Page 1


EL PACTO DE LIQUIDACIÓN OPERACIONES GARANTIZADAS

JAVIER DOMÍNGUEZ ROMERO

Valencia, 2011


Copyright ® 2011 Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito del autor y del editor. En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com (http://www.tirant.com).

© JAVIER DOMÍNGUEZ ROMERO

© TIRANT LO BLANCH EDITA: TIRANT LO BLANCH C/ Artes Gráficas, 14 - 46010 - Valencia TELFS.: 96/361 00 48 - 50 FAX: 96/369 41 51 Email:tlb@tirant.com http://www.tirant.com Librería virtual: http://www.tirant.es I.S.B.N.: 978-84-9004-157-4 MAQUETA: PMc Media Si tiene alguna queja o sugerencia envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia por favor lea en www.tirant.net/index.php/ empresa/politicas-de-empresa.htm nuestro Procedimiento de quejas.


A mi familia


ÍNDICE ABREVIATURAS .................................................................................. PRÓLOGO .............................................................................................

Capítulo 1 APROXIMACIÓN CONCEPTUAL, FUNCIONAL E INTERPRETATIVA AL PACTO LIQUIDATORIO 1.1. Precisiones terminológicas y conceptuales previas: liquidez y liquidación. Deuda líquida y deuda liquidable....................... 1.2. Concepto, naturaleza y finalidad del pacto de liquidación .... 1.3. Evolución histórico-legislativa del mecanismo liquidatorio basado en el pacto.................................................................... 1.3.1. Primer periodo: de 1881 a 1983. La plasmación del uso bancario en la normativa española y sus controversias 1.3.2. Segundo periodo: de 1984 a 1999. La reforma del artículo 1435 LECA, cuestiones de inconstitucionalidad y problemática interpretativa.......................................... 1.3.3. Tercer periodo: desde el año 2000. Novedades introducidas por la LEC 1/2000, su motivación y trascendencia práctica .......................................................................... A) Racionalización estructural, ampliación del ámbito de aplicación del mecanismo liquidatorio y consiguiente cambio de formulación .............................. B) Resolución de ciertas dudas y polémicas existentes con la anterior regulación ......................................

9 24 30 30

39

55

55 58

Capítulo 2 INDISPENSABILIDAD E INNECESARIEDAD DEL PACTO DE LIQUIDACIÓN SEGÚN EL CONTENIDO CONTRACTUAL 2.1. Contratos de los que nace una deuda indeterminada en su cuantía: la indispensabilidad del pacto de liquidación a efectos ejecutivos.................................................................................. 2.2. Contratos de los que deriva una deuda de cuantía determinada: ¿inocuidad del pacto liquidatorio? .......................................... 2.2.1. Durante la vigencia de la LECA ................................... A) Préstamo .................................................................

63 68 69 69


10

ÍNDICE

B) Otros contratos ....................................................... 2.2.2. Tras la entrada en vigor de la LEC 1/2000 ..................

77 81

Capítulo 3 MECANISMOS DE GARANTÍA EN OPERACIONES DONDE MEDIA PACTO LIQUIDATORIO 3.1. Hipoteca de máximo ................................................................ 3.1.1. Hipoteca de máximo simple (hipoteca en garantía de cuenta corriente de crédito) .......................................... 3.1.2. Hipoteca de máximo general (hipoteca omnibus) ........ 3.2. Prenda de créditos ................................................................... 3.2.1. Prenda ordinaria de créditos y PSD de créditos .......... 3.2.2. Prenda global de créditos .............................................. 3.3. Fianza general ......................................................................... 3.3.1. Visión panorámica de la figura ..................................... 3.3.2. Interrelación de la fianza general y las operaciones de saldo ............................................................................... A) En el ordenamiento español................................... B) En el marco del Derecho contractual europeo (PEL Pers. Sec. y DCFR) ..................................................

86 87 104 121 123 134 146 147 154 154 162

Capítulo 4 CONCLUSIONES FINALES .............................................................

167

BIBLIOGRAFÍA ....................................................................................

191


ABREVIATURAS ABI

Associazione Bancaria Italiana = Asociaciones de la Banca Italiana

AGBG

Gesetz zur Regelung des Rechts der allgemeinen Geschäftsbedingungen = Ley alemana sobre Condiciones Generales de la Contratación

AP

Audiencia Provincial

AAP

Auto de la Audiencia Provincial

AT

Audiencia Territorial

Aptdo.

