Issuu on Google+

TEXTOS LEGALES CON JURISPRUDENCIA


CÓDIGO PENAL CON JURISPRUDENCIA SISTEMATIZADA 4ª Edición

CARLOS CLIMENT DURÁN Magistrado. Doctor en Derecho y Licenciado en Criminología

tirant lo b anch Valencia, 2011


Copyright ® 2011 Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito del autor y del editor. En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com (http://www.tirant.com).

Los textos jurídicos que aparecen se ofrecen con una finalidad informativa o divulgativa. Tirant lo Blanch intentará cuidar por la actualidad, exactitud y veracidad de los mismos, si bien advierte que no son los textos oficiales y declina toda responsabilidad por los daños que puedan causarse debido a las inexactitudes o incorrecciones de los mismos. Los únicos textos considerados legalmente válidos son los que aparecen en las publicaciones oficiales de los correspondientes organismos autonómicos o nacionales. Los comentarios que se realizan a los diversos Reglamentos y Ordenanzas expresan únicamente la opinión jurídica de su autor, y no se tiene que corresponder con la mantenida por el Ayuntamiento de Valencia y mas concretamente por su Aseroría Jurídica.

© CARLOS CLIMENT DURÁN

© TIRANT LO BLANCH EDITA: TIRANT LO BLANCH C/ Artes Gráficas, 14 - 46010 - Valencia TELFS.: 96/361 00 48 - 50 FAX: 96/369 41 51 Email:tlb@tirant.com http://www.tirant.com Librería virtual: http://www.tirant.es I.S.B.N.: 978-84-9004-109-3 MAQUETA: PMc Media Si tiene alguna queja o sugerencia envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia por favor lea en www.tirant.net/politicas.htm nuestro Procedimiento de quejas.


NOTA DEL AUTOR El contenido de la presente obra es el Código Penal de 1995 y la jurisprudencia que lo desarrolla. Cada uno de sus artículos va seguido de una exposición sistemática de la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, que se ha producido desde mediados de 1997. Así, de un solo golpe de vista es posible saber cuál es el estado jurisprudencial en que se halla cualquier artículo del Código penal vigente. También se contienen las Instrucciones, Circulares y Consultas de la Fiscalía General del Estado relacionadas con cada uno de los artículos del Código Penal, así como los Acuerdos no jurisdiccionales de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Finalmente, se han incorporado las diversas reformas de que ha sido objeto el Código Penal, con una relación detallada de cada una de las redacciones legales y de sus períodos de vigencia. Termina la obra con un índice analítico de sus voces.


ÍNDICE GENERAL CÓDIGO PENAL DE 1995. LEY ORGÁNICA 10/1995, de 23 de noviembre, por la que se aprueba el Código penal

TÍTULO PRELIMINAR. DE LAS GARANTÍAS PENALES Y DE LA APLICACIÓN DE LA LEY PENAl (Arts. 1 a 9) ...........................................................

20

Libro I DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LOS DELITOS Y LAS FALTAS, LAS PERSONAS RESPONSABLES, LAS PENAS, MEDIDAS DE SEGURIDAD Y DEMÁS CONSECUENCIAS DE LA INFRACCIÓN PENAL TÍTULO I. Cap. I. Cap. II. Cap. III. Cap. IV. Cap. V. Cap.VI. TÍTULO II.

DE LA INFRACCIÓN PENAL .................................................................. De los delitos y faltas (Arts. 10 a 18) .............................................. De las causas que eximen de la responsabilidad criminal (Arts. 19 a 20) .................................................................................................. De las circunstancias que atenúan la responsabilidad criminal (Art. 21) ............................................................................................ De las circunstancias que agravan la responsabilidad criminal (Art. 22) ............................................................................................ De la circunstancia mixta de parentesco (Art. 23) ......................... Disposiciones generales (Arts. 24 a 26) .......................................... DE

41 41 79 145 295 339 350

LAS PERSONAS CRIMINALMENTE RESPONSABLES DE LOS DELITOS Y

(ARTS. 27 A 31) ....................................................................

359

DE LAS PENAS .................................................................................. De las penas, sus clases y efectos.................................................... De las penas y sus clases (Arts. 32 a 34) ........................................ De las penas privativas de libertad (Arts. 35 a 38) ........................ De las penas privativas de derechos (Arts. 39 a 49) ...................... De la pena de multa (Arts. 50 a 53) ................................................ De las penas accesorias (Arts. 54 a 57)........................................... Disposiciones comunes (Arts. 58 a 60) ............................................ De la aplicación de las penas........................................................... Reglas generales para la aplicación de las penas (As. 61 a 72) ..... Reglas especiales para la aplicación de las penas (Arts. 73 a 79) . De las formas sustitutivas de la ejecución de las penas privativas de libertad y de la libertad condicional........................................... Sec. 1ª. De la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad (Arts. 80 a 87)................................................................................... Sec. 2ª. De la sustitución de las penas privativas de libertad (Arts. 88 a 89) ..................................................................................................... Sec. 3ª. De la libertad condicional (Arts. 90 a 93) .......................................

393 393 393 398 401 410 425 435 439 439 472

FALTAS

TÍTULO III. Cap. I. Sec. 1ª. Sec. 2ª. Sec. 3ª. Sec. 4ª. Sec. 5ª. Sec. 6ª. Cap. II. Sec. 1ª. Sec. 2ª. Cap. III.

513 513 525 539


10

ÍNDICE GENERAL

Sec. 4ª. Disposición común (Art. 94) ............................................................ TÍTULO IV. Cap. I. Cap. II. Sec. 1ª. Sec. 2ª. TÍTULO V.

DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD ....................................................... De las medidas de seguridad en general (Arts. 95 a 100).............. De la aplicación de las medidas de seguridad ................................ De las medidas privativas de libertad (Arts. 101 a 104) ............... De las medidas no privativas de libertad (Arts. 105 a 108) .......... DE

544 545 545 551 551 559

LA RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE LOS DELITOS Y FALTAS Y

.............................................................. De la responsabilidad civil y su extensión (Arts. 109 a 115) ......... De las personas civilmente responsables (Arts. 116 a 122) ........... De las costas procesales (Arts. 123 a 124) ...................................... Del cumplimiento de la responsabilidad civil y demás responsabilidades pecuniarias (Arts. 125 a 126) .............................................

