercado y la concepción social de la época abarcando distintos campos: consumo, viviendas, producción (agrícola, artesanal, industrial). Adoptando dicha reacción forma de organizaciones bajo diversos principios, que se constituirán posteriormente en el marco definidor de lo que debe ser una cooperativa, y siendo éstos: Principio de solidaridad de “puerta abierta”. La regla de “una persona un voto” (democracia organizativa). La venta a precio de coste (actuar en el mercado sin “ánimo de lucro”). La bonificación a los socios sobre la porción no reinvertida de los beneficios (retorno cooperativo). La creación de medios para el desarrollo integral de la persona (fondos de educación). Estos principios hicieron de la cooperativa la figura que originó lo que más tarde llamamos “Economía Social”. Existiendo muchas definiciones de cooperativa, vamos a optar por la de la A.C.I. (Alianza Cooperativa Internacional), adoptada en el congreso celebrado en Manchester en 1995, definiendo a la cooperativa como: ”Una asociación autónoma de personas que se han unido de forma voluntaria para satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales, y culturales en común mediante una empresa de propiedad conjunta y de gestión democrática.”

Siguiendo con las siguientes características: “Las cooperativas estarán basadas en los valores de autoayuda, autorresponsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad. Siguiendo la tradición de sus socios fundadores hacen suyos los valores Utópicos de la honestidad, la transparencia, la responsabilidad y la vocación social”.

Podemos añadir que las cooperativas están implantadas en los cinco continentes y en prácticamente todos los sectores. Avalando esto el cálculo aceptado de que un 17% de la población mundial es miembro de una cooperativa, así como que, dada la gran diversidad de actividades que realizan se puedan distinguir cinco grandes tipos: cooperativas de trabajo, de consumo, de crédito, de vivienda y agrícolas.

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Podemos afirmar que las cooperativas son las organizaciones empresariales más antiguas, las más extendidas internacionalmente y las que actúan en un mayor número de sectores económicos. En el Congreso de la ACI (1995) se establecen los siguientes principios inherentes a las cooperativas: 1. Principio adhesión voluntaria y abierta: “Las cooperativas son organizaciones voluntarias, abiertas a todas las personas capaces de utilizar sus servicios y dispuestas a aceptar las responsabilidades de ser socio, sin discriminación social, política, religiosa, racial o de sexo.”

2. Principio gestión democrática: “Las cooperativas son organizaciones gestionadas democráticamente por los socios.”

3. Principio de participación económica de los socios: “Los socios contribuyen equitativamente al capital de sus cooperativas y lo gestionan de forma democrática. Normalmente reciben una compensación limitada sobre el capital librado por su condición de socios.

4. Principio autonomía e independencia: “Las cooperativas son organizaciones autónomas de autoayuda gestionadas por sus socios.”.

5. Principio educación formación e información: “Las cooperativas proporcionan educación y formación a los socios, a los representantes escogidos, a los directivos y a los trabajadores para que puedan contribuir de manera eficaz al desarrollo de sus cooperativas..”

6. Principio cooperación entre cooperativas: “Las cooperativas sirven a sus socios lo más eficazmente posible y fortalecen el movimiento cooperativo trabajando conjuntamente mediante estructuras locales, nacionales, regionales e internacionales.

7. Principio de interés por la comunidad: “Al mismo tiempo que se centran en las necesidades y los deseos de sus socios, las cooperativas trabajan para conseguir el desarrollo sostenible de sus comunidades”.

Hasta principios de la década de los 80, lo que hoy se conoce como Economía Social era asimilado exclusivamente al cooperativismo o “movimiento cooperativo” que, ciertamente, constituye la columna vertebral

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de la Economía Social, de hecho, hasta 1993 no se celebra en España el l Congreso de Economía Social. En dicho contexto podríamos aproximar la siguiente definición de Economía Social: “Actividades económicas democráticamente gestionadas que no se llevan a cabo en el sector público y que no presuponen que el beneficio económico sea su principal objetivo”.

