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FELIPE V Y LOS VALENCIANOS

Enrique Giménez López Catedrático de Historia Moderna Universidad de Alicante

Valencia, 2011


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Director de la colección Joan Romero González Catedrático de Geografía Humana Universitat de València

© ENRIQUE GIMÉNEZ LÓPEZ

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A Jaime Lorenzo, Kalikatres sapientĂ­simo, y a los amigos de Forn de Vidre


Índice INTRODUCCIÓN............................................................................................................

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LOS AUSTRACISTAS VALENCIANOS Los inicios de la disidencia................................................................................................ La indefensión del Reino.................................................................................................... La composición del austracismo........................................................................................ Después de la derrota......................................................................................................... La amenaza del austracismo latente.................................................................................

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LOS BORBÓNICOS VALENCIANOS El bloque de la magistratura............................................................................................. La nobleza titulada............................................................................................................ La nobleza no titulada y la fidelidad de los particulares................................................. Eclesiásticos contra la sedición y la herejía......................................................................

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EL CONTROL DEL TERRITORIO VALENCIANO Vísperas de la abolición..................................................................................................... El proyecto de Colón de Larreategui................................................................................. Menos políticos y más soldados......................................................................................... Los fracasados intentos de reforma civilista.....................................................................

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LOS INSTRUMENTOS DE FELIPE V Los capitanes generales...................................................................................................... Los magistrados castellanos y valencianos....................................................................... Los intendentes, “agentes de la felicidad del Estado”....................................................... Los gobernadores-corregidores y sus alcaldes mayores....................................................

113 119 130 137

EL MUNICIPIO BORBÓNICO Los primeros ayuntamientos borbónicos........................................................................... El perfil de los regidores..................................................................................................... Las oligarquías municipales............................................................................................. El intervencionismo de la Corona..................................................................................... El problema del endeudamiento censal.............................................................................

156 165 169 174 176

LA IGLESIA VALENCIANA Y FELIPE V Los arzobispos valencianos................................................................................................ Los obispos oriolanos, el regalismo y el Consejo de Castilla............................................ El “infidente” clero regular................................................................................................. El celo borbónico de los jesuitas y su merecido premio.....................................................

194 196 211 218

TIEMPOS DE MALESTAR La prioridad del orden público.......................................................................................... Los sucesos de Callosa d’en Sarrià y los incidentes entre Polop y La Nucía................... La revuelta de Peñíscola o la tribulación de los buenos................................................... Rescoldos de memoria........................................................................................................

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BIBLIOGRAFÍA...............................................................................................................

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ÍNDICE ONOMÁSTICO.................................................................................................

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ÍNDICE TOPONÍMICO..................................................................................................

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Introducción “Triunfa Felipe y tanto / que la punta sangrienta de tu espada / a la victoria de tan digna entrada / que sea de Almansa fiero espanto / banderas, pabellón, riqueza y cuanto / de su Liga temido / ponga el miedo en olvido / por trofeo inmortal de la edad nuestra”. Así cantaba un anónimo borbónico el éxito de Almansa, preludio de las decisivas consecuencias que para Valencia tendría aquella victoria que liquidaba su identidad política y enterraba la vieja planta de gobierno. El derecho de conquista legitimaba el fin de un ordenamiento territorial que se consideraba limitador de la soberanía y motivo último de infidelidades y de la guerra civil, pues como señalaba Melchor de Macanaz, “se han rebelado innumerables veces y, en sustancia, el Rey sólo tiene el título en estos Reinos, pero sin la menor autoridad”. La relación de Felipe V con los valencianos, y por extensión con sus súbditos de la Corona de Aragón, puede resumirse en el propósito de levantar un nuevo orden político que fortaleciese la autoridad de la Corona y acabara con las restricciones constitucionales que maniataban la “real voluntad” del monarca. Almansa fue la ocasión para que el rey conquistador inaugurara un nuevo tiempo que sepultaba las reliquias del andamiaje foral y, como ha señalado García Cárcel, imponía el concepto de la España vertical, pese a la resistencia del Consejo de Aragón e incluso de los propios valencianos que se habían mantenido fieles a la causa de Felipe V. Entre el 25 de abril y el 29 de junio de 1707, fecha esta última en que se dictó el decreto abolicionista y se impusieron las leyes de Castilla en virtud de la potestas extraordinaria de Felipe V, el Consejo de Aragón, encabezado por su presidente, el conde de Frigiliana, dio la batalla por el sostenimiento del régimen foral, al menos mientras prosiguiera la guerra en Cataluña. El 4 de mayo propuso que el rey estableciese en Valencia y Aragón las leyes que considerara oportunas, “sin limitación alguna”, pero sin abolir los fueros, “ni hablarse de ellos en pro ni en contra”; pocas semanas después, sugería que los nuevos ministros que debían gobernar Valencia lo hicieran sin cortapisas de ningún instrumento foral, pero “sin hablar de abolición de privilegios”, y que Felipe V se “tomase el tiempo necesario para premeditar, con la debida prudencia, si debe ser absoluta la derogación”. Todo dependía de la voluntad y la clemencia del rey, como había señalado el 11 de mayo el duque de Berwick: “este reino ha sido rebelde a S. M. y ha sido conquistado, habiendo cometido contra S. M. una grande alevosía y así no tiene más privilegios ni fueros que aquellos que Su Majestad quisiere conceder en adelante”. Perdido el pulso con los partidarios de la abolición total, insensibles y cerrados a cualquier componenda, y denigrado el conde de Frigiliana, acusado de defender el foralismo tan sólo por aferrarse a su cargo, el Consejo de Aragón pagó su resistencia con la extinción (15 de julio de 1707).