565 565 592 634

TÍTULO VI.

DE LAS CONSECUENCIAS ACCESORIAS (ARTS. 127 A 129) ..................

650

TÍTULO VII. Cap. I.

DE LA EXTINCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD CRIMINAL Y SUS EFECTOS De las causas que extinguen la responsabilidad criminal (Arts. 130 a 135) ......................................................................................... De la cancelación de antecedentes delictivos (Arts. 136 a 137).....

659

DE LAS COSTAS PROCESALES

Cap. I. Cap. II. Cap. III. Cap. IV.

Cap. II.

648

659 695

Libro II DELITOS Y SUS PENAS TÍTULO I.

DEL HOMICIDIO Y SUS FORMAS (ARTS. 138 A 143) ...........................

701

TÍTULO II.

DEL ABORTO (ARTS. 144 A 146) ......................................................

812

TÍTULO III.

DE LAS LESIONES (ARTS. 147 A 156) ................................................

815

TÍTULO IV.

DE LAS LESIONES AL FETO (ARTS. 157 A 158) ..................................

906

TÍTULO V.

DE LA MANIPULACIÓN GENÉTICA (ARTS. 159 A 162) .........................

907

TÍTULO VI. Cap. I. Cap. II. Cap. III.

DELITOS CONTRA LA LIBERTAD ......................................................... De las detenciones ilegales y secuestros (Arts. 163 a 168) ............ De las amenazas (Arts. 169 a 171).................................................. De las coacciones (Art. 172) .............................................................

908 908 954 968

TÍTULO VII.

DE LAS TORTURAS Y OTROS DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD MORAL (ARTS. 173 A 177) ...........................................................................

976

TÍTULO VII BIS. DE LA TRATA DE SERES HUMANOS (ARTS. 177 BIS) ..........................

1005

TÍTULO VIII.

1007

DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL .............................................


ÍNDICE GENERAL

Cap. I. Cap. II. Cap. III. Cap. IV.

11

De las agresiones sexuales (Arts. 178 a 180) ................................. De los abusos sexuales (Arts. 181 a 183) ........................................ Del acoso sexual (Art. 184) .............................................................. De los delitos de exhibicionismo y provocación sexual (Arts. 185 a 186) ................................................................................................... De los delitos relativos a la prostitución (Arts. 187 a 190) ............ Disposiciones comunes a los Capítulos anteriores (Arts. 191 a 194) ...................................................................................................

1007 1084 1120

TÍTULO IX.

DE LA OMISIÓN DEL DEBER DE SOCORRO (ARTS. 195 A 196) ............

1164

TÍTULO X.

DELITOS CONTRA LA INTIMIDAD, EL DERECHO A LA PROPIA IMAGEN Y LA ........................................................ Del descubrimiento y revelación de secretos (Arts. 197 a 201) ..... Del allanamiento de morada, domicilio de personas jurídicas y establecimientos abiertos al público (Arts. 202 a 204) ..................

Cap. V. Cap. VI.

INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO

Cap. I. Cap. II.

1123 1125 1160

1167 1167 1179

DELITOS CONTRA EL HONOR .............................................................. De la calumnia (Arts. 205 a 207) .................................................... De la injuria (Arts. 208 a 210)......................................................... Disposiciones generales (Arts. 211 a 216) ......................................

1183 1183 1184 1222

DELITOS CONTRA LAS RELACIONES FAMILIARES ................................. De los matrimonios ilegales (Arts. 217 a 219) ................................ De la suposición de parto y de la alteración de la paternidad, estado o condición del menor (Arts. 220 a 222) .......................................... Cap. III. De los delitos contra los derechos y deberes familiares ................. Sec. 1ª. Del quebrantamiento de los deberes de custodia y de la inducción de menores al abandono de domicilio (Arts. 223 a 225) ................. Sec. 2ª. De la sustracción de menores (Art. 225 bis) ................................... Sec. 3ª. Del abandono de familia, menores o incapaces (Arts. 226 a 233) .

1225 1225

TÍTULO XI. Cap. I. Cap. II. Cap. III. TÍTULO XII. Cap. I. Cap. II.

TÍTULO XIII.

DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO Y CONTRA EL ORDEN SOCIOECONÓMI..................................................................................................... De los hurtos (Arts. 234 a 236)........................................................ De los robos (Arts. 237 a 242).......................................................... De la extorsión (Art. 243) ................................................................ Del robo y hurto de uso de vehículos (Art. 244) ............................. De la usurpación (Arts. 245 a 247) ................................................. De las defraudaciones ...................................................................... De las estafas (Arts. 248 a 251)....................................................... De la apropiación indebida (Arts. 252 a 254) ................................. De las defraudaciones de fluido eléctrico y análogas (Arts. 255 a 256) ................................................................................................... De las insolvencias punibles (Arts. 257 a 261) ............................... De la alteración de precios en concursos y subastas públicas (Art. 262) ................................................................................................... De los daños (Arts. 263 a 267) ......................................................... CO

Cap. I. Cap. II. Cap. III. Cap. IV. Cap. V. Cap. VI. Sec. 1ª. Sec. 2ª. Sec. 3ª. Cap. VII. Cap. VIII. Cap. IX.

1226 1227 1227 1229 1230

1239 1239 1243 1321 1323 1328 1330 1330 1463 1513 1514 1545 1546


12

ÍNDICE GENERAL

Cap. X. Cap. XI. Sec. 1ª. Sec. 2ª. Sec. 3ª. Sec. 4ª. Sec. 5ª. Cap. XII. Cap. XIII. Cap. XIV. TÍTULO XIV.

TÍTULO XV.

TÍTULO XV

Disposiciones comunes a los Capítulos anteriores (Arts. 268 a 269) ................................................................................................... De los delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores ......................................................... De los delitos relativos a la propiedad intelectual (Arts. 270 a 272) ................................................................................................... De los delitos relativos a la propiedad industrial (Arts. 273 a 277) ................................................................................................... De los delitos relativos al mercado y a los consumidores (Arts. 278 a 286) ................................................................................................ De la corrupción entre particulares (Art. 286 bis) ......................... Disposiciones comunes a las Secciones anteriores (Arts. 287 a 288) ................................................................................................... De la sustracción de cosa propia a su utilidad social o cultural (Art. 289) ................................................................................................... De los delitos societarios (Arts. 290 a 297) ..................................... De la receptación y el blanqueo de capitales (Arts. 298 a 304) .....

