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EL AUTO DE MAYOR CUANTÍA

Cristina Victoria López Hernández

Valencia, 2014


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Directores de la Colección: FRANCISCO DE P. BLASCO GASCÓ Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Valencia

MARIO CLEMENTE MEORO Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Valencia

© Cristina Victoria López Hernández

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ÍNDICE INTRODUCCIÓN......................................................................................... 11 1.

EL INTERÉS QUE SUSCITA LA DETERMINACIÓN DE LA LEGITIMACIÓN PARA EL DESPACHO DE EJECUCIÓN............................... 13

2.

EL ITER PROCESAL PARA LA FORMACIÓN DEL TÍTULO............. 15

3.

COMPARECENCIA NECESARIA PARA DICTAR EL AUTO Y DELIMITAR LA LEGITIMACIÓN................................................................ 19 3.1º. La integración del concepto a partir del antecedente legislativo.... 19 3.2º. La necesidad de comparecencia a falta de oferta motivada de la aseguradora.................................................................................. 21 3.3º. La premisa de la falta de responsabilidad criminal y el archivo de actuaciones penales...................................................................... 26

4. CARÁCTER DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL AUTO DE MAYOR CUANTÍA.......................................................................... 29 5.

DE LA DEMANDA DE EJECUCIÓN Y DE SU ADMISIÓN A TRÁMITE: PRIMER MOTIVO DE OPOSICIÓN PROCESAL.......................... 33

6.

CAUSAS DE OPOSICIÓN POR MOTIVOS PROCESALES VINCULADAS CON LA LEGITIMACIÓN, LA REPRESENTACIÓN Y LA NULIDAD DEL TÍTULO................................................................................ 35 6.1º. Carecer el ejecutado del carácter o representación con que se le demanda....................................................................................... 35 I. Integración del concepto de legitimación pasiva, con la normativa aplicable al proceso de creación de este título ejecutivo.......................................................................................... 37 II. ¿Es necesaria la comparecencia de la aseguradora o aseguradoras en el Juicio Penal, para determinar la legitimación pasiva?................................................................................... 38 III. La Apertura de Juicio Oral por la comisión de un delito implica la personación de la aseguradora, tan sólo a efectos de la prestación de fianza............................................................ 41 IV. Legitimación pasiva del Consorcio de Compensación de Seguros...................................................................................... 43 6.2º. Falta de capacidad o de representación del ejecutante o no acreditar el carácter o representación con que demanda........................ 44 I. La legitimación activa del ejecutante, según el Anexo de la Ley de Responsabilidad Civil del Seguro y Circulación de Vehículos a Motor..................................................................... 46 I.1º. La víctima.................................................................... 46


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I.2º. Concepto de herederos en la LRCSCVM...................... 48 I.3º. Los beneficiarios (perjudicados).................................... 50 A) El Cónyuge no separado legalmente y las uniones conyugales de hecho “consolidadas”...................... 52 B) La equiparación de la ausencia de cónyuge a la separación legal y el divorcio.................................... 55 C) La legitimación de los hijos.................................... 55 D) La legitimación de los ascendientes........................ 57 E) El hermano menor huérfano y dependiente de la víctima................................................................... 58 F) Los hermanos de la víctima.................................... 59 I.4º. Otros perjudicados....................................................... 59 7. LA NORMA DE CIERRE DEL ARTÍCULO 559, APARTADO 1, REGLA 3ª, CONTIENE MOTIVOS DE OPOSICIÓN PROCESALES Y MOTIVOS DE OPOSICIÓN DE FONDO.............................................. 71 7.1º. Falta de mención del Consorcio de Compensación en el Título Ejecutivo y la nulidad radical del despacho de ejecución.............. 72 7.2º. La mención de la Aseguradora en el Auto de Mayor Cuantía y la posible ineficacia del mismo......................................................... 73 7.3º. ¿Provoca la nulidad radical del Título Ejecutivo, la irregularidad en la delimitación de la cuantía del perjuicio sufrido?................... 76 7.4º. Efectos en el Auto de la Falta de descripción del accidente de tráfico............................................................................................... 78 I. Quedan excluidos los siniestros acaecidos en Pruebas Deportivas....................................................................................... 80 II. No se incluyen los accidentes ocurridos durante el desempeño de tareas industriales.............................................................. 80 III. Se excluyen los supuestos en que el vehículo se utiliza para cometer un delito doloso........................................................ 81 IV. Consecuencia: el hecho ajeno a la circulación y ruptura del nexo causal............................................................................ 83 7.5º. Nulidad del Auto por falta de delimitación del conductor y del vehículo implicado en el siniestro................................................. 84 8.

PARTICULARIDADES INICIALES EN LA OPOSICIÓN A LA EJECUCIÓN POR MOTIVOS DE FONDO...................................................... 87 8.1º. La especialidad de la oposición por “pluspetición”....................... 87 8.2º. La particularidad de la prescripción de la acción.......................... 91 I. Computo del plazo, cuando se incoa un Procedimiento Penal y existe reserva expresa de la acción civil............................... 92 II. Cómputo del plazo de prescripción, cuando el Procedimiento Penal resulta vinculado al Procedimiento de Elaboración del Título Ejecutivo..................................................................... 95

9.

