1_9788411692311

RENDIMIENTO INSTITUCIONAL DEL COMBATE A LA CORRUPCIÓN EN MÉXICO

COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH

María José Añón Roig

Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia

Ana Cañizares Laso

Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Málaga

Jorge A. Cerdio Herrán

Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho.

Instituto Tecnológico Autónomo de México

José Ramón Cossío Díaz

Ministro en retiro de la Suprema

Corte de Justicia de la Nación y miembro de El Colegio Nacional

María Luisa Cuerda Arnau

Catedrática de Derecho Penal de la Universidad Jaume I de Castellón

Carmen Domínguez Hidalgo

Catedrática de Derecho Civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile

Eduardo

Ferrer Mac-Gregor Poisot

Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

Owen Fiss

Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)

José Antonio García-Cruces González

Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED

José Luis González Cussac

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia

Luis López Guerra

Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid

Ángel M. López y López

Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla

Marta Lorente Sariñena

Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid

Javier de Lucas Martín

Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia

Víctor Moreno Catena

Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid

Francisco Muñoz Conde

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Angelika Nussberger

Catedrática de Derecho Constitucional e Internacional en la Universidad de Colonia (Alemania)

Miembro de la Comisión de Venecia

Héctor Olasolo Alonso

Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y

Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)

Luciano Parejo Alfonso

Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid

Consuelo Ramón Chornet

Catedrática de Derecho Internacional

Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Valencia

Tomás Sala Franco

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia

Ignacio Sancho Gargallo

Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España

Elisa Speckmann Guerra

Directora del Instituto de Investigaciones

Históricas de la UNAM

Ruth Zimmerling

Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)

Fueron miembros de este Comité:

Emilio Beltrán Sánchez, Rosario Valpuesta Fernández y Tomás S. Vives Antón

Procedimiento de selección de originales, ver página web:

www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales

RENDIMIENTO INSTITUCIONAL DEL COMBATE A LA CORRUPCIÓN EN MÉXICO

FERMÍN EDGARDO RIVAS PRATS

DAVID CIENFUEGOS SALGADO ANA VANESSA CÁRDENAS ZANATTA

CRISTINA ABRIL MORENO HERNÁNDEZ

Coordinadores

tirant lo blanch

Ciudad de México, 2023

Copyright ® 2023

Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito de los autores y del editor.

En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch México publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com/mex/

Esta investigación arbitrada por especialistas en la materia, se privilegia con el aval de la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas y del Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados “Ignacio Manuel Altamirano” de la Universidad Autónoma de Guerrero.

© Fermín Edgardo Rivas Prats

David Cienfuegos Salgado

Ana Vanessa Cárdenas Zanatta

Cristina Abril Moreno Hernández

© EDITA: TIRANT LO BLANCH

DISTRIBUYE: TIRANT LO BLANCH MÉXICO

Av. Tamaulipas 150, Oficina 502

Hipódromo, Cuauhtémoc

CP 06100, Ciudad de México

Telf: +52 1 55 65502317

infomex@tirant.com

www.tirant.com/mex/

www.tirant.es

ISBN: 978-84-1169-231-1

MAQUETA: Disset Ediciones

Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-de-empresa nuestro procedimiento de quejas.

Responsabilidad Social Corporativa: http://www.tirant.net/Docs/RSCTirant.pdf

PRESENTACIÓN DE LA OBRA

El rendimiento institucional es un enfoque teórico que permite juzgar a las instituciones a partir de sus resultados. Se trata de un “modo de ver” que hace evidente las áreas de oportunidad de las instituciones. Las instituciones no son perfectas sino imperfectas, pero no sabremos qué funciona o qué no funciona, sino a partir de los resultados que generan. Con base en ello, el desempeño de las instituciones indica la agenda para el cambio institucional. Esta aseveración evita el pensar que solo desde dentro se puede impulsar cambios incondicionales o que solo desde fuera se puede analizar de manera objetiva y desinteresada su actuar. Este enfoque, ante todo es un modo de cuestionar qué instituciones queremos en el futuro y, por otra parte, generar una hoja de ruta de las transformaciones internas que se requieren para lograrlas. Con frecuencia los actores (agentes políticos) no están preparados para el cambio institucional, esta inmadurez ante el cambio es irrelevante para este enfoque, porque lo suyo es generar y concebir alternativas (permanentes e iteradas) de mejora institucional para hacer de las instituciones algo diferente a la versión presente y cada vez más cercanas (cambio gradual) a un tipo ideal y eficaz de funcionamiento.

