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derechos sociales y economía social

Conocer los elementos modificados en el ámbito de las competencias residenciadas en la Administración local y autonómica y cómo ambas esferas de la Administración han tenido que modificar su forma de prestación de dichos derechos, cuando no suprimir la prestación misma, a partir de una modificación de la estructura organizativa del Estado y de una disminución de los recursos económicos disponibles hasta llegar a la desnaturalización de la naturaleza social y de derecho asumida constitucionalmente por el Estado español es el objeto del presente tratado Francisco Manuel Silva Ardanuy (Sevilla, 1980) es Profesor Doctor del Departamento de Derecho Público de la Universidad Pablo de Olavide. Profesor del Programa de Postdoctorado “Mundos Atlánticos” Universidad Pablo de Olavide-Universidade da Nova Lisboa (Portugal). Investigador del proyecto DER2013-48327-C3-3-R “Constitución financiera vs. Constitución social. Redefinición del Estado autonómico y social a la luz de la cláusula de estabilidad presupuestaria”. Fellowship del Real Colegio Complutense de la Universidad de Harvard.

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Francisco Manuel Silva Ardanuy

Al otorgarse un nuevo estatus, constitucional en este caso, al principio de estabilidad y a la limitación de déficit y deuda pública según lo determinado por el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), se introduce una explícita limitación al gasto público con carácter estructural, lo que afecta a la capacidad de los poderes públicos de atender de manera eficaz aquellos derechos que materializan la dimensión social del Estado. La cláusula del Estado social, consagrada en el art. 1.1 CE se manifiesta en un bloque de derechos de carácter socio-económico, cuya efectividad depende de la garantía prestacional de los poderes públicos. La efectividad de derechos, con una marcada vertiente asistencial (educación, sanidad, servicios sociales, servicios culturales) requiere de una importante consignación de recursos económicos públicos.

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LOS DERECHOS SOCIALES RECONOCIDOS A LAS CC.AA. Y ADMINISTRACIÓN LOCAL FRENTE A LA REFORMA DEL ARTÍCULO 135 CE

El 27 de Septiembre de 2011 (BOE nº233 de 2011) se publicaba la reforma afectaba al artículo 135 CE que, en su versión inicial al principio de reserva de ley tanto para emitir deuda pública como para contraer crédito, añadiendo que los créditos para satisfacer el pago de intereses y capital de la deuda pública del Estado se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de los presupuestos y no podrán ser objeto de enmienda o modiﬁcación, mientras se ajusten a las condiciones de la ley de emisión, pasando ahora a incorporar con tratamiento y rango constitucional el principio de estabilidad presupuestaria.

LOS DERECHOS SOCIALES RECONOCIDOS A LAS CC.AA. Y ADMINISTRACIÓN LOCAL FRENTE A LA REFORMA DEL ARTÍCULO 135 CE Francisco Manuel Silva Ardanuy

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LOS DERECHOS SOCIALES RECONOCIDOS A LAS CC.AA. Y ADMINISTRACIÓN LOCAL FRENTE A LA REFORMA DEL ARTÍCULO 135 CE

COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig

Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia

Ana Cañizares Laso

Catedrática de Derecho Civil Universidad de Málaga

Jorge A. Cerdio Herrán

Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México

José Ramón Cossío Díaz

Ministro de la Suprema Corte de Justicia de México

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot

Presidente de la Corte Interamaricana de Derechos Humanos. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

Owen M. Fiss

Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)

José Antonio García-Cruces González

Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED

Luis López Guerra

Juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid

Ángel M. López y López

Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla

Marta Lorente Sariñena

Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid

Javier de Lucas Martín

Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia

Víctor Moreno Catena

Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid

Francisco Muñoz Conde

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Angelika Nussberger

Jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de Colonia (Alemania)

Héctor Olasolo Alonso

Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)

Luciano Parejo Alfonso

Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid

Tomás Sala Franco

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia

Ignacio Sancho Gargallo

Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España

Tomás S. Vives Antón

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia

Ruth Zimmerling

Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)

Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales

LOS DERECHOS SOCIALES RECONOCIDOS A LAS CC.AA. Y ADMINISTRACIÓN LOCAL FRENTE A LA REFORMA DEL ARTÍCULO 135 CE

"LOS DERECHOS SOCIALES RECONOCIDOS A LAS CC.AA. Y ADMINISTRACIÓN LOCAL FRENTE A LA REFORMA DELMANUEL ARTÍCULO 135SILVA CE”. Prof. Dr. FRANCISCO ARDANUY

Departamento de Derecho Público Universidad Pablo de Olavide (Sevilla, España) Francisco Manuel Silva Ardanuy

Valencia, 2017

Copyright ® 2017 Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito del autor y del editor. En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com.

Directores de la Colección:

Francisco Manuel Silva Ardanuy Manuel Terol Becerra

© TIRANT LO BLANCH EDITA: TIRANT LO BLANCH C/ Artes Gráficas, 14 - 46010 - Valencia TELFS.: 96/361 00 48 - 50 FAX: 96/369 41 51 Email:tlb@tirant.com www.tirant.com Librería virtual: www.tirant.es ISBN: 978-84-9143-589-1 MAQUETA: Tink Factoría de Color Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/ empresa/politicas-de-empresa nuestro Procedimiento de quejas. Responsabilidad Social Corporativa: http://www.tirant.net/Docs/RSCTirant.pdf

AGRADECIMIENTOS El desarrollo de un Tratado de Derecho Constitucional constituye, sin duda, un esfuerzo de elaboración sólo posible gracias al apoyo y contribución de un gran número de personas e instituciones sin las que este trabajo jamás hubiera visto la luz. A Manuel Terol Becerra. Maestro de juristas y hacedor de vocaciones por aportarme su enciclopédico conocimiento del Derecho y darme la oportunidad de formar parte de la Universidad Pablo de Olavide y ejercer como docente e investigador. Sin tu ilusión, generosidad y profunda sabiduría esta obra no hubiera sido posible. A todos aquellos que contribuyeron decididamente a que pudiera obtener las fuentes necesarias para el desarrollo de esta investigación; a la Dirección General de Administración Local de la Junta de Andalucía en la figura de sus distintos responsables, por su calurosa acogida a esta investigación y su audacia en la interpretación del efecto de las modificaciones legislativas sobre la planta municipal. Al Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP) por su eficaz puesta a disposición de sus recursos documentales. Al Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) por ofrecer sus recursos estadísticos para la presente. Al Departamento de Economía Aplicada III de la Universidad de Sevilla por su incansable apoyo a la depuración de datos estadísticos. Al Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC) y a la Fundación Democracia y Gobierno Local por sus aportaciones técnicas y conceptuales. A la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) por brindar la experiencia práctica acerca del impacto del proceso de reforma constitucional en el mundo local. Agradecer muy especialmente a la Faculdade de Ciências Sociais e Humanas de la Universidade Nova da Lisboa y a su claustro de profesores por su apoyo gracias a los cuales pude conocer de primera mano los efectos de la aplicación de los principios de estabilidad y contención del déficit en un Estado miembro de la UE sometido a intervención económica. A los profesores Silva Leal y Rodríguez Gallardo por su impagable apoyo en la selección de fuentes bibliográficas y el tratamiento de las Sentencias del Tribunal Constitucional, Tribunales Superiores de Justicia y dictámenes del Consejo de Estado. Gracias por vuestro buen hacer y vuestro rigor frente a mis plazos siempre imposibles. Por supuesto, a quienes corrigieron, apuntaron nuevas ópticas o enriquecieron desde el punto de vista conceptual y técnico esta obra. A los compañeros del Área de Derecho Constitucional por su fraternidad y comprensión ante mis limitaciones de tiempo. Finalmente, esta obra tiene como destinatarios últimos el conjunto de hombres y mujeres que sufren las distintas formas de desigualdad derivadas de la aplicación de leyes que abocan a los pueblos a situación de privación, exclusión y pobreza. Para que algún día seamos capaces de hacer leyes a la altura de la dignidad humana. A todos gracias siempre.

