Page 1


LA JURISPRUDENCIA DEL COMITÉ EUROPEO DE DERECHOS SOCIALES (Sistema de reclamaciones colectivas Vol. I: 1998-2005)

LUIS JIMENA QUESADA Miembro de la “European Social Charter Academic Network” (Consejo de Europa) Profesor Titular de Derecho Constitucional (Universitat de València) Magistrado-Suplente del TSJ de la Comunidad Valenciana (Sala de lo Contencioso-Administrativo)

tirant lo b anch Valencia, 2007


Copyright ® 2007 Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito del autor y del editor. En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com (http://www.tirant.com).

© LUIS JIMENA QUESADA

© TIRANT LO BLANCH EDITA: TIRANT LO BLANCH C/ Artes Gráficas, 14 - 46010 - Valencia TELFS.: 96/361 00 48 - 50 FAX: 96/369 41 51 Email:tlb@tirant.com http://www.tirant.com Librería virtual: http://www.tirant.es DEPOSITO LEGAL: I.S.B.N.: 978 - 84 - 8456 - 812 - 4


ÍNDICE NOTA PREVIA DEL AUTOR Y TRADUCTOR ..................................

11

PRESENTACIÓN, POR FERNANDO DE ROSA, SECRETARIO AUTONÓMICO DE JUSTICIA DE LA GENERALITAT VALENCIANA ....................................................................................................

15

PRÓLOGO, POR RÉGIS BRILLAT, SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITÉ EUROPEO DE DERECHOS SOCIALES ......................

19

PRIMERA PARTE ESTUDIO PRELIMINAR: IMPORTANCIA Y ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA DEL COMITÉ EUROPEO DE DERECHOS SOCIALES PARA ESPAÑA I. LA CARTA SOCIAL EUROPEA Y SU EVOLUCIÓN: EN ESPECIAL, LA CARTA REVISADA DE 1996 ................................... 1. Una premisa: la necesaria concertación internacional para realizar avances sociales ..................................................... 2. La Carta de 1961 y su necesaria reforma: indivisibilidad de los derechos humanos y mejora de los derechos sociales ... 2.1. Origen de la Carta Social de 1961 .............................. 2.2. Contenido de la Carta Social de 1961 ........................ 3. La consolidación del Pacto europeo de democracia social: la Carta revisada de 1996 ....................................................... 3.1. Las primeras modificaciones de la Carta Social de 1961 3.2. La Carta Social Europea revisada de 1996 ................ 4. La entidad autónoma de la Carta Social Europea y su conocimiento en el viejo continente: la problemática de la adhesión de la Unión Europea a la Carta Social Europea II. ESPAÑA ANTE LA CARTA SOCIAL EUROPEA: LA NECESIDAD DE RATIFICAR LA CARTA REVISADA DE 1996 ......... 1. La apertura de España a los instrumentos internacionales de derechos sociales: la ratificación de la Carta Social Europea en 1980 .................................................................. 2. La falta de voluntad política para asumir mayores compromisos internacionales de carácter social: la comprensión íntegra de la fórmula estatal española ............................... 3. La ratificación de la Carta revisada de 1996 como reto pendiente para la plenitud de nuestra democracia social . 4. La Carta Social Europea como pretexto y su desconocimiento

