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HACIA UN SISTEMA PENAL ORIENTADO A LAS VÍCTIMAS El estatuto penal, procesal y asistencial de las víctimas del terrorismo en España

Directores

FERNANDO VÁZQUEZ-PORTOMEÑE SEIJAS GUMERSINDO GUINARTE CABADA Coordinadoras

NATALIA PÉREZ RIVAS EVA M. SOUTO GARCÍA

Valencia, 2013


Copyright ® 2013 Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito de los autores y del editor. En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com (http://www. tirant.com).

© Fernando Vázquez-Portomeñe Seijas Gumersindo Guinarte Cabada y otros

© TIRANT LO BLANCH EDITA: TIRANT LO BLANCH C/ Artes Gráficas, 14 - 46010 - Valencia TELFS.: 96/361 00 48 - 50 FAX: 96/369 41 51 Email:tlb@tirant.com http://www.tirant.com Librería virtual: http://www.tirant.es DEPÓSITO LEGAL: V-602-2013 I.S.B.N.: 978-84-9033-059-3 MAQUETA: PMc Media Si tiene alguna queja o sugerencia envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia por favor lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-de-empresa nuestro Procedimiento de quejas.


COLABORADORES María de los Ángeles Catalina Benavente Profesora contratada doctora de Derecho Procesal Universidad de Santiago de Compostela

Patricia Faraldo Cabana Catedrática de Derecho Penal Universidad de A Coruña

Bernardo J. Feijoo Sánchez Catedrático de Derecho Penal Universidad Autónoma de Madrid

Gumersindo Guinarte Cabada Profesor Titular de Derecho Penal Universidad de Santiago de Compostela

Natalia Pérez Rivas Becaria de Formación de Profesorado Universitario Universidad de Santiago de Compostela

José Manuel Rodríguez Uribes Profesor Titular de Filosofía del Derecho Universidad Carlos III de Madrid

Fernando Vázquez-Portomeñe Seijas Profesor Titular de Derecho Penal Universidad de Santiago de Compostela


Índice PRÓLOGO...............................................................................................

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Algunas consideraciones respecto al ejercicio de la acusación particular y popular en los procesos por terrorismo.....................................................

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MARÍA DE LOS ÁNGELES CATALINA BENAVENTE

El papel de la víctima durante la ejecución de condenas por delitos referentes a organizaciones y grupos terroristas y de terrorismo...........................

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PATRICIA FARALDO CABANA

La libertad vigilada en el código penal y las víctimas de terrorismo...........

81

BERNARDO FEIJOO SÁNCHEZ

El delito de terrorismo por actos individuales del artículo 577 del código penal. Ámbito de aplicación y valoración crítica........................................

123

GUMERSINDO GUINARTE CABADA

El nuevo régimen de ayudas e indemnización a las víctimas de terrorismo

159

NATALIA PÉREZ RIVAS

Algunas notas sobre la relevancia penal de los actos de vejación de las víctimas del terrorismo..............................................................................

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FERNANDO VÁZQUEZ-PORTOMEÑE SEIJAS

El apoyo institucional a las víctimas del terrorismo en España.................. JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ URIBES

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PRÓLOGO Es lugar común el afirmar que, a pesar de que las víctimas del terrorismo ocupan un lugar preeminente en la formulación y presentación de las políticas antiterroristas, el apoyo que se les brinda en la práctica es bastante limitado. Esta monografía pretende contribuir a un mejor conocimiento de la situación de quienes resultan directa o indirectamente afectados por actos terroristas desde los puntos de vista victimológico, penal, procesal y asistencial. Su origen se halla en el seminario desarrollado, bajo el título “Víctimas de terrorismo y sistema penal”, los días 5 y 6 de mayo de 2011, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Compostela. Las ponencias originales han sido, no obstante, objeto de una significativa reelaboración, para ajustarlas a los cánones de calidad y presentación formal propios de los artículos científicos. Desde estas líneas queremos expresar nuestro agradecimiento a los autores por su esfuerzo y el interés con que acogieron la sugerencia de participar en la monografía. La presente publicación ha sido posible merced a la concesión de los proyectos I+D sobre “Consolidación de las medidas alternativas a la privación de libertad en el sistema penal español: riesgos y beneficios” (DER2011-24030JURI) del Ministerio de Ciencia e Innovación, y “Medidas alternativas a la privación de libertad” (10PXIB101082PR) la Consellería de Economía e Industria de la Xunta de Galicia, a un grupo de profesores e investigadores de las Universidades de A Coruña y Santiago de Compostela y del que forman parte José Ángel Brandariz García, Patricia Faraldo Cabana, Agustina Iglesias Skulj, Luz María Puente Aba, José Antonio Ramos Vázquez, Luis Rodríguez Moro, Eva María Souto García y Mónica Zapico Barbeito, del Departamento de Derecho Público de la Universidad de A Coruña, Gumersindo Guinarte Cabada y Fernando Vázquez-Portomeñe Seijas, del Instituto de Criminología de la Universidad de Santiago de Compostela, y Natalia Pérez Rivas, del Departamento de Derecho Público Especial de la Universidad de Santiago de Compostela.

