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LA ADMINISTRACIÓN CONCURSAL TRAS LA REFORMA 2011: UNA PERSPECTIVA PRÁCTICA ANÁLISIS COMPARADO DE LA LEY CONCURSAL CON LA LEY 38/2011 DE REFORMA

CARLOS JAVIER MUÑOZ MONTAGUT

Valencia, 2012


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Colección dirigida por:

Enrique Sanjuan y Muñoz Magistrado

Ana Belén Campuzano Catedrática de Derecho Mercantil

© CARLOS JAVIER MUÑOZ MONTAGUT

© TIRANT LO BLANCH EDITA: TIRANT LO BLANCH C/ Artes Gráficas, 14 - 46010 - Valencia TELFS.: 96/361 00 48 - 50 FAX: 96/369 41 51 Email:tlb@tirant.com http://www.tirant.com Librería virtual: http://www.tirant.es I.S.B.N.: 978-84-9033-001-2 MAQUETA: PMc Media Si tiene alguna queja o sugerencia envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia por favor lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-deempresa nuestro Procedimiento de quejas.


Carlos Javier Muñoz Montagut, (Valencia, 1967) Abogado, Economista, Auditor-Censor Jurado de Cuentas, Administrador concursal, Máster en Tributación, Programa de Postgrado en ESADE, AMP por el IE Business School. Desde 1990 ha pertenecido a diversos despachos de auditoría y bufetes de abogados. En la actualidad es socio director de MUÑOZ-FRESCO Abogados/Asesores Fiscales/ Auditores. Colaborador habitual con diversos centros universitarios y en prensa divulgativa y especializada.


A mi mujer, Susana y a mis tres hijos, por su paciencia y comprensi贸n.


SUMARIO Introducción ...............................................................................

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1. ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN CONCURSAL 1.1. Tratamiento legal del órgano: la importancia de la administración concursal .................................................. 1.2. Condiciones subjetivas de los distintos miembros profesionales ....................................................................... 1.3. La inclusión en las listas ................................................ 1.4. Las sociedades de profesionales versus sociedades profesionales ................................................................ 1.5. El administrador concursal acreedor ............................

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2. INCAPACIDADES INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES ...................................................................................... 2.1. Las limitaciones al nombramiento de los administradores concursales .............................................................. 2.2. Algunas cuestiones polémicas en torno a las incompatibilidades: la vinculación profesional con el deudor o persona especialmente relacionada .............................. 2.3. La incompatibilidad por vinculación entre profesionales personas naturales o jurídicas........................................ 2.4. Reflexiones sobre el límite al número de nombramientos y el polémico sistema de listas ................................. 3. LA RETRIBUCIÓN DE LOS ADMINISTRACIONES CONCURSALES ........................................................................... 3.1. Marco legal: naturaleza del derecho de crédito y ámbito subjetivo...................................................................... 3.2. La regla de limitación y su relación con la de exclusividad. Especial referencia a su problemática en los procedimientos con órgano unipersonal ........................ 3.3. El nombramiento de expertos independientes y auxiliares delegados. Régimen y efectos en la retribución de la administración concursal....................................... 3.4. Alcance de la regla de exclusividad .............................. 3.5. Tratamiento legal de la retribución del administrador concursal acreedor......................................................... 3.6. El pago de la retribución: análisis jurisprudencial.......... 3.7. El problema de los concursos sin masa......................... 3.8. Tratamiento tributario de la retribución de los administradores concursales ...................................................... 3.9. Reglas de cálculo de la retribución en virtud del RD 1860/2004 .......................................................................

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12 4. LAS FUNCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CONCURSAL ....................................................................................... 4.1. Informe de la administración concursal, en fase común 4.2. Durante la fase de convenio ........................................... 4.3. Durante la fase de liquidación ........................................ 4.4. Durante la sección de calificación ................................. 4.5. Facultades de la administración concursal ....................

Sumario

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5. LA RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES CONCURSALES .................................................................. 5.1. La acción de responsabilidad ........................................ 5.2. La responsabilidad tributaria de la administración concursal .............................................................................. 5.3. La separación como consecuencia de la acción de responsabilidad de la administración concursal.................

