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Vicent Esteve Carbonell - Jordi Garcés Ferrer - Javier Sánchez García

Tirant Tributario


LA FISCALIDAD DEL BIENESTAR Medidas para recuperar el compromiso de las clases medias en España

Vicent Esteve Carbonell Jordi Garcés Ferrer Javier Sánchez García

Valencia, 2013


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TIRANT TRIBUTARIO Directores:

JUAN LÓPEZ MARTÍNEZ – JOSÉ MANUEL PÉREZ LARA Consejo científico:

JUAN LÓPEZ MARTÍNEZ Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Granada

JOSÉ MANUEL PÉREZ LARA Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Granada

ANTONIA AGULLÓ AGÜERO Catedrática de Derecho Financiero y Tributario de la Universitat Pompeu Fabra

© Vicent Esteve Carbonell Jordi Garcés Ferrer Javier Sánchez García

© TIRANT LO BLANCH EDITA: TIRANT LO BLANCH C/ Artes Gráficas, 14 - 46010 - Valencia TELFS.: 96/361 00 48 - 50 FAX: 96/369 41 51 Email:tlb@tirant.com http://www.tirant.com Librería virtual: http://www.tirant.es I.S.B.N.: 978-84-9033-930-5 MAQUETA: PMc Media Si tiene alguna queja o sugerencia envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia por favor lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-de-empresa nuestro Procedimiento de quejas.


A nuestras familias


Glosario AEAT: Agencia Estatal de Administración Tributaria CCAA: Comunidades Autónomas FAT: Financial Activity Tax (Impuesto sobre la Actividad Financiera) FTT: Financial Transactions Tax (Impuestos sobre Transacciones Financieras) IBI: Impuesto sobre Bienes Inmuebles IRPF: Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas ITP: Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales IVA: Impuesto sobre el Valor Añadido ONG: Organización no Gubernamental PGE: Presupuestos Generales del Estado PIB: Producto Interior Bruto SS: Seguridad Social TIC: Tecnologías de la Información y la Comunicación UE: Unión Europea


Índice Glosario.................................................................................................... 9 Prólogo..................................................................................................... 15 1. INTRODUCCIÓN.............................................................................. 17 2. ESTRUCTURA ACTUAL DE LA IMPOSICIÓN EN ESPAÑA 2.1. Impuestos directos, impuestos indirectos y cotizaciones sociales.. 31 2.2. Fiscalidad ambiental.................................................................... 38 2.3. Impuestos sobre la propiedad...................................................... 38 2.4. Impuestos y crecimiento económico............................................. 43 3. PRINCIPALES LÍNEAS DE LA REFORMA FISCAL EN ESPAÑA..... 45 4. INCENTIVOS A LA TRIBUTACIÓN VOLUNTARIA 4.1. Impuestos finalistas...................................................................... 49 4.1.1. Impuesto sobre Hidrocarburos................................... 50 4.1.2. Impuesto sobre beneficios y salarios de las empresas financieras e Impuesto sobre depósitos bancarios....... 56 4.1.3. Otras medidas tributarias de carácter finalista............ 59 4.2. Tributación en función del uso del bien o del servicio público..... 61 4.2.1. Las tasas..................................................................... 62 4.2.2. Financiación de la red de carreteras en función de su utilización................................................................... 63 4.2.3. Financiación de los servicios públicos de sanidad y educación en función de su utilización........................ 65 4.2.3.1. Desgravaciones fiscales en función del consumo de los servicios de sanidad y de educación.............................................................. 66 4.2.3.2. Cofinanciación de los servicios públicos de sanidad y educación..................................... 70 4.3. Tributación en función de las preferencias individuales............... 76 4.4. Disminución de los tipos impositivos del IRPF............................ 79 5. SUFICIENCIA FINANCIERA 5.1. Propuestas para el aumento de la recaudación por el IRPF.......... 89 5.1.1. Reducción de las rentas exentas.................................. 90 5.1.2. Incorporación de las rentas obtenidas por donación o sucesión hereditaria al ámbito del IRPF...................... 91 5.1.3. Reducción del fraude fiscal en el ámbito del IRPF....... 95 5.2. Propuestas relativas al IBI............................................................ 100