CAUSAS DE OPOSICIÓN POR MOTIVOS DE FONDO GENÉRICOS.. 97 9.1º. Pago que se pueda acreditar documentalmente............................. 98


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9.2º. Compensación de crédito líquido que resulte de documento que tenga fuerza ejecutiva................................................................... 99 9.3º. Quita, espera o pacto o promesa de no pedir, que conste documentalmente....................................................................................... 99 9.4º. Transacción siempre que conste en documento público................ 100 10. CAUSAS DE OPOSICIÓN POR MOTIVOS DE FONDO ESPECÍFICOS........................................................................................................ 101 10.1º. La culpa exclusiva de la vícctima.................................................. 101 10.2º. La fuerza mayor extraña a la conducción o al funcionamiento del vehículo........................................................................................ 103 10.3º. La concurrencia de culpas............................................................ 105 11. LA OPOSICIÓN A LA EJECUCIÓN Y EL INCIDENTE DECLARATIVO.......................................................................................................... 107 JURISPRUDENCIA CONSULTADA.............................................................. 111 BIBLIOGRAFÍA............................................................................................. 115


INTRODUCCIÓN Trata esta obra del título ejecutivo que se considera más rápido para la indemnización del daño proveniente de un accidente de tráfico. Los estudios anteriores que se habían efectuado sobre el tema examinaban la eficacia del mismo para indemnizar la totalidad del daño causado y su posible naturaleza, desde los inicios de la regulación. La perspectiva que se ofrece, en este análisis, actual, refleja la especialidad de esta resolución judicial; atendiendo a su finalidad. La calificación que se le impone al título, como de Mayor Cuantía, responde al techo que establece Ley de Responsabilidad Civil del Seguro y Circulación de Vehículos a Motor, para indemnizar el perjuicio físico. El análisis ofrece la visión del procedimiento para la creación del Auto, enmarcado en una jurisdicción voluntaria, y demuestra que el legislador escoge este medio procesal, con el objeto de acelerar la posible ejecución del título. Se justifica así, como se comprobará en la monografía, que en esta resolución sólo se exija al Juez que queden bien delimitadas las circunstancias que rodean el accidente de tráfico; aun siendo esencial para su validez que en dicha determinación queden establecidas la legitimación activa y pasiva, para la ejecución. De lo contrario el mismo puede resultar ineficaz y sin posibilidad de despacho de ejecución contra un sujeto que no aparece mencionado en el título. Se advierte, desde un inicio, que los hechos recogidos en el título no resultan calificados por el Juez que lo dicta, sino que pueden debatirse posteriormente con la oposición a la ejecución y en el posible incidente declarativo. Sin embargo, al tratarse de un procedimiento ejecutivo sumario, este incidente declarativo es eventual y dependerá de que el juez lo considere oportuno en vista de la prueba obrante en Autos. La función que cumple este título judicial es asimilada a una factura de pago y constituye un título solvente, hasta tal punto que una vez dictado con los requisitos esenciales y con los límites establecidos, la certeza del crédito y la exigibilidad de la deuda prácticamente son incuestionables. En este estudio se confirma que en el ámbito del derecho de la circulación y en general en el derecho de daños, la tendencia del derecho moderno se orienta hacia la búsqueda de soluciones jurídicas que garanticen al perjudicado la efectividad de un prioritario derecho a la indemnidad.


1. EL INTERÉS QUE SUSCITA LA DETERMINACIÓN DE LA LEGITIMACIÓN PARA EL DESPACHO DE EJECUCIÓN El sistema de pago solvente de la indemnización en un accidente de tráfico, por este título ejecutivo es, exclusivamente, para quienes resulten ser víctimas del siniestro o para los directamente perjudicados por su muerte, salvo determinados supuestos en que los perjudicados son terceros. Se trata de un privilegio de carácter personalísimo establecido en la Ley de Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de los Vehículos a Motor (LRCSCVM)1, por la naturaleza jurídica de la responsabilidad objetiva cubierta por el seguro obligatorio. Ello se refleja en el carácter directo de la acción conferida por la LRCSCVM a los sujetos que podrán ejecutar el Auto de Mayor Cuantía. Según el texto legal, la legitimación se determina cuando existe una víctima que ejercita su derecho, aunque el término víctima en un accidente de tráfico no siempre se identifique con el de fallecido. Por otra parte, la legitimación de los familiares sólo es posible, si estos resultaron directamente perjudicados; debiéndose aclarar que los herederos del fallecido serán tales siempre que ocupen la posición del causante, porque el derecho esté integrado en su patrimonio. No se pretende en este epígrafe tergiversar los términos de la Ley, a partir de la síntesis de lo que más tarde se desarrollará. Simplemente, se advierte que el catálogo establecido en el Anexo de la LRCSCVM tiene una difícil interpretación: la primera regla, de expresa previsión legal, es que la clasificación se establece por grupos excluyentes que no admiten la subclasificación. La segunda regla, que deriva de la primera: es que si existe un perjudicado que pertenece a uno de los grupos preferentes, no cabe argumentar que existan otros perjudicados incluidos en el resto de los grupos. Es decir, que desde el Anexo se establece una prioridad dependiendo del grado de parentesco, de consaguinidad o de afinidad. Se anuncia desde un inicio el entramado que proyecta la regulación y la difícil pretensión objeto de alcance en esta obra. Por ello, por ganar claridad expositiva, se aprovecha el procedimiento de creación de este título ejecutivo, para, según el proceso, delimitar las partes interesadas. 1

En adelante.