El primer esfuerzo colectivo por trabajar este enfoque, orientado a una institución en particular, es la obra publicada en 2018 por esta casa editorial, orientada a revisar el rendimiento institucional del Congreso mexicano.1 La pluralidad de enfoques y la riqueza de las opiniones hizo de aquella obra una referencia necesaria para el análisis de una de las instituciones más representativas e importantes del sistema político y jurídico del país, a la vez que permitió definir diversos derroteros para continuar con el enfoque del rendimiento institucional.

En esta ocasión, la convocatoria gira en torno al análisis del combate a la corrupción en México, tarea que ha constituido una de las principales consignas de la clase política y que ha llevado a la construcción de interesantes instituciones. Sin embargo, con el paso del

1 Veasé César Camacho, David Cienfuegos Salgado, Armando Hernández Cruz, Fermín Edgardo Rivas Prats y Emilio Suárez Licona, coords., Rendimiento institucional del Congreso en México, México, Tirant lo Blanch, 2018, 834 p.j

David Cienfuegos Salgado

tiempo, las cuestiones sobre la efectividad de las mismas se han hecho presentes ante los magros (o incluso nulos) resultados.

Por lo que toca al combate a la corrupción, se observa que tanto el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), en lo general, como las instituciones particulares que lo componen están enfocadas a sancionar las faltas que se cometen en el servicio público, pero no resuelve las “causas” que las hacen vigentes y actuantes en la sociedad. Se trata de una “criminalización” o “penalización” de la corrupción (de ahí el lenguaje bélico: “combate”) que, si bien se reconoce es importante como el paso uno contra la corrupción, es necesario complementar con más instituciones (al interior de las instituciones) que permitan filtrar la corrupción en (y darle eficacia en el combate de sus) variables intervinientes: la discrecionalidad, la opacidad en la toma de decisiones, la nula o confusa rendición de cuentas y la falta de justificación social de las decisiones públicas de cara al bien común… es una agenda inadvertida en el llamado “combate a la corrupción” que es necesario “convertir” en clamor público para la mejora continua de la lucha institucional contra la corrupción. Sólo así, y no de otra manera, el combate a la corrupción podrá influir positivamente en el descrédito de las instituciones, ya que, en el estado actual de cosas (statu quo), el combate a la corrupción está destinado a generar, como se dijo, en el mejor de los casos, resultados más bien discretos. Una misión que el presente volumen en manos del lector, busca cubrir.

A lo largo de las colaboraciones aquí reunidas, se advierten aristas y principios presentes en el combate a la corrupción, pero sobre todo resalta la importancia de reconocer que el modelo presenta diversas áreas de oportunidad que requieren la conjunción de acciones públicas y privadas. Por ello, es de agradecer el aporte de quienes contribuyeron en este volumen. El trabajo editorial fue coordinado por Ana Vanessa Cárdenas Zanatta, Cristina Abril Moreno Hernández, Fermín Edgardo Rivas Prats y quien esto escribe.

El inicio para la discusión sobre el rendimiento institucional como un enfoque útil para el aporte académico fue tarea de Fermín Rivas, quien ha sido ferviente impulsor de este proyecto de largo alcance. En el Cuerpo Académico “Actores, instituciones y procesos políticos”

[UAGRO-CA-216] se ha advertido la importancia de utilizar este enfoque como una herramienta metodológica que contribuya al análisis

de los sistemas políticos democráticos a través de sus componentes institucionales, con particular énfasis en cómo el funcionamiento de las instituciones políticas impacta en los indicadores de desarrollo de los sistemas democráticos, y, por tanto, en la calidad de las democracias. Como se ha mencionado en nuestra colaboración, la corrupción es un fenómeno multifactorial que impacta en la calidad de la democracia y, por ende, en los derechos humanos, dado que la ineficiencia gubernativa lleva a políticas y servicios públicos ineficaces, y ello a un reconocimiento y ejercicio deficientes de los derechos humanos. La calidad de la democracia es un indicador que evidencia la probabilidad de un ejercicio efectivo de los derechos humanos reconocidos a todos los integrantes del elemento poblacional.