Y aseverar que ha sido capaz de dar mejor respuesta a problemas de la Economía, tales como: • En materia de empleo: Generando puestos de trabajo de mayor estabilidad y calidad, y con más alto crecimiento, que el del sistema económico general, contribuyendo a fijar la población en áreas geográficas donde la economía tradicional es más débil o está en crisis. • El fomento de la capacidad emprendedora y empresarial: • Ofreciendo fórmulas empresariales adecuadas para el desarrollo del espíritu y la capacidad del emprendedor. • La Cohesión e Inserción Social: • Mediante el trabajo asociativo o cooperativo, para la integración laboral y social de las personas y grupos en riesgo de exclusión. En relación a las nuevas necesidades sociales: Colaborando con los sistemas de protección social a fin de atender adecuadamente a necesidades específicas (discapacitados, tercera edad, parados de larga duración, trabajadores autónomos, jóvenes, mujeres, inmigrantes, etc.). La Economía Social responde al reto europeo que se adquirió en la Cumbre de Lisboa de crecer económicamente y con cohesión social. Estas entidades, además, han demostrado su capacidad de adaptarse a la economía de mercado, mientras mantienen su sentido de responsabilidad social. A pesar de estar comúnmente aceptado lo anteriormente dicho, se nos presenta un problema definitorio en la actualidad, y así, es muy frecuente encontrar en la literatura definiciones pragmáticas de “Economía Social” o “Tercer Sector”. No encontrando unanimidad en ello, mientras unos incluyen en la Economía Social a las cooperativas, mutuas y asociaciones que cumplen funciones económicas sin ánimo de lucro. Otros amplían su alcance al considerar también las organizaciones sociales y políticas (partidos, grupos de interés, lobbies, sindicatos, organizaciones de base). Las organizaciones no gubernamentales y el voluntariado tienen en la anterior clasificación un puesto de privilegio. Dada esta controversia, hemos optado, basándonos en el Ordenamiento Jurídico Español y en los datos estadísticos sobre la composición

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del sistema productivo español y andaluz, en reformular el concepto de Economía Social. En primer lugar tenemos en cuenta en La Ley 5/2011 de marzo publicada en BOE de 30 de marzo de 2011 el artículo que sigue referido a las organizaciones que son consideradas de Economía Social: Artículo 5. Entidades de la economía social. 1. Forman parte de la economía social las cooperativas, las mutualidades, las fundaciones y las asociaciones que lleven a cabo actividad económica, las sociedades laborales, las empresas de inserción, los centros especiales de empleo, las cofradías de pescadores, las sociedades agrarias de transformación y las entidades singulares creadas por normas específicas que se rijan por los principios establecidos en el artículo anterior. 2. Asimismo, podrán formar parte de la economía social aquellas entidades que realicen actividad económica y empresarial, cuyas reglas de funcionamiento respondan a los principios enumerados en el artículo anterior, y que sean incluidas en el catálogo de entidades establecido en el artículo 6 de esta Ley. 3. En todo caso, las entidades de la economía social se regularán por sus normas sustantivas específicas.

En segundo lugar, atendemos los siguientes datos correspondientes a la composición del sistema productivo andaluz por tamaño de los agentes e incidencia en el empleo: Según el Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica de Andalucía, año 2012, del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, de las 475.665 empresas existentes, de las cuales autónomos y profesionales representan el 60’60% de ellas y el 13’89% del empleo; las microempresas el 34’92% de empresas y el 21’90% del empleo, lo que supone que entre figuras representan el 95’52% de las empresas y el 35’79% del empleo. Las pequeñas empresas, considerando la definición de la Unión Europea de aquellas con menos de 100 trabajadores, representan el 4’17% de las empresas y el 24’25% del empleo. En conjunto supone, que el perfil que pretendemos incorporar a esta Ley suman el 99’69% de empresas y el 60’04% del empleo. Y dadas las circunstancias cambiantes y globales del sistema hemos creído conveniente redefinir los agentes del Modelo Productivo Andaluz no sólo para su identificación, sino también, para ponerlo en relación con la necesidad de que realicen dichos agentes acciones empresariales sólidas, modernizadas y capaces de dar respuesta a los retos aprovechando las oportunidades, y de adaptarse a un entorno cada vez más complejo en el que han de desenvolverse. No debe olvidarse, que las Sociedades que han triunfado siempre son las que mejor se adaptan a los cambios, y en