Fernando Vázquez-Portomeñe Seijas Gumersindo Guinarte Cabada


ALGUNAS CONSIDERACIONES RESPECTO AL EJERCICIO DE LA ACUSACIÓN PARTICULAR Y POPULAR EN LOS PROCESOS POR TERRORISMO1 María de los Ángeles Catalina Benavente2

Profesora Contratada Doctora de Derecho Procesal Universidad de Santiago de Compostela

Sumario: I. INTRODUCCIÓN. II. EL EJERCICIO DE LA ACUSACIÓN PARTICULAR POR LAS VÍCTIMAS DE TERRORISMO. 1. El ejercicio conjunto de la acusación particular por varias víctimas. III. EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN POPULAR POR LAS ASOCIACIONES DE VÍCTIMAS DE TERRORISMO. 1. La pluralidad de asociaciones ejerciendo la acusación popular. IV. EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN CIVIL. V. EL DERECHO A LA ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA DE LAS VÍCTIMAS DE TERRORISMO Y DE LAS ASOCIACIONES DE VÍCTIMAS DE TERRORISMO. VI. EL PAGO DE LAS COSTAS GENERADAS POR LAS ACUSACIONES PARTICULARES Y POPULARES. VII. LA INTERVENCIÓN DE LA VÍCTIMA EN EL PROCESO PENAL DE MENORES.

I. INTRODUCCIÓN La preocupación por la víctima de un hecho delictivo que en los últimos años se ha traducido, tanto a nivel nacional como internacional, en una mejora sustancial de su posición en el proceso penal no impide afirmar que no en todas las ocasiones la posición de la víctima se encuentra bien regulada y su situación perfectamente protegida. El problema de la situación de la víctima en el proceso penal no es solo un problema de la legislación española, sino que es común al resto de los ordenamientos jurídicos.

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Este trabajo ha sido realizado en el marco del proyecto de investigación “Las privaciones de libertad en los procesos por terrorismo”, financiado por el Ministerio de Innovación, Ciencia y Tecnología. Ref.: DER 2008/06178. Miembro del Instituto Universitario Alonso Martínez de Justicia y Litigación.


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A nivel europeo, esta preocupación se tradujo en la Decisión marco del Consejo (2001/220/JAI), de 15 de marzo de 2001, relativa al estatuto de la víctima en el proceso penal, que pretende que “los Estados miembros aproximen sus disposiciones legales y reglamentarias en la medida necesaria para realizar el objetivo de ofrecer a las víctimas de delitos un elevado nivel de protección, con independencia del Estado miembro en que se encuentren”. Sin embargo, la Decisión marco “no obliga a los Estados miembros a garantizar a las víctimas un trato equivalente al de las partes del proceso” (Considerando 9). Esto es importante, porque permite afirmar que la tutela de la víctima a nivel europeo no pasa necesariamente por garantizar su intervención como parte en el proceso penal que se desarrolle contra el, o los, presuntos autores de los hechos delictivos. La intervención de las víctimas en el proceso penal no siempre se garantiza; esto es lo que ha ocurrido tanto en el Estatuto del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia como del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, en coherencia con el modelo de procedimiento imperante. En estos casos, las víctimas de delitos sobre los que tienen jurisdicción estos tribunales no tienen ninguna posibilidad, ya sea individual o colectiva, para impulsar el inicio de una investigación o forzar una acusación (CARPIO, pp. 68-73). La Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, que tiene por objeto “el reconocimiento de las víctimas del terrorismo y el establecimiento de un marco de indemnizaciones, ayudas, prestaciones, garantías y condecoraciones con la finalidad de reconocer y atenuar, en la medida de lo posible, las consecuencias de la acción terrorista en las víctimas y en sus familias o en las personas que hayan sufrido daños como consecuencia de la acción terrorista” (art. 1), da una definición de víctima de terrorismo en su art. 3. Conforme a lo dispuesto en este precepto, esta Ley será de aplicación “a quienes sufran la acción terrorista, definida ésta como la llevada a cabo por personas integradas en organizaciones o grupos criminales que tengan por finalidad o por objeto subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública. Será aplicable, igualmente, a las víctimas de los actos dirigidos a alcanzar los fines señalados en el párrafo precedente aun cuando sus