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5.3. Propuestas relativas al impuesto sobre el patrimonio................... 101 5.4. Propuestas relativas al IVA.......................................................... 110 5.4.1. Reducción de las exenciones en las prestaciones de servicios de hospitalización o asistencia sanitaria........ 111 5.4.2. Reducción de las exenciones en las prestaciones relativas a la educación de la infancia y de la juventud..... 113 5.4.3. Aumento tipos impositivos de IVA.............................. 115 5.5. Nuevas ingresos tributarios.......................................................... 118 6. UNA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CONTRA EL FRAUDE FISCAL 6.1. Comunicación estratégica de los resultados de las actuaciones de control del fraude........................................................................ 122 6.2. Estabilidad, claridad y previsibilidad de la norma tributaria........ 123 6.3. Tamaño de la Administración Tributaria..................................... 125 6.4. Unificación de los organismos que gestionan los tributos............. 129 6.5. Lucha contra la economía sumergida y el fraude fiscal................ 132 6.6. Dirección de la Administración Tributaria................................... 142 6.7. Control de los ingresos de los cargos públicos............................. 143 7. CONCLUSIONES............................................................................... 149 Bibliografía............................................................................................... 153


Índice de figuras y tablas Figura 1 Valor catastral - Renta real........................................................ 27 Tabla 1 Estructura de los ingresos tributarios en España en % sobre el PIB (años 2005 a 2010) y en valores absolutos (año 2010)....... 32 Tabla 2 Estructura comparada de los ingresos tributarios en relación al total. Año 2010......................................................................... 33 Índice de ingresos del IVA. Año 2010............................................. 34 Tabla 3 Tipo impositivo general del Impuesto sobre Sociedades. Años 2000 a 2012.............................................................................. 37 Tabla 4 Impuestos sobre la propiedad en % del PIB (años 2000 a 2010) y en valores absolutos (año 2010)............................................. 40 Tabla 5 Hidrocarburos: precios de venta 2007 a 2011........................... 51 Tabla 6 Hidrocarburos: consumos y recaudación devengada y de caja (Millones de euros, salvo indicación)......................................... 52 Tabla 7 Tarifa del IRPF.......................................................................... 80 Tabla 8 Recaudación Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (en miles de euros).............................................................................. 92 Tabla 9 Tarifa estatal del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones........ 94 Tabla 10 IBI. Bienes de Naturaleza Urbana. Periodo 1999-2009.............. 100 Tabla 11 Recaudación del Impuesto sobre el Patrimonio. Cifras absolutas (Millones de euros).............................................................. 103 Tabla 12 Tipos de gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio, sin considerar la escala aprobada por la Comunidad Autónoma............. 105 Tabla 13 Estructura de declarantes, bases liquidables y cuotas en el año 2006 (en miles de euros)............................................................ 106 Tabla 14 Prospección sobre recaudación por el I. sobre el Patrimonio..... 107


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Tabla 15 Estructura de la base liquidable general y cuota íntegra general del IRPF del año 2006 y diferencia de tributación en el supuesto de aplicación de un tipo fijo del 25% (en miles de euros).......... 108