21 21 24 24 28 31 31 35

39 42

42

43 45 48


8

ÍNDICE

III. EL ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA DEL COMITÉ EUROPEO DE DERECHOS SOCIALES ....................................... 1. La evolución del mecanismo de control de la Carta Social Europea: la pertinencia del término “jurisprudencia” ....... 2. El desarrollo del sistema de informes ................................ 3. La jurisprudencia emanada del sistema de reclamaciones colectivas .............................................................................. 4. La entidad propia del Comité Europeo de Derechos Sociales y su conocimiento en el viejo continente ............................ IV. EL VALOR DE LA JURISPRUDENCIA DEL COMITÉ EUROPEO DE DERECHOS SOCIALES PARA ESPAÑA ................. 1. ¿Es conocida e incorporada en España la jurisprudencia relativa al sistema de informes? ......................................... 2. ¿Cabría aplicar en España la jurisprudencia referente al mecanismo de reclamaciones colectivas sin haberse ratificado el Protocolo de 1995 ni la Carta revisada de 1996? ...... 3. ¿Cómo se ejecutan las decisiones de fondo del Comité Europeo de Derechos Sociales? ................................................... 4. Entre la ejecución del caso concreto y la recepción de la doctrina jurisprudencial del Comité Europeo de Derechos Sociales ................................................................................. V. IMPORTANCIA PRÁCTICA DE LA JURISPRUDENCIA DEL COMITÉ EUROPEO DE DERECHOS SOCIALES PARA EL OPERADOR JURÍDICO ESPAÑOL Y LA PERTINENCIA DE UNA VERSIÓN ESPAÑOLA DE DICHA JURISPRUDENCIA 1. El incremento real de posibilidades de defensa de los derechos sociales en España ....................................................... 2. Papel de la universidad, de los operadores jurídicos y de los interlocutores sociales en la difusión de la jurisprudencia social europea ....................................................................... 3. La compatibilidad entre el espíritu europeísta y la lectura en español de la jurisprudencia social europea .................. 4. La jurisprudencia social europea: mucho más que cuestión de juristas .............................................................................

52 52 53 55 61 63 63

66 67

69

70 70

72 75 77

SEGUNDA PARTE RECOPILACIÓN DE LAS DECISIONES DEL COMITÉ EUROPEO DE DERECHOS SOCIALES EN EL SISTEMA DE RECLAMACIONES COLECTIVAS (1998-2005) –

Reclamación nº 1/1998 (Comisión internacional de juristas contra Portugal, decisión de fondo de 9 de septiembre de 1999) .....................................................................................

81


ÍNDICE

– –

– –

– –

Reclamación nº 2/1999 (Federación europea del personal de los servicios públicos contra Francia, decisión de fondo de 4 de diciembre de 2000) .......................................................... Reclamación nº 3/1999 (Federación europea del personal de los servicios públicos contra Grecia, decisión de inadmisibilidad de 13 de octubre de 1999) ......................... Reclamación nº 4/1999 (Federación europea del personal de los servicios públicos contra Italia, decisión de fondo de 4 de diciembre de 2000) ............................................................... Reclamación nº 5/1999 (Federación europea del personal de los servicios públicos contra Portugal, decisión de fondo de 4 de diciembre de 2000) ....................................................... Reclamación nº 6/1999 (Sindicato nacional de profesiones del turismo contra Francia, decisión de fondo de 10 de octubre de 2000) ................................................................... Reclamación nº 7/2000 (Federación internacional de ligas de derechos humanos contra Grecia, decisión de fondo de 5 de diciembre de 2000) ............................................................... Reclamación nº 8/2000 (Consejo cuáquero para asuntos europeos contra Grecia, decisión de fondo 25 de abril de 2001) .. Reclamación nº 9/2000 (Confederación francesa de directivos-Confederación general de ejecutivos contra Francia, decisión de fondo de 16 de noviembre de 2001) .................. Reclamación nº 10/2000 (Tehy ry y STTK ry contra Finlandia, decisión de fondo de 17 de octubre de 2001) ............... Reclamación nº 11/2001 (Consejo europeo de sindicatos de policía contra Portugal, decisión de fondo de 21 de mayo de 2002) ..................................................................................... Reclamación nº 12/2002 (Confederación de empresas suecas contra Suecia, decisión de fondo de 22 de mayo de 2003) . Reclamación nº 13/2002 (Asociación internacional AutismoEuropa contra Francia, decisión de fondo de 4 de noviembre de 2003) ................................................................................ Reclamación nº 14/2003 (Federación internacional de ligas de derechos humanos contra Francia, decisión de fondo de 7 de septiembre de 2004) ........................................................ Reclamación nº 15/2003 (Centro de Derechos para los Gitanos Europeos contra Grecia, decisión de fondo de 8 de diciembre de 2004) ............................................................... Reclamación nº 16/2003 (Confederación francesa de directivos-Confederación general de ejecutivos contra Francia, decisión de fondo de 12 de octubre de 2004) ....................... Reclamación nº 17/2003 (Organización mundial contra la tortura contra Grecia, decisión de fondo de 7 de diciembre de 2004) .....................................................................................