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responsables no sean personas integradas en dichas organizaciones o grupos criminales”. Nos parece, sin embargo, del máximo interés reproducir las palabras de BERISTAIN (p. 35): “Si investigamos cuántas son las víctimas del terrorismo en España, generalmente nos dirán que 817 asesinadas y 77 secuestradas. Estas cifras se refieren solo a las víctimas directas, pero olvidan las indirectas, que son más, casi inabarcables: sus familiares y amigos, etcétera. Por lo tanto, conviene saber que todo delito terrorista produce muchas víctimas, en plural; no una víctima, en singular. Y —lo que nos interesa especialmente— conviene proclamar que todos los delitos de terrorismo son de una gravedad trágica mucho mayor que los similares delitos del mismo género (un asesinato terrorista es más grave que un asesinato). Por eso, sus víctimas merecen el nombre de macrovíctimas. No se las puede equiparar con las víctimas de cualquier otro delito”. La Ley 29/2011, además, regula en su Título V, en un Capítulo único, la “Protección de las víctimas en los procesos judiciales”, destinado, como señala la Exposición de Motivos, a “proteger a las víctimas y a sus familias en el ámbito procesal”. En este capítulo se hace referencia a la asistencia jurídica gratuita (art. 48), la mínima lesividad de la víctima en la participación en el proceso (art. 49), así como la información especializada a la víctima a través de la creación de una Oficina de Información y Asistencia a las Víctimas de Terrorismo en la Audiencia Nacional (arts. 50 y 51). Las víctimas de terrorismo llevan tiempo reclamando una serie de modificaciones en la ley procesal penal que permitirían, en su opinión, la mejor participación o intervención de las víctimas en el proceso penal contra los presuntos autores de atentados terroristas, ya fuera individualmente, ya fuera representadas por las asociaciones de víctimas de terrorismo. Entre estas medidas se encuentran las siguientes3: 1) una adecuada regulación del secreto del sumario, ya que la regulación actual imposibilita el derecho a ser oído durante las actuaciones o

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Documento “Las víctimas en el centro de atención de la Justicia Europea. Experiencias de organizaciones europeas de víctimas”, Madrid, IFEMA, 15 de enero de 2010 (http://www.asociacion11m.org/ documentos/20100115PonenciaUE.pdf).


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incluso a la petición o facilitar elementos de prueba que puedan realizar las víctimas de un atentado terrorista durante el proceso, al mismo tiempo que restringe el derecho a la información de las víctimas; 2) fortalecimiento de la acción popular y de la acusación particular, para no dejar solo en manos del Ministerio Fiscal la persecución de estos delitos; 3) mayor especialización del fiscal o investigador instructor en temas de terrorismo yihadista; 4) garantizar que las víctimas, individualmente o a través de sus organizaciones, gocen de asesoramiento jurídico y asistencia jurídica gratuita, así como el acceso a todos los elementos que le permitan seguir el desarrollo del proceso penal. Para ello reclaman que los defensores de las víctimas cuenten con los mismos instrumentos que los defensores de los presuntos terroristas; 5) desarrollo integral de una ley de testigo protegido, para los delitos de terrorismo yihadista, donde se les conceda una protección efectiva a ellos y a sus familias. En este trabajo pretendemos abordar el tema de la intervención de las víctimas de terrorismo y de las asociaciones de víctimas de terrorismo en el proceso penal, por medio del ejercicio de la acusación particular y popular.

II. EL EJERCICIO DE LA ACUSACIÓN PARTICULAR POR LAS VÍCTIMAS DE TERRORISMO El hecho de que se reconozcan derechos a las víctimas no significa que se le esté otorgando el rango de parte procesal. Para que la víctima del delito alcance el status de parte procesal activa es necesaria su personación en el proceso penal correspondiente desde alguna de las figuras acusadoras reconocidas procesalmente. A diferencia de lo que sucede en otros ordenamientos jurídicos, en el sistema español el Ministerio Fiscal no ostenta el monopolio de la acción penal, sino que la LECrim reconoce la posibilidad del ejercicio de la acción penal por los particulares, hayan sido o no ofendidos por el hecho delictivo. Así, reconoce la intervención de tres tipos de acusadores no públicos en un proceso penal: el actor popular, el acusador particular y el acusador privado. Esta solución legislativa, como apunta MORENO CATENA (p. 105), permite “conjugar todos los intereses posibles que inciden en un procedimiento penal, pues da entrada