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Los pronunciamientos jurisprudenciales estimatorios o desestimatorios de la ejecución, se utilizan a modo de reflejo de los datos fácticos que posibilitan la integración del significado de la regulación. La delimitación de los perfiles esenciales de este título ejecutivo, sirve además para descartar las posibles irregularidades procesales y de fondo, según la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC); presentándose, como se comprobará, la legitimación como un presupuesto procesal primario para la incoación de la causa y la posterior admisión de demanda y el éxito de la ejecución. Se justifica, pues, a partir de este primer epígrafe, la apropiación debida del esquema establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil, para la ejecución; como elemento estructural de la interpretación que constituye la monografía. Como consecuencia de esta elección se tratan con la importancia que merecen las causas de oposición, por motivos procesales, a este título ejecutivo; y se presta particular interés a la especialidad de la oposición por pluspetición, en cuanto a la necesidad de aplicación de la Ley vigente en el momento del siniestro. La atipicidad de este título ejecutivo se corrobora tras la intromisión en el proceso de creación del mismo que, en todo caso, se encuentra supeditado a la investigación de los hechos, en el proceso penal; de ahí que, como cuestión previa, deba tratarse el marco jurídico establecido para ello en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y legislación concordante. Se debe añadir, por último, que por la finalidad perseguida con este procedimiento rápido de indemnización del perjuicio, la calificación definitiva de los hechos no se produce en la etapa inicial, como ya se anunció en la introducción. La dificultad que encierra un accidente de tráfico, cuando se reclaman no sólo daños materiales más susceptibles de convenio por un parte amistoso, acaba siendo causa de oposición de fondo en la ejecución final; si existen circunstancias que demuestran que no se trató de un accidente debido al riesgo que entraña la conducción. Por estos motivos puede que, una vez resuelta la oposición a la ejecución por causas procesales, quepa la posibilidad de que en un incidente declarativo se resuelvan cuestiones de fondo. Queda servida la motivación de la obra.


2. EL ITER PROCESAL PARA LA FORMACIÓN DEL TÍTULO La delimitación de las responsabilidades civiles en un accidente de tráfico se encuentra sujeta al cumplimiento de ciertos requisitos previos, como son las diligencias penales para la elaboración del atestado y la obtención de los informes forenses sobre los perjuicios ocasionados, además de la necesaria, al parecer, denuncia del perjudicado2. Este iter procesal que origina el acaecimiento del siniestro y la forma en que se interrelacionan unos procesos con otros, hasta llegar al dictado del Auto de Mayor Cuantía, debería funcionar como filtro depurador, en la configuración del título ejecutivo. De manera que las causas de oposición al mismo fueran mínimas o, al menos, fácilmente interpretables. Se presume iuris tantum que los datos contenidos en el proceso penal deberían facilitar la determinación de los caracteres esenciales que debe reunir dicho título ejecutivo. Sin embargo, no se puede obviar que la formación de este título se encuentra incardinada en un trámite procesal escueto, con la finalidad de proporcionar la máxima celeridad para la indemnización del daño. Desde la génesis de este título ejecutivo se criticaba la incardinación del mismo en una rúbrica que llevaba por título “Diligencias en el proceso penal preparatorias de la ejecución”, ya que estas diligencias preparatorias de la ejecución, se llevaban a cabo una vez concluido el proceso penal propiamente dicho y el Tribunal, en este momento procesal, no actuaba como un juez penal que calificaba los hechos, sino únicamente para recopilar unos datos, eso sí esenciales, que obraban en las actuaciones penales precedentes3. Tanto en la regulación anterior como en la actual, se exige como presupuesto que el hecho enjuiciado en proceso penal, se haya incoado por un hecho encubierto por el Seguro Obligatorio de Responsabilidad civil derivada de uso y circulación de vehículos a motor. Si bien tampoco puede interpretarse que el Auto de Mayor Cuantía se pueda dictar en cualquier 2

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La referencia a las diligencias penales, en general, ha de considerarse tanto las efectuadas con ocasión de delito, como también las habidas por juicio de falta, siempre que se den el resto de los requisitos que se van a estudiar. Puede verse el estudio que efectúa sobre este título ejecutivo, según la regulación anterior, no vigente, a GÓMEZ DE LIAÑO Y GONZÁLEZ, F., El juicio ejecutivo de la Ley del Automóvil, Segunda Edición corregida y aumentada, Salamanca 1975, Gráficas Cervantes, p. 91 y ss.