1552 1554 1554 1558 1563 1572 1573 1575 1575 1594

DE LOS DELITOS CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA Y CONTRA LA SEGURIDAD SOCIAL (ARTS. 305 A 310) ..............................................................

1630

DE LOS DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES (ARTS. 311 A 318) ......................................................................................

1657

BIS.

TÍTULO XVI.

DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS EXTRANJEROS (ART. 318 BIS) ................................................................................. DE

1675

LOS DELITOS RELATIVOS A LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y EL

URBANISMO, LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y EL MEDIO AMBIENTE ......................................................................................... De los delitos sobre la ordenación del territorio y el urbanismo (Arts. 319 a 320)............................................................................... De los delitos sobre el patrimonio histórico (Arts. 321 a 324) ....... De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente (Arts. 325 a 331)............................................................................... De los delitos relativos a la protección de la flora, fauna y animales domésticos (Arts. 332 a 337)............................................................ Disposiciones comunes (Arts. 338 a 340) ........................................

1696

TÍTULO XVII. DE LOS DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD COLECTIVA ........................... Cap. I. De los delitos de riesgo catastrófico ................................................ Sec. 1ª. De los delitos relativos a la energía nuclear y a las radiaciones ionizantes (Arts. 341 a 345)............................................................. Sec. 2ª. De los estragos (Arts. 346 a 347)..................................................... Sec. 3ª. De otros delitos de riesgo provocados por otros agentes (Arts. 348 a 350) ................................................................................................ Cap. II. De los incendios................................................................................ Sec. 1ª. De los delitos de incendio (Art. 351) ...............................................

1741 1741

Cap. I. Cap. II. Cap. III. Cap. IV. Cap. V.

1696 1702 1705 1735 1739

1741 1743 1745 1747 1747


ÍNDICE GENERAL

Sec. 2ª. Sec. 3ª. Sec. 4ª. Sec. 5ª. Cap. III. Cap. IV.

13

De los incendios forestales (Arts. 352 a 355) .................................. De los incendios en zonas no forestales (Art. 356) ......................... De los incendios en bienes propios (Art. 357) ................................. Disposición común (Art. 358) .......................................................... Delitos contra la salud pública (Arts. 359 a 378) ........................... De los delitos contra la seguridad del tráfico (Arts. 379 a 385) .....

1759 1761 1761 1762 1762 2018

TÍTULO XVIII. DE LAS FALSEDADES ......................................................................... Cap. I. De la falsificación de moneda y efectos timbrados (Arts. 386 a 389) ................................................................................................... Cap. II. De las falsedades documentales...................................................... Sec. 1ª. De la falsificación de documentos públicos, oficiales y mercantiles y de los despachos transmitidos por servicios de telecomunicación (Arts. 390 a 394)............................................................................... Sec. 2ª. De la falsificación de documentos privados (Arts. 395 a 396) ....... Sec. 3ª. De la falsificación de certificados (Arts. 397 a 399)........................ Sec. 4ª. De la falsificación de tarjetas de créditoy débitoy cheques de viaje (Art. 399 bis) .................................................................................... Cap. III. Disposición General (Art. 400) ........................................................ Cap. IV. De la usurpación del Estado Civil (Art. 401) .................................. Cap. V. De la usurpación de funciones públicas y del intrusismo (Arts. 402 a 403) ...............................................................................................

2036

TÍTULO XIX. Cap. I.

2124

DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ................................. De la prevaricación de los funcionarios públicos y otros comportamientos injustos (Arts. 404 a 406) .................................................. Cap. II. Del abandono de destino y de la omisión del deber de perseguir delitos (Arts. 407 a 409)................................................................... Cap. III. De la desobediencia y denegación de auxilio (Arts. 410 a 412) ..... Cap. IV. De la infidelidad en la custodia de documentos y de la violación de secretos (Arts. 413 a 418) ................................................................ Cap. V. Del cohecho (Arts. 419 a 427) .......................................................... Cap. VI. Del tráfico de influencias (Arts. 428 a 431) .................................... Cap. VII. De la malversación (Arts. 432 a 435) .............................................. Cap. VIII. De los fraudes y exacciones ilegales (Arts. 436 a 438) ................... Cap. IX. De las negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y de los abusos en el ejercicio de su función (Arts. 439 a 444) ................................................................................................... Cap. X. De los delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales (Art. 445)................................................................

TÍTULO XX. Cap. I. Cap. II. Cap. III. Cap. IV.

DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA .......................... De la prevaricación (Arts. 446 a 449) ............................................. De la omisión de los deberes de impedir delitos o de promover su persecución (Art. 450) ...................................................................... Del encubrimiento (Arts. 451 a 454) ............................................... De la realización arbitraria del propio derecho (Art. 455) .............

2036 2046

2046 2111 2114 2116 2117 2119 2119

2124 2145 2147 2152 2159 2173 2177 2204

2207 2213 2215 2215 2221 2223 2228


14

ÍNDICE GENERAL

Cap. V.

De la acusación y denuncia falsas y de la simulación de delitos (Arts. 456 a 457)............................................................................... Cap. VI. Del falso testimonio (Arts. 458 a 462)............................................. Cap. VII. De la obstrucción a la Justicia y a la deslealtad profesional (Arts. 463 a 467) ......................................................................................... Cap. VIII. Del quebrantamiento de condena (Arts. 468 a 471) ....................... Cap. IX. De los delitos contra la Administración de Justicia de la Corte Penal Internacional (Art. 471 bis) ................................................. TÍTULO XXI. Cap. I. Cap. II. Cap. III.

