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La Ley de Seguridad Interior, es uno de los últimos eslabones de esa cadena que conduce a la subordinación en temas de seguridad a los Estados Unidos y a la militarización del país. Es el ejemplo conspicuo del rechazo a una política de seguridad y justicia vernácula fundamentada en el orden constitucional y los derechos humanos. Como apreciaremos en las páginas que siguen la Ley de Seguridad Interior privilegia los elementos inconstitucionalmente coactivos, desprecia la garantía efectiva de los derechos humanos, trastoca el orden constitucional nacional, menoscaba el federalismo y la autonomía municipal, abandona la transparencia y la rendición de cuentas, y somete la función del Estado y la vida social a las fuerzas armadas.

Coordinador

ALTA CALIDAD EN INVESTIGACIÓN JURÍDICA

JAIME CÁRDENAS GRACIA Coordinador

LEY DE SEGURIDAD INTERIOR LEY DE SEGURIDAD INTERIOR

El gobierno de los Estados Unidos desde el año 2002 incorporó de facto a México al Comando Norte.

Posteriormente, Vicente Fox firmó el ASPAN (Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte) que integró no sólo la política castrense a Norteamérica sino también la social y económica.

Durante el gobierno de Felipe Calderón con el inició de la “guerra contra el narcotráfico” se potenció la integración en temas de seguridad con América del Norte mediante la Iniciativa Mérida, y con Peña Nieto, se consolidó totalmente esa subordinación a los Estados Unidos, tanto con las reformas estructurales como con la concepción impuesta por el vecino del norte para que nuestro país forme parte plena de la seguridad nacional de los Estados Unidos.

monografías

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Jaime Cárdenas Gracia

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LA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR

COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig

Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia

Ana Cañizares Laso

Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Málaga

Jorge A. Cerdio Herrán

Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México

José Ramón Cossío Díaz

Ministro de la Suprema Corte de Justicia de México

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot

Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

Owen Fiss

Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)

José Antonio García-Cruces González

Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED

Luis López Guerra

Juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid

Ángel M. López y López

Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla

Marta Lorente Sariñena

Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid

Javier de Lucas Martín

Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia

Víctor Moreno Catena

Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid

Francisco Muñoz Conde

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Angelika Nussberger

Jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de Colonia (Alemania)

Héctor Olasolo Alonso

Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)

Luciano Parejo Alfonso

Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid

Tomás Sala Franco

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia

Ignacio Sancho Gargallo

Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España

Tomás S. Vives Antón

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia

Ruth Zimmerling

Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)

Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales

LEY DE SEGURIDAD INTERIOR

JAIME CÁRDENAS GRACIA Coordinador

Ciudad de México, 2019

Copyright ® 2019 Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito del autor y del editor.

En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch México publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com/mex/

© Jaime Cárdenas Gracia

© EDITA: TIRANT LO BLANCH DISTRIBUYE: TIRANT LO BLANCH MÉXICO Río Tiber 66, Piso 4 Colonia Cuauhtémoc Delegación Cuauhtémoc CP 06500 Ciudad de México Telf: +52 1 55 65502317 infomex@tirant.com www.tirant.com/mex/ www.tirant.es ISBN: 978-84-9190-737-4 MAQUETA: Tink Factoría de Color Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-de-empresa nuestro procedimiento de quejas.

Responsabilidad Social Corporativa: http://www.tirant.net/Docs/RSCTirant.pdf

A MarĂ­a de la Luz, mi compaĂąera

JAIME FERNANDO CÁRDENAS GRACIA Doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México con Mención Honorífica, y por la Universidad Complutense de Madrid con Mención Cum Laude. Tiene especialidades en Derechos Humanos por la Universidad Complutense y en Ciencias Políticas por el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid. Ha sido Visiting Fellow en la Universidad de Yale y Visiting Researcher en la Universidad de Georgetown. Es Investigador del CONACYT, nivel III. Ha recibido distintos premios y reconocimientos como el Premio Anual Ignacio Manuel Altamirano en 1994 y el Premio Nacional de Periodismo en 2004. Fue invitado como experto del grupo internacional que revisó los insumos técnicos que apoyaron la instalación de la Asamblea Constituyente en Bolivia en el año 2006. Fue Consejero Electoral del Consejo General del Instituto Federal Electoral 1996-2003.

