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DELITOS CONTRA

EL MEDIO AMBIENTE

Reforma legal y aplicaci贸n judicial

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CONSEJO EDITORIAL M IGU EL Á NGEL C OL L A DO YU R R ITA M A R Í A TER ESA

DE

G ISPERT PA STOR

J OA N E GE A F ER NÁ N DEZ J OSÉ I GNACIO G A RCÍ A N IN ET F R A NCISCO R A MOS M ÉN DEZ S I X TO S Á NCHEZ L OR ENZO J ESÚS -M A R Í A S ILVA S Á NCHEZ J OA N M A N EL TR AY T ER J I M ÉN EZ B EL ÉN N OGU ER A

DE L A

M U EL A

R IC A R DO R OBL ES P L A NA S J UA N J OSÉ TR IGÁ S R ODR ÍGU EZ Director de Publicaciones

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L OS

DELITOS CONTR A EL MEDIO A MBIENTE

Reforma legal y aplicación judicial Jesús-María Silva Sánchez Catedrático de Derecho penal Universidad Pompeu Fabra

Raquel Montaner Fernández Profesora Lectora de Derecho penal Universidad Pompeu Fabra

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Colección: Justicia Penal

Director: Ricardo Robles Planas Profesor Titular de Derecho Penal Universitat Pompeu Fabra

Reservados todos los derechos. De conformidad con lo dispuesto en los arts. 270, 271 y 272 del Código Penal vigente, podrá ser castigado con pena de multa y privación de libertad quien reprodujere, plagiare, distribuyere o comunicare públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo de soporte, sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios.

© 2012 Jesús-María Silva Sánchez y Raquel Montaner Fernández © 2012 Atelier Via Laietana 12, 08003 Barcelona e-mail: atelier@atelierlibros.es www.atelierlibros.es Tel. 93 295 45 60

I.S.B.N.: 978-84-15929-61-1 Diseño y fotocomposición: Addenda, Pau Claris 92, 08010 Barcelona www.addenda.es

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SUMARIO

A BREVIATURAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

NOTA

PREVIA

1. CONSIDERACIONES 2. EL

INTRODUCTORIAS

. . . . . . . . . . . .

15

PRIMER SUBTIPO BÁSICO DEL DELITO CONTRA EL MEDIO

(ARTÍCULO 325, INCISO PRIMERO) . . . . . . . . . 33 2.1. Los elementos del tipo objetivo . . . . . . . . . 34 2.2. La imputación subjetiva . . . . . . . . . . . . . 120 2.3. La consecuencia jurídica: «será castigado con las penas de prisión de dos años a cinco años, multa de ocho a veinticuatro meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a tres años» . . . . . . . . . . . . . . . 127

AMBIENTE

3. EL

325, . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1. «Si el riesgo de grave perjuicio fuese para la salud de las personas» . . . . . . . . . . 3.2. La imputación subjetiva . . . . . . . . . . . 3.3. «la pena de prisión se impondrá en su mitad superior» . . . . . . . . . . . . . . . . . . SEGUNDO SUBTIPO BÁSICO DEL ARTÍCULO

INCISO SEGUNDO

4. EXCURSO: EL

. . 129 . . 129 . . 133 . . 134

DEROGADO DELITO DE EMISIÓN DE RADIACIONES

IONIZANTES DEL ANTERIOR ARTÍCULO

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325.2 . . . . . . . . . 135

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5. LOS TIPOS CUALIFICADOS DEL ARTÍCULO 326 . . . . . . . . 5.1. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2. «Cualquiera de los hechos descritos en el artículo anterior» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.3. «Concurra alguna de las circunstancias siguientes» . 5.4. Las circunstancias concretas . . . . . . . . . . . 5.5. El tipo subjetivo de los tipos cualificados . . . . 5.6. La imposición de la pena superior en grado . . . 6. L A

139 139 141 143 144 165 166

RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS DEL

327 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.1. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . 6.2. El artículo 327 y las penas imponibles a las personas jurídicas . . . . . . . . . . . . . 6.3. Las consecuencias accesorias . . . . . . .

