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Lluís Aguiló Mª Mercedes Boronat Ángela Coquillat Juan Martín Queralt José Luis Martínez Morales Purificación Martorell Ramón Pascual Maiques Constancio Villaplana

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DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

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´ JURIDICA

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La “profusión” de Colegios de Abogados y el “grave perjuicio que irrogan” (los Estatutos de 1838 y el conflicto de residencia) Carles Tormo i Camallonga

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El principio de oportunidad en el borrador del Código Procesal Penal Ignacio de Guzmán Muñoz Precios públicos universitarios. Régimen jurídico y propuestas de reforma Nicolás Sánchez García El fin de la arbitraria tributación de las hipotecas unilaterales a favor de la AEAT Rafael Rivas Andrés

Equipo de redacción Lluis Aguiló i Lúcia Profesor Titular de Derecho Constitucional. Letrado de Les Corts Valencianes.

Mª Mercedes Boronat Tormo Magistrada de la Sala de lo Social del Tribunal superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Ángela Coquillat Vicente Abogada.

Juan Martín Queralt Catedrático de Derecho Financiero y Tributario. Abogado.

José Luis Martínez Morales Abogado. Profesor Titular de Derecho Administrativo.

Purificación Martorell Zulueta Magistrada de la Audiencia Provincial de Valencia.

Ramón Pascual Maiques Notario.

Constancio Villaplana García Registrador de la Propiedad de Alicante Director: José Flors Matíes Magistrado jubilado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana

Dirigida por José Flors Matíes

Publicación trimestral Nº 50/ abril 2014 Índice

ARTÍCULOS – La “profusión” de Colegios de Abogados y el “grave perjuicio que irrogan” (los Estatutos de 1838 y el conflicto de residencia), por Carles Tormo i Camallonga........................

– El principio de oportunidad en el borrador del Código Procesal Penal, por Ignacio de Guzmán Muñoz ..........................................................................................................

– Precios públicos universitarios. Régimen jurídico y propuestas de reforma, por Nicolás Sánchez García ...........................................................................................................

– El fin de la arbitraria tributación de las hipotecas unilaterales a favor de la AEAT, por Rafael Rivas Andrés ...................................................................................................

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NOVEDADES EN LA JURISPRUDENCIA CIVIL – Doctrina jurisprudencial del Pleno de la Sala Civil del Tribunal Supremo, por José Flors Matíes.........................................................................................................................

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JURISPRUDENCIA – CIVIL, seleccionada por Purificación Martorell Zulueta ..............................................

– PENAL, seleccionada por Ángela Coquillat Vicente.....................................................

– CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA, seleccionada por José Luis Martínez Morales ....

– LABORAL, seleccionada por Mª Mercedes Boronat Tormo .........................................

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DOCTRINA DE LA DGRN – Resoluciones, por Constancio Villaplana García .........................................................

– Comentarios, por Ramón Pascual Maiques ................................................................

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TRIBUTARIO – Resoluciones de actualidad, por Juan Martín Queralt, por José Luis Bosch Cholbi y Alberto García Moreno ...............................................................................................

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CRÓNICA DE LA ACTIVIDAD LEGISLATIVA – Por Lluís Aguiló i Lúcia...............................................................................................

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LA PROFUSIÓN DE COLEGIOS DE ABOGADOS Y EL GRAVE PERJUICIO QUE IRROGAN Los Estatutos de 1838 y el conflicto de residencia a propósito de los colegios de Valencia y Sueca

Carles Tormo i Camallonga Universitat de València-Estudi General

SUMARIO I. PRELIMINARES. II. FORMACIÓN LETRADA Y OTRAS EXIGENCIAS. III. ESTRUCTURA ORGÁNICA COLEGIAL. IV. LA EXCLUSIVIDAD EN LA RESIDENCIA COMO CONFLICTO. V. LOS ABOGADOS DE POBRES Y OFICIO. VI. UNA OPORTUNIDAD PERDIDA: LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL. VII. EL OCASO DE LA INTERVENCIÓN JUDICIAL EN EL RÉGIMEN COLEGIAL. VIII. UNA INSTITUCIÓN OPORTUNA A LA ESPERA DE DESTINO. IX. CONCLUSIÓN.

I. PRELIMINARES Por real decreto de la reina regente de 5 de mayo de 1838, publicado por orden de 28 del mismo mes, se aprueban los Estatutos para el régimen de los Colegios de Abogados del Reino, por los que debían gobernarse todos los colegios de abogados, tanto los que ya existían en ese momento como los que se fundaran en adelante1. Si hasta entonces cada uno de ellos había dispuesto de sus propias ordenanzas —eso

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Las palabras en cursiva del título de este artículo proceden del escrito que el 3 de julio de 1851 remite al Gobierno el Colegio de Abogados de Valencia, en donde se lamentaba de los inconvenientes ocasionados con la “extensión casi ilimitada” de colegios que permitía el artículo 2º de los Estatutos de los Colegios de Abogados de 1838; Archivo del Ministerio de Justicia (en adelante, AMJ), Varios 300-1/199. Pueden verse los Estatutos en M. Martínez Alcubilla, Diccionario de la Administración Española, 8 vols., Madrid, 1886-1887, I, pp. 58-61. Véase legislación posterior en sus siguientes páginas.

sí, la filiación de su mayoría al colegio matritense les confería una gran homogeneidad normativa y funcional—, los Estatutos supondrán la unificación del régimen colegial en toda España, en consonancia con la ideología política liberal reinstaurada en 1836.

Y si, en colisión con sus esencias programáticas —expuestas en el decreto de 11 de julio de 1837, que restablecía el de 8 de junio de 1823, declarando el libre ejercicio sin necesidad de inscripción en corporación alguna—, se imponía la colegiación forzosa, al menos se hacía desde la mayor uniformidad posible para todos los colegios y sus individuos2. Los Estatutos de 1838 y la legislación posterior no serán, pues, más que la continuación de un proceso reformista que, partiendo de la legislación gaditana, había empezado a concretarse durante el Trienio Liberal, a instancias en gran parte de los abogados madrileños, y había continuado tras la muerte de Fernando VII. Un proceso presidido, entre otras características y como iremos viendo, por los continuos vaivenes de sus disposiciones, por sus idas y venidas.

Como pauta marcada del nuevo orden, y manteniendo los colegios ya existentes, los Estatutos ordenan establecer un colegio, además de en cada capital de provincia y sede de los tribunales superiores, en todos y cada uno los pueblos y partidos judiciales con al menos 20 abogados de residencia fija. Y si así lo deseaban, también podían formar colegio los letrados domiciliados en dos o más partidos judiciales cuando la suma de todos ellos llegara a esta cifra. Pero el concepto oscuro de éste y de otros de sus mandatos, como diría el decreto de 1863 que seguidamente referenciamos, los Estatutos fueron causa de numerosas enmiendas posteriores, destacando la orden de 6 de junio de 1844, de Restablecimiento en toda su fuerza y vigor del artículo 1º; el decreto de 31 de marzo de 1863, Modificando los estatutos de los colegios de abogados; y la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) de 15 de septiembre de 18703. Vaya por delante que en absoluto lograron estas normas subsanar el desconcierto colegial que con los mismos Estatutos se iniciaba —o tal vez se continuaba—. Las mismas contrariedades y problemas trasmutados se arrastraron durante todo el tiempo en que estuvieron vigentes, hasta su substitución por los estatutos de 1895.