Consejero de la Judicatura del Distrito Federal 2007-2008. Diputado Federal del 2009-2012. Diputado Constituyente de la Ciudad de México 20162017. Actualmente se desempeña como Investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y Profesor de la Facultad de Derecho de esta Universidad. Sus libros en los dos últimos años son: 1) El modelo jurídico del neoliberalismo, México, UNAM-Flores, 2016; 2) Del Estado absoluto al Estado neoliberal, México, UNAM, 2017; y, 3) La Constitución de la Ciudad de México. Análisis crítico, México, Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República-UNAM, 2017; y, 4) La nulidad de la elección presidencial, México, Tirant lo Blanch, 2018.

Índice Introducción.............................................................................................. 13

Capítulo primero

¿Por qué se aprobó una Ley de Seguridad Interior?................................... 23 Jaime Cárdenas Gracia

I. El Estado constitucional y democrático de Derecho y el papel de las fuerzas armadas........................................................................ 23 II. La Ley de Seguridad Interior es compatible con el Estado neoliberal.................................................................................................. 31 III. La Ley de Seguridad Interior. El último eslabón para la militarización de México y la construcción del Estado policíaco-militar....... 36 IV. La demanda externa para la aprobación de la Ley de Seguridad Interior.......................................................................................... 42 V. Conclusiones.................................................................................. 49

Capítulo segundo

¿Qué es la seguridad interior? Sus diferencias con la seguridad pública y la seguridad nacional........................................................................... 53 Jaime Cárdenas Gracia I. Introducción.................................................................................. 53 II. Los antecedentes de la seguridad interior en el ordenamiento nacional............................................................................................. 63 III. La Guardia Nacional (Chust y Marchena, 2007, pp. 223-245)...... 66 IV. La ambigüedad e inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior al definir las materias de su objeto.......................................... 68 V. Las facultades de seguridad pública en la Ley de Seguridad Interior................................................................................................ 74 VI. La inoperancia de la jurisprudencia derivada de la acción de inconstitucionalidad 1/96.................................................................. 76 VII. Conclusiones.................................................................................. 79

Capítulo tercero

La invalidez de la Ley de Seguridad Interior.............................................. 83 Jaime Cárdenas Gracia

I. Los antecedentes legislativos de la Ley de Seguridad Interior......... 83 II. Los defensores de la Ley de Seguridad Interior sin argumentos...... 92

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Índice

III. La invalidez genérica de la Ley de Seguridad Interior..................... 94 IV. Las inconstitucionalidades e inconvencionalidades concretas de la Ley de Seguridad Interior............................................................... 101 V. Conclusiones.................................................................................. 117

Capítulo cuarto

Análisis de la sentencia dictada en el juicio de amparo indirecto 118/2018..... 119 Jaime Cárdenas Gracia

I. Introducción.................................................................................. 119 II. Cuestiones sobre la procedencia del amparo.................................. 120 III. El fondo del amparo...................................................................... 124 IV. Las inconstitucionalidades específicas............................................ 129 V. Efectos de la sentencia del amparo indirecto 118/2018.................. 140 VI. Conclusiones.................................................................................. 140

Capítulo quinto

La (in)constitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior.......................... 145 Daniel Márquez Gómez I. Introducción.................................................................................. 145 II. El Ejército: la ambigüedad del término seguridad nacional y sus efectos en el concepto de seguridad interior................................... 149 III. El debate jurídico en torno a la Ley de Seguridad Interior.............. 171 IV. A manera de conclusión: el problema democrático de la seguridad interior........................................................................................... 183

Capítulo sexto

Participación de la Senadora Angélica de la Peña Gómez en el Seminario Ley de Seguridad Interior, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Lunes 12 de febrero de 2018......................................................................... 187 Angélica de la Peña Bibliografía............................................................................................... 193

Introducción En el mes de agosto de 2011, la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional publicaron un interesante documento titulado: “Elementos para la construcción de una política de Estado para la seguridad y justicia en Democracia” (UNAM e Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, 2011). En él se realizaba un diagnóstico sobre los problemas de seguridad y justicia en México. También se proponían soluciones que demandaban un cambio de paradigma en las políticas públicas de seguridad y justicia.