ÍNDICE PRIMERA PARTE EVOLUCIÓN DEL ESTADO SOCIAL EN SU DIMENSIÓN CONSTITUCIONAL. PRESENCIA Y EXIGIBILIDAD Capítulo 1 EXPRESIÓN DEL ESTADO SOCIAL EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL 1.1. Configuración del Estado Social y democrático de Derecho............................ 19 1.2. Dogmática española de los derechos sociales.................................................. 23 1.2.1. Los derechos sociales como derechos fundamentales “in fieri”........... 29 1.3. Exigibilidad de los derechos sociales en el ordenamiento jurídico español...... 38 1.4. Los derechos sociales como derechos subjetivos............................................. 41 1.5. El ejercicio de tutela sobre los derechos sociales............................................. 47

Capítulo 2 LOS DERECHOS SOCIALES RECONOCIDOS EN LOS TRATADOS CONSTITUTIVOS DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 2.1. Noción y realidad jurídica de los Derechos sociales en el contexto comunitario................................................................................................................... 53 2.2. La protección de los derechos sociales en el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU)................................................................................. 60 2.3. Los derechos sociales y su protección mediante la Carta Social Europea y el Comité Europeo de Derechos Sociales............................................................ 66 2.4. La Jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en materia de protección de Derechos Sociales..................................................................... 69 2.5. La interacción entre el Derecho Social de la Unión Europea y la Carta Social Europea.......................................................................................................... 73 2.6. La protección de los Derechos sociales en la UE; el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE)...................................................................................................... 77

Capítulo 3 LOS DERECHOS SOCIALES EN EL MARCO DEL DERECHO INTERNACIONAL COMPARADO 3.1. Aproximación dogmático-jurídica a la factibilidad de los derechos sociales en el ámbito Derecho Internacional comparado.................................................. 85 3.2. El Comité de Derechos Sociales, económicos y culturales como garante de los derechos sociales............................................................................................. 92 3.3. El carácter indivisible e interdependiente de los Derechos sociales a la luz de la interpretación sistemática interna y externa................................................ 95 3.4. Tenor de los pactos internacionales de defensa de los Derechos económicos, sociales y culturales y mecanismos específicos de supervisión......................... 99 3.5. El Estado español ante los compromisos internacionales en materia de derechos sociales................................................................................................... 113

Índice

Capítulo 4 LOS DERECHOS SOCIALES EN EL CONTEXTO DEL MODELO DE ESTADO DESCENTRALIZADO Y DESCONCENTRADO 4.1. Configuración del ejercicio de prestación de los Derechos Sociales en el Estado autonómico............................................................................................... 117 4.2. La inclusión de derechos en los Estatutos de Autonomía................................ 124 4.3. Los derechos sociales expresados como políticas públicas en los estatutos de autonomía...................................................................................................... 132

Capítulo 5 SUBSIDIARIEDAD Y RESPONSABILIDAD EN EL EJERCICIO DE PRESTACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES LOCALES EN MATERIA DE DERECHOS SOCIALES 5.1. Las Administraciones locales; contexto español y europeo.............................. 139 5.2. Capacidad de intervención y estructura de financiación y ejecución material de competencias de la Administración Local................................................... 142 5.3. Redimensionamiento y de las competencias de la Administración Local; Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local y Ley 27/2013 de 27 de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.............................................................................................................. 157 5.4. Garantía constitucional de la autonomía local en el contexto de aplicación de la Ley 27/2013 de 27 de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local..................................................................................... 173 5.5. Revisión de las estructuras y praxis de las entidades locales en favor de la materialización de competencias relativas a derechos sociales......................... 184