El objetivo de estas páginas es aproximarnos al asociacionismo de los abogados españoles, en el momento de quiebra definitiva de la tradicional filosofía funcional de las corporaciones de oficios como intermediarios sociales. Ello desde la máxima anticipada de que, por sus implicaciones públicas, no merecerán por parte del gobierno el trato netamente liberal que sí se otorgó a otras corporaciones, más economicistas, como pudieran ser los gremios. Intentaremos descifrar el quehacer o, lo que es lo mismo, la verdadera problemática que presidió la vigencia y aplicación de los estatutos del 38, partiendo de la premisa apuntada de que la de las profesiones liberales del XIX será una realidad que navegará, en todo momento, entre el libre ejercicio y la colegiación forzosa. Intentaremos ver en qué medida se entiende esta última para los letrados, y cómo se materializará territorialmente, dentro de un mismo partido judicial y entre diferentes colegios. Porque, si hasta ese momento los colegios de abogados

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C. Tormo Camallonga, “Derechos individuales, derechos corporativos: el decreto LX de 22 de abril de 1811”, El legado de las Cortes de Cádiz, Pilar García Trobat y Remedio Sánchez Férriz (coords.), Valencia, 2011, pp. 433-454.

Colección Legislativa, XXXII, pp. 744-747, LXXXIX, pp. 251-255, y CIV, pp. 968-1135.

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eran exclusivamente locales, ahora también los habrá supramunicipales. Estos últimos, precisamente, serán los que aportarán mayor complejidad al sistema, y los que requerirán de una más precisa interpretación, o lo que es lo mismo, de una permanente modificación y reinterpretación de la normativa colegial.

Tomaremos como punto de partida el colegio de abogados de nueva creación de la población valenciana de Sueca, cuya junta fundacional data de 17 de agosto de 1841.

Cercano al de la capital provincial, Valencia, en donde radicaba la audiencia, y con otra población equiparable en importancia dentro su partido judicial, como era Cullera, nos servirá de referencia por mostrarnos una situación que creemos arquetípica a la de tantos otros colegios que se fueron fundando por todo el territorio nacional4. Las conclusiones que extraeremos de la lectura de sus actas bien podremos hacerlas extensivas al resto de colegios.

Pero antes que nada, y para situarnos en contexto, repasaremos brevemente las exigencias formativas que el orden liberal pretenderá de los juristas y abogados, y la estructura orgánica de los nuevos colegios.

II. FORMACIÓN LETRADA Y OTRAS EXIGENCIAS Partiendo de un mínimo de edad, y hasta 1842, los estudios de Derecho se repartían entre las dos históricas facultades de Leyes y Cánones, exigiéndose, en principio, cualesquiera de las dos titulaciones, aunque con una clara preferencia desde el siglo anterior por Leyes5. Con el decreto de refundición de 1 de octubre de 1842, “dando una nueva organización a la carrera de estudios de Jurisprudencia”, los estudios cano-

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El partido judicial de Sueca comprendía, además, los municipios colindantes de Albalat de la Ribera, Almussafes, Tavernes de la Valldigna y Sollana. Hasta 1895, y además de los de las capitales de provincia, tenemos constancia documental en el archivo del Ministerio de Justicia, de que también se fundaron, al menos, los otros colegios siguientes (algunos de ellos de vida fugaz, otros fusionados más tarde): Alba de Tormes, Alcañiz, Alcalá de Henares, Almazán, Arnedo-Alfaro, Balaguer, Barbastro, Benavente, Briviesca, Calahorra, Calatayud, Caravaca de la Cruz, Carmona, Cartagena, Cervera, Ciudad Rodrigo, Colmenar Viejo, Don Benito, Entrambasaguas, Figueres, Gandía, Guadix, Haro, Jerez de la Frontera, Lerma, San Cristóbal de la Laguna, Llerena, Medina del Campo-Nava del Rey, Medina de Ríoseco, Mahón, Mondoñedo, Montilla, Morón de la Frontera, Nájera, Orihuela, Osuna, Peñafiel, Pina de Ebro-Belchite, Reus, Ronda, Santiago de Compostela, Talavera de la Reina, Toro, Torrijos-Escalona, Tremp, Trujillo, Vergara, Villalón y Yecla. Por su parte, no podemos asegurar si finalmente se fundaron los de Berga, Laguardia, Peñaranda de Bracamonte y Tudela. Huelga decir que ésta no es, ni mucho menos, una lista cerrada.

El mínimo de edad era de 17 años, pero, por la configuración de los planes de estudios, nadie podría verse limitado por esta exigencia, real cédula de 27 de enero de 1833, Colección Legislativa, XVIII, pp. 21-22. Esta cédula restablecía la ley de Partidas 3, 6, 2, que había quedado derogada por la real orden de 8 de junio de 1826, en la que se fijaba la edad mínima de 25 años. Con la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1870, en su artículo 873.1, la prohibición se ampliará hasta los más realistas 21 años. Por auto acordado de 1773, por otra parte, se extendía a todas las universidades peninsulares una real provisión del año anterior dada para la universidad de Alcalá de Henares, según la cual en adelante solo cabría recibir como abogados a los bachilleres en Leyes; la provisión no se remitió a la audiencia de Valencia hasta mayo de 1784; C. Tormo Camallonga, El Colegio de Abogados de Valencia. Entre el Antiguo Régimen y el Liberalismo, Valencia, p. 269.

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nistas quedarán definitivamente relegados, y su facultad absorbida en la de Leyes. A partir de ahora se exigirá la licenciatura en Derecho Civil y Canónico, que se obtendría después de 8 cursos. Pero será el plan de estudios de 1845, de Pedro José Pidal, el que formará a la mayoría de colegiados dentro de este período, reduciéndose la carrera a 5 cursos de bachiller, dos de licenciatura y uno de doctor6. Los siguientes planes de estudios, hasta llegar al de Alejandro Pidal y Mon, de 1884, serán en esencia modificaciones del de 1845, teniendo como norte su adaptación a un ordenamiento jurídico que se querrá presidido por la legislación codificada. La hegemonía de los derechos romano y canónico era ya cosa del pasado, decantándose su contenido por el derecho privado positivo, civil y mercantil, que es el que demandaba la nueva sociedad burguesa, así como su garante, el penal. Igualmente, y al servicio del legalismo decimonónico, se imponían unos nuevos sistemas metodológicos, cada vez más apartados del escolasticismo del Antiguo Régimen, y centrados en la memorización y el dominio de datos, con su acreditación mediante exámenes anuales. Sin duda, es el profesor Mariano Peset, al que desde aquí nos remitimos, quien mejor ha escrito sobre todas estas cuestiones7.

Con el título académico, el siguiente paso era el recibimiento como abogado ante los tribunales, exigencia que se retrotrae al menos hasta Partidas y las Ordenanzas de Abogados de los Reyes Católicos de 1498, y que se confirmará en multitud de normas posteriores. Coherentemente con el sobredicho decreto de 1 de octubre de 1842, esta especie de reválida se extingue definitivamente con la real orden de 6 de noviembre de 1843, bastando para abogar a partir de ahora el mero título de licenciado. Competencia gubernativo-administrativa como ésta, que se atribuía al ministro de Gobernación de la Península, no podía seguir recayendo en los tribunales de justicia, a los que se quería eximidos de cualquier potestad más allá de la judicial8. Aquel examen venía precedido,

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A saber: Prolegómenos del Derecho, historia y elementos del Derecho romano, y Economía política, en primero; continuación del Derecho romano, en segundo; Derechos civil, mercantil y criminal de España, en tercero; Historia e instituciones del Derecho canónico, en cuarto; Códigos civiles españoles, código de comercio, materia criminal, y Derecho político y administrativo, en quinto; Disciplina general de la Iglesia, y, en particular, de la de España así como Colecciones canónicas, en sexto; Academia teórico-práctica de jurisprudencia, y Estilo y elocuencia con aplicación al foro, en séptimo; y Derecho internacional, legislación comparada y métodos de enseñanza, en octavo. Puede verse M. Peset Reig, “Universidades y enseñanza del Derecho durante las regencias de Isabel II (1833-1843)”, Anuario de Historia del Derecho Español, 39 (1969), 481544; o C. Tormo Camallonga, “Los estudios y los estudiantes de Jurisprudencia y Teología tras la unificación de las facultades de Leyes y Cánones”, Cuadernos del Instituto Antonio de Nebrija de Estudios sobre la Universidad, 8 (2005), 359-437.

