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EL DELITO DE CORRUPCIÓN DEPORTIVA

EMILIO CORTÉS BECHIARELLI Profesor Titular de Derecho Penal Director de la Cátedra de Derechos Humanos Manuel de Lardizábal Universidad de Extremadura Consejero de la Sociedad Anónima Deportiva Cádiz Club de Fútbol

Valencia, 2012


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© Emilio Cortés Bechiarelli

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A Sole


ÍNDICE PRÓLOGO..............................................................................................

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PRESENTACIÓN....................................................................................

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PRIMERA PARTE PRESUPUESTOS PARA EL ESTUDIO DEL DELITO DE CORRUPCIÓN DEPORTIVA Capítulo I INTRODUCCIÓN, ORÍGENES Y TRAMITACIÓN PARLAMENTARIA 1. UNA REFLEXIÓN PREVIA: EL CONTEXTO DEL DELITO........... 2. EL NUEVO DELITO: UBICACIÓN, REDACCIÓN Y DEFINICIÓN. 3. LA INFLUENCIA COMUNITARIA. Y UN DOCUMENTO CRUCIAL.................................................................................................. 4. ASPECTOS DE DERECHO COMPARADO...................................... 4.1. El caso italiano............................................................................. 4.2. La ley portuguesa de 2007............................................................ 4.3. La cuestión en Alemania............................................................... 4.4. Consideraciones críticas................................................................ 5. TRAMITACIÓN PARLAMENTARIA............................................... 6. LA LEGISLACIÓN DEPORTIVA EN LA MATERIA.........................

Capítulo II EL BIEN JURÍDICO PROTEGIDO (Y ALGUNAS CONSECUENCIAS INTERPRETATIVAS)

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SEGUNDA PARTE EL TIPO DE CORRUPCIÓN DEPORTIVA Capítulo III ELEMENTOS DEL TIPO OBJETIVO 1. INTRODUCCIÓN............................................................................. 2. SUJETOS............................................................................................ 2.1. Generalidades............................................................................... 2.2. Los sujetos citados por la norma..................................................

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Índice

2.3. Otros aspectos. La persona jurídica.............................................. 3. ACCIONES TÍPICAS.......................................................................... 3.1. El referente del cohecho................................................................ 3.2. Fraude activo................................................................................ 3.3. Fraude pasivo............................................................................... 3.4. Comisión por omisión.................................................................. 4. OBJETOS MATERIALES................................................................... 5. EL CARÁCTER PROFESIONAL DEL DEPORTE PRACTICADO.... 6. LA ENTIDAD DEPORTIVA..............................................................

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Capítulo IV TIPO SUBJETIVO 1. DOLO................................................................................................ 2. LAS LLAMADAS PRIMAS A TERCEROS........................................ 3. ERROR..............................................................................................

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Capítulo V OTRAS CUESTIONES DE LA TIPICIDAD 1. 2. 3. 4.

ITER CRIMINIS................................................................................ PARTICIPACIÓN............................................................................... CONCURSOS.................................................................................... PENA.................................................................................................

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TERCERA PARTE ASPECTOS PROCESALES Capítulo VI NON BIS IN IDEM, PRUEBA Y OTROS ASPECTOS 1. LA CONCURRENCIA DE LAS DISCIPLINAS PENAL Y DEPORTIVA...................................................................................................... 2. PRUEBA Y DERECHOS FUNDAMENTALES................................... 3. PERSEGUIBILIDAD Y PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA............

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BIBLIOGRAFÍA UTILIZADA..................................................................