. . . 167 . . . 167

7. LOS TIPOS DEL ARTÍCULO 328 . . . . . . . . . . . 7.1. El delito de establecimiento de depósitos o vertederos del artículo 328.1 . . . . . . 7.2. El delito de explotación de instalaciones peligrosas . . . . . . . . . . . . . . . . 7.3. El delito de gestión peligrosa de residuos . 7.4. El delito de traslado de residuos. . . . . . 7.5. La regla concursal del artículo 328.5 . . . . 7.6. La responsabilidad de la persona jurídica . 7.7. Los subtipos cualificados del artículo 328.7

. . . 181

ARTÍCULO

. . . 168 . . . 176

. . . 181 . . . . . .

189 194 198 202 203 206

338. L A AFECTACIÓN SU RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 330 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.1. La naturaleza del precepto . . . . . . . . . . . 8.2. Su relación con el artículo 330 . . . . . . . . . 8.3. La estructura del artículo 330 . . . . . . . . . . 8.4. El tipo subjetivo . . . . . . . . . . . . . . . . 8.5. La pena del artículo 330. . . . . . . . . . . . .

209 209 212 214 217 218

8. EL

. . . . . .

. . . . . .

TIPO HIPERCUALIFICADO DEL ARTÍCULO

DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS.

9. L A

PRODUCCIÓN DE RESULTADOS LESIVOS PARA LA SALUD

O PARA EL PATRIMONIO.

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O TRAS

CUESTIONES CONCURSALES

. . . 219

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10. BREVE

REFERENCIA A LA RESPONSABILIDAD CIVIL

DERIVADA DE DELITO .

. . . . . . . . . . . . . . . . . 221

11. L A PREVARICACIÓN ESPECÍFICA . . . . . . . . . . . 11.1. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . 11.2. El delito como delito especial: la «autoridad o funcionario público»; los «miembros de organismos colegiados» . . . . . . . . . . 11.3. El tipo objetivo. Las conductas típicas . . . 11.4. El tipo subjetivo . . . . . . . . . . . . . 11.5. Las conductas de participación en el delito del artículo 329 . . . . . . . . . . . . . . 12. L A

. . . 227 . . . 227

. . . 232 . . . 233 . . . 248 . . . 249

CLÁUSULA GENERAL DE COMISIÓN IMPRUDENTE

DE LOS TIPOS .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251

13. O TRAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL HECHO . . . . . . . . 257 13.1. La restauración del «equilibrio ecológico perturbado» en el artículo 339 . . . . . . . . . . 257 13.2. La atenuante cualificada de «reparación voluntaria» del daño. . . . . . . . . . . . . . . 263 BIBLIOGRAFÍA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271

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A BREVIATURAS

ADPCP CDJ CPC GA LECrim LH LOPJ PJ RCP RP REDA REDC SAP STC STS TC TS ZStW

Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales Cuadernos de Derecho Judicial Cuadernos de Política Criminal Goltdammer’s Archiv für Strafrecht Ley de Enjuiciamiento Criminal Libro Homenaje Ley Orgánica del Poder Judicial Revista del Poder Judicial Revista de Ciencias Penales Revista Penal Revista Española de Derecho Administrativo Revista Española de Derecho Constitucional Sentencia de la Audiencia Provincial Sentencia del Tribunal Constitucional Sentencia del Tribunal Supremo Tribunal Constitucional Tribunal Supremo Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft

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NOTA

PREVIA

Esta obra trae causa del libro Silva Sánchez, J.M., Delitos contra el medio ambiente, Valencia (Tirant lo Blanch) 1999. En los doce años transcurridos, sin embargo, se han dado significativas controversias doctrinales, no pocos problemas en la aplicación judicial del delito ecológico y, fundamentalmente, importantísimas reformas legales. Dado el carácter de leyes penales en blanco de la mayoría de los tipos de los delitos ecológicos, las numerosas reformas del Derecho administrativo ambiental han incidido significativamente en la interpretación de aquéllos. Pero, además, la Ley Orgánica 5/ 2010, de 22 de junio, en vigor desde el 23 de diciembre de 2010, introdujo una amplia reforma del Capítulo III del Título XVI del Código penal, relativo a los Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, incrementando las penas al tiempo que extendía el ámbito de las conductas punibles. Finalmente, conviene tener presente que esa misma reforma determinó la existencia en España de un sistema jurídico-material de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Un sistema que resulta aplicable a los delitos contra el medio ambiente. En fin, desde el pasado 1 de noviembre de 20111 se cuen-