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momento desde que el Juez incoa la causa criminal. Es exigencia en ambos textos legales que el proceso finalice por la declaración de rebeldía del acusado o por la sentencia absolutoria o resolución, provisional o definitiva, sin declaración de responsabilidad. En el texto del derogado artículo 10 del Texto Refundido de la Ley del Automóvil, se aludía a la necesidad de retrasar el Auto el tiempo imprescindible, para que con audiencia e intervención de los interesados, se llevaran a cabo las comprobaciones que se estimaran necesarias4. En el actual artículo 13 de la LRCSCVM se exige además que el Auto se dicte a la vista de la oferta motivada o de la respuesta del asegurador o del Consorcio de Compensación de Seguros5. En ninguno de los dos artículos se hace referencia a la necesidad de que se hayan llevado diligencias de investigación o de comprobación del hecho en el proceso penal para asegurarse de que existe infracción o para comprobar si existe prescripción de la falta nada más incoada. El legislador actual opta por una comparecencia que se introduce en el segundo párrafo del artículo 13 de la LRCSCVM, con la reforma operada por la Ley 21/2007, de 11 de julio, con la finalidad de que se aporte la oferta o se efectúen alegaciones. Queda por comprobar la efectividad de esa escueta comparecencia que, en la práctica, se efectuará en la mayoría de los casos sin la presencia del Juez o de, ni siquiera, el Secretario Judicial; a efectos de que se garanticen las alegaciones de las partes y la aportación de documentos que pueden no constar en el procedimiento, siendo esenciales para la creación del título ejecutivo. Ante la falta de acuerdo, el Juez no tendrá más remedio que dictar Auto que determinará una responsabilidad por daños enmarcada en la Ley con un tope máximo. De manera que si existen perjuicios sancionables por otros motivos que no recoge el Anexo de la LRCSCVM, la eficacia de la ejecución puede ser cuestionada, ya que inevitablemente el agente del derecho (abogado del perjudicado) deberá plantearse si es prudente

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El texto literal del artículo 10 del TRLA, se transcribe en una nota posterior a efectos de la interpretación sistemática respecto de su concordante actual. Los requisitos para la elaboración del título ejecutivo de cuantía máxima se establecen, actualmente, en el artículo 13 del Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor; con las modificaciones que introduce la Ley 21/2007, de 11 de julio. El contenido de este artículo será transcrito en el siguiente epígrafe a propósito de las manifestaciones que se van ha efectuar sobre la comparecencia.


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ejecutar el Auto o resulta más conveniente y beneficioso un procedimiento declarativo. La decisión es crucial para el defendido: en tiempo y en acierto. Porque, al tratarse de una acción civil directa para la reclamación del daño, desde la resolución penal, se tendrá que contar con el escaso tiempo para la interposición de la misma. Vistas así las cosas, parece razonable que se determinen las características esenciales que debe reunir un Auto de Mayor Cuantía, para que pueda ser ejecutado; el dictado del mismo, en unas diligencias preparatorias de la ejecución, de carácter civil, pero que encuentran su desarrollo en un proceso penal, podría entrañar cierta inseguridad jurídica. Si bien, ahí está la elección: ¿seguridad jurídica o economía procesal?


3. COMPARECENCIA NECESARIA PARA DICTAR EL AUTO Y DELIMITAR LA LEGITIMACIÓN Se efectúa en este epígrafe una interpretación integradora del artículo 13 de la LRCSCVM a partir de los antecedentes históricos del precepto y teniendo en cuenta la evolución normativa del mismo, producida por la ratificación en España de las Directivas comunitarias existentes en este ámbito del derecho.

3.1º. La integración del concepto a partir del antecedente legislativo El procedimiento de formación de este título ejecutivo ha experimentado variaciones, tras la aplicación de la normativa, en el momento histórico correspondiente y la depuración de la misma, por la corrección de las posibles deficiencias que genera la práctica. En el Texto Refundido de la Ley 122/1962 de 24 de diciembre, aprobado por Decreto 632/1968, de 21 de marzo, se llegaba al título ejecutivo a través de dos procedimientos: Uno de formación directa que se llevaba a cabo, una vez concluidas las diligencias penales, por existir suficientes elementos probatorios emitidos por la intervención de los interesados. Este procedimiento se denominaba juicio pericial, no contradictorio, por la certeza del crédito6. Y, otro, de carácter contradictorio, a la terminación de las actuaciones penales, con audiencia e intervención de los interesados, por falta de elementos probatorios, o porque los existentes se hubieran emitido sin posibilidad de intervención de los perjudicados y los aseguradores7. 6