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PRÓLOGO Corruptio optimi, pessima est. Estando el deporte entre lo mejor de nuestra sociedad, el riesgo no debe ser infravalorado, porque es mucho lo que podemos perder. La amenaza del dopaje como sombra capaz de oscurecer una realidad humana valorada y disfrutada como pocas, ha sido sustituida en buena medida por la amenaza derivada de agentes externos, que pretenden supeditar el lógico devenir del proceso deportivo a sus intereses económicos de variadas formas, entre las que destacan el amaño de resultados para su utilización en el mercado de las apuestas. Durante muchos años, la corrupción como conducta jurídicamente relevante ha estado circunscrita al ámbito de la esfera pública, pero esta visión se ha extendido, de forma que socialmente se empieza a utilizar la corrupción para describir comportamientos inadecuados de personas que no desempeñan cargo público ninguno y que han incurrido en cualquier irregularidad a la hora de tomar una decisión. En una empresa privada es frecuente que se califique como corrupta a cualquier persona que mezcla sus intereses personales con los de la compañía y, desde otro prisma, también oímos hablar de deportistas o gestores corruptos. Desgraciadamente, la colección de sucesos ya juzgados va más allá de la excepción que confirma la regla de una conducta generalizada adecuada a los parámetros de las buenas praxis. Sin tener que echar la vista atrás, el Fenerbahce turco, campeón de la liga de fútbol 2010-2011, fue excluido de la máxima competición europea al acreditarse que sus dirigentes habían comprado partidos. Estando frente al ordenador para escribir estas líneas, se inicia un juicio en el que se sientan en el banquillo 93 personas acusadas de participar en el amaño de partidos en el fútbol turco. En Grecia, una sanción similar pesa sobre el equipo Olympiacos Volou, excluido de la presente edición de la Europa League por intervenir en la compraventa de partidos. Y, por último, podríamos listar varios importantes dirigentes del fútbol relacionados con la Copa del Mundo de 2014 acusados de diversas conductas inapropiadas, de la misma manera que en la adjudicación de la sede de ese evento para las ediciones de 2018 y 2022, el más importante tras los Juegos Olímpicos, lamentables acontecimientos han precedido a la lógica conmoción social al evidenciarse la posibilidad de manipulación a la que está sometido un patrimonio de la humanidad tan importante como el deporte. Como en tantas ocasiones, los factores sociales y lingüísticos son el preludio de la conformación de instituciones jurídicas, pues el Derecho


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continua siguiendo a la vida. Puede que cada vez resulte menos sencillo definir jurídicamente el término, pero lo que sí es cierto es que a nivel coloquial, cualquier aficionado al deporte está familiarizado con el término corrupción. Quizá considerando el deporte como algo socializado, la conciencia de posesión sobre él justifique que el término se utilice con el mismo significado que hace 10 años se reservaba a quien se encontraba en el ejercicio de un cargo público. La publicación de la monografía de EMILIO CORTÉS BECHIARELLI responde a un estudio de las novedades introducidas en este ámbito con la aprobación de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, de modificación del Código Penal. Su principal objetivo reside en adaptar nuestra legislación penal al marco comunitario establecido por la Decisión marco 2003/568/JAI del Consejo, de 22 de julio de 2003, relativa a la lucha contra la corrupción en el sector privado. De esta manera el sistema legal de España se sitúa en la lucha contra la corrupción al mismo nivel que otros ordenamientos jurídicos de nuestro entorno, entre los que se encuentran Italia, Alemania, Turquía y Grecia. No obstante, aunque la sanción a los corruptos es necesaria, la inclusión de sus actuaciones dentro del ámbito penal no ha sido compartida favorablemente por toda la doctrina española. Las dificultades de la realidad práctica para conceptuar aquellas acciones que deben ser catalogadas como corruptas, presentan en el plano jurídico todavía, si cabe, una mayor complejidad. El hecho de que hasta hace bien pocos años la corrupción únicamente podía entenderse como aquella que proviniera del sector público, debido a la posición de poder y a la delimitación rígida de los principios y metas que se conectan al desempeño de la función pública, ha obligado a replantearse seriamente cuál es el bien jurídico que se pretende proteger y si para ello es necesaria la represión penal del mismo. Dichos planteamientos se agudizan en el sector deportivo puesto que éste, al hallarse en ocasiones parcial y en otras completamente en el ámbito privado, se somete igualmente a una doble referencia normativa, la específicamente deportiva, que ya incluye y sanciona actos similares, y el delito tipificado en el artículo 286 bis del Código Penal. Ello enfrenta dos marcos jurídicos, el penal y el disciplinario deportivo, donde, evidentemente, el Derecho penal tiene preeminencia, pero cuyos efectos sobre el deportivo son complejos de coordinar. De esa transversalidad de la corrupción se derivan una serie de situaciones de difícil encaje; y se debe, entre otras cosas también, a la contestable costumbre de querer solucio-