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a la víctima para que pueda instar la sanción de la conducta que le ha dañado, a cualquier ciudadano que pretenda intervenir acusando, en la medida en que forma parte de la sociedad agredida por el delito, y no descuida la protección de la sociedad, de modo que corresponsabiliza en alguna medida a todos los componentes de la sociedad y al propio tiempo sirve de control a la actuación del Estado”. A pesar de que se le reconoce el status de parte, la víctima puede limitarse a ser sujeto pasivo de las informaciones a las que tiene derecho pero sin constituirse en parte acusadora, dejando así que sea el Ministerio Fiscal el que ejerza la acción penal. La negativa de la víctima a constituirse en parte acusadora no impide, sin embargo, que sea llamada al proceso a declarar como testigo y que tenga el deber de comparecer. La intervención de la víctima en el proceso penal es facultativa ya que se trata, como apunta la doctrina, de una parte contingente; esto no impide, sin embargo, que en distintos momentos procesales el órgano judicial recuerde a la víctima la posibilidad de intervenir en dicho proceso e, incluso, que el órgano judicial le comunique a la víctima el hecho de que el Ministerio Fiscal no va a sostener la acusación por lo que, si no quiere que el proceso concluya con un auto de sobreseimiento, debe personarse y ejercer la acción penal. En segundo lugar, la víctima puede constituirse en acusación particular, de manera individual o junto con otras víctimas, y en este sentido ejercitar tanto la acción penal como la acción civil derivada del delito. Una tercera postura sería la de “delegar” el ejercicio de la acción penal en una asociación de víctimas del terrorismo. La víctima de terrorismo que quiera intervenir en el proceso penal lo hará a través del ejercicio de la acusación particular. La doctrina se muestra unánime a la hora de considerar que el ejercicio de la acusación particular en el proceso penal alcanza tanto al ofendido como al perjudicado por los hechos delictivos, aun cuando en puridad debería entenderse que dicha acusación particular habría de quedar reservada al ofendido, mientras que al perjudicado le correspondería intervenir en el proceso mediante el ejercicio de la acción popular (MONTERO, 2011, p. 75; SOLÉ, p. 55). El ofendido es el sujeto que resulta directamente afectado por la comisión del delito, esto es, el titular del bien jurídico protegido penalmente, ya sean personas físicas o jurídicas. En ocasiones, sin embargo, dicho titular no puede actuar en el proceso penal derivado del


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delito porque precisamente éste ha consistido en la eliminación física de aquel. En este caso la Ley permite ejercitar la acusación particular a los familiares más cercanos o a los herederos de la víctima como perjudicados (art. 281.2 LECrim), es decir, a quienes han sufrido alguna consecuencia dañosa del hecho delictivo. Lo que justifica la asimilación moral del perjudicado con el ofendido es el daño moral que para los familiares y herederos supone la muerte del causante, y el interés que en ellos surge de estar presentes en el proceso donde se dilucida el castigo del culpable. Esta asimilación moral se traduce en que también al perjudicado se le permite la intervención en el proceso penal a través del ejercicio de la acusación particular. En todo caso, es indudable que la utilización en la LECrim de la terminología referente a la acusación por los particulares es altamente confusa (FERREIRO, p. 205). El acusador particular puede comparecer en el proceso bien por medio de la interposición de la querella por la que pedirá al órgano judicial que le tenga como parte, bien, una vez iniciado el proceso, aceptando el ofrecimiento de acciones [en el procedimiento ordinario al tomarle el juez declaración (art. 109); en el abreviado por la policía judicial al realizar las primeras diligencias (art. 771.1); por el secretario judicial en la primera comparecencia si no lo hizo antes la policía judicial (art. 776.1)], y presentando un escrito de personación declarando su voluntad de ser parte acusadora. Además, a la víctima se le ofrecerá la posibilidad de ejercitar la acusación cuando el Ministerio Fiscal decida no hacerlo y en vez de ello pida el sobreseimiento (arts. 642 y 782.2.a). Sin embargo, la posibilidad de constituirse en parte acusadora para la víctima del hecho delictivo no es ilimitada sino que, evidentemente está sometida a plazos. Los ofendidos tienen, en todo caso, un plazo hasta el cual podrán personarse en la causa como acusación particular. En el procedimiento ordinario este plazo vence una vez que se abre el trámite de calificación del delito (art. 110), mientras que en el abreviado, aunque el art. 761 LECrim no marca un límite, hay que entender que el límite lo marca el escrito de acusación (art. 780). Una vez personada la acusación particular puede tomar conocimiento de lo actuado (arts. 302, 771.1 y 776.3); podrá participar en las diligencias pendientes (art. 302.I); podrá solicitar nuevas diligencias de investigación (arts. 311, 771.1 y 776.3); podrá pedir la adop-