2231 2234 2239 2250 2255

DELITOS CONTRA LA CONSTITUCIÓN .................................................. Rebelión (Arts. 472 a 484) ............................................................... Delitos contra la Corona (Arts. 485 a 491) ..................................... De los delitos contra las Instituciones del Estado y la división de Poderes ............................................................................................. Delitos contra las Instituciones del Estado (Arts. 492 a 505) ....... De la usurpación de atribuciones (Arts. 506 a 509) ....................... De los delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas y al deber de cumplimiento de la prestación social sustitutoria (Arts. 510 a 528) ................................................ De los delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizados por la Constitución (Arts. 510 a 521)......................................................... De los delitos contra la libertad de conciencia, los sentimientos religiosos y el respeto a los difuntos (Arts. 522 a 526) ................... De los delitos contra el deber de cumplimiento de la prestación social sustitutoria (Arts. 527 a 528) ................................................ De los delitos cometidos por los funcionarios públicos contra las garantías constitucionales............................................................... De los delitos cometidos por los funcionarios públicos contra la libertad individual (Arts. 529 a 533)............................................... De los delitos cometidos por los funcionarios públicos contra la inviolabilidad domiciliaria y demás garantías de la intimidad (Arts. 534 a 536)............................................................................... De los delitos cometidos por los funcionarios públicos contra otros derechos individuales (Arts. 537 a 542) .......................................... De los ultrajes a España (Art. 543) .................................................

2256 2256 2259

TÍTULO XXII. DELITOS CONTRA EL ORDEN PÚBLICO ................................................ Cap. I. Sedición (Arts. 544 aa 549).............................................................. Cap. II. De los atentados contra la autoridad, sus agentes y los funcionarios públicos, y de la resistencia y desobediencia (Arts. 550 a 556) ..... Cap. III. De los desórdenes públicos (Arts. 557 a 561) ................................. Cap. IV. Disposición común a los Capítulos anteriores (Art. 562) ............... Cap. V. De la tenencia, tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos (Arts. 563 a 570)............................................................................... Cap. VI. De las organizaciones y grupos criminales (Arts. 570 bis, ter y quáter) ..............................................................................................

2297 2297

Sec. 1ª. Sec. 2ª. Cap. IV.

Sec. 1ª.

Sec. 2ª. Sec. 3ª. Cap. V. Sec. 1ª. Sec. 2ª

Sec. 3ª. Cap. VI.

2262 2262 2269

2271

2271 2281 2283 2286 2286

2290 2292 2296

2298 2323 2328 2328 2361


ÍNDICE GENERAL

Cap. VII. De las organizaciones y grupos terroristas y de los delitos de terrorismo (Arts. 571 a 580) ............................................................... Sec. 1ª. De las organizaciones y grupos terroristas (Art. 571) ................... Sec. 2ª. De los delitos de terrorismo............................................................. TÍTULO XXIII. DE LOS DELITOS DE TRAICIÓN Y CONTRA LA PAZ O LA INDEPENDENCIA DEL ESTADO, Y RELATIVOS A LA DEFENSA NACIONAL ........................ Cap. I. Delitos de traición (Arts. 581 a 588) ............................................... Cap. II. Delitos que comprometen la paz o la independencia del Estado (Arts. 589 a 597)............................................................................... Cap. III. De los delitos relativos a la defensa nacional ................................. Sec. 1ª. Del descubrimiento y revelación de secretos e informaciones relativas a la defensa nacional (Arts. 598 a 603).................................. Sec. 2ª. De los delitos contra el deber de prestación del Servicio Militar (Art. 604) .......................................................................................... TÍTULO XXIV. DELITOS CONTRA LA COMUNIDAD INTERNACIONAL ............................ Cap. I. Delitos contra el Derecho de gentes (Arts. 605 a 606) ................... Cap. II. Delitos de genocidio (Art. 607) ........................................................ Cap. II bis. De los delitos de lesa humanidad (Art. 607 bis) ............................ Cap. III. De los delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado (Arts. 608 a 614) .................................................. Cap. IV. Disposiciones Comunes (Arts. 615 a 616) ....................................... Cap. V. Delito de piratería (Arts. 616 ter y quáter) ....................................

15

2364 2361 2374

2399 2399 2401 2403 2403 2405 2407 2407 2408 2409 2411 2418 2420

Libro III FALTAS Y SUS PENAS TÍTULO I.

FALTAS CONTRA LAS PERSONAS (ARTS. 617 A 622) ..........................

2423

TÍTULO II.

FALTAS CONTRA EL PATRIMONIO (ARTS. 623 A 628) ..........................

2433

TÍTULO III.

FALTAS CONTRA LOS INTERESES GENERALES (ARTS. 629 A 632) .......

2439

TÍTULO IV.

FALTAS CONTRA EL ORDEN PÚBLICO (ARTS. 633 A 637) ...................

2441

TÍTULO V.

DISPOSICIONES COMUNES A LAS FALTAS (ARTS. 638 A 639) ...............

2444

Disposiciones Adicionales 1ª a 3ª.............................................................................. Disposiciones Transitorias 1ª a 12ª .......................................................................... Disposición Derogatoria ............................................................................................ Disposiciones Finales 1ª a 7ª ....................................................................................

2447 2448 2453 2454

Índice analítico ..........................................................................................................

