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El objetivo de este trabajo es analizar el actual régimen jurídico sancionador de los bienes arqueológicos y conocer cuáles son las herramientas jurídicas que tenemos a nuestro alcance, desde el ámbito del Derecho administrativo, para reaccionar cuando se realizan actividades dañinas contra estos bienes. Se trata, por consiguiente, de indagar en los instrumentos que nuestro ordenamiento jurídico recoge, con los que hacer frente a las actuaciones ilícitas contra el Patrimonio Arqueológico, y proponer medidas que acrecienten su protección.

ALTA CALIDAD EN INVESTIGACIÓN JURÍDICA

ANA YÁÑEZ PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y DERECHO SANCIONADOR

El ámbito de los bienes arqueológicos se encuentra en la actualidad, y desde un punto de vista jurídico, intensamente intervenido. Dieciocho leyes regulan el Patrimonio Cultural en nuestro país y un número elevado de normas (sobre delitos, ordenación del territorio, mecenazgo, urbanismo, propiedad, organización administrativa, Patrimonio Natural) inciden de manera significativa en su régimen jurídico. Dicho de otra forma: en ningún momento de nuestra historia han existido tantas normas con la finalidad de proteger y fomentar el mantenimiento y la conservación del Patrimonio Arqueológico ni un marco jurídico tan favorable, al menos teóricamente, para preservar los elementos de nuestro pasado. Sin embargo, en los medios de comunicación siguen apareciendo, de manera constante, noticias sobre atropellos contra la integridad de estos bienes y a los tribunales continúan llegando casos que ponen al descubierto los puntos débiles del sistema.

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Ana Yáñez

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PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y DERECHO SANCIONADOR

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y DERECHO SANCIONADOR

COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig

Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia

Ana Cañizares Laso

Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Málaga

Jorge A. Cerdio Herrán

Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México

José Ramón Cossío Díaz

Ministro de la Suprema Corte de Justicia de México

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot

Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

Owen Fiss

Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)

José Antonio García-Cruces González

Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED

Luis López Guerra

Juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid

Ángel M. López y López

Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla

Marta Lorente Sariñena

Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid

Javier de Lucas Martín

Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia

Víctor Moreno Catena

Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid

Francisco Muñoz Conde

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Angelika Nussberger

Jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de Colonia (Alemania)

Héctor Olasolo Alonso

Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)

Luciano Parejo Alfonso

Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid

Tomás Sala Franco

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia

Ignacio Sancho Gargallo

Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España

Tomás S. Vives Antón

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia

Ruth Zimmerling

Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)

Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y DERECHO SANCIONADOR

ANA YÁÑEZ

Valencia, 2018

Copyright ® 2018 Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito de la autora y del editor.

En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com.

© Ana Yáñez

© TIRANT LO BLANCH EDITA: TIRANT LO BLANCH C/ Artes Gráficas, 14 - 46010 - Valencia TELFS.: 96/361 00 48 - 50 FAX: 96/369 41 51 Email:tlb@tirant.com www.tirant.com Librería virtual: www.tirant.es ISBN: 978-84-9169-611-7 MAQUETA: Tink Factoría de Color Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-de-empresa nuestro Procedimiento de quejas.

Responsabilidad Social Corporativa: http://www.tirant.net/Docs/RSCTirant.pdf

“El jurista que actúa sin suficiente información sobre la situación de hecho se asemeja al cirujano que opera sin diagnóstico” Peter Noll (1973)

ÍNDICE PRÓLOGO.............................................................................................. 11 Mª Ángeles Querol