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ción de medidas cautelares (art. 505.1); podrá pedir la apertura del juicio oral o el sobreseimiento; podrá formular acusación e intervenir en las actuaciones propias del juicio oral. Si así lo considera conveniente, el acusador particular puede desistir de su actuación en el proceso en cualquier momento (apartarse de la querella dice el art. 274), quedando sujeto a las posibles responsabilidades en que hubiera podido incurrir. Esta retirada no implica el archivo del proceso, siempre que haya quien sostenga la acusación. La víctima de terrorismo que se constituye como acusación particular en el proceso por terrorismo no podrá ejercitar más acciones penales que las relacionadas con el hecho delictivo por el que adquirió la condición de ofendido o perjudicado. Esta cuestión se planteó en la STS de 29 de noviembre de 1997 (caso Mesa Nacional de Herri Batasuna) en el que la defensa, con fundamento en los apartados primero y segundo del art. 24 CE, instó a la Sala “la nulidad del escrito de acusación formulada por la representación de los Sres. José M.ª y Rubén Mújica Heras en todo aquello que no se refiera estrictamente a la presunta elaboración y difusión de un comunicado o nota de prensa relacionada con la muerte del Sr. Fernando Mújica Herzog, así como que su intervención en el presente proceso quede limitada a aquello que se refiera al mencionado comunicado o nota de prensa”. Se trata del proceso en el que se juzgó a la Mesa Nacional de HB por la difusión de un vídeo más apología de terrorismo tras la muerte del Magistrado Tomás Valiente y el abogado Mújica. La familia de Mújica se personó en el proceso como acusación particular por los tres delitos objeto de acusación pero el Tribunal Supremo le dijo que solo podría acusar por apología de terrorismo (por el comunicado por HB a raíz del atentando contra Fernando Mújica Herzog), pero que no podría acusar por los otros delitos, ya que para ello debería constituirse como acusación popular. El Tribunal Supremo entendió que el ejercicio de la acusación particular “determina una legitimación concreta cuyo alcance, salvo que se quebranten los principios procesales y constitucionales invocados por el proponente de la cuestión, no puede sobrepasar los márgenes impuestos por tal específica cualificación. De no ser así, estaríamos en presencia de una injustificada ampliación acusatoria sin equivalencia en el esquema defensivo y que —abstinente de sustento alguno— estaría rebasando los estrictos límites del Principio Acusatorio cuyo rango


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constitucional necesariamente debe preservarse. De ahí que hayan de restablecerse los contornos objetivos de la relación jurídico-procesal en cuyo seno debe actuar la Acusación Particular para, reconducidos a los términos postulados por las defensas, evitar la vulneración de los Derechos constitucionales invocados”.

1. El ejercicio conjunto de la acusación particular por varias víctimas Ha sido fundamentalmente en el proceso seguido por los atentados de 11 de marzo de 2004 donde la presencia de víctimas en el proceso ha sido especialmente elevada. En este proceso se ejercieron 18 acusaciones diferentes a la del Ministerio Fiscal. Tres asociaciones de víctimas ejercieron tres acusaciones populares distintas, y las víctimas, individualmente o agrupadas, ejercieron 15 acusaciones particulares. Evidentemente uno de los problemas que plantea la regulación de la intervención de la víctima en el proceso penal son los supuestos en los que el número de víctimas es elevado, lo que al permitir su intervención, complica y ralentiza aún mucho más el proceso penal. Cada una de estas 18 acusaciones intervino con su propio letrado. Se trató, evidentemente, de un supuesto excepcional, como consecuencia de la magnitud del atentado; ya que si analizamos las sentencias de la Audiencia Nacional en materia de terrorismo en los últimos años vemos que no es frecuente la intervención de la víctima como acusación particular ya que, en la mayoría de los procesos, es el Ministerio Fiscal el que ejerce en exclusiva la acción penal. En el año 2010 destaca la sentencia dictada a raíz de los atentados de la Terminal 4 del aeropuerto de Madrid-Barajas, de 30 de diciembre de 2006. En este proceso se personaron un total de 8 acusaciones particulares, junto con una acusación popular, ejercitada por la Asociación de Víctimas de Terrorismo. Las 8 acusaciones particulares personadas discreparon casi exclusivamente con el Fiscal en lo relativo a las indemnizaciones. Esto mismo ocurrió en la SAN núm. 19/2010, de 10 de marzo, en la que el Ministerio Fiscal y la acusación particular coincidieron en la calificación penal, pero difirieron en la cuantía de la indemnización, que es realmente el supuesto más frecuente. Otra posibilidad es la de la simple personación en el proceso sin que exista ninguna disconformidad con la acción penal y civil ejercida por el Mi-