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Los territorios de Valencia y Aragón pasaron a la jurisdicción del Consejo de Castilla, en aplicación de la lógica uniformadora que se desprendía del primero de los decretos de Nueva Planta: “Habiendo expresado en Decreto de 29 de junio próximo pasado los justos motivos que movían mi Real Ánimo a resolver como resolví que los Reinos de Aragón y de Valencia se redujesen a las leyes de Castilla, y al uso, forma y práctica que se tiene y ha tenido en ella y sus tribunales sin diferencia alguna. Y contemplando ahora que para asentar y establecer en los referidos Reinos estas reglas debajo de unas solas leyes y un mismo gobierno, se deben aplicar los medios que aseguren su más puntual observancia y permanencia, con mayor facilidad y mejor disposición, he juzgado por el más efectivo acierto y conveniente el que así como en las leyes, tribunales y estilos se ha de guardar la misma práctica que en Castilla, sea también el mismo Consejo y el de la Cámara, por donde se gobiernen los referidos Reinos, y por donde se dirijan y expidan mis órdenes cuidando del gobierno y administración de Justicia según y como se hace por la que toca a todos los demás mis Reinos del continente de España”. Los borbónicos valencianos apelaron a la clemencia del rey y manifestaron su desconsuelo por la liquidación de su Derecho propio. El 25 de julio de 1707 el ayuntamiento valenciano decidió suplicar al monarca que revocara el decreto abolicionista mediante el envío de un memorial, cuya redacción fue encargada a los jurats Pere Lluis Blanquer y Josep Ortí. Presentado a Felipe V el 4 de septiembre, dio como resultado que ocho días después, los autores del memorial fueran encarcelados en las Torres de Serranos, y el 14 de septiembre, desterrados a la ciudadela de Pamplona. En el memorial, Blanquer y Ortí argumentaban que acusar de delito de rebelión a “todos los habitadores de esta Ciudad y Reino” era una “indecente nota”, y la derogación de los fueros, un castigo general que incluía a los muchos valencianos leales a la causa borbónica. Por ello, quienes se habían mantenido fieles a costa de grandes sacrificios, acudían a “acogerse al piadoso refugio de su Gracia”. En su repaso de los sucesos de 1705 y 1706, los autores del memorial subrayaban que la pérdida del Reino se había debido a la indefensión en que se hallaba frente a las fuerzas aliadas llegadas por mar y a la rebelión de “gentes de rústica sencillez”: “en el discurso de cinco meses no habían cesado los humildes ruegos del socorro y las rendidas instancias del amparo; bien manifestaba el deseo de su conservación quien con tanto tiempo solicitaba la defensa; no se le podrá imputar, ni aun los descuidos de omiso, a quien adelantó a la primera vista del peligro las instancias para las prevenciones; no se culparán de remisas las súplicas, cuando en todas ellas se expresó el desabrigo de esta Ciudad y Reino, el recelo del aumento en el número de los sediciosos, lo que importaba la asistencia de las Reales armas y tropas regladas, que sin ellas más eran peligro que defensa las del País, y que sin ese amparo era indefectible la general ruina”. No hubo, pues, rebelión, sino desamparo frente al “villanaje ínfimo despreciable de Ciudad y Reino”.