Según el estudio mencionado, los principios rectores de ese cambio implican las siguientes directivas: primacía del régimen constitucional de los derechos humanos, orientación hacia la seguridad humana, racionalización del uso de la fuerza, fortalecimiento del liderazgo civil, primacía de la prevención sobre el control, integralidad de la política para no fragmentar los esfuerzos del Estado, transversalidad para que todas las áreas involucradas se apropien de enfoques y criterios similares, coordinación y subsidiariedad, el establecimiento de metodologías para afrontar los problemas de seguridad y justicia, eficacia y eficiencia en el empleo de los recursos aplicados a los fines, compromiso de todos los partidos políticos con las definiciones torales, máxima rendición de cuentas y transparencia, evaluación constante y responsable de las políticas, y atención prioritaria a quienes enfrentan los mayores riesgos y vulnerabilidad.

Los responsables de la política de seguridad y justicia en el país han desoído los diagnósticos y las propuestas de solución de análisis como el citado. Influidos y presionados por factores geopolíticos han abundado en los elementos represivos de la seguridad y la justicia sin que al momento hayan tenido éxito alguno. El gobierno de los Estados Unidos desde el año 2002 incorporó de facto a México al Comando Norte. Posteriormente, Vicente Fox firmó el ASPAN (Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte) que integró no sólo la política castrense a Norteamérica sino también la social y económica —aún más que la integración comercial derivada del NAFTA o TLCAN—. Durante el gobierno de Felipe Calderón con el inició de la “guerra contra el narcotráfico” se potenció la integración en temas de

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Jaime Cárdenas Gracia

seguridad con América del Norte mediante la Iniciativa Mérida, y con Peña Nieto, se consolidó totalmente esa subordinación a los Estados Unidos, tanto con las reformas estructurales como con la concepción impuesta por el vecino del norte para que nuestro país forme parte plena de la seguridad nacional de los Estados Unidos.

La Ley de Seguridad Interior, es uno de los últimos eslabones de esa cadena que conduce a la subordinación en temas de seguridad a los Estados Unidos y a la militarización del país. Es el ejemplo conspicuo del rechazo a una política de seguridad y justicia vernácula fundamentada en el orden constitucional y los derechos humanos. Como apreciaremos en las páginas que siguen la Ley de Seguridad Interior privilegia los elementos inconstitucionalmente coactivos, desprecia la garantía efectiva de los derechos humanos, trastoca el orden constitucional nacional, menoscaba el federalismo y la autonomía municipal, abandona la transparencia y la rendición de cuentas, y somete la función del Estado y la vida social a las fuerzas armadas.

En este libro sostengo, a propósito de la Ley de Seguridad Interior, las siguientes tesis: 1) Los adversarios de México han sido siempre los intereses geopolíticos del gobierno norteamericano; 2) El gobierno de Estados Unidos ha intentado engañarnos señalando que nuestros enemigos, que en parte lo son, pero más de ellos, residen en el terrorismo y el crimen organizado; 3) La lucha contra las drogas y el crimen organizado ha impuesto a México enemigos que antes no tenía, ha incrementado los índices de violencia en el país, la letalidad por el empleo de las armas, y las violaciones a los derechos humanos; 4) La militarización del país nos conduce a la utilización de las fuerzas armadas en contra de nuestra población, y a situaciones políticas autoritarias en parte superadas en el país; 5) Socialmente, existe una cultura de la impunidad e incentivos para dedicarse al crimen porque el Estado ha descuidado la educación pública con valores cívicos como motor de movilidad social; 6) Tenemos un modelo económico neoliberal que produce cada vez más pobres, sin perspectivas de vida, que son arrastrados por la lógica neoliberal a la precariedad laboral y salarial (Cárdenas Gracia, 2016 y 2017); 7) En concreto, la crisis de inseguridad es política y de gobernabilidad, y no es acertado el diagnóstico que criminaliza a la población; 8) Los recursos humanos (en particular las policías) están subordinados a las fuerzas armadas, están mal remunerados y mal capacitados. Son un reflejo de la pro-

