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homenajes & congresos La situación de deterioro ambiental del planeta Tierra llevó a que los temas relativos al uso, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, se incluyeran dentro de la agenda del derecho internacional prácticamente a finales del siglo XX. Es así como se reconoció la necesidad de adoptar medidas tendientes a replantear la relación de los seres humanos con la naturaleza en el marco de un nuevo paradigma denominado desarrollo sostenible, el cual involucraría a todos los actores, esto es, al Estado, las comunidades y al sector productivo.

LOS PRINCIPIOS DEL DERECHO Y LA GESTIÓN AMBIENTAL EN COLOMBIA

Con el fin de resaltar la trascendencia que en la gestión y el derecho tienen estos principios en la garantía de los derechos de las comunidades y las personas, así como en la protección del patrimonio natural, esta obra colectiva pretende abordar estos principios a partir de un análisis crítico que le permita al lector tener una visión sobre su aplicabilidad en el ordenamiento jurídico y los retos que tenemos de cara el futuro para su implementación.

Editora GLORIA AMPARO RODRÍGUEZ

En ese escenario, la comunidad internacional con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las medidas adoptadas para la protección del ambiente y los recursos naturales determinó los principios que servirían como punto de referencia para las actuaciones de la sociedad, los cuales se consagraron, en especial, en la Declaración de Río de 1992. Dada su importancia, dichos principios fueron incorporados en la normativa colombiana a través de la Ley 99 de 1993, considerándose como herramientas orientadoras de la política ambiental del país.

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LOS PRINCIPIOS DEL DERECHO Y LA GESTIÓN AMBIENTAL EN COLOMBIA Editora

GLORIA AMPARO RODRÍGUEZ

978-84-1355-211-8

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LOS PRINCIPIOS DEL DERECHO Y LA GESTIÃ“N AMBIENTAL EN COLOMBIA

COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig

Javier de Lucas Martín

Ana Cañizares Laso

Víctor Moreno Catena

Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Málaga

Jorge A. Cerdio Herrán

Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México

José Ramón Cossío Díaz

Ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y miembro de El Colegio Nacional

Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid

Francisco Muñoz Conde

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Angelika Nussberger

Jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de Colonia (Alemania)

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot

Héctor Olasolo Alonso

Owen Fiss

Luciano Parejo Alfonso

Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)

José Antonio García-Cruces González Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED

Luis López Guerra

Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid

Ángel M. López y López

Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla

Marta Lorente Sariñena

Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid

Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda) Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid

Tomás Sala Franco

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia

Ignacio Sancho Gargallo Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España

Tomás S. Vives Antón Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia

Ruth Zimmerling

Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)

Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales

LOS PRINCIPIOS DEL DERECHO Y LA GESTIÓN AMBIENTAL EN COLOMBIA Editora

Gloria Amparo Rodríguez Autores

Julio Alvarado Mosquera Erika Castro-Buitrago Andrés Gómez Rey Giovanni José Herrera Carrascal Gloria Amparo Rodríguez Javier Gonzaga Valencia Hernández

tirant lo blanch Bogotá D.C., 2020

Copyright ® 2020 Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito de los autores y del editor. En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com.

© TIRANT LO BLANCH EDITA: TIRANT LO BLANCH Calle 69A No. 4-88, Bogotá D.C. Telf.: 4660171 Email: tlb@tirant.com www.tirant.com Librería virtual: www.tirant.es ISBN: 978-84-1355-212-5 Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-deempresa nuestro procedimiento de quejas. Responsabilidad Social Corporativa: http://www.tirant.net/Docs/RSCTirant.pdf

Tabla de contenido Introducción....................................................................................................... 9 Los principios de Río de Janeiro y su incorporación en la gestión y la legislación ambiental en Colombia........................................................................ 17 Gloria Amparo Rodríguez

Justicia ambiental y acceso a la justicia ambiental en la constitución ecológica de Colombia..................................................................................................... 71 Javier Gonzaga Valencia Hernández