Apartado

Art.

Artículo

BGB

Bürgerliches Gesetzbuch = Código Civil alemán

BGBI

Bundesgesetzblatt = Boletín Oficial Federal alemán

BGH

Bundesgerichtshof = Tribunal Supremo Federal alemán

BOCG

Boletín Oficial de la Cortes Generales

BOE

Boletín Oficial del Estado

CC

Código Civil

CCo

Código de Comercio

CE

Constitución Española

CP

Código Penal

Coord./-s.

Coordinador/-s

DA

Disposición Adicional

DCFR

Draft Common Frame of Reference

DD

Disposición Derogatoria

DF

Disposición Final

DGRN

Dirección General de los Registros y del Notariado

DT

Disposición Transitoria

Dir./-s.

Director/-s

Ep.

Epígrafe

Etc.

Etcétera

FJ

Fundamento Jurídico

GURI

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana = Gaceta Oficial de la República Italiana

LCCh

Ley Cambiaria y del Cheque (Ley 19/1985, de 16 de julio)


12

ABREVIATURAS

LEC

Ley de Enjuiciamiento Civil (Ley 1/2000, de 7 de enero)

LECA

Ley de Enjuiciamiento Civil Antigua (Ley de 3 de febrero de 1881)

LH

Ley Hipotecaria (Texto Refundido según Decreto de 8 de febrero de 1946)

LHMPSD

Ley sobre Hipoteca Mobiliaria y Prenda Sin Desplazamiento de Posesión (Ley de 16 de diciembre de 1954)

Núm.

Número

OM

Orden Ministerial

PEL Pers. Sec.

Principles of European Law on Personal Security

PSD

Prenda sin desplazamiento

Pág./-s.

Página/-s

Pfo.

Párrafo

RBM

Registro de Bienes Muebles

RD

Real Decreto

RDLeg

Real Decreto Legislativo

RDGRN

Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado

SAP

Sentencia de la Audiencia Provincial

STC

Sentencia del Tribunal Constitucional

STJ

Supremo Tribunal de Justiça = Supremo Tribunal de Justicia portugués

STS/SSTS

Sentencia/s del Tribunal Supremo

Ss.

Siguientes

TC

Tribunal Constitucional

TRLGDCU

Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre)

TS

Tribunal Supremo

TSJCE

Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas

T.

Tomo

Vol.

Volumen


PRÓLOGO El Derecho no debe ser una realidad ajena a la sociedad, por más que en alguna ocasión así nos pueda parecer, sino que debe contemplar a dicha realidad, así como elaborarse en atención a ella. Toda regla jurídica, entendida en el sentido más amplio posible, así como toda concepción jurídica, no puede dar la espalda a la realidad. Si lo hace cae en el vacío, es pura abstracción o artificio. Por ello, el jurista debe esforzarse por recuperar, como diría Pietro BARCELLONA, “la específica relación social de la cual brote una determinada elaboración conceptual”, reconduciendo así “las categorías conceptuales que encontramos expuestas en los manuales y en las elaboraciones monográficas a las específicas relaciones sociales de nuestros días, a fin de constatar en aquéllas su carácter condicionado, sus conexiones con las estructuras económicas y, por consiguiente, su parcialidad”. El Derecho privado, indudablemente, por mucho que a algunos pese, en general ha de beber tal pócima de la verdad para desvelar su verdadera funcionalidad y rendir cuentas con la historia. La presente monografía de Javier Domínguez Romero, en la que se estudia el denominado “pacto de liquidación” en las operaciones garantizadas, no adolece de tal defecto, todo lo contrario. Se trata de una excelente obra porque ni rehúye la realidad social a la que las reglas de derecho van dirigidas —tal vez porque nos encontramos ante un excelente abogado en ejercicio, aunque ésta no es la única razón de tal virtud—, ni renuncia a la solución de los conflictos jurídicos que en ella se presentan. Fácil le sería a Javier Domínguez hacer finta a la realidad e intentar ver en las reglas de derecho lo que uno quiere que en ellas se exprese. Desgraciadamente, es lo que hacen muchos autores de la denominada doctrina “científica”: primero, crean el problema o formulan la hipótesis y, luego, construyen todo el aparato dogmático en derredor. El camino, sin embargo, no es éste, sino el de entender el problema o el conjunto de problemas que debe resolverse, considerándolo en su contexto histórico y social, y aportar las soluciones jurídicas elaboradas a través de un proceso de investigación riguroso. Quienes así no lo hacen se olvidan de que la “jurisprudencia” (entiéndase como “ciencia del derecho”) es, como diría el admirado Norberto BOBBIO, “ciencia crítica” y, por ello, debe transformar el discurso legislativo en un discurso riguroso; en conse-