Para profundizar en este tema puede partirse del artículo, con la bibliografía que contiene, de M. Peset Reig, “Estudios de derecho y profesiones jurídicas (siglos XIX y XX)”, El tercer poder: hacia una comprensión histórica de la justicia, Johannes-Michael Scholz (coord.), Madrid, 1992, 349-380. Véase también M. y J. L. Peset Reig, La universidad española (siglos XVIII y XIX). Despotismo ilustrado y revolución liberal, Madrid, 1974, pp. 679-706, e Y. Blasco Gil, La Facultad de Derecho de Valencia durante la Restauración (1875-1900), Valencia, 2000.

La última vez que se exige es por real decreto de 13 de abril de 1834; Colección Legislativa, XIX, p. 197, y XXXI, pp. 334-335.

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además, por otro ante el colegio de abogados que radicara en la ciudad sede del tribunal, y que también se suprime9.

Obviamente, no cabía recibir ni expedir título a nadie que estuviese incurso en alguna de las incapacidades absolutas fijadas por ley —diferentes eran las relativas, que imposibilitaban el ejercicio en solo supuestos concretos—10. La LOPJ de 1870 substituirá gran parte de las antiguas y ahora anticuadas inhabilitaciones por la exigencia genérica de no estar procesado criminalmente, y de no haber sido condenado a penas aflictivas a no ser que se hubiera obtenido rehabilitación. También prohibirá el ejercicio a los que desempeñaran cargos judiciales o del ministerio fiscal, con la excepción de jueces y fiscales municipales, a los que tuvieran ocupación en el Ministerio de Gracia y Justicia, o en la Sección de Estado y Gracia del Consejo de Estado, y a los auxiliares y dependientes de los tribunales.

Con la titulación y, en su momento, recibimiento, los Estatutos del 38 exigían ser vecino, residente y tener estudio abierto en la población del partido judicial donde radicaran sus juzgados o tribunales, además de, en su caso, abonar las contribuciones oportunas como ejerciente. Y, lo que más nos interesa aquí, la incorporación en el colegio del partido judicial, si lo había. Todo ello, y aunque a priori no lo pareciera, resultó realmente complejo en su verificación conjunta, como iremos detallando.

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El examen en el colegio de Valencia, por ejemplo, consistía en la respuesta durante una hora a las preguntas formuladas por tres examinadores colegiados. A ello le seguía una exposición durante 25 minutos de una de las leyes designadas de las 83 de Toro, o de las contenidas en los libros primero a tercero, quinto y décimo a décimo-primero de Novísima Recopilación. El examen posterior en el real acuerdo de la audiencia consistía en la presentación de una demanda, contestación, réplica, contrarréplica, notificaciones, interrogatorios, alegación de bien probado, escrito e interrogatorio de tachas, y sentencia definitiva o auto que correspondiera, sobre el caso civil, criminal o eclesiástico que tres ministros le presentaran; C. Tormo Camallonga, El Colegio de Abogados de Valencia..., pp. 268 ss.

No podía abogar nunca la mujer, el sordo, el loco o el desmemoriado, el pródigo en poder de curador, el condenado por delito de infamia, el siervo, el excomulgado, el reconciliado por delito de herejía y apostasía, o los hijos y nietos de quemados y condenados por delito hasta la segunda generación en línea masculina y primera por línea femenina (Partidas 3, 6, 2 y 3; Nueva Recopilación 8, 3, 3; y Ordenanzas Reales de Castilla 2, 19, 7). Respecto a las incapacidades relativas, no podían abogar por otro, pero sí en defensa de derechos propios, el ciego de ambos ojos y el condenado por adulterio, traición o alevosía, homicidio u otro delito tan grave o más que estos (Partidas 3, 6, 3). En otros casos se podía abogar por personas determinadas; los infamados por delito menor de los referidos, en causas de sus ascendientes o descendientes, hermanos, mujer, suegro, yerno, nuera, ahijado, padrastro, patrón o hijos y huérfanos que tuviese bajo su tutela (Partidas 3, 6, 5). Supuestos, todos ellos, difícilmente factibles. La misma ley prohibía a los moros y judíos abogar por cristiano, pero no por sí u otros de su religión; posibilidad ahora inexistente. Como curiosidad, se permitía al torero —de vida y carácter siempre licencioso— abogar por sí y por los huérfanos de que fueran tutores. Especialmente confusa era la situación de los religiosos; no podían abogar más que a favor de los monasterios o iglesias donde residieran y lugares a ellos pertenecientes, a favor de sus padres, vasallos, protegidos, personas a las que hubiesen de heredar o pobres y miserables. También había ya las comprensibles incompatibilidades por razón de oficios: escribanos, jueces y regidores en las causas que ante ellos pendieran, o el fiscal sino en las causas fiscales. Como tampoco podían ejercer los abogados en los casos en que el escribano o el juez de la causa fuera su padre, hijo, suegro, yerno, hermano o cuñado (Nueva Recopilación 2, 13, 2; 2, 16, 30 y 33; y 4, 25, 7).

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Por el artículo 6 se admitían dos vías de colegiación: aportando el título de abogado, o bien una certificación en la que se acreditara ser individuo de otro colegio. El órgano encargado de admitir a los nuevos individuos era la junta de gobierno, que había de comunicar la nueva incorporación al juez de primera instancia del partido y a los demás colegiados, lo que se solía hacer en junta general ordinaria. La antigüedad la fijaba la fecha de la junta que había aprobado la admisión, y de verse varias solicitudes en la misma junta, se estaba a la fecha en que se habían presentado11. A pesar de todo, y lo decimos por la problemática que engendró, es realmente excepcional la inadmisión de ningún individuo, siempre con ocasión de problemas con la residencia.

Durante la vigencia de los Estatutos, la incorporación en el colegio, allá donde lo había, solo dejó de ser prescriptiva durante la breve vigencia de la orden de 28 de noviembre de 1841, para la que bastaba la presentación del título ante la autoridad local, y que fue derogada en este punto por la de 6 de junio de 184412. Eso sí, todos los letrados debían asumir las mismas cargas en los asuntos de oficio y de pobres, que seguirían organizándose en los colegios. Era tal el sinsentido de una norma que privaba a estas sociedades de participar en asuntos que les afectaba tan directamente, que se concebía a sí mismo como transitoria. Los colegios quedaban facultados para disolverse; obviamente —que sepamos, todos— optaron por no hacerlo, con la duda, eso sí, de si sí debían hacerlo en el caso de bajar del número de individuos exigido.

Es más, parece que se opusieron furibundamente a esta disposición, en la medida en que los abogados no colegiados que residieran fuera del partido judicial, no podrían cumplir con el despacho de aquellas causas de pobres y de oficio sin que se resintiera el buen funcionamiento de la administración de justicia. Pronto comenzarán los abogados a quejarse de que los juzgados admitían escritos de residentes fuera del partido, pues uno de los asuntos clave para cada colegio será mantener para sus individuos la exclusividad del ejercicio en los tribunales del distrito.