9

94

104

105

115

124

138 144

154 173

180 195

210

230

244

263

286


10

ÍNDICE

Reclamación nº 18/2003 (Organización mundial contra la tortura contra Irlanda, decisión de fondo de 7 de diciembre de 2004) ................................................................................ Reclamación nº 19/2003 (Organización mundial contra la tortura contra Italia, decisión de fondo de 7 de diciembre de 2004) ..................................................................................... Reclamación nº 20/2003 (Organización mundial contra la tortura contra Portugal, decisión de fondo de 7 de diciembre de 2004) ................................................................................ Reclamación nº 21/2003 (Organización mundial contra la tortura contra Bélgica, decisión de fondo de 7 de diciembre de 2004) ................................................................................ Reclamación nº 22/2003 (Confederación General del Trabajo contra Francia, decisión de fondo de 8 de diciembre de 2004) ..................................................................................... Reclamación nº 23/2003 (Sindicato occitano de educación contra Francia, decisión de fondo de 7 de septiembre de 2004) ..................................................................................... Reclamación nº 25/2004 (Central general de los servicios públicos contra Bélgica, decisión de fondo de 9 de mayo de 2005) ..................................................................................... Reclamación nº 26/2004 (Sindicato de profesores agregados de la enseñanza superior contra Francia, decisión de fondo de 15 de junio de 2005) ........................................................ Reclamación nº 28/2004 (Sindicato nacional de dermatólogos venereólogos contra Francia, decisión de inadmisibilidad de 13 de junio de 2005) ........................................................ Reclamación nº 29/2005 (Sindicato de altos funcionarios contra Francia, decisión de inadmisibilidad de 14 de junio de 2005) .....................................................................................

302

320

335

347

363

380

390

400

411

414

ANEXOS I. PROTOCOLO DE 1995 SOBRE RECLAMACIONES COLECTIVAS .......................................................................................... II. CARTA SOCIAL EUROPEA REVISADA DE 1996 ..................

419 422


NOTA PREVIA DEL AUTOR Y TRADUCTOR Con la presente obra pretendo un triple objetivo fundamental: en primer lugar, ofrecer un material para los operadores jurídicos que es prácticamente desconocido en España y, sin embargo, resulta de una innegable utilidad para hacer efectivo el sistema español de derechos fundamentales a través de mayores dosis de progreso y justicia social. En segundo término, superar el déficit previo de los juristas en su formación universitaria, por cuanto la Carta Social Europea y la Jurisprudencia del Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa están en gran medida ausentes de los programas de enseñanza, lo cual supone una grave laguna en el conocimiento de mayores garantías de los derechos fundamentales (especialmente, de los llamados principios rectores de la política social y económica) susceptibles de ser utilizadas en España. Y, en fin, brindar a los interlocutores sociales, organizaciones no gubernamentales y ciudadanía en general, la posibilidad de acercarse al que podríamos denominar “Derecho europeo de los derechos sociales” o “Derecho social de los derechos humanos” que, por una parte, comporta en nuestro ordenamiento interno una mayor profundización en el Estado social, en la cláusula de progreso o de igualdad material y en los derechos fundamentales socio-económicos y, por otra parte, se erige en un parámetro real de “Derecho constitucional europeo” que permite superar la confusión en torno al incierto futuro del texto del Tratado por el que se establece una Constitución para Europa de 2004. De los tres objetivos mencionados se da cuenta en el estudio preliminar, que constituye una síntesis de investigaciones sobre la materia que he venido realizando a lo largo de años, tanto en España como en el extranjero (sobre todo, en Estrasburgo, tanto en el Consejo de Europa como en el Instituto Internacional de Derechos Humanos). La importancia del conocimiento de la Jurisprudencia del Comité Europeo de Derechos Sociales constituye una fuerte convicción que he alcanzado a través de mi experiencia en el ámbito universitario y en el terreno judicial, así como de la percepción personal del nivel de los sistemas de protección social en diversos países de Europa y de su parangón con la realidad política y socio-económica de algunos países de otros continentes. Desde este punto de vista, la versión española de la Jurisprudencia del Comité Europeo de Derechos Sociales creo modestamente que puede resultar igualmente de interés desde una perspectiva de “Derecho internacional comparado de los derechos