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En su apelación a la clemencia del monarca, el memorial argumentaba que la rigurosa pena de privación de fueros recaería sobre las clases rectoras de la sociedad valenciana, que según Blanquer y Ortí se habían mantenido fieles, mientras que a los campesinos que habían abrazado el austracismo “no les alcanzará el castigo, pues a ninguno de éstos les alcanza el dolor de la pérdida de los privilegios”. Siguiendo la vía argumental abierta por la ciudad de Zaragoza en su memorial al rey de 4 de julio de 1707 —donde se defendía la adecuación de la ley a la idiosincrasia de los pueblos, al subrayar que “serán para los castellanos proporcionadas sus leyes y para los aragoneses violentas”— Blanquer y Ortí advertían: “las municipales y propias leyes, estilos y gobierno de una República las ha establecido en su principio la premeditación, y después las ha ido mejorando la experiencia, según las eras y genios; de forma, que de unas Cortes a otras se han ido adaptando a la proporción y positura de los tiempos. Muy saludables, especiosas y plausibles son las leyes de Castilla; estableciéronse para aquellos Reinos, sin tener presentes éstos”. La pérdida de identidad, entendida ésta como sedimento constitucional sobre el que las instituciones habían ido tejiendo un entramado de relaciones basadas en privilegios reconocidos por la Monarquía, así como en la masa documental que tales relaciones habían generado desde la conquista cristiana por Jaime I de Aragón en el siglo XIII, representaría para los autores del memorial un sepulcro definitivo para la noción de pertenencia a un ámbito geográfico y político que contaba con 500 años de existencia: “observando en los autos, libelos, registros, fórmulas y todo lo que se actuare, la práctica y el idioma de Castilla, se perdería con el tiempo la noticia de la lengua valenciana, y por consiguiente, la inteligencia de los autos, archivos y memorias en todo lo que se halla en los registros hasta ahora; en tan irreparable perjuicio de memorias, antigüedades, haciendas, derechos lustres, familias y demás noticias, que el idioma que en los Reinos de Castilla sirve para la común inteligencia, sería en este Reino de universal confusión”. Siendo los fueros valencianos “el corazón, alma y más estimables ojos de la República”, su derogación suponía el fin traumático de la identidad valenciana. Los posteriores intentos de recuperación de los fueros, o al menos del derecho privado valenciano, no tuvieron éxito alguno. En mayo de 1719 Felipe V visitó Valencia. El ayuntamiento aprovechó la estancia del monarca para presentarle un memorial en que solicitaba la restitución de los fueros en aquello que no se opusiera a la soberanía y a las regalías. Pese a que el rey concedió verbalmente la gracia, ésta nunca se concretó. Para el único borbónico cronista de la guerra, el trinitario José Manuel Miñana, con la derogación de los fueros, los valencianos “empezaron a echar de menos la perdida libertad y a sentir el peso del yugo de la servidumbre”; y el también borbónico Isidre Planes, en su manuscrito “Sucesos fatales de esta ciudad y reino de Valencia”, resumía con dolorida indignación los efectos de la abolición: “mortificados con varios gravámenes, sin excepción de buenos ni malos, y nos echáis las leyes castellanas, en todo destructivas de


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las conveniencias de los paisanos de este Reino, y esto por sólo mirar a vuestras propias conveniencias, sin mirar otro fin que a levantaros con todos los puestos de la judicatura y gobierno político, ajándolo todo con malos y tiránicos modos, sin mirar otro fin que el de hacer doblones”. En 1721 el cabildo de la iglesia metropolitana de Valencia reiteró, mediante nuevo memorial, la petición efectuada por el municipio valenciano al rey en 1719. El 28 de mayo, Felipe V solicitó a la Audiencia que informase “cuáles de las leyes municipales y fueros observados en lo civil de este reino antes de la abolición son incompatibles y obstáculo a la regalía e interés de nuestra Real Persona”. El informe no se remitió; es probable, en opinión de Mariano Peset, que nunca llegara a redactarse. La traumática uniformidad impuesta por medio de la liquidación del ordenamiento jurídico valenciano, con el propósito de administrar todos los reinos “debajo de unas solas leyes y un mismo gobierno”, obedecía no sólo al deseo de acabar con las restricciones que imponían a la autoridad real las potestades legislativas valencianas —y que, según los partidarios de la abrogación, tenían al monarca “atado por los fueros”—, sino también a la imagen que los castellanos se habían formado de los súbditos de los reinos de la Corona de Aragón. El capitán general, marqués de Villadarías, describía a los valencianos como gentes que poseían “un corazón tan desenfrenado que únicamente les hace desear todo lo que es pernicioso y opuesto a la tranquilidad y al Real Servicio”; y el también capitán general duque de San Pedro señalaba en 1719 al secretario de Guerra Fernández Durán que “acostumbrados estos naturales por lo pasado a una total libertad, se resisten siempre a todo lo que es poner regla para el curso regular de las cosas”. Melchor de Macanaz, que en 1707 ejercía gran influencia sobre Felipe V, había defendido que con la Nueva Planta más las guarniciones permanentemente acuarteladas en territorio valenciano, “quedarán sujetos del todo”. Era, pues, criterio extendido entre las nuevas autoridades, que el virus de la deslealtad había infectado a todos los habitantes de la Corona aragonesa, y que sólo un método curativo drástico, basado en la capacidad de coacción de un ejército permanente, la ocupación de la administración civil por mandos militares y el establecimiento de una justicia expeditiva, lograrían “si no limpiar enteramente su sangre de la malignidad que le infecta, a lo menor irla purgando, de modo que con el curso del tiempo, y con la aplicación continúa de eficaces remedios, quede esperanza de salud”, como llegó a afirmar Rodrigo Caballero, que fue alcalde del crimen de la chancillería valenciana entre 1707 y 1711, e intendente desde ese año hasta 1717. El reinado de Felipe V, y muy en particular cuanto se refiere al conflicto sucesorio y sus consecuencias, es un tema vivo en la sociedad valenciana. El 18 de febrero del año 2000, en la edición valenciana de un importante medio de comunicación nacional, un columnista habitual escribía sobre la llegada a Madrid de Felipe V lo siguiente: “tenía 17 años escasos el que pronto sería tirano genocida, el verdugo del Estado, la lengua, la cultura y las libertades de los valencianos,