En cualquier caso, la colegiación admitió excepciones en todo momento. Un letrado no matriculado podía actuar en los tribunales del partido judicial, con la sola habilitación del decano si personalmente estaba interesado en el caso, si pertenecía a algún pariente suyo hasta determinado grado, o si ya lo había seguido él mismo anteriormente en otras sedes. Para otros casos, como las peticiones de los colegiados

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El artículo 3 de los Estatutos permitía la adscripción de un abogado a dos o más colegios, lo que reiteraba el artículo 4 del decreto de 31 de marzo de 1863. Archivo del Ilustre Colegio de Abogados de Sueca (en adelante, AICAS), libro 1, junta de gobierno de 4 de agosto de 1842.

Colección Legislativa, XXVII, pp. 817-818, y XXXII, pp. 744-747. La orden de 1841 reponía el decreto de 11 de julio de 1837, atendiendo a las reclamaciones que hacían ver su contradicción con los Estatutos, así como a la previsión contenida en aquél de armonizar el libre ejercicio con el mantenimiento de los colegios. Sobre este punto, y especialmente para la siguiente pregunta, puede verse Agustín Bermúdez Aznar, “Contribución al estudio del corporativismo curial. El Colegio de Abogados de Murcia”, Anales de la Universidad de Murcia, 1968, pp. 83-153, o Isabel Martínez Navas, Nacimiento de una institución colegial: el Colegio de Abogados de Logroño entre 1838 y 1895, REDUR, 10 (2012), pp. 145-169.

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dados de baja, era la junta de gobierno la que concedía la habilitación, siempre con el conocimiento de los tribunales13.

III. ESTRUCTURA ORGÁNICA COLEGIAL En la junta fundacional de cada colegio, los concurrentes procedían, en primer lugar, a la designación de los individuos que, tras el examen de los títulos expedidos por el secretario de la audiencia territorial correspondiente, certificaran la efectiva existencia de, al menos, 20 abogados, para poder declarar así formalmente constituido el colegio. A continuación, se procedía a cumplir en la medida de lo posible con el artículo 12 de los Estatutos, que detallaba los cometidos de la junta general que debía celebrarse cada mes de diciembre. Previa lectura por el secretario de los Estatutos, se aprobaban los presupuestos hasta la junta que se celebrara en diciembre, fijándose la cantidad a pagar por cada abogado en ejercicio. Igualmente, se elegían los cargos de la primera junta de gobierno14.

La junta de gobierno se componía del decano, dos diputados, un tesorero y un contador-secretario15. Estos cargos los elegía anualmente la junta general de entre sus individuos por mayoría relativa de votos, permitiéndose la reelección. Para poder ser elegido solo se exigían seis años en el colegio, cuando hubiese individuos con este requisito, así como no haber sufrido ninguna amonestación de la Junta —con la orden de 6 de junio de 1844, y hasta el decreto de 1 de abril de 1855, diez años para el decano y cinco para los otros cargos—16. El laconismo de los Estatutos propició una cascada de legislación que, en su voluntad de resolver dudas, especialmente en cuanto a los sufragios, todavía los cuestionó y alteró en mayor medida. Así pues, y ante normativa tan abundante, mudable e indecisa, además de efímera, lo más prudente será no entrar en un nivel de detalle que nos haga perder el sentido y la perspectiva de conjunto.

La elección del decano y del secretario recaía, por lo general y siempre que los hubiese, entre los que tenían el estudio y la residencia continua en la cabeza del par13

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El artículo 7 del decreto de 31 de marzo de 1863 añadía aquellas causas en que el abogado ya lo hubiera sido en los juzgados o tribunales inferiores. La LOPJ reiteraba en el artículo 875 la habilitación del decano para las causas propias y para las de los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.

De todo ello se daba conocimiento al Ministerio de Gracia y Justicia, por conducto del regente, y al juez del distrito para que lo hiciese saber a procuradores y escribanos. Y aunque el artículo 26 obligaba a llevar un libro para cada tipo de junta, parece que muchos colegios, al menos el de Sueca, solo llevaba uno, al que se agregaba todo tipo de documentación, destacando la referente a las solicitudes de incorporación.

La orden de 6 de junio de 1844 modificaba el número de miembros de la junta de gobierno según el número de abogados: nueve para los colegios de Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Granada, Valladolid, Coruña y Zaragoza, siete para los que contaran con 50 individuos, cinco para los que contaran con 30, y tres para los que contaran con menos.

Colección Legislativa, XXXII, p. 744, y LXIV, p. 396. La orden de 12 de julio de 1850 matizaba la reforma de 1844: de no haber elegibles para decano con 10 años de incorporación, se exigirían los mismos 10 de ejercicio con estudio abierto y vecindad en el territorio del juzgado. Al derogar el decreto de 1855 la orden de 1844 y no hacer referencia a la de 1850, se entiende que continuaba vigente en la medida de lo posible; LVI, p. 593.

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tido. A cambio, era habitual que el diputado primero fuera de otra población, si ésta era de similar importancia17. En cuanto al secretario, era costumbre que recayese en el letrado más moderno. No siempre fue necesario que los individuos de la junta fueran ejercientes en activo, al menos los diputados y el tesorero de los colegios menores.

Otra cosa era el derecho a participar en las votaciones para según qué cargos, y que recaía, según momentos, en todos los colegiados o en solo los ejercientes y/o contribuyentes. La normativa irá fluctuando, sin dar en ningún momento con resolución concluyente y definitiva. Cierto es que el reducido número de letrados de muchos colegios propiciaba que los mismos individuos fueran designados, y por unanimidad, para los mismos cargos durante muchos años seguidos18. O bien pasaban a desempeñar otros cargos, manteniéndose así en la junta durante muchos años. Como habitual era que la junta al completo repitiera durante varios ejercicios seguidos. El reducido tamaño de muchos colegios hacía que la endogamia estuviera asegurada, fuera inevitable o incluso, por qué no, aconsejable. Jugaba a su favor la escasa ocupación y responsabilidad del puesto. Tampoco recibían estímulos desde la Administración, ni creemos que el desempeño de estos cargos satisficiera aspiraciones personales, ni siquiera como trampolín profesional, para lo que sin duda sería más apropiado el colegio capitalino19.

La junta de gobierno se reunía el día que fijaba el decano para tratar de los asuntos recogidos en el artículo 15 de los Estatutos; en los colegios menores, sobre todo, la incorporación de nuevos individuos20. De hecho, la escasez de asuntos en éstos hizo que reiteradamente se incumpliera el mandato de reunirse al menos dos veces al mes.

El mismo artículo establecía la posibilidad de que la junta de gobierno convocara de forma extraordinaria la general si lo estimaba necesario. Y así ocurría, incluso para debatir cuestiones asignadas en principio a la de gobierno.

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Artículo 4 de la orden de 12 de julio de 1850 y, por similitud, artículo 13 de los Estatutos.

Por lo impreciso de los Estatutos en este punto —“se hará a pluralidad de votos”—, la orden de 26 de enero de 1840, a consulta del colegio de Granada, matizaba que los individuos de la junta de gobierno tenían que elegirse por pluralidad absoluta de votos, mientras que la de 12 de julio de 1850 exigirá solo la relativa; Colección Legislativa, XXVI, pp. 50-51, y LVI, p. 593. AMJ, Varios 300-2/227 y 234 para los colegios de Vergara y Córdoba.