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Conclusión................................................................................... Bibliografía .................................................................................. Abreviaturas ................................................................................

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INTRODUCCIÓN La Ley 22/2003, de 9 de julio, concursal, marca un punto de inflexión en el tratamiento de la problemática jurídico económica en materia relativa al deudor en crisis. En una sola ley se consiguen regular los aspectos sustantivos y procesales, a la vez que se unifican los procedimientos por razones objetivas, es decir, el deudor concursado y todo el procedimiento se enmarca en lo que se denomina concurso de acreedores. El legislador diseña el proceso concursal de modo semejante, en lo que a su trámite se refiere, al procedimiento monitorio. Se inicia sin la existencia de un título que lo justifique pero éste se configura durante su tramitación como, por ejemplo ocurre cuando se utiliza un recibo impagado por un deudor a tal efecto. Sin embargo, en el procedimiento concursal el título se conforma desde dentro del propio procedimiento, no es externo, ya que aquél paraliza los demás procedimientos, con escasas excepciones, en las que algunos procedimientos pueden continuar hasta que se dicte sentencia pero queda en suspenso su ejecución, ya que lo que se pretende es englobar a la totalidad de acreedores, sin que sea preceptiva su intervención con abogado y procurador. Desde esta perspectiva, la legislación concursal, aun albergando antinomias en ocasiones difíciles de reconducir, tiene ciertamente dosis de genialidad, por su practicidad y la flexibilidad que otorga para la resolución de situaciones complejas. En este contexto, el juez se presenta como el primer órgano, desde el punto de vista temporal, de un procedimiento fuertemente teñido de componentes económicos y contables y donde no es posible apoyarse en pruebas o periciales que le permitan conformar un título válido. Es la razón de que el legislador cree la administración concursal, segundo órgano en el tiempo, que teniendo competencias propias interviene en la conformación del título. Es precisamente el informe de la administración concursal el que finaliza el título y lo llena de contenido, al ser la memoria junto con el inventario y la lista de acreedores absolutamente fundamentales para determinar todo el proceso y, en particular,


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la composición de la masa pasiva y el orden de prelación en la satisfacción de las deudas y el activo del deudor que será aplicado al pago de dichas deudas. La naturaleza independiente de la administración concursal, tanto con el órgano jurisdiccional y con terceros o con el deudor, como entre los propios miembros en caso de órgano mancomunado, obedece a que aquélla representa los intereses de los acreedores. El reparto de competencias (a diferencia de la Junta de acreedores que no tiene la cualidad de órgano pues no ejerce competencias) entre el juez del concurso y la administración concursal, ambos son los dos únicos órganos del procedimiento según la Exposición de Motivos de la Ley, no priva de total independencia a este órgano estatutario que, aunque su labor pueda ser entendida como apoyo al juez del concurso, es realmente de representación de los acreedores, entendida ésta, no en sentido técnico, sino como una forma de compartir su interés o sensibilidad y que subyace a la designación, en el caso de órgano colegiado, del administrador acreedor. Eso es lo que justifica que los actos de la administración concursal no sean recurribles ante el juez. Sin embargo, hábilmente, el legislador crea una institución novedosa en materia de insolvencias, el incidente concursal, permitiendo que los actos de la administración concursal sean revisables, mediante la interposición de una demanda incidental, para que la administración concursal se sitúe en régimen de igualdad con quien impugna la decisión o acto, dejando de actuar estatutariamente para pasar a hacerlo procesalmente. Veremos a lo largo de nuestro trabajo que, cuando se interponen incidentes concursales impugnando acuerdos de la administración concursal, se demanda a ésta y al deudor concursado, representando la administración concursal los intereses de los acreedores, lo que exige de ésta una cualificación profesional que la aplicación de la Ley no siempre garantiza. Esa defensa de los intereses de aquellos perjudicados en el procedimiento es el hilo conductor de todo el proceso, tanto si se opta por la solución concordada como la liquidatoria. Desde el informe de la administración concursal a que nos hemos referido, pieza clave del concurso, hasta la conclusión del mismo, la administración concursal tiene una serie de deberes lógicos con esa obligación de defensa y relacionados con el propio in-