14

FRANCISCO J. INFANTE RUIZ

cuencia, las proposiciones del jurista deben ser rigurosas, hasta que sean sustituidas por otras más rigurosas. He aquí la relatividad del Derecho (y de la ciencia en general). Eso es hacer Derecho, hablar de Derecho o explicar el Derecho. Lo que se debe hacer. Habiendo procedido el autor de este modo no debe de extrañar a nadie que el resultado sea una opera prima (aunque no cronológicamente, pues el autor ya tiene otra anterior) de gran valor. La estructura de esta obra responde a las ideas acabadas de expresar. Con el fin de estudiar el pacto de liquidación en el marco de las operaciones crediticias aseguradas mediante garantías (personales o reales), el autor procede del siguiente modo: 1º.- Determinación de la realidad normativa en la que el pacto de liquidación se regula. A ello responde el primer capítulo de la obra. 2º.- Estudio de la realidad práctica en la que el pacto de liquidación se pacta, cuestión que se trata en el segundo capítulo de la obra, donde con gran pulcritud el autor distingue entre contratos en los que el pacto de liquidación es indispensable a afectos ejecutivos por la indeterminación inicial de las deudas y aquellos otros en los que el pacto de liquidación no es necesario. Con mucha agudeza, el autor se pregunta si en este último caso la inclusión del pacto de liquidación tiene alguna virtud o no en el seno del contrato que se celebra. La solución que propone es muy correcta: en este caso el pacto de liquidación es inocuo en orden a acreditar la liquidez de la deuda (la deuda ya estaba determinada desde el inicio), pero no lo es en lo que se refiere al requisito de la aportación de la documental prevista en el art. 573 LEC. Este estudio se corresponde con el segundo capítulo. 3º.- Análisis del “comportamiento” del pacto de liquidación en el marco de los contratos de garantía seleccionados (hipoteca en garantía de cuenta corriente, hipoteca omnibus, prenda ordinaria de créditos, prenda de créditos sin desplazamiento de la posesión, prenda global de créditos y fianza general). Este análisis se contiene en el capítulo tercero. Aquí reside una de las grandes virtudes de la presente monografía: el autor no formula una idea de pacto de liquidación que deba cumplirse en todas garantías traídas a discusión, sino que esta figura se estudia, caso por caso, respecto de cada garantía. El resultado de este proceder es enormemente enriquecedor: en unos casos los problemas son comunes, mientras que en otros existen particularidades derivadas de las peculiaridades de cada garantía. Para múltiples problemas, múltiples soluciones. ¿No es esto lo que se pide a un buen jurista? Por el contrario, si el autor hubiera procedido con la pseudo-metodo-