Introducción

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blemática estructural nacional y local; 9) Para atacar el problema de la inseguridad, debemos replantear la independencia de las policías del ejército y emplear los recursos económicos, que son insuficientes y mal distribuidos, en beneficio de las policías, y con una reducción significativa de los recursos a favor del ejército; 10) La buena o mala designación o elección de autoridades locales, influye en su incapacidad o, incluso colusión, con el crimen organizado nacional, regional, y municipal; 11) Propongo el regreso de las fuerzas armadas a sus cuarteles; 12) Los tres órdenes de gobierno deben reasumir sus competencias en materia de seguridad pública; 13) En caso de imposibilidad de esa reasunción de responsabilidades, previas a las sanciones que correspondan, se deben iniciar en las entidades federativas respectivas los procedimientos de suspensión de derechos y garantías; 14) Propongo la invalidez de los acuerdos interinstitucionales en materia de seguridad firmados con el gobierno de los Estados Unidos; 15) Reivindicó una Comisión de la Verdad, electa por los ciudadanos, que investigue las violaciones a los derechos humanos motivados por la presencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública; e, 16) Insisto en la necesaria profesionalización, capacitación y dignificación de las policías del país en los tres órdenes de gobierno.

Antes de la aprobación y publicación de la Ley de Seguridad Interior —21 de diciembre de 2017— diversos grupos sociales y la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas insistieron en los problemas que contenían los dictámenes que se conocían de la Ley de Seguridad Interior y que no fueron resueltos en la versión final de la Ley. Así, se señaló: 1) Que las definiciones de seguridad interior son a tal grado vagas e inciertas que cualquier problema de la vida nacional puede ser caracterizado como de seguridad interior y, en consecuencia, sujeto a la aplicación de la ley; 2) Se permite el uso de la fuerza en contra de manifestaciones; 3) Se restringe el acceso a la información y la protección de datos personales; 4) La ley se puede activar unilateralmente por el Ejecutivo sin contrapesos reales; 5) El Congreso de la Unión no tiene facultades para aprobar una Ley de Seguridad Interior; 6) Se vulnera el artículo 21 constitucional porque se permite a las fuerzas armadas intervenir en acciones de seguridad pública; 7) Se violentan tratados internacionales en materia de derechos humanos ratificados por México, así como recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos que han pedido al

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Jaime Cárdenas Gracia

gobierno mexicano que limite el empleo de las fuerzas armadas en tareas de seguridad; 8) Se perpetúa con la ley de Seguridad Interior un modelo de atención a la seguridad que ha demostrado por doce años ser ineficaz; 9) Se infringe el federalismo y la autonomía municipal; y, 10) Las personas no cuentan con recursos eficaces para impugnar los actos de aplicación del ordenamiento en materia de seguridad interior.

No obstante las advertencias en contra de la Ley de Seguridad Interior y el desastre de la actuación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública ésta se aprobó, a pesar de que como dicen Alejandro Lajous Madrazo y Jorge Javier Romero Vadillo, “las fuerzas armadas llevan dos sexenios —Calderón y Peña— desplazando y sustituyendo a las policías; realizando patrullajes entre la población civil, tareas de investigación y otras actividades para las que no están preparadas y que no les corresponden. Los resultados son catastróficos: la violencia homicida se ha exacerbado y las prácticas institucionales se han degradado, en detrimento de los derechos humanos.

Estos fenómenos coinciden con una disminución de la expectativa de vida de los mexicanos atribuible al alza en homicidios y una auténtica explosión de la tortura en manos de autoridades. La evidencia sobre cuán contraproducente ha resultado la estrategia contra el narcotráfico no ha hecho más que apilarse” (Madrazo Lajous y Romero Vadillo, 2018, pp. 28-29).

Un elemento muy preocupante asociado a la Ley de Seguridad Interior consiste en aducir que la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública será transitoria. Los presidentes mexicanos de los últimos gobiernos han señalado la temporalidad de las fuerzas armadas en esas funciones. Sin embargo, la dura realidad ha desmentido una y otra vez esas declaraciones (López Portillo, 2017, pp. 57-58). Estamos condenados a vivir en un estado de excepción permanente, no sólo porque no contamos con policías capacitados y profesionales en los tres órdenes de gobierno, o porque el gobierno mexicano no ha desarrollado políticas integrales para afrontar la inseguridad, sino fundamentalmente porque estamos atados al paradigma de seguridad nacional de los Estados Unidos.

Este libro que ponemos ha consideración de los lectores se estructura para atender las que consideramos son las principales cuestiones relativas a nuestro objeto de estudio. Una de ellas, es por qué se apro-

Introducción

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bó una Ley de Seguridad Interior, cuáles fueron las razones externas e internas para que el Congreso de la Unión se decidiera por aceptar un marco jurídico regresivo, contrario a los derechos humanos y al orden constitucional. En esta parte abundamos en las causas geopolíticas que propiciaron la Ley de Seguridad Interior.