Acceso a la información en asuntos ambientales. Principio 10 de la declaración de Río de 1992......................................................................................... 93 Erika Castro-Buitrago

El principio de no regresión ambiental en la Constitución Colombiana....... 111 Julio Alvarado Mosquera

Los principios normativos generales ambientales en Colombia, aliados estratégicos para la protección ambiental de las generaciones presentes y futuras............................................................................................................... 141 Giovanni José Herrera Carrascal

Visión ambiental de principios no ambientales: el mantenimiento de condiciones o favorabilidad minera......................................................................... 165 Andrés Gómez-Rey

Introducción Las preocupaciones sobre temas ambientales alrededor del mundo llevaron a que se incluyera en el siglo XX como tema dentro de la agenda de la comunidad internacional, los asuntos relacionados con el entorno, especialmente los que se refieren al uso sostenible de los recursos naturales y los conflictos ambientales. Fue por lo que se acordó adoptar una serie de medidas tendientes a replantear la relación de los seres humanos y de los Estados con la naturaleza, para que ésta dejara de ser percibida como una fuente infinita de recursos y en su lugar se viera como un todo del que somos parte y, además, porque requerimos de la fauna, de la flora y de todos los servicios que ella presta para vivir, algo que no es incompatible con que la presente generación como las futuras gocen de un ambiente sano y de una calidad de vida adecuada. Es en este contexto en el que el derecho internacional ambiental ha desarrollado una serie de principios, valores y regulaciones, por medio de los cuales pretende brindar herramientas y mecanismos jurídicos a los Estados, a las industrias y a todas las personas, para garantizar y hacer efectiva la protección del ambiente. La temática ambiental implica un cambio en la lógica jurídica clásica y una mutación axiológica desde el punto de vista del derecho en general. Ese cambio está expresado a través de los llamados principios de Derecho ambiental (Cafferatta, 2007). Uno de los primeros escenarios en los cuales se abordaron únicamente problemas ambientales, fue la Conferencia sobre el Medio Ambiente Humano o Conferencia de Estocolmo de 1972 (convocada por las Naciones Unidas), donde lograron reunirse ciento trece países. Desde allí, se comenzó a tener una mayor conciencia política sobre la concepción global que tienen los conflictos ambientales, por lo que se acordaron 26 principios para la conservación y protección del ambiente en la denominada Declaración de Estocolmo, teniendo en cuenta su importancia para la existencia de la humanidad y el desarrollo económico y social. Esta declaración posee el carácter de instrumento de “soft law”1, con una tendencia esencialmen-

Se entiende por normas soft law (derecho blando) aquellas que no son vinculantes, como las declaraciones, los programas y los principales tratados internacionales en materia ambiental. Destacamos como instrumentos soft law en el derecho internacional ambiental los siguientes: la Declaración de Estocolmo de 1972; la Declaración de Río de 1992 sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo; la