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forme cuales son: preservar la masa activa, reintegrar activos, valorar si la opción continuista es preferible para los intereses de los acreedores, liquidar la sociedad si procede, calificar el concurso y rendir cuentas, entre otros. Todas las obligaciones citadas se tratarán en el presente trabajo, al objeto de clarificar cual es el alcance de las funciones de este importante órgano en cada una de ellas. No negaremos que, la juventud de la ley concursal y por qué no decirlo el tremendo abanico de situaciones a los que la administración concursal deberá hacer frente en el seno de un procedimiento concursal, incluso de naturaleza abreviada, sitúa en situaciones complejas a este órgano que, fruto de algunos inconvenientes prácticos y lagunas de nuestra norma, tendrá que hacer gala de no pocas dosis de improvisación, como por ejemplo en la venta anticipada de activos o la posibilidad de solicitar el archivo en los concursos sin activo. Es la intensidad de la crisis económica que asola nuestro país y la economía mundial en general, junto con esa relativa juventud de la normativa concursal, la que dota, si cabe, de mayor importancia la labor del administrador concursal en la que, desde estas líneas, nos proponemos profundizar. El proyecto de reforma de la Ley Concursal pretendía agilizar el procedimiento a la vez que ser un instrumento impulsor de las alternativas de continuidad de las empresas en crisis frente a la recurrente opción liquidatoria. La Ley 38/2011, de reforma de la Ley Concursal, pretende tener un alcance global, corrigiendo errores de enfoque y colmando lagunas legales, simplificando el procedimiento, reduciendo sus costes al tiempo que enfatiza la importancia de los administradores concursales, reforzando los requisitos para ejercer tal función e incrementando su profesionalización, dando cabida a las sociedades de profesionales como instrumento para favorecer la integración de los diversos profesionales en la administración concursal que garanticen el éxito del procedimiento. Sin embargo, en la práctica, las exigencias de reducción de plazos y el afán por la regulación de un verdadero procedimiento abreviado que solucione lo que la doctrina ha calificado como el «problema temporal» de nuestro Derecho concursal, evitando que las soluciones se retrasen en el tiempo, se prevén de difícil aplicación.


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En esa línea, la administración concursal tendrá que hacer un especial esfuerzo para reducir los plazos del procedimiento, con un papel y responsabilidad notablemente reforzados con la reforma de 2011, estando sujeta a un estricto régimen de responsabilidades que exige gran dedicación que, en muchas ocasiones, no es objeto de contraprestación y sin que, en la práctica, se haya resuelto el problema mediante la garantización de su retribución.


1. ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN CONCURSAL 1.1. Tratamiento legal del órgano: la importancia de la administración concursal El Título II de la Ley Concursal pretende regular el estatuto jurídico de la administración concursal en su integridad, de ahí su denominación «De la administración concursal». Por su parte, el artículo 183 de la Ley, que alude a las distintas secciones en las que se divide el procedimiento, dispone que la sección segunda comprenderá todo lo relativo a la administración concursal, es decir, a su nombramiento, al estatuto de los administradores concursales, a la rendición de cuentas y, en su caso, a la responsabilidad de aquéllos. No obstante, no sería riguroso afirmar que todas las actuaciones en relación con el estatuto jurídico de la administración concursal quedan ordenadas en la sección segunda ya que el propio nombramiento de los administradores concursales ex artículo 21.1.2.º de la Ley Concursal se recoge en el auto de declaración de concurso, que se incluye en la sección primera y cuyo testimonio encabezará todas las demás secciones del procedimiento. Evidentemente, el contenido del Título II de la ley no es coincidente con la sección segunda, ya que aquél regula el nombramiento y estatuto jurídico de los administradores concursales mientras que las actuaciones de éstos son múltiples y se encuentran recogidas a lo largo de todo el articulado de la Ley. Según reputados autores1 se echa en falta un capítulo que establezca cuales son las facultades de los administradores concursales, y la rendición de cuentas se omite en el Título II, de forma, cuanto menos, poco sistemática. Hasta la reforma de 2011, el artículo 27 de la ley disponía que la administración concursal debía estar integrada por tres miembros, a saber, dos profesionales y un acreedor. Respecto

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PULGAR EZQUERRA, J. (Director) y otros. Comentarios a la Ley Concursal. Tomo I. Madrid, Dykinson, 2004, p. 526.