Al respecto, la siguiente obra relativa al mismo tema abordará el análisis de los riesgos de corrupción y los modelos institucionales en México, enfocándonos en el diseño, organización y funcionamiento de los principales órganos del poder público nacional.

Por ahora, siendo una línea orientada a la generación de conocimiento novedoso, esta convocatoria ha mostrado la posibilidad de que dicha generación se haga con componentes de la ciencia política, el derecho, la administración pública y la historia, enriqueciendo el alcance de dicho esfuerzo colectivo. Con éste, y otros proyectos futuros ya en marcha, se pretenden analizar acciones, mecanismos e instituciones presentes en el entramado político constitucional democrático, desde la perspectiva de que el funcionamiento correcto de estos elementos es un indicador fundamental para advertir el cabal desenvolvimiento y mejora de los sistemas democráticos. Para el caso mexicano, el Cuerpo Académico “Actores, instituciones y procesos políticos” abordará a continuación el rendimiento institucional del federalismo y de las entidades federativas, y, por supuesto, del sistema presidencial

No puede dejar de mencionarse que también se involucra en este enfoque a la ciudadanía, así como aspectos de la participación y comportamiento político. Desde una perspectiva ampliamente consensuada, la ciudadanía es el elemento central de los sistemas políticos democráticos. Punto sobre el que se ha abundado en este volumen por diversos colaboradores. Aquí, las y los ciudadanos son actores que, a través de sus acciones políticas, determinan la configuración y el funcionamiento de los sistemas políticos, o, mejor aún, de la demo-

David Cienfuegos Salgado

cracia. Y no solo desde indicadores como el comportamiento político electoral y la participación ciudadana, sino desde la configuración misma de una ética pública o de un sistema de valores que impacta las instituciones dentro del modelo democrático adoptado y/o aceptado socialmente. Por ello, tiempo habrá para abordar la organización y/o participación ciudadana, así como la movilización y/o luchas y/o movimientos sociales, dado que al final pueden concebirse dentro del conglomerado de actores, instituciones y procesos políticos.

De manera decidida e incondicional, la Asociación Mexicana de Ciencia Política aceptó dar su aval académico para que esta segunda obra acerca del rendimiento institucional vea la luz, nuevamente bajo el distinguido sello editorial de Tirant lo Blanch. Autores y coordinadores agradecemos la sinergia resultante de la alianza institucional que ello representa, esperando que esta obra sea oportuna como fuente de consulta y, sobre todo, como espacio de reflexión sobre el desempeño de nuestras instituciones orientadas al combate a la corrupción y las posibilidades de contribuir desde otras trincheras.

DAVID CIENFUEGOS SALGADO Profesor-investigador del IIEPA-UAGro, SNI-II, Perfil PRODEP Acapulco, enero de 2023

DE LA CORRUPCIÓN A LA GENERACIÓN DE UNA NUEVA POLÍTICA PÚBLICA

ROBERTO EHRMAN FIORI1

INTRODUCCIÓN

El origen del concepto de corrupción no se encuentra en un contexto jurídico o de ética pública, más bien en un terreno biológico en lo que se describe el proceso de decaimiento de un organismo hasta su muerte.

Si bien el término, desde su origen latino: corrumpere, lleva connotaciones éticas y morales, siempre se acompañó de una metáfora orgánica para evidenciar los resultados que estas prácticas tenían sobre el cuerpo político.

Aristóteles, por ejemplo, entendía la corrupción como un devenir de los cuerpos, siendo un proceso complementario de la generación.2

La referencia a la metáfora orgánica nos permite evidenciar que la corrupción es un proceso que incide en la “salud” de un cuerpo político, sin embargo, la perspectiva analítica casi siempre eligió enfocarse en las dinámicas que caracterizaban y caracterizan sus modalidades de acción, sus causas y efectos, más no en los resultados de las medidas que se pretende implementar para detenerla.