PLANTEAMIENTOS.............................................................................. 15

Capítulo I

LAS INFRACCIONES CONTRA EL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 1. INTRODUCCIÓN............................................................................. 21 2. EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD: LA NECESARIA TIPIFICACIÓN DE LAS INFRACCIONES Y LA RESERVA DE LEY......................... 28 2.1. La necesaria tipificación de las infracciones administrativas....... 30 2.2. La subsunción de los hechos en la norma tipificadora................. 36 2.3. La reserva de ley......................................................................... 38 3. LAS INFRACCIONES TIPIFICADAS COMO ATENTADOS CONTRA EL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO..................................... 42 3.1. El incumplimiento del deber de conservación............................. 42 3.2. La realización de actividades arqueológicas sin la preceptiva autorización o con incumplimiento de lo establecido en la misma.. 53 3.2.1. La realización de actividades arqueológicas incumpliendo los términos de las autorizaciones otorgadas para ello.... 55 3.2.2. La realización de actividades arqueológicas sin la preceptiva autorización administrativa...................................... 61 3.3. La falta de comunicación a la Administración competente del hallazgo de restos arqueológicos................................................. 77 3.4. Las obras ilícitas que afectan a los bienes arqueológicos............. 92 Nota bibliográfica.................................................................................... 103

Capítulo II

CULPABILIDAD Y SUJETOS QUE INTERVIENEN EN LAS ACTUACIONES ILÍCITAS CONTRA EL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 1. INTRODUCCIÓN............................................................................. 105 2. LAS DIFERENTES DIMENSIONES DEL PRINCIPIO DE CULPABILIDAD............................................................................................... 106 3. EL PRINCIPIO DE CULPABILIDAD EN LAS INFRACCIONES SOBRE EL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO...................................... 111 4. ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL SOBRE LA CULPABILIDAD EN LAS ACTIVIDADES ILÍCITAS CONTRA BIENES ARQUEOLÓGICOS................................................................................................... 120

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Índice

5. LA REGULACIÓN DE LOS SUJETOS RESPONSABLES EN LAS INFRACCIONES CONTRA EL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO.... 133 6. ESTUDIO JURISPRUDENCIAL SOBRE LOS SUJETOS RESPONSABLES.................................................................................................. 151 7. ¿PUEDEN INTERVENIR OTROS SUJETOS, ADEMÁS DE LOS RESPONSABLES, CON OCASIÓN DE LA COMISIÓN DE UNA INFRACCIÓN?.................................................................................. 159 Nota bibliográfica.................................................................................... 168

Capítulo III

LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS VINCULADAS A LA COMISIÓN DE INFRACCIONES CONTRA EL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 1. INTRODUCCIÓN............................................................................. 169 2. EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TAMBIÉN ES APLICABLE A LAS SANCIONES Y A LA CORRELACIÓN ENTRE ESTAS Y LAS INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS................................................. 171 2.1. La reserva de ley......................................................................... 171 2.2. La tipicidad................................................................................ 176 3. LAS PRINCIPALES SANCIONES PREVISTAS PARA LAS INFRACCIONES CONTRA EL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO.............. 187 3.1. El concepto de sanción administrativa........................................ 187 3.2. La multa como sanción prototípica............................................ 191 3.3. Otras sanciones administrativas principales................................ 197 4. LA DETERMINACIÓN DE LAS SANCIONES................................. 200 4.1. La determinación de la cuantía de la multa cuando los daños ocasionados son evaluables económicamente.............................. 201 4.2. El cálculo del importe de la multa cuando los daños no son evaluables económicamente y cuando no se producen daños........... 210 4.3. El principio de proporcionalidad................................................ 215 5. OTRAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS VINCULADAS A LAS ACTUACIONES ILÍCITAS CONTRA EL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO................................................................................................. 227 5.1. Las sanciones accesorias............................................................. 227 5.2. La responsabilidad civil vinculada a la actuación infractora. La reposición de la situación alterada a su estado originario y la indemnización por los daños y perjuicios causados..................... 234 5.3. Otras medidas no sancionadoras................................................ 240 Nota bibliográfica.................................................................................... 246 A MODO DE CONCLUSIONES Y RECAPITULACIÓN........................ 247 EPÍLOGO................................................................................................ 263 Ignacio Rodríguez Temiño