Prólogo

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nar por la vía del Derecho penal aquello que por otros cauces es más complejo o donde el acto sancionador está socialmente peor valorado. El artículo 286 bis del Código Penal condiciona la catalogación de las conductas de los diferentes agentes deportivos como corruptas, cuando éstas tengan por finalidad predeterminar o alterar de manera deliberada y fraudulenta el resultado de una prueba, encuentro o competición deportiva profesional. De ello se derivan varias cuestiones que reclaman una especial atención, y que bien merecen, alguna de ellas, una breve consideración en este Prólogo, emplazando no obstante al lector al análisis posterior, que con mayor profundidad, se realiza en la obra de EMILIO CORTÉS BECHIARELLI. En primer lugar, es necesario incidir en la problemática que existe sobre el bien jurídico concreto que se pretende proteger, puesto que si éste viene a ser, por ejemplo, la competición, o mejor dicho, el equilibrio de la competencia existente entre los distintos agentes intervinientes en el ámbito competitivo-deportivo, quizás el marco penal no debería ser el responsable de sancionar estas acciones. Sostiene el autor que para ello se concibió la Ley 3/1991, de 10 de enero de Competencia Desleal. Desde ese momento se suscitan dudas sobre la novedad que se introduce con este nuevo tipo, y su relevancia y efectividad para proteger un bien jurídico que aparentemente a través de otras normas se debería haber podido salvaguardar. Por otro lado, la posición organizativa y disciplinar de los titulares de la competición se debilita en detrimento de un régimen penal que presenta varias sombras a nivel conceptual y de ejecución, pudiendo llegar el caso que sean castigadas actuaciones y sujetos que realmente no deberían ser catalogados como corruptos. Finalmente, resulta ciertamente imprecisa la interpretación del acto delictivo en sí, cuando exige el examen de una serie de parámetros establecidos, bien en normas deportivas, bien en atención a situaciones específicas del ámbito deportivo que, en última instancia, hasta fijarían el contexto y el contenido en el cual el hecho punitivo puede tener lugar. Por consiguiente, existe cierta incertidumbre en cuanto al supuesto de hecho, que variaría según las modificaciones que puedan darse en el ámbito en el que operan, restando con ello rigidez y seguridad jurídica, características muy arraigadas en el Código Penal, a los términos y limitaciones del delito de corrupción deportiva. EMILIO CORTÉS BECHIARELLI hace gala en esta monografía de su capacidad didáctica para explicar con detalle los distintos elementos de los que se compone el tipo del artículo 286, párrafo cuarto, bis del Código Penal. Como buen docente en el área de Derecho Penal parte de


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Miguel Cardenal Carro

una introducción del tipo, en la cual ya se comienza a entrever la postura del autor ante las complejidades que presenta la corrupción en el ámbito deportivo y su difícil enmarque en nuestro ordenamiento jurídico. Continúa el autor estudiando el tipo objetivo y el tipo subjetivo del delito para posteriormente centrarse en sus perfiles más destacados. Como colofón al estudio doctrinal de esta nueva figura jurídica EMILIO CORTÉS BECHIARELLI llama la atención del lector sobre otros elementos más procedimentales, pero igual de importantes, que abarcan desde aspectos atinentes a la prueba hasta la aplicación del principio de non bis in ídem. Ha de agradecerse la elaboración de estudios monográficos como el presente. El ordenamiento intenta reaccionar para proteger un bien jurídico, para hacerse cargo de una demanda social. Toda la reflexión que aporte la ciencia jurídica ayudará a evaluar el acierto de ese esfuerzo, y encauzarlo con mejoras continuas para servir al fin pretendido. El reto está lejos de haber sido superado. Estos días, en el seno del Consejo de Europa se planteaba la discusión sobre una nueva convención europea relativa al amaño de partidos. La preocupación es global, y por eso son necesarios sumar todas las contribuciones para que la respuesta sea la adecuada. Miguel Cardenal Carro Secretario de Estado para el Deporte.