2457


CÓDIGO PENAL DE 1995 LEY ORGÁNICA 10/1995, de 23 de noviembre, por la que se aprueba el Código penal Exposición de motivos Si se ha llegado a definir el ordenamiento jurídico como conjunto de normas que regulan el uso de la fuerza, puede entenderse fácilmente la importancia del Código Penal en cualquier sociedad civilizada. El Código Penal define los delitos y faltas que constituyen los presupuestos de la aplicación de la forma suprema que puede revestir el poder coactivo del Estado: la pena criminal. En consecuencia, ocupa un lugar preeminente en el conjunto del ordenamiento, hasta el punto de que, no sin razón, se ha considerado como una especie de «Constitución negativa». El Código Penal ha de tutelar los valores y principios básicos de la convivencia social. Cuando esos valores y principios cambian, debe también cambiar. En nuestro país, sin embargo, pese a las profundas modificaciones de orden social, económico y político, el texto vigente data, en lo que pudiera considerarse su núcleo básico, del pasado siglo. La necesidad de su reforma no puede, pues, discutirse. A partir de los distintos intentos de reforma llevados a cabo desde la instauración del régimen democrático, el Gobierno ha elaborado el proyecto que somete a la discusión y aprobación de las Cámaras. Debe, por ello, exponer, siquiera sea de modo sucinto, los criterios en que se inspira, aunque éstos puedan deducirse con facilidad de la lectura de su texto. El eje de dichos criterios ha sido, como es lógico, el de la adaptación positiva del nuevo Código Penal a los valores constitucionales. Los cambios que introduce en esa dirección el presente proyecto son innumerables, pero merece la pena destacar algunos. En primer lugar, se propone una reforma total del actual sistema de penas, de modo que permita alcanzar, en lo posible, los objetivos de resocialización que la Constitución le asigna. El sistema que se propone simplifica, de una parte, la regulación de las penas privativas de libertad, ampliando, a la vez, las posibilidades de sustituirlas por otras que afecten a bienes jurídicos menos básicos, y, de otra, introduce cambios en las penas pecuniarias, adoptando el sistema de días-multa y añade los trabajos en beneficio de la comunidad. En segundo lugar, se ha afrontado la antinomia existente entre el principio de intervención mínima y las crecientes necesidades de tutela en una sociedad cada vez más compleja, dando prudente acogida a nuevas formas de delincuencia, pero eliminando, a la vez, figuras delictivas que han perdido su razón de ser. En el primer sentido, merece destacarse la introducción de los delitos contra el orden socioeconómico o la nueva regulación de los delitos relativos a la ordenación del territorio


Exposición de motivos

CÓDIGO PENAL DE 1995

18

y de los recursos naturales; en el segundo, la desaparición de las figuras complejas de robo con violencia e intimidación en las personas que, surgidas en el marco de la lucha contra el bandolerismo, deben desaparecer dejando paso a la aplicación de las reglas generales. En tercer lugar, se ha dado especial relieve a la tutela de los derechos fundamentales y se ha procurado diseñar con especial mesura el recurso al instrumento punitivo allí donde está en juego el ejercicio de cualquiera de ellos: sirva de ejemplo, de una parte, la tutela específica de la integridad moral y, de otra, la nueva regulación de los delitos contra el honor. Al tutelar específicamente la integridad moral, se otorga al ciudadano una protección más fuerte frente a la tortura, y al configurar los delitos contra el honor del modo en que se propone, se otorga a la libertad de expresión toda la relevancia que puede y debe reconocerle un régimen democrático. En cuarto lugar, y en consonancia con el objetivo de tutela y respeto a los derechos fundamentales, se ha eliminado el régimen de privilegio de que hasta ahora han venido gozando las injerencias ilegítimas de los funcionarios públicos en el ámbito de los derechos y libertades de los ciudadanos. Por tanto, se propone que las detenciones, entradas y registros en el domicilio llevadas a cabo por autoridad o funcionario fuera de los casos permitidos por la Ley, sean tratadas como formas agravadas de los correspondientes delitos comunes, y no como hasta ahora lo han venido siendo, esto es, como delitos especiales incomprensible e injustificadamente atenuados. En quinto lugar, se ha procurado avanzar en el camino de la igualdad real y efectiva, tratando de cumplir la tarea que, en ese sentido, impone la Constitución a los poderes públicos. Cierto que no es el Código Penal el instrumento más importante para llevar a cabo esa tarea; sin embargo, puede contribuir a ella, eliminando regulaciones que son un obstáculo para su realización o introduciendo medidas de tutela frente a situaciones discriminatorias. Además de las normas que otorgan una protección específica frente a las actividades tendentes a la discriminación, ha de mencionarse aquí la nueva regulación de los delitos contra la libertad sexual. Se pretende con ella adecuar los tipos penales al bien jurídico protegido, que no es ya, como fuera históricamente, la honestidad de la mujer, sino la libertad sexual de todos. Bajo la tutela de la honestidad de la mujer se escondía una intolerable situación de agravio, que la regulación que se propone elimina totalmente. Podrá sorprender la novedad de las técnicas punitivas utilizadas; pero, en este caso, alejarse de la tradición parece un acierto. Dejando el ámbito de los principios y descendiendo al de las técnicas de elaboración, el presente proyecto difiere de los anteriores en la pretensión de universalidad. Se venía operando con la idea de que el Código Penal constituyese una regulación completa del poder punitivo del Estado. La realización de esa idea partía ya de un déficit, dada la importancia que en nuestro país reviste la potestad sancionadora de la Administración; pero, además, resultaba innecesaria y perturbadora.


19

CÓDIGO PENAL DE 1995

Exposición de motivos

Innecesaria, porque la opción decimonónica a favor del Código Penal y en contra de las leyes especiales se basaba en el hecho innegable de que el legislador, al elaborar un Código, se hallaba constreñido, por razones externas de trascendencia social, a respetar los principios constitucionales, cosa que no ocurría, u ocurría en menor medida, en el caso de una ley particular. En el marco de un constitucionalismo flexible, era ese un argumento de especial importancia para fundamentar la pretensión de universalidad absoluta del Código. Hoy, sin embargo, tanto el Código Penal como las leyes especiales se hallan jerárquicamente subordinados a la Constitución y obligados a someterse a ella, no sólo por esa jerarquía, sino también por la existencia de un control jurisdiccional de la constitucionalidad. Consiguientemente, las leyes especiales no pueden suscitar la prevención que históricamente provocaban. Perturbadora, porque, aunque es innegable que un Código no merecería ese nombre si no contuviese la mayor parte de las normas penales y, desde luego los principios básicos informadores de toda la regulación, lo cierto es que hay materias que difícilmente pueden introducirse en él. Pues, si una pretensión relativa de universalidad es inherente a la idea de Código, también lo son las de estabilidad y fijeza, y existen ámbitos en que, por la especial situación del resto del ordenamiento, o por la naturaleza misma de las cosas, esa estabilidad y fijeza son imposibles. Tal es, por ejemplo, el caso de los delitos relativos al control de cambios. En ellos, la modificación constante de las condiciones económicas y del contexto normativo, en el que, quiérase o no, se integran tales delitos, aconseja situar las normas penales en dicho contexto y dejarlas fuera del Código: por lo demás, ésa es nuestra tradición, y no faltan, en los países de nuestro entorno, ejemplos caracterizados de un proceder semejante. Así pues, en ese y en otros parecidos, se ha optado por remitir a las correspondientes leyes especiales la regulación penal de las respectivas materias. La misma técnica se ha utilizado para las normas reguladoras de la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo. En este caso, junto a razones semejantes a las anteriormente expuestas, podría argüirse que no se trata de normas incriminadoras, sino de normas que regulan supuestos de no incriminación. El Tribunal Constitucional exigió que, en la configuración de dichos supuestos, se adoptasen garantías que no parecen propias de un Código Penal, sino más bien de otro tipo de norma. En la elaboración del Proyecto se han tenido muy presentes las discusiones parlamentarias del de 1992, el dictamen del Consejo General del Poder Judicial, el estado de la jurisprudencia y las opiniones de la doctrina científica. Se ha llevado a cabo desde la idea, profundamente sentida, de que el Código Penal ha de ser de todos y de que, por consiguiente, han de escucharse todas las opiniones y optar por las soluciones que parezcan más razonables, esto es, por aquéllas que todo el mundo debería poder aceptar. No se pretende haber realizado una obra perfecta, sino, simplemente, una obra útil. El Gobierno no tiene aquí la última palabra, sino solamente la primera. Se li-