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nisterio Fiscal. Así ocurrió en la SAN núm. 30/2010, de 5 de mayo, en la que la acusación particular “mostró su absoluta conformidad con todas las correlativas del Ministerio Público, abarcando tal anuencia tanto a la descripción de los hechos como a su calificación jurídica, petición de penas y quantum de la responsabilidad civil derivada del ilícito penal, e incluso a la petición de prueba deducida por la acusación pública”. Otra cuestión interesante se planteó en la SAN núm. 40/2009, de 17 de junio, a la hora de determinar si la intervención del Partido Popular (PP) en el proceso contra aquellos que profirieron amenazas contra una concejala del PP en el Ayuntamiento de Getxo, se podía configurar como acusación particular o debía hacerse como acusación popular, para lo cual ya no existía un trámite que lo posibilitase. En el trámite de cuestiones previas la defensa planteó la cuestión relativa a la calidad de parte procesal del PP, entendiendo que no es acusación particular sino popular, interesando que se le aparte del procedimiento, ya que en autos no se le tiene personado como acusador popular, ni ha cumplido con los requisitos que la LECrim impone para el ejercicio de la acción popular. Sin embargo, la Sala desestimó la solicitud de la defensa al entender “que la conjunción de los bienes jurídicos protegidos, no solo en el delito sino también en la persona contra la que van dirigidas las posibles amenazas, como persona y como representante del PP, la posible ofensa a ese partido político le legitima como acusación particular (SIC en el acta)”. Y acaba concluyendo que el PP se encuentra “plenamente legitimado en su función acusadora”. En todo caso, la sentencia también viene a reconocer que no existiría problema para que el PP ejerciera la acusación popular. Las víctimas de un hecho terrorista van a poder comparecer en el proceso de manera individual o van a poder hacerlo conjuntamente con otras víctimas, para lo cual bastará con que ejerzan la acusación particular con la misma representación y defensa. La LECrim no les impone en ningún caso a todas las víctimas, ni a la mayoría de ellas, la obligación de ejercitar la acción penal conjuntamente, aunque podrá suceder, como apunta el art. 113 LECrim, que en aquellos casos en que las víctimas se personen de manera autónoma, el Tribunal decida que estas víctimas ejerciten las acciones derivadas de un mismo delito bajo una misma dirección y representación “si fuere posible”. Se trata de una decisión compleja en la que el órgano jurisdiccional no po-


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drá desconocer que ha de garantizar el derecho a la libre elección de abogado con el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, ambos reconocidos en el art. 24.2 CE. La existencia de esta acción penal ejercida de manera colectiva por un determinado número de víctimas, pero no por todas, no impedirá que otras víctimas decidan ejercitar la acción particular de forma autónoma. En estos casos, igualmente, también puede suceder que el órgano judicial considere que todas las víctimas, tanto las que se personaron ya de manera colectiva como las que lo hicieron individualmente lo tengan que hacer con la misma dirección letrada. El fundamento del art. 113 se encuentra en el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas (GIMENO, p. 135). El inciso “si fuera posible” utilizado en el art. 113 debe interpretarse en el sentido de que el tribunal, a la hora de tomar la decisión de acumular las distintas acusaciones, debe “descender al caso concreto y examinar, no solo la inexistencia de incompatibilidades entre las distintas acusaciones, sino si existe una comunidad de intereses entre todas ellas que no imponga un sacrificio desproporcionado de sus respectivos derechos a la tutela judicial efectiva” (GIMENO, p. 137). El Auto del Tribunal Supremo núm. 8864/2009, de 15 de junio de 2009, se refiere a la triple identidad de la querella, objeto y calificación propuesta, en este caso por las dos asociaciones que pretendían ejercitar la acción popular en el proceso, para justificar la aplicación del art. 113 LECrim, y obligar a las partes a utilizar la misma representación y defensa. Este precepto de la LECrim, que permite ponderar los dos derechos fundamentales mencionados y dar prioridad al derecho a un proceso sin dilaciones indebidas sobre la base de que no se va a causar indefensión al acusador, entendemos que solo puede entrar en juego en los casos en que se esté ejerciendo el mismo tipo de acusación. Es decir, que será aplicable para quienes pretendan ejercer la acusación particular en su condición de ofendidos o perjudicados por los hechos delictivos, o a quienes traten de ejercer la acción popular (en estos casos, además, parece que sería lo deseable: STC 154/1997). Pero nos parece cuestionable que se pueda aplicar conjuntamente a acusadores particulares y populares. Así se puede deducir del ATS de 15 de junio de 2009 en el que se apunta lo siguiente: “La causa que puede justificar esta unificación de postulación y defensa técnica no es otra que la total coincidencia entre las distintas acusaciones ejer-