BIBLIOGRAFÍA....................................................................................... 267

PRÓLOGO El trabajo que tengo el honor y el placer de prologar constituye un verdadero hito en la historia de la investigación sobre los peligros que acechan a los elementos arqueológicos en nuestro país, y sobre las posibles soluciones legales para aminorarlos. Ana Yáñez, su autora, fue alumna mía de doctorado en los primeros años 90, cuando yo empezaba a luchar para que en la docencia universitaria de Historia o de Historia del Arte se incluyeran asignaturas en las que se enseñara la dimensión patrimonial de nuestro legado, lo que ahora llamamos Gestión del Patrimonio Cultural.

De entre las actividades que componen esa Gestión, que en mis primeras obras dividía en Conocimiento, Planificación, Control y Difusión, y a las que últimamente se ha añadido la de Evaluación, la parte dedicada al Control siempre me pareció la más difícil y la más precisada de vocación y de estudios específicos. Así, a principios de los 90 yo necesitaba a una persona especializada en derecho administrativo que se interesara por los aspectos legales del expolio de los yacimientos arqueológicos, y en ese contexto apareció Ana Yáñez. Ana quería hacer una tesis doctoral precisamente sobre expolio arqueológico y además era licenciada en derecho. Y desde entonces hasta ahora, del milagro de su llegada, de su compañía, de su sentido de la responsabilidad, de su magnífico equilibrio vital, de sus saberes y de su amistad me he beneficiado mucho más yo, la profesora, que de mí ella, la alumna.

Hoy, muchos años y mucho trabajo después, Ana me ha pedido que prologue la publicación de su tan esperada tesis doctoral y yo, que no acabo de creerme que realmente tenga su libro entre mis manos y ante mis ojos, le pido al destino que ocurra un nuevo milagro —total, ya me voy acostumbrando— y su interesante obra consiga tener una incidencia positiva en el tratamiento legal del expolio arqueológico, es decir, que llegue a servir a la sociedad.

Porque eso es lo nuestro, el servicio a la sociedad. Trabajamos con los bienes culturales para conseguir mejorar los modelos de tutela, los modos de tratarlos y difundirlos y las maneras de protegerlos, con el único y exclusivo fin de que esos bienes culturales lleguen a

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Mª Ángeles Querol

ser conocidos y disfrutados por la sociedad. Pero, ¿qué va a llegarle a la sociedad, a la gente, si en el razonable camino yacimiento arqueológico/investigación/ conocimiento/difusión se interpone la mala voluntad de personas dedicadas a destrozar yacimientos e inutilizarlos para la investigación con el solo fin de lucro personal o, peor aún, por motivos ideológicos difícilmente comprensibles? Nos cuentan que el mercado ilícito de obras de arte o de piezas procedentes de expolio arqueológico mueve tanto dinero internacional como el de las drogas o las armas, y que ese mercado ilícito es tan antiguo y tan imposible de detener como el de la prostitución o la trata de personas; nos dan esperanzas publicando sucesivas y numerosas leyes y firmando imaginativos tratados internacionales de restitución, acuerdos de devolución o declaraciones de buenas voluntades tan utópicas como los Principios Internacionales que deberán aplicarse a las Excavaciones Arqueológicas, documento firmado en 1956 por la UNESCO, en el que puede leerse: 32. En caso de conflicto armado, todo Estado Miembro que ocupara el territorio de otro Estado debería abstenerse de realizar excavaciones arqueológicas en el territorio ocupado. En caso de descubrimientos fortuitos, especialmente con motivo de trabajos militares, la potencia ocupante debería adoptar todas las medidas posibles para proteger dichos hallazgos, y entregarlos, al terminar las hostilidades, a las autoridades competentes del territorio antes ocupado, junto con la documentación respectiva.