Prólogo El objetivo de los autores, al escribir el libro, es poner de manifiesto que es posible mantener e incluso mejorar el Estado del Bienestar, con el sacrificio de todos y el consenso de la mayoría de la población. Los pilares sobre los que se debe asentar el Estado del Bienestar son una Hacienda fuerte, que proporcione la financiación necesaria y de forma justa y un sistema de controles administrativos y judiciales eficientes que velen porque el dinero se gasta de una forma también justa y eficiente. En cuanto a la forma de conseguir los recursos suficientes para tal fin, existen diversas opciones y multitud de medidas para lograrlo. Nosotros proponemos algunas de ellas porque entendemos que son, al menos, eficaces para la consecución del objetivo perseguido, pero también entendemos que puede haber diversos “coctel” de medidas que integren otras propuestas igualmente válidas. El objetivo de avanzar en el Estado del Bienestar, no es negociable, pero sí que pueden existir diversas de fórmulas para conseguir la financiación del mismo. Este libro tiene únicamente, la pretensión de resaltar la importancia del objetivo a alcanzar y contribuir al debate sobre los medios necesarios para tal fin.


1. Introducción El Estado del bienestar requiere un buen sistema tributario. Las políticas sociales amplias y de calidad son imposibles sin un sistema fiscal potente y justo. Durante mucho tiempo se ha tratado de forma demasiado distante, ambos lados del presupuesto, el del ingreso y el del gasto, cuando son las dos caras de la misma moneda. Si algo queremos, lo tenemos que pagar. Es así de simple. Ahora bien ¿lo queremos? ¿queremos unas políticas sociales amplias y de calidad? La respuesta de la que partimos los autores es que sí. Por políticas sociales entendemos básicamente, las que atañen a la educación y la sanidad por un lado, a las políticas de dependencia y de tercera edad por otro y finalmente, a las políticas de atención al desempleo y pensiones públicas. Aunque estas dos últimas partidas de gasto tienen un sistema específico de financiación y únicamente en casos de crisis como la actual pueden requerir financiación de los Presupuestos Generales del Estado. Si algo se pide de un sistema tributario es que sea suficiente, que sea a la vez justo y que al mismo tiempo sea un buen instrumento de la política económica de un país, que no es poco. En este último aspecto se pide, sobre todo, que sirva al crecimiento económico. En un contexto de crisis como el actual, que sea suficiente significa que proporcione los recursos suficientes para hacer frente al gasto público creciente por efecto del incremento del gasto social. Evidentemente no se trata de una suficiencia anual, sino en el medio y largo plazo. Las insuficiencias que puedan darse en los años de fases negativas en el ciclo económico serán compensadas con deuda pública, que se deberá amortizar con el exceso de ingresos sobre los gastos públicos que se obtendrán en las fases alcistas del ciclo. Que sea justo significa que los sujetos con mayor capacidad económica, soporten en mayor medida la carga impositiva que las capas menos favorecidas de la población. Es decir, que el sistema trate de forma diferente a los sujetos que se encuentran en situaciones económicas diferentes, de tal manera que, aunque sea en cierta medida, tenga un efecto redistributivo. Claro está, esto no se exige de cada uno de los tributos que forman nuestro sistema tributario, sino del sistema en su conjunto, de manera que es perfectamente posible la existencia de impuestos