12

LUIS JIMENA QUESADA

humanos”, sobre todo en los países de Latinoamérica que son Partes Contratantes o vayan a serlo del Protocolo de San Salvador de 1988 sobre derechos económicos, sociales y culturales adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969. Expresado lo anterior, se incluyen tras el estudio preliminar las decisiones de fondo (y de inadmisibilidad) de todas las reclamaciones colectivas presentadas ante el Comité Europeo de Derechos Sociales que interpreta la Carta Social Europea (tanto la de 1961 como la Carta revisada de 1996): haciendo un paralelismo que entiendo válido, esas decisiones vendrían a ser el equivalente a las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos interpretando el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Me ha parecido útil y hasta indispensable ofrecer una versión española de esa jurisprudencia del Comité Europeo de Derechos Sociales cuyo texto original sólo se encuentra en las dos lenguas oficiales del Consejo de Europa (francés e inglés). Esta traducción, que es fruto de muchas horas de trabajo y estudio, constituye además mi apuesta personal como miembro de la “European Social Charter Academic Network” auspiciada por el Consejo de Europa. Dicho lo cual, debo advertir que tanto el estudio preliminar como la traducción al español de la jurisprudencia del Comité Europeo de Derechos Sociales son de mi exclusiva autoría y responsabilidad, no comprometiendo en modo alguno al Consejo de Europa. Así, en la recopilación jurisprudencial se incluyen todas las decisiones de fondo (e inadmisibilidad) dictadas por el Comité Europeo de Derechos Sociales en el sistema de reclamaciones colectivas, desde 1998 (año en que tuvo entrada la primera reclamación colectiva) hasta finales de 2005. En cuanto a las Reclamaciones nº 24/2004 (Sindicato SUD trabajo y asuntos sociales contra Francia —decisión de admisibilidad de 7 de diciembre de 2004—), nº 27/2004 (Centro de Derechos para los Gitanos Europeos contra Italia —decisión de admisibilidad de 6 de diciembre de 2004—), nº 30/2005 (Fundación Marangopoulos para los Derechos Humanos contra Grecia —decisión de admisibilidad de 10 de octubre de 2005—), nº 31/2005 (Centro de Derechos para los Gitanos Europeos contra Bulgaria —decisión de admisibilidad de 10 de octubre de 2005—) y nº 32/2005 (Confederación de Sindicatos Independientes en Bulgaria, Confederación del Trabajo “Podkrepa” y Confederación Europea de Sindicatos contra Bulgaria —decisión de admisibilidad de 7 de noviembre de 2005—), se encuentran pendientes de resolución sobre el fondo. En todo caso, es intención del autor y de la editorial dotar de continuidad a este primer volumen de recopilación jurisprudencial, tanto en versión impresa como en base


NOTA PREVIA DEL AUTOR Y TRADUCTOR

13

de datos informática. Por lo demás, en la medida en que todavía no han sido ratificados por parte de España ni, por ende, contamos con una versión oficial española publicada en el Boletín Oficial del Estado, se incluye en anexo el texto en español del Protocolo de 1995 sobre reclamaciones colectivas y de la Carta Social Europea revisada de 1996 efectuado por la Oficina de Interpretación de Lenguas del Ministerio español de Asuntos Exteriores. Por último, deseo mostrar mi agradecimiento, de un lado, a Régis Brillat (Secretario Ejecutivo del Comité Europeo de Derechos Sociales, que además me honra con la redacción del Prólogo) y a la Secretaría de la Carta Social Europea (especialmente, a Gisella Gori) por animarme a llevar a cabo esta tarea de difusión de la jurisprudencia relativa a la Carta Social Europea; y, de otro lado, a Fernando de Rosa (Secretario Autonómico de Justicia de la Generalitat Valenciana, quien tiene la amabilidad de redactar la presentación del volumen) y a la Editorial Tirant lo Blanch por involucrarse y apoyar la realización de este proyecto. Y, por supuesto, no quiero dejar de agradecer la comprensión y la ayuda de mi familia para poder dedicarme a esta obra, particularmente a Beatriz y a nuestros hijos, Borja, Yago y Lucas.