Introducción

te antropocéntrica y en la misma se define el medio ambiente como todo aquello que rodea al hombre: “el hombre es a la vez obra y artífice del medio que lo rodea” (Uribe y Cárdenas, 2010). Sin embargo, fue hasta 1992 cuando se organizó la Cumbre de la Tierra o Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992 (en Río de Janeiro, Brasil), donde se evidencia la preocupación que había aumentado por los temas ambientales y como muestra de ello y de la voluntad política de los Estados, surgieron diferentes instrumentos internacionales relativos a la protección del ambiente, uno de ello es, la Declaración de Río, la cual basada en la de Estocolmo, consagró como objetivo el establecimiento de una alianza mundial equitativa, que tuviera en cuenta la cooperación de los Estados desde los diferentes niveles, así como también de las sociedad y las personas, esto para el respeto y protección del sistema ambiental y el desarrollo mundial, reconociendo que la naturaleza es nuestro hogar y, como tal, todos tenemos el deber de conservarla, por lo que se pactaron los principios del derecho y la gestión ambiental, tema que se recoge en el presente texto. La Cumbre de la Tierra ha sido considerada como un hito en materia ambiental, en especial por sus resultados y en especial por la Declaración sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, uno de los documentos de mayor trascendencia en el desarrollo del derecho internacional ambiental (Uribe y Cárdenas, 2010). El contexto en el que surgió la Declaración de Río y los mandatos ambientales allí contenidos permiten que se le vea como la hoja de ruta para las actuaciones de la sociedad en el siglo XXI (Juste, 1999), en el que el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano, el desarrollo sostenible, la cooperación internacional y la participación, se constituyen como los puntos más sobresalientes, por medio de los cuales se pretende alcanzar su plena efectividad, así como la protección de la naturaleza para las generaciones actuales y futuras. Lo dicho no quiere decir que los demás principios carezcan de importancia, sino que, por el contrario, la lectura integral e interdependiente que estos requieren deja ver que todos se dirigen por el mismo camino. Los principios ambientales, según explica Caferatta (2004) son los postulados fundamentales y universales que se construyen tomando como base la justicia y la equidad social, su función está asociada a suplir las

Declaración de Johannesburgo 2002 sobre Desarrollo Sostenible; el Futuro que Queremos; el Programa Agenda 21; la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: una oportunidad para América Latina y el Caribe.

Introducción

lagunas de las fuentes formales del derecho y servir como criterios para la interpretación de las normas. De acuerdo con Jaquenod do Szögön (citado por Cafferatta, 2004), la juventud del derecho ambiental hace que los principios tiendan a vincularse más con el deber ser jurídico, que, con la realidad ambiental, lo cual no le resta importancia, al contrario, los ubica como una carta a seguir para la protección y conservación del ambiente y los recursos naturales. Así las cosas, en virtud de la importancia que tienen los principios ambientales reconocidos en la Declaración de Río y la voluntad política del Estado colombiano, el legislador colombiano determinó en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993 que la política ambiental del país seguiría estos principios para el proceso de desarrollo económico y social, lo cual fue declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-528 de 1994. De esta manera, los principios ambientales dejaron de ser soft law o derecho blando, para pasar a tener un carácter vinculante dentro del ordenamiento jurídico nacional, esto es, a ser hard law2. En efecto, Colombia al incluir en su legislación los principios, evidenció no ser ajena al seguimiento y cumplimiento de los principios universalmente acordados en la Conferencia de Río de 1992, por lo que es necesario comprender de forma integral el fundamento de estos, así como del proceso de incorporación en el ordenamiento jurídico interno. Debido a lo anterior, esta obra colectiva tiene como objetivo presentar los principios ambientales de la Declaración de Río de 1992 y algunos de aquellos que han sido adoptados en el marco de la evolución del derecho ambiental colombiano, atendiendo a una metodología deductiva que obedece al dialogo riguroso, académico y a la indagación científica sobre los conocimientos y teorías existentes acerca del tema planteado, brindando de esta manera una contextualización sobre el objeto de investigación y un análisis que pretende contribuir al debate jurídico e interdisciplinario. En este entendido, los autores toman como referencia el desarrollo legal, doctrinal y jurisprudencia (a nivel nacional e internacional) para de esta forma, por medio del análisis lógico, filosófico y jurídico, lograr determinar la naturaleza, el alcance y el contenido del tema estudiado, esto teniendo en cuenta el gran número de principios contenido en la Declara-

Recordamos que los instrumentos internacionales de contextura flexible o soft law se reconocen como aquellos que no son vinculantes y, por su parte, los instrumentos vinculantes para los Estados reciben el nombre de hard law. (Rodríguez, 2020).