CÓDIGO PENAL DE 1995

Art. 1

20

mita, pues, con este proyecto, a pronunciarla, invitando a todas las fuerza políticas y a todos los ciudadanos a colaborar en la tarea de su perfeccionamiento. Solamente si todos deseamos tener un Código Penal mejor y contribuimos a conseguirlo podrá lograrse un objetivo cuya importancia para la convivencia y el pacífico disfrute de los derechos y libertades que la Constitución proclama difícilmente podría exagerarse.

TÍTULO PRELIMINAR DE LAS GARANTÍAS PENALES Y DE LA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL Artículo 1 1. No será castigada ninguna acción ni omisión que no esté prevista como delito o falta por ley anterior a su perpetración. 2. Las medidas de seguridad sólo podrán aplicarse cuando concurran los presupuestos establecidos previamente por la ley. Jurisprudencia •

Concepto del principio de legalidad: – El derecho a la legalidad penal, como derecho fundamental de los ciudadanos, incorpora en primer término una garantía de orden formal, consistente en la necesaria existencia de una norma con rango de ley como presupuesto de la actuación punitiva del Estado, que defina las conductas punibles y las sanciones que les corresponden. Esta garantía formal implica que sólo el Parlamento está legitimado para definir los delitos y sus consecuencias jurídicas y vincula el principio de legalidad al Estado de Derecho, esto es, a la autolimitación que se impone el propio Estado con el objeto de impedir la arbitrariedad y el abuso de poder, de modo que expresa su potestad punitiva a través del instrumento de la ley y sólo la ejercita en la medida en que está prevista en la ley (STC 142/1999, 22-7; 24/04, 24-2). – La primera garantía que contiene el principio de legalidad es la garantía formal, cuyo significado estriba en que únicamente cabe imponer una condena por un hecho cuando existe una norma jurídica con un determinado rango (lex scripta), que prevé que tal hecho es punible y que si se realiza le corresponderá una determinada pena, pero siempre que dicha norma jurídica exista con carácter previo a la conducta que es objeto de la condena (lex praevia). En definitiva, existe una reserva de ley para definir delitos y para amenazarlos con penas, quedando así acotadas las fuentes del Derecho en materia penal (STC 64/01, 17-3). – La garantía material del principio de legalidad comporta el mandato de taxatividad o certeza, que se traduce en la exigencia de predeterminación normativa de las conductas punibles y de sus correspondientes sanciones (lex certa) (STC 123/01, 4-6; 125/01, 4-6; 126/01, 4-6; 127/01, 4-6). Exclusión de la interpretación extensiva y de la analogía: El principio de legalidad se dirige en especial a los Jueces y Tribunales. Sólo los comportamientos que son susceptibles de integrarse en un precepto penal concreto pueden considerarse infracción de esta naturaleza sin que sea dable incorporar a la tarea exegética ni la interpretación extensiva ni menos aún la analogía en la búsqueda del sentido y alcance de una norma penal. Ello significa que la limitación que la aplicación de este principio supone imponer la exclusión de aquellas conductas que no se encuentran plenamente enmarcadas dentro de un tipo penal o lo que es igual, pretendiendo criminalizar conductas previamente a su definición dentro del orden jurisdiccional competente, para delimitar dentro de él las conductas incardinadas dentro de esta jurisdicción y establecer la naturaleza de la responsabilidad para, llegado el caso, trasladarlas a este orden jurisdiccional limitativo y restrictivo por la propia naturaleza punitiva y coercitiva que lo preside [STS 81/08, 13-2 (Tol 1294023)]. Principio de intervención mínima: – Véase art. 325. – Supone que la sanción penal no debe actuar cuando existe la posibilidad de utilizar otros medios o instrumentos jurídicos no penales para restablecer el orden jurídico. La apelación al derecho penal, como instrumento