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nuestro caso nos debe llevar a trabajar en sintonía con dichos agentes para hacer posible la adaptación Para ello es necesario entender que el nuevo Modelo Productivo debe estar identificado con un doble criterio relacionados con un proyecto y un compromiso: a) El Modelo ha de identificarse con un proyecto de vida productivo individual o colectivo. Es decir, debe englobar todas aquellas actividades productivas individuales o colectivas que representen un proyecto de vida productivo, definido por y para las personas que lo constituyen. Es necesario que el elemento clave de una actividad productiva sea la de obtener recursos suficientes y necesarios para que las familias implicadas puedan tener un nivel de vida digno y de calidad. b) El Modelo debe incorporar el compromiso con la sociedad andaluza, su modernización económica y desarrollo humano. Si se quiere que el Modelo obtenga el apoyo de la Sociedad Andaluza para su impulso y crecimiento, deberá desempeñar un papel clave en la construcción de la Sociedad Andaluza, respondiendo a los retos y oportunidades con visión y perspectiva de futuro, y deberá ser capaz de romper con barreras culturales que frenen el desarrollo económico y humano en Andalucía. Esto supone la implicación del Modelo Productivo con la Sociedad. No descubrimos nada, si decimos que la Economía Social conecta con este modelo de forma amplia, aunque no completa si atendemos sólo a los criterios expuestos anteriormente. La empresa de Economía Social se puede entender como aquella actividad económica organizada en torno al valor fuerza de trabajo, no especulativa, no retributiva del capital y si cumplidora de una función social. Pero es necesario reconocer, que el entramado organizativo de la Economía Social no incluye a la generalidad de autónomos, ni de pequeños empresarios que tengan adquirida una fórmula estatutaria de SL o SA, y así se recoge en la Ley 5/2011, de 29 de marzo de Economía Social en su artículo 5.1. No obstante, el artículo 5.2 de la ley introduce un concepto más amplio, lo que ello nos permite hablar de una Economía Social Ampliada, al considerar como parte de la Economía Social a las entidades que en la realización de su actividad económica y empresarial, presenten unas reglas de funcionamiento que respondan a los principios propios de la Economía Social. En base a los argumentos señalados, creemos que es importante incluir todas aquellas formas de actividad económica en que la fuerza trabajo sea la predominante, tales como, el trabajo autónomo que refleja un proyecto de vida propio de carácter productivo en el que muchas veces incluye un