La orden de 3 de abril de 1858 concedía a los decanos de los colegios de las ciudades sede de audiencia, la consideración de magistrados honorarios de la misma, y a los decanos de los otros colegios, la dignidad de jueces de primera instancia en la categoría respectiva a la del juzgado donde el colegio residía; Colección Legislativa, LXXVI, p. 3. Véase el decreto de 29 de agosto de 1843 sobre el asiento del decano en las funciones públicas a que concurriera con los tribunales (XXXI, p. 115), y las órdenes de 14 y 17 de diciembre de 1848 sobre lugar de honor de los decanos en la apertura de los tribunales (XVL, pp. 411 y 415).

Las atribuciones de la junta de gobierno eran las siguientes: 1ª. Decidir sobre la admisión de nuevos miembros; 2ª. Nombrar las ternas de examinadores; 3ª. Vigilar la conducta de los abogados en el desempeño de su profesión; 4ª. Regular los honorarios; 5ª. Convocar junta general extraordinaria, si se creyere oportuno (en los colegios menores, normalmente para decidir la admisión de individuos residentes fuera del partido judicial y para la elección de los abogados de pobres, nombrar el portero o monitor, o para debatir una impugnación de honorarios); 6ª.

Distribuir los fondos del Colegio; 7ª. Nombrar los abogados de pobres; 8ª. Nombrar y remover a los dependientes; 9ª. Promover ante gobierno y autoridades lo que se estimase oportuno; y 10ª.

Defender a los colegiados en caso de necesidad.

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La junta general era la formada por la reunión de todos los colegiados, ejercientes o no. Podía ser ordinaria o extraordinaria, con la disyuntiva no siempre resuelta de si las decisiones tenían que adoptarse por la mitad más uno de los concurrentes o por pluralidad de votos. Como tampoco quedaba claro, en este último caso, si esta mayoría debía ser relativa o absoluta, para qué votaciones cada una, cuándo podían ser secretas, y si había que aplicar los mismos o diferentes criterios entre las juntas generales ordinarias y las extraordinarias21.

La ordinaria se reunía una vez al año en el día de diciembre que el decano convocaba —en muchas ocasiones en enero—, y desde 1869 en el mes de mayo o junio, con el fin de vincularla con el nombramiento de los abogados de pobres y el repartimiento de la contribución industrial22. En la junta general se trataban los asuntos fijados en el artículo 12 con un esquema invariable en la práctica23. En primer lugar se aprobaban las cuentas presentadas por el tesorero, con unos gastos que se solían limitar a tres conceptos: impresión de listas y oficios, gratificación al portero, y correo y papel24.

A continuación se discutía el presupuesto para el año entrante y si fijar una derrama para cada colegial. Cuestión distinta era la cuota de entrada, si los colegios estaban facultados o no para imponerla. Resueltas las cuestiones pecuniarias, se nombraba la junta de gobierno, y aunque en principio era atribución de ésta la designación de abogados de pobres, en algunos colegios lo hacía la general. Otros asuntos que se podían ventilar eran la elección del monitor-portero, la remisión de informes, la lectura de comunicaciones enviadas por la audiencia, juzgado o procuradores, o la vista de las quejas sobre alguno de los colegas.

La junta general extraordinaria, por su parte, era la convocada por la de gobierno o el decano para tratar algún asunto importante que no pudiera esperar a la siguiente ordinaria. Como en las otras, era muy habitual que no tuviera lugar por falta de quórum, convocándose para al cabo de unos días, incluso en tercera convocatoria. Al no tener los colegios sede propia, se solían celebrar en la sala de sesiones de la casa capitular de la villa o en la de letrados del juzgado —las de gobierno, en el estudio del decano—.

IV. LA EXCLUSIVIDAD EN LA RESIDENCIA COMO CONFLICTO El requisito de la residencia resultó, sin duda, uno de los puntos más confusos y conflictivos de los Estatutos de 1838; en concreto, fue la cuestión más tratada en las juntas de los colegios menores, especialmente en sus relaciones con los de las capitales. La conjugación de los artículos que se referían a ella daba lugar a diferentes 21

22 23

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A las juntas en que se elegían los cargos o los abogados de pobres acudía en ocasiones el promotor fiscal, ostentando la presidencia de honor (artículos 8 y 9 de la orden de 6 de junio de 1844, y decreto de 1 de abril de 1855).

I. Martínez Navas, Nacimiento de una institución colegial..., p. 152.

Con decreto firmado por el secretario, entregando al portero las papeletas de convocatoria para repartir entre los colegiados. Las de junio se celebraban en este mes a pesar del decreto de 15 de diciembre de 1868, que ordenaba celebrarse en mayo.

El artículo 29 de los Estatutos también preveía el nombramiento de un escribano cuando, por acumulación de trabajo, lo considerara la junta general. Como gastos extraordinarios está el del sello o del mobiliario para la sala de abogados en los juzgados.

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e incluso opuestas interpretaciones. Para pertenecer a un colegio se exigía estar avecindado y tener estudio abierto en la población donde se residiera —sin especificarse que la residencia fuera necesariamente una y dentro de la demarcación de aquél—, así como pagar las contribuciones propias de la profesión; distintas situaciones fiscales sobre estados también diferentes pero combinables25.

En principio, y de facto, se permitía cumplir con según cuál de estos requisitos en cualquier municipio del partido judicial en donde se hubiese establecido el colegio. En ningún momento, sin embargo, se establecía diferencia alguna entre ejercientes y no ejercientes, porque cabía la colegiación para los que no tuviesen estudio abierto, que no pagarían la contribución industrial ni, destacadamente, la cuota del colegio —darse de baja en el ejercicio no exigía hacerlo del colegio—. Y así, el ministerio de Hacienda aceptó en alguna ocasión el pago de la contribución a abogados no ejercientes, con el lógico recelo de muchos colegios y colegiados, que temían que llegasen a ejercer sin incorporarse, cuando deberían estarlo por su residencia, aportando a este efecto la LOPJ que, en su artículo 865 impedía ejercer sin colegiarse, pero no prohibía el pago de la contribución26.

Y a todo esto se añadía la posibilidad de ser individuo de dos o más colegios, “con tal que a juicio del segundo a que intenten pertenecer, puedan sufrir las cargas que en cada uno les correspondan”. Desde la consideración —que no prescripción— de que la residencia sí debía ser única, la vasta y ambigua carga interpretativa confiada a los colegios devino en permanente estado de inseguridad y conflicto. Se abría la puerta a una multitud de posibilidades, en muchos casos vistas por los abogados y los colegios como incompatibles con el correcto desempeño de la profesión, especialmente con las causas de pobres, y en perjuicio propio y de la Justicia en general. Entre estas situaciones destacaba la residencia fuera del distrito judicial con estudio abierto en uno de sus pueblos —sede de los juzgados o no, lo que era otra disyuntiva—. O fuera del distrito tanto la residencia como el despacho, designándose letrado colegiado y residente que

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Véanse conceptos de residencia, vecindad o naturaleza en J. Escriche, Diccionario razonado de legislación y jurisprudencia, 4 vols., Madrid, 1874-76. Los conflictos empezaron realmente a plantearse tras el transitorio decreto de 6 de junio de 1844, que restablecía la obligatoriedad de la colegiación derogada por decreto de 28 de noviembre de 1841; Colección Legislativa, XXVII, p.