PRÓLOGO

15

logía que denunciaba al principio muchos problemas habrían quedado sin solución. En el último capítulo, el cuarto, el autor recoge extensamente las conclusiones alcanzadas a través de la investigación desarrollada. Este esfuerzo de claridad será muy agradecido, tanto por el lector experto, como por el que quiera extraer una visión de conjunto del tema que en esta obra se trata. Para los detalles el lector concienzudo deberá adentrarse en las páginas de esta excelente obra, que se lee casi de corrido por estar muy bien escrita. Finalmente, permítase una consideración general de este trabajo. Se trata de una obra de indudable valor práctico que no se olvida de la rigurosidad científica. Intento explicarlo muy brevemente. Contemplar la realidad práctica en los libros que se escriben o, de un modo más intenso, hacer una obra de naturaleza práctica, no quiere decir verter sentencias una detrás de otra y, si es el caso, aderezar el resultado con algún que otro formulario. Esta labor la puede hacer cualquiera y, por desgracia, es uno de los males endémicos de las denominadas obras prácticas. El valor de estas obras es muy escaso. En el otro extremo se encuentran las obras puramente dogmáticas, llenas de peticiones de principio y de problemas no resueltos, que ya he descrito más arriba. La historia las pondrá en su lugar. Conseguir un resultado práctico en una obra quiere decir determinar los problemas, agruparlos (describir los grupos de casos, cosa que hacen extraordinariamente bien los juristas de common law), considerarlos a la luz del Derecho vigente y aportar soluciones rigurosas (proposiciones científicas). A este esfuerzo no ha renunciado Javier Domínguez y, en consecuencia, el resultado es una monografía excelente. Espero que el lector la disfrute. ********************* Suele ser también tarea del prologuista, junto con la introducción al lector de la obra y alguna que otra licencia más, hacer una pequeña reseña sobre la personalidad o la biografía del autor. Javier Domínguez, como ya he comentado, es abogado en ejercicio, circunstancia que imprime una sobresaliente impronta práctica a su investigación. Al mismo tiempo posee un talento académico notable, es decir, tiene indudables virtudes como investigador. Estas virtudes las ha demostrado de manera excelente en el Master Oficial “Derecho patrimonial privado en el mercado global”, de la Universidad Pablo


16

FRANCISCO J. INFANTE RUIZ

de Olavide (Sevilla), en el se ha graduado como Master Legum con las máximas calificaciones. Las sigue demostrando en su labor cotidiana universitaria como Profesor Asociado de Derecho procesal (aunque con corazón de civilista) en dicha Universidad (civilista y procesalista, ¡qué excelente mezcla!), más allá del cumplimiento estricto de esta función. Y las seguirá demostrando en el futuro, sin lugar a dudas, con la elaboración de su tesis doctoral en el nuevo Doctorado en Ciencias Jurídicas de la Universidad Pablo de Olavide, al haber decidido proseguir en el duro, y nunca suficientemente recompensado, trabajo de investigador universitario. ¡Ojalá que la fuerza y la suerte siempre le acompañen, como ha venido siendo hasta ahora! Para soportar la Universidad de hoy en día se exigen altas dosis de una y otra. Francisco J. Infante Ruiz Sevilla, a 15 de marzo de 2011


Capítulo 1

APROXIMACIÓN CONCEPTUAL, FUNCIONAL E INTERPRETATIVA AL PACTO LIQUIDATORIO 1.1. Precisiones terminológicas y conceptuales previas: liquidez y liquidación. Deuda líquida y deuda liquidable En la medida en que la liquidez de la deuda reclamada se ha enmarcado tradicionalmente en el conjunto de requisitos procesales del despacho de ejecución, se hace preciso un examen del propio concepto de “liquidez” y su distinción de otros relacionados, previamente al análisis del pacto liquidatorio como tal. La antigua Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 (en adelante LECA) no conceptuaba la liquidez1, limitándose a exigir que reuniera esta cualidad la cantidad dineraria adeudada, esto es, la deuda pecuniaria en sí, a efectos del despacho de ejecución (art. 1435 LECA). Y esta falta de previsión legal no pasaría de mera anécdota de no ser porque se han formulado, al menos, tres concepciones diversas de liquidez, como señala SERRANO MASIP2: por un lado, liquidez equiparable a facilidad probatoria3; por otro, liquidez como sinónimo de incontestabilidad4; y por último, liquidez de la deuda co-

1

2

3

4

Vid. SANCHO FRAILE, “Artículo 572”, en GUILARTE GUTIÉRREZ (coord.), Comentarios a la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, t. III, Valladolid, 2000, pág. 2789. Señala SANCHO FRAILE que la LECA únicamente hacía una asimilación, “tendrá la consideración de cantidad líquida”, de los intereses de una cantidad determinada, cuando se fijara en la sentencia el tanto por ciento o tipo y el tiempo por el que deban abonarse. SERRANO MASIP, El juicio ejecutivo cambiario: función, títulos ejecutivos, presupuestos, y especialidades procesales, Tesis doctoral, Universitat de Lleida, 1997, pág. 305. Concepción que tiene sus orígenes en el Derecho justinianeo y que mantuvo nuestro Derecho histórico, según apunta SERRANO MASIP, citando a IGLESIAS, Derecho Romano. Instituciones de Derecho Privado, Barcelona, 1972, págs. 520 y 521. Concepción sostenida por parte de la doctrina civil alemana (vid. J.W. HEDEMANN, Tratado de Derecho Civil, vol. III, trad. Santos Briz, Madrid, 1958, pág. 198), franca (vid. F. LAURENT, Principes de Droit civil français, t. XVIII, Bruselas, 1887, págs. 416 a 425; R. B. POTHIER, Oeuvres condenant les Traités du Droit français, t. I, Bruselas, 1829, pág. 194; C. B. M.