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para él ‘canallas pillos que tenían que ser sometidos por la espada’”. Un tiempo después, y en el mismo diario, un profesor universitario de la Jaume I de Castellón glosaba el centenario de las Cortes catalanas de 1705 —las únicas celebradas bajo la presidencia del Archiduque Carlos— y las calificaba de “memorables” por haber trazado un verdadero proyecto de país. Para él, los catalanes tuvieron en ellas una última oportunidad, como la tuvieron también los valencianos, de manifestar su voluntad de ser un país al estilo de Inglaterra y Holanda, y no como Castilla o Francia. Y añadía: “un país de monarquía constitucional, no bajo un rey absoluto. Tenían claro, muy claro, que en Castilla la autoridad real no conocía límites, que allí el monarca podía decidir y legislar, imponer tributos y hacer cualquier cosa, sin limitaciones y sin control parlamentario de ningún tipo. Sabían que en algunos lugares de Europa no era así, y que precisamente en aquellos lugares, en Inglaterra y Holanda, el control de un parlamento que limitaba el poder absoluto iba unido a una indudable prosperidad comercial, al dinamismo del comercio y de las nuevas clases urbanas, y a todo aquello que suponía apertura, libertad y progreso”, para terminar diciendo: “rechacemos de una puñetera vez aquella pura y simple falsedad, según la cual los Borbones y el poder absoluto, las leyes de Castilla que impusieron los decretos denominados de Nueva Planta, la nueva dinastía y su administración militar, el centralismo y el absolutismo del siglo XVIII, significaron la modernización del país, el progreso, las luces y la ilustración, y todo eso que la historiografía española nos había hecho creer durante tanto tiempo”. Este esquema responde a una corriente muy enraizada en cierta historiografía, sobre todo catalana, adscrita a lo que podría calificarse de fundamentalismo parlamentario; historiografía que rechaza de plano la labor modernizadora de la administración borbónica en general, y sobre los reinos de la Corona de Aragón en particular. En su opinión, y con afán de negar cualquier virtualidad positiva a los Borbones, el progreso económico que vivieron Valencia y Cataluña en el Setecientos se debió “únicamente y en exclusiva” al esfuerzo de sus hombres y mujeres valencianos y catalanes, que con la derrota en la contienda sucesoria perdieron definitivamente la posibilidad de optar por una dirección de progreso, porque las perspectivas de modernización política, de evolución hacia un régimen parlamentario, se esfumaron, y se malbarató la posibilidad de construir una España más equilibrada y solidaria. Se olvida quizá, al aventurar opinión tan poco matizada, que resulta indispensable abordar el orden político antiguo desde sus propios supuestos y no desde los de la contemporaneidad; y que no deja de ser arriesgada, en el nivel en que están nuestros conocimientos, la imagen de una Castilla absolutista al finalizar el siglo XVII. Es cierto que el proceso de creación de derecho territorial en Castilla fue distinto al de la Corona de Aragón, en cuyos territorios el proceso se llevaba a cabo desde la colaboración entre las Cortes y el Rey, en tanto que en Castilla el poder de dictar normas generales residía en el monarca; pero esto no significa que Castilla fuera absolutista, sino que las corporaciones urbanas