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a los profesionales el legislador, dada la doble vertiente jurídico económica del proceso, prescribía que el órgano debía estar compuesto por una abogado y por un profesional de la economía, contabilidad y finanzas, aludiendo a la posibilidad de que el cargo sea ocupado por un auditor de cuentas, economista o titulado mercantil colegiados. En ambos casos la norma exigía una experiencia mínima de cinco años, exigencia a la que subyace la necesidad de un expertise que permita evitar dilaciones en el proceso con ocasión de los variados problemas que se prevé que surjan en una empresa en crisis. Con la derogada ley de suspensiones de pagos y quiebras, los tres interventores judiciales eran profesionales, nombrados por el juez a su criterio, dos necesariamente auditores y el tercero acreedor del primer tercio del pasivo. Si el acreedor era una entidad designaba a una persona física. En el caso de las quiebras, el juez designaba un comisario y un depositario y los acreedores elegían a tres síndicos. En la práctica se tendía a que, mayoritariamente, los profesionales designados, en todos los casos, fuesen auditores de cuentas, otorgando una importancia residual a los letrados, salvo para el asesoramiento externo en algunos casos. La ley 22/2003, previa a su reforma, cambió radicalmente el planteamiento existente en la regulación de las suspensiones de pagos y las quiebras, persiguiendo un equilibrio en cuanto a las cualificaciones profesionales de los integrantes de la administración concursal se refiere, para algunos un equilibrio inestable y efímero en la medida en que el mayor peso de los profesionales económicos podía marcar la pauta2. Además el supuesto equilibrio no eximía de dificultades ya que, la gran heterogeneidad del órgano (cada tipo de profesional se sujeta a normas técnicas distintas y formas de trabajar bien diferentes), podía ser el caldo de cultivo de discrepancias a la hora de tomar decisiones o hacer valoraciones e informes3. En cualquier caso, las decisiones debían tomarse atendiendo al carácter colegiado del órgano (aunque quedaba patente la preferencia del

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CORDÓN MORENO, F. (Director) y otros. Comentarios a la Ley Concursal. Tomo I. 2.ª edición. Navarra, Aranzadi-Thomson Reuters, 2010, p. 382. PULGAR EZQUERRA, J. (Director) y otros. Comentarios a la Ley Concursal. Tomo I. Madrid, Dykinson, 2004, p. 531.


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legislador por los profesionales de la economía4) consignándolas en las actas a que hacía referencia el artículo 35.4 LC, actualmente 35.3 LC (donde ya no se exige que el libro se legalice ante el secretario judicial, bastando papel común), y con las consecuencias que de ello se derivan a efectos de responsabilidad ex artículo 36.2 LC, sin olvidar el carácter economicista del órgano al ser mayoría de miembros profesionales de formación económica y por supuesto, el interés de la masa5 y teniendo en cuenta que la ley no atribuye competencias exclusivas a los miembros de la administración concursal6. La reforma de 2011 da un giro radical al planteamiento inicial, bajo la premisa de intentar abaratar los costes del proceso al tiempo que agilizar, a toda costa, la finalización del mismo. Así, el artículo 27, en su nueva redacción, elimina, en términos generales, el carácter colegiado del órgano, que pasará a estar constituido, salvo casos excepcionales, por un solo miembro, lo que puede ser problemático en un procedimiento complejo7, sin que varíe la cualificación profesional exigida anteriormente, pero incidiendo en la necesidad de que la acreditación de la experiencia deberá complementarse con la prueba de formación especializada en el ámbito concursal. No por ello se prescinde de la necesidad de poner de manifiesto el compromiso de continuidad en la formación, pero se elimina la prueba diabólica que contemplaba la norma modificada ya que se exigía la acreditación, cosa imposible, de dicho compromiso. Alternativamente el legislador da entrada explícitamente a las personas jurídicas, si bien ya se contemplaban en la norma modificada, en las que se integre, al menos, un abogado y un economista, titulado o auditor, cuyo representante deberá cumplir, ex artículo 30, las