18

JAVIER DOMÍNGUEZ ROMERO

mo su perfecta determinación o determinabilidad mediante simples operaciones aritméticas. Esta última concepción, basada en un criterio cuantitativo, fue adoptada mayoritariamente por la jurisprudencia5, dando, a tal efecto, una definición que no se contenía en la ley. Así, se entendería como deuda líquida aquélla cuyo importe se halla numéricamente precisado o que es susceptible de fijación mediante un simple cálculo matemático con arreglo a un módulo cierto preestablecido; lo cual supone que, o bien las partes fijaron de antemano su montante exacto, o bien reglaron las bases ciertas a partir de las que resulta factible obtenerlo6. Vemos, por tanto, que se venía a asimilar deuda líquida con aquella que precisa (y puede) ser liquidada, forzándose así una interpretación extensiva del concepto de liquidez7, ya que, stricto sensu, una deuda es líquida cuando la suma dineraria en que consiste está concretada sin más; en caso contrario estaríamos ante una deuda, si acaso, liquidable, entendiendo por tal la que es susceptible de liquidación, esto es, de exacta cuantificación mediante las operaciones conducentes a ello. Ahora bien, siendo esto así, la asimilación de ambos términos (líquido y liquidable) se basaba en una circunstancia clave: que el contrato del que derivase la deuda contuviera ya en un inicio las bases ciertas en orden a la fijación del quantum, de mane-

5 6

7

TOULLIER, Le Droit civil français, t. IV, Bruselas, 1829, págs. 133 y 134; F. MOURLON, Répétitions écrites sur le deuxième examen du Code Napoléon, t. II, Paris, 1859, págs. 741 y 742) e italiana (vid. G. GIORGI, Teoría de las obligaciones en el Derecho Moderno, vol. IX, Madrid, 1930, págs. 45 y 46); así, vid. SERRANO MASIP, op. cit., nota nº 10, pág. 305. SERRANO MASIP, op. cit., pág. 306. En este sentido, SSTS de 31-01-78, de 12-04-85, de 30-03-88, de 05-07-89, de 05-03-90, de 19-05-91, de 28-03-92, de 24-03-94, etc. Y jurisprudencia menor, v. gr., SAP Alicante de 09-02-79, SAP Madrid de 13-04-94, SAP Las Palmas de 30-11-99, SAP Ciudad Real de 20-06-95, etc. Como señala CASTILLEJO MANZANARES, el esfuerzo dialéctico del Tribunal Supremo en encontrar un concepto amplio de liquidez conecta con una equiparación que se encuentra expresamente admitida en el artículo 1243 del Codice Civil italiano, el cual, al referirse a la compensación, extiende los efectos de una deuda líquida a aquellas otras que, sin serlo, depende su cuantificación de una simple y material operación aritmética (CASTILLEJO MANZANARES, El juicio ejecutivo basado en pólizas bancarias, Valencia, 1999, pg. 212).