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directos sobre la renta y de impuestos indirectos, de proporcionales y de progresivos... La distribución de la renta no solamente es positiva desde el punto de vista moral o social, sino también desde el punto de vista económico. No es casual que las sociedades más avanzadas (no solamente en renta per cápita), sean aquellas con mayor distribución de la renta. El crecimiento económico y la inseguridad se repelen entre si y la inseguridad y la pobreza van de la mano. De otro lado, la equitativa distribución de la renta, además de paz social, genera un amplio mercado, bastante uniforme, constituido por una importante clase media, consumidora, ahorradora y con una formación elevada. Ahora bien, es obvio que la distribución de la renta requiere la intervención del Estado. Pero la renta no se distribuye únicamente a través de un sistema tributario más o menos progresivo. Incluso un sistema tributario en el que predominen los impuestos indirectos o los directos proporcionales (con tipos fijos de gravamen), tiene efectos redistributivos, en la medida en la que los que más renta obtienen, consumirán más productos y por tanto pagarán mayores cantidades de impuestos indirectos y también, como la base imponible del impuesto sobre la renta será mayor, la cuota a pagar también será mayor. En este sentido los contribuyentes con mayores rentas contribuirán más que los de menores rentas, al sostenimiento del gasto público. Pero también el Estado interviene en la redistribución de la renta a través de las políticas de gasto, en la medida en la que subvencione con mayor intensidad u ofrezca servicios públicos de forma gratuita o a precios más reducidos a los sujetos con menores rentas. La situación ideal consistiría en disponer de un sistema fiscal, en sus dos vertientes, ingreso público y gasto público, que fuera lo más eficiente posible, tanto desde el punto de vista de su consideración como instrumento de política económica (sobre todo de cara al crecimiento económico estable), como desde el punto de vista de la financiación de un estado del bienestar acorde con las pretensiones de los ciudadanos. Resulta evidente que estos ciudadanos, hoy por hoy pretenden un estado del bienestar mayor que el que disponemos. Hace bastantes años que el sistema tributario español dejó de ser un buen sistema tributario, precisamente por el incumplimiento de los dos requisitos básicos, anteriormente descritos: la suficiencia y


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la equidad. La suficiencia (entendida como la suficiencia a medio y largo plazo) se ha ido perdiendo desde hace bastantes años, con las sucesivas reducciones de tipos impositivos e incentivos fiscales en los impuestos directos sobre la renta de las personas físicas y de las sociedades, con la práctica desaparición de los impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y sobre el Patrimonio y con la falta de corresponsabilidad fiscal en la financiación de las Comunidades Autónomas, a la vez que el gasto público crecía sin freno, en aras de un mejor Estado del Bienestar. En los años previos a la crisis, la fase alcista del ciclo económico supuso un velo que ocultaba el grave problema de falta estructural de recursos públicos para atender el cada vez mayor gasto público demandado por una sociedad que aspira a una mayor calidad de vida. Antes al contrario, se ha llegado a utilizar los impuestos como un instrumento procíclico, en contra de todo el conocimiento económico acumulado, que demanda de un sistema tributario que sirva de instrumento de política económica, de tal manera que en fases depresivas de la economía, baje la recaudación impositiva en mayor medida que la bajada del PIB y que en fases de alto crecimiento económico, los tributos sirvan para “enfriar” la economía. Todo ello al objeto de lograr un crecimiento continuado y sostenible a largo plazo, sin bajadas ni alzas bruscas (sin dientes de sierra en la senda de crecimiento). Ejemplo de dicha política nefasta y advertida en su día por no pocos, fue el mantenimiento de la deducción por adquisición de vivienda o la desgravación extraordinaria por rentas del trabajo, entre otros incentivos fiscales mantenidos o creados en épocas de alto crecimiento económico, por no hablar de las mencionadas rebajas en los tipos impositivos. Este mal comportamiento no solo se dio en el gobierno central, sino también en los gobiernos autonómicos (al menos en algunos de los que hoy están a la cabeza en el ranking del descrédito). Parece que había una carrera por ver qué Comunidad establecía más deducciones en el tramo autonómico del IRPF o mayores bonificaciones en el Impuesto sobre el Patrimonio o en el de Sucesiones o Donaciones. Estas medidas fueron tomadas en medio de las fases más expansivas del ciclo económico y para colmo de males, fue la Comunidad Autónoma más endeudada en aquel tiempo la que se puso al frente de semejante despropósito.