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Sobre la función inicial de este título ejecutivo, puede verse GARCÍA ÁLVAREZ, “En torno al título ejecutivo para la reclamación de daños personales derivados de los hechos de la circulación”, en RDProc, 1971-4, pp. 771 y ss.; concretamente, en la página 775. También de manera más detallada puede consultarse en GÓMEZ DE LIAÑO Y GONZÁLEZ, F., El juicio ejecutivo de la Ley del Automóvil, Segunda Edición corregida y aumentada, cit., p. 91 y ss. El texto del antiguo artículo 10 del TRLA tenía la siguiente redacción: “Cuando en un proceso penal, incoado por hecho cubierto por el Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil derivada de uso y circulación de vehículos a motor, se declare la rebeldía del acusado, o recayere sentencia absolutoria u otra resolución que ponga fin, provisional o definitivamente, sin declaración de responsabilidad, si el perjudicado no hubiere renunciado a la acción civil ni la hubiere reservado para ejercitarla separadamente,


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Era una realidad normativa que el procedimiento contradictorio sólo surgía como alternativo al de formación directa del título, ante la falta de datos esenciales en el procedimiento penal. De ahí que el no vigente artículo 10 del TRLA, en su segundo párrafo, exigiera que se llevaran a cabo las comprobaciones necesarias, tan sólo si no podía señalarse la cuantía de la indemnización por falta de elementos probatorios. De la literalidad del artículo se extraía que, inicialmente, no era necesaria la comparecencia de las aseguradoras durante el proceso penal, si existían suficientes elementos probatorios. El fundamento de ello era claro, pues, si la cantidad estaba determinada por ley, caso general de muerte de la víctima, el Tribunal no necesitaba efectuar comprobaciones de ningún tipo, bastaba con testimonio del Auto, para obtener el título ejecutivo8. La comprobación del significado práctico que tenía este artículo denota cómo se produce la variación del procedimiento de elaboración del título, en aras de la obtención de la mayor seguridad jurídica. Curiosamente, la literalidad del derogado artículo 10 del TRLA se convierte en argumento para manifestar el casi paralelo régimen de elaboración del título, no identificable en su totalidad con el actual, porque la normativa sobre seguros tenía unos perfiles más precarios que los vigentes. Llámese la atención sobre la no mención en el artículo de la oferta motivada de la

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antes de acordar el archivo de la causa, el Juez o Tribunal que hubiere conocido de la misma, dictará auto, en el que determinará la cantidad líquida máxima que puede reclamarse como indemnización de los daños y perjuicios sufridos por cada perjudicado amparados por dicho seguro obligatorio. El auto referido contendrá la descripción del hecho y la indicación de las personas y vehículos que intervinieron y los asegurados de cada uno de éstos”. “Si no pudiese señalarse la cuantía de la indemnización por falta de elementos probatorios o porque los existentes se hubiesen emitido sin posibilidad de intervención de los interesados, el auto mencionado en el párrafo anterior sólo se retrasará por el tiempo imprescindible para que con audiencia e intervención de los perjudicados y aseguradores, se lleven a cabo las comprobaciones que se estimen necesarias, de oficio o a petición de parte. El auto a que se refieren los párrafos anteriores no será recurrible”. En este sentido se manifestaba la antigua jurisprudencia menor recogida en GÓMEZ DE LIAÑO Y GONZÁLEZ, F., El juicio ejecutivo de la Ley del Automóvil, op. cit., p. 97. El autor entiende que tal opinión no es del todo exacta, pues considera que el Juez no está obligado a señalar en todos los casos esa cantidad, siendo absurdo que lo hiciese en el caso del mendigo atropellado que no deja personas allegadas de ningún tipo. Se tiene en cuenta la opinión de GÓMEZ DE LIAÑO porque el ejemplo encuentra explicación, al estudiar la legitimación activa, momento en que se efectuarán las manifestaciones correspondientes sobre la víctima sin parientes y la naturaleza de la indemnización.


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aseguradora y la alusión directa del intérprete al texto de la ley para determinar la cantidad máxima establecida como marco de la indemnización. Pero no todos son inconvenientes en el texto del antecedente histórico del actual artículo 13 de la LRCSCVM, y por ello merece la atención que se presta a la exégesis histórica, porque el derogado artículo 10 TRLA expresaba que existía un seguro obligatorio que garantizaba una responsabilidad objetiva enmarcada en la ley. Por este motivo, cuando no había falta de datos ni falta de prueba, no era necesaria la contradicción ni la intervención de la aseguradora, regla que quedaba más clara en ese antecedente histórico que en la normativa vigente, tras las ampliaciones introducidas para determinar la obligación de la aseguradora. Por otra parte, aunque podía ser criticable que el artículo, en su segundo párrafo, sólo aludiera a las comprobaciones necesarias para averiguar los elementos probatorios imprescindibles y no a las diligencias preparatorias, sí parece que esas indagaciones estaban muy cercanas a dichas diligencias y que la comparecencia actual establecida en el artículo 13 de la LRCSCVM tiene hoy esa finalidad, como se va a comprobar seguidamente.