EL PACTO DE LIQUIDACIÓN

19

ra que bastara un simple cálculo aritmético para precisar el valor económico del débito8. Por liquidación se entendería, en consecuencia, la operación necesaria para dotar a la obligación de una concreción nominal de la que antes carecía, o al menos, esta sería su concepción en sentido propio, ya que incluso parecía necesario una delimitación conceptual, a la vista de resoluciones como la Sentencia de la Audiencia Provincial de Segovia de 10 de junio de 1994, que advertía que una cosa es la liquidación en ese sentido y “otra cosa es que, partiendo de una obligación ya líquida —y líquida porque lo fuese desde su nacimiento, o porque no siéndolo haya sido ‘liquidada’ después, adquiriendo así tal carácter— el acreedor decida o determine, dentro del total nominal líquido adeudado, la cuantía que aún tiene derecho a exigir, cuando con cargo al ‘total líquido adeudado’ ya ha cobrado determinadas cantidades, reductoras, por pago parcial, de la deuda líquida inicial. En el primer caso —‘liquidación’ en su sentido verdadero— la operación referida tiene la virtud de condicionar la adquisición de una determinada cualidad de la obligación —la ‘liquidez’— que antes de esa operación el débito no tenía, y que es presupuesto necesario de la validez del juicio ejecutivo según los artículos 1.435 y 1.467.2º de la L.E.C. En cambio en el segundo supuesto (pagos parciales dirigidos a la extinción en parte de deudas líquidas) no reaparece la falta de liquidez, sino que presuponiendo tal carácter en la deuda, se plantea la cuestión de la extinción total o parcial de la misma mediante el pago y por tanto, el tema de la subsistencia del débito líquido respecto a la cuantía concreta que se reclama al deudor; y esta cuestión es evidente que tiene naturaleza muy distinta a la de la ‘liquidación’, correspondiéndole por tanto otro encuadre y tratamiento jurídico, en lo sustantivo y en lo procesal dentro del Juicio Ejecutivo, bien a través del pago, o bien a través de la pluspetición en su caso”. CASTILLEJO MANZANARES llegaba a un concepto de liquidación en “sentido formal” partiendo de una distinción de la liquidez en dos sentidos, formal y material, y ello a la vista de los propios términos del artículo 1435 LECA. Así, entendía que en el primer in-

8

Según establece la STS de 13 de abril de 1987, “la deuda no pierde liquidez si para averiguar el montante basta con sencillas operaciones aritméticas”.


20

JAVIER DOMÍNGUEZ ROMERO

ciso de dicho precepto9 se empleaba el concepto de liquidez en “sentido material”, de manera que “cantidad líquida” era la que estaba determinada en su montante exacto10; mientras que en el párrafo cuarto11 se utilizaba en “sentido formal”, esto es, como conjunto de formalidades legalmente exigidas para que la pretensión ejecutiva quedara cuantificada al inicio del proceso de suerte que permitiera al juzgador despachar ejecución y al deudor oponerse a la misma12. Sostenía, en consecuencia, que en caso de desconocerse el montante exacto de la deuda, siendo además imposible deducirlo mediante operaciones accesibles a cualquier persona que no fuera un técnico contable, sería preciso el documento fehaciente que justificara, no la liquidez en sentido material, sino un minimun de garantías de que la liquidación se hubiera practicado conforme a lo pactado, que es lo que denomina liquidación en sentido formal13. Con la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 (en adelante LEC) llegó una definición legal de “cantidad líquida” en el plano procesal ejecutivo, siendo evidente la intención del legislador de atajar la problemática que surgió ante el silencio de la LECA. Y así, el artículo 572.1

9 10

11

12 13

Cuya dicción era: “Sólo podrá despacharse ejecución por cantidad líquida que exceda de 50.000 pesetas”. En relación a este sentido de liquidez, traía CASTILLEJO MANZANARES a colación el término “liquidable”, señalando que su significado “alude a un derecho de crédito o, desde el punto de vista pasivo, a una obligación que puede ser determinada en base a una simple operación aritmética” (CASTILLEJO MANZANARES, op. cit. [1999], pág. 211; y en idénticos términos, en su más reciente obra La ejecución de títulos extrajudiciales, Valencia, 2001, pág. 71, ya refiriéndose a la regulación actual —arts. 520 y 571 LEC—); entendiendo estas deudas liquidables como deudas líquidas, citando, a su vez, a DURÁN BRUJAS (“Notas sobre la modificación del artículo 1435 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por la Ley 34/1984, de 6 de agosto”, en Boletín de Información del Ministerio de Justicia, nº 1458, 1987, pág. 3). “Si en los contratos mercantiles otorgados por entidades de crédito, ahorro y financiación, en escritura pública o en póliza intervenida de conformidad con lo dispuesto en el número 6 del artículo 1429 de esta Ley, se hubiere convenido que la cantidad exigible en caso de ejecución será la especificada en la certificación expedida por la Entidad acreedora, aquélla se tendrá por líquida siempre que conste en documento fehaciente que acredite haberse practicado la liquidación en la forma pactada por las partes en el título ejecutivo y que el saldo coincida con el que aparece en la cuenta abierta al deudor. En el caso de cuentas corrientes garantizadas con hipoteca abiertas por Bancos o Cajas de Ahorro, se estará a lo dispuesto en la Ley Hipotecaria”. CASTILLEJO MANZANARES, op. cit. (1999), pág. 212. CASTILLEJO MANZANARES, op. cit. (1999), pág. 214.