En ese mismo documento, o en otros elaborados en las siguientes décadas, las iniciativas de lucha contra el expolio resultan constantes: medidas contra las excavaciones clandestinas, principios sobre la obligación de declarar los hallazgos casuales, preocupación por el comercio de piezas de procedencia dudosa o por el uso cada vez más extensivo de los detectores de metales, etc.

Mientras tanto, los procedimientos para el expolio van siendo cada vez más sofisticados y en el mundo académico la escasa investigación sobre el tema se limita a aspectos teóricos. En ese contexto es en el que se introduce la obra pionera de Ana Yáñez que, sin menospreciar las cuestiones teóricas, se centra en la práctica al estudiar determinados casos de expolio que se han producido en las últimas décadas en nuestro país, analizar sus causas y proponer, concluyendo,

Prólogo

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una serie de cambios tanto en la legislación como en los procedimientos administrativos, que podrán servir para mejorar la situación del Patrimonio Arqueológico. Que podrán servir a la sociedad.

Porque esa es nuestra vocación, la que yo le enseñé a Ana, la que ella me remarcó y en la que estamos metidas unas pocas personas — nunca en número suficiente— peleándonos entre la utopía y las realidades, entre los deseos y la frustración, pero siempre con la luz de la esperanza encendida: esperanza en que la gente joven que nos escucha y que nos lee —a veces, por qué no decirlo, obligadamente— recoja mañana estos granos de arena tan difícilmente creados y construya con ellos un poco de cemento que sirva para sujetar aquellas utopías y estos sueños.

Gracias, Ana, por acompañarme. Gracias por empujarme un paso más. Gracias por hacerme sentir orgullo, gracias por tu trabajo y, sobre todo, gracias por tu amistad.

Mª Ángeles Querol Catedrática de Prehistoria Universidad Complutense de Madrid

PLANTEAMIENTOS El régimen jurídico del Patrimonio Cultural es una esfera del derecho administrativo que puede integrar una gran diversidad de perspectivas. Por una parte, su vinculación con otros ámbitos sectoriales como el urbanismo, la ordenación territorial y la gestión medioambiental, entre otros, permite establecer conexiones y paralelismos que enriquecen su estudio y posibilita abrir nuevos campos de investigación. Por otra, sobre los bienes históricos se ejercitan múltiples potestades administrativas (expropiatoria, sancionadora, tributaria, inspectora, etc.) y las diferentes problemáticas que se plantean ofrecen un panorama de indudable interés: autorizaciones administrativas, declaraciones de utilidad pública, articulación de la participación ciudadana, distintos procedimientos administrativos, planes urbanísticos, mecenazgo, etc.

La bibliografía sobre esta temática es muy amplia, bastando en este momento la cita de las siguientes referencias: ALEGRE ÁVILA (1994a); ALONSO IBÁÑEZ (1992); BARRERO RODRÍGUEZ (1990); BERMÚDEZ SÁNCHEZ (2003); CORTÉS BECHIARELLI, GARCÍA CALDERÓN y GUISASOLA LERMA (2005); FERNÁNDEZ TORRES, PRIETO DE PEDRO y TRAYTER JIMÉNEZ (2014): MARTÍN REBOLLO (1994); PRIETO DE PEDRO (2006); ROMA VALDÉS (2008); VAQUER (1998). Por ello no es fácil elegir un tema para abordar su estudio en profundidad y renunciar, al menos por el momento, a buscar visiones globales siempre útiles y necesarias.

En este esfuerzo por concretar, los bienes arqueológicos se presentan como una muy buena opción; el Patrimonio Arqueológico está más vivo que nunca y ofrece al investigador del derecho muchos ámbitos en los que profundizar y mejorar las regulaciones en vigor, como se comprobará en las páginas que siguen.