Introducción

ción de Río de 1992 y los que se han ido adoptando en el contexto evolutivo del derecho ambiental y la complejidad conceptual que los involucra. Es de este modo que la presente obra tiene el siguiente orden: Para iniciar, Gloria Amparo Rodríguez en el capítulo titulado “Los principios de Río de Janeiro y su incorporación en la gestión y la legislación ambiental en Colombia”, teniendo como referencia la importancia y el rol que cumplen los principios internacionales ambientales para esta disciplina jurídica, parte por contextualizar al lector sobre los criterios por medio de los cuales se formulan e interpretan los mismos. Con base en ello, aborda cada uno de los principios contenidos en la Declaración de Río de 1992, ahondando en su análisis, así como también la inclusión que ha tenido dentro del ordenamiento jurídico colombiano a partir de la normatividad y la jurisprudencia. En este contexto, se tiene presente que como lo plantea Caferatta (2007), la temática ambiental implica un cambio en la lógica jurídica clásica desde el derecho en general. Ese cambio está expresado a través de los llamados principios de derecho y la gestión ambiental. En el capítulo titulado “Justicia ambiental y acceso a la justicia ambiental en la Constitución Ecológica de Colombia”, Javier Gonzaga Valencia Hernández explica cómo la Constitución colombiana de 1991 le apostó a un nuevo modelo de relación de la sociedad con la naturaleza, a partir del reconocimiento de la problemática ambiental y de la urgencia de establecer mecanismos políticos y jurídicos para afrontar esa situación. Lo anterior resulta ser una propuesta para alcanzar la justicia ambiental a través de la organización de un entramado jurídico, político, social e institucional que reconozca no solo derechos, sino que garantice la materialización y ejercicio de estos. En este contexto, el autor se encarga de exponer los derechos, garantías y procedimientos que se consagraron para asegurar la justicia ambiental y la protección y defensa del entorno. Seguido a esto, Erika Castro-Buitrago en el capítulo tercero titulado “Acceso a la información en asuntos ambientales. Principio 10 de la Declaración de Río de 1992” desarrolla este principio, pues conforme a su análisis éste constituye una de las garantías de la participación y un requisito para su materialización, en la medida que todas las personas sin discriminación alguna deben tener acceso a la información que poseen las autoridades públicas, en la oportunidad adecuada para participar en la toma de decisiones y, paralelamente, le corresponde al Estado poner a disposición dicha información de manera proactiva. En este escenario, la autora parte por revisar el contenido del acceso a la información ambiental desde los estándares fijados por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos

Introducción

y el Acuerdo de Escazú, para posteriormente hacer unas consideraciones respecto a su inclusión en la legislación ambiental colombiana. En armonía con lo anterior, en el capítulo cuarto sobre “el principio de no regresión ambiental en la Constitución colombiana”, Julio Alvarado Mosquera explica que dicho principio consiste en que, dentro de los procedimientos de creación, modificación e interpretación del derecho, los niveles de protección ambientales sean objeto de constantes mejorías o progresos. Con base en esta definición, en el texto se defiende la existencia del principio de no regresión en el ordenamiento jurídico colombiano, tomando como referencia el derecho internacional ambiental y las disposiciones internas. Asimismo, se señalan las posibilidades de aplicación, teniendo en cuenta la jurisprudencia constitucional, para así pasar a realizar algunas conclusiones respecto al panorama planteado, entre ellas que se trata de un principio jurídico de carácter relativo, cuya aplicación exige un test de proporcionalidad más estricto, consistente en la constatación de la existencia de intereses más importantes que la protección del ambiente o que en la modificación normativa el nivel de protección alcanzado hasta entonces no disminuya. En el capítulo quinto sobre “Los principios normativos generales ambientales en Colombia” de Giovanni José Herrera Carrascal, se presenta un panorama general sobre los principios generales ambientales en Colombia, que se encuentran contenidos en el artículo 63 de la Ley 99 de 1993, estos son, el principio de armonía regional, de gradación normativa y de rigor subsidiario, a partir del análisis doctrinal, normativo y jurisprudencial. Lo anterior debido a la importancia que la aplicación de los principios ambientales tiene en la actualización de políticas públicas de esta materia, así como en la estructuración y expedición de normas ambientales. Seguidamente, Andrés Gómez Rey en el capítulo séptimo titulado “Visión ambiental de principios no ambientales: el mantenimiento de condiciones o favorabilidad minera” interpreta un principio del derecho minero desde los postulados del derecho ambiental, esto para destacar los escenarios de conflicto en el que las dos ramas del derecho (minero y ambiental) se encuentran por la falta de armonía e interlocución entre las mismas y, como una termina cediendo ante la otra en determinadas situaciones, por ello, el autor plantea la necesidad de una revisión integral de las disposiciones del ordenamiento jurídico, donde no se interpreten las normas de manera aislada. Con el presente trabajo, esperamos aportar al debate que debe incorporar posteriormente un análisis sobre la forma como los principios de la