21

CÓDIGO PENAL DE 1995

Art. 1

para resolver los conflictos, es la última razón a la que debe acudir el legislador que tiene que actuar, en todo momento, inspirado en el principio de intervención mínima de los instrumentos punitivos. Principio de intervención mínima que forma parte del principio de proporcionalidad o de prohibición del exceso, cuya exigencia descansa en el doble carácter que ofrece el derecho penal: a) Al ser un derecho fragmentario en cuanto no se protege todos los bienes jurídicos, sino solo aquellos que son mas importantes para la convivencia social, limitándose, además, esta tutela a aquellas conductas que atacan de manera más intensa a aquellos bienes. b) Al ser un derecho subsidiario que como ultima ratio, la de operar únicamente cuando el orden jurídico no puede ser preservado y restaurado eficazmente mediante otras soluciones menos drásticas que la sanción penal [STS 81/08, 13-2 (Tol 1294023)]. – El principio de intervención mínima no está comprendido en el de legalidad ni se deduce de él. Reducir la intervención del derecho penal, como última “ratio”, al mínimo indispensable para el control social, es un postulado razonable de política criminal que debe ser tenido en cuenta primordialmente por el legislador, pero que en la praxis judicial, aun pudiendo servir de orientación, tropieza sin remedio precisamente con las exigencias del principio de legalidad por cuanto no es al juez sino al legislador a quien incumbe decidir, mediante la fijación de los tipos y la penas, cuáles deben ser los límites de la intervención del derecho penal [STS 81/08, 13-2 (Tol 1294023)]. – El principio de intervención mínima sólo se entiende cabalmente si se le sitúa en un contexto de cambio social en el que se produce una tendencia a la descriminalización de ciertos actos —los llamados “delitos bagatelas” o las conductas que han dejado de recibir un significativo reproche social— pero también una tendencia de sentido contrario que criminaliza atentados contra bienes jurídicos que la mutación acaecida en el plano axiológico convierte en especialmente valiosos. Esto último nos debe poner en guardia frente a determinadas demandas que se formulan en nombre del mencionado principio [STS 1182/06, 29-11 (Tol 1018978); 81/08, 13-2 (Tol 1294023)]. Principio non bis in idem: No aparece expresamente formulado en la Constitución de 1978. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha entendido que debe considerarse incluido en el principio de legalidad del artículo 25, aunque tal inclusión sea discutida doctrinal y jurisprudencialmente. Tal como aparece formulado en el art. 14.7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Nueva York, 16 de diciembre de 1966), nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido ya condenado o absuelto por una sentencia firme, de acuerdo con la ley y el procedimiento penal de cada país. En el Convenio de aplicación del acuerdo de Schengen de 14 de junio de 1985, que entró en vigor para España el 1 de marzo de 1994, el art. 54, con las posibles excepciones contempladas en el art. 55 en su caso, dispone que “una persona que haya sido juzgada en sentencia firme por una Parte contratante no podrá ser perseguida por los mismos hechos por otra Parte contratante, siempre que, en caso de condena, se haya ejecutado la sanción, se esté ejecutando o no pueda ejecutarse ya, según la legislación de la Parte contratante donde haya tenido lugar la condena”. En cualquier caso, lo que el principio prohibe es en el ámbito interno la doble sanción penal por los mismos hechos, o incluso una segunda persecución a través de un nuevo procedimiento respecto de hechos ya enjuiciados, lo que implica que, para que pueda ser estimada su alegación, es precisa una sentencia firme anterior, respecto de cuyo relato de hechos se pueda realizar una valoración en relación con los perseguidos en el nuevo procedimiento o contemplados en la segunda sentencia, que, naturalmente, ha de ser condenatoria [STS 154/08, 8-4 (Tol 1311916)]. Reserva de ley orgánica: Del art. 25.1 CE se deriva una reserva absoluta de ley en el ámbito penal. Y de conformidad con lo dispuesto en el art. 81.1 CE en relación con el art. 17.1 CE, esa ley ha de ser orgánica respecto de aquellas normas penales que establezcan penas privativas de libertad. La remisión a la ley que lleva a cabo el art. 17.1 de la CE ha de entenderse como remisión a la Ley orgánica, de manera que la imposición de una pena de privación de libertad prevista en una norma sin ese carácter constituye una vulneración de las garantías del derecho a la libertad y, por ello, una violación de ese derecho fundamental (STC 15/81, 7-5; 118/92, 16-9; 24/04, 24-2). Aplicación del principio de legalidad a las medidas de seguridad: El principio de legalidad no opera respecto de las medidas de seguridad con la misma estricta exigencia que lo hace sobre las penas, y así, en el propio articulado del Código se introduce en la regulación de las medidas, por ejemplo, la posibilidad de cese anticipado, sustitución o suspensión de la medida inicialmente aplicada (art. 97), atendiendo a la mejor obtención del fin prioritario de la misma, que no es otro que el de la desaparición a través del tratamiento terapeútico de la peligrosidad del sujeto inimputable, que le sirve de fundamento para su aplicación y mantenimiento (art. 6.1 y 2) (STS 464/02, 14-3). Sólo puede imponerse una de las medidas de seguridad legalmente establecidas: Imposibilidad de imposición de medida distinta de las enumeradas, como “numerus clausus”, en el catálogo legal (arts. 96, 105, 107 y 108) (STS 464/02, 14-3). Importancia del principio de finalidad terapéutica: Junto al principio de legalidad, tanto en la aplicación como en la ejecución de las medidas de seguridad, y de otros principios que se deducen de la propia literalidad de los preceptos que integran el Título IV del Libro II del Texto legal y otras normas conexas, tales como, el de


CÓDIGO PENAL DE 1995

Art. 2

22

jurisdiccionalidad, tanto en la aplicación como en la ejecución de la medida (arts. 3.1 y 2, 95.1 y 97), el de proporcionalidad en relación con la gravedad del hecho cometido y de su sanción punitiva (arts. 6.2, 95.2, 101.1 inciso 2º, 102.1 inciso 2º, 103.1 inciso 2º y 104 inciso 2º) o el de obligatoriedad del cumplimiento de la medida impuesta (arts. 100 y 468), adquiere un carácter también esencial, si no incluso prioritario, el de la finalidad terapéutica de la intervención penal para el supuesto del sujeto inimputable, que late como fundamento y objetivo último de este instrumento legal, vinculado a la pena en su función de reinserción social por mandato del artículo 25 de la Constitución (STS 464/02, 14-3).