En la actualidad, el concepto jurídico de Patrimonio Arqueológico es una amalgama de definiciones recogidas tanto en la Ley del Patrimonio Histórico Español como en las diecisiete leyes autonómicas sobre bienes culturales. Pese a que cada una de ellas lo ha delimitado y hay ciertos matices diferentes, dos son los rasgos que conforman la esencia jurídica del Patrimonio Arqueológico:

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Ana Yáñez

1. El carácter histórico de los bienes que lo componen. Aunque prácticamente todas las normas sobre Patrimonio Cultural aluden al valor arqueológico, para comenzar este trabajo se ha optado por incidir en el carácter histórico, que se considera omnicomprensivo del resto de los valores. Así, además, se pone en primera línea la dimensión histórica de este tipo de bienes y no sólo la arqueológica. El carácter histórico poca relación guarda con la antigüedad de los bienes y con la funcionalidad de la que se les dotó cuando fueron creados. Prescindiendo, por tanto, de estos dos contenidos para integrar la definición del Patrimonio Arqueológico, se ha equiparado el ‘carácter histórico’, por lo que a los bienes arqueológicos se refiere, con la pérdida del contexto en que dichos bienes surgieron. Así, tendrán carácter histórico aquellos bienes, muebles, inmuebles o inmateriales, con independencia del lugar en que se encuentren (superficie, subsuelo, mar territorial o plataforma continental), cuyo contexto social ha desaparecido y precisan de una reconstrucción de las condiciones y circunstancias en que surgieron y en que dejaron de ser utilizados.

2. La susceptibilidad de su estudio con metodología arqueológica.

Por otra parte, la metodología arqueológica, como noción clave que define lo que es un bien arqueológico, presenta algunos inconvenientes relacionados sobre todo con la dificultad de establecer cuáles de los métodos utilizados por la arqueología son de utilización exclusiva por dicha ciencia y cuáles comparte con otras disciplinas del conocimiento científico. Partiendo de la base de que la metodología arqueológica no puede significar lo mismo para la arqueología y para el derecho, se proponen dos interpretaciones que dan idénticos resultados: por un lado, que la susceptibilidad de análisis con metodología arqueológica de los bienes arqueológicos se entienda como necesidad de dicho estudio, aunque también puedan usarse otros métodos científicos, para que los bienes cumplan con la función de proporcionar datos que permitan avanzar en el conocimiento de las sociedades del pasado. Por otro lado, que la susceptibilidad de investigación con metodología arqueológica se interprete en un sentido estricto, refiriéndose sólo a aquellas actuaciones que precisen de una autorización administrativa para llevarse a cabo.

Esta forma de definir desde una perspectiva jurídica el Patrimonio Arqueológico pone de relieve la naturaleza dual de los vestigios arqueológicos: por un lado, son bienes históricos y participan de sus

Patrimonio arqueológico y derecho sancionador

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características y de su regulación, pero por otro, mantienen una cierta separación que se refleja en un régimen jurídico característico, con peculiaridades propias y mecanismos de protección diferenciados. A lo largo del tiempo y, fundamentalmente, desde comienzos del siglo XIX, el régimen jurídico de los bienes arqueológicos afianzará sus bases sobre la necesidad de autorización para intervenir en ellos, la instauración de un sistema de hallazgos casuales y su demanialización.

Esos tres rasgos, además del deber de conservación por parte de sus propietarios, son los pilares actuales del régimen jurídico de protección del Patrimonio Arqueológico. Sin embargo y pese a lo extenso de la regulación jurídica actual, en los medios de comunicación siguen apareciendo, de manera constante, noticias sobre atropellos contra la integridad de estos bienes y a los tribunales continúan llegando casos que ponen al descubierto la fragilidad del sistema. Por ello, la reflexión que se realiza en este trabajo tiene como objetivo exponer de forma monográfica cuáles son las herramientas jurídico-sancionadoras que tenemos a nuestro alcance para reaccionar cuando se realizan actividades dañinas para los bienes arqueológicos. Se trata, por consiguiente, de investigar sobre las diferentes medidas sancionadoras que nuestro ordenamiento jurídico-administrativo recoge en este sector y con las que hacer frente a las actuaciones ilícitas contra el Patrimonio Arqueológico.