SEGUNDA PARTE CRISIS DEL ESTADO SOCIAL; PROCESO DE REFORMAS LEGISLATIVAS DERIVADAS DE LA REFORMA DEL ARTÍCULO 135 CE (2011-2015) Capítulo 6 CARACTERIZACIÓN DE LA CRISIS ECONÓMICA EN EL ESTADO ESPAÑOL 6.1. Alcance de la crisis económica (2008-2015)................................................... 191 6.2. Derechos sociales ante la crisis; acceso y justiciabilidad.................................. 201 6.3. Principios de redistribución y solidaridad como base de los Estados sociales europeos......................................................................................................... 210

Capítulo 7 DEL PROCESO DE REFORMA DEL ART. 135 CE DE 27 DE SEPTIEMBRE DE 2011 7.1. Precedentes y justificación de la reforma Constitucional................................. 215 7.1.1. Tránsito desde los fundamentos del artículo 135 CE original y su nueva configuración........................................................................... 217 7.2. Contenido del nuevo artículo 135 CE............................................................. 220

Índice

7.3. De la relación entre el art. 135 reformado los principios de estabilidad presupuestaria y límite de deuda pública................................................................. 224 7.4. Reforma constitucional y redimensionamiento financiero de las CC.AA. y Administraciones Locales.................................................................................... 229 7.5. Deshidratación del Estado Social bajo el art. 135 CE...................................... 239

TERCERA PARTE ALTERACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL Y AFECTACIÓN DE LA DIMENSIÓN SOCIAL DEL ESTADO Capítulo 8 DEL PROCESO DE REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL; LEY 27/2013 DE 28 DE DICIEMBRE DE RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL 8.1. Consideraciones preliminares y proceso de elaboración de la Ley 27/2013 de 28 de diciembre de Racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.............................................................................................................. 247 8.2. Aspectos formales y efectos derivados de la aplicación de la Ley 27/2013 de 28 de diciembre en el ámbito de las competencias de las Administraciones locales en materia de derechos sociales........................................................... 249 8.3. Consideraciones de rango particular sobre elementos que constituyen colisiones con los Estatutos de autonomía “segunda generación”.............................. 254

Capítulo 9 CONTEXTO Y PERSPECTIVAS DE LAS ADMINISTRACIONES LOCALES ANTE LA MODIFICACIÓN DE SUS FUNCIONES E INSTITUCIONALIDAD 9.1. Análisis del papel y funciones de los Gobiernos locales; propuestas para a articulación de competencias en el contexto de aplicación de la Ley 27/2013 de 28 de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.............................................................................................................. 263 9.1.1. Tipología de competencias de los gobiernos locales y diputaciones provinciales en el contexto de aplicación de la Ley 27/2013 de 28 de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. 278 9.2. Las Diputaciones Provinciales en el contexto de entrada en vigor de Ley 27/2013 de 28 de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.............................................................................................. 292 9.3. De la prestación de servicios por Mancomunidades y Consorcios................... 296 9.4. Prestación de servicios en régimen de gestión integrada o compartida para municipios con población inferior a 5.000 habitantes..................................... 300 9.5. Efectos de la aplicación de la Ley 27/2013 de 28 de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local en el ámbito de los servicios sociales municipales........................................................................................ 302 9.6. Debilitamiento de la autonomía y capacidades de gobierno del mundo local.. 311 BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES................................................................................. 315