PRESENTACIÓN En el año 2007 tuve la satisfacción de publicar en esta misma editorial mi libro El delito de dopaje que, hasta el momento, es la única monografía que sobre esta concreta materia se ha escrito, si bien la literatura científica dimanante de este tipo penal es muy variada y se encuentra en gran número de artículos y capítulos de libros. Al tener conocimiento de la inclusión en nuestro Código penal de otro delito relacionado con el ejercicio de la actividad deportiva como es el de la llamada corrupción en ese ámbito, decidí abordar su estudio tratando con ello de forma deliberada de establecer una línea de investigación referente a lo que ya hoy puede denominarse Derecho penal del deporte (título de un excelente y reciente libro de ROSARIO DE VICENTE MARTÍNEZ). En esta ocasión, otro muy querido colega, IGNACIO BENÍTEZ ORTÚZAR, anduvo más presto que yo y se adelantó con una exhaustiva monografía que tiene como objeto el delito de fraude deportivo recientemente instalado en el Código penal español. He preferido dilatar algo la confección de esta obra para tener en cuenta muchas de sus consideraciones, con la intención de que ambas se complementen en la medida de lo posible. Por mi parte, propongo que los elementos del tipo sean interpretados de forma restrictiva, en el convencimiento de que nos situamos ante una figura penal que concentra todos los vicios de la legislación criminal contemporánea, desde su génesis, hasta su definitiva implantación. En efecto, este delito fue solicitado por la Liga de Fútbol Profesional al Consejo Superior de Deportes (así, sin más), en lo que constituye otro exponente de reforma penal a la carta cuyo precedente más inmediato había sido la concerniente a la seguridad vial, instada desde la Dirección General de Tráfico. A partir de ahí, nos encontramos con una redacción difusa y demasiado dependiente de las formas de corrupción privada que atentan a la libre competencia de los mercados. El tipo se articula sobre la base de la defensa de la pureza deportiva, erigida extravagantemente en bien jurídico protegido por el ordenamiento penal, sin poner el acento en momento alguno en las defraudaciones que se producen en el entorno de las apuestas deportivas a través de internet, que sí demandaban la implantación de un delito autónomo para superar las carencias típicas del delito de estafa en esos casos cada vez más frecuentes. El desaguisado llega hasta tal extremo que se podrá comprobar como hay conductas relacionadas con estos fraudes en los juegos de azar que para el tipo penal del


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Presentación

párrafo cuarto del art. 286 bis han de ser impunes, sencillamente por la orientación dada al tipo, que no es otra que la protección del fair play. Y todo lo anterior no es culpa —esta vez— de la Unión Europea, que en su Decisión Marco 2003/568/JAI, de 22 de julio, relativa a la lucha contra la corrupción en el sector privado, no se refiere en pasaje alguno de su redacción a los sobornos en el concreto ámbito deportivo. Pero lo cierto es que ya las primas a terceros corren el riesgo de ser sancionadas con penas de hasta cuatro años de prisión, desplazando así a la disciplina deportiva de la corrección de estas prácticas. Queda por saber si nuestros Jueces y Tribunales (los de instrucción ya podrán, por cierto, limitar derechos fundamentales de los investigados para el esclarecimiento de hechos de esta especie) considerarán típicas las conductas consistentes en incentivar a los deportistas para lograr la victoria o, como propongo, no. Por lo demás, la tipificación del delito no se entiende sin los antecedentes jurisprudenciales que el cohecho aporta, lo que hace que en algunos pasajes de esta obra se aluda a ellos, en el entendido de que van a ser asimilados por el nuevo tipo de soborno deportivo. No espero, por desgracia, una exégesis jurisprudencial a la baja que tenga en cuenta la diferente dimensión que en un Estado de Derecho debieran alcanzar la probidad de las autoridades públicas y la pureza en el desarrollo de las actividades deportivas profesionales. Quiero agradecer expresamente en este momento a LUIGI FOFFANI (gran conocedor de esta materia) las facilidades que me dio para realizar una estancia de investigación en la Universidad de Módena a fin de estudiar la legislación italiana que castiga los fraudes deportivos, así como las principales aportaciones doctrinales derivadas de la aprobación de la Ley 401 de 1989 vigente en la República de Italia. Su afecto y hospitalidad nunca los podré agradecer bastante. Igualmente, a MIGUEL CARDENAL CARRO, Secretario de Estado para el Deporte, compañero de mi querida Universidad de Extremadura, por acceder a prologar este libro. Y a mi antiguo alumno EMILIO GARCÍA SILVERO, Asesor Jurídico de la Real Federación Española de Fútbol, por resolverme algunas dudas de forma rápida y amable. Por último, mi gratitud también a la Editorial Tirant lo Blanch por publicar la monografía. Esta obra sólo pretende ser útil. Quizá no para comprender todos los aspectos del delito, pero sí al menos para generar un debate sobre determinadas cuestiones controvertidas que se plantean en la misma, siempre en aras del enriquecimiento científico.