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CORDÓN MORENO, F. (Director) y otros. Comentarios a la Ley Concursal. Tomo I. 2.ª edición. Navarra, Aranzadi-Thomson Reuters, 2010, p. 382. PULGAR EZQUERRA, J. (Director) y otros. Comentarios a la Ley Concursal. Tomo I. Madrid, Dykinson, 2004, p. 532. CORDÓN MORENO, F. (Director) y otros. Comentarios a la Ley Concursal. Tomo I. 2.ª edición. Navarra, Aranzadi-Thomson Reuters, 2010, p. 381. En los trabajos prelegislativos el órgano unipersonal se preveía para los procedimientos abreviados. Es la enmienda 204 del Grupo Parlamentario Socialista la que introduce este cambio, que se justifica en el apartado VII del preámbulo de la Ley como una forma de ahorro y de dotar de agilidad al procedimiento, alineándolo con el de otros países.


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condiciones de los profesionales personas físicas recogidos en el primer apartado del artículo 27. Sólo en el caso de concursos, ordinarios, de especial trascendencia, a los que luego nos referiremos, el juez nombrará, de entre los acreedores del concurso, además del administrador concursal previsto, a un segundo administrador, otorgando al órgano carácter mancomunado ex artículo 35.2, el mismo carácter que tenía el órgano cuando, desde la reforma de 2009, el juez entendía necesario designar a dos administradores concursales en los procedimientos abreviados. De la constante presencia del órgano en todas las fases del procedimiento y de la completa cualificación del mismo por mor de su composición ex lege viene deducida su importancia en el proceso. Si bien el artículo 186 de la Ley Concursal dispone que declarado el concurso se impulsará de oficio y el artículo 187 extiende todas las facultades al juez para practicar todas las diligencias que estime oportunas y por tanto lo erige en el responsable de la tramitación del procedimiento, no por ello la administración concursal pasa a ser un órgano subordinado al jurisdiccional, sino que el órgano jurisdiccional y el estatutario (la administración concursal) gozan de un mismo estatus en cuanto a su relevancia en el procedimiento, siendo complementarios y con funciones y competencias autónomas y propias8. Incluso un sector de la doctrina entiende que la administración concursal es más importante, si cabe, en cuanto a los objetivos que se pretenden de sus funciones, que el propio juez. No llegaremos tan lejos pero si podemos afirmar sin ofender a la razón que la notable importancia de las competencias de la administración concursal son las que exigen y explican el estricto régimen de incompatibilidades y responsabilidades y, en todo caso de cualificación en la medida que va a actuar como órgano auxiliar del juez, quien, en su función supervisora podrá, en cualquier momento, requerir a todos o alguno de los administradores concursales una información específica o una memoria sobre el estado de la fase del concurso (art. 35.4 LC, antes 35.6 LC). El órgano, mancomunado cuando es pluripersonal, adopta una naturaleza dual que condensa las funciones de administra8

PRESENCIA CRESPO, F. Seminario: Problemática de la actuación concursal en empresas constructoras. COEV, Valencia, 6 de mayo de 2008.


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ción y representación del deudor y al tiempo de la masa9. Se conjuga la dependencia, rectius, la naturaleza auxiliar, del juez con la autonomía propia. Sin embargo, desde el momento en que la administración concursal se configura como un órgano especializado y cualificado para analizar la insolvencia, valorar y evaluar la posible viabilidad del negocio del deudor y del convenio, estudiar planes de enajenación de activos, determinar la clasificación de los créditos e informar acerca de posibles acciones de reintegración, de responsabilidad y de culpabilidad, entre otros, puede resultar poco atrevido adverar que el papel del juez pasa a un segundo plano, sin dejar de ser el órgano rector del procedimiento, interviniendo sólo en las cuestiones de mayor trascendencia además de su cometido procesal fundamental a través de la emisión de sentencias. La enorme responsabilidad que por ministerio de la ley se otorga al juez para el nombramiento de un órgano de tanta importancia supone, en la práctica, que ante la declaración de concursos que revistan cierta complejidad, deban ser elegidos profesionales con solvencia reconocida y, en definitiva, de confianza del juez en el sentido profesional del término10. Algunos autores plantean dos opciones respecto a la elección de los profesionales por el juez. Por un lado seguir estrictamente el orden de las listas o por otro, proceder a un sorteo, ambos con el propósito de ofrecer igualdad de oportunidades y reducir la discrecionalidad y las presiones que se pudieran producir en torno al juez11. De hecho el Consejo General del Poder Judicial aprobó un Protocolo de designación automática de los administradores concursales, similar al de los peritos judiciales, que elimina totalmente la discrecionalidad del juez y que por tanto incurre en ilegalidad ya que la propia Exposición de Motivos de la LC otorga al juzgador una amplia discrecionalidad12.