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La insuficiencia de nuestro sistema tributario se evidencia si acudimos a la comparación de las tasas de presión fiscal (porcentaje que representa la recaudación por tributos más cotizaciones a la SS, respecto del PIB) de España, con las del resto de países de la UE. De acuerdo con los datos publicados por EUROSTAT (2012), en el año 2010 la presión fiscal media ponderada de los 27 miembros de la UE se sitúa en un 38,4%, más de un 40% por encima del nivel de Estados Unidos (24,8%) o Japón (26,9%). Los países nórdicos, Suecia, Dinamarca y Finlandia se sitúan por encima del 47%. Suecia supera el 50%. Alemania mantiene una presión fiscal del 38,1% y Francia e Italia superan el 42%. En el año 2010, España mantiene una presión fiscal del 31,9%, que supone colocarse en el puesto 18º del ranking de la UE. Es de los porcentajes más bajos entre los estados miembros occidentales, junto con Irlanda (28,2%), Grecia (31,0%) y Portugal (31,5%). España alcanzó su máximo en 2007, el 37,1%, situándose en la media aritmética de la UE. Durante los años posteriores, España experimentó un fuerte impacto de la crisis económica. Los ingresos tributarios cayeron desde un máximo del 37,1% del PIB en 2007 a un nuevo mínimo de sólo 30,7% en 2009, y aumentaron ligeramente en 2010 hasta 31,9%. Ello pone de manifiesto la insuficiencia de nuestro sistema tributario, que permanecía oculta tras el velo del “boom inmobiliario”. Una vez cae en picado el sector de la construcción, caen de la misma manera los ingresos tributarios. Tan revelador de la insuficiencia de nuestro sistema tributario es que, en plena crisis, nuestra presión fiscal se sitúe entre las bajas de la UE, como que en los años de mayor crecimiento económico (burbuja inmobiliaria) y, por tanto, de plena actuación de los estabilizadores automáticos (aplicación de tipos impositivos del IRPF más elevados), apenas nos situáramos en la media comunitaria. Se acaba de publicar por parte de EUROSTAT los datos para 2013 (EUROSTAT 2013) y no hacen más que afirmar la tendencia observada. La presión fiscal en España ha descendido un poco hasta situarse en el 31,4% en el año 2011, frente a una presión fiscal media ponderada de la UE del 38,8%. Muy relacionado con la suficiencia del sistema, se encuentra la equidad o justicia que del mismo se demanda. El sistema tributario español


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ha venido perdiendo equidad a marchas forzadas, prácticamente desde que se implantó la reforma fiscal de Fuentes Quintana a finales de los años setenta del siglo pasado. Dicha pérdida de equidad por el lado del sistema tributario, no se ha visto compensada de forma suficiente, por una mayor redistribución de la renta por el lado del gasto. El IRPF pasó desde un tipo marginal (máximo) del 56% a un tipo del 45% hasta que motivados por la actual crisis, los gobiernos han vuelto a incrementarlos (hasta el 52% de forma transitoria para los años 2012 y 2013). Pero al mismo tiempo, una cada vez mayor parte de la renta de los ciudadanos ha pasado a tributar a unos tipos fijos especiales (15, 18, 21%) aplicable a las rentas del capital, mientras que las rentas del trabajo o empresariales han mantenido el esquema general de tributación según una escala progresiva. Sin embargo las rentas empresariales han logrado escapar de esa mayor tributación por la vía de los incentivos fiscales, de la interposición de sociedades (las sociedades tributan como máximo al 30% en la actualidad) y del fraude fiscal. El Impuesto sobre Sociedades también ha sufrido una disminución continuada en el tiempo, de los tipos impositivos y una ampliación de los supuestos de rentas exentas o deducciones de la cuota. En gran parte ello ha sido motivado y casi impuesto por la competencia fiscal internacional. En un entorno globalizado en el que los países bajan tipos o dan facilidades a la inversión extranjera, España ha entrado en esa guerra, adoptando conductas tendentes a las reducciones impositivas. Por el contrario, los impuestos indirectos habían incrementado sus tipos impositivos: El tipo general del IVA, desde su implantación en España, pasó del 12 al 16%; en julio de 2010 subió hasta el 18% y finalmente ha alcanzado el 21% en septiembre de 2012; los impuestos especiales (hidrocarburos, tabaco, alcohol, electricidad...) vienen aumentando, también los tipos. Como pone de manifiesto Gutiérrez Lousa (2005), en su artículo titulado “ética y fiscalidad”, las encuestas que periódicamente se vienen realizando sobre la justicia del sistema fiscal español, revelan una constante percepción de que el sistema es injusto: “Una encuesta del IEF (Instituto de Estudios Fiscales, 2002) constata que solamente se reconoce la justicia y equidad del sistema fiscal porque permite el acceso universal a la oferta pública de servicios y prestaciones (60 por