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castellanas pasaron a desempeñar en Castilla un papel importante, como se ha comprobado en los estudios realizados sobre la negociación de los servicios de millones, que se mantenía, sobre todo, con las ciudades del reino. El Reino, como corporación de corporaciones, fue en Castilla el protagonista. Como se ha señalado por algún historiador, las ciudades eran las que formaban el núcleo duro de la constitución en Castilla. En 1810, en los días previos a la reunión preliminar de las Cortes que redactarían dos años más tarde la Constitución de Cádiz, un diputado valenciano, el abogado Francisco Javier Borrull, demandaba la restauración del régimen foral abolido ciento tres años antes por el primer monarca de la casa de Borbón. En su imaginación bullía la imagen idílica de un Reino de Valencia en que las Cortes garantizaban las libertades frente al despotismo de los monarcas, y donde la Generalitat vigilaba con celo el cumplimiento de los fueros. Para el jurisconsulto valenciano, Felipe V, al suprimir la añeja constitución del reino, había impuesto un centralismo que impedía “respirar el aire saludable y benéfico de las leyes de Aragón”. La añoranza del régimen foral expresada ya por Borrull en los albores del siglo XIX, y el consiguiente rechazo al modelo de Nueva Planta impuesto por Felipe V, se ha mantenido viva a lo largo de casi dos siglos, aunque conviene recordar que el mismo Borrull, en su actuación como diputado en las Cortes gaditanas, se manifestó como un encendido anticentralista y, al mismo tiempo, como un reputado reaccionario, partidario de la representación estamental y opuesto a la soberanía nacional; y que fue el pretendiente carlista Carlos VII quien reconoció de nuevo los fueros valencianos (juntamente con los de Cataluña y Aragón) el 16 de julio de 1872, a la vez que señalaba que lo que Felipe V “os quitó como rey, yo como rey os lo devuelvo, que si fuisteis hostiles al fundador de mi dinastía, baluarte sois ahora de su legítimo descendiente”. Frente a la leyenda rosa de Carlos III, las sombras tenebrosas se han abatido sobre Felipe V, lo que ha ayudado a que el centenario de la entronización de la dinastía borbónica en España haya pasado casi desapercibido, circunscrito casi exclusivamente a los ámbitos académicos. Sólo la Institución Fernando el Católico de Zaragoza celebró un congreso de envergadura, en enero de 2001, sobre Felipe V y su tiempo. Cuando el gobierno anunció la emisión de una moneda conmemorativa con la efigie de Felipe V, hubo quienes desde Cataluña, Valencia y Baleares, anunciaron una campaña de recogida de tales monedas con objeto de fundirlas y erigir con ellas un monumento al maulet, es decir, al campesino guerrillero austracista. Xátiva exhibe en su museo municipal un retrato de Felipe V cabeza abajo —si bien, tal vez convenga recordar que sólo desde 1945 y por iniciativa de Carlos Sarthou, conservador del museo de Bellas Artes—, postura en la que permanecerá, conforme han insistido las sucesivas administraciones municipales setabenses sin distinción de color político, hasta que el actual rey no derogue en un gesto simbólico los decretos de Nueva Planta.


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No hay duda que Felipe V procedió al desmantelamiento de los fundamentos institucionales del Reino de Valencia, si bien, pese a las intenciones iniciales, no quedó desarbolado todo el entramado legal, ni tampoco se produjo su sustitución mecánica por el modelo institucional castellano. Pervivieron los privilegios de la nobleza, de las corporaciones, de la Iglesia y la ratificación de la jurisdicción alfonsina en 1708. Es simplista considerar que se produjo en el reinado del primer Borbón un trasplante íntegro del modelo castellano, y mucho menos la anexión a la Corona de Castilla de los territorios orientales de la Monarquía. El régimen de Nueva Planta fue un proceso que tuvo su propio dinamismo, y que llegó a configurar durante el largo reinado de Felipe V una ordenación territorial propia, con una fiscalidad diferenciada, con órganos de poder definidos por su carácter militarizado, y bajo el que, a pesar de la prioridad que se dio al mantenimiento del orden público, el malestar social se mantuvo en unos altos niveles de conflictividad larvada que supo resumir el dominico oriolano fray José Güell, perseguido por los austracistas por sus sermones a favor de la legitimidad de Felipe V durante los años de la contienda, cuando se lamentaba que “estamos sujetos a las leyes de Castilla sin alivio ni esperanza de remedio”.