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PULGAR EZQUERRA, J. (Director) y otros. Comentarios a la Ley Concursal. Tomo I. Madrid, Dykinson, 2004, p. 531. TIRADO MARTÍ, I. en ROJO-BELTRÁN (Directores). Comentario de la Ley Concursal. Tomo I. Madrid, Thomson-Civitas, 2004, p. 574. CORDÓN MORENO, F. (Director) y otros. Comentarios a la Ley Concursal. Tomo I. 2.ª edición. Navarra, Aranzadi-Thomson Reuters, 2010, p. 393. TIRADO MARTÍ, I. Los administradores concursales. Cizur Menor, Navarra, Aranzadi, 2005, pp. 400 y 401.


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Sin embargo, para que los profesionales que actúan sean de confianza del juez, es necesaria la existencia de libertad de elección que se otorga a aquél en el marco de unas limitaciones legales, configurando lo que se ha denominado un sistema mixto13. Esto genera cierto desasosiego entre aquellos profesionales que desean ser designados y nunca lo son por falta de solvencia en la materia. No olvidemos que, aunque como veremos al tratar las prohibiciones del artículo 28 LC el legislador establece un número máximo de nombramientos en el caso de que existan suficientes personas disponibles para ocupar el cargo, esta limitación se puede interpretar restrictivamente, de acuerdo a un criterio voluntarista, argumentando que para el grado de dificultad o de especialización sectorial de un procedimiento determinado el juez necesita designar a un administrador, pues no dispone de otro de esa necesaria solvencia, aunque se exceda el límite legal. En ese sentido, la nueva redacción del artículo 27 dispone, en su apartado 4, que las designaciones deben ser acordes con una distribución equitativa pero deja a la discrecionalidad del juzgador la posible designación de administradores concretos en virtud de su expertise o formación específica. Del mismo modo, si bien la norma preceptúa que sólo podrán ser designados en concursos ordinarios quienes acrediten su participación, como administradores o auxiliares, en otros ordinarios o, al menos, en tres abreviados, el juez podrá, motivadamente, obviar este requisito, en atención a las circunstancias concretas del concurso. No obstante, es requisito previo el cumplimiento de lo dispuesto en el 27.1 LC, es decir, el Juez podrá nombrar, por ejemplo, a un abogado en un concurso ordinario aunque no haya participado en tres abreviados si considera que es adecuado para el cargo, pero en todo caso es preceptivo que conste en las listas y acredite formación especializada y cinco años de experiencia profesional14.

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PULGAR EZQUERRA, J. (Director) y otros. Comentarios a la Ley Concursal. Tomo I. Madrid, Dykinson, 2004, p. 538. Pensemos en la problemática situación de, por ejemplo, un abogado del Estado, al que se presupone preparado, que acaba de solicitar la excedencia y solicita su inclusión en las listas, sin formación especializada ni ejercicio profesional.


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En términos de economía procesal, de seguridad jurídica y teniendo presente las dificultades que se pueden presentar en un proceso concursal voluminoso, no podemos sino afirmar la necesidad de que el administrador concursal inicie su formación en procedimientos sencillos. Además para flexibilizar los nombramientos y evitar en lo posible este problema es imprescindible la existencia de un proceso de formación continua, avalado y homologado por instituciones competentes que garantice que el acceso a la función de administrador concursal conlleva una criba académica previa, siendo un valor añadido la especialización por sectores.