817. Este conflicto no tardó nada en evidenciarse, caso de los colegios de Sevilla y Carmona en julio y octubre del mismo año 1838; J. Santos Torres, Apuntes para la Historia del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla, 1994, p. 77. Como en el colegio de Santiago de Compostela, una de las primeras decisión de todo colegio menor, una vez fundado, era remitir oficio a los escribanos del partido previniéndoles de no admitir escrito firmado por letrado no colegiado; Baldomero Cores Trasmonte, Historia do Colexio de Avogados de Santiago, tom. I, Santiago de Compostela, 1990, p. 76. Interesante es el largo expediente de 1894 sobre la petición de Agapito Martínez Vicente, individuo de los colegios de Madrid y Cuenca, solicitando del Ministerio de Justicia orden aclaratoria y unificadora de criterios para la interpretación de los artículos 851 y 865 de la LOPJ, en los puntos de residencia y estudio abierto; AMJ, Varios 297-1/68.

Los no ejercientes no eran considerados a efectos de aumentar los miembros de la junta de gobierno, ni para elegirlos. Después se permitió que pudieran elegir a la Junta si cumplían con las cargas del colegio. Órdenes de 31 de julio de 1850 y 26 de febrero de 1853; Colección Legislativa, L, p. 672 y LVIII, p. 217; M. Martínez Alcubilla, Diccionario..., I, p. 64; y AMJ, Varios 297-1/56.

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en su nombre se ocupara de los turnos de pobres que le correspondieran, con el dilema añadido de si estaban obligados a participar en las juntas en su nombre.

Aunque normas posteriores intentaron acabar con los desatinos —órdenes de 6 de junio de 1844 y 13 de agosto de 1858, decreto de 31 de marzo de 1863, o la misma LOPJ de 1870—, ya hemos dicho que lo único que consiguieron fue transmutarlos o engendrar otros nuevos entuertos. Como disposiciones que, además, no siempre derogaban las anteriores, no hacían más que incrementar la confusión. No solo se trataba de interpretar y reinterpretar determinados preceptos a la luz de las nuevas disposiciones, sino de conjugarlos con otros claramente distintos pero aún vigentes.

Resulta cuestionable si no podría haberse evitado semejante desconcierto desde un mínimo ejercicio de reflexión jurídico-técnica, generalista y no remendona, que, entendemos, posponían para un futuro código. En este sentido, repasaremos a continuación algunas situaciones representativas del debate sobre si, para ejercer en los tribunales de un partido judicial era prescriptivo, además de ser miembro de su colegio cuando existía, residir o tener estudio abierto en alguno de sus municipios, o ambas cosas, y, subsidiariamente, si pagar, y dónde, el subsidio industrial.

En 1853, y con motivo de la solicitud de incorporación en el colegio de Sueca de Vicente Linares, residente y con estudio en Valencia, el decano convoca junta general extraordinaria para discutir sobre la controversia que nacía del artículo 3 del decreto de 6 de junio de 1844, cuando prohibía a los abogados sacar de la residencia de los juzgados cualquier tipo de pleito o negocio, bajo la responsabilidad de los escribanos y procuradores. Porque la de la residencia era una cuestión que también afectaba directamente a estos oficiales, que, velando obviamente por el buen funcionamiento de la justicia en las causas de oficio y de pobres, parece que no pasaban a los abogados no residentes el mismo número de causas que a los residentes, con el consiguiente agravio para estos últimos. Lo que, unido a que era habitual que aquellos no designaran substituto, o no ponían la diligencia necesaria, ocasionaba los consiguientes perjuicios en el progreso de los casos y en la misma administración de justicia. El correcto desarrollo de las causas de pobres y la necesidad de evitar que los expedientes se extraviaran en los traslados, obligaban a fijar y ser diligente con el substituto residente27.

En este sentido, muchos colegios menores entendían que los Estatutos no permitían la colegiación de los que no podían asumir estas cargas, por lo que las juntas acordaban no admitirles si previamente no designaban individuos residentes y colegiados en el distrito, que en su nombre se ocuparan de las causas de oficio que les incumbiese. Incluso, pretendieron en algún caso, como hizo el de Sueca, cesar a los no residentes ya admitidos hasta que hicieran presente la designación y expresa aceptación del substituto. Se insistía, pues, no tanto de la colegiación como en la residencia.

Sin duda, las causas de pobres eran el pretexto perfecto para el objetivo principal: evitar su colegiación y, así, su concurrencia. Algunos de estos abogados recurrieron ante los juzgados la retroactividad de esta decisión, pues entendían que la exclusión

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AICAS, libro 1, junta de 5 de septiembre de 1853: “parece que este letrado ha dispuesto una caja de madera, de la cual hay una llave en Valencia y otra en esta villa, para la conducción de autos de un punto a otro”.

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solo podía llevarse a término para las faltas cometidas y mediante el procedimiento establecido en el artículo 1028.

Entre los cesados en Sueca, Matías Román Carbonell impugnó la decisión ante el juez de primera instancia. La Audiencia de Valencia, llegado el caso ante ella, y entendemos que en mayor sintonía con los colegiados de la capital, revocó el acuerdo de la junta. Pero, lejos de quedar así las cosas, serían ahora los procuradores suecanos los que tomarían las riendas del asunto, solicitando de la Audiencia su exclusión, al menos como abogado del turno, por la indefensión en que quedaban sus litigantes. La situación había llegado a ser insostenible desde que la junta de 13 de enero de 1854 había designado a solo dos abogados de pobres, entre ellos Román Carbonell, que no había sido convocado, mientras que hasta ese momento el turno se había distribuido entre todos los colegiados. Es más, la junta había querido evidenciar la, según ella, equivocada resolución del tribunal y, sin ninguna prisa por reunirse, rechazaba la propuesta de Carbonell de aumentar la defensa de pobres en otros dos letrados voluntarios29.

Inevitablemente, el trabajo se acumulaba para el otro letrado, único residente. Ante esta situación, y en atención a los argumentos de los procuradores, la Audiencia vino a reconocer los postulados del colegio: los perjuicios en el curso de la justicia, la pérdida de procesos y los agravios para los abogados residentes, obligando a Carbonell a nombrar substituto30. A partir de ahora, e indefectiblemente, todo abogado no residente que quisiera colegiarse debía designar el correspondiente substituto. Parecidas desavenencias debieron plantearse en otras demarcaciones similares en su configuración territorial a las de Valencia-Sueca, como prueba el siguiente caso.

Efectivamente, unos años más tarde nos encontramos con la cuestión planteada, en sentido opuesto, por los colegios de Teruel y Córdoba, con sendas quejas ante el Ministerio de Justicia respecto a la restrictiva orden de 13 de agosto de 1858, circulada como regla general por otra de 31 de marzo del año siguiente, y que exigía para abogar, en todo caso, la vecindad y el estudio abierto en el partido judicial del juzgado, con el pago de las contribuciones correspondientes. Según estos colegios, se invalidaba así el derecho a la libre elección de letrado, pues en muchos de sus partidos eran muy pocos los ejercientes, y en ocasiones solo uno en activo, cuando las partes implicadas en el mismo caso podían ser varias. Es decir, que una norma, como la referida de 1858, dictada ante una reclamación concreta en favor de la igualdad de trato para todos los abogados, en este caso del colegio de Peñaranda de Bracamonte contra el de Salamanca, al convertirse en general devenía contraproducente para muchas otras demarcaciones judiciales. A esperas de su reforma por decreto de 31 de marzo de 1863, que permitió de nuevo el libre ejercicio en todo pueblo donde no hubiese colegio, serían las audiencias las que resolverían cada caso según su tradición y buen entender. A partir 28 29

30

AICAS, libro 1, oficio de 10 de junio de 1853.