LUIS JIMENA QUESADA Castellón de la Plana, abril de 2006


PRESENTACIÓN* Con gran placer dedico unas líneas a presentar esta obra de Luis Jimena Quesada sobre la jurisprudencia del Comité Europeo de Derechos Sociales, que se revela en buena medida como única y vanguardista en el panorama bibliográfico español. En efecto, de un lado, no sólo nos encontramos ante la única publicación que recoge en español las decisiones de ese Comité, el cual ha venido siendo en España prácticamente desconocido (al igual que su jurisprudencia) o, en todo caso, eclipsado por la función paralela que desempeña quien se erige, de alguna manera, en su homólogo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y, de otro lado, se trata de un libro que facilita en nuestro país la difusión de la jurisprudencia basada en el sistema de reclamaciones colectivas con anterioridad, incluso, a que España se haya obligado por dicho sistema a través de la ratificación (todavía pendiente) del Protocolo de 1995 a la Carta Social Europea y de la Carta Social revisada de 1996. Con esta premisa, el exhaustivo estudio preliminar y la completa compilación de jurisprudencia del Comité Europeo de Derechos Sociales que se ofrecen en la presente obra, ponen de manifiesto la doble faceta de Luis Jimena como universitario (a la sazón, primer Doctor Europeo en Derecho de la Universidad de Valencia y gran especialista en Derecho Europeo, como lo demuestran sus numerosas publicaciones en la materia) y como práctico del Derecho (en su condición de magistrado suplente en el Tribunal Superior de Justicia). Desde este punto de vista, el libro está llamado desde luego a convertirse en una referencia básica tanto en el ámbito más teórico de los medios académicos como, sobre todo, en el terreno de la práctica jurídica y de la política social. Al hilo de esta segunda vertiente, no puedo más que congratularme, tanto en mi condición profesional de miembro integrante de la carrera judicial como, especialmente en estos momentos, en el marco de mis responsabilidades en el marco de la Administración de Justicia en la Comunidad Valenciana, por una publicación que resultará de enorme utilidad: por una parte, para los jueces y magistrados y demás

*

Las ideas expresadas en esta presentación lo son a título personal, y sólo comprometen a su autor.


16

FERNANDO DE ROSA

operadores jurídicos, que a través del canon jurisprudencial del Comité Europeo de Derechos Sociales estarán en mejores condiciones de proveer a la efectividad de la tutela judicial en la defensa de los derechos fundamentales sociales; por otra parte, para los integrantes del poder legislativo y del poder ejecutivo, que en la jurisprudencia sobre la Carta Social Europea hallarán un parámetro nada desdeñable a la hora de adoptar normas y ejecutar políticas de contenido social; y, por supuesto, para los interlocutores sociales (sindicatos de trabajadores y asociaciones de empresarios) y las organizaciones no gubernamentales y asociaciones, que en esa jurisprudencia europea encontrarán un instrumento importante para desarrollar su compromiso a favor de los principios rectores de la política social y económica. Al hilo de lo expuesto, me parece oportuno señalar que, en lo que afecta específicamente a la Comunidad Valenciana, la jurisprudencia del Comité Europeo de Derechos Sociales va a tener un anclaje más sólido tras la aprobación de la reforma de nuestra norma institucional básica. Efectivamente, el nuevo Estatuto de Autonomía valenciano recién aprobado en marzo de 2006 se hace eco de esa apuesta por consolidar una democracia social avanzada, siendo el primer Estatuto español que menciona explícitamente la Carta Social Europea (Preámbulo y artículo 8.1) y que prevé la aprobación de una Carta de Derechos Sociales de la Comunitat Valenciana (artículo 10.2, en conexión con artículos 11 —igualdad entre mujeres y hombres, y conciliación de la vida familiar y profesional— y 13 —derechos de las personas con discapacidad—). Con este espíritu, se destaca en el Preámbulo del nuevo Estatuto valenciano: “De forma exhaustiva se incorporan los derechos de las ciudadanas y de los ciudadanos valencianos, la promoción y defensa de éstos por los poderes públicos y la mención expresa de una serie de valores y derechos universales de las personas entre los que destacan los derechos sociales, derechos de los ciudadanos ante la administración de justicia y aquellos otros derechos emergentes a los cuales la sociedad valenciana ni renuncia ni quiere renunciar. Son los referidos a las nuevas tecnologías, defensa de los consumidores y usuarios entre otros, incluso el derecho al asociacionismo”. En fin, sólo me resta felicitar al autor y a la editorial por esta publicación, así como mostrar desde la Secretaría Autonómica de Justicia la implicación y el apoyo a esta iniciativa. Ésta, en cierto modo, no deja de responder a uno de esos recursos materiales de la llamada “administración de la Administración de Justicia” que, junto