Los austracistas valencianos La presencia de la flota anglo-holandesa en la costa mediterránea en 1705 se ha considerado como el detonador que condujo al rápido derrumbe de la autoridad borbónica en la Corona de Aragón. Ya lo apreciaron así los contemporáneos, que calificaron los sucesos de la comarca de la Marina como “la oficina de todo el daño”. El desembarco de agosto de 1705 en Altea y Denia, y la proclamación del Archiduque como Carlos III, sacaron a la luz un entramado conspirativo, tejido en la clandestinidad durante largo tiempo, que fue capaz de hacerse con el control del Reino de Valencia en muy pocos meses. Excepción hecha de los trabajos de Carmen Pérez Aparicio, poco conocemos de la realidad valenciana desde el cambio dinástico hasta el verano de 1705, pero nada hace suponer que existiera en esos años cualquier proyecto borbónico, a corto o medio plazo, de romper el marco constitucional de los reinos de la Corona aragonesa. Sin embargo, determinados núcleos de la sociedad valenciana no aceptaron la solución felipista al problema sucesorio y crearon un estado de opinión favorable al pretendiente austriaco, en cuya gestación influyeron, sin duda, las circunstancias que usualmente se manejan para explicar la actitud valenciana y catalana en 1705: la francofobia tradicional, agravada a fines del reinado de Carlos II por las guerras hispano-francesas; el recelo de la burguesía ante la competencia comercial francesa y la prepotencia, en ocasiones intolerable, con que se comportaban los negociantes y cónsules franceses; sumadas al recelo frente a las intenciones borbónicas en contraste con la inhibición —también llamada neoforalismo— del último Austria. Pero en esta relación, aún provisional, de motivaciones, que sólo parcialmente explican el fortalecimiento de un estado de opinión favorable al Archiduque, debemos incluir los alardes militares de las potencias aliadas ante la costa, en contraste con la política débil del virrey marqués de Villagarcía y la infravaloración de la Corte de los riesgos que suponía la revuelta campesina auspiciada por las promesas antiseñoriales de Basset, pese a que las autoridades valencianas habían expresado reiteradamente su temor de que se extendiera el movimiento a toda Valencia: los diputados de la Generalitat llegaron a manifestar a Felipe V en diciembre de 1705 que la falta de tropas regladas en el Reino “nos tiene nuestro corazón lleno de lágrimas de sangre”; y el virrey, en carta a Grimaldo, mostró su desesperación al afirmar con toda crudeza que “todo está mal y yo no sé qué hacer, sin gente, sin dinero y sin los corazones afectos al servicio del Rey, siendo tan pocos los que lo son en este Reino”.


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Los inicios de la disidencia Esta situación de impotencia en las postrimerías del virreinato de Villagarcía distaba mucho de la conciencia del peligro que tenían las autoridades borbónicas valencianas en mayo de 1704 cuando, por segunda vez en ocho meses, una potente flota anglo-holandesa formada por treinta navíos de línea y veintitrés embarcaciones de menor porte, echó el ancla en la bahía de Altea, y fue bien recibida por la población, ya que la guerra y las disposiciones de 1701 que habían prohibido el comercio con las potencias enemigas, habían afectado muy seriamente a los pueblos de la comarca, exportadores tradicionales de frutos secos a Inglaterra; y la venta de víveres a la Armada representaba una salida para parte de la cosecha local: “pues siendo los frutos de aquella villa los que siempre se han traficado con los del Norte, faltando su comercio quedaban sin esperanzas de venderles, y la suma miseria a que les ha reducido la guerra les debió impeler a buscar este medio para socorrerse”. Otro tanto sucedería en julio de 1706: la acción combinada de un millar de miqueletes al mando del noble alicantino Álvaro Escorcia, y de 300 ingleses desembarcados en las proximidades de Alicante, dejó “libre la comunicación por la Albufereta y seguro el embarco de vino y frutos de toda la Huerta” alicantina. No obstante, se descartó la posibilidad de que sectores de la sociedad valenciana se movilizaran en favor del pretendiente austriaco y pudiera producirse a corto plazo un levantamiento del Reino. El 28 de mayo, en uno de sus informes reservados al virrey, el comisionado Damiá Cerdá —enviado a la comarca de La Marina como observador por su condición de asesor de la gobernación de Xátiva—, comunicó desde Altea su impresión de que el fervor austracista de los alteanos tenía escasa incidencia en los pueblos vecinos, e hizo notar el clima de tranquilidad que había tenido ocasión de pulsar durante sus viajes por aquellas tierras de La Marina: “...habiendo en pocos meses, por los encargos de V. E., transitado por los lugares más principales de las montañas, y hasta Vall de Guadalest, Villajoyosa, Finestrat, Relleu y otros, les considero con gran quietud y seguridad, sin que haya podido comprender la menor noticia de infidelidad ni desasosiego; ya en tanto tiempo me persuado se hubiera descubierto alguna centella”. Esta visión optimista de la situación del Reino fue la que trazó el virrey ante Felipe V y su Consejo de Aragón. Según el marqués de Villagarcía, sólo la influencia de algunos eclesiásticos, ajenos a su jurisdicción, que difundían rumores y lanzaban exhortaciones austracistas, era motivo de preocupación. Los gobernadores no informaban de novedad alguna, varias villas habían reiterado su juramento de fidelidad al tener conocimiento del desembarco en Altea, y la contribución voluntaria para el Tercio de seiscientos hombres destinado a la defensa de Andalucía no había causado problemas. Pese a todo, el virrey nombró una Junta asesora para la represión de la disidencia, constituida por el regente de la Audiencia, Carles Vallterra, y los magistrados Pere Josep Borrull, Vicent Pascual, Eleuteri Torres, Josep García de Azor,