1.2. Condiciones subjetivas de los distintos miembros profesionales En palabras de TIRADO MARTÍ «la administración concursal es un modelo de profesionales no profesionalizados»15, es decir una estructura semi abierta, semi-profesional porque no es por mitad16, compuesta mayoritariamente por profesionales pero que ejercen cada uno sus capacidades de forma que éstas se interrelacionan en el seno del órgano, pero en ningún modo este órgano como tal se funcionariza, lo que se ha denominado órgano profesionalizado por adicción, a diferencia del profesionalizado. Las aptitudes exigibles a cada uno de los componentes del órgano se recogen únicamente en la Ley Concursal y se hace de un modo ciertamente vago e impreciso. Evidentemente, esta concepción queda desvirtuada, en cuanto a su composición, con la reforma de 2011, que configura un órgano unipersonal, no así en cuanto a su naturaleza, pues, en el supuesto de dos miembros al menos uno sigue siendo profesional (en el caso de sociedades lo es su representante), pudiendo ser profesional también el segundo administrador, que representa al acreedor, en determinados casos. Respecto al abogado, con la reforma de 2011 el legislador exige una experiencia mínima de cinco años de «experiencia

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TIRADO MARTÍ, I. en ROJO-BELTRÁN (Directores). Comentario de la Ley Concursal. Tomo I. Madrid, Thomson-Civitas, 2004, p. 573. CORDÓN MORENO, F. (Director) y otros. Comentarios a la Ley Concursal. Tomo I. 2.ª edición. Navarra, Aranzadi-Thomson Reuters, 2010, p. 381


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profesional efectiva»17, (antes «ejercicio efectivo», requerimiento que en el proyecto de reforma de la Ley Concursal se había eliminado) sin que sea necesario que se haya desarrollado en el lugar donde se desarrolle el procedimiento18, plazo muy corto para conocer la realidad jurídica tras obtener la licenciatura o actual grado19 (algunos autores como TIRADO MARTÍ entienden incluso que, en la norma modificada, no era exigible, según la dicción literal, que exista tal experiencia de forma inmediata, al exigirse los requisitos subjetivos en el momento del nombramiento, lectura que no compartimos al no tener encaje en una interpretación teleológica de la norma)20. Llamaba la atención, sin embargo, antes de la reforma, que dada la complejidad de las funciones encomendadas al administrador concursal, no se exigiera una cualificación más especializada y acorde con el procedimiento. El legislador añade, con la reforma, la importante exigencia, aunque poco precisa, de haber acreditado formación especializada en el ámbito concursal. Entendemos que hace referencia a la asistencia a cursos y seminarios, que mediante lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 27 permitirá que los designables puedan solicitar la inclusión en las listas de su experiencia así como de sus conocimientos y formación. Los colegios y corporaciones deberán habilitar sistemas, inexistentes hasta la fecha, de control de formación y experiencia para canalizar esa información a los decanatos de los juzgados.

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La enmienda número 105 del Grupo Parlamentario Popular del Congreso proponía que la experiencia, tanto del abogado como del economista, auditor o titulado fuera de diez años, quince en el caso de concursos de especial relevancia. Sin embargo la enmienda 205 del Grupo Parlamentario Socialista no exigía experiencia alguna. Finalmente el legislador ha optado por un término intermedio. TIRADO MARTÍ, I. en ROJO-BELTRÁN (Directores). Comentario de la Ley Concursal. Tomo I. Madrid, Thomson-Civitas, 2004, p. 575. CORDÓN MORENO, F. (Director) y otros. Comentarios a la Ley Concursal. Tomo I. 2.ª edición. Navarra, Aranzadi-Thomson Reuters, 2010, p. 384. TIRADO MARTÍ, I. en ROJO-BELTRÁN (Directores). Comentario de la Ley Concursal. Tomo I. Madrid, Thomson-Civitas, 2004, p. 576. Podría darse, por ejemplo, que el candidato tenga muchos años de experiencia pero el año inmediato anterior estuviera de baja, siendo el juez quien deberá valorar la oportunidad de la designación.


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