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esfuerzo no individual sino familiar, las microempresas e incluso aquellas sociedades que definen un proyecto de vida colectivo, y que como tal practican la democracia participativa directa en el proceso de toma de decisiones y el capital no es remunerado por encima de ciertos niveles. Por último, relacionar los datos estadísticos de la Economía Social en Andalucía de forma ampliada y comentada aceptados por el Instituto de Estadísticas de Andalucía. Las Empresas de Economía Social andaluzas se distribuyen provincialmente de manera casi homogénea. Todas tienen entre el 9 y 14 por ciento de las empresas, salvo Sevilla que concentra el 21%. El Sector Servicios es el más representativo en Andalucía según el número de empresas (60%), seguido de la Industria (20%), la Agricultura con el 12% y la Construcción el 8%. Si desglosamos la actividad de las empresas por secciones, según la CNAE2009 (Clasificación de Actividades Económicas de 2009), observamos que del 60% del sector Servicios, el 28% pertenece al comercio y la hostelería, el 12% a “Educación, actividades sanitarias y sociales”, el 10% a “Actividades profesionales y servicios auxiliares”, el 6% a “Transporte, almacenamiento y comunicaciones” y el 4% al resto de actividades relacionadas con los servicios. En relación al empleo, Andalucía registra el 18,2% del total de la Economía Social nacional, lo que la sitúa a la cabeza empleando a 64.950 trabajadores, 52.217 en Cooperativas y 12.733 en Sociedades Laborales. Se constata cómo las Empresas de Economía Social y en particular las cooperativas con su apuesta por el valor empresarial focalizado en las personas y, por ende, en los trabajadores, están demostrando ser un instrumento eficaz contra el desempleo, ya que contribuyen al fomento del emprendimiento y el autoempleo contribuyendo a generar un empleo más estable. Una parte relevante de este bloque está dedicado a los grandes sectores tradicionales del cooperativismo en Andalucía: las cooperativas agroalimentarias, las de transporte, las de trabajo y las de consumo. Las cooperativas de Transportes representadas por EMCOFEANTRAN (Federación Andaluza de Cooperativas de Transporte) han sufrido la subida de los costes en general en este sector, la liberalización, la competencia desleal y las tasas impuestas por circular en Europa, entre otros factores. Todo ello ha supuesto que los transportistas se encuentren en una situación de indefensión y debilidad ante las empresas cargadoras e incluso ante la Administración. Es cierto que algunas barreras de entradas y trabas administrativas se han resuelto con la Ley 14/2011 pero siguen existiendo impedimentos, como por ejemplo la exigencia de empezar la actividad con

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un mínimo de tres vehículos, que deja en desventaja a estos emprendedores autónomos. Las Cooperativas de Trabajo en Andalucía asociadas en FAECTA (Federación Andaluza de Empresas Cooperativas de Trabajo), están presentes en todos los sectores productivos, con una presencia más destacada en las industrias manufactureras y en los servicios, sobre todo en los servicios sociales, sanitarios, asistenciales y educación. Estas cooperativas están aportando nuevas prácticas sociales en diferentes áreas de la sociedad promoviendo la innovación social y la democratización de la economía, desarrollando nuevas ideas para satisfacer las necesidades de la ciudadanía, entre las que se encuentran: la Innovación social para los territorios, colaborando con los ayuntamientos con propuestas de creación de puestos de trabajo en el ámbito local a través de la constitución de cooperativas formadas por jóvenes de la localidad que gestionen servicios públicos, así como espacios de uso general que se encuentren infrautilizados; nuevas fórmulas de emprendimiento, como las cooperativas de impulso empresarial o apostando por el cooperativismo como alternativa para empresas en quiebra o sin relevo generacional; transfiriendo buenas prácticas, como las referidas al reparto de la riqueza, empleo estable, afianzamiento en el territorio; y también como aliadas para la prestación de servicios públicos. El 80% de los municipios andaluces cuenta con una empresa cooperativa que actúa como agente dinamizador de la economía local y como núcleo económico de la zona. Respecto a las cooperativas de carácter agroalimentario es Andalucía la comunidad donde esta forma jurídica tiene una mayor presencia, tanto en número de sociedades cooperativas como en cifra de negocio. FAECA, como entidad representativa del sector, agrupa a la práctica totalidad de las cooperativas agroindustriales de Andalucía (700), cerca de 280.000 socios agricultores y ganaderos que representan más del 50% de la producción agraria regional, si bien en sectores como el aceite y el vino este porcentaje supera el 70% (datos 2014). Sin embargo, si nos referimos a la integración económica, donde las sociedades cooperativas de primer grado participan como socias en otras de segundo grado, cediendo el poder de decisión en esas estructuras de integración es mucho más bajo. Son muchos y de vital importancia los retos que se le presentan en la actualidad al cooperativismo agroalimentario andaluz. De su consecución dependerá que éste se convierta en un indiscutible motor de la economía andaluza. Las principales líneas de actuación deben ser el aumento de la profesionalización y de la formación, la participación activa en el comercio exterior, la implantación y utilización masiva de las