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Francesc Descals y Pere Doménech. Esta Junta consideró prioritario actuar con energía contra quienes daban cobijo a reuniones clandestinas o se destacaban en la difusión de noticias favorables a los aliados. Los resultados, sin embargo, fueron poco espectaculares: a principios de julio habían sido detenidos tan sólo once individuos, confinados en un castillo de Mahón, y no se habían podido evitar numerosas fugas de sospechosos. Poco después eran desterrados a 18 leguas de Valencia dos letrados acusados de propagandistas del poder aliado: “que no contentos con su desafecto se hacían panegiristas de las glorias del Imperio y daban muy mal ejemplo en lugares públicos, sin disimular su pasión, con gran perjuicio del pueblo”. Pero las continuas demostraciones de la Armada aliada frente a la costa valenciana estimularon los ánimos e incrementaron la osadía de los partidarios de D. Carlos. En los primeros días de julio de 1704, las autoridades de Xátiva decidieron celebrar con luminarias y un Te Deum en la Colegiata, la noticia de un éxito militar austracista en tierras portuguesas. Durante la noche, un grupo de hombres, encabezado por el subdiácono Andrés Maravall, asaltó la casa de un francés para rasgar un retrato de Felipe V que éste había colocado en una ventana, y destrozó las candilejas de barro que lo iluminaban. Tan sólo fue arrestado el eclesiástico, que pasó a las Torres de Serranos, puesto que la complicidad de las gentes hizo imposible efectuar otras detenciones. En los estudios hasta ahora publicados sobre la Guerra de Sucesión en Valencia, en especial los de Pérez Aparicio, se ha destacado el papel de los agentes austracistas desembarcados en la comarca de La Marina con el propósito de captar adeptos para la causa del Pretendiente y coordinar el levantamiento. Lógicamente, los informes manejados por el marqués de Villagarcía incluyen referencias a los dos agitadores más conocidos: Joan Basset y Ramos y Francesc García de Ávila. Sobre Basset, la información que poseía el virrey era la que le había transmitido Damiá Cerdá a fines de mayo de 1704. Según Cerdá, Basset había desplegado una gran actividad en Altea desde el 21 de aquel mismo mes: se había entrevistado con el párroco y con el Batlle —a quienes había solicitado datos sobre diversos individuos residentes en el Reino—, y había despachado cartas para distintos lugares; pero nada indica que se internara en el país, y es probable que se embarcara de nuevo en la escuadra, como ha señalado su biógrafo Cervera Torrejón. Respecto a Francesc García de Ávila, la documentación utilizada permite afirmar sin ninguna duda que nada tenía que ver con Francesc García, cabecilla de la Segunda Germanía, corroborar la rectificación que en este punto realizó Sebastián García Martínez y asegurar que en mayo de 1704 García de Ávila hacía ya tiempo que actuaba como agente en el interior valenciano. Una de las informaciones trasladadas por el párroco de Altea a Basset en mayo de 1704 fue el lugar donde presumiblemente se hallaba García de Ávila: en el condado de Cocentaina, lindando con los términos de Benilloba y Penáguila. Las autorida-