Cuando se describe la corrupción, casi siempre se elige una postura crítica que se sustenta, de manera manifiesta o implícita, sobre una referencia de carácter político, moral o normativo que sirve para se-

1 Doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Venecia (Italia). Actualmente se desempeña como Director de Planeación, Evaluación y Normatividad en la Contraloría Interna de la Cámara de Diputados. Ha sido Vicepresidente de la Comisión Anticorrupción de Coparmex Nacional. Como tal ha participado en la promoción de la de las reformas legislativas para la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, así como en la elaboración de los lineamientos de las políticas de integridad para el sector empresarial.

2 Aristóteles. (1982). De generatione et corruptione, trad. C.J.F. Williams, Oxford University Press.

Roberto Ehrman Fiori

ñalar la diferencia entre lo que se considera inaceptable y lo deseable en el comportamiento individual o institucional.

Esta referencia no es otra cosa que lo que se considera deseable, moral y éticamente aceptable, justo, legal y/o legítimo, es decir, un conjunto de opciones, a veces dispersas y a veces estructuradas, sobre políticas y programas de gobierno, opciones de política corporativa para empresas, y tipología de comportamiento ciudadano.

¿Cuál es la otra cara de la corrupción? En efecto, la lucha contra la corrupción implica políticas y programas de gobierno, ¿cuáles serán las consecuencias de estas políticas?, ¿qué resultados esperados se tendrán para la vida de las personas, de las empresas y de los Estados?, ¿cómo la lucha la corrupción detona un cambio radical en las políticas públicas y cómo impactan en la vida de los ciudadanos?

La presente perspectiva sobre el tema se sitúa en el terreno del análisis de los resultados previstos del diseño e implementación de las políticas, programas y acciones para prevenir, contrarrestar, desterrar este fenómeno del ámbito de la vida pública.

Se trata de un análisis reflexivo sobre lo que produce la lucha a la corrupción, es decir sobre las dinámicas y los modelos de comportamiento, individuales e institucionales, que lógicamente derivan de los programas y prácticas para combatirla.

En el amplio y articulado debate científico relativo a su definición y clasificación,3 se distinguen distintas corrientes, la micro organizacional,4 que analiza el fenómeno desde una perspectiva conductista; la

3 Alatas S. H. (1990). Corruption: Its nature, causes and function, Aldershot (and Brookfield USA, Hong Kong, Singapore and Sydney); Avebury, Ashgate; Theobald, R. (1990). Corruption development and underdevelopment, London: Macmillan; Johnston M., “The search for definitions: The vitality of politics and the issue of corruption”, in International social science journal, 149, 321-36, 1996; Philp M., “Defining political corruption”, in Political studies, XLV, 436-462, 1997; Pope J. (2000). Confronting corruption: The elements of a national integrity system, Transparency International Source Book, 2000; Heidenheimer A. J., Johnston M. (eds.). (2002). Political corruption. Concepts and contexts, Transaction Publishers; Brown A. J., “What are we trying to measure? Reviewing the basic of corruption definition”, in Sampford C., Shacklock A., Connors C. and Galtung F. (Eds.), Measuring corruption, Ashgate Publishing Limited, UK, 2006.

4 “La corrupción es un crimen basado en el cálculo, más no sobre la pasión. Las personas tienden a corromper o ser corrompidas cuando los riesgos son bajos,

De la corrupción a la generación de una nueva política pública

legal-normativa que considera la corrupción como un acto contrario a una norma establecida;5 la de la teoría económica que se sustenta en el modelo del agente principal, que actúa conforme a una determinada racionalidad;6 y la neo institucional, en la que se analiza la corrupción como una expresión de cambio o modificación institucional.7

En la mayor parte de los casos el contexto del análisis tiene como premisa el abuso de cargos públicos para lograr ventajas privadas indebidas; o llevar a cabo actos contrarios al interés público o a la opinión pública, así como, siendo esta la vertiente más común, contrarios a una determinada ley o normatividad.