PRIMERA PARTE

PRESUPUESTOS PARA EL ESTUDIO DEL DELITO DE CORRUPCIÓN DEPORTIVA


Capítulo I

INTRODUCCIÓN, ORÍGENES Y TRAMITACIÓN PARLAMENTARIA

1. UNA REFLEXIÓN PREVIA: EL CONTEXTO DEL DELITO El incesante goteo de reformas y contrarreformas que ha padecido el Código penal de 1995 ha culminado con la penúltima1 de sus modificaciones operada en virtud de la LO 5/2010, de 22 de junio2, que constituye sin duda la norma más ambiciosa de cuantas han afectado a nuestra principal ley criminal. Esta reforma del año 2010, generalmente valorada, supone la cristalización de un proceso de pérdida de calidad de la legislación penal nacional, a pesar de los incesantes esfuerzos de la gran mayoría de la doctrina científica por alertar acerca de este riesgo. A la incriminación de delitos cuya antijuridicidad material no se advierte como es debido y a la falta de apego por la determinación precisa del bien jurídico que se trata de proteger en cada caso (verdaderos tópicos ya de nuestras publicaciones científicas, más respecto a la primera circunstancia), se une ahora la tiranía de las normas emanadas de la Unión Europea que impregnan el ordenamiento penal español sustantivo hasta extremos rayanos en lo inaceptable, de modo que, usando el símil deportivo, bien puede decirse que esta rama del Derecho ya no juega siempre en su campo3. Algo sí, porque

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La LO 3/2011, de 28 de enero, por la que se modifica la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (BOE nº 25, de 29 de enero de 2011, pp. 9524 y ss.) se aprovecha para corregir algunos aspectos de la LO 5/2010 en su Disposición Final Segunda. BOE nº 152, de 23 de junio de 2010, pp. 54811 y ss. Sobre los inconvenientes del proceso de armonización del Derecho penal nacional, recientemente, y resumiendo de forma exhaustiva el estado de la cuestión, NIETO MARTÍN, «El Derecho penal europeo: una aproximación a sus problemas actuales», en VV.AA. (dirigidos por ARROYO ZAPATERO y NIETO MARTÍN), Piratas, mercenarios, soldados, jueces y policías:


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concurre la agravante de que generalmente el legislador penal patrio va mucho más allá de aquello que sus obligaciones comunitarias le imponen, encontrándose diferentes exponentes de estos desbordamientos en la LO 5/20104. Así, sin ambages, su Preámbulo considera que una de las «coordenadas» del texto normativo es el hecho de que «España tiene contraídas obligaciones internacionales, especialmente en el ámbito de la armonización jurídica europea, que exigen adaptaciones —a veces de considerable calado— de nuestras normas penales». De este modo, dígase lo que se diga, va perdiendo consistencia y vigor el mantenimiento de una auténtica política criminal española5.

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nuevos desafíos del Derecho penal europeo e internacional, Cuenca, 2010, pp. 229 y ss. Igualmente, QUINTERO OLIVARES, «Políticas criminales nacionales y globalización», en VV.AA. (coordinados por URQUIZO OLAECHEA, ABANTO VÁSQUEZ y SALAZAR SÁNCHEZ), Dogmática penal de Derecho penal económico y política criminal. Homenaje a Klaus Tiedemann, Lima, 2011, pp. 895 y ss. Un exponente paradigmático es este delito de corrupción privada: el art. 4 de la Decisión Marco 2003/568/JAI propone que los Estados aseguren su sanción con penas privativas de libertad «de una duración máxima de al menos de uno a tres años», y el art. 286 bis de nuestro Código penal establece un umbral máximo de cuatro años. Pero hay más ejemplos que afectan a los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente en los que el legislador español achaca a la Directiva 2008/99/CE relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal revisiones de los tipos al alza que ya se habían ensayado en el Proyecto de reforma del Código penal de 2006, esto es, antes de promulgarse la Directiva. Esta técnica —si se puede llamar así— de enmascaramiento la critico con más detalle en CORTÉS BECHIARELLI, «La crisis del Derecho penal español y su última reforma legislativa», en Nuevas realidades penales y penitenciarias: los retos en un escenario de cambios, Cáceres, 2011, pp. 53 y ss. Respecto a algunas formas de cohecho, y en la misma línea argumental, RAMOS RUBIO, «Del delito de cohecho: mano “más” dura “todavía” contra la corrupción internacional e internacional (arts. 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 439 y 445)», en VV.AA. (dirigidos por QUINTERO OLIVARES), La reforma penal de 2010: análisis y comentarios, Pamplona, 2010, pp. 340 y ss. Otros autores, como GONZÁLEZ CUSSAC, opinan menos críticamente que nuestra política criminal «ha de situarse en el contexto de una tendencia internacional —especialmente europea—, de marcado acento defensista, severidad y expansión del Derecho penal», en «La reforma penal: clima de miedo, pensamiento impecable y derechos mínimos», VV.AA. (dirigidos por