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des borbónicas tenían noticia de su personalidad y de sus últimas actividades: era natural de Gandía, había sido batlle de Callosa d’en Sarrià y desarrollaba buena parte de su labor propagandística en Cocentaina a través de Felip Pons, personaje de mucha influencia en la comarca “por haber sido antiguamente bandido”, a la vez que esparcía con generosidad promesas y dinero. Otros informes lo localizaban tan pronto en su Gandía natal como adquiriendo caballos o entrevistándose con eclesiásticos en diversos lugares del Reino. Uno de sus colaboradores fue el clérigo de Xátiva Maurici Audinez, quien hasta su detención distribuyó papeles sediciosos y cartas firmadas por el príncipe de Darmstadt. Los informes reservados que obraban en manos del virrey calificaban a los individuos con quienes se entrevistaba García de Ávila como “personas de estimación, de buena calidad y sin mácula”, lo que desmiente al historiador contemporáneo José Manuel Miñana, quien descalificó la labor propagandística de los agentes austracistas al señalar que únicamente se relacionaban con “la gente más baja de la plebe”, y viene a subrayar la complejidad sociológica de los apoyos con que contaban las fuerzas en conflicto y, en especial, la de los grupos que aglutinó la revuelta. A la escasez de medios materiales que limitaba la operatividad del virrey se unía su escasa capacidad para contrarrestar la influencia del clero disidente. Carmen Pérez Aparicio ha destacado la importante actividad austracista desplegada por una parte del clero valenciano durante el mandato del marqués de Villagarcía. El entusiasmo que el clero valedor de D. Carlos transmitió a su feligresía actuó como factor de agitación de trascendencia indudable ante la pasividad del Arzobispo Antonio Folch de Cardona, cuya ambigüedad lo hacía sospechoso a ojos del virrey, hasta tal extremo que fue amonestado por Felipe V y amenazado con que se permitiría al marqués de Villagarcía asumir la jurisdicción eclesiástica si no tomaba medidas más severas que las simples amonestaciones: “procedáis en lo que tocare como lo espero, y que no será necesario valerme yo de otros medios para atajar el daño que se ha experimentado en esta ocasión, porque mi real ánimo es que en caso de no hacerlo vos, pase mi Lugarteniente y Capitán General a proceder contra los eclesiásticos desafectos por los medios permitidos a la Real Potestad, como al mismo tiempo de escribiros ésta se lo he ordenado, y os prevengo de ello para que lo tengáis entendido”. En opinión del teniente general Bonifacio Manrique de Lara, expresada en octubre de 1705, el clero valenciano era uno de “los mayores y más perjudiciales enemigos”, y sus sermones parecían “como de predicadores holandeses e ingleses”. La información con que contaba el virrey sobre miembros del clero valenciano era muy preocupante para la causa borbónica: el deán de Xátiva, el Dr. Vicent Piquer, quien había sido anteriormente amonestado por el duque de Montalto, presidente del Consejo de Aragón, reincidió en sus proclamas austracistas, con la consiguiente repercusión en la ciudad de la que era primera dignidad eclesiástica; el clero regular —en especial capuchinos y franciscanos— era mayoritariamente austracista y, por más que Villagarcía había amenazado con expulsar a


FELIPE V Y LOS VALENCIANOS

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sus superiores del Reino, sus manifestaciones a favor del Archiduque se habían hecho más frecuentes tras la noticia de la presencia naval aliada en aguas valencianas: “son pocos los que hacen su deber en este asunto, obstinándoles más el ver castigados y extrañados de estos Reinos a algunos de esta Provincia por orden de S. M., y ahora, con la venida del Archiduque y de la Armada enemiga, muchos han incurrido en manifestar su pasión”. En los últimos días de julio de 1705, el marqués de Villagarcía era sabedor de que la llegada a la costa de la Armada anglo-holandesa sería el detonante de una revuelta campesina —como lo había sido en 1693 en Xátiva y La Marina, tras sufrir Alicante el bombardeo de la escuadra del almirante D’Estrés dos años antes—, que se extendería por la Huerta, como manifestaba en carta a Juan Bautista Pérez Roca, secretario del Consejo de Aragón, fechada en el verano de 1705: “pues los mal vivientes que ahora, por temor de su rigor, habitan los montes y cuevas, en lo más fragoso y oculto del Reino, si llegare el caso de la turbación que causaría cualquier novedad de desembarco, viendo ocupados a los ministros en la mayor importancia de la defensa, ejecutarían lo que en otras ocasiones se ha experimentado, y tomarían cuerpo y avilantez para dejarse ver en lo llano más vecino a esta ciudad, como sucedió en 1690, 1691 y 1692 por el bombardeo de Alicante”. El 9 de agosto los temores se confirmaron. El gobernador de Alicante informaba haber avistado al amanecer de dicho día la escuadra enemiga y puesto la ciudad en estado de alarma. Una lancha se había aproximado hasta la costa para parlamentar y hacer entrega de un escrito dirigido a las autoridades locales, que los jurados de la ciudad rechazaron. La Armada se había dirigido a fondear, el 10 de agosto en Altea, y en Denia después, y se habían iniciado las operaciones de desembarco de armas y agitación campesina tan temidas por las autoridades borbónicas. Denia fue ocupada el 17 de agosto por la acción combinada de un pequeño contingente de hombres, al mando de Joan Baptista Basset, desembarcados del buque de guerra inglés “Orford” y secundados por campesinos de La Marina movilizados por agentes austracistas que actuaban eficazmente en la comarca desde el año anterior. El gobernador militar de la plaza, Felipe Antonio Gavilá, no opuso resistencia alguna, mientras que el responsable del gobierno civil, Pascual Perelló, procurador general del marqués de Denia, pudo escapar “deslizándose por la muralla”, según el testimonio de Miñana. La rápida caída de Denia se debió a sus escasas defensas, pero también al apoyo de la población a la causa del Archiduque.

La indefensión del Reino Ocupada Denia por los austracistas, al día siguiente, el Consejo de Aragón exponía en consulta a Felipe V la indefensión en que se hallaba Valencia. La amenaza no sólo procedía de la sublevación campesina y del foco dianense, sino de la posible llegada de austracistas catalanes que “se verán obligados a in-


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