3.2º. La necesidad de comparecencia a falta de oferta motivada de la aseguradora Se lamentaba ya en la regulación anterior del artículo 10 del TRLA que la falta de precisión legislativa, para este momento procesal, se tradujera en un evidente riesgo que sembraba inseguridad; dependiendo de que el accidente se tramitara en uno u otro juzgado. Como se ha referido, el antecedente del artículo 13 de la LRCSCVM expresaba claramente que era la falta de elementos probatorios o la emisión de los mismos sin intervención de los interesados (perjudicados), las circunstancias que atrasaban la emisión del Auto de Ejecución. Con sustento en la idea de que la creación de este título tuvo como fundamento el de suplir la inoperancia práctica del título pericial de la primitiva Ley, se ha mantenido que el Juez es el que debe optar por el procedimiento contradictorio, dictando providencia que ordene la vista de lo actuado a todos los interesados, incluidos los aseguradores, para que en el plazo prudencial soliciten lo que a su derecho convenga. En sentido contrario, la omisión de estas actuaciones se interpretaba como de conformidad con los datos obrantes9. 9

Así lo entiende GÓMEZ DE LIAÑO Y GONZÁLEZ, F., El juicio ejecutivo de la Ley del Automóvil, op. cit., p. 100, con cita de la Circular de la Fiscalía del Tribunal


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Sin embargo, la finalidad de esta etapa siempre ha sido recopilar y determinar los datos sobre las lesiones, incapacidades, salarios perdidos, gastos médicos y todos aquellos relacionados con los daños personales que puedan influir en la determinación de la cantidad máxima reclamable, interesándose la práctica de las diligencias oportunas, siempre que se estimen necesarias y sin la mecánica de rigor de la prueba. Por lo que algunos autores entendían, desde antiguo, que estas diligencias únicamente pueden tener lugar, si las promueve la parte legítima, dado el carácter civil de las actuaciones y la rogación necesaria, en esta jurisdicción10. La confirmación de esta tesis se encuentra en la reforma que se introduce en el artículo 13 de la LRCSCVM, a partir de la Ley 21/2007, de 11 de julio que obliga a las partes a instar la creación del título, si bien quedando esta facultad subordinada a que exista una actividad probatoria clara en el seno del proceso penal y que se desprenda de lo actuado que no hay responsabilidad. Pues, si no fuera así, se estaría obligando al juez penal a dictar Auto de Mayor Cuantía en función de una responsabilidad civil que, aunque tenga carácter objetivo, al órgano jurisdiccional le consta que no existe. El actual artículo 13 de la LRCSCVM establece como presupuesto, para señalar la cuantía indemnizable al perjudicado, que se dicte el Auto, a la vista de la oferta motivada o de la respuesta motivada del asegurador11.

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Supremo de 10 de diciembre de 1967, que señala como el interés del resarcimiento aconseja que, sin perjuicio de que el juez o Tribunal dicte el auto de oficio, lo solicite el Ministerio Fiscal; en aquellas ocasiones en las que la resolución judicial ponga fin al proceso sin declaración de responsabilidad. DE LA CONCHA y PELLICO, El nuevo título ejecutivo creado por la Ley por la ley 3/1967, RDC, julio-agosto de 1968, página 337. Texto del artículo 13 de la LRCSCVM: “Cuando en un proceso penal, incoado por hecho cubierto por el seguro de responsabilidad civil de suscripción obligatoria en la circulación de vehículos de motor, se declare la rebeldía del acusado, o recayera sentencia absolutoria u otra resolución que le ponga fin, provisional o definitivamente, sin declaración de responsabilidad, si el perjudicado no hubiera renunciado a la acción civil ni la hubiera reservado para ejercitarla separadamente, antes de acordar el archivo de la causa, el juez o tribunal que hubiera conocido de ésta dictará auto, en el que se determinará la cantidad líquida máxima que puede reclamarse como indemnización de los daños y perjuicios sufridos por cada perjudicado, amparados por dicho seguro de suscripción obligatoria y según la valoración que corresponda con arreglo al sistema de valoración del anexo de esta Ley. El auto referido se dictará a la vista de la oferta motivada o de la respuesta motivada del asegurador o del Consorcio de Compensación de Seguros, y contendrá la descripción del hecho, la indicación de las personas y vehículos que intervinieron y de los aseguradores de cada uno de éstos.


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Esta variación en el texto del precepto se produce como consecuencia, de la ratificación por España de las Directivas Comunitarias, que establecen la obligación de los aseguradores de presentar una oferta motivada, siempre que se haya determinado la responsabilidad y cuantificado el daño. Y si se ha rechazado la reclamación, las entidades aseguradoras o sus representantes estarán obligados a dar una respuesta motivada a lo solicitado en la reclamación. Según se lee en la memoria que acompañaba a la propuesta, el propósito de esta previsión es el de impedir que la empresa de seguro se limite a dar respuestas dilatorias. Por otro lado, la oferta debe ser seria y no meramente formal. De lo que se trata es que la aseguradora inicie un proceso de indemnización, adoptando una decisión motivada12. En cumplimiento de dicha normativa el artículo 7, apartado 2, de la LRCSCVM obliga a los aseguradores a presentar en el plazo de tres meses, desde la recepción de la reclamación del perjudicado, la oferta motivada de indemnización, en caso de que se entienda acreditada la responsabilidad y cuantificado el daño13. El mismo artículo 7, apartado 3 de la LRCSCVM se encarga de delimitar los requisitos que debe reunir la oferta y establece que deberá contener: a) Una propuesta de indemnización por los daños en las personas y en los bienes que pudieran haberse derivado del siniestro; b) El cálculo de los daños y perjuicios causados a las personas deberá hacerse según los criterios e importes que se recogen en el Anexo de la Ley; c) Contendrá, de forma desglosada y detallada, los documentos, informes o cualquier