Lo enfoques analíticos mencionados establecen las medidas a adoptar para detener el fenómeno de manera accesoria siendo que la atención se concentra en el estudio de su dinámica y consecuencias ya sea en el terreno político como social y económico.

Sin embargo, las políticas y programas para prevenir y contrarrestar la corrupción tienen muchas implicaciones y consecuencias para las formas de operar del Estado, a nivel nacional como internacional, así como para las relaciones entre sector público y privado.

En este artículo se evaluarán los efectos que detonan las políticas y programas anticorrupción para el Estado y la sociedad, a nivel nacional como internacional, con el propósito de abrir otra vertiente en el

las multas y sanciones mínimas y las recompensas grandes”, en Klitgaard, Robert. (1988). Controlling Corruption. Berkeley: University of California Press. La traducción es mía.

5 Garzón Valdés, Ernesto. (1993). Derecho, ética y política. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales; Kunicova, Jana. (2011). “Democratic institutions and corruption: incentives and constraints in politics”, en Public Sector Corruption, vol. 2, editado por Michael Johnston. Londres: Sage; Malem Seña, Jorge. (2002). La corrupción. Madrid: Gedisa.

6 Weyland, Kurt. (1998). “The politics of corruption in Latin America”. Journal of Democracy 9 (2): 108-121; Rose-Ackerman S. (1999). Corruption and government: Causes, consequences, and reform, Cambridge University Press; RoseAckerman, Susan. (2010). “The law and economics of bribery and extortion”, Annual Review of Law and Social Science 6: 217-236; Rose-Ackerman, Susan, y Paul Lagunes. (2015). Greed, Corruption, and the Modern State: Essays in Political Economy. Londres: Edward Elgar Publishing; Szántó Z. (1999). “Principals, agents, and clients. Review of the modern concept of corruption”, in Innovation. The European Journal of Social Sciences, 4: 629-632.

7 Carlo Donolo. (1997). L’intelligenza delle istituzioni. Feltrinelli, Milano.

estudio del fenómeno, enfocándose en los resultados y sus consecuencias para la vida política y social.

LA OTRA CARA DE LA CORRUPCIÓN

Tradicionalmente existen tres contextos en que se ubican las reflexiones en torno a la práctica de la corrupción.

En un primer nivel de estudios, la perspectiva tiende a seleccionar los casos de corrupción a nivel de trámites, tales como permisos, autorizaciones y licencias, entre las más comunes. Se trata de la corrupción denominada de “ventanillas”, que se da en los puntos de contacto del ciudadano con el Estado, para el otorgamiento de trámites relativos a servicios públicos tales como salud, vivienda, justicia, seguridad, tránsito, agua, educación, medio ambiente, etcétera.

En este ámbito los actores centrales son los funcionarios públicos, generalmente de nivel bajo o intermedio, en los distintos niveles de gobierno, que aprovechan su posición para favorecer u obstaculizar un trámite por beneficios personales o del grupo al que pertenecen.

En el segundo nivel se encuentra la corrupción gubernamental, en la que se llevan a cabo actos de colusión, cohecho, tráfico de influencias y conflictos de interés, entre otros, en los procedimientos para las concesiones o adquisiciones de servicios y productos del sector privado por parte del gobierno. En este ámbito se simulan las entregas de servicios y productos a través de los esquemas de empresas ficticias (fantasmas) a cambio de un pago que se reparte entre los participantes, o se definen proyectos de infraestructura o de servicios con cuantiosos sobrecostos a repartirse entre los funcionarios y los directivos de las empresas participantes, o de ventas de propiedades públicas a costos muy por debajo de su precio de mercado, o de concesiones de servicios públicos a empresas privadas con esquemas de pago bajo la mesa, o de bonificación de cuantiosos créditos fiscales para empresas o consorcios empresariales a cambio de apoyos para el gobierno en turno, entre los casos más comunes, donde se incluye el lavado de dinero para ocultar las ganancias de los funcionarios.