PRESENTACIÓN

17

a los medios personales que afanosamente desempeñan su cometido en este ámbito, propenden a la satisfacción de un mejor servicio público de la justicia, señaladamente y en este caso, la justicia social.

FERNANDO DE ROSA Secretario Autonómico de Justicia de la Generalitat Valenciana Valencia, abril de 2006


PRÓLOGO* El Consejo de Europa resulta bien conocido para los prácticos del Derecho en el conjunto de los Estados del continente, esencialmente a través del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Es éste el que, en cierto modo, ha venido perfilando los ordenamientos nacionales propiciando modificaciones en su contenido, en su interpretación y en su aplicación. Ahora bien, el Convenio sólo contiene una parte de los derechos enunciados en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. Otra parte de esos derechos figura en la Carta Social Europea adoptada en 1961 y completamente revisada en 1996. Cualquiera que sea la importancia que este último tratado revista en el discurso de los Estados miembros del Consejo de Europa, la realidad indica sin ambages que los derechos que en aquél se contienen son percibidos, tratados, respetados e, incluso a veces, analizados, de una manera diferente a aquella con la que se enfocan los derechos civiles y políticos contenidos en el Convenio. Sin embargo, las evoluciones considerables que ha conocido la Carta Social en el curso de los diez últimos años tras el fastuoso período de reforma de los años noventa han cambiado radicalmente la situación. Pero, ¿quién ha reparado en ello? El gran mérito de la obra de Luis Jimena Quesada no radica únicamente en presentarnos, de manera detallada, esas evoluciones y en hacer un retrato de la Carta Social tal como existe, funciona y avanza exitosamente en la actualidad; lo meritorio consiste asimismo en llevarlo a término como si todo ello, en el fondo, no fuera más que una evidencia. La evidencia de que los derechos humanos son indivisibles y revisten la misma dignidad, la misma importancia para todos los seres humanos, que deben ser los verdaderos portadores o beneficiarios de esos derechos. Más que atraer al lector hacia las sutilezas relativas a las distinciones entre el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Carta Social Europea, Luis Jimena Quesada describe con naturalidad la realidad de la Carta presentándola con arreglo a la vocación que siempre ha tenido y que por fin ha llegado a consolidar: el verdadero complemento del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

*

Las ideas expresadas en este prólogo lo son a título personal, y sólo comprometen a su autor.