Artículo 2 1. No será castigado ningún delito ni falta con pena que no se halle prevista por ley anterior a su perpetración. Carecerán, igualmente, de efecto retroactivo las leyes que establezcan medidas de seguridad. 2. No obstante, tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo condena. En caso de duda sobre la determinación de la ley más favorable, será oído el reo. Los hechos cometidos bajo la vigencia de una ley temporal serán juzgados, sin embargo, conforme a ella, salvo que se disponga expresamente lo contrario. Jurisprudencia 1. RETROACTIVIDAD DE LA NORMA FAVORABLE • Concepto general: Un correcto entendimiento del principio de irretroactividad de la Ley penal, inmerso como se dijo en las SSTC 8/81 y 15/81 en el de legalidad, significa que no es posible aplicar una ley desfavorable a hechos ocurridos con anterioridad a su entrada en vigor, al mismo tiempo indica que los efectos de una ley perjudicial cesan cuando ha terminado su tiempo de vigencia, bien porque en una sucesión normativa se contemple la situación más benignamente o porque tal situación haya dejado de contemplarse (STC 21/93, 18-1). • No se puede hacer una aplicación parcial de dos leyes sucesivas, sino que hay que decidirse por una sola de ellas en su totalidad: No es aceptable, y así lo ha dicho el Tribunal Constitucional en su Auto 369/1984, 24-6, utilizar el principio de retroactividad de la ley más favorable para elegir, de las dos leyes concurrentes, las disposiciones parcialmente más ventajosas, pues en tal caso, el órgano judicial sentenciador no estaría interpretando y aplicando las leyes en uso correcto de la potestad jurisdiccional que le atribuye el art. 117.3 de la Constitución, sino creando con fragmentos de ambas leyes una tercera y distinta norma legal con invasión de funciones legislativas que no le competen (STC 131/86, 29-10). • Supuestos en que procede la aplicación retroactiva de la norma penal: Deben diferenciarse los casos en que verdaderamente está justificada la retroacción en beneficio del reo porque el legislador ha valorado de modo diferente la conducta antes punible que, por tal cambio, queda despenalizada, respecto de aquellos otros en que tal despenalización se produce por razones de cambio en las circunstancias del hecho, en que, subsistiendo el criterio del legislador de considerar punible el delito, se habría producido una nueva situación fáctica al haberse modificado la normativa reguladora de un aspecto fáctico del delito. Nos parece razonable entender que en estos últimos casos no ha de tener lugar esa retroactividad (STS 499/04, 23-4). • Penas ya ejecutadas: La extinción de la responsabilidad criminal sólo alcanza eficacia sobre las penas no ejecutadas, pero nunca sobre las ya cumplidas en su ejecución (STS 46/98, 20-1). • Pena de comiso ya cumplida: Aunque el acusado fue absuelto por el delito monetario del que originariamente había sido condenado, y ello porque el Tribunal de las Comunidades Europeas declaró no ajustada a la legislación comunitaria la exigencia española de previa autorización para la salida de dinero del territorio español, ya se había ejecutado entonces la pena de comiso, y tal ejecución es irretroactiva (STS 46/98, 201).


23

CÓDIGO PENAL DE 1995

Art. 3

Artículo 3 1. No podrá ejecutarse pena ni medida de seguridad sino en virtud de sentencia firme dictada por el Juez o Tribunal competente, de acuerdo con las leyes procesales. 2. Tampoco podrá ejecutarse pena ni medida de seguridad en otra forma que la prescrita por la ley y reglamentos que la desarrollan, ni con otras circunstancias o accidentes que los expresados en su texto. La ejecución de la pena o de la medida de seguridad se realizará bajo el control de los Jueces y Tribunales competentes. Fiscalía General del Estado •

Instrucción 3/1991, de 13 de mayo, sobre las medidas de seguridad predelictuales: En virtud del principio de legalidad, consagrado en el art. 25.1 de la Constitución, no cabe la adopción de pena o medida de seguridad sobre quien no haya sido declarado culpable de la comisión de un ilícito penal.

El derecho a la ejecución de las sentencias en sus propios términos es parte integrante del derecho a la tutela judicial efectiva: Si no fuera así las decisiones judiciales serían meras declaraciones de intenciones y, por consiguiente, no estaría garantizada la efectividad de la tutela judicial. En el control de la corrección de la actuación judicial al ejecutar el fallo habrá de contrastarse, de un lado, el sentido del fallo mismo interpretado en su propio contexto; de otro, lo resuelto con posterioridad para llevarlo a cabo, analizando si existió o no un desviamiento irrazonable, arbitrario o erróneo en relación con el contenido y alcance de los pronunciamientos que integran la parte dispositiva de la resolución ejecutada (STC 145/06, 8-5). La finalidad de reinserción corresponde a las penas privativas de libertad según el artículo 25.2 de la Constitución: – De un lado, la reinserción o rehabilitación social del penado no es la única finalidad de la pena, pues nada impide reconocer otros fines como la prevención general y especial, que resultan mejor satisfechos cuando en la forma de ejecución se reconocen más negativas consecuencias para quienes han sido condenados por un número mayor de delitos. El Tribunal Constitucional ha reconocido que el artículo 25.2 CE sienta las bases de nuestro sistema de ejecución penitenciaria al decir que las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social, mismo fin primordial éste que atribuye el artículo 1 de la Ley General Penitenciaria de 26-9-79, lo cual no constituye un derecho fundamental de la persona, «sino un mandato del constituyente al legislador para orientar la política penal y penitenciaria», mandato del que no se derivan derechos subjetivos, lo que quiere decir que no obstante ser la prevención especial el fin primordial de la pena privativa de libertad, no es el único [STS 1076/09, 29-10 (Tol 1768843)]. – La resocialización del delincuente, aunque no es una finalidad prescindible en la orientación que debe seguir la ejecución de las penas privativas de libertad, no es el único fin de esa clase de pena, por lo que tal objetivo no debe hacerse incompatible con otros fines de la pena tradicionalmente reconocidos, como incluso la retribución, o muy especialmente, y en mayor medida, los efectos que de ella se pretenden en orden a la prevención general y especial, esta última muy relacionada con el número de delitos cometido por el penado. Por ello, la interpretación de las normas aplicables debe hacerse compatible con todos aquellos fines, permitiendo la máxima eficacia en materia de reinserción del penado en la sociedad, y también el mayor efecto de la pena impuesta en relación con los fines de prevención general y especial, no incompatibles con aquella [STS 1076/09, 29-10 (Tol 1768843)]. – Los distintos grados previstos en el régimen de cumplimiento de las penas privativas de libertad, junto con los mecanismos regulados dentro del ámbito del tratamiento penitenciario, pueden permitir, a través de su correcta aplicación, el avance posible en cada caso en la reinserción del delincuente, lo cual no debe ser incompatible con el respeto a aquellos diversos fines asignados a la pena, ni siquiera en aquellos casos en los que la duración total de la privación de libertad pudiera prolongarse más allá de los límites generales establecidos por cada Código ante la imposibilidad de proceder a la acumulación de todas las penas impuestas a la misma persona por hechos cometidos en distintos periodos temporales que no hubieran podido enjuiciarse en un solo proceso [STS 1076/09, 29-10 (Tol 1768843)].

Jurisprudencia


1_9788490041093