IntroducciĂłn

gestiĂłn y el derecho ambiental se han implementado en nuestro paĂs y que permita mediante un trabajo exhaustivo, incluir indicadores y elementos para que los operadores y gestores ambientales puedan hacer realidad los principios ambientales en la toma de decisiones en aras de lograr el desarrollo y la protecciĂłn del entorno en Colombia.

Introducción

BIBLIOGRAFÍA Cafferatta, N. A. (2004). “Introducción al derecho ambiental”. Instituto Nacional de Ecología. Cafferrata, N. A. (2007). “Los principios y reglas del derecho ambiental. Las 5 e, ecuaciones para la vida o ecoeficiencia”. Derecho Ambiental. Abeledo Perrot, 89-146. Congreso de Colombia (22 de diciembre de 1993). Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones. [Ley 99/93]. DO: 41.146. Recuperado de: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ ley_0099_1993.html. Corte Constitucional (24 de noviembre de 1994). Sentencia C-528/94 [MP Fabio Morón Díaz. Recuperado de: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/ basedoc/c-528_1994.html#1. Juste Ruiz, José. “Derecho internacional del medio ambiente”. P. imprenta: Madrid, ES: McGraw-Hill. 1999. Rodríguez, G. A. (2020). “Derecho internacional ambiental. Principales instrumentos de protección del ambiente en Colombia”. Bogotá: Grupo Editorial Ibáñez Uribe Vargas, D. (2010). Derecho internacional ambiental / Diego Uribe Vargas, Fabián Augusto Cárdenas Castañeda. Con la colaboración de Felipe Cadena García - Bogotá: Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano.

Los principios de Río de Janeiro y su incorporación en la gestión y la legislación ambiental en Colombia GLORIA AMPARO RODRÍGUEZ* SUMARIO: INTRODUCCIÓN. 1. ALCANCE DE LOS PRINCIPIOS AMBIENTALES. 1.1. Principio del derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza. 1.2. Principio del derecho soberano de los Estado a aprovechar sus recursos naturales. 1.3. Principio del derecho al desarrollo intergeneracional. 1.4. Principio de desarrollo sostenible. 1.5. Principio de erradicación de la pobreza. 1.6. Principio de prelación a la situación y necesidades especiales de los países en desarrollo. 1.7. Principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas para los Estados. 1.8. Principio de reducción y eliminación de modalidades de producción y consumo insostenible e implementación de políticas demográficas adecuadas. 1.9. Principio de cooperación en el intercambio de conocimiento. 1.10. Principio de participación en materia ambiental. 1.11. Principio de promulgar leyes adecuadas y eficaces sobre el ambiente. 1.12. Principio de cooperación en la promoción internacional de un modelo de desarrollo sostenible. 1.13. Principio de responsabilidad y reparación por daños ambientales. 1.14. Principio de cooperación para desincentivar o evitar la transferencia o reubicación transfronteriza de actividades o sustancias perjudícales para el ambiente o la salud humana. 1.15. Principio de precaución. 1.16. Principio in dubio pro-natura. 1.17. Principio de prevención. 1.18. Principio del que contamina paga. 1.19. Principio de Evaluación del Impacto Ambiental. 1.20. Principio de notificación a otros Estados sobre situaciones ambientales de emergencia que puedan generar afectaciones al ambiente. 1.21. Participación de la mujer, de los jóvenes y los pueblos indígenas y demás comunidades étnicas en la protección del ambiente. 1.22. Principio de protección del ambiente y recursos naturales en los pueblos sometidos a opresión, dominación y ocupación. 1.23. Principio de la paz, desarrollo y protección del ambiente. 1.24. Principio de resolución pacífica de los conflictos ambientales entre Estados. 1.25. Principio de cooperación de los Estados y las personas en la aplicación de los principios de la Declaración de Río. 1.26. Principios de progresividad y no regresión en materia ambiental. 2. Conclusiones.