1. Fecha de entrada en vigor de la Ley 37/ 2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal, que ha introducido las correspondientes reformas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

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ta también con una regulación de la intervención de la persona jurídica en el proceso penal y una especificación de los derechos que a ésta se le atribuyen en dicho contexto. Lo que, obvio es decirlo, resulta asimismo aplicable a los delitos contra el medio ambiente. Raquel Montaner Fernández ha intervenido en la redacción de esta obra en términos que no pueden calificarse sino como coautoría. Además, se ha ocupado de las necesarias actualizaciones doctrinales, legales y jurisprudenciales. Con todo, se trataba de que el texto no perdiera alguno sus rasgos distintivos originarios: en concreto, que fuera manejable, sintético y, al mismo tiempo, abarcara la totalidad de los problemas que plantea el Derecho penal del medio ambiente en España. Creo que puede afirmarse que el objetivo se ha cumplido. En este punto, los coautores no podemos dejar de agradecer su inestimable ayuda a nuestro amigo y compañero David Felip i Saborit, gran especialista en Derecho penal ambiental e interlocutor generoso. El libro se dirige fundamentalmente a prácticos del Derecho penal: abogados, fiscales y jueces. Con todo, creemos que puede ser muy útil asimismo para la docencia de cursos de postgrado y másteres. Los coautores atenderemos gustosos cualquier indicación, crítica o cuestión que el lector tenga a bien formular sobre los contenidos del libro.2 JESÚS-M ARÍA SILVA SÁNCHEZ

2. En las siguientes direcciones: jesus.silva@upf.edu; raquel.montaner@upf.edu. El presente trabajo ha sido elaborado en el marco del siguiente proyecto: «Nuevos fenómenos regulatorios y responsabilidad penal en la empresa», Ministerio de Ciencia e Innovación (Proyectos I+D), FFI2008-01738/FISO.

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1. CONSIDERACIONES INTRODUCTORIAS

1. La protección jurídica del medio ambiente es ciertamente una cuestión relativa, pues depende del grado de conciencia ambiental que exista en un territorio determinado. Esto es algo que, a su vez, variará en función de las condiciones sociales, políticas y económicas del momento en una determinada sociedad. En efecto, la conciencia ecológica de cada sociedad se mide con base en factores de diversa índole. En especial, se entiende que la protección que se otorgue al medio ambiente se condiciona principalmente por «las posibilidades económicas efectivas que posea un determinado territorio».3 Sin duda, en lo que respecta a nuestro ordenamiento, la tipificación —ya desde 1983— de ciertas conductas, cada vez más, que atentan contra el medio ambiente es muestra de la toma de conciencia por parte de nuestra sociedad de la gran relevancia del mantenimiento y protección de las condiciones del entorno ambiental.4 Obviamente, las circunstancias presentes en la tipificación originaria de estos de-

3. Cfr. CORCOY BIDASOLO, «Protección penal del medio ambiente: legitimidad y alcance. Competencia penal y administrativa en materia de Medio ambiente», en CORCOY BIDASOLO (dir.), Derecho Penal de la Empresa, Univ. de Navarra 2002, p. 617, pp. 616-619. 4. Cfr. JORGE BARREIRO, «El bien jurídico protegido en los delitos contra el medio ambiente en el CP de 1995», en JORGE BARREIRO (dir.), Estudios sobre la protección penal del medio ambiente en el ordenamiento jurídico español, Granada 2005, p. 2.