INTRODUCCIÓN El 27 de septiembre de 2011 (BOE nº 233 de 2011) se publicaba la segunda reforma de la Constitución Española operada desde 1978. La reforma afectaba al artículo 135 CE que en su versión inicial al principio de reserva de ley tanto para emitir deuda pública como para contraer crédito, añadiendo que los créditos para satisfacer el pago de intereses y capital de la deuda pública del Estado se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de los presupuestos y no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la ley de emisión, pasando ahora a incorporar con tratamiento y rango constitucional el principio de estabilidad presupuestaria. Al otorgarse un nuevo estatus, constitucional en este caso, al principio de estabilidad y a la limitación de déficit y deuda pública según lo determinado por el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), se introduce una explícita limitación al gasto público con carácter estructural, lo que afecta a la capacidad de los poderes públicos de atender de manera eficaz aquellos derechos que materializan la dimensión social del Estado. La cláusula del Estado social, consagrada en el art. 1.1 CE se manifiesta en un bloque de derechos de carácter socio-económico, cuya efectividad depende de la garantía prestacional de los poderes públicos. La efectividad de derechos, con una marcada vertiente asistencial (educación, sanidad, servicios sociales, servicios culturales) requiere de una importante consignación de recursos económicos públicos. Una vez que el principio de estabilidad presupuestaria ha adquirido tratamiento constitucional, las limitaciones en materia de endeudamiento y gasto público obligan a un proceso de reorganización y racionalización del gasto público que por su carácter permanente, cuestiona el núcleo indisponible de prestaciones esenciales que se entendían garantizadas constitucionalmente por hallarse ligadas indisociablemente a la dignidad de la persona. La cláusula del Estado social encuentra un primer reflejo constitucional en el art. 9.2 CE a través del mandato general a los poderes públicos para que promuevan las condiciones para que la libertad e igualdad del individuo y de los grupos en los que se integra sea real y efectiva removiendo los obstáculos que dificulten su plenitud y faciliten la participación de toda la ciudadanía en la vida política, social, cultural y económica. La Constitución Española reconoce un amplio elenco de derechos socio-económicos, prestacionales de carácter positivo, recogidos en el Capítulo III, del Título I (“De los principios rectores de la política social y económica”) con una exigibilidad limitada por el art. 53.3 CE. A este condicionamiento organizativo establecido constitucionalmente a los derechos sociales, se suma la limitación económica que, a partir de la ordenación de prioridades que en materia de gasto público introduce la reforma de la Constitución, que provoca el cuestionamiento de los principios del Estado del Bienestar en aras del mantenimiento de la estabilidad de precios y del poder adquisitivo de la moneda única.

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Los ingresos fiscales y las cotizaciones sociales que financian la materialización de los derechos sociales se han visto limitados en el periodo objeto de estudio (2008-2015), y al no poderse recurrir al déficit ni al endeudamiento público al haberse sobrepasado los límites impuestos por la UE, hace que se tengan que recortar, cuando no suprimir, las garantías prestacionales a los particulares. En su nueva redacción, el art. 135 CE establece de forma incondicionada que todas las Administraciones adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria, con los límites de endeudamiento establecidos para cada una de las Administraciones Públicas. Se establece así un contexto en el que, si los ingresos no llegasen a cubrir un determinado nivel de gasto y los límites de déficit estructural y de endeudamiento se hubiesen superado, la única vía a la que se podría recurrir sería la reducción del gasto. El art. 135.2 CE establece que el Estado y las CC.AA. no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos por la Unión Europea para sus Estados miembros, al tiempo que establece que el pago de los intereses y el capital de la deuda de las Administraciones Públicas gozará de prioridad absoluta, situándose que el volumen de deuda pública del conjunto de las Administraciones en relación con el Producto Interior Bruto del Estado no podrá superar el valor de referencia establecido por el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). El párrafo segundo, del art. 135.2 CE prevé que una ley orgánica fijará el déficit estructural máximo permitido al Estado y a las CC.AA. en relación con su PIB, y añade en el apartado 5º del art. 135.2 CE que una ley orgánica fijará los principios a los que se refiere el artículo, así como la participación en los procedimientos respectivos, de los órganos de coordinación institucional entre las Administraciones Públicas en materia de política fiscal y financiera, matizándose y ampliándose de esta forma las competencias del art. 149.1.3ª (bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica) y 14ª (Hacienda General y demanda del Estado) de la Constitución Española. El apartado 6ª del art. 135 CE establece que las CC.AA., de acuerdo con sus respectivos Estatutos de Autonomía adoptarán las disposiciones que procedan para la aplicación efectiva del principio de estabilidad en sus normas y decisiones presupuestarias. En materia de servicios públicos de carácter social y asistencial, esta cuestión tiene gran relevancia, porque son las CC.AA. las responsables de la prestación de la mayor parte de los servicios ligados a los derechos sociales. El apartado 4º del art. 135 CE permite que los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública se puedan superar en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen del control del Estado y que perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad ecológica social del Estado, apreciados por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados. La hipótesis abordada por el estudio del impacto de la reforma del art. 135 CE en el ámbito de las competencias reconocidas a las Comunidades Autónomas y a las Administraciones locales en materia de derechos sociales, es determinar la