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100). Pero no se reconoce la justicia o equidad de dicho sistema en otros aspectos: ni pagan más los que más tienen (31 por 100), ni trata mejor a los desfavorecidos (44 por 100). Esta constante percepción de falta de equidad del sistema fiscal está directamente relacionada con actitudes desfavorables hacia el sistema fiscal y más favorable al fraude fiscal (Spicer y Becker, 1980). Esta percepción de injusticia, por otra parte, puede ser tanto causa como efecto del fraude. Así, los ciudadanos que perciben injusticia en el sistema fiscal justifican su comportamiento fraudulento como mecanismo de reparto más equitativo de la carga fiscal lo que legitima su comportamiento y evita los sentimientos de culpabilidad. Por otro lado, los ciudadanos que cumplen con sus deberes perciben que el sistema fiscal es injusto al permitir que otros ciudadanos no contribuyan (Spicer y Lundstedt, 1976; Dean et al., 1980, y Spicer y Becker, 1980)”. También constata el autor, en su artículo, que la mayoría de los encuestados perciben que pagan más impuestos que el valor de lo que reciben a cambio. De muy poco sirve tener la mejor legislación fiscal del mundo, si entre la ciudadanía permanece dicha percepción de injusticia del sistema tributario. El equilibrio siempre es inestable por definición. El sistema tributario se encuentra en una situación que ni siquiera llega al equilibrio inestable. ¿Por qué los ciudadanos pagan los impuestos? Todas las razones se podrían resumir en tres: Primera, por el temor a las sanciones que aplica el Estado si no se pagan o lo que es lo mismo, por la percepción que tenga el ciudadano de que si incumple podrá ser descubierto y castigado por ello; segunda, por el convencimiento de que los demás también están pagando y por tanto, el ciudadano piensa que se va a aprovechar de ese fondo común al que están contribuyendo los demás y tercera, por la percepción de que la Administración gasta el dinero de forma adecuada. En el momento se produzca un fallo en alguna de dichas dos razones, el sistema tributario se desmorona. Es mucho más fácil para el Estado controlar las razones coactivas, pues el establecimiento de sanciones y la política represora dependen directamente de él. Sin embargo la segunda razón por la que se pagan los impuestos es mucho más subjetiva, depende de la percepción que tenga el ciudadano, de la justicia del sistema tributario que dispon-