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No obstante, el delito que conforma el objeto del presente estudio es de esos cuya tipificación no viene inducida por nuestra adscripción comunitaria, sino que surge de manera espontánea y por impulso exclusivo de nuestros legisladores, requeridos a la carta para tal fin por una Federación deportiva; o, lo que es lo mismo, el margen de discrecionalidad que le sigue quedando a los redactores de las normas criminales se usa para la exacerbación de las penas o la introducción de nuevos tipos que el ordenamiento europeo no demanda. Como iré desarrollando a lo largo de este trabajo, puede decirse que el delito de corrupción deportiva concentra los vicios legislativos especificados en el párrafo anterior, y alguno más, debiendo destacarse, como bien nota DE VICENTE MARTÍNEZ, su deficiente técnica y su oportunismo6. Y ello con base en el hecho de que el fenómeno de la corrupción globalmente considerado se ha convertido de forma paulatina en un problema social y político de primer orden, trascendiendo así su concreta faceta jurídico-penal7, de manera que acaba siendo un termómetro infalible de la valoración ciudadana de la labor de los poderes públicos, fundamentalmente en los regímenes democráticos8. En efecto, constituye una problemática poliédrica en la que los ordenamientos criminales tratan de tener un papel protagonista, debiendo partirse, además, de que no existe un concepto pacífico de

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ÁLVAREZ GARCÍA y GONZÁLEZ CUSSAC), Comentarios a la reforma penal de 2010, Valencia, 2010, p. 44. Si se pone en conexión esta tesis con lo recogido en la nota a pie anterior, se llegará a la conclusión de que la legislación penal española es en ocasiones todavía más defensista, severa e implacable que la comunitaria. Derecho penal del deporte, Barcelona, 2010, p. 558. En palabras de ÁLVAREZ GARCÍA, «la afirmación de que la corrupción en España, especialmente municipal y autonómica, ahoga nuestra vida política, económica y social, no precisa de especial argumentación, incluso constituye un lugar común», en «Código penal y política criminal», VV.AA., Comentarios a la reforma penal de 2010, op. cit., p. 23. Sirva esta reflexión como botón de muestra de un pensamiento que también ha de considerarse hoy en día un tópico de la doctrina científica, con multitud de exponentes doctrinales y jurisprudenciales. Cfr. JIMÉNEZ VILLAREJO, «La corrupción, una amenaza para la democracia», en Papers Lextra, nº 3, pp. 9 a 18 (http://www.lextra.uji.es/papers/).


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corrupción, sino que, en verdad, «depende de la intención de cada observador»9. Lógicamente, no es el objeto de este trabajo agotar el estudio de la corrupción en su singular dimensión penal, proyecto ambicioso por demás tanto a nivel nacional como supranacional10 al que muchos autores contribuyen con muy atinadas aportaciones científicas cuya cita exhaustiva deviene imposible por elementales razones de espacio. Pero como quiera que lo que aquí se analiza es una pretendida forma de corrupción —al menos desde la óptica de la voluntad legislativa expresa, plasmada en la denominación del Título en el que se inserta—, no me resisto a aportar alguna reflexión que conecta de forma íntima, además, con cuanto se ha expuesto con anterioridad en este epígrafe. Con ello, llegaré a la conclusión de que las manifestacio-