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litos han ido cambiando, de manera que también el Derecho penal ha tenido que ir adaptándose. Uno de los aspectos que quizá más ha incidido en las formas de intervención punitiva es la caracterización de nuestra sociedad como una «sociedad del riesgo».5 De la mano del progreso técnico y tecnológico que se ha experimentado y se está experimentando aparecen multitud de nuevos riesgos, como por ejemplo, los que se dirigen contra el medio ambiente y la salud de las personas. Frente a ello, el Derecho penal no solamente se expande, con las consecuencias político-criminales y dogmáticas que dicho fenómeno comporta,6 sino que debe tomar decisiones en ámbitos en los que no rige, precisamente, certidumbre o seguridad científica. Por ello se plantea incluso la influencia del principio de precaución en el Derecho penal.7 2. En efecto, a finales del siglo XX la búsqueda de certeza es algo que se aleja cada vez más de los objetivos de la ciencia, pasando a tener prioridad el provecho o utilidad que pueda derivarse de su aplicación. De este modo, la ciencia y la investigación científica van estando más supeditadas a la técnica. Al haberse modificado las preferencias de la propia ciencia, las instancias públicas que deben tomar decisiones en aquellos ámbitos en los que el desarrollo tecnológico origina nuevos riesgos, ya no encuentran «en ella un apoyo firme para fundar sus decisiones».8 Así, la decisión jurídica, en muchas ocasiones, debe tomarse en situaciones de incertidumbre o, por lo menos, de controversia científica. Esto es algo perfectamente trasladable al 5. Sobre este concepto, BECK, La sociedad del riesgo: hacia una nueva modernidad, Barcelona 1998, p. 25 y ss. 6. Cfr., al respecto, SILVA SÁNCHEZ, La expansión del Derecho penal, 3ª ed., Madrid-Buenos Aires 2011. 7. Cfr., al respecto, ROMEO CASABONA (et al.), «Informe sobre los intentos de adaptación del Derecho penal al desarrollo social y tecnológico: líneas de investigación y conclusiones», en ROMEO CASABONA/SÁNCHEZ LÁZARO (eds.), La adaptación del Derecho penal al desarrollo social y tecnológico, Granada 2010, p. 515 y s. 8. ESTEVE PARDO, El desconcierto del Leviatán. Política y derecho ante las incertidumbres de la ciencia, Madrid-Barcelona-Buenos Aires 2009, p. 54.

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marco del Derecho del medio ambiente, pues también aquí deben tomarse decisiones sobre determinadas actividades, tecnologías o incluso productos respecto de los cuales, desde un punto de vista científico, no cabe determinar con seguridad si son dañinos y, en su caso, en qué medida, para el medio ambiente.9 De ahí que, por ejemplo, en el marco de la regulación medioambiental administrativa cada vez sea más común encontrarnos con referencias a lo que el sistema de la técnica establezca.10 Pues bien, uno de los instrumentos con cuya utilización pretenden salvarse los obstáculos de la incertidumbre en el Derecho es el principio de precaución o principio de cautela. 3. Es el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea el que originariamente otorga cobertura normativa al principio de precaución y lo hace, precisamente, en el marco de la protección del medio ambiente.11 Posteriormente, la Comisión de las Comunidades Europeas con la «Comunicación de la Comisión sobre el recurso al principio de precaución» del año 2000, concreta las características, condiciones y efectos del referido principio. A partir de aquí, se han ido desarrollando una serie de Directivas y Reglamentos europeos que adoptan los criterios de dicha Comisión. También en nuestra legislación nacional encontramos ejemplos de la cobertura legal de este principio de precaución. Así por ejemplo, la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del aire y protección de la atmósfera, establece

9. Cfr. ESTEVE PARDO, Derecho del medio ambiente, 2ª ed., Madrid-Barcelona-Buenos Aires 2008, p. 54. 10. Cfr. ESTEVE PARDO, «Protección penal y accesoriedad administrativa en la nueva regulación para la protección del medio ambiente», en CDJ: Incidencia medioambiental y Derecho sancionador, VIII, Madrid 2006, p. 134. 11. Así, en su art. 174.2 se establece que: «La política de la Comunidad en el ámbito del medio ambiente tendrá como objetivo alcanzar un nivel de protección elevado, teniendo presente la diversidad de situaciones existentes en las distintas regiones de la Comunidad. Se basará en los principios de cautela y de acción preventiva, en el principio de corrección de los atentados al medio ambiente, preferentemente en la fuente misma, y en el principio de quien contamina paga».

