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FRANCISCO JAVIER ÁLVAREZ GARCÍA
verdadero problema es el segundo de los apuntados —aunque, obviamente, no ignoro que en el Derecho Penal los que suelen “ingresar” son los marginados. En efecto, los Jueces, y además de las carencias generales que han convertido a nuestra Administración de Justicia en una asquerosa pordiosera, están absolutamente desasistidos en lo que importa a contar con los datos necesarios para determinar la solvencia de los acusados. Sólo en ocasiones los poseen y, en esos casos, no creo que ello sea bueno para la causa de la Justicia. Me explico. Supongamos que un funcionario público tiene la desgracia de verse conducido ante un Juez acusado de un delito amenazado con la pena, sola o conjunta, de multa. El Juez únicamente deberá dirigirse a la Administración Pública de la cual depende el funcionario para tomar conocimiento del alcance exacto de sus emolumentos mensuales, pues las Administraciones Públicas “declaran” el total de los honorarios de sus funcionarios —obviamente los abonados por ellas, si el funcionario en cuestión compatibiliza su trabajo con otro privado el tema debe plantearse en otros términos. Así pues, el Juez, conociendo exactamente lo que percibe el funcionario, podrá ajustar la cuantía de la cuota diaria respetando absolutamente el fundamento del sistema de días/multa. Sin embargo ¿qué sucede cuando el acusado es un trabajador por cuenta propia? ¿Lo que declara ante la Administración Tributaria percibir mensualmente merece la misma credibilidad que en el caso del funcionario? Desde luego que si nos atenemos a los signos que diariamente nos brinda nuestro sistema económico, la respuesta ha de ser un no. Rotundo. No. Las evidencias de que España acapara la mayor cantidad de billetes de quinientos euros de toda la Unión Europea, de que el fraude fiscal alcanza índices escandalosos, de que la enorme cantidad de “dinero negro” circulando en nuestra economía ha puesto a ésta en claro peligro de colapsar, son datos suficientes para concluir que excepto los funcionarios y parte de los trabajadores no funcionarios por cuenta ajena —sólo parte porque es bien conocido que no pocos empresarios pagan un porcentaje del salario “en negro”, incluso en contra de la voluntad de los trabajadores—, el resto de los agentes económicos “trabaja en negro”, o con todo tipo de trampas, en un alto índice.