Los derechos sociales reconocidos a las CC.AA. y Administración Local…

alteración sustantiva de los elementos nucleares expresados por el art. 1.1 CE a partir de la entrada en vigor de los principios de la reforma constitucional operada el 27 de septiembre de 2011 con el apoyo auxiliar de diferentes leyes orgánicas que en sus respectivos ámbitos y objetos de aplicación modifican la arquitectura prestacional en materia de derechos sociales reconocible entre 1978 y 2008. El estudio organiza la demostración de la hipótesis de trabajo a partir de tres ámbitos de análisis diferenciados; la evolución del Estado Social en su dimensión constitucional tanto en términos de presencia como de exigibilidad; un segundo bloque que aborda la crisis del Estado social y su proceso de reformas legislativas derivadas de la reforma del artículo 135 CE (2011-2015) y una tercera parte relativa a la alteración de la organización institucional y afectación de la dimensión social del Estado. Conocer los elementos modificados en el ámbito de las competencias residenciadas en la Administración local y autonómica y cómo ambas esferas de la Administración han tenido que modificar su forma de prestación de dichos derechos, cuando no suprimir la prestación misma, a partir de una modificación de la estructura organizativa del Estado y de una disminución de los recursos económicos disponibles hasta llegar a la desnaturalización de la naturaleza social y de derecho asumida constitucionalmente por el Estado español es el objeto del presente estudio.

PRIMERA PARTE

EVOLUCIÓN DEL ESTADO SOCIAL EN SU DIMENSIÓN CONSTITUCIONAL. PRESENCIA Y EXIGIBILIDAD

CAPÍTULO 1

EXPRESIÓN DEL ESTADO SOCIAL EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL 1.1. Configuración del Estado Social y democrático de Derecho El Estado español en su configuración optó por definirse como un “Estado social y democrático de Derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”, con el objetivo, tal y como determina el Preámbulo constitucional de garantizar la convivencia democrática y establecer una sociedad democrática avanzada, en el marco de la promoción de la cultura y la economía para asegurar una digna calidad de vida, garantizando a todos los españoles el ejercicio de sus derechos bajo el imperio de la ley. Mediante el despliegue de los principios de libertad, igualdad, pluralismo y la solidaridad, el texto constitucional de 1978 aspira a contener la necesaria legitimidad de origen cumpliendo los criterios de una correcta teoría democrática del Estado, como de ejercicio, valorados en términos de libertad, justicia y progreso. La caracterización del Estado social y democrático es: – Reconocimiento del pluralismo social a través de la legitimación de todas las asociaciones y entidades que cumplan los requisitos para así ser consideradas. – Resignificación de la propiedad privada en relación al interés público y a la función social de la propiedad. – Asunción de la función interventora del Estado en la economía y en la sociedad a través del sector público – Planificación indicativa de la economía. – Garantías de presencia pública para el desarrollo de sectores económicos que sin ser de interés preferente para el mercado, deben prestarse a fin de garantizar las necesidades de determinados grupos ciudadanos. – Despliegue por parte del Estado de mecanismos de garantía social mediante el establecimiento de un sistema de Seguridad Social y vinculación con los objetivos de progreso y crecimiento mediante vinculados al pleno empleo o el desarrollo de los derechos sociales. – Respeto a la exigencia de seguridad jurídica propia del Estado de Derecho. – Sujeción del poder ejecutivo al control tanto político como jurisdiccional, institucionalizando jurídicamente a los grupos parlamentarios de la oposición y sometiendo las acciones de todos los poderes al imperio de la ley. – Incorporación plena del Gobierno a la función normativa.