Al ser el ámbito del Patrimonio Histórico objeto de competencias compartidas entre el Estado y las Comunidades Autónomas, el resultado del ejercicio de dichas competencias es un ordenamiento jurídico con disposiciones estatales y autonómicas y con Administraciones Públicas con potestades para gestionar el interés general de la protección de los bienes históricos, entre las que se incluyen las potestades sancionadoras. No existe un modelo único de organización pública dedicada al ámbito sancionador del Patrimonio Histórico, sino que en cada Autonomía se han seguido patrones distintos en función de su propia idiosincrasia. Y aunque la atribución de la potestad sancionadora haya que buscarla en los diferentes Estatutos de Autonomía o en las leyes de Gobierno y Administración Pública de cada Comunidad Autónoma, todas las leyes sobre Patrimonio Histórico o Cultural han determinado a qué concreto órgano le corresponde imponer las sanciones. De acuerdo con lo anterior, además de órganos autonómicos, intervienen otros (cabildos y consejos insulares, ayuntamientos,

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Ana Yáñez

instancias provinciales), en función de las opciones tomadas por cada Comunidad Autónoma.

Superado el escollo de enlazar el concepto de Patrimonio Arqueológico con el ámbito sancionador, la investigación se centra en analizar el régimen jurídico sancionador aplicable a los bienes arqueológicos en función de tres parámetros clásicos de estudio: las conductas infractoras, la culpabilidad y los sujetos responsables y las consecuencias jurídicas vinculadas a la comisión de infracciones. Aunque estos aspectos están muy relacionados entre sí y en ocasiones no es fácil establecer divisiones estrictas, a efectos expositivos se han mantenido separados para sistematizar mejor los resultados obtenidos.

Fuera de este estudio han quedado el Patrimonio Arqueológico subacuático y los delitos contra los vestigios arqueológicos puesto que, pese a la indudable conexión con el tema aquí desarrollado, se trata de cuestiones que deben ser abordadas, entre otras, desde la perspectiva del derecho internacional y del derecho penal.

Por último, conviene señalar que este trabajo arranca de planteamientos teóricos, pero con la intención de incorporar el estudio de la aplicación práctica del derecho sancionador a los bienes arqueológicos. Por ello, el material utilizado para la investigación, además de las referencias doctrinales, se compone de las sentencias de diferentes órganos judiciales y del Tribunal Constitucional, así como de los expedientes sancionadores que se han podido consultar directamente en sucesivas colaboraciones con diferentes Administraciones Públicas.

Por lo que se refiere a la jurisprudencia, la base del estudio está constituida por 131 sentencias del Tribunal Supremo y de los Tribunales Superiores de Justicia sobre derecho sancionador relacionado con bienes históricos (arqueológicos, pero también otros) y por 116 sentencias de los mismos órganos jurisdiccionales sobre aspectos no sancionadores del Patrimonio Arqueológico. Con ello se ha pretendido conocer no sólo lo que nuestros Tribunales han resuelto en las controversias sobre el concreto tema objeto de estudio, sino también sobre temas colaterales que afectan a los bienes arqueológicos y sobre temas sancionadores que atañen a otros tipos de bienes históricos. Así, se ha logrado una visión general muy útil que ha permitido enmarcar el régimen sancionador de los bienes arqueológicos a través de la jurisprudencia. Si con ello se ha conseguido cubrir un peldaño más en la

Patrimonio arqueológico y derecho sancionador

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escalera del conocimiento jurídico de estos particulares elementos que son los bienes arqueológicos podré darme por satisfecha.

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Nota aclaratoria: se han transformado a euros todas las cantidades que, por razón de la fecha, aparecían en pesetas, para aplicar equivalencias homogéneas.