La propuesta de Carbonell es de 31 de enero, recién enterado de su nombramiento, mientras que la junta de gobierno que la desestima es de 10 de abril, en segunda convocatoria, cosa harto infrecuente en las juntas de gobierno. En esta sesión, además, se acordó apoyar la queja de los procuradores. A pesar del rechazo, Carbonell presentó nueva propuesta de nombramiento de abogados de pobres en junta general de 28 de diciembre. Obligado ahora por la Audiencia a nombrar substituto, la junta sí acepta la propuesta.

AICAS, libro 1, oficio de 31 de mayo de 1854.

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de ahora, los abogados residentes en municipios sin colegio podrían ejercer donde lo hubiera sin colegiarse y con la sola habilitación de su decano, inexcusable, eso sí, en los casos previstos en su art. 7º, que eran la mayoría.

V. LOS ABOGADOS DE POBRES Y DE OFICIO La designación de los abogados de pobres y de oficio fue, después de la residencia o exclusividad en el ejercicio, la cuestión que más problemas suscitó en los colegios menores nacidos bajo el amparo los Estatutos; no tanto en los capitalinos. Ambas cuestiones, de hecho, solían ir de la mano. Era la junta de gobierno la que tenía que designar dichos individuos, que desempeñarían este servicio de acuerdo con el método que estableciera la junta general. En la práctica, solía ser la general la que hacía ambas cosas, al menos en los menores, aunque la imprecisión de las actas no ayuda mucho a descifrar el sistema seguido en cada momento, máxime si tenemos en cuenta su frecuente variación.

Aunque sometidos a permanente debate, los sistemas de designación eran, en esencia, muy similares en todos los colegios, atendiendo, eso sí, al número de sus individuos. Podía ser el de rotación entre todos los colegiados con despacho abierto, o anual por partes, normalmente mitades, o podía nombrarse a solo algunos de los abogados más modernos, o incluso que recayese exclusivamente en voluntarios. Si el partido judicial contaba con diversas localidades, se intentaba que los abogados tuviesen estudio abierto en, al menos, las más importantes31. El dilema, en verdad, no 31

Veamos, a título de ejemplo, la sucesión de soluciones adoptadas en el colegio de Sueca. En un primer momento los turnos son atendidos por los cuatro abogados más modernos, hasta que en junta extraordinaria de 1843 se establece una rotación entre todos los colegiados con despacho abierto, alternándose por mitades cada año, “y que por igualdad se llevase el turno con los letrados que no pertenecen al mismo colegio”, refiriéndose, tal vez, a los abogados habilitados. En 1852 se substituyen las mitades por el turno entre todos los colegiados. Solo dos años después, y como consecuencia del conflicto de residencia, la junta general opta por la designación de solo dos abogados. El 28 de diciembre de ese año se acepta, con ligeras modificaciones, la propuesta de un abogado para que los abogados de pobres volvieran a ser cuatro, preferentemente voluntarios. Pero como ninguno de los 10 u 11 colegiados que iban a ejercer el año siguiente aceptó el cargo, se designaron de nuevo dos. Ahora, y de no presentarse voluntarios en número de cuatro, los turnos se repartirían entre los cuatro que señalara la Junta. Si, por el contrario, fueran más los voluntarios, serían preferidos los más antiguos en ejercicio. Es la propuesta interesada de Matías Carbonell, residente en Valencia y obligado a designar un substituto para el caso de ser nombrado abogado de pobre, cosa que no quería. Poco después, en diciembre de 1857, se volvió al reparto entre todos los colegiados, gozando por partes iguales del beneficio de las dos cuotas de subsidio industrial que la ley permitía rebajar al colegio por ofrecer este servicio. En 1862 se designan de nuevo cuatro abogados, dos de Cullera y dos de Sueca, y desde 1864 hasta 1869 solo dos, y siempre de Sueca. En la junta general de este año se retoma el sistema de mitades: cuatro para ese año y cinco para el siguiente. A partir de ahora se procurará que siempre hubiera abogados, al menos, de estas dos poblaciones. Porque uno de los problemas a resolver era la negativa a asumir las causas de pobre los no residentes en la sede del juzgado, especialmente tras el decreto de 31 de marzo de 1863. En 1880 se ensaya un sistema que no parece diera buenos resultados, pues no se repitió, y que consistía en nombrar solo dos abogados, y de Sueca, que serían ayudados por otros cinco, de Sueca, Cullera y Valencia. De estos cinco uno ejercía desde REVISTA JURÍDICA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 17

era tanto optar por uno u otro sistema, como dilucidar si integrar en el mismo a todos los colegiados, o exonerar a según quienes por cuestión de ejercicio y/o residencia.

Y en este último caso también si éstos podían nombrar sustitutos o debía hacerlo la Junta. En cuanto a lo primero, el Ministerio defendía que los 20 letrados necesarios para formar colegio debían ser ejercientes, como así se exigió en la orden de 6 de junio de 1844, y no de los que solo buscaban una distinción honorífica; obviamente, no fue así. En cuanto a lo segundo, estamos ante el problema de los que se colegiaban con el único objetivo de llevar un caso en concreto: si también debían hacerse cargo de las causas de pobres, lo que era especialmente controvertido en los colegios que habían optado por el reparto entre todos los individuos32.

En otras ocasiones, sin embargo, se dio el problema contrario, el del exceso de pretendientes, hasta el punto de merecer el apercibimiento de los tribunales para su reducción. La explicación era tan sencilla como que los que desempeñaban estas causas estaban exentos de la contribución industrial, con las consiguientes protestas de la administración de rentas al comprobar que el número de nombrados por las audiencias no siempre se correspondía con el previsto en las disposiciones sobre contribución33.

Trance diferente, aunque tan esporádico que no venía contemplado por la ley, era el del partido que se quedaba sin abogados. En casos así se imponía la colaboración con el del partido más cercano, a instancia del juez, a efectos de que le proveyese de los oportunos letrados.

VI. UNA OPORTUNIDAD PERDIDA: LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL Por lo que respecta a la cuestión sobre la colegiación de los abogados, no sabemos a ciencia cierta hasta qué punto la LOPJ de 15 de septiembre de 1870 pretendía reemplazar toda la normativa existente. Entendemos la dictada en los últimos años como remiendos transitorios a la espera de un código definitivo —así lo explicitaba el decreto de 6 de junio de 1844—; un código que, dicho sea y tal y como sucedió con otros sectores del ordenamiento jurídico, tampoco resultó la panacea esperada. Así, el colegio de abogados de Teruel, por ejemplo, hacía hincapié en la confusión de cuándo entender que las anteriores normas debían tenerse por “derogadas o subordinadas”.

Por éste y tantos otros indicios y debates posteriores, creemos que la de la LOPJ fue otra oportunidad perdida, que volverá a enturbiar la situación, y considerablemente. De hecho, el articulado dista mucho de ser un compendio de virtudes: en la línea ya referida, no parece resultado de una mínima reflexión coherente. Es más, incorpora nuevos

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junio hasta octubre y los otros cuatro dos meses cada uno de ellos. Además, con la condición de haber de desempeñar el cargo también el año siguiente, cosa que solo hicieron dos de ellos.

El último cambio se produce en 1889, cuando se nombran ocho letrados, cinco de Sueca y tres de Cullera “y cuantos ingresen en lo sucesivo”. Desde ahora se repartirá el turno entre todos los colegiados en ejercicio. AMJ, Varios 301-1/263.

AMJ, Varios 300-1/199 y 297-1/55 para dos colegiados de Madrid respecto a Toledo.