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DE LA MATA BARRANCO, «El bien jurídico protegido en el delito de cohecho», en Revista de Derecho Penal y Criminología, nº 17, 2006, p. 84. Sobre la dificultad para la fijación del alcance del término, cfr. FABIÁN CAPARRÓS, La corrupción de agente público extranjero e internacional, Valencia, 2003, pp. 21 y ss., concluyendo que «la corrupción, por naturaleza, no constituye un concepto jurídico», en p. 22. No se entiende en la actualidad la corrupción como corriente delictiva sin abordar los protocolos internacionales que persiguen su eliminación —sobre todo a nivel de la Unión Europea—, más allá de la existencia del delito de corrupción en las transacciones comerciales internacionales que castiga el art. 445 del Código penal español: por eso se introduce como ya he dicho el delito de corrupción privada genérica en nuestro derecho. Sobre esta concreta manifestación de la armonización penal europea, cfr. DE LA CUESTA ARZAMENDI, «Iniciativas internacionales contra la corrupción», en Eguzkilore, Cuaderno del Instituto Vasco de Criminología, nº 17, 2003, pp. 11 y ss., o IGLESIAS RÍO y MEDINA ARNÁIZ, «Herramientas preventivas en la lucha contra la corrupción en el ámbito de la Unión Europea», en Revista Penal, nº 14, 2004, pp. 49 y ss. Mucho más extensamente, VV.AA. (coordinados por ARROYO ZAPATERO y NIETO MARTÍN), Fraude y corrupción en el Derecho penal europeo. Eurodelitos de corrupción y fraude, Cuenca, 2006, además de lo recogido en el epígrafe La influencia comunitaria y comparada. Y un documento crucial de este mismo Capítulo. Encontrándose este trabajo en prensa, el BOE nº 266, de 4 de noviembre de 2011, pp. 115041 y ss., publicó el Instrumento de Adhesión del Acuerdo para la constitución de la Academia Internacional contra la Corrupción como organización internacional, hecho en Viena el 2 de septiembre de 2010, que entrará en vigor para el Reino de España el 12 de diciembre de 2011.


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nes de soborno deportivo no debieran ser consideradas en todo caso formas de corrupción. Esto es: i) Pártase de la idea de que la corrupción es inherente al ejercicio del poder en cualquiera de sus facetas y que el único modo de combatirla es terminar con el establecimiento de jerarquías que abonen esta forma de delincuencia, hipótesis inalcanzable desde muchos puntos de vista. Allí donde se detente poder cabe la posibilidad de su abuso remunerado, y es ésta una realidad inescindiblemente unida al factor humano contra la que poca resistencia cabe, sobre todo si se tiene en cuenta que puede incluso existir una corrupción buena (si el uso del poder frente al que se opone el soborno es abusivo o despótico, pongamos por caso11). En efecto, un Derecho penal que persiga sancionar toda suerte de corrupción no es viable porque lesiona incluso los principios que inspiran esta rama del ordenamiento12; ii) en lo que tiene que ver con su tratamiento por las leyes penales, se viene observando una manifiesta dilatación del concepto de corrupción que abarca actividades que no participan de sus notas características esenciales que, a mi juicio, son: primero, el desvío de una actuación que necesariamente ha de ser reglada por parte de quien ostenta algún poder de decisión en virtud de un título que exige la defensa de los intereses generales, compilado en la idea de abuso; segundo, el carácter artero de esa desviación, impulsada por el beneficio de cualquier tipo que obtiene el sobornado, con el consiguiente perjuicio o daño eco

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IGLESIAS RÍO y MEDINA ARNÁIZ, siguiendo a HEIDENHEIMER, distinguen entre las corrupciones negra, gris y blanca, en op. cit., p. 51. Sobre el particular, FABIÁN CAPARRÓS, op. cit., pp. 30 y 31. La cuestión afecta al delito de corrupción deportiva; así, en los casos conocidos como de primas a terceros prometidas con la finalidad de que los sobornados consigan la victoria, en el fondo lo que se persigue es que el equipo compita con igualdad de armas en el encuentro. Piénsese en las últimas jornadas de las ligas profesionales de fútbol en las que los jugadores del equipo primado nada se juegan y comparecen sin estímulo alguno, salvo el de no resultar lesionados, para lo cual exponen poco. El acicate económico puede contribuir al desarrollo de una competición más sana, pura y verdadera en estos concretos supuestos, precisamente por la existencia de esas primas. Como expone con acierto DE LA MATA BARRANCO, op. cit., p. 86.

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