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Tecnologías de la Información y Comunicación, sobre todo del comercio electrónico, el fomento de una agricultura cada vez más valorada como es la ecológica, la apuesta por la inversión en I+D+i, la diversificación de las actividades y un mayor grado de integración/concentración empresarial. Queremos también resaltar la importancia en Andalucía del cooperativismo femenino, representadas por AMECOOP, donde se crea 17.440 empleos directos para mujeres y se estima en otros 25.000 los indirectos, lo que representa casi el 80% de la empleabilidad femenina de la economía social. Es el sector servicios, con el 80,4%, el sector de actividad que más empleo femenino genera dentro del cooperativismo, seguido de la agricultura, con el 10,1%, la industria con el 8,6% y la construcción con el 0,9%. No obstante, cabe también plantearse, en función de lo que constatan algunos indicadores por qué son tan desiguales los indicadores de empleabilidad y liderazgo económico dentro del propio seno de la Economía Social (Cooperativas, Sociedades laborales, Autónomas...). Y también por qué estos indicadores son tan asimétricos dentro del propio modelo cooperativo (trabajo, agrario, consumo, etc.). Las respuestas deberían bastarnos para obtener una primera aproximación y para crear referencias que puedan resultar efectivas a la hora de extrapolar un modelo en relación al cooperativismo, así como de construir modelos económicos y empresariales con un alto grado de igualdad efectiva. Mención aparte merecen las sociedades laborales, representadas por FEANSAL (Federación Andaluza de Sociedades Laborales) cuya principal característica, es ser empresas gestionadas y participadas por los trabajadores, que compatibilizan una doble función de socio y trabajador, con lo que las personas integrantes de una sociedad laboral son a la vez empresarios y asalariados. Desde Andalucía se ha apostado fuertemente por este modelo de empresa, y de hecho es la Comunidad Autónoma con mayor número de Sociedades Laborales en España. Según los datos correspondientes al tercer trimestre de 2014, en España hay 12.487 Sociedades Laborales de las que el 23,86% pertenecen a Andalucía, seguida de Madrid con el 10,66% y de Cataluña con el 8,40%. Son varios los retos pendientes en este tipo de sociedades: mejorar la accesibilidad al crédito financiero y la reforma de Ley de Sociedades Laborales, lo que supondría un nuevo impulso en la creación de empleo colectivo a través de la constitución de este tipo de empresas y un mayor atractivo del modelo por la incorporación de elementos de fiscalidad que refuerzan la idea del compromiso colectivo. Otro colectivo que viene despuntando en muchos sentidos es el que constituyen a los autónomos representados por CAESA (Confederación de Autónomos de Economía Social de Andalucía). A di-

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ferencia de décadas pasadas, cuando se identificaba el trabajo autónomo con actividades con escasa repercusión socioeconómica, en la actualidad el colectivo lidera nuevas modalidades profesionales, actividades con un alto valor añadido y modelos tecnológicos que están sentando las bases del desarrollo sostenible en el que espera consolidarse la sociedad andaluza. La significativa recuperación de este sector de la economía andaluza se ha consolidado en 2014 (último año de análisis), con un 487.086 autónomos, un 3,42% más que en 2013. De esta forma, se ha recuperado e, incluso, superado las cotas máximas de afiliados de los años previos a la crisis. En este apartado hemos intentado hacer un breve recorrido histórico conceptual de la Economía Social apoyado en los primeros principios rectores, los jurídicos y su participación en el sistema económico. Teniendo dicho recorrido el cometido de justificar de nuestra redefinición conceptual: La Economía Social Ampliada.