Gloria Amparo Rodríguez. Profesora Titular de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. Abogada, PhD en Sociología Jurídica e Instituciones Políticas de la Universidad Externado de Colombia. Máster en Medio Ambiente y Desarrollo y especialista en Derecho Ambiental, en Negociación, Conciliación y Arbitraje y en Derecho Médico-Sanitario. Actualmente Magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz. Correo electrónico: gloria.rodriguez@urosario.edu.co.

Gloria Amparo Rodríguez

INTRODUCCIÓN La situación de deterioro ambiental que enfrenta el planeta Tierra en la actualidad hace que cada vez sea más imperativa la necesidad de adoptar medidas conjuntas entre los diversos actores, estos son, el Estado, los ciudadanos como colectividad y como individuos y, el sector empresarial, tendientes de enfrentar la situación del presente y a tener un mayor compromiso en la relación con la atención prioritaria de los problemas del entorno. En ese sentido se hace necesario repensar la relación de la humanidad con la naturaleza, esto por constituirse como un punto central en las afectaciones que se presentan en el entorno. Entendiendo que en la dimensión ambiental deben ser incluidas no solo acciones en pro de atender las necesidades de los ecosistemas, sino también elementos jurídicos y valores que permitan mejorar el hábitat natural para la generación actual y las futuras, tomando en consideración además elementos culturales, sociales y jurídicos. Así las cosas, se constituye en un reto fundamental para todos los sectores el buscar la forma más idónea para enfrentar las problemáticas ambientales a partir de mecanismos que permitan abordar la tensión que se presenta, entre otras cosas, con el desarrollo económico cimentado en el uso intensivo de recursos, los altos niveles de consumo, el manejo inadecuado de los residuos, la contaminación y protección de la naturaleza. No en vano, se ha afirmado que el modelo de desarrollo cimentado en la utilización de los recursos naturales y la creciente pobreza contribuyen a aumentar los patrones de deterioro del entorno, así como también lo hace el uso de combustibles fósiles, los cuales son responsables de la difícil situación ambiental, especialmente en las ciudades. El enfoque ambiental requiere entonces de una mirada y una acción integral que incluya la perspectiva económica, social, ambiental y ecológica, asumiendo la responsabilidad que tanto a las instituciones como a los demás sectores les corresponde en aras de garantizar el derecho de todos a un ambiente sano (artículo 79 de la CPC). Es por ello por lo que, desde el trabajo que venimos realizando encontramos que el derecho ambiental en la actualidad se convierte en un campo fundamental para abordar estas problemáticas desde el enfoque de derechos y, es en este contexto que, los principios ambientales contenidos de manera concreta en la Declaración de Río de Janeiro (1992) e incorpora-