20

RÉGIS BRILLAT

El procedimiento de reclamaciones colectivas ha desempeñado una función decisiva a este respecto: por medio de las decisiones de fondo que dicta, el Comité Europeo de Derechos Sociales se configura prácticamente como una jurisdicción. Porque con ocasión de la puesta en marcha de este procedimiento, ha revisado a fondo y exhaustivamente el funcionamiento del procedimiento de examen de los informes nacionales y la interpretación que por esta vía había venido ofreciendo de las disposiciones de la Carta Social; porque ha llevado a cabo esta tarea en paralelo al imponente trabajo de interpretación que realiza el Tribunal Europeo de Derechos respecto al Convenio, el Comité Europeo de Derechos Sociales —desconocido durante mucho tiempo bajo su denominación de Comité de expertos independientes de la Carta Social Europea— se ha destacado en estos años como uno de los órganos más importantes en materia de defensa y garantía de los derechos fundamentales en el continente europeo. La lectura de esas decisiones, cuyo texto íntegro figura en este libro, pone de manifiesto el modo en que a través de ellas el Comité ha podido explicar cómo hacer de la Carta la fuente de derechos «no teóricos, sino efectivos» (Reclamación nº 1/1998, Comisión Internacional de Juristas contra Portugal, decisión de fondo de 9 de septiembre de 1999, § 32), haciéndose eco de la célebre fórmula del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La explicación metódica de Luis Jimena Quesada permitirá al lector percibir el contexto y ponderar el alcance de esta afirmación. La fuerza vinculante de estas decisiones y, por consiguiente, su impacto, será el resultado de la conjugación de los esfuerzos pacientes y obstinados realizados por todos aquellos (gobernantes, legisladores, jueces, operadores jurídicos, docentes, autores, doctorandos, investigadores, etc.) que aporten su grano de arena para la construcción de un edificio que se erija en el incontestable garante de una verdadera democracia social a escala del continente europeo. Así pues, la obra de Luis Jimena Quesada está llamada a erigirse en un instrumento indispensable y a jugar un papel clave para la difusión de la información sobre la Carta en los Estados hispanohablantes, tanto en Europa como más allá, esto es, tanto en España como en Latinoamérica.

RÉGIS BRILLAT Secretario Ejecutivo del Comité Europeo de Derechos Sociales Estrasburgo, abril de 2006


Primera Parte

ESTUDIO PRELIMINAR: IMPORTANCIA Y ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA DEL COMITÉ EUROPEO DE DERECHOS SOCIALES PARA ESPAÑA I. LA CARTA SOCIAL EUROPEA Y SU EVOLUCIÓN: EN ESPECIAL, LA CARTA REVISADA DE 1996 1. Una premisa: la necesaria concertación internacional para realizar avances sociales Como es sabido, la realidad del Estado internacionalmente integrado1 tiene su inexorable trasunto en una mundialización que no es sólo política2 sino, ante todo, económica (como modelo de desarrollo emergente que forma parte de esa tendencia más amplia conocida como “mercantilización”3). Así, la era del pensamiento único radica, especialmente, en un contexto de globalización económica en donde resulta criticable el irrelevante hueco reservado a la justicia social o, cuando menos, la difícil conciliación de los intereses económicos y sociales en una época caracterizada por la interdependencia y la concurrencia en prácticamente todos los sectores de la vida. Trasladados al continente europeo, cabe constatar que la expresión “economía social de mercado” figura de manera aislada y en una sola ocasión en el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa de 29 de octubre de 20044 (en particular, en el artículo I-3.3), desaparecien1

2

3

4

Véase TORRES DEL MORAL, A.: “El Estado internacionalmente integrado”, lección 5ª del libro Estado de Derecho y democracia de partidos, Madrid, Universidad Complutense, 2ª ed., 2004, pp. 109 y ss. Al respecto, DE VEGA GARCÍA, P.: “Mundialización y Derecho Constitucional: la crisis del principio democrático en el constitucionalismo actual”, Revista de Estudios Políticos, nº 100, 1998, pp. 13 a 56: es en “alegar derechos y esgrimir libertades” donde “radica la esencia de la ciudadanía” (pp. 16-17). MARTÍNEZ GONZÁLEZ-TABLAS, A.: “Aspectos más relevantes de la globalización económica”, en el colectivo La globalización económica. Incidencia en las relaciones sociales y económicas, Madrid, Consejo General del Poder Judicial/Cuadernos de Derecho Judicial, 2002, p. 96. La conocida como “Constitución europea”, que todavía no ha alcanzado vigencia ante el largo y tortuoso camino que está siguiendo su proceso de