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ga el país o territorio de que se trate y sólo indirectamente depende del Estado, en la medida en la que con su actuación pueda influir en aquella percepción. De tal manera, que si el ciudadano percibe que el sistema tributario es injusto, porque los demás no contribuyen como debieran, dicho ciudadano defraudará con mayor facilidad, a pesar de las sanciones previstas legalmente. En consecuencia, un sistema tributario injusto provocará que se resienta la suficiencia del mismo. Respecto de la tercera razón, se requiere por parte del Estado el establecimiento de un sistema de control del gasto público extenso y eficiente y del fomento de la transparencia de las instituciones. De otro lado, percepción de justicia y justicia real del sistema, son dos variables que van parejas, aunque puede existir algún “gap” temporal entre ambas. Las mejoras en la lucha contra el fraude fiscal o contra la corrupción en el gasto público, pueden transformarse en percepción positiva por el ciudadano al cabo de cierto tiempo. Cuesta cambiar la percepción del individuo acerca de cuál es el funcionamiento de la sociedad al que está acostumbrado. Todo esto, traducido en la práctica diaria, significa que si el ciudadano particular sabe o cree saber que algún conocido suyo, con mayor nivel de renta, apenas paga impuestos, dicho ciudadano evitará pagarlos en cuanto se le presente la ocasión. Pero no sólo actuará así cuando vea que los que más ganan no pagan lo que deben, sino en general cuando observe que sus semejantes hacen trabajos “en negro”, que cuando encarga una reforma de su casa, una reparación de una tubería o una pequeña instalación, el profesional le indica que si quiere una factura le tiene que cobrar, además, el IVA o que, directamente, si es con IVA, tendrá que buscarse a otro que le haga el trabajo. Existen ejemplos prácticos que pueden ayudar a la comprensión del fenómeno: Imaginemos una situación en la que un número de personas se encuentran “haciendo cola” para entrar en un urinario público móvil, de los que funcionan con monedas (del tipo de urinarios que se colocan provisionalmente en las zonas públicas de las ciudades con ocasión de la celebración de actividades al aire libre). Si la persona que sale del urinario no deja que se cierre la puerta y ofrece entrar sin pagar a quien va detrás, y así sucesivamente, es probable que ninguna de las personas que se encuentren en la cola pague lo estipulado por acceder al mismo, incluso sabiendo que deben pagar. Si toda la gente


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cumple con su obligación de pagar por el uso, hasta llegar el turno a alguien con disposición a no hacerlo, muy probablemente, este último también pague por la entrada. Es muy difícil para un país llegar a un cierto punto de equilibrio en el que un ciudadano crea que su vecino está contribuyendo en la misma medida que él, al sostenimiento del gasto público. Sin embargo es muy fácil perder dicho equilibrio. Si en el ejemplo del urinario, una sola de la personas dejara de pagar por entrar al mismo, probablemente a partir de ella nadie más seguiría pagando. Sería muy difícil romper esa dinámica, se necesitaría que una persona muy concienciada de sus deberes ciudadanos se encontrara en la cola y decidiera dejar que la puerta se cerrase e introducir la moneda exigida. Esto sería más probable si en la cola se encontrase un turista alemán o nórdico, ya que tienen una conciencia de lo público más positiva y consolidada. En definitiva, para un sistema tributario dado, la recaudación tributaria será mayor cuanto mayor sea la percepción de efectividad del sistema represor de la Administración Tributaria (vertiente coactiva) y también será mayor cuanto mayor percepción de justicia del sistema se tenga. Desde nuestro punto de vista, a nivel teórico nadie duda de que los impuestos directos, como el impuesto progresivo sobre la renta de las personas físicas son más equitativos que los impuestos indirectos, porque estos últimos gravan de forma proporcional a los consumidores, sin diferenciar en función de su nivel de renta, a diferencia de aquellos que gravan de forma progresiva la renta de los ciudadanos. Mientras que la obtención de renta supone una manifestación directa de la capacidad económica del individuo y, por tanto de su capacidad de contribuir, el consumo de determinados bienes o productos supone una manifestación indirecta y, por tanto, menos certera de dicha capacidad económica. Sin embargo, en la práctica sería muy difícil defender tal afirmación, por cuanto, por un lado, el impuesto sobre la renta discrimina en gran medida en función de la fuente de obtención de la misma, beneficiando a quienes obtienen rentas del capital y por otro lado, la combinación entre la notable propensión al fraude fiscal instaurada en nuestra sociedad y el diferente grado de control que afecta a cada