EL PACTO DE LIQUIDACIÓN

21

LEC establece que “para el despacho de la ejecución se considerará líquida toda cantidad de dinero determinada, que se exprese en el título con letras, cifras o guarismos comprensibles”. Lo trascendental de esta definición, que aparece en sede de ejecución dineraria, es, por un lado, la decidida ruptura de la sinonimia entre “liquidez” y “certeza incontestable”, otrora debatida doctrinalmente; por otro, la exigencia de que la cantidad se exprese en el título, como dato configurador del concepto “cantidad líquida”, junto con el de que se halle “determinada”. Ahora bien, configurada la concepción de “cantidad líquida” como aquélla que esté determinada en el título, surge una cuestión que no es baladí: nótese que la LEC no dice que la cantidad sea “determinada o determinable”, es más, parece excluir el término “determinable” cuando se refiere a la exacta expresión del quantum “con letras, cifras o guarismos comprensibles”. Así, pudiera entenderse, en una primera aproximación, que es ilíquida la cantidad adeudada que dependa de operaciones adicionales para su concreción, aun cuando éstas sean simples operaciones aritméticas, pues en tal caso la cuantía de la deuda no estaría expresamente contemplada en el título, que es lo que impone el artículo 572.1 LEC. De seguirse una interpretación estricta de dicho precepto, resultaría que la deuda determinable conforme a módulos preestablecidos por las partes en el contrato (determinabilidad en base al título, que no determinada en él) tendría la misma consideración de ilíquida que la deuda que fuese determinable acudiendo a elementos externos al contrato (v. gr., contabilidad de la entidad acreedora). En los dos supuestos serían precisas operaciones matemáticas: en el primer caso, de acuerdo con unas bases ciertas contenidas en el contrato; en el segundo, con arreglo a los datos que figuren en las partidas del “debe” y “haber”. Lo que resulta obvio es que, en ambos, el resultado del cálculo efectuado, esto es, el resultado de la liquidación, no quedaría reflejado como tal en el contrato; es más, en el segundo supuesto apuntado, el quantum se recogería en un documento independiente al contractual, cual es el previsto en el artículo 573.1.1º LEC. No obstante, de una interpretación conjunta de los artículos 572.1 y 219.2 LEC, podría entenderse como “cantidad líquida” no sólo la determinada en el título, sino también la determinable en virtud del título, en la medida en que el artículo 219.2 permite que acceda


22

JAVIER DOMÍNGUEZ ROMERO

a la ejecución el título que, aun no conteniendo el importe exacto de la cantidad, fije las bases para su liquidación (que consistirá en una simple operación aritmética, desprovista de valoraciones de hecho o de derecho). Ahora bien, este argumento con base legal en defensa de la liquidez de la deuda determinable conforme a lo previsto en el título, parece encontrar un escollo si tenemos en cuenta que el artículo 219.2 LEC se refiere a los títulos judiciales, concretamente a las sentencias de condena, por lo que podría discutirse su extensión analógica a los títulos extrajudiciales14. Entendemos que, más allá de disquisiciones interpretativas, hay que descender al terreno práctico, donde los Tribunales se muestran partidarios de esa ficción (necesaria tal vez), consistente en que la deuda, liquidable con arreglo a módulos preestablecidos contractualmente, es líquida. Y decimos ficción porque es obvio que en tal caso el acreedor ha tenido que practicar una liquidación, esto es, una operación para dotar a la cantidad adeudada de una concreción nominal de la que antes carecía. Y el resultado de esa liquidación la plasmará en la demanda sin otro soporte documental que el propio contrato, donde no estaba determinado el quantum de la deuda; con lo cual, se mire por donde se mire, no se cumple la dicción del artículo 572.1 LEC. Pues bien, si ésta era la intención del legislador, quizás hubiera sido preferible que incluyera la expresión “determinable” dentro del concepto de “cantidad líquida”, de suerte que se considerara por tal la cantidad determinada en el título o determinable en su virtud, por haberse fijado en el mismo las bases para ello con claridad y precisión. En este sentido, resulta criticable que el legislador haya desaprovechado la ocasión de atajar esta cuestión con la última reforma procesal de gran calado, operada por la Ley 13/2009, de 3 de