22

LUIS JIMENA QUESADA

do acto seguido el calificativo “social” del modelo económico de la Unión basado en una “economía abierta y de libre competencia”5. En estas coordenadas se movieron las negociaciones de las que surgió en 1961 el que podemos denominar Pacto europeo de la democracia social, es decir, la Carta Social Europea del Consejo de Europa, firmada en Turín el 18 de octubre de 1961 (en adelante, CSE). En efecto, todo progreso socio-económico como el que pretendió introducir la Carta de Turín de 1961 implica tener en cuenta una serie de factores básicos6: en primer lugar, ese progreso conlleva una fuente de gastos adicionales que, por ejemplo, en lo que atañe a la mejora de las condiciones laborales, han de soportar el Estado o los empresarios. A continuación, con independencia de quién asuma la financiación, esa carga financiera se traduce irremediablemente en un aumento del coste y de los precios de los bienes producidos en el país que pretende llevar a cabo ese avance social. Por ello, y en tercer término, ese país se expone al riesgo de ver debilitado su comercio internacional si no convence a los otros países para que realicen un progreso social similar, lo que en definitiva acarrea una concertación internacional en un mundo cada vez más globalizado. Este es el fondo, indudablemente, subyacente en medidas propuestas asimismo en el marco de la Unión Europea, como la de reducir la jornada laboral a las treinta cinco horas semanales, extremo que ya ha sido objeto de examen por el Comité Europeo de Derechos Sociales con motivo de la Reclamación nº 16/2003, que se resolvió mediante la decisión de fondo de fecha 12 de octubre de 2004 dictada en el caso Confederación francesa de directivos-Confederación general de ejecutivos (Confédération française de l’Encadrement-Confédération

5

6

ratificación: efectivamente, los resultados negativos de las consultas populares en Francia (referéndum de 29 de mayo de 2005, con el 54,85% de votos negativos) y en Holanda (referéndum de 1 de junio de 2005, con el 61,6% de sufragios de signo “no”), sobre ser dos países fundadores de las Comunidades Europeas, han complicado extraordinariamente la entrada en vigor del Tratado constitucional. Cfr. JIMENA QUESADA, L.: European Constitution and Competition Policy, Roma, Philos, 2005. Sigo en la exposición de estos factores a WIEBRINGHAUS, H.: “Rapport introductif sur la Charte sociale européenne”, en el colectivo La Charte sociale européenne. Dix années d’application, Bruxelles, Université Libre de Bruxelles, 1978, p. 25.


JURISPRUDENCIA DEL COMITÉ EUROPEO DE DERECHOS SOCIALES

23

générale de cadres, CFE-CGC) contra Francia7. Y, con estos parámetros, es evidente que las medidas internas de cumplimiento de la Carta Social Europea, incluso de naturaleza legislativa, implican un estudio previo del coste que supondrá la puesta en marcha de una Ley (la denominada “factibilidad” de las leyes en el terreno del drafting o la técnica legislativa) de progreso social que incorpore mandatos internacionales8. Esta misma filosofía subyace en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, cuando establece en su artículo 2.1 que “cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive, en particular, la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos”. Este instrumento internacional, lo mismo que el paralelo Pacto de Derechos Civiles y Políticos, de idéntica fecha, comportaban una fórmula obligatoria de la filosofía recogida en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, señaladamente cuando ésta afirmaba que “toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos” (artículo 28).

7

8

En concreto, fueron objeto de denuncia, en aspectos que afectaban al salario de determinadas categorías de ejecutivos, la Ley nº 2000-37 de 19 de enero de 2000 relativa a la reducción negociada del tiempo de trabajo (conocida como “Ley Aubry II”) que previo la reducción de la duración legal del tiempo de trabajo a 35 horas semanales, así como la Ley de 17 de enero de 2003 (conocida como “Ley Fillon II”) de modificación de la anterior. El Comité Europeo determinó que se había producido una violación de los artículos 2.1 y 4.2 de la Carta Social Europea revisada en lo relativo a condiciones equitativas de remuneración y de descanso. Véase JIMENA QUESADA, L.: Dirección política del Gobierno y técnica legislativa, Madrid, Tecnos, 2003, en especial, pp. 176-178; así como RAVERAIRA, M.: “Applicazione e fattibilità legislativa”, en el colectivo Applicazione e tecnica legislativa (a cura di E. Pattaro e F. Zannotti), Milano, Giuffrè, 1998, en particular, p. 245; y, más exhaustivamente, MONTORO CHINER, M.J.: Adecuación al ordenamiento y factibilidad: presupuestos de calidad de las normas, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1989.

1_9788484568124  

LUIS JIMENA QUESADA Miembro de la “European Social Charter Academic Network” (Consejo de Europa) Profesor Titular de Derecho Constitucional...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you