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uno de los distintos tipos de rentas perjudica a aquellos que obtienen rentas del trabajo. ¿Podemos pasar de la percepción a la afirmación? ¿Podemos decir que existe un elevado nivel de fraude en el IRPF y además probar dicha afirmación? A tal fin, no podemos preguntar a la gente si defrauda en sus impuestos y cuánto, porque con toda probabilidad mentiría, pero sí que podemos acudir a métodos indirectos para acercarnos a la verdad. Proponemos el siguiente: Vamos a estudiar la correlación que pueda darse entre valor de vivienda habitual del individuo, con su renta declarada, distinguiendo además la ocupación principal del contribuyente (empresario, profesional, trabajador, pensionista, rentista, etc.). La idea es poner de manifiesto si los contribuyentes con rentas más altas o cuyas rentas proceden fundamentalmente del ejercicio de actividades económicas (aunque sea a través de sociedades interpuestas) eluden tributar en mayor medida que los demás y determinar en qué rama de la actividad económica se produce más fraude tributario. Estimamos que el valor catastral de la vivienda principal va a ser un buen indicador de la renta real del individuo. Es un hecho, que en principio no requiere mayor comprobación, que la gente más rica disfruta de viviendas más caras que la gente menos rica. Es cierto que podemos encontrar excepciones, pero serán eso, excepciones a la norma general, por lo que si se elige una muestra de un tamaño adecuado, donde además se eliminen los casos extremos, los resultados del estudio se pueden considerar irrefutables. Podríamos decir pues, que el valor catastral de la vivienda habitual depende de forma directa, de la renta real del individuo. El análisis de dicha correlación requeriría una labor de investigación, encuestas anónimas con entrevistados creíbles. El estudio a realizar consistiría en elegir contribuyentes, tomar como datos sus bases imponibles declaradas a lo largo de varios años (para evitar posibles efectos estacionales que influyeran en un año determinado más que en otros), así como un valor estándar de la vivienda y útil a efectos de comparabilidad, como podría ser el valor catastral del inmueble en los mismos años, con independencia de que éste sea de su propiedad o no (la vivienda puede ser alquilada o pertenecer a una sociedad patri-


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monial, etc.). Agruparíamos los contribuyentes en unidades familiares con la misma composición y dentro de cada grupo, ordenaríamos a los contribuyentes en función de la renta declarada. En una situación de ausencia de fraude fiscal, los valores catastrales de la vivienda, tendrían que presentar aproximadamente, el mismo orden. En la medida en la que no podamos establecer una buena correlación entre el valor catastral y la renta declarada, habremos acreditado la existencia de fraude fiscal, cuya dimensión dependerá de la mayor o menor correlación existente. Si además queremos conocer qué tipo de contribuyentes (empresarios, profesionales, trabajadores, rentistas, etc.) defraudan más o menos, se deberán obtener datos sobre la dedicación principal de los individuos consultados. Así pues, la información sobre la fuente principal de renta también permitirá reconocer el grado de fraude en función del origen de las rentas. Si se confirma la hipótesis de partida de que el fraude se concentra en los contribuyentes cuyas principales fuentes de renta son los rendimientos de actividades empresariales o profesionales, incluyendo los que ejercen dicha actividad a través de sociedades familiares, veremos distanciarse las observaciones realizadas con estos contribuyentes, respecto de las observaciones realizadas con los que obtienen rentas del trabajo y además esa distancia tendrá siempre el mismo signo (para iguales rentas que los trabajadores, les corresponderá un valor catastral de la vivienda mayor). Los profesionales dedicados a la asesoría fiscal y a la presentación de declaraciones por el IRPF podrían realizar el estudio de forma científica, de una forma sencilla y rápida, aunque en algunos casos la muestra podría ser limitada. Por supuesto, la Agencia Tributaria podría realizar el estudio, no ya a través de encuesta, puesto que tiene datos certeros sobre la totalidad de la población. De todas maneras, sin necesidad de realizar una investigación como tal, cualquier persona podía realizar aproximaciones en base a datos propios y de personas cercanas a los que pueda tener acceso. Una vez obtenida, siquiera fuera de forma aproximada, la información necesaria, solo restaría dibujar un gráfico, con dos ejes perpendiculares, el de ordenadas y el de abscisas, uno de ellos recogería el valor catastral (o cualquier otro valor comparable) de la vivienda y el otro recogería el

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