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En todo caso, antes de dictarse el auto, si en las actuaciones no consta oferta motivada o respuesta motivada según las prescripciones de esta Ley, el juez convocará a los perjudicados y posibles responsables y sus aseguradores, incluido, en su caso, el Consorcio de Compensación de Seguros, a una comparecencia en el plazo de cinco días, a fin de que pueda aportarse la oferta o la respuesta motivada, o hacerse las alegaciones que consideren convenientes. Si en la comparecencia se produjera acuerdo entre las partes, el mismo será homologado por el juez con los efectos de una transacción judicial. De no alcanzarse el acuerdo, se dictará auto de cuantía máxima en el plazo de tres días desde la terminación de la comparecencia y contra el mismo no podrá interponerse recurso alguno.” Esta obligación queda establecida en el artículo 4.6 de la Cuarta Directiva (Directiva 2000/26/CE). Un comentario afortunado de dicha Directiva puede verse en REGLERO CAMPOS, F., Accidentes de circulación: Responsabilidad Civil y Seguro, Navarra, 2007, Editorial Aranzadi, pp. 133 y siguientes. La Quinta Directiva (Directiva 2005/14/CE) es la que obliga a los Estados a adaptar su legislación a la Directiva Cuarta, referida en la nota anterior, que es la que establece esta obligación. En este sentido puede verse VILLAMARÍN LÓPEZ, M.ª L., Ejecución forzosa y circulación de vehículos de motor: el Régimen Procesal del denominado «Auto de Cuantía Máxima», Navarra 2008, Editorial Aranzadi, p. 24.


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otra información de que se disponga para la valoración de los daños, identificándose aquellos en que se ha basado para cuantificar de forma precisa la indemnización ofertada, de manera que el perjudicado tenga los elementos de juicio necesarios para decidir su aceptación o rechazo; d) Se hará constar que el pago del importe que se ofrece no se condiciona a la renuncia del perjudicado del ejercicio de futuras acciones en el caso de que la indemnización percibida fuera inferior a la que en derecho pueda corresponderle; e) Podrá consignarse para pago la cantidad ofrecida. En cualquier caso, antes de poder pronunciarse definitivamente la empresa de seguros o su representante, deben poder determinar las responsabilidades o la magnitud de los daños, porque de no ser así la obligación de la empresa de seguros es dar una respuesta negativa también motivada que deberá contener, de igual manera, los requisitos que establece el artículo 7, apartado 4, de la misma LRCSCVM; siendo resaltable entre estos datos que se entienda que no está determinada la responsabilidad o que no se haya podido cuantificar el daño14. El incumplimiento de esta obligación no sólo da lugar al inicio del devengo de intereses de demora, sino que se establecen sanciones de tipo administrativo que serán consideradas de distinta gravedad con arreglo a lo dispuesto en el artículo 40 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión de Seguros Privados (artículo 7, ap. 2, III LRCSCVM). Pero lo más importante, sin duda, es que dicho incumplimiento puede provenir de una falta de prueba, como se deduce del contenido obligatorio que debe tener la respuesta motivada, o simplemente la no personación de la aseguradora en las actuaciones penales. Supuesto en que sería necesaria la comparecencia establecida en el artículo 13, párrafo 2, de la LRCSCVM, en el plazo de cinco días, a fin de que puedan hacerse las alegaciones convenientes y aportarse los documentos necesarios.

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El artículo 7, apartado 4, de la LRCSCVM, establece: “En el supuesto de que el asegurador no realice una oferta motivada de indemnización, deberá dar una respuesta motivada ajustada a los siguientes requisitos: a) Dará contestación suficiente a la reclamación formulada, con indicación del motivo que impide efectuar la oferta de indemnización, bien sea porque no esté determinada la responsabilidad, no se haya podido cuantificar el daño o bien porque existe alguna otra causa que justifique el rechazo de la reclamación, que deberá ser especificada. b) Contendrá, de forma desglosada y detallada, los documentos, informes o cualquier otra información de que se disponga, que acrediten las razones de la entidad aseguradora para no dar una oferta motivada. c) Incluirá una mención a que no requiere aceptación o rechazo expreso por el perjudicado, ni afecta al ejercicio de cualesquiera acciones que puedan corresponderle para hacer valer sus derechos”.