Los principios de Río de Janeiro y su incorporación en la gestión y la legislación

dos a nuestra legislación a través de la Ley 99 de 1993 son una herramienta en la búsqueda de una salida a la degradación del entorno. Así las cosas, los principios, la normativa y la planeación ambiental adquieren una gran relevancia en el marco del establecimiento de opciones concretas en la superación de la situación de deterioro ambiental, el cuidado del entorno y la justicia ambiental. Asimismo, las políticas públicas y mecanismos de participación integradores contribuyen a mejorar las condiciones de los ecosistemas y las condiciones de vida de la población, desde una perspectiva que reconozca las visiones culturales y de desarrollo que poseen las comunidades. Se debe entender entonces que, el derecho ambiental como las demás ramas del derecho se integra por principios que son considerados como los fundamentos de esta disciplina, en otras palabras, los pilares estables que permiten reaccionar contra la complejidad e inseguridad jurídica. De este modo, los principios en materia ambiental tienen un carácter fundamental y universal, que se encargan de suplir las lagunas jurídicas con base en los postulados de la justicia y la equidad social, esto dado su surgimiento en el escenario internacional de las Naciones Unidas. De ahí que se comprenda a los principios como las pautas generales de la valoración jurídica que condicionan las estructuras subsecuentes y criterios preferentes para la interpretación de las normas, al dar sentido al conjunto normativo y servir como orientadores para el operador jurídico (Cafferatta, 2004a). Aunque de acuerdo con Juste (1999), la definición de los principios fundamentales del derecho internacional ambiental no es un tema que se encuentra agotado, pues existe la discusión entre si son postulados científicos o filosóficos que dan una orientación política, pese a su íntima relación con el aspecto normativo y jurídico o, si por el contrario son como pautas de comportamiento que son exigibles a los Estados. Teniendo lo anterior en cuenta, este texto pretende abordar de manera general los principios contenidos en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1992) que son flexibles e interdependientes. “En otras palabras, mientras algunos se encuentran en proceso de convertirse en normas de derecho internacional, otros pueden desaparecer y convertirse en nuevos principios que fortalezcan la protección del medio ambiente y el desarrollo” (Zapata-Lugo, 1997), para esto, se seguirá el orden contenido en la Declaración y se explicará cada uno de ellos. Ahora bien, es de señalar que aunque Declaración de Río de 1992 sea el instrumento en el cual se contienen y reconocen los principios generales del derecho ambiental internacional, algunos de ellos ya se encontraban

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consagrados como normas consuetudinarias del derecho internacional en distintos tratados pero fueron hasta que se consagraron en esta declaración que se reconocieron en el escenario internacional como los componentes básicos para el desarrollo sostenible y la ruta satisfacer las necesidades y pretensiones de la presente generación sin comprometer las de las generaciones futuras (Zapata-Lugo, 1997). En concordancia con esto, los principios contenidos en la Declaración de Río de 1992 sobre Medio ambiente y Desarrollo, fueron adoptados por el ordenamiento jurídico colombiano a través del artículo 1 de la Ley 99 de 1993, en donde se indicó que servían de orientación en el proceso de desarrollo económico y social del país, a lo que la Corte Constitucional ha referido que a partir del consenso universal constituyen la formulación de metas para la protección del ambiente (Corte Constitucional de Colombia, S C-528 de 1994). En consecuencia, el presente texto aborda el alcance de los principios ambientales contenidos en la Declaración de Río y desarrolla el contenido de cada uno de ellos. En este sentido, se explica el alcance del principio y se mencionan los fallos más relevantes sobre los mismo, en especial, los efectuados por la Corte Constitucional colombiana. Finalmente, se plantean algunas conclusiones y se establecen los que consideramos los principales retos para su implementación.

1. ALCANCE DE LOS PRINCIPIOS AMBIENTALES Entendiendo que los principios del derecho ambiental se configuran como la hoja de ruta para el ordenamiento jurídico en lo concerniente con la relación de las personas con el entorno y el desarrollo sostenible, se reconocen en el escenario internacional los principios de la Declaración de río de 1992, los cuales tal y como lo veremos a continuación tienen un contenido y forma de aplicación concreto que permite la protección ambiental.

1.1. Principio del derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza El primer principio reconoce al ser humano como el centro de las preocupaciones cuando del desarrollo sostenible se trata, por ello, de garantizar el derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza, entendiéndose como prerrequisito para el ejercicio de otros derechos, en tanto elemento sine qua non para el desarrollo de la vida del ser humano y