Recupero un fragmento de Carlos Fazio publicado en La Jornada y titulado “Geopolítica y despojo”. Dice Fazio: “Hace veinte años, la mañana del 23 de octubre de 1995, el Jefe del Pentágono, William Perry, dijo ante la plana mayor del Ejército Mexicano que entre Estados Unidos y México existían fuertes lazos políticos y económicos, pero que faltaba un “tercer vínculo”, el militar. A partir de entonces, promovida por Washington, la sana distancia entre las fuerzas armadas de ambos países comenzó a acortarse…la finalidad de los gobiernos mexicanos bajo la supervisión de los Estados Unidos, ha sido la de desordenar, destruir, reconstruir, reordenar, todas nuestras estructuras constitucionales, legales, políticas, económicas y sociales, para favorecer al gran capital trasnacional por encima de los derechos humanos de las poblaciones y, en contra de los derechos territoriales de la nación mexicana a sus recursos naturales” (Fazio, La Jornada, 26 de octubre de 2015).

A los norteamericanos les interesa por vías diferentes a las que usaron en el pasado proteger sus inversiones e intereses en países como el nuestro. Han decidido para su beneficio tener resguardados en México, los puertos, los aeropuertos, los sistemas que contienen mega datos, pero también las instalaciones energéticas, los recursos mineros, hídricos, entre otros. Es incorrecto suponer que la ley de seguridad interior sólo trata de enfrentar a los cárteles del crimen organizado y de seguir promoviendo la guerra contra las drogas iniciada en el gobierno de Calderón (Baños, 2017, pp. 373 y ss.). La aprobación de la ley de seguridad interior entraña subordinar la seguridad nacional y los recursos de México a los designios geopolíticos de los Estados Unidos, como siempre ha sido, pero ahora con otros medios e instrumentos, que consisten en respaldar y estimular gobiernos neoliberales de diseño policiaco-militar.

La Ley de Seguridad Interior es compatible con el Estado neoliberal y con el Estado policíaco-militar, y es antagónica con el Estado Constitucional y Democrático de Derecho. En éste las fuerzas armadas no deben tener prevalencia permanente sobre los poderes y auto-

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Jaime Cárdenas Gracia

ridades civiles debidamente constituidos. En la parte final del primer capítulo también proponemos reformas alternativas al mantenimiento indefinido de la militarización del país.

Otra cuestión que analíticamente nos parece pertinente consiste en distinguir entre seguridad pública, interior y nacional. La seguridad pública está relacionada con la prevención, investigación y persecución de delitos y faltas y es una competencia exclusiva que corresponde al Ministerio Público y a los policías de los tres órdenes de gobierno, según reza el artículo 21 constitucional, y por tanto no puede ser realizada por las fuerzas armadas. Asumimos que el concepto de seguridad nacional jurídicamente compatible con nuestro ordenamiento constitucional debe tener relación con la planeación democrática, con la propuesta de políticas públicas y soluciones, a cargo inicialmente del presidente de la república y de su Consejo de Seguridad Nacional, pero antes y después competencia de toda la sociedad e instancias públicas, para enfrentar los problemas nacionales con el concurso de los otros poderes de la Unión y los tres órdenes de gobierno. La finalidad de la seguridad nacional es que las instituciones del Estado puedan ejercer sus competencias en un clima propicio, de libertades y derechos para todos los habitantes. No debe ser un concepto militarista sino civilista, y tampoco debe ser un concepto fundamentalmente represivo sino liberal, que debe proyectar a futuro las líneas programáticas y de acción de un gobierno o del Estado para preservarlo, las que deben pasar por el análisis de las instancias deliberativas de carácter social e institucional. En cuanto a la seguridad interior es una atribución del titular del Poder Ejecutivo —artículo 89 fracción VI de la Constitución— que realiza con el apoyo, entre otras, de las fuerzas armadas, pero que por ser una competencia relacionada con la fuerza militar sólo debe emplearse, por un argumento de mayoría de razón, en situaciones excepcionales y con el concurso de los otros poderes de la Unión y de los tres órdenes de gobierno. Las circunstancias extraordinarias para el ejercicio de la seguridad interior devienen de una interpretación gramatical, sistemática y axiológica de la Constitución. Los órganos y procedimientos para la aplicación de la seguridad interior ya están previstos en la propia Constitución, entre otros, en los artículos 29, 76 fracciones IV, V y VI y 119 de la Constitución. La seguridad interior no puede por tanto consistir en lo que ambiguamente define la Ley de la materia en su artículo 2,