EL AUTO DE MAYOR CUANTÍA

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No se puede negar el parecido que presenta este momento procesal con las diligencias preliminares civiles contenidas en los artículos 256 y siguientes de la LEC, cuya finalidad, en este último caso, es la preparatoria de un proceso principal ordinario (que se pretende promover posteriormente) y que tienen un carácter instrumental y subordinado. De igual manera que en la comparecencia, objeto de estudio, en estas diligencias preliminares civiles se pretenden recabar hechos, datos y elementos necesarios e indispensables, para asegurar la eficacia de la resolución que se persigue con el posterior planteamiento del juicio ordinario15. Es claro que estas diligencias preliminares civiles son de jurisdicción voluntaria, por lo que la comparecencia, se efectuará en la sede de la Oficina Judicial, en el plazo de diez días, probablemente ante el Señor Secretario, sin carácter contencioso, con la finalidad de averiguar datos necesarios (artículo 259 de la LEC). Tras esta interpretación, resulta confirmada la opinión de los antiguos comentaristas del anterior artículo 10 del TRLA, cuando afirmaban que las anteriores diligencias preparatorias, tenían carácter rogado y dependían de quien pretendía ejercitar la acción. Hoy es fiel reflejo de ello el contenido de los artículos 256 y siguientes de la LEC que podrían servir para integrar la actuación procesal contenida en el artículo 13 de la LRCSCVM, a modo de comparecencia, ante el vacío legal. Finalmente, es de señalar que si en la comparecencia se produjera acuerdo entre las partes, el mismo será homologado por el juez con los efectos de una transacción judicial. Y que, de no alcanzarse el acuerdo, se dictará Auto de Mayor Cuantía en el plazo de tres días desde la terminación de la comparecencia y contra el mismo no podrá interponerse recurso alguno (art. 13 LRCSCVM, último párrafo). En conclusión, la comparecencia a que se refiere el nuevo párrafo 2º del artículo 13 LRCSCVM no constituye una actividad procesal preclusiva de la vía civil. Los límites señalados en el Auto pueden dar lugar a que no todas las cuestiones objeto de controversia puedan ser solucionadas en el juicio ejecutivo. En este sentido, el juicio declarativo posterior puede 15

Una tesis aproximada mantenía el tan mencionado hasta ahora GÓMEZ DE LIAÑO Y GONZÁLEZ, F., El juicio ejecutivo del la Ley del Automóvil, p. 98 y ss., respecto de la normativa anterior; siguiendo a ALONSO PRIETO, en su trabajo, Tendencias jurisprudenciales sobre el seguro de responsabilidad civil automovilística. Aspectos procesales, Rev. D. Circulación, número 3, 1974, cuando manifestaba que: “Las diligencias de determinación de cuantías son inequívocamente actuaciones de jurisdicción voluntaria. No impera en ellas el principio de audiencia bilateral justamente porque la posible controversia no se decide, sino que se difiere”. En este caso se añade por esta autora, al posterior juicio ejecutivo.


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constituir un medio procesal complementario de las indemnizaciones obtenidas a resultas del ejecutivo. De manera que si el perjudicado optó por el juicio ejecutivo, deberá esperar a que finalice por resolución firme, para reclamar por otros conceptos en vía declarativa. Y, únicamente, comenzará la prescripción de la acción declarativa, desde la fecha de notificación del Auto que declare la finalización de la causa penal16.

3.3º. La premisa de la falta de responsabilidad criminal y el archivo de actuaciones penales Partimos de la base de que existe un hecho probado para la apertura del proceso penal, susceptible de ser enmarcado en la cobertura de la responsabilidad civil por circulación de vehículos de motor, pero que no se tipifica como delito, porque resulta demostrada la falta de responsabilidad criminal. El artículo 1, apartado 1º, de la LRCSCVM, ubicado en las disposiciones generales, titulado de la responsabilidad civil, actúa como complemento significativo del primer inciso del artículo 13 de la misma Ley, al disponer que “el conductor de vehículos a motor es responsable, en virtud del riesgo creado por la conducción de estos, de los daños causados a las personas o en los bienes con motivo de la circulación”17. Es el riesgo creado por la conducción del vehículo de motor, lo que resulta cubierto por la responsabilidad objetiva en el contrato de seguro y que se cuantifica a efectos de dictar el Auto. En el siguiente inciso, el artículo 13 de la LRCSCVM se expresa en este sentido; especificando la realidad cubierta, por exclusión, del seguro; es decir, el precepto recoge qué tipos de pronunciamientos, en el seno del proceso penal, quedarían dentro del concepto riesgo creado en la circulación, como son: a) caso en que se declare la rebeldía del acusado, b) o recayera sentencia absolutoria u otra resolución que ponga fin, provisional o definitivamente, sin declaración de responsabilidad. Por consiguiente, integrado el significado del artículo 13 de la LRCSCVM, el Auto de Mayor Cuantía deberá dictarse, cuando se declare la rebeldía del procesado, durante la instrucción del proceso (artículo 834 y 840 LECrim), o durante la fase del juicio oral (artículo 841 de la LE-

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El motivo es que ante distintos juicios con disciplinas diferentes, se pueden dictar resoluciones contradictorias en ambos procedimientos. Posteriormente, trataremos qué debe entenderse por hecho debido a la circulación.

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