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en su art. 4.1 que su aplicación «se basará en los principios de cautela y acción preventiva». El objetivo fundamental del principio de precaución es controlar o neutralizar posibles riesgos en situaciones en las que no existe certeza científica. En sentido estricto, el significado del «principio de precaución» no debe confundirse con el de términos como «precaución» o «prevención». En primer lugar, porque si bien un particular puede adoptar medidas de cautela frente a, por ejemplo, posibles daños al medio ambiente, ejercitar el principio de precaución es algo atribuido en exclusiva a los poderes públicos. En segundo lugar, por la funcionalidad propia del principio de precaución. En efecto, sobre la base de este principio se habilita a las autoridades públicas —normalmente a la Administración— para la toma de decisiones relativas al control del riesgo en situaciones de incertidumbre científica. Estas decisiones se caracterizan principalmente por su excepcionalidad, pues mediante ellas las autoridades públicas convienen una excepción del régimen jurídico que de otro modo sería aplicable. Esto es, sobre la base de una situación de incertidumbre (originaria o sobrevenida) respecto a las consecuencias de, por ejemplo, una determinada actividad sobre el medio ambiente, la Administración puede decretar la no autorización para la realización de esa actividad aun cuando se hubiera cumplido con todos los trámites legales previstos. Por tanto, es evidente que los efectos del principio de precaución son de carácter restrictivo y gravoso, excepcionando la aplicación del régimen jurídico vigente. Ahora bien, para que la Administración pueda adoptar una decisión de tal estilo con base en el principio de precaución es necesario que concurran dos condiciones: una situación de incertidumbre y que ésta suponga un riesgo grave para el medio ambiente.12 Teniendo en cuenta la gravosidad de las consecuencias de este principio se hace necesario establecer sus límites. El primero de ellos, de carác-

12. Cfr. ROMEO CASABONA, «Principio de precaución, bioseguridad y Derecho europeo», en ROMEO CASABONA (dir.), Genética y Derecho II, Madrid 2003, p. 163.

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ter material, se identifica con el principio de proporcionalidad. Las medidas restrictivas que excepcionalmente se adoptan ante situaciones de incertidumbre deben ser proporcionales a la entidad del riesgo. Una segunda limitación es de carácter temporal, pues estas medidas deben ser de duración limitada, esto es, prolongarse sólo en tanto en cuanto prosiga la situación de incertidumbre que fundamentó su aplicación.13 Si bien la Administración pública se presenta como la encargada principal de accionar el principio de precaución, las consecuencias de éste también afectan al Derecho penal. Por poner un ejemplo, supongamos que una empresa que se dedica a la fabricación de pinturas y barnices, disponiendo de todas las autorizaciones exigibles para desarrollar su actividad, utiliza una determinada tecnología respecto de la cual, si bien hace unos años se consideraba totalmente segura, informes científicos actuales indican que son posibles (cabe sospechar) nuevos riesgos graves para el medio ambiente. Ante esta situación, y fundamentándose en el principio de precaución, la Administración decide paralizar esa actividad, pese a que la empresa dispone de todas las autorizaciones y cumple con todos los requisitos establecidos en la normativa medioambiental vigente. Sin embargo, la empresa desobedece el mandato de la Administración y continúa desarrollando su actividad, utilizando la misma tecnología. Desde un punto de vista jurídico-penal, debemos plantearnos si este comportamiento puede llegar a ser penalmente relevante. En efecto, como se analizará a continuación, uno de los elementos que conforman el tipo básico del delito ecológico (art. 325 CP) es la infracción de normas u otras disposiciones de carácter general protectoras del medio ambiente. De entrada, además de configurarse así el tipo penal como una ley penal en blanco, la doctrina viene considerando que entre el Derecho penal y el Derecho administrativo existe una relación de accesoriedad normativa. Esto es, se trata de una accesoriedad a las normas administrativas y no, en principio, a los actos admi-