De ahí la real orden de 5 de enero de 1860 en relación a la de 20 de octubre de 1852; Colección Legislativa, LXXXIII, p. 15, y LVII, pp. 310 ss. Baldomero Cores Trasmonte, Historia do Colexio de Avogados..., pp. 96-103.

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motivos para la discordia y los adelanta en el tiempo; sin ir más lejos, los artículos 870 y 871 remontaban las disputas al momento en que los abogados debían prestar juramento de fidelidad al rey y acatamiento de la legislación. Mientras los colegios de las capitales defendían que era suficiente con prestarlo en solo una ocasión, los menores eran del parecer que debía prestarse en todos y cada uno de los tribunales en donde se fuera a ejercer. Bien es cierto que tampoco dejaba de ser un debate interesado.

Efectivamente, como siempre, estamos ante una cuestión fundamentalmente económica. Las causas civiles, que eran las de mayor y más rápida remuneración, se resolvían en primera instancia en los distritos rurales y en segunda en las audiencias territoriales, mientras que las criminales se resolvían directamente en las audiencias provinciales, mayormente radicadas en las capitales de provincia, limitándose en estos casos los juzgados a la instrucción de los sumarios. De esta manera, eran los letrados de las capitales los que sufrían el grueso de las causas gratuitas de pobres. Y de ahí que propusieran la dotación en las audiencias provinciales —que solo eran de lo criminal— de también salas de lo civil, para poder beneficiarse del despacho de las apelaciones, solicitando, además, que se les permitiera el ejercicio en los distritos rurales, sin necesidad de tener que pagar la contribución en cada uno de ellos: Ni al Farmacéutico ni al Médico, ni a nadie en las demás profesiones, se exige una matrícula por cada uno de los pueblos a que sirve, sino sólo la correspondiente a aquel en que tiene su establecimiento o domicilio, y como no ha de ser de peor condición el Abogado, máxime cuando nadie soporta como él una carga tan onerosa como la representada por las defensas de oficio, natural, equitativo y justo es, que sólo una matrícula baste para el ejercicio de la Abogacía en diferentes Tribunales y Juzgados, siquiera ésta sea la más alta de las que correspondan a estos Juzgados y Tribunales34.

Recuperando el tema de la residencia como principal y más antiguo de confrontación, colegios y abogados tropezaban con la interpretación conjunta de los artículos 861 y 865, que exigían estudio abierto en el pueblo donde radicara el colegio, así como vivir y ejercer en un radio máximo de dos leguas. Era una nueva acepción al concepto de residencia en diferente sentido, tal vez, al de morada35. Como decimos, un auténtico despropósito, que en absoluto creemos intencionado. En consecuencia, y a iniciativa del colegiado Manuel Beltrán Diego, la junta del colegio de abogados de Sueca toma la drástica decisión en 1873 de excluir a todos los que no cumplían con estas cláusulas, tanto los que habían ingresado antes como después de la entrada en vigor de la ley.

En realidad, la junta no hacía más que atenerse a lo que ya había resuelto la Audiencia de Valencia el 11 de diciembre del año anterior, cuando denegaba la posibilidad de que un letrado avecindado y residente en Valencia perteneciera y ejerciera en aquel colegio. Es obvio el interés que tenían en esta resolución los tan solo 9 individuos, de aproximadamente 30 colegiados, que vivían y ejercían en la población sede de aquel 34

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En este caso, 110 pesetas por cada uno de los seis juzgados de esta provincia, más 180 por el de la capital; AMJ, Varios 297-2/72.

Respectivamente: “Para el efecto de pertenecer a los colegios de abogados se considerarán como residentes los que, no morando en el pueblo, vivan y ejerzan la profesión en el radio de dos leguas, con tal que se comprometan a soportar los cargos en proporción con los demás”; “En los pueblos en que haya colegios de abogados o procuradores sólo podrán ejercer estas profesiones los que estuvieren incorporados a ellos, con estudio abierto en el mismo pueblo”.

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juzgado de la Ribera, siendo que otras poblaciones del distrito podían ser de semejante importancia36.

Visto esto, la defensa de los colegios en donde radicaban las audiencias, y de sus propios abogados a título particular, pasará ahora por cuestionar la propia legalidad de muchos de los colegios menores. En 1883 el de Valencia denunciaba ante la Audiencia el trato desigual e injusto que se daba a sus individuos en los juzgados de los pueblos en donde, según propias interpretaciones, el colegio de abogados no estaba establecido según ley: Sueca, Alzira y Xàtiva37. En base al artículo 860 de la LOPJ, y según el colegio valentino, solo podía haberlo allá donde existieran al menos 20 abogados en ejercicio. Es un requisito que desde la orden de 6 de junio de 1844 se exigía de manera clara e inequívoca, y no se daba en ninguno de estos tres ni en tantos otros fundados en los años anteriores. Es decir, que para abogar en los juzgados del partido judicial de Sueca, según el de Valencia, no podía exigirse legalmente la incorporación en su colegio ni la residencia en su demarcación, pues ninguna prescripción podía regir en un cuerpo viciado de ilegalidad. Es más, aquel artículo solo decía que en las poblaciones con al menos 20 abogados podrán establecerse colegios, sin que se exigiera, como sí hacían los Estatutos del 38, lo cual también podía interpretarse, a conveniencia, como una degradación en cuanto a su cualificación funcional y, por lo mismo, respecto a la adscripción de sus individuos.

Por el contrario, estos colegios menores argumentaban, más propiamente, que la nueva regulación solo se podía entender para los que se fundaran en adelante, pues la legalidad de los anteriores radicaba en los todavía vigentes estatutos de 1838. Es más, si el artículo 869.2 de la LOPJ obligaba a todo abogado de demarcación en donde no hubiera colegio a residir o avecindarse en el pueblo en donde abriera el estudio, con más razón tenía que regir esta regla en donde sí lo hubiera38.

Reiteradas fueron las quejas y peticiones de reforma de estos artículos, especialmente por parte de los colegios mayores. Aunque ignoramos el entender de la Audiencia de Valencia, no debió ser favorable en este punto al del colegio capitalino, pues el

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En junta general de 4 de junio de 1876 se recordó la medida, pues se había extendido la práctica de autorizar los escritos presentados por letrados residentes en Valencia. Una práctica que tenía su origen en “quienes prevaliéndose de la amistad, del parentesco, y aun de nuevas relaciones con los abogados colegiales, han exigido y obtenido por la delicadeza y deferencia de éstos, el que les autorizaran con su firma los escritos que formaban y presentaban en este tribunal en negocios civiles de litigantes cuya defensa dirigían, llegando el abuso a ser muchos los negocios que se seguían y siguen por letrados residentes en la capital, no incorporados en este colegio”.

La firmeza de la junta hizo que, en un principio, no se admitiera en 1882 a Santiago Todo Diego, de Tavernes de la Valldigna, ya que esta población se encontraba a más de dos leguas de Sueca.

Pero en 1775 ya se había incorporado, de la misma población, Juan Gandía Ayala. AICAS, libro 1, oficio de 30 de marzo de 1873 y juntas de 29 de mayo de 1875, y 20 de marzo y 21 de mayo de 1882.

Sobre el de Alzira, los libros de actas del colegio de Sueca dejan constancia de su existencia al menos desde 1882. Respecto al de Xàtiva, las referencias se retrotraen a 1842. En cualquier caso, también para Gandía, se trata de informaciones a completar.

AICAS, libro 1, oficio de 10 de enero de 1883 y junta de 13 del mismo mes.

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