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cidas, o dicho de otra manera en la existencia de una coincidencia de intereses”, añadiendo a continuación, “lo que siempre será más fácil verificar cuando se trata del ejercicio por varias personas de acusaciones populares”. En el caso concreto que motivó este auto se trataba del ejercicio de la acusación popular, pero evidentemente también es aplicable al ejercicio de las acusaciones particulares. Siguiendo con lo dicho en este auto, no creemos que en ningún caso se pudiera afirmar que entre las acusaciones particulares y populares existiera “una coincidencia de intereses”. Como señaló la STC 193/1991, “como pone de manifiesto el Ministerio Fiscal en su escrito de alegaciones, en este caso las posiciones de la acusación particular y de la acusación popular no son idénticas, pues, de una parte, mientras el acusador particular, en cuanto perjudicado por el hecho delictivo, puede acumular el ejercicio de las acciones penales y civiles, la acusación popular debe limitarse necesariamente al ejercicio de la acción penal”. Y continúa: “Estas particularidades, entre otras, determinan que los intereses de la acusación particular y de la acusación popular no son coincidentes en este caso”. En todo caso, si analizamos las sentencias de la Audiencia Nacional en estos últimos años vemos que no es muy frecuente la existencia simultánea de acusaciones particulares y populares. Esto no impide, sin embargo, que las distintas acusaciones particulares deban intervenir en el proceso con el mismo letrado porque, a juicio del tribunal, las posturas que sostienen permiten la adopción de una medida de estas características. En el caso de que el órgano jurisdiccional decida acumular el ejercicio de las acusaciones particulares, será preciso determinar qué procurador y abogado ejercerán la representación y defensa de todas las acusaciones implicadas. La LECrim no contempla procedimiento alguna a seguir en el caso de acumulación; por ello se puede entender que el criterio a utilizar debe ser, en primer lugar, el temporal, es decir, la representación y defensa de la acusación, particular o popular, que interpuso la querella en primer lugar (criterio seguido por el ATS de 15 de junio de 2009), aunque siempre siendo posible que las partes decidan esta cuestión. Si ambas la hubieran interpuesto simultáneamente parece que lo adecuado sería que ambas llegasen a un acuerdo. Independientemente de que las víctimas del atentado terrorista decidan ejercer la acción penal de manera individual, agrupándose con


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otras víctimas sin llegar a constituirse en persona jurídica, o decidan crear una asociación de víctimas de terrorismo, en todos estos casos su intervención en el proceso se hará por la vía del ejercicio de la acusación particular. No podemos desconocer que el hecho de que las víctimas decidan agruparse les va a permitir en muchos casos reforzar su posición de víctimas en el proceso penal, y sentirse menos temerosos del desarrollo del mismo del proceso. En todo caso, la confusión se puede producir fundamentalmente en relación con las asociaciones, de tal manera que si éstas incurrieran en el error de personarse como acusación popular, corresponde al órgano judicial la tarea de reconducir el ejercicio incorrecto de la acción penal vía acción popular de estas asociaciones al ejercicio de la acusación particular. Si analizamos las sentencias de la Audiencia Nacional es posible encontrar una falta de claridad o precisión a la hora de referirse a la condición en la que intervienen en el proceso estas asociaciones de víctimas de terrorismo, ya que en unas ocasiones dentro de la misma sentencia se alude a acusación particular y en otras a acusación popular. Esta confusión también se da dentro de los documentos publicados por la Fundación Víctimas de Terrorismo, que en los años 2010 y 2009 se refiere al ejercicio de la acusación particular por la asociación Dignidad y Justicia, mientras que en el año 2008 habla de acusación popular. El caso más relevante de confusión entre acusación particular y popular es el de las sentencias de la Audiencia Nacional y posterior del Tribunal Supremo a raíz de los atentados de Madrid de 11 de marzo de 2004. En estas dos sentencias se utilizan indistintamente los términos acusación particular y acusación popular, para referirse a la intervención de las asociaciones víctimas de terrorismo. En la STS núm. 503/2008, de 17 de julio, el Tribunal Supremo se refiere en todo momento a las acusaciones ejercidas por las distintas asociaciones de víctimas como acusaciones particulares; mientras que en la SAN núm. 65/2007, de 31 de octubre, se refiere a todas ellas como acusación popular.

III. EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN POPULAR POR LAS ASOCIACIONES DE VÍCTIMAS DE TERRORISMO El art. 64 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, con la rúbrica “Reconocimiento del papel y la relevancia del movimiento asociati-


Algunas consideraciones respecto al ejercicio de la acusación particular…

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vo”, viene a reconocer el papel de las asociaciones y fundaciones de víctimas del terrorismo, que, conforme al tenor literal del apartado 1 de dicho artículo, “contribuyen a fomentar la unión entre las víctimas, la defensa de sus intereses y la mejora de su condición y promueven la concienciación social contra el terrorismo y la preservación de la memoria. Por este motivo, su actuación goza del reconocimiento social que permite a las Administraciones Públicas fomentar su creación y mantenimiento”. El apartado 2 apunta que “Las asociaciones y fundaciones de víctimas del terrorismo son reconocidas por la presente Ley como representantes de las mismas”. Sin embargo, no se encuentra en la Ley ninguna referencia a la intervención de dichas asociaciones en los procesos penales por terrorismo, y esta es la cuestión en la que nos vamos a centrar a continuación. Nos parece interesante hacer una enumeración de distintas Asociaciones, Fundaciones y Colectivos de Víctimas: Asociación Víctimas del Terrorismo, Asociación 11-M Afectados Terrorismo, Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M, Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo, ACVOT, COVITE, Asociación Gallega de Víctimas del Terrorismo, Asociación Víctimas Terrorismo Verde Esperanza, Asociación Valenciana de Víctimas del Terrorismo, Fundación Miguel Ángel Blanco, Fundación Alberto Jiménez-Becerril, Fundación Fernando Buesa Blanco, Fundación Gregorio Ordoñez, Fundación José Luis López de Lacalle, Fundación Maite Torrano, Fundación por la Formación, Estudios y Convivencia, Profesor Manuel Broseta, Fundación Manuel Giménez Abad, Fundación Tomás Caballero, Fundación Papeles de Ermua, Foro de Ermua, Fundación para la libertad, Basta Ya, Convivencia Cívica Catalana, Asociación Dignidad y Justicia, Fundación Victimología, Asociación por la Tolerancia, EuskoBarómetro, Asociación Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado Víctimas del Terrorismo (Acfse), Asociación Murciana de Víctimas del Terrorismo (www.fundacionvt.org). La intervención de la víctima de un hecho terrorista en el proceso penal también se garantiza a través de la participación de las asociaciones de víctimas de terrorismo. En este caso se hace preciso distinguir tres supuestos: 1) las víctimas de un atentado terrorista que se asocian tras la comisión de dicho atentado y que intervienen en él a través de la asociación (persona jurídica privada); 2) la intervención de las asociaciones de víctimas ya existentes que deciden ejercer la ac-


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María de los Ángeles Catalina Benavente

ción penal en un proceso por terrorismo, como consecuencia de que, tras la comisión del atentado, alguna de las víctimas se hizo miembro de dicha asociación, pero sin que en ningún caso se pueda afirmar que se trata de una asociación constituida principal ni mayoritariamente por víctimas del hecho terrorista objeto de enjuiciamiento; 3) la intervención de las asociaciones víctimas de terrorismo sin hacerlo en representación de una víctima concreta, como, por ejemplo, en los procesos por enaltecimiento de terrorismo o en los casos de pertenencia a banda armada u organización terrorista. Como decimos, si una asociación de víctimas de terrorismo, haya sido creada ad hoc por las víctimas tras un atentado terrorista, o sea una asociación ya constituida a la que se han asociado una o alguna de las víctimas del hecho terrorista si interviene en el proceso para ejercitar la acción penal y civil de alguna víctima, interviene en calidad de acusación particular. Frente a estos supuestos, hay muchos procesos en los que la intervención de las asociaciones de víctimas solo tiene cabida a través del ejercicio de la acción popular. La acción popular permite que alguien que no haya sido ni ofendido ni perjudicado por los hechos delictivos ejercite la acción penal y se constituya en parte acusadora, tras la interposición de la correspondiente querella y el depósito de la fianza señalada por el órgano judicial. La acusación popular, cuyo fundamento constitucional se encuentra en los arts. 125 y 24.1 CE, puede justificarse como una contribución a la legitimación democrática del Poder Judicial, al ser un instrumento privilegiado de participación del ciudadano en la Administración de Justicia. También puede explicarse como un modo de ejercer un control democrático sobre la actuación del Ministerio Fiscal. La intervención en un proceso penal de las asociaciones de víctimas de terrorismo, por medio de la acción popular, tiene una marcada vocación de apoyo a las víctimas concretas de los hechos terroristas sometidos a enjuiciamiento, pero también de todas las víctimas de atentados terroristas y de la sociedad en general. En los documentos de la Fundación Víctimas de Terrorismo se hacen alusiones constantes a los principales campos de actuación de la Fundación, en colaboración con otras asociaciones de víctimas, como es el caso de la asociación Dignidad y Justicia (2010): participación en los macrojuicios contra ETA, intervención en los procedimientos iniciados contra la trama


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