13. Cfr. ESTEVE PARDO, Derecho del medio ambiente, 2ª ed., pp. 58-61.

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nistrativos. Si bien estas cuestiones se analizarán más adelante, lo que queremos plantear en esta introducción es que si se admite que la conducta de aquel sujeto que, cumpliendo la normativa vigente, continúa realizando un actividad considerada potencialmente riesgosa para el medio ambiente por existir una decisión administrativa —«un acto»— que de manera excepcional pretendía paralizar la actividad, puede ser penalmente relevante, entonces tendríamos que reconocer que es la infracción de un acto administrativo lo que en última instancia fundamenta la tipicidad penal. Ahora bien, estos supuestos quizá puedan salvarse si consideramos que esa decisión administrativa se basa, en última instancia, en una norma y que, por tanto, la infracción del acto supone a su vez la infracción de la norma administrativa. A propósito de estos casos se hace referencia a la denominada accesoriedad indirecta de acto administrativo. 4. Íntimamente relacionada con el principio de precaución se plantea la cuestión de a quién le corresponde la gestión de los riesgos, en concreto, de los riesgos medioambientales jurídicamente relevantes. La cuestión central es aquí la determinación de aquello que consideramos como «riesgo permitido». El Derecho penal ha ido construyendo su intervención en la protección del medio ambiente sobre la base de lo previamente delimitado en las normas y disposiciones generales del Derecho administrativo. De este modo, en estas normas extrapenales se encontraba un primer punto de referencia para la delimitación del riesgo permitido en materia medioambiental. Sin embargo, actualmente la situación no es tan sencilla. En efecto, la enorme complejidad técnica y tecnológica que envuelve a toda actividad o proceso con incidencia medioambiental ha provocado que la Administración no pueda abarcar por sí sola la regulación de todo este ámbito. De hecho, aunque pudiera tampoco sería lo conveniente, pues se hace preciso un conocimiento técnico específico del que no disponen las instancias administrativas. Pues bien, todo este fenómeno comporta que las leyes administrativas se vayan convirtiendo cada vez más en puras normas procedimentales sin contenido material que, a su vez,

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se remiten a normas de carácter técnico. Estas normas técnicas14 son la que, precisamente, contienen las referencias materiales necesarias para determinar el riesgo permitido de una tecnología, actividad, proceso, etc. con incidencia medioambiental. En esta medida, normas no jurídicas como las normas técnicas, que son el resultado de la autorregulación privada de los sujetos expertos en la materia, pueden llegar a tener efectos públicos.15 Aun así, cabe afirmar que la intervención administrativa a través de la fórmula autorizatoria y, en especial, mediante fórmulas como la tolerancia administrativa, también sirve para determinar el riesgo medioambiental permitido. Ahora bien, dicha determinación solamente es de carácter formal, siendo necesarias las referencias a la técnica para su delimitación material. Esta transformación en la intervención administrativa también afecta al Derecho penal. En efecto, debemos ser conscientes de que, aun manteniendo la accesoriedad de derecho, el dato que busca el Derecho penal sobre si un riesgo está permitido o no jurídicamente en muchas ocasiones no podrá hallarse sin tener en cuenta lo dispuesto en las normas técnicas.16 5. Con todo, el Código penal dedica a la regulación de la protección penal del medio ambiente básicamente el Capítulo III de su Título XVI (arts. 325-331), que precisamente lleva por título «De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente»; a lo que es preciso añadir las disposiciones comunes contenidas en el Capítulo V del mismo Título (arts. 338-340). Estas figuras delictivas contenidas en lo arts. 325-331 han sido objeto de una importante modificación a propósito de la LO 5/2010 que reforma la LO 10/1995, de 23 de noviembre, del Código penal. Según la exposición de motivos de esta LO 5/2010, la reforma de los delitos contra el medio ambiente se explica, bási14. Sobre las características de estas normas, cfr. TARRÉS VIVES, Normas técnicas y ordenamiento jurídico, Valencia 2003, p. 247 y ss. 15. Cfr. ESTEVE PARDO, Autorregulación: génesis y efectos, Cizur Menor 2002, pp. 130-157. 16. Cfr. ESTEVE PARDO, en Incidencia medioambiental, p. 135.

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