14

Para VEGAS TORRES no habría motivo para excluir la aplicación del mismo criterio a los títulos extrajudiciales (VEGAS TORRES, “Artículo 572”, en DE LA OLIVA SANTOS/VEGAS TORRES/BENACLOCHE PALAO, Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil, Madrid, 2001, pág. 985). CAÑETE QUESADA, a la vista del propio art. 572.1 LEC —sin entrar en el criterio extensivo apuntado-, entiende que la ley excluye del concepto de “cantidad líquida” la que pueda ser “determinable” en base al título y con posterioridad mediante simples operaciones de cálculo o a través de la liquidación de una situación de cuenta corriente o similar que conlleven a un saldo deudor (CAÑETE QUESADA, “La emisión de un pagaré en blanco en garantía del cumplimiento de un contrato de préstamo mercantil”, en Sentencias de TSJ y AP y otros Tribunales, nº 15, 2005).


EL PACTO DE LIQUIDACIÓN

23

noviembre15. Consideraciones de lege ferenda aparte, lo que resulta indiscutible es la iliquidez de la deuda que requiera de operaciones adicionales para su concreción cuando las mismas no resulten del contenido del propio contrato, pues la LEC permite que acceda a la ejecución el título huérfano de bases preestablecidas conducentes a la determinación cuántica de la deuda, siempre y cuando se aporte junto con dicho título el resultado de las operaciones conforme a la contabilidad del acreedor (liquidación que, a priori, admitió el deudor mediante un pacto en tal sentido), y ello al efecto de que la cuantía adeudada conste, no ya en el título, sino al menos en la certificación del saldo. En definitiva, entendemos que la idea de liquidez, tal y como resulta de la actual configuración procesal, va directamente entroncada con el propio título ejecutivo, por la exigencia de que la concreción nominal de la deuda conste en el mismo (o resulte de él, atendiendo a la ficción señalada ut supra), de manera que el llamado “pacto de liquidez”, que vamos a estudiar en esta obra, no supone ya, en puridad, convertir en líquida una deuda que era ilíquida, porque afirmar tal cosa sería tanto como decir que, a través de tal pacto, se inserta a posteriori en el título la cifra exacta de la deuda, cuando obviamente no es así16. Y ello en la medida de que deuda líquida es, a efectos procesales, única y exclusivamente, la que se exprese “en el título” (artículo 572.1 LEC) o resulte directamente de él, por contener elementos suficientes para realizar el cálculo (artículo 572.1 LEC, en relación con el artículo 219.2 LEC). Cuestión distinta es la concepción de liquidez en el plano sustantivo17, pero dado que tal pacto es

15

16

17

Ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, publicada en el BOE nº 266, el 4 de noviembre de 2009. Esta ley viene a reformar, entre otras, la LEC 1/2000, modificando no pocos preceptos, pero sin alterar en nada la redacción de los arts. 571 a 579 LEC. Lo que ocurre es que la cuantía de la deuda, tras practicarse la liquidación conforme al pacto, se reflejará en un documento distinto del título, cual es la llamada certificación del saldo (documento expresivo del saldo, según el artículo 573.1.1º LEC). Donde es predicable un concepto de liquidez de la deuda liberado del título, esto es, liquidez de la deuda como su determinación o determinabilidad en un momento dado, sin más. De hecho, como apunta SERRANO MASIP, tanto la jurisprudencia como la doctrina, la mayoría de las veces en las que se pronuncia sobre la liquidez de las obligaciones lo hace en sede de compensación legal —art. 1196.4º CC— y de mora solvendi —art. 1108 CC— (SERRANO MASIP, op. cit., pág. 306). Por su parte, el art. 1825 CC permite la


1_9788490041567  

OPERACIONES GARANTIZADAS Valencia, 2011 J AVIER D OMÍNGUEZ R OMERO Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro pue...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you