Introducción

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cuando dice que la seguridad interior: “…es la condición que proporciona el estado mexicano que permite salvaguardar la permanencia y continuidad de sus órdenes de gobierno e instituciones, así como el desarrollo nacional mediante el mantenimiento del orden constitucional, el Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática en todo el territorio nacional. Comprende el conjunto de órganos, procedimientos y acciones destinados para dichos fines, respetando los derechos humanos en todo el territorio nacional, así como para prestar auxilio y protección a las entidades federativas y los municipios, frente a riesgos y amenazas que comprometan o afecten la seguridad nacional en los términos de la presente ley”.

Desde luego que una parte importante del libro consiste en explicar, describir y analizar los antecedentes legislativos de la Ley de Seguridad Interior, así como exponer los contenidos y las razones de invalidez general y particular de la misma. Estimamos que la jurisprudencia derivada de la acción de inconstitucionalidad 1/96 ya no es aplicable en nuestro país por las reformas constitucionales de 2008 y 2011, por el nuevo modelo de interpretación constitucional y convencional impulsado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la resolución de casos como el dictado en el expediente varios 912/2010 o en la decisión de la contradicción de tesis 293/2011, así como en las recomendaciones que ha emitido la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que consideran incompatible con el Estado Constitucional y Democrático de Derecho el uso ordinario de las fuerzas armadas en tareas de seguridad.

También apreciamos trascendente abundar en la sentencia dictada en el amparo indirecto 118/2018 por el Juez Octavo de Distrito en materia administrativa en la Ciudad de México. Las tesis generales de esa resolución que son muy importantes para las futuras decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consistieron en indicar lo siguiente: Que las fuerzas armadas tienen facultades para participar en la seguridad interior en tiempos de paz, siempre y cuando sean previamente autorizadas a partir de un mandamiento escrito del Presidente Constitucional de los estados Unidos Mexicanos que funde y motive su intervención.

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Que el Presidente de la República está facultado para autorizar a las fuerzas armadas a participar en la seguridad interior del Estado en tiempos de paz mediante la declaratoria de protección a la seguridad interior, siempre y cuando se actualicen circunstancias excepcionales —que si no actúan las fuerzas armadas se producirían los supuestos de emergencia del artículo 29 constitucional, tales como invasiones, perturbaciones graves a la paz pública o cualquier otro supuesto que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto—.

Que la actuación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad interior en tiempos de paz ante circunstancias excepcionales debe regirse por los criterios de impermanencia, temporalidad y delimitación territorial.

Que una vez que el Presidente autoriza a las fuerzas armadas a través de la declaratoria a intervenir en determinadas tareas de seguridad interior en tiempos de paz “será necesario que en las operaciones en las que intervengan estén subordinadas a las autoridades civiles” en todo operativo donde intervengan.

Que la participación de las fuerzas armadas en la seguridad interior en tiempos de paz está subordinada al orden jurídico, de lo cual deriva —en el ejercicio de dichas funciones— el principio de subordinación o sujeción funcional del sistema de mando y de adiestramiento militar a los fines del Estado de Derecho en tiempos de paz.

Que las fuerzas armadas deben respetar los derechos humanos.

Lo que quiere decir que las funciones de seguridad interior no son susceptibles de restringir o suspender el ejercicio de los derechos, so pretexto de que son obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación de inseguridad que amerita su participación, pues el único medio para lograr ese tipo de suspensión extraordinaria en el ejercicio de algunos de los derechos, es la emisión del decreto o declaratoria general a que se refiere el artículo 29 constitucional.

Que existe sujeción de las fuerzas armadas a la autoridad judicial mediante el control judicial reforzado que debe garantizar la protección judicial requerida a los integrantes de la sociedad.

Que el Congreso de la Unión y el Presidente, al regular y autorizar la actuación de las fuerzas armadas en cualquier tarea de seguridad interior, deben respetar el federalismo reconocido en la norma suprema.