En este nivel se encuentra la colusión entre funcionario directivos de Secretarías de Estado, oficiales mayores, gobiernos estatales o mu-

De la corrupción a la generación de una nueva política pública

nicipales y los directivos de empresas privadas, cuyo objetivo es hacer negocios privados con recursos públicos.

En el tercer nivel se ubica la corrupción estructural,8 en la que están involucrados grupos políticos y empresariales, en un contexto de acción global, que actúan para modificar o crear estructuras institucionales o programas gubernamentales con el único propósito de promover unas ventajas económicas permanentes para una oligarquía bien definida en sectores estratégicos del Estado y de la economía: energía, impuestos, telecomunicaciones, infraestructura, alimentación, automotriz, etc.

En este caso el nivel de análisis detecta una forma de “dominación social” que, de manera organizada, opera como un sistema altamente sofisticado que en su seno integra de forma orgánica a los subsistemas económico, legal, social, administrativo y político con la finalidad de capturar el o los Estados para garantizar su poder, sus rentas y ventajas políticas y económicas.

Se trata de la emergencia de otro poder, lo que decía Bobbio, del “Poder Invisible”,9 quién tiene la posibilidad de ejercer, gracias al desarrollo de las tecnologías de comunicación e información, un poder casi ilimitado.

Si bien, en muchos casos, los tres niveles de corrupción están interrelacionados, se consideran por separado las distintas soluciones que se pretenden o se requieren implementar en cada nivel.

NIVEL DE “VENTANILLA”

En este nivel, los diagnósticos resaltan en particular la relación personal que se instaura entre el ciudadano y el funcionario, principalmente de mandos medios y operativos, en la que, ya sea por medio

8 Ballesteros, Irma Eréndira. (2016). “Enfoque de la corrupción estructural: poder, impunidad y voz ciudadana”, Revista Mexicana de Sociología, vol. 78, no. 1, Ciudad de México, enero-marzo, 2016; Hellman, Joel S., Geraint Jones y Daniel Kaufmann. (2011). “Capture al Estado, capture el día. Captura del Estado, corrupción e influencia en la transición”, Gestión y Análisis de Políticas Públicas, 21: 35-62.

9 Bobbio, Norberto. (1984). Il futuro della democrazia. Ed. Einaudi, Turín, p. 22.

de soborno o extorsión, se hace negocio con tramites denominados de “ventanilla”.

Comúnmente se utiliza el término “ventanilla”, pero en realidad se trata de la muy amplia y vasta serie de trámites, licencias, permisos, autorizaciones que caracteriza la relación entre la administración pública del Estado, en sus distintos niveles y sectores, y la sociedad civil, empresas y ciudadanos.

La lista de trámites incluye la relativa a los sectores del transporte terrestre, marítimo y aéreo, las medidas de protección a la salud y al medio ambiente, la administración de justicia, la apertura y administración de establecimientos comerciales en sus distintas ramas, los trámites de acceso y pago a los servicios de luz y agua, los pagos y trámites fiscales, los permisos y autorizaciones para el sector agropecuario, de comunicación ya sea vía radio, televisión e internet como telefónica, etc.

Cabe decir que, en las últimas décadas, y derivado de la implementación de modelo de Estado neoliberal, la cantidad de trámites se ha multiplicado de manera exponencial debido al incremento del intervencionismo indirecto, es decir, regulador del Estado en las distintas actividades económicas y sociales.

Conforme a la expansión de la actividad regulatoria del Estado, se han intensificado los actos de corrupción, aprovechando la confusión burocrática y lentitud en los procedimientos.

En este nivel, las medidas de anticorrupción se enfocan en la implementación de programas de prevención y detección de los actos ilícitos.

En términos de prevención, el principio general es que los trámites se lleven a cabo de manera impersonal, por medio de la reducción del contacto personal entre ciudadano y funcionario.

La digitalización de los trámites y el uso y aplicación de herramientas tecnológicas para la realización de solicitudes y su seguimiento son las medidas más comunes para garantizar mayor eficiencia, transparencia, y aminorar los riesgos de corrupción en este nivel.

Con los aplicativos de tecnología de información se automatizan todos los trámites y se puede contar con su registro y seguimiento