Francisco Manuel Silva Ardanuy

– Asunción del diálogo para la construcción de iniciativas políticas entre los partidos políticos a fin de ahormar la base legislativa que se apruebe en el ámbito del poder legislativo. – Valoración del papel del trabajo de impulso y promoción de las comisiones parlamentarias que permiten avanzar las posiciones que posteriormente se desarrollarán en sede parlamentaria. – Reflejo de la dimensión social del Estado en el Capítulo III, Título I acerca de los principios rectores de la política social y económica. – Asiento de los derechos en materia de realización cultural del Capítulo II del Título I1. – Presencia explicita de los derechos de prestación. En este contexto, el Estad incorpora los derechos sociales en términos de coordinación con los derechos civiles y políticos, quedando reflejados en la arquitectura constitucional en las formulaciones realizadas por el art. 1.1 que fija el carácter social del Estado estableciendo como valores superiores del Ordenamiento jurídico la igualdad y la justicia; los artículos 14 y 9.2 sobre la igualdad formal y la igualdad real y efectiva2; el artículo 10.1 que viene a fundamentar el orden político y la paz social en la dignidad de la persona3; los contenidos de los artículos 39 a 52 acerca de los principios rectores de la política social y económica4; el artículo 1

Con especial mención de lo expresado en el artículo 48 CE en términos de promoción de las condiciones para la participación de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural y las diferentes formas de plasmación de la cultura como un derecho (arts. 44.1, 50 y 25.2 CE). Reserva el texto constitucional funciones atribuidas a los poderes públicos expresadas tanto en el Preámbulo (protección de los derechos humanos, de las culturas, de las tradiciones, de las lenguas y de las instituciones) como en el artículo 3º (respeto y protección de las distintas lenguas) o el artículo 149.2 CE (en torno al servicio público de la cultura). ARAGÓN REYES, M...: “Constitución española: economía de mercado y Estado social”, en GARCÍA SANMIGUEL, I. (ed.): El principio de igualdad, Madrid, Dykinson, 2000. DÍEZ MORENO, F.: El Estado social, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2004. Junto con estos principios esenciales deben citarse el reconocimiento del pluralismo social gracias a la constitucionalización de los sindicatos, de las asociaciones empresariales y de los colegios y organizaciones profesionales, el reconocimiento de la negociación y de los conflictos colectivos, el derecho a la huelga o la fijación de eficacia jurídica a los convenios colectivos. ALEGRE MARTÍNEZ, M. A.: La dignidad de la persona como fundamento del Ordenamiento constitucional español, León, Universidad de León, 1996. PÉREZ LUÑO, A. E.: “Los derechos sociales y su significación actual”, en Virgilio ZAPATERO, V. e GARRIDO, I.: Los derechos sociales como una exigencia de la justicia, Cuadernos Democracia y Derechos Humanos, Universidad de Alcalá, 2009, pág. 42. Junto con lo expresado en el Capítulo III del Título I, debe atenderse a lo expresado en los artículos 128 a 136 del Título VII en materia de Economía y Hacienda. Los rasgos y objetivos esenciales el sistema económico que se consigna en la Constitución son la estabilidad económica y el desarrollo de un modelo económico sostenible; la distribución más equitativa de la renta regional y personal; el equilibrio y armonización del desarrollo regional y sectorial; la unidad económica nacional y la distribución competencial entre el poder central y los poderes autonómicos; la propiedad privada; la libertad de empresa y libre competencia compatible con las distintas formas de intervención de los poderes públicos; la iniciativa